Informe de Pais - Nicaragua 1981

CAPITULO IX

DERECHOS ECONOMICOS Y SOCIALES [1]

A. Consideraciones Generales

1. En el Informe Anual de la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos correspondientes a 1979-1980, la Comisión expresó, con respeto a los derechos económicos y sociales lo siguiente:

El elemento social de la obligación jurídica asumida por todo gobierno en esta materia es procurar la realización de las aspiraciones sociales y económicas de su pueblo siguiendo un orden que de prioridad a las necesidades básicas de salud, nutrición y educación. La prioridad de “los derechos de supervivencia” y “las necesidades básicas” es una consecuencia natural del derecho a la seguridad personal.

2. Debido al gran énfasis acordado a la igualdad económica y social en la reconstrucción de Nicaragua, este capítulo examinará la política del nuevo régimen nicaragüense, encaminada hacia una redistribución de la riqueza del país, y, sobre todo, a sus esfuerzos por mejorar la calidad de vida de las clases más necesitadas.

3. Para tal objeto, la Comisión empleará, en primer lugar, como fuentes para la elaboración de este capítulo los estudios e informes preparados por organizaciones intergubernamentales, especialmente el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y las Organizaciones de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y para la Educación, Ciencia y Cultura (UNESCO). A falta de informaciones provenientes de esas organizaciones, la Comisión utilizará los datos suministrados por el Gobierno de Reconstrucción Nacional. En uno u otro caso, la Comisión mediante notas de pie de página o referencias en el propio texto citará la fuente a la que se ha recurrido.

B. La Estructura Social y Económica Prerrevolucionaria

1. la estructura social prerrevolucionaria en Nicaragua ha sido clasificada como perteneciente a un modo de producción de carácter feudalcolonial, con un reducido número de ricos terratenientes y una gran masa de campesinos sin tierra. De acuerdo al único estudio de distribución del ingreso en Nicaragua, llevado a cabo en 1970, el 5% de la población nicaragüense recibía el 28% del ingreso nacional, mientras que el 50% de la población recibía solamente el 15% del ingreso, y los niveles intermedios recibían el saldo.[2]

2. A pesar del surgimiento en Nicaragua de una clase media después de la Segunda Guerra Mundial, se evidenciaban grandes divergencias en la distribución del Ingreso, en la tenencia de la tierra, en la educación y en los indicadores básicos de la calidad de la vida. El poder económico y político continuaba como siempre en manos de una reducida oligarquía. El 2% de las fincas, ocupaban el 40% de toda la tierra arable, mientras el 50% de las fincas, ocupaban solamente el 3.4% de la tierra arable. Las escuelas secundarias se encontraban ubicadas en las ciudades y en vista de que la mayoría de las clases desposeídas se encontraban en el sector rural, las escuelas de hecho servían a las clases medias y alta.[3]

3. Nicaragua compartía con algunos otros países latinoamericanos subdesarrollados las incongruencias de una economía dual, en particular en el sector agrícola, que representa la base de la economía nicaragüense. El cultivo de cosechas para la exportación, en particular el algodón, se llevaba a cabo en grandes extensiones de tierra, utilizando sofisticada tecnología moderna. Por otro lado, las pequeñas propiedades del sector de subsistencia se caracterizaban por métodos de cultivo primitivos (e.j., el arado de buey de madera, de origen español, así como variantes del palo para arar que utilizaban los indígenas), y baja productividad.

4. La agricultura representaba los dos tercios de las exportaciones nicaragüenses, principalmente el algodón, el café, el azúcar y la carne; empleaba el 42% de la población económicamente activa y producía el 23% del Producto Interno Bruto (PIB). Por su parte, el sector manufacturero contribuyó en 1978 al 20% del PIB y empleó al 16% de la población económicamente activa. Sin embargo, la agricultura también dominaba el sector manufacturero, dado que el procesamiento de los productos agrícolas representaba casi el 50% del valor total de la producción de este sector.

5. La mecanización de la agricultura en Nicaragua comenzó en la década de 1950, causando una disminución en el campo de la clase media y un incremento proporcional en el número de campesinos de subsistencia (dado el alto costo de mecanización), así como una gran migración rural hacia los centros urbanos en busca de trabajo. Sin embargo, desde la década del 1960, estos trabajadores rurales desplazados no eran absorbidos por el sector industrial sino por el creciente sector de servicios, sector de gran expansión bajo el aumento de la participación de la mujer en la fuerza laboral.

Porcentaje de las fuerzas de trabajo en:

Agricultura Industria Servicios

1960-1978 1960-1978 1960-1978
62 44 16 15 22 41

6. Durante los años 1971-1975, el 56.8% de los niños nicaragüenses menores de 5 años padecían en algún grado de desnutrición.[4] Sin embargo, en 1976, los gastos militares excedían más de tres veces los gastos de salud.[5] Para una población de 2.3 millones, existía una Guardia Nacional con 5.000 hombres, los que llegaron a ser 15.000 en los años siguientes habían 13.000 maestros y 1.400 médicos. [6] Las tasas de mortalidad general e infantil y el nivel de analfabetismo han sido tradicionalmente muy altas (13.9 por 1.000 personas, 120 por 1.000 nacimientos, 52%, respectivamente).[7] Dada la falta del número adecuado de escuelas en las áreas rurales, aproximadamente el 70% de la población rural y el 20.4% de la población urbana era analfabeta. El promedio de años de asistencia escolar era de 2.4, años, ya que el 76% de la población escolar abandonaba la escuela en la primaria. [8] La esperanza de vida se estima en 1979 en 55 años de edad.

7. Desde el punto de vista de derechos humanos, un análisis de estos indicadores sociales es sumamente útil porque revela que aproximadamente la mitad de la población nicaragüense vivía en un estado de pobreza absoluta. La pobreza absoluta, el producto de una mala distribución de la riqueza, ha sido definida como “una condición de vida tan limitada por la desnutrición, enfermedad, analfabetismo, una esperanza de vida baja y una mortalidad infantil alta como para estar por debajo de cualquier definición racional de decencia humana. La autoperpetuación de la situación del pobre absoluto ha contribuido a separarlo del progreso económico que ha tenido lugar en otras áreas de su propia sociedad. Ha permanecido mayormente marginado de todo el esfuerzo de desarrollo, sin poder contribuir o contribuyendo poco a éste, ni beneficiándose de él”.[9]

8. En Nicaragua como en otras partes, las aspiraciones para mejorar los niveles de vida eran además frustradas por un persistente proceso inflacionario, marcado por el incremento en el precio del petróleo y el consecuente aumento del desempleo y del subempleo. En 1978, el desempleo llegó en Nicaragua al 14.5%, comparado con un promedio de 9% en los años 1974-1977. Esta alta tasa de desempleo revela un problema más serio cuando se toma en consideración el gran número de dependientes afectados, ya que la mitad de la población nicaraguense tiene menos de 15 años de edad.

9. Sin embargo, el mayor obstáculo para el mejoramiento de la calidad de la vida de la mayoría de la población nicaragüense era la familia Somoza. Cuando el General Anastasio Somoza García, padre del General Anastasio Somoza Debayle, ascendió al poder tenía poco más que una finca de café en deplorable estado. A la muerte del General Somoza García, este había acumulado una gran fortuna.

10. Un observador de la política nicaraguense [10] escribió un libro sobre el régimen somocista del cual es pertinente citar los siguientes párrafos:

Los resultados de 40 años de resignación al régimen somocista es evidente en todas las facetas de la vida nicaraguense. Mientras la economía ha atravesado un crecimiento considerable en la décadas recientes, el beneficio de este incremento ha sido mayormente absorbido por los Somozas, sus íntimos colaboradores, y los miembros de la oligarquía. Como consecuencia en parte del Mercado Común Centroamericano, ha tenido lugar en Nicaragua cierto desarrollo industrial, pero gran parte de las empresas se encuentran en manos extranjeras y el resto es propiedad de la familia Somoza, sirviendo frecuentemente más como agencias subvencionadas y protegidas para el empleo de familiares y oficiales retirados de la Guardia que como una contribución real a la economía nacional.

La estrangulación de la economía nacional por la familia Somoza se extiende mas allá de las industrias, incluyendo aquellas que producen telas y zapatos para la Guardia, y la agricultura. Son dueños de las aerolínea nacional, “La Nica”, y de la única línea marítima, Mamenic Lines. Poseen considerables intereses en la banca, hoteles y bienes raíces, pesca, radio, televisión y periódicos. Controlan hasta los parquímetros de Managua y la recolección de la basura. Además, ahora exportan sangre e importan automóviles Mercedes Benz los cuales, por coincidencia, son utilizados exclusivamente por la policía de Managua que forma parte de la Guardia Nacional.

Mientras que los colaboradores de la dinastía han prosperado el pueblo ha sufrido. Como siempre, la pobreza ha estado acompañada de desnutrición crónica, enfermedades, y falta de centros de salud. La gastroenteritis y otras enfermedades diarréicas continuaban siendo las causas primordiales de muerte en la década del 70, siendo responsables del 23.6% de todas las muertes. Más del 90% de estas muertes ocurrieron entre niños menores de 5 años. El nicaragüense que ha tenido la suerte de vivir más allá de esta edad ha debido enfrentar otros problemas. Nicaragua tiene el nivel de homicidios más alto del mundo, un nivel de muertes accidentales extremadamente alto y el nivel de alcoholismo crónico más alto de Centroamérica.

La clave para mantener este sistema de exageradas desigualdades sociales y económicas ha sido y continúa siendo el control de la Guardia Nacional.

En 1979, el General Anastasio Somoza Debayle perdió ese control, pero antes de que Nicaragua pudiese ser reconstruida fue destruida aún más.

C. La Insurrección y sus Consecuencias Económicas [11]

1. La fase final de la insurrección se inició en septiembre de 1978 con una huelga general y ataques coordinados dirigidos por el FSLN contra los destacamentos de la Guardia Nacional en las principales ciudades del país y concluyó 10 meses más tarde con un cambio de gobierno, después de un estado de guerra generalizado durante los meses de junio y julio de 1979.

2. De acuerdo a informaciones recibidas por la Comisión decenas de miles de personas perdieron sus vidas durante 45 años de oposición a la dictadura de la familia somoza. De ellas aproximadamente 35.000, o sea el 1.5% de la población, perdieron sus vidas durante esos últimos 10 meses. El 80% de los muertos fueron civiles, víctimas sobre todo de los bombardeos indiscriminados de ciudades llevado a cabo por la Guardia Nacional. Los heridos se calcularon en aproximadamente 100.000, más de 150.000 personas abandonaron sus hogares en busca de refugio; más de 40.000 niños se convirtieron en huérfanos. Solamente en Managua, mas de 400.000 personas debieron ser alimentados, y alrededor del 40% de la población nicaragüense estaba apunto de morir de hambre. La economía y los servicios públicos fueron paralizados, y brotes de epidemia amenazaban con desatarse. En agosto de 1979, los médicos en el hospital Occidental de Managua señalaron que de cada 5 casos que trataban diariamente dos eran de malaria. En muchos sectores de Managua la basura se había acumulado durante semanas junto a los cuerpos de personas que habían muerto durante la guerra, y la interrupción del suministro de agua agravó las condiciones poco sanitarias de estos barrios, contribuyendo al crecimiento de incestos que transmiten enfermedades infecciosas.

3. La situación de la vivienda en Managua era drámatica aún antes del terremoto de 1972. Un estudio concluido ese año indicaba que el 73.7% de las viviendas eran inadecuadas. Los daños ocurridos a la viviendas durante la insurrección estimados por el Ministerio de la Vivienda y de Asentamientos Humanos ascendían a 38 millones de dólares, y existía un déficit de 500.000 unidades. El daño total a la infraestructura física (i.e. edificios no para viviendas) fue estimado en 80 millones de dóllares.

4. Las pérdidas sufridas por el sector agrícola se estimaron en 28 millones de dólares, correspondiendo 23 millones al sector ganadero. Durante la insurrección gran cantidad de exportaciones ilegales de ganado tuvo lugar, en particular toros de cría; y la ingente pérdida de vacas (100.000) debido al contrabando y el sacrificio de ganado resultó en una reducción de 5 millones de litros de la producción lechera, agravando aún más la desnutrición infantil.

5. La situación política también causó una reducción dramática en las exportaciones de algodón, que tradicionalmente habían representado una cuarta parte del valor total de las exportaciones nicaragüenses. Como la temporada de siempre había prácticamente terminado cuando la guerra a mediados de julio de 1979, solamente se habían sembrado 36.250 hectáreas de algodón de las 175.000 que por lo general se siembran.

6. El daño al sector industrial se estimó en 150 millones de dólares: 60 millones debido a la destrucción de los inventarios y materias primas, 35 millones a equipo y maquinaria, 15 millones a edificios e instalaciones y 40 millones de cuentas incobrables. Afortunadamente, la mayoría de las industrias que producían materiales de construcción no sufrieron daños y, en consecuencia, las reparaciones se iniciaron inmediatamente.

7. Los daños causados al sector comercial se estimaron en 220 millones de dólares y se dividían en tres tipos:

a) 120 millones de dólares, o sea más de la mitad, como resultado de los asaltos, ya que las tiendas principales de las ciudades más grandes fueron saqueadas antes de que los sandinistas restablecieran el orden; b) cuentas incobrables, y c) edificios, mobiliarios y equipos destruidos por los bombardeos y el fuego.

8. Los daños materiales que resultaron de la insurrección fueron estimados por las Naciones Unidas en un monto total de 480 millones de dólares.

9. Aparte del daño humano y físico causado por la guerra el futuro nicaragüense fue seriamente hipotecado por la deuda externa ascendiente a 1.500 millones de dólares contraída por el régimen somocista. De esta cantidad, aproximadamente 400 millones fue contraída por el sector bancario y privado en la forma de obligaciones de corto plazo y, en consecuencia, un número considerable de pagos debían efectuarse en 1979. Estas deudas tuvieron que ser renegociadas ya que Nicaragua no tenía reservas, en vista de que Somoza y sus acólitos habían transferido prácticamente todas las divisas fuera de Nicaragua desde 1978.

D. La Política del Gobierno en el Campo de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

1. El 9 de julio de 1979 el programa del Gobierno de Reconstrucción Nacional previó el inicio de tres planes para la reconstrucción del país: un plan de emergencia, un plan de recuperación económica a corto plazo y plan para la reconstrucción, transformación y desarrollo socio-económico.

2. El plan de emergencia, puesto en marcha pocos días después del cambio de gobierno, estaba diseñado a cubrir las necesidades más urgentes de la población:

Un Plan de Emergencia, dirigido a atender, principalmente, las siguientes necesidades básicas de la población a) la disponibilidad y distribución de alimentos; b) la situación económica de las familias afectadas o diezmadas por la guerra; c) la reconstrucción de las ciudades y barrios marginados; d) las condiciones de nutrición y salud; y, e) la eficiente reorganización y funcionamiento de los servicios públicos: transporte; energía; agua; comunicación.

Por ejemplo, los Ministerios de Bienestar Social y de Salud Pública, auxiliados por los comités y consejos vecinales, asumieron la tarea de distribuir comidas y medicinas que hasta ese momento venían desempeñando la Cruz Roja. A mediados de agosto de 1979, el nuevo Gobierno había establecido la organización interna necesaria para poder responder a emergencias inmediatas.

3. El plan de recuperación económica de corto plazo, el cual no requería la conclusión del plan de emergencia antes de ser implementado, enfocó sobre los sectores claves de la economía señalados para una transformación interna:

Un Plan de Recuperación Económica Inmediata, cuyo propósito será impulsar la reactivación y estabilización de la economía nacional. Dicho plan deberá incluir medidas o programas específicos, principalmente sobre los siguientes aspectos: empleo; producción agrícola e industrial; política monetaria y cambiaria; comercio exterior; política fiscal y de gasto público; renegociación de la deuda pública externa; orientación del nuevo endeudamiento; política financiera para el desarrollo; y los servicios.

En el mensaje de año nuevo correspondiente a 1981, la Junta [12] informó que se habían cumplido los siguientes objetivos durante el año 1980:

- La tasa nacional de desempleo fue reducida a un 17 por ciento, una de las más bajas que ha tenido históricamente el país; lo cual quiere decir que crearon más de 110.000 empleos nuevos, y de estos empleos, cerca de 50.000 fueron creados en el área agropecuaria.

- La producción agropecuaria superó sus metas y tuvieron excelentes cosechas de maíz y sorgo, y alcanzaron los niveles previstos en el arroz. No sucedió así con la cosecha de frijoles, las excesivas lluvias disminuyeron la producción, y tendrán que importar este grano en 1981. La organización y desarrollo de la reforma agraria continuó adelante y la reactivación del sector industrial se alcanzó en más de un 80 por ciento.

- Las metas del Plan Económico de 180 fueron cumplidas en su casi totalidad; la tasa de crecimiento económico fué de las más altas de América Latina; lograron disminuir el acelerado ritmo de inflación que resultó ser más baja que en cualquier otro país centroamericano. Para ello, aplicaron importantes subsidios a productos básicos de consumo, tales como los granos básicos, el aceite, los huevos, la leche, y el transporte colectivo, lo cual ha permitido hacer posible un salario real mas sólido para los trabajadores. Se aplicaron además incrementos de salarios que aunque modestos, pudieron beneficiar a las capas más pobres de la población.

- Fue conquista también la renegociación de la deuda externa con más de un centenar de bancos extranjeros, con un amplio plazo de gracia y con nuevas condiciones para el pago de intereses, todo lo cual garantiza un margen financiero para llevar adelante el proyecto de reconstrucción nacional.

- Sostuvieron una balanza de pagos adecuados, controlando las importaciones no-esenciales para el desarrollo económico; y ejecutaron un presupuesto de gastos de la República que tuvo un moderado déficit, inferior aún al que estaba previsto, debido al notable incremento de las recaudaciones fiscales, y a una ejecución responsable del presupuesto que redujo los gastos.

Los objetivos fijados para 1981 incluyen los siguientes:

En 1981, avanzaremos en la producción y también conquistaremos nuevas metas en salud, educación, fuentes de trabajo, extensión de servicios de electricidad y agua potable, construcción de viviendas en centros de producción tales como las minas, plantaciones bananeras, y centros de producción azucarera, en la construcción de caminos de penetración y carreteras rurales, y en el mantenimiento de los mismos; avanzaremos también en la comunicación con el Atlántico y otras zonas del país.

4. El plan de reconstrucción, transformación y desarrollo socio-económico fue diseñado para reestructurar la base socio-económica de Nicaragua. Este dice así:

Se elaborará y ejecutará un Plan de Reconstrucción, Transformación y Desarrollo Socio-Económico a mediano plazo, cuya finalidad será el sustancial mejoramiento del nivel y calidad de vida de nuestro pueblo, basado en el incremento de la producción nacional y en una equitativa distribución de la riqueza. Este plan incorporará a todos los sectores de la Nación a las tareas de reconstrucción nacional y al desarrollo integral del país. Formarán parte del mismo lo planes sectoriales que se mencionan en este Programa.

El resto de este capítulo considerará especialmente las dos áreas que atraviesan una transformación estructural y que son de particular interés a los derechos humanos: a) la reforma agraria y b) el sector educativo.

E. La Reforma Agraria[13]

1. El programa de acción de la Junta expresaba que el nuevo Gobierno buscaría crear gradualmente una economía mixta, en la cual coexistiría tres formas básicas de propiedad de los medios de producción: el sector de propiedad estatal y social, el sector de propiedad privada, y un sector mixto de propiedad pública y privada.

De acuerdo al programa, el sector de propiedad estatal y social de la tierra consistiría en los terrenos nacionalizados que habían pertenecido a Somoza y a sus colaboradores.

2. El programa del 9 de julio de 1979 detallaba cuáles tierras serían objeto de expropiación:

(1) Las tierras y explotaciones agrícolas recuperadas de la familia Somoza y sus allegados, que pasarán a formar parte del Patrimonio de Reconstrucción Nacional;

(2) Las propiedades de deudores de las instituciones Financieras del Estado que se hubieran beneficiado dolosamente de vinculaciones con el régimen somocista.

(3) Las propiedades de los defraudadores fiscales;

(4) Las tierras que fueron nacionales y hayan sido asignadas por el régimen con fines políticos;

(5) Las propiedades agrícolas que hayan ido abandonadas por sus dueños.

(6) Las tierras ociosas, tanto de los latifundios existentes como del Estado.

Aunque estas tierras, recientemente adquiridas, fueron denominadas ¨propiedades pertenecientes al pueblo¨, de acuerdo al Programa, no serían distribuidas a campesinos para la explotación privada, sino que ¨al entregarse a sus nuevos propietarios, las tierras afectadas serán organizadas, para fines productivos, principalmente en formas asociativas que aseguren el cumplimiento de la función social de la propiedad¨.

3. El Decreto No. 3, emitido el 20 de julio de 1979, es decir, el día siguiente al cambio de gobierno, facultó al Procurador General ¨para que de inmediato proceda a la intervención, requisación y confiscación de todos los bienes de toda la familia Somoza, militares y funcionarios que hubiesen abandonado el país a partir de diciembre de 1977¨. El Instituto Nicaragüense de Reforma Agraria (INRA) fue creado en agosto de 1979, aproximadamente 1.500 fincas con una extensión de alrededor de 800.000 héctareas, habían sido expropiadas a los somocistas sin compensación. Para mediados de julio de 1980, el INRA habían adquirido unas 200.000 hectáreas adicionales que, aunque no estaban sujetas al Decreto No. 3, habían sido, sin embargo, ocupadas por campesinos o confiscadas por el Gobierno. En la actualidad, el INRA controla aproximadamente el 25% de las tierras fértiles de Nicaragua, aunque solamente una porción de éstas se encontraban bajo cultivo; el resto se utilizaba como pasto para ganado o se encontraba baldía.

4. El sector público, conocido como el área de propiedad estatal y social, está organizada de la siguiente forma:

(1) Grandes mataderos integrados verticalmente, y plantaciones de azúcar y café con sus respectivos molinos, los cuales fueron situados bajo el control de Agro INRA. Estas empresas verticalmente integradas controlan un total de 90.000 acres: y

(2) ¨Unidades de Producción Estatales¨(UPES), compuesta de fincas expropiadas y operadas por INRA, en consulta con representantes de los obreros agrícolas pertenecientes a la asociación campesina independiente conocida como la Asociación de Trabajadores del Campo (ATC). Existen aproximadamente 2.200 UPES con una extensión de más de 2 millones de acres, integrando 170 unidades de producción, las cuales a su vez conforman 27 empresas agrícolas (e.g. empresas de café, empresas de algodón, etc.).

5. Las cooperativas de producción, llamadas Cooperativas Agrícolas Sandinistas (CAS), también han sido promovidas, pero la participación en ellas es estrictamente voluntaria. A fines de 1980 existían 1.400 cooperativas de producción formadas por pequeños campesinos cuyo objetivo era unir sus pequeños terrenos para cultivarlos colectivamente, aprovechando de esa manera los nuevos servicios y créditos disponibles a las cooperativas. Una tercera parte de estas tierras fueron alquiladas a los campesinos por el Gobierno, y las otras dos terceras partes por el sector privado.

La Asociación de Trabajadores del Campo también ha organizado más de 60.000 campesinos en 1.200 cooperativas de crédito y servicios quienes recibieron más del 50% del créditoagrícola distribuido. El Instituto Nicaraguense de Reforma Agraria (INRA) estableció una entidad llamada PROCAMPO con el objeto de proporcionar asistencia técnica y de mercadeo y estas cooperativas simplemente compran los insumos y las cosechas. Las cooperativas y los pequeños agricultores tienen asegurados el acceso a crédito con el Banco Nacional de Desarrollo, a una tasa de interés que fluctúa entre el 7% y 11%. La tasa más baja claro está, se encuentra disponible para las cooperativas, como un incentivo económico para la colectivización de la producción. Bajo Somoza, la mayoría de los productores agrícolas no tenían acceso a crédito, ya que el 90% de todo el crédito agrícola se dirigía a las cosechas de exportación que se producían en las grandes fincas.

El Gobierno también ayudó al pequeño campesino, nacionalizando todo el sistema de mercado de los productos agrícolas para la exportación, comprando y vendiendo directamente los granos básicos y controlando los alquileres. El control estatal del comercio exterior permitió por primera vez al Gobierno establecer impuestos directos sobre este sector y aumentar el salario mínimo de 1.70 a 4,20 dólares diarios.

6. Aunque la contribución del pequeño agricultor a la producción agrícola total fue significativa, las grandes fincas comerciales privadas todavía representan la mayor parte de la producción para las exportaciones, tal como la indican las siguientes estadísticas:

Producción de Productos Agrícolas por Tipo de Propiedad en 1979/80

Cosecha	Sector Estatal (INRA) %	Pequeños Productores (menos de 15 has.) %	Grandes Productores, %
Algodón	20.00	18.0	62.0
Café	15.0	30.0	55.0
Ganado	15.0	73.0	12.0
Maíz	8.7	87.2	4.4
Frijoles	17.0	79.1	3.8

Los productores agrícolas y ganaderos están asociados en la UPANIC (Unión de Productores Agrícolas Nicaragüenses), una de varias organizaciones que integran el COSEP (Consejo Superior de la Empresa Privada). El Gobierno trató, mediante incentivos económicos, de dirigir y mantener una participación activa del sector privado en la producción agrícola. Se estableció un fondo para la estabilización del café con el fin de proteger a los productores cafetaleros contra la inestabilidad de los precios en el mercado mundial, se facilitaron créditos a bajo interés, y el impuesto sobre la renta y el impuesto a las sociedades de la sociedad fueron intencionalmente mantenidos bajos para estimular la inversión privada.

7. Una de las quejas fundamentales del sector privado se basa en que consideran muchas de las expropiaciones de tierra como injustas e ilegales. En el documento de COSEP ¨Análisis sobre la Ejecución del Programa del Gobierno de Reconstrucción Nacional¨, publicado en noviembre de 1980, el sector privado alegó que el Gobierno no había definido claramente la extensión del sector estatal: ¨El área estatal no tiene un alcance preciso ni está claramente delineada, a pesar de la justificada y persistente insistencia del COSEP de que esto se haga. Si esto no se define claramente, el concepto de economía mixta irá perdiendo su contenido...¨

Específicamente, el COSEP alega que: ¨Se han producido expropiaciones, sin debida compensación, de propiedades agrícolas de ciudadanos no comprendidos en los Decretos Nos. 3 y 38, soló por el hecho de que el INRA considera esas propiedades indispensables para el desarrollo agropecuario a pesar de que no existe un plan comprensivo de reforma agraria¨.

Durante la visita de la Comisión a Nicaragua en octubre de 1980, UPANIC presentó el caso de la confiscación de ASGANIC (Asociación de Ganaderos de Nicaragua), una organización que forma parte de UPANIC. Las propiedades de ASGANIC fueron confiscadas y su status jurídico fue revocado. UPANIC argumenta que ASGANIC no se enmarca dentro de los parámetros establecidos por los Decretos No. 3 o 38 ya que es una entidad jurídica y no un particular sujeto a confiscación como establecen estos decretos. Sin embargo, los únicos dos presidentes de ASGANIC desde su establecimiento en 1955, fueron Luis Somoza y Oscar Sevilla Sacasa, ambos parientes del General Anastasio Somoza. Empero la situación a considerar es el alcance legal del término ¨allegados al somocismo¨ del Decreto No. 3, el cual las nuevas autoridades aparentemente interpretan de una manera más amplia que las personas y asociaciones del sector privado cuyos intereses han sido directamente afectados.

8. La Comisión considera que el Gobierno de Nicaragua necesita establecer un procedimiento expedito para la solución de conflictos judiciales concernientes a los derechos de propiedad, que le permita asegurar que el proceso de reforma agraria sea consolidado de una manera justa sin la continua hostilidad del sector privado.[14]

F. Reformas Educativas Fundamentales [15]

1. la importancia atribuída a la educación por el nuevo Gobierno de Nicaragua fue demostrada por la designación oficial de 1980 como ¨Año de la Alfabetización¨ y por la impresionante campaña de alfabetización iniciada el 24 de marzo de 1980 con el objeto de enseñar a cada nicaragüense a leer y escribir, y, en consecuencia, tratar de incorporarlo al proceso económico y social.

El motivo de alta prioridad acordado a la reforma educativa fue establecido en el Programa del 9 de julio de 1979, en los siguientes términos:

Se realizará una reforma profunda en los objetivos y en el contenido de la Educación Nacional, para convertirla en factor clave del proceso de transformación humanista de la sociedad nicaragüense y orientarlo en un sentido crítico y liberador. Esta reforma tendrá un carácter integral y comprenderá todas las etapas del proceso, desde la educación pre-escolar hasta la de carácter superior.

Por estos efectos, se elaborará un Plan Nacional de Desarrollo Integral de la Educación y se dictará una Ley General de Educación.

2. Los elementos de la reforma educativa serán los siguientes:

(1) educación primaria y secundaria gratuita y obligatoria; (2) control de precios de los libros y útiles escolares; (3) regulación de colegios privados; (4) creación de escuelas técnicas vocacionales; (5) establecimientos de centros educativos rurales; (6) respeto a la autonomía de la Universidad Nacional; y (7) erradicación del analfabetismo.

Estas reformas serían logradas a través de la puesta en marcha de un plan compuesto de varias etapas. La primera analizará las necesidades y reclamos del pueblo nicaragüense, levantando un inventario de la infraestructura física (escuelas, libros, etc.), así como un estimado de los recursos humanos que se necesitan. A continuación, se iniciarán varios programas de acción inmediata. Siendo la campaña nacional de alfabetización ¨Héroes y Mártires por la liberación de Nicaragua¨ el programa inmediato más importante.

3. Una segunda medida es la ¨Gran Consulta¨, la que comprenderá la participación de las organizaciones políticas, laborales, profesionales y sociales en el diseño de un nuevo sistema educativo. El resultado de la consulta popular será el ¨Plan Nacional de Desarrollo Integral de la Educación¨, el cual establecerá las pautas para el desarrollo de este nuevo sistema educativo.

4. Otra medida será la creación d un ¨Consejo Nacional de Desarrollo Integral de la Educación¨, el cual estará encargado de elaborar una estrategia de educación política que refleje la voluntad del pueblo y consolide los principios de la revolución sandinista. Una última medida involucra la creación de un Consejo Nacional de Educación Superior, encargado de coordinar las instituciones educativas superiores.

Específicamente, se han puesto en marcha las siguientes medidas de reforma:

a) Educación gratuita y obligatoria:

5. De acuerdo con el Estatuto de Deberes y Garantías de los Nicaragüenses, la educación primaria y secundaria es gratuita y obligatoria. A nivel universitario los estudiantes deben pagar una cuota semestral 68,00 córdobas (equivalente a 6,8 dólares estadounidenses) al momento de registro en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, lo cual implica una reducción de un 90% de la matrícula. Además, el Ministerio de Educación Pública supervisa y regula los precios de los libros y materiales escolares y se encuentra involucrada en la producción y mercadeo de textos básicos para suministrarlos gratuitamente.

Según información proporcionada por el Gobierno nicaragüense, se ha aumentado en un 68% la matrícula escolar en los últimos dos años. A finales de 1978 habían 502,000 estudiantes; en 1979, después del 19 de julio 578,000 y en la actualidad 843,000. Hay 341,000 personas más estudiando ahora que hace dos años. Comparado con 1978, el año de mayor escolaridad bajo el somocismo, se ha triplicado la matrícula pre-escolar, elevando en un 36% la matrícula de primaria y secundaria, quintuplicando la matrícula de educación especial, más que duplicada la matrícula universitaria y ampliada en catorce veces la educación para adultos.

b) Regulación de las escuelas privadas

6. Para asegurar el cumplimiento de la adhesión de las escuelas privadas a la política educativa nacional, el Ministerio de Educación Pública está encargado de regular el enrolamiento y el costo de la matrícula en las mismas. Algunas escuelas privadas y religiosas serán nacionalizadas, pero solamente cuando lo soliciten sus propietarios.

c) Expansión de los servicios educativos

7. Como consecuencia de los daños causados por la guerra, una de las tareas principales del nuevo Gobierno fue reconstruir las plantas físicas de las instituciones educativas. Como parte de un programa de emergencia el Gobierno inició la reconstrucción de 74 escuelas. El costo total de reconstrucción de éstas llegó a la cantidad de 1.544.318 córdobas ) 154.431 dólares estadounidenses), para lo cual varios sindicatos suecos hicieron una donación de un millón de córdobas. Además, se rehabilitaron 22 escuelas secundarias. El financiamiento para este proyecto fu obtenido a través de un préstamo proporcionado por el Banco Mundial.

En la actualidad, se encuentran bajo construcción en las áreas rurales 22 escuelas primarias y 18 escuelas secundarias a un costo total de 45 millones de córdobas. Mientras que en 1979/1980 la atención fue concentrada sobre la reconstrucción de las plantas educativas, los esfuerzos del año 1980/1981 se concentraban en la construcción de nuevos centros educativos en las áreas rurales. El siguiente cuadro contiene los aumentos anuales en los gastos gubernamentales en el sector educativo:

Crecimiento de los gastos gubernamentales en la educación

Año Miles de córdobas Indice de Crecimiento

1976 320.669 100%

1977 337.951 105%

1978 341.024 106%

1979 409.715 128%

1980 888.249 277%

8. El Gobierno nicaraguense ha informado que aumentó considerablemente el número de profesores al incorporar 2.100 maestros a la enseñanza primaria, 1.200 de los cuales provienen de Cuba (La Brigada Internacional Augusto César Sandino) y otros de España, Costa Rica, México y Venezuela. Aunque inicialmente estaba programado que los maestros cubanos permanecieran en Nicaragua durante un período de dos años, la Comisión fue informada que la mayoría había partido de Nicaragua a fines de julio de 1980. La mayor parte de los maestros cubanos trabajaron en el sector rural y en la campaña de alfabetización.

9. Por otra parte, se implementó el Programa Estudio-Trabajo del 1º al 20 de diciembre de 1980, habiendo participado en él más de 120,000 jóvenes en todo el país (entre el 90 y 95%) de la matrícula a nivel medio y de los grados 5to. Y 6to. de primaria; con este programa pudieron realizarse una gran cantidad de proyectos productivos y de proyección social. Paralelamente se implementó el programa ¨Retaguardia, Estudio-Trabajo¨ con la participación de alrededor de 304,430 niños de primero a cuarto grado de primaria.

10. En resumen el Gobierno en los 12 meses después del 4 de mayo de 1980 ha invertido la suma de C$138.6 millones en escuelas e institutos.

El presupuesto para educación en Nicaragua ha pasado de 330.1 millones de Córdobas en 1978 a 381.6 millones en 1979; 909.7 millones en 1980 y a 1.152 millones en 1981, un aumento del 349.2% comparado a la época somocista. Adicionalmente, el presupuesto para la educación superior a través de CNES pasó de C$115 millones de 1980 a C$164 millones en 1981. Esto representa un aumento del 364% comparado a los 45 millones que en 1978 el somocismo presupuestó para la universidad.

d) La erradicación del analfabetismo

11. Considerado como el acontecimiento educativo más importante en la historia de Nicaragua, la cruzada de alfabetización ¨Héroes y Mártires por la Liberación de Nicaragua¨ fue iniciada en marzo de 1980 y concluyó en agosto de ese mismo año. Esta primera etapa de la campaña, de cinco meses de duración, redujo, según se ha informado al analfabetismo de un promedio de 50% (87% de algunas áreas rurales), a menos de 13%. Se estima que más de 400.000 nicaraguenses aprendieran a leer y escribir durante esta fase de la campaña.

Mientras se definían los métodos y contenidos de la campaña de alfabetización, fue organizado y llevado a cabo un censo nacional de alfabetización para determinar el nivel de analfabetismo de la población nicaraguense mayor de 10 años de edad. El censo, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censo de Nicaragua, reveló que el 52% de la población mayor de 10 años de edad estaba compuesta por analfabetos funcionales y que en algunos sectores el porcentaje llegaba hasta un 80%. Asimismo, se determinó que entre los niños de 10 a 14 años de edad, el analfabetismo llegaba en áreas hasta un 74% y que de cada cinco analfabetos cuatro tenían más de 14 años.

12. La Comisión Nacional de Alfabetización, encargada de la dirección organizativa de la campaña, dirigía tres grupos de alfabetizadores: 1) Los Alfabetizadores Populares (AP), el Ejército Popular de Alfabetizadores (EPA), y 3) las Milicias Obreras de Alfabetización (MOA). Mientras la AP y MOA enseñaban solamente durante parte del tiempo, la EPA podía trasladarse a las áreas rurales y montañosas durante varios meses continuos. Por otro lado, la AP y MOA fueron asignadas a la ciudad para alfabetizar en los lugares de trabajo, los mercados y los barrios pobres; las Milicias Obreras de Alfabetizadores Populares eran sobre todo amas de casa y empleados civiles que no podían trasladarse durante meses a las áreas rurales y montañosas.

Aparte del entrenamiento pedagógico, que se inspiró en las ideas del educador brasileño Pablo Freire adaptadas a las condiciones nicaragüenses, los brigadistas recibieron entrenamiento de escultismo a través del movimiento Scout, así como nociones de primeros auxilios e higiene, con el fin de poder colaborar en la campaña de erradicación de la malaria.

Aunque todavía no se ha realizado una evaluación de la campaña, se espera que en un futuro cercano la UNESCO lleve a cabo una evaluación de los logros.

13. La campaña fue objeto de fuertes controversias en Nicaragua con respecto a sus objetivos. El Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) denunció que los textos de enseñanza utilizados en la campaña eran de alto contenido político. Señala que, por ejemplo, el cuaderno de alfabetización, uno de los textos básicos, consiste en 23 temas, todos relacionados con el programa de acción del Gobierno y el proceso revolucionario. Un informe del Ministerio de Educación nicaragüense indica que en el primer tema del texto, los estudiantes aprenderían las cinco vocales contenidas en las palabras ¨la Revolución¨. Igualmente, señala el informe, el nombre Fonseca, el apellido de uno de los fundadores del FSLN, muerto en combate, permitiría el aprendizaje de las sílabas si, so, se y sa.

14. El costo de la campaña, estimado en 200 millones de córdobas (20 millones de dólares estadounidense) fue cubierto en parte por el Gobierno nicaragüense. Treinta y seis países y varias organizaciones regionales e internacionales proporcionaron asistencia financiera.

Empeñado en mantener el nivel de alfabetización logrado y de erradicar completamente el analfabetismo, el Gobierno está expandiendo los servicios educativos a todos los niveles, en particular, la educación primaria y adulta en las áreas rurales. Si estas medidas no resultan enteramente satisfactorias, el Gobierno ha propuesto llevar a cabo una campaña de alfabetización cada 10 años. Un Vice-ministerio de Educación de Adultos para asegurar que la población adulta recientemente alfabetizada no sea ignorada. Otra responsabilidad adicional de esta entidad será la de crear un programa permanente de educación para adultos.

15. En 1978, el último presupuesto ejecutado por el gobierno somocista fijó el monto de C$530.3 millones para el gasto social. Esa cifra representó el 16.1% del presupuesto total. El presupuesto para el área social de 1981 alcanza el nivel de C$2,518 millones o sea el 28.6% del presupuesto total. Esta cifra incluye los Ministerios de Salud, Educación, Bienestar Social y Cultura. Los últimos dos Ministerios no existieron como tales en el antiguo régimen. El aumento representa casi C$2,000 millones, o sea casi cuatro veces más en 1981 que en 1978. Se proyecta gastar en 1981 C$1,212 millones en el Ministerio de Salud y C$1,152 millones en el Ministerio de Educación. En términos absolutos el sector social del Estado recibe casi cinco veces más en 1981 de lo que recibió en 1978.

La Comisión considera que los aspectos más importantes de estos cambios son la campaña de alfabetización, el cambio de énfasis de la educación urbana hacia la población rural, de la educación universitaria hacia la educación primaria y secundaria, y de la educación académica a la preparación vocacional.

16. La Comisión considera que el Gobierno de Nicaragua está empeñado en resolver muchos de los problemas educativos, gran parte de los cuales son comunes a la mayoría de los países latinoamericanos: analfabetismo, un alto porcentaje de abandono de las escuelas, un sistema educativo altamente deficiente o inexistente en las áreas rurales, y que favorece a la población escolar de las clases media y alta del sector urbano. Sin embargo, estas nuevas reformas educativas corresponden a profundos cambios que se llevan a cabo en la totalidad de los sectores económicos y sociales. El Gobierno de Reconstrucción Nacional se encuentra empeñado en la redistribución de la riqueza con el objeto de proporcionar mejor acceso para las clases desposeídas de la población a los servicios públicos básicos, en particular, a la educación, a los servicios de salud, a mejores viviendas y a una mejor nutrición.

G. Otros derechos económicos-sociales

1. En sus observaciones al Informe provisionalmente aprobado por la Comisión, el Gobierno también hizo presente algunos logros alcanzados en los campos de la salud, vivienda, seguridad y bienestar social.

2. En síntesis esas informaciones señalan que en salud el presupuesto subió a C$890 millones después del triunfo revolucionario; que el gasto proyectado para 1981 es de C$1.212 millones; y que el nivel del gasto de 1979 y 1980 representa el 13.4% y 13.8% del total del presupuesto del Estado, respectivamente, en comparación con el gasto del 6.1% del somocismo.

3. En vivienda, según lo manifestado por el Gobierno, hasta la fecha se han reparado más de 3.600 viviendas y reconstruido 450, restaurándose así poco a poco los daños durante la guerra.

4. En materia de seguridad social, según el Gobierno, ha habido un incremento de un 67% de la población protegida total al pasar de 156.556 personas cuando cambió el gobierno a 262.519 a finales de 1980.

5. También el Gobierno ha suministrado a la Comisión diversas informaciones en lo que respecta al bienestar social, las que tienden a beneficiar al niño, la madre y la familia.

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[1] El Art. 26, el único en el Capítulo III de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establece: Derechos Económicos, Sociales, y Culturales. Desarrollo Progresivo. Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa y otros medios apropiados.

[2] Grupo asesor de la FAO para la integración centroamericana, Plan perspectivo para el desarrollo y la integración de la agricultura en Centroamérica (Ciudad de Guatemala) (GAFICA 4/72, 1972).

[3] En 1977, el 55% de la población (1.278.750 personas) vivía en el área rural. Esta y las otras estadísticas no identificadas en esta parte del informe fueron tomadas de publicaciones del Banco Interamericano de Desarrollo.

[4] BID: Informe del Progreso Económico y Social en América Latina (IPES) (1978) pp. 130.

[5] US Arms Control and Dissarmament Agency: World Military Expanditures and Arms Transfers (1960-78) pp. 61.

[6] Ibid, pp.103

[7] BID, IPES (1979) pp.320 et seq.

[8] BID, IPES (1979) pp.129

[9] Banco Mundial: ¨Pobreza y Necesidades Básicas¨, septiembre de 1980.

[10] Richard Millet: Guardians of the Dynasty (1977) p. 253.

[11] Las estadísticas utilizadas en esta parte del informe fueron tomadas del estudio de las Naciones Unidas, CEPAL: Nicaragua: Repercusiones Económicas de recientes acontecimientos políticos, E/CEPAL/G.1091 (Septiembre 1979).

[12] El Nuevo Diario: “Mensaje de la Junta de Gobierno”, (2 de enero de 1981).

[13] Las estadísticas han sido tomadas de: ¨Nicaragua´s Agrarian Reform: The first Year (1979-1980)¨by David Kaimowitz and Joseph Thome in Nicaragua in Revolution, Thomas Walker, ed. (Praeger, 1981).

[14] Al respecto, en sus observaciones al informe provisional de la CIDH, el Gobierno de Nicaragua informó a la Comisión que mediante decreto número 329, publicado en La Gaceta del 4 de marzo de 1981, se estableció: ¨En adelante, y fuera de los caso contemplados en este decreto, sólo lo señalado en expropiaciones de tierras por razones de reforma agraria, según lo señalado en Art. 27 del Estatuto sobre Derechos y Garantías de los Nicaraguenses, regulados conforme a leyes generales y reglamentos que se darán para el caso, y de acuerdo a las indemnizaciones que deberán contemplar esas mismas leyes¨.

[15] La fuente principal de información de esta sección se encuentra en: La Educación en el Primer año de la Revolución Popular Sandinista, Ministerio de Educación, Managua, Nicaragua (1980).