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Jorge
Villalobos Toruño, de 45 años de edad, casado, chofer, fue capturado el día
26 de julio de 1979 en la ciudad de Granada y conducido a la cárcel de La Pólvora,
de donde desapareció el día 29 de julio, siendo el Comandante “Wilmer”,
quien según familiares del preso les informaron que parece haber dado orden
de que lo ajusticiaran. Sin
embargo, con posterioridad, otras personas afirman haberlo visto en la Cárcel
Modelo y que estaba incomunicado.
Caso
7315:
Gustavo Adolfo Marín Guzmán
El
día 24 de julio de 1979, se entregó a las autoridades del FSLN el Sr.
Gustavo Adolfo Marín Guzmán, un raso, mayor de edad y del domicilio de
Granada, siendo recluido en las cárceles de La Pólvora bajo la
responsabilidad del comandante Marvin González Ruiz; conocido con el seudónimo
de “Wilmer” quién posteriormente dio orden de ejecución.
Vecinos del lugar de la Hacienda Santa Ana, camino de los Malacos,
Depto. De Granada, dijeron ver el cadáver de dicho señor junto a los restos
del Dr. Francisco Mayorga.
Caso
7318:
Luis Martínez Mercado
El 25 de julio de 1979, el Sr. Luis Martínez Mercado,
mayor de edad, ex-auxiliar G. N. y del domicilio de Granada fue recluído en
las cárceles de La Pólvora. Posteriormente
fue sacado con rumbo desconocido por órdenes del comandante Marvin González
Ruiz, conocido con el seudónimo de “Wilmer”, siendo informados que ese día
se realizaron ejecuciones masivas. No
se sabe nada respecto a su paradero. Se
presume su muerte.
Caso
7308:
Cristóbal Vargas Rocha
Cristóbal
Vargas Rocha, de 24 años de edad, soltero, celador del domicilio de Granada,
fue capturado el domingo 24 de julio de 1979.
Los motivos de su captura se desconocen. Por medio de un miliciano que estaba de servicio en La Pólvora
(cárcel de Granada), se supo que el 26 de julio de 1979 a las 11 de la noche
se sacaron unos 50 reos y los llevaron cerca de la costa del lago de Granada,
donde cavaron sus propias fosas.
El
responsable del comando era el llamado “Wilmer” cuyo nombre es Marvin González
Ruiz, quien es el autor directo de estos fusilamientos en masa.
Respecto
de este caso de Cristóbal Vargas Rocha, la Comisión ha recibido la siguiente
información:
Sin
embargo, con mi desesperación he investigado y preguntado, contándome un día
de estos, un miliciano que estaba de servicio en La Pólvora y cuyo nombre no
puedo revelar porque sería perjudicarlo, que no siguiera buscando a Cristóbal
que era en vano, pues el día jueves 26 de julio once de la noche, sacaron de
La Pólvora una camionada de reos, aproximadamente 50, se los llevaron al
Diamante, un trillo de arroz que quedaba cerca de la costa del lago de
Granada, allí los pusieron a cavar fosas gigantes en la cual se dilataron
como dos horas, luego a la una de la madrugada procedieron a fusilarlos y a
enterrarlos en ese lugar, también conocido como Asese.
Este muchacho me dijo que pudo identificar a Cristóbal ente los que
ajusticiaron.
7.
El 17 de marzo de 1980, los familiares se dirigieron al sitio indicado
el cual se encuentra ubicado en camino a la finca de arroz “El Diamante”
en la zona de Asese, aproximadamente 500 metros después de la Hacienda San
Roberto. Con la ayuda de
campesinos de la localidad que aportaron palas e inclusive con algunos del ejército
Sandinista quienes habían sido informados del objeto de la visita, los
familiares descubrieron varios humanos: dos cráneos, varias costillas, huesos
de la pelvis que aún tenían pegado pedazo de tela, como un par de pantalones
rojos y una camisa de rayas rojas y azules.
8.
El día siguiente, 18 de marzo, los familiares asesorados por un
abogado presentaron una denuncia de los hechos que habían descubierto ante el
Juez de lo criminal del Distrito de Granada, Dr. Agustín Cruz Pérez, y
solicitaron una investigación de otro lugar donde presumiblemente habían otros cadáveres.
Los familiares, además, mandaron una carta al Procurador General, Dr.
Ernesto Castillo Martínez, solicitando una minuciosa investigación de los
hechos y de las personas responsables. Una
copia de esta carpeta fue presentada a la Comisión durante su observación in
loco. Esta dice así:
Somos
familiares de los prisioneros desaparecidos en la cárcel La Pólvora, de
Granada, en los últimos días de julio de 1979, siendo responsable en ese
entonces del Comando citado, el Sr. Marvin González, cuyo seudónimo es
“Wilmer”. A través de múltiples
gestiones realizadas ante diferentes organismos estatales, hemos tenido
conocimientos de ejecuciones de reos que se encontraban en La Pólvora
realizadas en esos días. Según
numerosos testigos, dichas ejecuciones se efectuaron en tres o cuatro sitios
diferentes, aledaños a Granada y esos sitios eran identificados por los
militares de La Pólvora como Panamá, Méjico, Guatemala y La Cruz Roja, pues
a los presos le decían que iban a ser trasladados a esos países o a la Cruz
Roja de Managua. Dos de esos
lugares fatídicos ya han sido ubicados y se encuentran uno en el sitio
conocido como “La Montañita”, en la Hacienda Santa Ana sobre el camino a
los Malacos en direcciones noreste de la ciudad de Granada y el otro en el
lugar conocido como “La Arrocer” sobre el camino a la Hacienda y Trillo
“El Diamante”, en la vecindad del Puerto de Asese al sur de Granada.
Sin embargo, a pesar de las múltiples gestiones tanto de nosotros
mismos como realizadas a petición nuestra, por abogados y funcionarios de la
Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua (CPDH), los hechos no
han sido investigados exhaustivamente y los pocos informes oficiales conocidos
son parciales y contradictorios, provocando en nosotros, en nuestros hijos y
parientes un desasosiego y una angustia permanente ante la incertidumbre que
nos embarga y ante la posibilidad de que nuestros familiares todavía se
encuentren con vida en alguna cárcel del país en total desamparo físico,
moral y legal. Nuestras vidas
personales y la de nuestras familias se ven seriamente afectadas pues pasamos
continuamente de la esperanza al dolor y no pocos miembros de nuestras
familias han sufrido graves quebrantos de salud o incluso han muerto como
resultado de tan prolongado sufrimiento.
En vista de que el número de reos desaparecidos de la cárcel de La Pólvora
es elevado pudiendo pasar de varios centenares, y tomando en consideración
las circunstancias oscuras que rodean el caso, denunciamos formalmente ante
usted estos hechos, pues la ley ha delegado en el Ministerio a su cargo la
localización de los prisioneros desaparecidos y el establecimiento de las
responsabilidades a las que haya lugar. Es
por eso que demandamos una investigación precisa sobre las autoridades
militares que en esa época formaban parte del Estado Mayor en la ciudad de
Granada, los responsables de la custodia de los prisioneros, los encargados de
manejar el vehículo que condujo a los reos a los lugares mencionados y demás
personas que participaron y que pueden atestiguar sobre los hechos
acontecidos. Le rogamos nos
informe cuando hará las gestiones específicas, para poder nosotros colaborar
con usted aportando los documentos o nuevas informaciones sobre estos casos.
Pedimos expresamente que se le de amplia publicidad tanto a la presente
denuncia como a las gestiones que usted o sus delegados específicos realicen
para que otras familias que se encuentran en situaciones similares y que por
desconocimiento o por temor no se hayan atrevido a presentar sus casos, los
expongan ante su autoridad a la mayor brevedad.
Creemos que en la nueva Nicaragua debe asegurarse el efectivo respecto
a los Derechos Humanos y, en particularmente, el derecho a la vida y a la
libertad personal sin discriminación alguna como lo establecen nuestras leyes
y los convenios internacionales suscritos por Nicaragua y solemnemente
ratificados por la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional.
Esperamos que se hará justicia y en nombre de tanta sangre de hermanos
nicaragüenses que ya ha sido derramada demandamos que se investigue con
acuciosidad y se castigue con ejemplar rigor a los que resulten responsables
de hechos criminales pues de comprobarse los delitos cometidos en contra de
los prisioneros de La Pólvora constituyen ciertamente un claro caso
genocidio, tipificado en nuestro Código Penal como delito contra el orden
internacional. Hacemos constar
que hemos solicitado el apoyo y la orientación de la Comisión Permanente de
Derechos Humanos de Nicaragua (CPDH) que, como organismo humanitario e
imparcial, ha acogido con fraternal interés
y estudiado con objetividad y serenidad nuestras denuncias.
Es precisamente por sugerencia de esa benemérita organización
humanitaria que recurrimos hoy a su autoridad en un esfuerzo más por lograr
el esclarecimiento de los hechos, conseguir la pronta localización de
nuestros familiares que aún estén con vida y la inmediata liberación de
aquellos que sean encontrados libres de responsabilidad de los delitos que
supuestamente motivaron su captura. Confiamos
en que nuestras peticiones serán escuchadas y tramitadas con la urgencia que
la gravedad de lo que denunciamos requiere, que pondrá usted en marcha todos
los mecanismos a su alcance y que utilizará el personal y recursos que la ley
asigna al cabal ejercicio de la justicia.
Ponemos nuestra fe en Dios y nuestra confianza en las autoridades de
nuestro Gobierno de Reconstrucción Nacional.
Señalamos para notificaciones la Oficina de la Comisión Permanente de
Derechos Humanos de Nicaragua (CPDH), situada de Montoya 2 cuadras al lago; en
esta ciudad capital.
10.
Parientes de los 24 presos que fueron trasladados a La Pólvora y que
se presumen fueron ejecutados firmaron la carta.
Los nombres de estas personas son los siguientes:
Maximiliano
Jaime López, 47 años de edad.
Vicente
Cuadra Chamorro, 31 años de edad.
Alberto
Varillas Chamorro, 45 años de edad
Luis
Rey López Cajina, 24 años de edad.
Hernaldo
López Cajina, 20 años de edad.
Amado
López Cajina, 22 años de edad.
David
Salvador Arguello Pasos, 40 años de edad.
Bismark
Rodríguez Salazar, 41 años de edad.
Julio
Cesar Urbina Vargas, 48 años de edad.
Gustavo
Adolfo Marín Guzmán, 23 años de edad.
Julio
Morales Carache, 41 años de edad.
Iván
Alfonso Molina Mercado, 21 años de edad.
Luis
Martínez Mercado, 42 años de edad.
Diego
Carrillo Cruz, 45 años de edad.
Armando
Mercado Muñoz, 20 años de edad
Armando
Mercado Mora, 54 años de edad.
Antonio
Pérez Sequeira, 36 años de edad.
José Mercedes Alonso pasos, 36 años de edad.
Juan Alfredo Rojas Silva, 22 años de edad.
Jorge Villalobos Toruño, 42 años de edad.
Exequiel Zaval Jiménez, 49 años de edad.
Roberto José Marenco Ramírez, 18 años de edad.
Modesto Orlando Mayorga Ricera, 47 años de edad.
Ignacio Muños Espinoza, 25 años de edad.
11.
Durante su visita a Nicaragua, la Comisión recibió denuncias sobre
los siguientes presos que desaparecieron en La Pólvora en el mes de julio de
1979, y que se presumen fueron ejecutados:
José Antonio Arroliga Rios, 16 años de edad.
Víctor Manuel Murillo Hurtado, 24 años de edad.
José Octavio Vásquez Miranda, 37 años de edad.
José Vicente López Morales, 22 años de edad.
Juan
Francisco Mayorga Rivas, 45 años de edad.
William
José Vargas Alaniz, 21 años de edad.
12.
Posteriormente, el Gobierno de Nicaragua informó a la Comisión que la
Corte Suprema de Justicia, mediante oficio de 18 de mayo de 1981, ordenó al
juzgado Instructor que continuara con este proceso e informara a ese alto
tribunal sobre los resultados. La
Comisión, hasta ahora, no ha recibido esa información.
C.
Otras Denuncias Sobre
Ejecuciones Ilegales
1.
La CIDH ha recibido denuncias de las cuales se alegan ejecuciones a
través de todo el territorio de Nicaragua.
Las supuestas ejecuciones ocurrieron especialmente durante el mes de
julio de 1979, aunque hay algunos casos de ejecuciones posteriores. A título de ejemplo se citan las siguientes denuncias:
En
León:
Caso
7735:
Juan José Vallejos Jarquín:
De
22 años de edad, soltero, vendedor y del domicilio de León.
Fue capturado en el barrio del Coyolar en León, el día viernes 20 de
julio de 1979, siendo conducido al comando de la Provincia de esa ciudad y
posteriormente remitido al Pochote, cuyo responsable era un miliciano de seudónimo
“Eliseo” habían dicho que estaba en la Isla el Cardón en Corinto, pero
presuntamente fue ajusticiado el día 23 de julio de 1979 por los milicianos
llamados “Alesio” y “Bill”, siendo sepulatado supuestamente en la cárcel
El Pochote.
En
Rama:
Caso
7735:
Miguel Angel Guevara Aleman:
De
22 años, soltero, agricultor y del domicilio de Managua.
Capturado el 28 de julio de 1979 en el Rama por el compañero “Andrés”,
también se llevaron a sus dos hermanos y desde entonces no aparece en ninguna
cárcel, se supone que está muerto. Un
señor llamado Domingo que vive cerca de donde lo mataron le dijo a su mamá
que los había ajusticiado a los tres y que el (Domingo) los había enterrado,
que enseñaba el lugar solamente que ella llevara una orden para exhumar los
cadáveres. Parece que fueron
sepultados en el puente El Guarumo carretera al Rama.
En
Estelí:
Caso
7735:
Mauricio Ramón Escorcia Posso:
De
19 años de edad, estudiante del 4º año de Bachillerato de la Academia
Militar de Nicaragua. Mauricio fue entregado por Monseñor Barni, representante de
la Cruz Roja de Matagalpa, en esos momentos a la Cruz Roja de Estelí, cuyo
responsable es el Doctor Orlando Moncada Z., en la lista del mes que se
presentó a esa fecha, 19 de julio de 1979, aparece el nombre de Mauricio
junto con el de otros refugiados. Los
milicianos los llegaron a sacar y estuvo como prisionero en el Colegio Nuestra
Señora del Rosario, y la Iglesia del Calvario de Estelí, cuando yo me hice
presente me dijeron que no se encontraba ahí, pero puede obtener noticias de
un reo y me dijo que a Mauricio lo habían sacado una noche con otro grupo con
el fin de matarlos. Los
responsables que estaban en ese Comando eran: Germán, Francisco Rivera,
Dumas, José María, y Claudio, éste último es el señalado que lo llegó a
sacar, en esos días me decían que si Mauricio no aparecía ahí que le rezara
un “Padrenuestro”, porque andaba volando se
reían sarcásticamente y todo era imposible que me dieran razón de él,
hasta hoy día que son 15 meses de angustia que tengo sin saber que hicieron
con Mauricio.
Caso
7321: Roberto
José Gutiérrez Guevara:
Ex-raso
de la Guardia Nacional. Roberto
fue capturado el 24 de julio de año pasado en la ciudad de San Isidro
departamento de Matagalpa y conducido a uno de los comandos de esa localidad,
siendo el responsable el compañero “Rito”.
Posteriormente fue conducido al comando de la Iglesia Bautista en la
ciudad de Estelí. Un reo de este
comando me comunicó que Roberto había sido salvajemente torturado y que una
noche lo habían sacado para “investigarlo” y que ya no volvió a la cárcel.
Desde entonces no volvimos a saber nada de él.
Realizando
gestiones, me presenté al Palacio de Revolución, en la oficina de Denuncias
y Quejas, adscrita al Ministerio del Interior a denunciar el caso de Roberto.
En el Ministerio del Interior, una señora que labora en esa institución
me comunicó que a Roberto lo habían ajusticiado y que le habían cortado la
cabeza.
En
sébaco:
Caso
7317:
Juan Castrillo Dávila:
De
22 años de edad, obrero. Fue
conducido al Comando de Sébaco el 19 de julio de 1979, pues el compañero
Antonio Soza lo había mandado a traer. Hay
que anotar que una hermana y un hermano fueron hechos prisioneros por querer
saber su paradero.
En
la fiscalía General del Ejército Popular Sandinista el compañero “Noel”
informó que lo habían fusilado, pero sin decir nada al respecto de donde se
encontraba el cadáver.
En
Yalaguina:
Somoto:
Caso
7061:
Antonio Cruz Vallecillo:
De
60 años de edad, campesino y del domicilio de yalaguina.
Fue llevado al Comando de Palacaguina por el miliciano Rafael Molina
Benavidez, y entregado al responsible de seudónimo “Efraín”.
Al siguiente día de su detención se llegó a preguntarle a “Efraín”
por Antonio contestando que lo habían trasladado a Somoto, inmediatamente nos
trasladamos al comando de esa ciudad y el responsible me aseguró que ahí no
había llegado ningún preso de Palacaguina, que le llevara constancia de
detención. Llegué a
Palacaguina, cuatro días después, lo buscaron en los archivos y me dijeron
que ahí no estaba. Desde
entonces he buscado a Antonio en todas las cárceles del país
infructuosamente.
Tengo
fuerte sospechas que lo mataron porque un combatiente que llegó en el mes de
agosto a dar prácticas a los milicianos de Yalaguina, le dijo a su esposa
“A Antonio Cruz lo mandaron a Panamá”
y cuando se da esa expresión significa que ya lo mataron.
En
Matagalpa:
Caso
7242:
Uriel Martínez González:
Mayor
de edad, casado ex-cobrador de la alcaldía de Matagalpa.
Se
entregó el día 9 de agosto de 1979 al comando central “Lupe
Moreno” de Matagalpa, donde estuvo 20 días y salió libre después de
comprobársele su inocencia y dándosele el salvoconducto.
El
día 2 de octubre, llegaron dos miembros del Ejército Popular Sandinista a su
casa, que estaba de servicio en “El
Complejo”, a capturarlo de nuevo aunque fue dejado libre pero con la condición
de que se entregara al día siguiente. Enseño
su orden de libertad que se le había dado anteriormente, pero respondieron
que eso no valía.
El
4 de octubre de 1979 a las 8 a.m., se entregó al “complejo”;
fue acompañado de su esposa, entregándose a la compañera “Charol”,
siendo conducido al comando Totolate, donde estuvo hasta el 15 de octubre,
llevado a rumbo desconocido; desde esa fecha se desconoce su paradero.
En
Chinandega:
Caso
7319:
Juan José Mungia Medina:
El
señor Juan José Mungia Medina fue capturado el 24 de julio de 1979, en la
ciudad de Chinandega y conducido al Comando situado en el Hotel Cosiguina,
siendo responsible el compañero Hernán y su asistente la compañera
Carolina. Permaneció 5 días en
el comando, después fue sacado para ser llevado con rumbo desconocido.
En
Masatepe:
Caso
7243:
Rufino Marcial Jarquin Lovo:
Rufino
Marcial Jarquín Lovo, mayor de edad y ex-raso de la Guardia Nacional, fue
capturado el 16 de agosto en el poblado de San José de Monte Redondo, Depto.
De Masatepe y conducido al comando de esa localidad, remitido luego al comando
de Masava sin que sus familiares pudieran obtener información de su paradero
en dicho comando. Haciendo una nueva reclamación en el comando de Masatepe,
dijeron que se encontraba en la Cárcel Modelo de Managua, siendo todo lo
informado anteriormente falso ya que, según declaraciones del compañero
Manuel, miembro del Ejército Popular Sandinista de servicio en el mismo
comando, había sido ajusticiado y que en dicha actividad había participado
además de él, varios milicianos más del citado comando de Masatepe encontrándose
supuestamente su cadáver cerca de la oficina de Sanidad de esa localidad.
La Fiscalía del Ejército tiene conocimiento del caso sin pronunciarse
hasta el momento sobre los hechos. No
se ha logrado la exhumación de su cadáver.
En
Masaya:
Caso
7329:
Manuel Montenegro Salazar:
El
señor Manuel Montenegro Salazar, fue detenido el 18 de agosto de 1979, en el
comando del Club Social de Masaya cuyo responsable era el compañero Alvaro
González (Antollín), el cual dijo que el señor Montenegro había sido
ajusticiado.
Señalan
como sospechoso del hecho a Narciso Calero (Bosuergues) ya que al momento de
su captura Narciso Calero le dijo al señor Montenegro que “se las debía y
que se las iba a pagar”.
En
Nueva Guinea:
Caso
7323:
Zacarías Montoya Ponce:
El
día 20 de julio de 1979 se entregó en Nueva Guinea, Departamento de Zelaya,
Zacarías-Montoya-Ponce, de 27 años de edad, casado, quien era obligado a
ejercer vigilancia por la Guardia Nacional.
Con posterioridad dijeron haberlo trasladado a Tipitapa, luego que se
encontraba en la cárcel Modelo; pero todo lo anterior es mentira, pues hasta
el momento sus familiares no saben nada de su paradero; aunque vecinos del
lugar dijeron había sido sacado de Nueva Guinea junto con 20 prisioneros más
para ajusticiarlos. Supuestamente
el responsable de este acto es Remigio Estrada, responsable del Comando de
Nueva Guinea. Actualmente sus
familiares están siendo violentados en el sentido de que el Instituto de
Reforma Agraria quiere confiscarles sus propiedades.
2.
Pruebas convincentes han sido presentadas a la CIDH en el sentido de
que algunas ejecuciones fueron llevadas a cabo en varias partes de Nicaragua
durante el período inmediatamente posterior a la caída del Gobierno del
General Somoza. Sin embargo, no existe una información tan detallada para
otro lugar que no sea la ciudad de Granada.
3.
Durante la visita de la CIDH a Nicaragua, la Comisión también recibió
pruebas de que había ocurrido ejecuciones sumarias en los primeros días del
Gobierno. El Comandante Borge,
Ministro del Interior reconoció durante su reunión con la Comisión de que
algunas ejecuciones habían efectivamente ocurrido al señalar que:
La
revolución históricamente tomó la decisión de no fusilar a nadie,
inclusive fueron orientaciones que tomamos durante la guerra.
Hay constancia de ello. Yo
recuerdo cuando fui torturado brutalmente, golpeado, yo les decía: Cuando
estemos en el poder nuestra venganza será perdonarles la vida.
Supongamos, señor Presidente, que a usted le matan a su esposa, a su
hermana y a su hijo; puede que los dirigentes tengan la estatura moral para
perdonar esto, pero no la inmensa masa de población que sufrió todo el
horror de la dictadura. La reacción
natural sería fusilarlos a todos una vez triunfara la revolución; sin
embargo fue una insignificante minoría la que fue ajusticiada.
Cuando llegué al Ministerio me dieron dos millones de córdobas y yo
empecé a entregarlos sin pedir siquiera recibo, no sé donde están ahora.
Nosotros castigamos a un montón de gente.
Expulsamos a un combatiente, que le encontré cometiendo abusos,
mandamos a la cárcel a los compañeros que estaban cometiendo abusos.
No existía el menor control sobre nada en los primeros meses de la
revolución. Cuando fundamos el
Ministerio no habían jueces, no habían tribunales, no había Corte Suprema
de Justicia; lo único que pudimos hacer fue evitar que fusilaran a la gente
que estaba en la Cruz Roja. Le
hemos pedido auxilio a la Iglesia para el control de esas masas enfurecidas,
le hemos pedido ayuda para mejorar las condiciones de las cárceles; en las cárceles
tenemos serias limitaciones, hacinamientos, fasta de recursos para los
alimentos; este es un país que quedó arrasado, en escombros, no hay que
olvidarse de ello.
4.
Durante su reunión con los miembros de la Junta, la Comisión volvió
a expresar su preocupación con respecto a las denuncias de ejecuciones de
reos somocistas ocurridas en julio de 1979.
El Dr. Córdova Rivas manifestó que desde el 19 de julio hasta el
final de ese mes, el Gobierno no tuvo un total control de país.
Agregó que hubo casos en los cuales muchas personas tomaron la ley en
sus propias manos y el Gobierno ha reconocido que varios excesos ocurrieron,
los que no trata de justificar. Por
su parte, el Dr. Hassan agregó que muchas personas tomaron venganza por sí
mismos, ya que se sentían heridos y dolidos porque perdieron familiares en la
guerra o fueron asesinados por la guardia somocista y del cual el Gobierno no
podía hacer cargo ni responder porque precisamente se trataba de una venganza
popular.
5.
Durante la reunión de la Comisión con los miembros del Directorio Político
del FSLN, el Comandante Arce hizo la siguiente observación: uno no debe
olvidar que el pueblo nicaragüense vivió bajo una dictadura durante 45 años
y pasó 18 años de lucha armada que costó la vida de más de 100.000
personas. A pesar de este alto costo de vista el Gobierno
Revolucionario ha evitado institucionalizar la pena de muerte y ha evitado el
concepto de venganza eliminado la tortura.
Pero claro que existe problemas. El
FSLN pasó años en las montañas, en la clandestinidad, no había policía.
Hoy existe serios problemas para tratar la delincuencia.
El FSLN enseño a su combatientes como llevar a cabo ataques como
inclusive matar. No pueden ser
resocializados de la noche a la mañana.
Ello explica los excesos iniciales.
6.
En concepto de la Comisión, si bien el Gobierno de Nicaragua tuvo el
claro propósito de respetar la vida de todos los vencidos en la guerra civil,
durante las semanas inmediatamente posteriores al triunfo revolucionario,
cuando el Gobierno no ejercía de una manera efectiva el control del poder público,
tuvieron lugar ejecuciones ilegales que atentan al derecho a la vida, las que
no han sido investigadas ni sancionados sus responsables.
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