CAPITULO VII

 DERECHOS DE REUNION Y ASOCIADION 1/

A.                 Disposiciones Constitucionales y Legales 

Los derechos de reunión y de asociación se encuentran consignados en la Constitución Política de Nicaragua y, por consiguiente, forman parte integrante del derecho interno de ese país.  En efecto, la Carta Fundamental especifica en su Artículo 3 como derechos del ciudadano:  optar a los cargos públicos, reunirse, asociarse y hacer peticiones en la forma que determine la ley.  Asimismo, el Artículo 73 establece en lo referente al derecho de reunión, que dicho derecho “a aire libre” “se regulará por las leyes de policía” agregando que “si la reunión es bajo techo, pacífica y sin armas, no requiere permiso”. 

En lo referente al derecho de asociación, el texto constitucional prescribe en el Artículo 70 que “pueden establecerse uniones o asociaciones para cualquier objeto lícito; pero corresponde al Estado autorizar los organismos corporativos, morales, culturales, económicos, científicos y técnicos”.  Cabe señalar, además, que la propia legislación nicaragüense sanciona la comisión de actos contra los derechos mencionados.2/ 

La Constitución Política de Nicaragua en el caso de los derechos y libertades señaladas, es desarrollada por el ordenamiento jurídico secundario.  En aspecto específicos como lo es el campo político, la Ley Electoral reafirma la obligación del Estado de garantizar el derecho de reunión bajo techo y el de manifestarse públicamente. 3/ 

Por su parte, sobre la base del Artículo constitucional 70 antes citado, la legislación secundaria respectiva reglamenta el derecho de asociación para fines lícitos, correspondiéndole al Estado otorgar la autorización para el funcionamiento de las entidades que se organicen en distintas materias del quehacer colectivo, tales como las Cámaras de Comercio, sindicatos de Trabajadores y Patronos, instituciones culturales y de promoción y desarrollo industrial y económico, etc.

B.          La Asociación Sindical 

El Artículo 188 del Código de Trabajo reconoce el derecho de asociación en sindicatos o cooperativas, pudiendo ser los sindicatos de patronos o de empleados; y de obreros, lo que a su vez se subdividen en sindicatos gremiales, de empresa, industriales, y mixtos o de oficios varios, a tenor del Artículo 190 determina que nadie puede ser obligado a formar parte de un sindicato y que no se podrá exigir a ningún trabajador ni a ninguna persona a que se abstenga de formar parte del sindicato de su elección; y que los trabajadores, según el Artículo 190, procederán con toda libertad en el ejercicio de sus derechos de asociación sindical y en la elección de las juntas directivas de los sindicatos a que pertenezcan, siendo punible toda ingerencia, prohibición o coacción de los patronos o de sus representantes a ese respecto.  Al fin de que se desenvuelvan en la mayor forma con el carácter permanente que acreditan, los sindicatos que han sido registrados legalmente gozan de personalidad jurídica, con la capacidad y facultades correspondientes. 4/ 

Sin embargo, en le hecho, el Ministerio del Trabajo ha negado la personería jurídica a diversos sindicatos que la han solicitado.  Entre los casos denunciados a la Comisión Especial en ese sentido pueden citarse los siguientes:  industria del Tabaco de Estelí, Sindicato de Trabajadores Campesinos de Villa Salvadorita, Sindicato de Trabajadores del Hospital Somoza de Ocotal, a las Seccionales de los Sindicatos de Salud de Managua que son del Hospital Oriental, Occidental, Buena Esperanza, Fernando Vélez Páiz y Clínica Roberto Clemente, que son centros afiliados a la Federación de Trabajadores de la Salud. 

Por otra parte, disposiciones legales especiales han impedido la libre sindicalización de los trabajadores de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR) de la Empresa Nacional de Luz y Fuerza (ENALUF), de la Empresa Aguadora de Managua, de Ferrocarril del Pacífico de Nicaragua, del Departamento Nacional de Alcantarillado, así como a todos los trabajadores del servicio público. 

Además de ello, como consecuencia del régimen de emergencia que vive Nicaragua, el derecho de asociación sindical se encuentra severamente restringido ya que un buen número de dirigentes sindicales han sido perseguidos e incluso encarcelados.  Tampoco en la actualidad se cumple el fuero sindical ni los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo como el 87 y 98 sobre libertad sindical y contratación colectiva.

C.                 La Asociación Política

El derecho de asociación política, si bien se encuentra reconocido constitucionalmente, el mismo Texto Fundamental se encarga de restringirlo, en detrimento del pluralismo político e ideológico universalmente consagrado.  La Constitución de 1974, en su Artículo 316, circunscribe en el hecho el ejercicio de la acción política únicamente a los dos partidos tradicionales existentes, haciendo la distinción entre partido de mayoría y partido que en los comicios haya ocupado el segundo lugar.  De acuerdo con esa misma disposición, el Tribunal Supremo Electoral se integra con tres magistrados del Partido de mayoría –que es el partido gubernamental—y dos del Partido que obtuviese el segundo lugar en las últimas elecciones de Autoridades Supremas.  Asimismo, de conformidad con otras disposiciones constitucionales, en el engranaje político, administrativo y judiciales sólo se le da participación, además del Partido gubernamental llamado de mayoría, al que haya ocupado en las elecciones el segundo lugar. 5/ 

La Ley Electoral, en su Artículo 9, reitera aquel monopolio político al consignar que “son Partidos Políticos las agrupaciones de ciudadanos que en la elección inmediata anterior de Autoridades Supremas o Municipales hayan obtenido el primero y el segundo lugar en número de votos en toda el país”.  Si bien en la legislación electoral se establece que es “derecho de los ciudadanos organizar partidos políticos o formar parte de ellos”, en la misma legislación electoral, se establecen dificultades legales para la creación y reconocimiento de nuevas instituciones de esta naturaleza, y con apoyo en una disposición constitucional –el Artículo 74—“se prohibe la formación y actividades del partido comunista y de los que sustenten ideologías similares, lo mismo que de cualquier otro partido de organización internacional”. 

Esta situación que obstaculiza el derecho de asociación política, ha impedido que nuevas agrupaciones pueden obtener su reconocimiento legal y, por supuesto, hace más inoperante e inadecuado el sistema electoral del país.  El derecho del sufragio no ha podido ser ejercido porque el pueblo desconfía de los sistemas actuales electorales.  En efecto, según algunas denuncias, el sistema de la inscripción ha conducido a fraudes, sin que existan controles efectivos para evitar tales maniobras fraudulentas y en general el sistema jurídico electoral es deficiente.  Por supuesto, aún en el caso de que se corrigiesen todas estas deficiencias del sistema electoral, dicho proceso sería inefectivo, a menos que se estableciesen y respetaran las correspondientes garantías al derecho a la vida, a la integridad persona, al debido proceso y a otros derechos fundamentales.

D.                 Los derechos de reunión y asociación durante el régimen de emergencia actualmente vigente 

Lo que resulta evidente es que si el derecho de reunión y de asociación consagrados en la legislación nicaragüense se ven frecuentemente obstaculizados en la práctica, esta circunstancia se acentúa, desnaturalizándolos y hasta aniquilándolos, con el prolongado período de Estado de Sitio que se configura con la suspensión de las garantías constitucionales y el implantamiento de la Ley Marcial, por cuanto con estas medidas, tales derechos no tienen ninguna vigencia al suspenderse en su totalidad las referidas garantías constitucionales.  Así ha sucedido con el Derecho de 13 de septiembre de 1978.  Con el Derecho de 13 de octubre del mismo año, que prolonga ese estado de anormalidad jurídica hasta el 30 de abril de 1979, específicamente se indica que se suspenden en todo el territorio nacional as garantías constitucionales establecidas, entre otros, por los Artículos 39, 73 y 75 de la Constitución Política, relativos a la libertad individual; el derecho de reunión al aire libre y el de manifestación; y el de dirigir peticiones y reclamaciones al Poder Público con la obligación de la autoridad de comunicar lo resuelto.  Con la casi permanente suspensión de la norma constitucional aludida, la de hacer peticiones y reclamaciones, se imposibilita todo derecho a pedir justicia en lo que respecta a las arbitrariedades cometidas en relación con los derecho de reunión y asociación, y se impide el ejercicio de los derechos que corresponden al ciudadano de acuerdo a la Ley de Amparo y el ejercicio del Recurso de Habeas Corpus que también se encuentra en suspenso por el decreto de referencia. 6/ 

Al amparo de las facultades discrecionales que otorga la suspensión de garantías constitucionales y la vigencia de la Ley Marcial, las que crean un clima de intimidación y terror colectivos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pudo constatar en su reciente visita de investigación en Nicaragua, la sistematizada ejecución de arbitrariedades en perjuicio directo de los derechos de reunión y de asociación.  Ejemplos de manifestaciones de esas violaciones, algunas de las cuales tuvieron lugar días antes del Decreto de 13 de septiembre que decretó la suspensión de las garantías constitucionales, son las siguientes: 

a)                 No se permite el derecho de reunión al aire libre y el de manifestación, ni el de reunión bajo techo, pacífica y sin armas, al argumentarse que en el estado de excepción o emergencia, la respectiva garantía constitucional no se encuentra vigente.

b)                 Por Decreto Legislativo de 29 de agosto de 1978, el gobierno de Nicaragua canceló la personalidad jurídica a la Cámara de Comercio de Nicaragua.7/

c)                 El 31 de agosto de 1978, el Instituto Nicaragüense de Desarrollo (INDE), recibió una comunicación del Ministro de Gobernación, conteniendo el Decreto No. 163 por el cual se cancela la aprobación de sus Estatutos, y 3 días después, el Congreso Nacional aprobó la anulación de la personalidad jurídica de dicha entidad, expresándose como causa de justificación de dicho Decreto, que el INDE “ha incurrido en flagrante desviación del objeto o fines para que fue fundado al intervenir en política partidista, fomentado situaciones de intranquilidad en la Nación”. 

El contenido del presente informe, en la parte pertinente, es un testimonio claro de la situación en que se encuentran actualmente en Nicaragua el derecho de reunión y el derecho de asociación.  La acción arbitraria del Gobierno en relación con estos dos derechos de honda raigrambre en la dignidad del ser humano, se ha dirigido contra los distintos sectores que conforman la sociedad nicaragüense, y como queda expresando, ha incidido de manera especial contra agrupaciones de distinto naturaleza –políticas, laborales y de la empresa privada—otorgando caracteres dramáticos a la convivencia pacífica del pueblo de este país, a la observancia de los derechos humanos y al imperio del Estado de Derecho.