EL DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA
Y DISCRIMINACIÓN EN HAITÍ

 

 

I.         CONTEXTO SOCIO-POLÍTICO EN HAITÍ Y SU IMPACTO EN LAS MUJERES

 

24.      Como la CIDH ha señalado con anterioridad, la naturaleza del entorno social, político y económico de Haití históricamente ha tenido un impacto en el pleno goce de los derechos fundamentales de todos los haitianos, incluyendo las mujeres haitianas.[18]  La historia de Haití se ha caracterizado por una pobreza arraigada, inestabilidad política y violencia, lo cual ha tenido consecuencias devastadoras en el desarrollo social, político y económico del país.  En su informe de 2005 sobre la administración de justicia en Haití, la CIDH señaló que éste es uno de los países más turbulentos del mundo.[19] Históricamente, Haití se ha caracterizado por contar con una serie de gobiernos débiles y a menudo corruptos, la recurrente toma y mantenimiento del poder mediante la violencia y la represión política, la falta de desarrollo de la infraestructura de los gobiernos nacionales y locales, un débil Estado de Derecho y una estructura económica frágil.[20]  La CIDH también ha señalado que el pueblo haitiano ha sufrido el peor nivel de vida del Hemisferio y ha sido privado sistemáticamente de la satisfacción de sus necesidades básicas de nutrición, atención médica, vivienda, empleo y educación.[21]

 

25.      Además, la CIDH ha observado en varias partes de la capital y del resto del territorio nacional la ausencia casi total del Estado respecto de autoridades civiles, agentes de policía, tribunales, escuelas e instalaciones médicas.[22]   En consecuencia, el Estado no ha sido capaz de proteger la vida y la integridad física de sus habitantes, lo cual contribuye a un aumento de la delincuencia, la proliferación de bandas armadas, el tráfico de drogas y armas y la corrupción de instituciones estatales importantes tales como la policía y el sistema jurídico.[23]   Las principales consecuencias son un notable aumento de la violencia en el país, abusos cada vez más atroces y que ponen en riesgo la vida de las personas, acompañados de mutilaciones físicas y secuestro de víctimas, y una generalizada, extendida y arraigada impunidad ante violaciones de derechos humanos y otros delitos.[24]

 

26.      Durante el período cubierto en este informe (2004-2006) Haití experimentó una etapa caracterizada por la inestabilidad política, marcada por un creciente descontento y actos de violencia cometidos por grupos armados, todo lo cual provocó la salida forzada del Presidente Jean-Bertrand Aristide en febrero de 2004.  Este suceso fue seguido por un gobierno de transición de dos años y la subsiguiente organización de las elecciones presidenciales y legislativas en 2006.  Este período de transición se caracterizó principalmente por una mayor inseguridad y frecuentes actos de violencia perpetrados por pandillas armadas, la falta de efectivo control de determinados sectores de la capital por parte de la policía haitiana y fuerzas internacionales y, por último, la falta de recursos adecuados y capacidad institucional para operar en forma adecuada, en especial fallas endémicas en la administración de justicia.  Durante este período, la CIDH documentó varios casos de secuestros, asesinatos, violaciones y actos de intimidación perpetrados por bandas armadas. También fueron frecuentes los enfrentamientos armados entre pandillas rivales o entre elementos de seguridad y presuntos delincuentes.[25]

 

27.      Poco a poco, los actos de violencia se convirtieron en un hecho cotidiano al tiempo que adquirieron un carácter más inhumano y se vieron acompañados por abusos físicos y sexuales contra mujeres y niñas, el secuestro de niños, el tratamiento cruel o la tortura de víctimas y el reclutamiento forzado de niños en las pandillas armadas.[26]    Esta situación ha afectado la vida diaria de los haitianos, e incluso se ha llegado a paralizar la actividad económica.  En este sentido, empresas y escuelas se vieron obligadas a cerrar sus puertas en el centro de Port-au-Prince cuando aumentaron los secuestros.[27]   Por otro lado, en las áreas denominadas como “zones de non-droit” (zonas que están bajo el control de pandillas armadas y en donde no hay una presencia efectiva del Estado) muchas instituciones públicas y privadas se vieron obligadas a suspender sus actividades.  Al mismo tiempo, las víctimas se enfrentaron a diversos problemas para acudir a centros hospitalarios, por lo cual sus vidas corrían peligro.

 

28.      Desde que el Presidente René Préval tomó posesión de su cargo en 2006, el gobierno ha elaborado planes para el desarrollo, reforma y fortalecimiento de las instituciones.  Cabe agregar que desde principios de 2007, han disminuido los casos de secuestros, asesinatos y agresiones sexuales y la violencia por parte de las bandas, y las fuerzas de seguridad internacional y de Haití han arrestado a un buen número de presuntos delincuentes y, al parecer, han recuperado el control de Port-au-Prince. A pesar de un presupuesto limitado y escasos recursos, durante el año 2007 el Poder Judicial reanudó esfuerzos en aras de llevar a cabo más juicios penales, lo que ha dado lugar a varios enjuiciamientos y condenas.  Sin embargo, el número de casos de violencia contra las mujeres llevados a juicio y que han culminado con una sentencia condenatoria sigue siendo considerablemente bajo, lo que ha significado que en el año 2007, sólo en pocos casos se realizaron acusaciones penales.[28]

 

29.      En los últimos años, la CIDH ha documentado condiciones de extrema pobreza, altos niveles de analfabetismo y una desnutrición grave y generalizada que han impedido al pueblo haitiano ejercer plenamente sus derechos económicos, sociales y culturales.  El acceso limitado a la educación pública y a las oportunidades de empleo han distinguido por muchos años el entorno social y económico de Haití, lo cual ha contribuido a perpetuar las precarias condiciones de vida de la población.  La mayoría de la población no tiene acceso a los servicios sociales básicos como la atención pública de la salud, vivienda, educación y oportunidades económicas.  Se estima que el 80% de la población vive por debajo del nivel de pobreza (con menos de 1,00 dólar americano al día) y más de dos tercios de la población económicamente activa trabajan en el sector informal de la economía.

 

30.      La CIDH ha recibido cifras correspondientes al año 2007 que indican que el acceso a los servicios de atención básica como la salud, la vivienda, la alimentación y el agua potable continúan siendo una preocupación de prioridad.  Según la Organización Panamericana de la Salud, Haití tiene “el índice de mortalidad materno-infantil más alto, el peor grado de desnutrición y la peor situación en relación con el SIDA en la región de las Américas”.[29]

 

31.      En la esfera de la salud, la Organización Mundial de la Salud ha señalado a Haití como el país con peores indicadores de salud en las Américas.[30]  Asimismo, la tasa de infección de VIH es la más alta de América Latina y la tasa de infección de las mujeres es superior a la de los hombres (4,1 contra 3,5).[31]  El 40% de la población no tiene acceso a la atención básica de la salud y más de la mitad de sus habitantes no tiene acceso a medicinas.  Casi la mitad de los servicios de salud haitianos se concentran en la capital, razón por la cual la mayoría de la población rural se ve obligada a depender de la medicina tradicional.[32]  Por ejemplo, hay un promedio de 2,5 médicos por cada 10.000 habitantes y un cuarto de los niños padecen de malnutrición crónica.  La tasa de mortalidad infantil es de 80 por cada 1000 nacimientos. De acuerdo con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (en adelante "UNFPA"), la tasa de mortalidad infantil registra 57 por cada 1.000 nacimientos vivos.[33]  La expectativa de vida se calcula en 52 años para hombres y 53 para mujeres.[34]  Asimismo, la deficiente calidad de los servicios de salud y de las condiciones de trabajo ha sido señalada en reiteradas oportunidades por el personal del Hospital General de Port-au-Prince, que ha organizado numerosas huelgas para alertar a las autoridades sobre estos problemas. Estas huelgas han amenazado aún más la vida de quienes son atendidos en dicho hospital.

 

32.      La combinación de los factores de violencia y pobreza extrema en el entorno urbano limita aún más el acceso a los servicios médicos en Port-au-Prince.[35]   Por ejemplo, durante el año 2005, la organización Médicos sin Fronteras brindó asistencia médica de emergencia a más de 7.000 personas, de las cuales cerca de 2.500 habían sido víctimas directas de violencia.[36]   La falta de proximidad y accesibilidad de las instalaciones de salud pública aumenta notablemente el riesgo de pérdida de vidas en el contexto de la violencia armada.  En términos generales, existen varios factores que han contribuido a ocasionar una situación humanitaria crítica en Haití, tales como el aumento a gran escala de delitos violentos, la incapacidad del Estado para responder adecuadamente y de manera rápida y eficaz frente a estos actos, y la falta de acceso de la población a servicios básicos.  Esta situación ha traido como consecuencia que se registrara un número sin precedentes de muertes por actos de violencia armada y que se establecieran nuevas instalaciones para proporcionar servicios médicos y psico-sociales a las víctimas de violencia en las comunidades afectadas.[37]

 

33.      Las características políticas, económicas y sociales del contexto haitiano tienen un impacto negativo en el ejercicio de los derechos de las mujeres. Si bien los aspectos generales de la situación de Haití afectan a la mayoría de sus habitantes, la información recogida demuestra que las mujeres haitianas enfrentan obstáculos adicionales que les impiden el pleno ejercicio de sus derechos básicos debido a las creencias sociales predominantes de que las mujeres son inferiores a los hombres y a un patrón histórico de discriminación contra ellas por su sexo.  La Comisión observa con preocupación que las mujeres haitianas todavía sufren la carga de las desigualdades en la protección de sus derechos civiles, políticos, económicos y sociales, incluida una mayor exposición a la violación de sus derechos humanos y a actos de discriminación, la ausencia de sus necesidades específicas en la agenda pública, pocas oportunidades de contribuir y participar en el desarrollo económico y social de sus sociedades, altos niveles de pobreza y la prevalencia de actos brutales de violencia. 
 

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