COMUNICADO DE PRENSA

Nº 10/94

          La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos ha considerado en el curso de su 85º período de sesiones (del 31 de enero al 11 de febrero de 1994) la situación de los derechos humanos en Haití y ha decidido efectuar una visita in loco a ese país.

          El objeto de dicha visita es el de continuar observando la situación de los derechos humanos en Haití y de evaluar el ejercicio del respeto de estos derechos de conformidad con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la cual Haití es Estado parte, y formular las recomendaciones que la Comisión estime pertinentes.

          La Comisión realizará dicha visita entre el 16 y el 20 de mayo de 1994.  La Delegación especial de la CIDH estará integrada por las siguientes personas:  Dr. Patrick Robinson, Prof. Claudio Grossman y el Embajador John Donaldson, Miembros de la Comisión.  La Delegación contará con la asistencia de la Dra. Edith Márquez Rodríguez, Secretaria Ejecutiva de la CIDH, la Dra. Bertha Santoscoy-Noro, Especialista en derechos humanos (quien se encuentra en haití), las Dras. Relinda Eddie e Isabel Ricupero, el Sr. Serge Bellegarde, de la unidad de servicios de idiomas, y la Sra. Ana Cecilia Adriazola, secretaria de la CIDH.

          En el transcurso de su misión, la Delegación espera entrevistarse con representantes de todos los sectores de la sociedad de Haití y obtener información de ellos, para tener un mejor conocimiento de la realidad de los derechos humanos en Haití.

          La Comisión se alojará en el Hotel Villa Creole y estará a la disposición de todos aquéllos que deseen presentar denuncias individuales de violaciones de derechos humanos, el miércoles 18 de mayo, de 2:00 a 4:00 de la tarde.

          Al concluir su visita, la Comisión celebrará una conferencia de prensa en el Hotel Holiday Inn, el 20 de mayo a las 10:00 de la mañana.

Puerto Príncipe, 11 de mayo de 1994

COMUNICADO DE PRENSA

Nº 11/94

          La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante el agravamiento de la situación de los derechos humanos en Haití, decidió durante su 84º período de sesiones celebrado en febrero de 1994, efectuar una visita in loco a este país.  La visita de observación tuvo lugar entre el 16 y el 20 de mayo.

          La Delegación estuvo integrada por las siguientes personas:  Dr. Patrick Robinson, Emb. John Donaldson y Prof. Claudio Grossman Miembros de la Comisión.  La Delegación fue asistida por la Dra. Edith Márquez Rodríguez, Secretaria Ejecutiva de la CIDH, las Dras. Bertha Santoscoy, Relinda Eddie e Isabel Ricupero, abogadas de la Comisión; el Sr. Serge Bellegarde, Intérprete de la OEA y la Sra. Ana Cecilia Adriazola, secretaria de la Delegación.

          Hoy concluye la visita de la Delegación especial de la CIDH, realizada dentro del marco de su competencia establecida en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la cual Haití es Estado parte.

          Durante su permanencia en Haití la Delegación se reunió con el Primer Ministro Sr. Robert Malval y con los Ministros Victor Benoit, Rosemont Pradel, Louis Dejoie II, Berthony Berry; con el Embajador Colin Granderson, director de la Misión Civil OEA-ONU y el Sr. Tiebile Dramé miembro de la misma; con el Nuncio Apostólico, Monseñor Lorenzo Baldisseri; con el Presidente de la Cámara de Diputados, Sr. Frantz Robert Mondé y con el Presidente de la Cámara de Senadores, Sr. Firmin Jean Louis.  La Delegación solicitó además reunirse con el Jefe de las Fuerzas Armadas de Haití, General Raoul Cédras y los miembros del Estado Mayor, así como con el Jefe de la Policía, Lt. Coronel Michel François, pero no hubo respuesta a dicha solicitud.

          Asimismo, la Delegación se entrevistó con el coordinador de la antigua Comisión Presidencial, Padre Antoine Adrien; con los representantes de organismos no gubernamentales:  organizaciones populares de base, grupos de derechos humanos, y con los líderes de varios partidos políticos, con la finalidad de informarse sobre la situación de los derechos humanos en el país.  Igualmente, se entrevistó con representantes de la prensa escrita y oral de quienes recibió testimonios sobre el estado de la libertad de expresión en Haití.  La Delegación de la CIDH se reunió también con representantes del sector industrial y de las Iglesias.

          La Delegación no pudo visitar, por falta de autorización, el Centro Penitenciario, en Puerto Príncipe, lo que le impidió informarse en forma directa sobre la situación de las cárceles y el estado de los procesos judiciales de los prisioneros.

          Durante su estadía la Delegación de la CIDH obtuvo abundante información   y escuchó en repetidas ocasiones los testimonios de víctimas de violaciones de derechos humanos.

          La Delegación pudo comprobar el grave deterioro de la situación de los derechos humanos en Haití desde su última visita en agosto de 1993.  La Delegación posee detallada y fidedigna información sobre numerosas violaciones al derecho a la vida, ejecuciones y desapariciones ocurridas en los últimos 4 meses.  La Delegación tiene documentación identificando los nombres y circunstancias de 133 casos de ejecuciones extrajudiciales entre febrero y mayo de este año, y más de 210 denuncias sobre crímenes de este tipo.

          Igualmente, la Delegación recibió información de la existencia de cadáveres severamente mutilados en las calles de Puerto Príncipe y comprobó directamente un caso de tal tipo.  Informaciones recibidas por la Delegación indican que el propósito de estos actos es aterrorizar a la población.

          Frente al dramático cuadro de cuerpos humanos comidos por animales, la Delegación valora la iniciativa del Primer Ministro Malval de solicitar apoyo a organismos internacionales para remover los cadáveres, ante la inacción de quienes detentan el poder.

          La Delegación recibió además numerosas denuncias de detenciones arbitrarias, normalmente acompañadas de torturas y severas golpizas, perpetradas por agentes de las Fuerzas Armadas de Haití y por grupos paramilitares, en especial los miembros del llamado "Frente Revolucionario para el Avance y el Progreso Haitiano" (FRAPH), quienes actúan en operaciones coordinadas con las Fuerzas Armadas y la Policía.  La Delegación vio directamente víctimas de tortura y registró las circunstancias en que tuvieron lugar.  Asimismo, obtuvo documentación de 55 casos de secuestros y desapariciones de carácter político durante los meses de febrero y marzo.  Desde entonces 20 individuos han sido liberados y 11 han sido encontrados muertos.  Hasta la fecha no hay información de la suerte de los otros 24 desaparecidos.

          La Delegación recibió serias evidencias de que en Puerto Príncipe, principalmente en los barrios de Cité Soleil, Sarthe, Carrefour y Fonds Tamara grupos paramilitares armados han realizado incursiones durante altas horas de la noche, asesinando y robando a sus habitantes, quienes en su mayoría apoyan el retorno del Presidente Jean-Bertrand Aristide.

          La Delegación recibió denuncias que revelan un incremento en el número y  brutalidad de las violaciones a los derechos humanos en el interior del país, perpetrados por el Ejército, el FRAPH y otros grupos paramilitares que auxilian a los militares (attachés).  También obtuvo testimonios que establecen de manera fehaciente la responsabilidad del ejército en la comisión de las masacres de poblaciones indefensas en Raboteau, Gonaives, Departamento de Artibonite, el 22 de marzo pasado.  En dicho lugar, entre 15 a 20 pobladores fueron ejecutados, sin justificación alguna.  Igualmente, se recibió información que permite concluir que el ejército atacó poblaciones indefensas en los Departamentos del Centro (Saut d'Eau) y Norte (Borgne).

          Dichos ataques revelan características similares:  verdaderas campañas militares, en donde unidades del ejército asistidos por el FRAPH y otros grupos paramilitares, rodean e irrumpen en poblaciones bajo el pretexto de combatir grupos subversivos, golpeando  indiscriminadamente a los habitantes, y cometiendo actos de incendio, destrucción y robo, seguidos de detenciones arbitrarias.

          La Delegación ha observado además que la mayoría de las violaciones presentadas siguen un patrón sistemático de represión revelando un plan político de intimidación y terror contra la población haitiana, en especial en los sectores que apoyaron al Presidente Aristide o que se han manifestado a favor de la democracia en Haití.  De acuerdo con la información recibida, las víctimas son secuestradas, obligándolas a abordar vehículos y conduciéndolas con los ojos vendados a centros de detención clandestinos, donde se les interroga y son torturados.  Algunas de las víctimas han sido liberadas, otras han sucumbido ante las severas golpizas infligidas.

          La Delegación recibió denuncias de violaciones y abusos sexuales cometidas en contra de las esposas y familiares de partidarios del régimen democrático, quienes al no ser localizados por los militares, "attachés", o miembros del FRAPH abusan de las mujeres y niñas que se encuentran presentes.  De esta forma los abusos sexuales son utilizados como un instrumento de represión y persecución política.  A pesar de la resistencia de las víctimas a denunciar estos crímenes, la Delegación recibió pruebas fehacientes de 21 incidentes de violaciones que ocurrieron desde enero a la fecha.  Durante su visita la Delegación se entrevistó directamente con 20 víctimas de esta horrible práctica.  La comunidad internacional ha reconocido reiteradamente el carácter universal de los derechos de la mujer así como el hecho de que las violaciones constituyen uno de los mayores crímenes en su contra.

          Por su gravedad, la Comisión dará especial importancia a las violaciones, en el Informe que presentará a la próxima Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos.

          La Delegación, en cumplimiento de sus funciones bajo la Carta de la OEA y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, observó la situación de otros derechos además de los mencionados anteriormente.

          Con respecto al derecho de reunión, la Delegación ha concluido que el ejercicio de este derecho no existe para aquellos que apoyan el retorno de la democracia.  Cuando grupos de individuos tratan de ejercerlo son detenidos y golpeados brutalmente por militares y agentes de la policía, acusándolos de organizar reuniones en favor del Presidente Jean-Bertrand Aristide.  Un caso reciente fue la detención arbitraria de 20 participantes a una reunión de formación jurídica organizada por la Diócesis de Hinche, Departamento del Centro, el 29 de abril, acusándolos de ser terroristas.

          La Delegación desea expresar su preocupación en relación al ejercicio del derecho a la libertad de expresión.  De acuerdo a la información recibida puede confirmar las limitaciones que sufren los representantes de la prensa y de la radio haitiana.  Estas han conducido a la autocensura de los medios de información, en detrimento del cumplimiento de sus funciones de mantener informado al pueblo haitiano.  La delegación escuchó testimonios sobre actos de intimidación y represión de profesionales que ejercen el periodismo.

          Con respecto al problema de los desplazados (marrons), la Delegación ha constatado que activistas políticos, líderes de comunidades y numerosos opositores de las autoridades de facto, han debido optar por vivir como fugitivos en su propio país, abandonando sus hogares y familias.  La Delegación recibió información convincente de que el número de los desplazados continúa incrementándose en proporciones alarmantes, por lo que la comunidad internacional debe interesarse directamente de su situación.

          La Delegación recibió reclamos de ciudadanos de Haití, repatriados, que han sido objeto de persecuciones y violaciones a su derechos de integridad física y moral.  La Comisión abrirá casos sobre estas quejas.

          Un elemento en común que se desprende de las violaciones denunciadas ante la Delegación, es la total inoperancia del poder judicial o de otros mecanismos para impedir o sancionar la violación de los derechos humanos en Haití, lo que resulta en una completa impunidad de los perpetradores de dichas violaciones.

          La Delegación desea señalar que en función de su carácter de órgano encargado de observar el cumplimiento de los derechos humanos contenidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no puede dejar de hacer referencia a los derechos a la participación política establecidos en su artículo 23.  El intento de instalar un "gobierno" sin votación popular y contraviniendo la Constitución haitiana, es una violación flagrante de los derechos políticos del pueblo haitiano. 

          La Delegación desea dejar constancia de la importancia, seriedad y objetividad, que pudo comprobar a través de sus propias observaciones, del trabajo y los informes de la Misión Civil OEA-ONU.  La Delegación manifiesta su profunda preocupación por los actos de intimidación y agresión de que fueron objeto el 23 de marzo pasado miembros de la Misión en la Región de Hinche (Plateau Central), por parte de numerosos manifestantes dirigidos por miembros del FRAPH.  La Delegación condena la pasividad de las autoridades militares del lugar para poner fin a dichos actos, lo cual nuevamente pone de manifiesto su abierta complicidad con los miembros del FRAPH.

          La Delegación considera que dada la gravedad de la situación que impera en Haití, es necesario ampliar el número de observadores de la Misión Civil OEA/ONU de modo que puedan cubrir el territorio nacional más adecuadamente.

          A modo de conclusión, la Delegación constata que el cuadro general de la situación de los derechos humanos que surge de sus observaciones revela un gravísimo deterioro de los derechos humanos más esenciales en Haití como parte de un plan de intimidación y terror en contra de un pueblo indefenso.  La Delegación responsabiliza por estas violaciones a quienes detentan el poder de facto en Haití. Ellos han incurrido en conductas que permiten la acusación por crímenes internacionales, que generan responsabilidades individuales.

          La Delegación informará sobre los resultados de esta visita a la XXIV Asamblea General Ordinaria de la OEA que tendrá lugar en Belem do Pará, Brasil, el mes de junio próximo.

          La Delegación desea agradecer la cooperación de los diferentes sectores e individuos en Haití que apoyaron su visita.

          La Comisión Interamericana de Derechos Humanos continuará observando la situación de los derechos humanos en Haití, efectuará las visitas que considere necesarias en el ejercicio de sus atribuciones, y mantendrá informada a la Organización de los Estados Americanos y a la Comunidad Internacional.

Puerto Príncipe, 20 de mayo de 1994


COMUNICADO DE PRENSA

Nº 17/94

          La Comisión Interamericana de Derechos Humanos reitera su profunda preocupación ante las flagrantes y sistemáticas violaciones de derechos humanos que ocurren en Haití como resultado del aumento de la represión ejercida por las autoridades que detentan el poder en forma ilegal en ese país.

          La Comisión ha realizado tres visitas in loco y ha presentado a la Asamblea General de la OEA tres Informes Especiales sobre la situación de Derechos Humanos en Haití  desde el derrocamiento del gobierno constitucional del Presidente Jean- Bertrand Aristide, que fue elegido en elecciones supervisadas internacionalmente y confirmadas como libres y justas.  Sobre la base de su constante examen de la situación haitiana, la Comisión ha documentado recientemente, entre el 16 y el 20 de mayo de 1994, un alarmante número de violaciones a los derechos humanos que están directamente relacionadas con el ejercicio ilegal del poder por parte de los militares haitianos y los funcionarios designados por ellos.  Durante su última visita, la Comisión confirmó que la situación en materia de derechos humanos en Haití se había deteriorado seriamente desde su anterior visita realizada en agosto de 1993, y que se había incrementado la brutalidad y el número de las violaciones a los derechos humanos cometidas por los militares, los grupos paramilitares y la policía.  La Comisión también confirmó la total ineficacia del poder judicial y de otros mecanismos para impedir o castigar las violaciones a los derechos humanos en Haití.  Como resultado, los perpetradores de las violaciones actúan con absoluta impunidad.

          La Comisión también ve con especial preocupación el hecho de que la Misión Civil Internacional OEA/ONU haya sido expulsada de Haití el 11 de julio de 1994.  En consecuencia de la situación extremadamente grave que rige en Haití en materia de derechos humanos, la Comisión observa que la seriedad y la objetividad de la labor y los informes presentados por la Misión permitieron proteger algunas personas y que el flujo de información acerca de las violaciones a los derechos humanos que ella logró recopilar y proveer fue importante para la labor de la CIDH.  La expulsión de dicha Misión priva al pueblo haitiano de un testigo de las violaciones, y a las instituciones de derechos humanos de una fuente de datos que resulta indispensable para su tarea.

          Como resultado de los recientes acontecimientos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos considera conveniente realizar una visita a Haití, lo más pronto posible, con la finalidad de observar la situación de los derechos humanos en conformidad con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de explorar métodos para terminar dichas violaciones y desarrollar medios alternativos de información.

Washington, D.C., 27 de julio de 1994

COMUNICADO DE PRENSA

Nº 19/94

          La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha seguido con creciente preocupación el continuo deterioro de la situación de los derechos humanos en Haití.  Las Fuerzas Armadas, en control del país continúan cometiendo asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, violaciones sexuales, detenciones ilegales y todo tipo de actos violentos contra la población indefensa.

          La situación se ha agravado aún más por la expulsión de la Misión Civil OEA/ONU, la cual proveía una constante información a la comunidad internacional y su sola presencia representó en algunas ocasiones un freno a la violencia de los militares.  El asesinato a sangre fría del Padre Jean-Marie Vincent cometido recientemente es sólo el último de una serie de graves violaciones que han sido perpetradas impunemente.

          La Comisión tiene la intención de dedicar una parte de su próxima sesión, en septiembre de 1994, al análisis detallado de la situación de Haití y las medidas que podría tomar para contribuir a aliviar el continuo patrón de violaciones de derechos humanos en ese país.

Washington, D.C., 31 de agosto de 1994


COMUNICADO DE PRENSA

Nº 21/94

          La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos, en el 87º período de sesiones (del 19 al 30 de septiembre de 1994), consideró la situación de los derechos humanos en Haití y decidió aceptar la invitación del Gobierno para efectuar una visita a ese país.

          La Comisión efectuará dicha visita del 24 al 27 de octubre de 1994.  La Delegación especial de la CIDH estará integrada por las siguientes personas:  Prof. Michael Reisman, Presidente de la CIDH; Dr. Patrick Robinson y Prof. Claudio Grossman, Miembros de la Comisión; Dra. Bertha Santoscoy-Noro, especialista en derechos humanos a cargo de Haití, y las Dras. Relinda Eddie, Isabel Ricupero y Meredith Caplan.

          El propósito de la visita es seguir observando la situación de los derechos humanos en Haití y evaluar el ejercicio y el respeto de esos derechos conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la que Haití es parte, y formular las recomendaciones que la Comisión considere necesarias.

          En el transcurso de su misión, la Delegación espera entrevistarse con representantes de todos los sectores sociales haitianos para tener una mayor comprensión de la evolución de la situación de los derechos humanos en Haití.

          La Comisión estará a disposición de todas las personas que deseen presentar denuncias individuales de violación de los derechos humanos, el martes, 25 de octubre, de las 10:00 a.m. a las 12:00 a.m, en el Hotel Villa Creole.

          Al cabo de la visita, la Comisión ofrecerá una conferencia de prensa en el Hotel Holiday Inn, el 27 de octubre a las 9:00 a.m.

Port-au-Prince, 19 de octubre de 1994


COMUNICADO DE PRENSA

Nº 22/94

          En el 87º período de sesiones (del 19 al 30 de septiembre de 1994), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aceptó la invitación del Gobierno constitucional de Haití para efectuar una visita destinada a observar la situación de derechos humanos en el país. La observación in situ fue efectuada entre el 24 y el 27 de octubre de 1994.

          La delegación especial de la Comisión estuvo integrada por el Profesor Michael Reisman, Presidente de la Comisión; el Sr. Patrick Robinson, el Profesor Claudio Grossman, Miembros de la Comisión; la Dra. Bertha Santoscoy-Noro, especialista en derechos humanos a cargo de Haití, y las Dras. Relinda Eddie, Meredith Caplan e Isabel Ricupero, abogadas. El Sr. Serge Bellegarde se desempeñó como traductor. Las Sras. Gloria Hansen y  Cecilia Adriazola prestaron apoyo administrativo y de secretaría.

          La visita de la delegación especial de la CIDH, que concluye hoy, fue realizada en el marco del mandato de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la que Haití es parte.

          En el curso de la visita, la Comisión se reunió con el Presidente de la República, Jean-Bertrand Aristide, a quien expresó la profunda satisfacción de la Comisión por el restablecimiento del régimen democrático en el país. La Comisión reiteró su interés en continuar la cooperación en relación con todos los asuntos que abarca su mandato.

          La Comisión se entrevistó con el Jefe de las Fuerzas Armadas, General Jean Claude Duperval, en relación con los cambios que se están llevando a cabo en ese sector.

          La Comisión se reunió también con el Embajador Colin Granderson, Jefe de la misión de la OEA y la ONU, y el Sr. Tiebile Drome, así como con los representantes diplomáticos de los cinco Países Amigos de Haití: Argentina, Canadá, Estados Unidos, Francia y Venezuela.  Además, la Comisión se reunió con miembros del Parlamento, con el coordinador de la ex Comisión Presidencial, Padre Antoine Adrien, y con el Alcalde de Port-au-Prince, Sr. Evans Paul.

          Asimismo, la Comisión se reunió con representantes de grupos defensores de los derechos humanos, organizaciones comunitarias y dirigentes de los partidos políticos para recabar información sobre la situación de derechos humanos en el país. La Comisión entrevistó a representantes de la prensa oral y escrita, quienes expresaron su opinión sobre la situación de la libertad de prensa en Haití. También se reunió con el representante del Comité Internacional de la Cruz Roja, con representantes sindicales, de la Cámara de Comercio, del sector industrial y de varias organizaciones eclesiásticas.

          La Comisión visitó el Centro Penitenciario Nacional de Port-au-Prince y estuvo en las ciudades de Saint-Marc y Gonaives, donde se reunió con las víctimas de violaciones de los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar. La Comisión visitó las prisiones de ambas localidades, recabó información directa sobre la situación jurídica y las condiciones de higiene y nutrición de los reclusos, así como sobre las condiciones carcelarias en general.

          En el curso de su estadía en Haití, la Comisión recibió información y numerosas denuncias de víctimas de violaciones de los derechos humanos durante el régimen dictatorial.

          A partir del 19 de septiembre de 1994, fecha de arribo de la Fuerza Multinacional, se inició un proceso de cambios fundamentales en Haití. El cambio es especialmente notable en contraste con la situación observada por la Comisión en el curso de su visita anterior, de mayo de este año. El fin del régimen dictatorial y el retorno del presidente constitucional Jean-Bertrand Aristide, son etapas esenciales del proceso encaminado a poner fin al clima general de terror y violación de los derechos humanos que prevalecía en Haití.

          Con el regreso del Presidente se han iniciado otros importantes cambios. En Port-au-Prince y en algunas zonas urbanas importantes, la población tiene ahora libertad para expresar su apoyo al régimen constitucional. Han revivido las libertades de expresión, de prensa y de asociación, tras la represión sistemática de la dictadura. La Comisión ha observado una reanudación de la actividad política en muchas zonas del país.

          Pese a los importantes progresos registrados, subsisten graves problemas heredados de la dictadura militar.

          Una de las tareas más difíciles de la transición a una sociedad civil con cultura constitucional es el desarme de los grupos paramilitares. Durante la dictadura militar, se armaron grupos paramilitares que fueron responsables de muchas violaciones de los derechos humanos. En las semanas previas a la llegada de la Fuerza Multinacional, la dictadura militar declaró públicamente que se proponía distribuir armas a las fuerzas irregulares. Hasta ahora, la Fuerza Multinacional a requisado lo que parece ser una cantidad relativamente pequeña de armas y  existen informes de armas ocultas que aún no han sido localizadas.

          La Fuerza Multinacional destruyó el armamento pesado del ejército haitiano que se utilizó en el golpe. Sin embargo, las armas y el aparato de la dictadura siguen siendo factores críticos en algunas zonas del país donde la Fuerza Multinacional aún no ha establecido su presencia. La Comisión tiene en su poder pruebas de que prevalece el estado de inseguridad en zonas de Artibonite, en Jacmel, en Petit-Goave y en Desdunes, para poner sólo unos pocos ejemplos. Una de las manifestaciones de inseguridad es el "marronage", así como la persistencia del desplazamiento de personas. En algunos departamentos, los "chefs de section" siguen operando, pese a haber estado involucrados en violaciones de los derechos humanos.

          Testigos que comparecieron ante la Comisión y que representan una amplia gama de posiciones y opiniones convinieron que el desarme de los grupos paramilitares es un paso esencial y un requisito previo para el establecimiento de una sociedad civil basada en el imperio del derecho. La Comisión es consciente de las dificultades de hallar las armas ocultas, pero exhorta a redoblar esfuerzos y a la consecución más firme del proceso de desarme. La Comisión observaría que la posesión de armas de fuego está reglamentada en la Constitución, que exige declarar la tenencia de armas a la policía.

          Aún no hay una fuerza policial legítima en Haití, como no hay un sistema judicial adecuado y eficiente. El orden público descansa en la presencia de la Fuerza Multinacional. Aunque la moderación y el espíritu de civismo demostrado por el pueblo haitiano han sido hasta ahora ejemplares, la Fuerza Multinacional se ha visto a veces arrastrada a cumplir una función policial ante situaciones graves y urgentes. También se ha creado una situación anómala en la cual conocidos "attachés" y "macoutes" han sido detenidos por la fuerza multinacional y entregados a la policía haitiana, que los ha puesto en libertad. En consecuencia, el sistema todavía no ha podido funcionar de modo de permitir la detención de los implicados en delitos internacionales y crímenes contra la humanidad.

          Es por todos reconocido que el establecimiento de una policía neutral, profesional y eficiente es un paso indispensable. La Comisión ha tomado nota con satisfacción de los planes de crear una academia de policía como medio para capacitar cuadros profesionales. Pero existe una necesidad inmediata de una fuerza policial y un sistema judicial independientes y eficientes. Es, por tanto, esencial que, aparte de los empeños por construir instituciones permanentes, se despliegue de inmediato una fuerza provisional. La misma debe tener legitimidad y satisfacer las necesidades de la población en materia de orden público. El Gobierno haitiano debe aplicar los criterios más rigurosos en la selección del personal policial. Demás está decir que en un sistema constitucional la policía debe estar subordinada a la autoridad civil.

          Análogamente, pese a que se están empezando a aplicar planes para reestructurar el poder judicial, existe una necesidad urgente de contar con programas de capacitación para establecer un sistema judicial provisional. Deberá ponerse énfasis en los derechos humanos, la integridad de las personas y la adhesión al Gobierno constitucional y la justicia.

          El sistema carcelario que ha heredado el Gobierno constitucional está en crisis. Debería clausurarse la Penitenciaría Nacional, pues está muy por debajo de los estándares internacionales mínimos. Quizá el Gobierno desee invitar a expertos internacionales en sistemas carcelarios para transformar uno de los campamentos militares en una prisión nacional modelo, ya que dichos campamentos ya no serán necesarios en vista de la proyectada reducción de las fuerzas armadas. Se requerirá asistencia internacional, por lo cual la Comisión exhorta a la comunidad  internacional a que brinde asistencia en este empeño. La Comisión celebra los planes de transferir la jurisdicción de las prisiones de la órbita militar a la civil. Pero los problemas más urgentes del sistema carcelario deben abordarse de inmediato. En dos de las tres cárceles que visitó la Comisión, los reclusos no reciben alimentos de las autoridades. En la otra, se les proporciona una magra ración diaria. El Estado tiene que alimentar a quienes ha encarcelado.

          El Gobierno constitucional ha heredado un sistema carcelario que ha detenido a cientos de personas, en algunos casos hasta por veinte meses, sin haber comparecido ante el juez. Ello constituye una violación de la Convención Americana y de la Constitución de Haití. La Comisión considera urgente el establecimiento de una comisión especial, tan pronto se confirme en el cargo al Ministro de Justicia, para que examine de inmediato la situación de los reclusos.

          Es necesario conocer exactamente lo que ocurrió durante la dictadura militar y, en particular, contar con un detalle de las violaciones de los derechos humanos que sufrió el pueblo haitiano, para que Haití pueda reconstruir su sociedad y su gobierno. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han sostenido que, en casos de violaciones de los derechos humanos, el gobierno tiene la obligación de investigar, establecer responsabilidades y publicar sus conclusiones. La inexistencia de procedimientos jurídicos  para realizar esta tarea no sólo constituye una violación de la Convención Americana, sino que es también un grave obstáculo para que cicatricen las heridas de la sociedad a través de la verdad y la reconciliación. Hay muchos modelos para cumplir esta obligación, tanto nacionales como internacionales, pero la Comisión no sugiere ninguno en particular. La Comisión reiteraría, no obstante, que la investigación de las violaciones a los derechos humanos es una responsabilidad irrenunciable.

          La Comisión espera que el Gobierno haitiano  se apresure a establecer por ley un comité nacional de compensación, integrado por juristas haitianos de prestigio, para recibir las denuncias de los haitianos que han sufrido violaciones de sus derechos humanos. Se han efectuado denuncias de que algunos sujetos involucrados o estrechamente vinculados al ejército han confiscado ilegalmente bienes de propiedad privada, derecho amparado también por la Convención Americana. Es preciso escuchar cuanto antes las denuncias y establecer las compensaciones a que esos hechos dieron lugar. Toda nueva comisión, así como el sistema judicial que se establezca, deben usar el creole como idioma de trabajo.

          La Comisión quisiera agradecer al Presidente Aristide por la invitación para visitar Haití.  La Comisión también quisiera agradecer a las autoridades, organizaciones y particulares que han colaborado con ella durante la visita.

          De acuerdo con las funciones que le atribuyen la Carta de la OEA y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Comisión seguirá desarrollando sus actividades de protección y fomento de los derechos humanos en Haití, y ofrece su plena colaboración al Gobierno constitucional de la República de Haití.

Port-au-Prince, 27 de octubre de 1994

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