...continuación  

 36.     Los datos anteriores demuestran que la desnutrición sigue siendo un problema serio y preocupante en Guatemala, a pesar de haberse reducido en los últimos años. Según los datos obtenidos, cerca del 45% de la población tiene desnutrición crónica (baja talla por edad), un 2.5% desnutrición aguda (bajo peso para talla) y un 24% presenta desnutrición global (bajo peso por edad). A continuación, se presentan algunos datos de desnutrición en atención a la región, sexo, área y etnicidad.

F.       Las personas con discapacidad 

          37.     Las personas con discapacidad enfrentan obstáculos adicionales en el ejercicio de toda la gama de derechos económicos, sociales y culturales que les corresponden, incluyendo el acceso a la atención de salud, la educación y las oportunidades de trabajo en condiciones justas y equitativas.  De conformidad con el Artículo 53 de la Constitución, que garantiza la protección de las personas con limitaciones físicas, mentales o sensoriales, y las disposiciones de los acuerdos de paz que dan prioridad a las necesidades de quienes han sufrido como consecuencia del conflicto y a los veteranos del Ejército y de la URNG con discapacidad, en 1996 el Congreso adoptó el Decreto 135-96, “Ley de Atención a las Personas con Discapacidad”.  Esta ley establece las obligaciones generales del Estado y la sociedad civil destinadas, entre otras cosas, a garantizar que las personas con discapacidad tengan igual acceso a oportunidades y servicios, eliminar las diversas formas de discriminación que impiden que estas personas ejerzan sus derechos, y respaldar su rehabilitación integral. 

          38.     Una de las medidas altamente valiosas que exigió esta ley fue el establecimiento del Consejo Nacional para la Atención a las Personas con Discapacidad (CONADI), integrado por representantes de entidades estatales encargadas de establecer políticas en las áreas pertinentes, incluyendo el Procurador de los Derechos Humanos, y delegados de la sociedad civil.  Esta composición refleja uno de los objetivos de la ley -el de garantizar que las personas con discapacidad participen en el establecimiento de los programas y las políticas que las afectan.  Sin embargo, las organizaciones no gubernamentales que trabajan en esta área han informado a la Comisión que al establecimiento del CONADI, que tuvo lugar hace varios años, no le ha seguido el financiamiento suficiente para lograr avances en la consecución de sus objetivos.[34]

          39.     La Comisión continúa recibiendo información acerca de las barreras que enfrentan las personas con discapacidad, especialmente en las áreas de educación, atención de salud y trabajo.  En el área de la educación, por ejemplo, la información recibida de fuentes no gubernamentales indica que en algunos casos se presiona a los niños con necesidades especiales que, no obstante, podrían prosperar en el sistema escolar público a seguir programas de educación especial o a quedarse en casa, en tanto que los servicios de educación especial para los niños que realmente los requieren son pocos, especialmente en las áreas rurales en donde el acceso a la educación ya es objeto de severas limitaciones.  La Comisión ha recibido información en el sentido de que se inició un programa piloto en el área metropolitana hace varios años para proporcionar educación integrada en diez escuelas públicas y espera recibir información adicional sobre ésta y otras positivas iniciativas de esta naturaleza.  El acceso a la educación es absolutamente crítico para todos los niños y tiene una función fundamental para garantizar que las personas con discapacidad sean capaces de desarrollar su potencial, encontrar un empleo significativo en el futuro y participar plenamente en la sociedad nacional.  

40.     El acceso a la capacitación técnica y profesional es igualmente importante para los adultos con discapacidad.  Al respecto, en sus observaciones al proyecto de informe, el Estado señaló que el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (INTECAP), “aún con limitaciones, viene trabajando en el sentido de capacitar a estas personas en áreas u ocupaciones que les permitan desarrollar actividades que, además de generar ingresos, cuenten con la facilidad de trabajar en sus propios proyectos y no necesariamente en calidad de dependencia”.  Informó que el programa tiene cobertura en las principales regiones del país. 

41.     Además, el acceso a la atención de salud es esencial, tanto para prevenir todas las formas de discapacidad que se puedan prevenir como para garantizar la detección temprana, la intervención y la rehabilitación en otros casos.  Además, aunque se han tomado algunas medidas iniciales para mejorar el acceso a los edificios y la movilidad, por ejemplo, la incorporación de plataformas especiales en ciertos autobuses en la capital para colocar sillas de ruedas, éstos continúan siendo desafíos importantes. 

          42.     La Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, abierta para su firma en la Ciudad de Guatemala en junio de 1999, establece principios adicionales, coherentes con los objetivos generales de la Ley de Atención a las Personas con Discapacidad y destinados a garantizar el derecho de las personas con discapacidad de ejercer sus derechos y libertades fundamentales libres de discriminación.  La Comisión exhorta al Estado a considerar más detenidamente la ratificación de este instrumento de protección. 

          G.      Pacto fiscal 

          43.      El Estado guatemalteco necesita de manera urgente dar solución a los graves problemas económicos y sociales que padece. La solución de estos problemas depende en gran medida del cumplimiento efectivo de los compromisos fiscales de ingresos y gastos incluidos en los acuerdos de paz.  En este contexto, la política fiscal adquiere una especial importancia debido a que constituye una de las herramientas claves para propiciar una distribución más equitativa de los frutos del crecimiento económico y para el desarrollo sostenible de Guatemala en el mediano y largo plazo.[35]  

          44.     En el Acuerdo Socioeconómico se indica que la política tributaria “debe concebirse en forma que permita la recaudación de los recursos necesarios para el cumplimiento de las tareas del Estado” y debe basarse en un sistema justo, equitativo, universal, obligatorio y globalmente progresivo.[36] En este sentido, con el fin de incrementar los ingresos del Estado para hacer frente a las diferentes necesidades sociales  e impulsar el desarrollo social, el Gobierno se comprometió en los acuerdos de paz a que “antes del año 2000, la carga tributaria en relación al PIB se haya incrementado en, por lo menos, un 50%respecto de la carga tributaria de 1995.”[37] Esta meta (año 2000) fue reprogramada y se estableció que para el año 2002 la carga tributaria en relación al PIB debe ser de 12%. 

45.     Dentro del acuerdo se planteó asimismo, la necesidad de desarrollar un proceso de concertación nacional alrededor de la política fiscal en la que debían participar diferentes actores sociales. De esta manera se creó una Comisión preparatoria del Pacto Fiscal, la cual produjo el documento “Hacia un Pacto Fiscal en Guatemala”, el cual sirvió de base para su concertación. El 25 de mayo de 1999, después de un largo período de dialogo y negociación más de 130 organizaciones representantes de la sociedad y con la presencia de los tres poderes del Estado, se suscribió el documento denominado “Pacto Fiscal para un Futuro con Paz y Desarrollo.” Posteriormente, los representantes de la sociedad civil y los representantes del sector empresarial, firmaron el “Acuerdo Político para el Financiamiento de la Paz, el Desarrollo y la Democracia en Guatemala”, el cual contiene medidas concretas que marcan el inicio de los cambios tributarios y administrativos para la construcción del nuevo sistema fiscal en Guatemala.

          46.     La Comisión valora que se haya suscrito con una amplia participación social el documento “Acuerdo Político para el Financiamiento de la Paz, el Desarrollo y la Democracia en Guatemala”. El Pacto fiscal en sí y el aumento de la carga tributaria no son fines en sí mismo, sino medios para alcanzar una mayor justicia social y un desarrollo sostenible. 

Conclusiones y Recomendaciones 

47.     Los acuerdos de paz han servido como el marco de referencia mínimo de orientación en cuanto a las políticas socioeconómicas de Guatemala. En los últimos años han habido algunos avances en la protección de los derechos sociales y económicos en Guatemala, pero al mismo tiempo, la gran mayoría de la población guatemalteca sigue inmersa en la pobreza, sin acceso a servicios básicos, privados de oportunidades y viviendo en una sociedad con grandes desigualdades sociales y económicas. 

48.     La falta de acceso a la educación y la todavía alta tasa de analfabetismo sumados a las deficiencias en los servicios de salud, las altas tasas de mortalidad infantil y materna, la desnutrición, la falta de elementos básicos de higiene en los hogares entre otras carencias, imposibilitan un efectivo desarrollo humano y consecuentemente un desarrollo sostenible de Guatemala.  Asimismo, las personas con discapacidad encuentran en Guatemala obstáculos adicionales en el ejercicio de sus derechos económicos, sociales y culturales. 

49.     Si bien el Estado guatemalteco ha realizado un gran esfuerzo al alcanzar un acuerdo en torno al Pacto Fiscal, queda mucho por hacer al respecto de manera que este pueda satisfacer de manera efectiva las demandas sociales. 

          50.     A la luz del análisis y conclusiones precedentes, la Comisión recomienda al Estado que: 

1.       Siga haciendo todos los esfuerzos para alcanzar las metas propuestas en los acuerdos de paz, que exista una distribución equitativa de la riqueza y que el Estado pueda contar efectivamente con más recursos para poder solventar la inversión pública y el gasto social. 

2.       Se cumpla efectivamente el Pacto Fiscal y se implementen los mecanismos apropiados para evitar la evasión tributaria.[38] 

3.      Siga trabajando conjuntamente con los representantes de la sociedad civil, de manera constructiva buscando la justicia social y el desarrollo sostenible para las generaciones presentes y futuras en los diferentes problemas y desafíos que se tengan por delante. 

4.       Amplíe las gestiones en marcha para apoyar y financiar la puesta en práctica de las recomendaciones de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico orientadas a reparar los daños y perjuicios ocasionados como consecuencia de las violaciones de los derechos humanos del conflicto armado. 

5.       Ratifique la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad.

[Indice | Anterior | Próximo ]