CAPÍTULO II

DERECHO A LA VIDA

          Declaración Americana, Artículo I.Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.1

          1.          Antes de llevar a cabo la observación in loco en El Salvador, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había recibido numerosas comunicaciones en las cuales se denunciaban violaciones al derecho a la vida de parte de las autoridades salvadoreñas.  Entre estas denuncias, y a título de ejemplo, pueden citarse las siguientes: 

Caso 1971 

          2.          La CIDH recibió una comunicación el 26 de agosto de 1975, en la cual se denunciaba una serie de hechos relacionados a las muertes y desapariciones de varios estudiantes ocasionadas, según el reclamante, por fuerzas de seguridad durante la celebración de una manifestación estudiantil en la ciudad de San Salvador, el día 30 de julio de 1975.  Según el denunciante, los hechos ocurrieron así: 

         En la ciudad de San Salvador, los estudiantes de la Universidad de El Salvador acordaron, el día 28 de julio, en asamblea general, realizar una manifestación pacífica de protesta por los acontecimientos ocurridos unos días antes en la ciudad de Santa Ana2 y salir en defensa de la autonomía universitaria.  La fecha de esta manifestación se señaló para la tarde del miércoles 30 de julio.

         El día programado para la manifestación estudiantil, ésta salió a eso de las cuatro de la tarde de la Ciudad Universitaria.

         Los dirigentes estudiantiles acordaron, unánimemente, evitar todo motivo que pudiese servir de pretexto para la provocación de los cuerpos represivos.  La manifestación marchaba en completo orden.

         Se dio instrucciones anticipadas en el sentido de no llevar pintura, para que no se fuera poniendo lemas en paredes y muros de casas y edificios de las calles por donde pasarían los desfilantes.  En los carteles se escribieron únicamente temas relativos al problema universitario y expresiones en defensa de los derechos y garantías democráticos.  Como en toda manifestación juvenil, no faltaban las canciones de protesta y las porras del colorido acostumbrado.

         Es decir, que a pecho abierto, y sin más armas que las palabras ... iban los manifestantes universitarios, con el propósito de llevar hasta el centro de la ciudad.  En la Plaza Libertad se celebraría un mitin que informaría al pueblo de lo que estaba acaeciendo en Santa Ana y lo pondría en guardia acerca de los peligros de un nuevo cierre que se cernía sobre la Universidad.  Además, se esclarecería que la actitud anti-universitaria del Gobierno, es parte del plan global de represión que se tiene en proyecto, como capítulo de la estrategia oficial de destruir toda oposición popular.

         Tales eran los propósitos de la manifestación.

         En el trayecto de la 25 Avenida Norte, llamada Avenida Universitaria, no se advirtió ninguna amenaza inminente contra la seguridad de los manifestantes.  Sin embargo, cuando la cabeza del desfile llegó al paso a nivel, aledaño al Hospital del ISSS, aparecieron, trepidantes, las unidades blindadas; además de esas unidades blindadas, se situaron a las alturas del Hospital de Maternidad, camiones de fuerzas anti-motines, equipados con fusil, machetes y garrotes, sin faltarles sus cascos protectores y sus máscaras anti-gases.  Había, asimismo, guardias nacionales y de hacienda.

         El despliegue de fuerza, en las inmediaciones del Hospital Rosales y al lado norte del Colegio la Asunción, parecía destinado a enfrentar a un enemigo poderosamente armado y no a una manifestación pacífica, sin armas, de universitarios.

         Los que encabezaban la manifestación, bastante confusos, quisieron ganar la calle que pasa frente a la entrada principal del ISSS (3a Calle Poniente), desviándose hacia la izquierda, para tratar de evitar el enfrentamiento con las unidades blindadas estacionadas al lado del Hospital de Maternidad.  Sin embargo, cuando doblaron, contingentes de la Guardia Nacional estaban ya estratégicamente apostados detrás del Colegio La Asunción.  La cabeza de los manifestantes quiso dar marcha atrás, pero las unidades blindadas les habían cortado el camino porque habían avanzado sobre el puente del paso a nivel, transformándose el lugar en una trampa de la cual no se podía salir, aun saltando los muros para caer pesadamente en el pavimento de la calle que pasa bajo el puente.  En este sitio no fueron pocos los manifestantes que quedaron fracturados algunos de los cuales fueron rematados a tiros.

         En el momento mismo en que se daba marcha atrás, comenzaron los disparos de fusilería y de ametralladoras, a la par del estallido de bombas lacrimógenas, descargadas por los cuerpos represivos.  La cacería humana dio comienzo.

         No era la dispersión de los manifestantes lo deseado por los comandos del crimen; no era el desbaratamiento del desfile.  Si éste hubiese sido su propósito, habría bastado una sola bomba de gas lacrimógeno para poner punto final a aquella manifestación pacífica.

         Lo que anhelaban, en su furia incontenible, era el derramamiento de sangre estudiantil.

         Lo que decimos, se corrobora con la fría decisión de tirar a matar en la tarde del 30 de julio, de perseguir hasta aniquilar, de lanzar los carros blindados contra la multitud inerme, de machetear salvajemente al que se ponía a su alcance, de dejar desangrar a sus víctimas impidiendo con brutalidad cualquier auxilio oportuno que se les quiso brindar de parte de médicos y enfermeros del ISSS.

         Lo que decimos se corrobora, asimismo, con que detrás de las unidades blindadas marchaba una ambulancia militar, señalada con una Cruz Roja, cuyos ocupantes fueron encargados de tirar, como sacos de papas, los cuerpos de decenas de personas muertas o heridas de gravedad, sustrayendo así las evidencias del crimen.

         El fuego cerrado duró unos minutos, pero dada la densidad de los manifestantes, fueron suficientes para derramar mucha sangre juvenil.  Se tiraba a matar.  Los represores en posición arrodillada, lo que muestra que no había respuesta armada ni de otra índole de parte de los manifestantes, daban la impresión de estar frente a un blanco, en prácticas de tiro.

         Pero no sólo fueron balazos.  Los muchachos y muchachas que quisieron en su desesperada huida saltar los muros de los predios del ISSS, recibieron machetazos en la cabeza y otras partes del cuerpo, hasta desmembrarlos, quedando en el lugar trágicas señales de la carnicería; pedazos de cráneo, cuero cabelludo y masa cerebral, huellas de manos ensangrentadas que aún podían observase al siguiente día.

         Las calles del paso a nivel y frente a la entrada principal del ISSS, fueron humedecidas con sangre, que ni las copiosas tormentas caídas en días posteriores han logrado borrar totalmente.  Es la sangre de personas, emanada hasta morir o de personas que murieron instantáneamente.

         La persecución llegó hasta el interior del Hospital del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, en donde capturaron a muchas personas entre médicos, personal auxiliar de éstos y empleados de diverso rango.

         Transcurridos ocho días, después de la masacre, el número de muertos y desaparecidos aún no ha sido establecido.  Los cuerpos represivos, que recogieron los cadáveres y personas gravemente heridas, guardan completo silencio, lo cual ha dado base a la versión oficial, en el sentido de que solamente murió un estudiante universitario.  Sin embargo, la verdad terminará imponiéndose y no será, precisamente, favorable a las versiones oficiales.

         Por otra parte, es digno de recalcar que los manifestantes en ningún momento provocaron a los represores.  Sin embargo, en la noche del 30 de julio, el Ministerio de Defensa y Seguridad Pública elaboró un boletín que deformaba totalmente la verdad: la pacífica manifestación fue calificada de “violenta manifestación” y que hubo “llamados a los instigadores por medio de alto-parlantes, para que desistieran de su propósito de provocar desórdenes”, cosas totalmente falsas, como falsas son también que la actitud violenta de que habla el boletín, se materializara “con el lanzamiento de granadas de fósforo, cocteles molotov, ataques con armas contundentes y disparos de armas automáticas y semi-automáticas”.  Es falso, asimismo, que “como consecuencia de esta agresión” –que en verdad no la hubo’’ hayan habido “diez agentes de los cuerpos de seguridad gravemente heridos”.

          3.          Posteriormente, otro reclamante informó a la CIDH que como resultado de estos hechos, las siguientes personas habían muerto: 1) Guillermo Aparicio; 2) María E. Miranda y 3) Roberto A. Miranda; y que habían desaparecido y se presumían muertas las siguientes: 1) José Domingo Aldana; 2) Gilberto Ayala García; 3) Sergio Antonio Cabrera; 4) Napoleón Calderón Grande; 5) Ricardo Cantón García); 6) Romeo Cuadra; 7) Carlos A. Fonseca; 8) Daniel Gómez Mendoza; 9) Eber Gómez Mendoza; 10) Reinaldo Hasbún Jiménez; 11) María J. López; 12) Marlene López; 13) Elizabeth Milla; 14) Norma Nolasco; 15) Marta Pineda y 16) Oscar Rodas Lazo.  Asimismo, el reclamante agregó que 17 personas conocidas habían resultado heridas. 

          4.          Durante la visita de la Comisión Especial de la CIDH A El Salvador, se recibió en relación al presente caso la siguiente denuncia: 

         En manifestación realizada el 30 de julio de 1975 por la tarde y organizada por estudiantes universitarios, el señor José Domingo Aldana Guerra fue detenido al igual que muchos otros que no se sabe si murieron en el momento en que dicha manifestación fue emboscada por autoridades de la policía y Guardia Nacional y atacados con armas de fuego, tanquetas, machetes, etc.  Después el entonces Presidente de la República hizo del conocimiento general por televisión que únicamente 11 estudiantes estaban detenidos y les dieron libertad y con eso dio por concluido el caso y nuestros hijos no aparecieron.

          5.          Esta comunicación, al igual que todas las demás recibidas durante la visita a El Salvador, fue analizada por la Comisión Especial y al determinarse su admisibilidad se inició el trámite reglamentario. 

Caso 2336 

          6.          En comunicación de 26 de julio de 1977, se denunció el asesinato del Padre Alfonso Navarro Oviedo y el menor Luis Torres.  El reclamante relató los hechos de la siguiente manera: 

         El Padre Alfonso Navarro Oviedo fue asesinado el día 11 de mayo a las 5:40 de la tarde.  El Padre Alfonso era párroco de la Iglesia de la Resurrección que abarca populosas colonias, entre otras: Colonia Miramonte I y II, Toluca I y II, Universitaria I y II, habitadas por clase media alta, media y media baja.  La edad del Padre Alfonso era de 35 años.

         En varias ocasiones fue amenazado; hace unos meses, en el mes de febrero su casa sufrió un atentado terrorista destruyendo el garage de la casa rural y su carro.

         La tarde del asesinato había estado en casa presidencial, llamado sobre la información que había en contra de él, por unas clases que dictaba en un colegio de la capital, después pasó al Arzobispado a informar, luego llegó a su casa, a los pocos minutos de llegar unos cuatro hombres llamaron, abrió la puerta un niño, sobre el cual dispararon y el Padre Navarro salió al jardín intentando escalar el muro; allí mismo segaron su vida, siete balazos sin salida dejaron en su cuerpo; aún así fue recogido con vida muriendo en un centro asistencial a las 3:30 p.m.

         El asesinato del Padre Navarro coincidió con los dos meses de la muerte del Padre Rutilio Grande, S.J., asesinado en un pueblo a 33 kms. de El Salvador cuando iba a celebrar la misa a las 6 de la tarde. 

          7.          En una comunicación posterior, la Comisión fue informada que el Padre Grande había estado presente en la Plaza Libertad cuando, según el reclamante, una muchedumbre protestaba por el resultado de los comicios del 20 de febrero de 1977, alegando un fraude masivo.  Dice la denuncia que: 

         En aquella ocasión, 27 de febrero, domingo, el Padre Navarro celebró una misa ante aquella multitud pronunciando un sermón impresionando sobre el papel del cristiano en el mundo de hoy y la necesidad de que los cristianos sepan descubrir quién es el líder auténtico y ese no es nadie más que Jesús.  El sermón del Padre Navarro en el contexto salvadoreño era obvio y comprendido por todos ya que el candidato oficial había elaborado toda su campaña sobre la frase “el líder de los salvadoreños”.  Este candidato hoy declarado por el Consejo Central de Elecciones, el Presidente elector, a pesar de las serias dudas sobre los comicios, es el General Romero, al cual se le achacan varias represiones, muertes de estudiantes, obreros y campesinos.  El final del sermón en la Plaza Libertad fue: “si algo nos pasa por decir la verdad, ustedes ya saben quiénes son los culpables”.

          8.          La Comisión transmitió, por nota de 5 de diciembre de 1977, las partes pertinentes de la denuncia al Gobierno de El Salvador, en aplicación del procedimiento especial contemplado en el Artículo 53 de su Reglamento. 

          9.          Mediante nota 4026 del 13 de marzo de 1978, el Gobierno de El Salvador informó sobre las muertes del Padre Navarro y el menor Luisito Torres lo siguiente: 

         ...

         3. Acerca del asesinato del Padre Alfonso Navarro Oviedo, la investigación ha dado como resultado que el hecho ocurrió como a las 18:00 horas del día 12 de mayo de 1977, cuando el mencionado sacerdote, párroco de la iglesia de la Colonia Miramontes, en esta ciudad, estaba en su oficina parroquial acompañado del menor Luis Alfredo Torres.  Ambos fueron atacados a balazos por individuos desconocidos que previamente a la comisión del delito llegaron a tocar la puerta de la oficina, la cual abrió el referido menor.  Según la investigación, el Padre Navarro Oviedo se encontraba leyendo en una silla cuando el hecho delictivo fue cometido, según lo declaró dicho menor antes de fallecer.

         El sacerdote y el menor fueron auxiliados por varias personas, inmediatamente después que los atacantes se dieron a la fuga.  Las víctimas fueron trasladadas al Centro Médico de Emergencia, donde fallecieron a consecuencia de las lesiones recibidas.

         Sobre este reprobable hecho, la Organización clandestina UNIÓN GUERRERA BLANCA (UGB), de ultraderecha, se atribuyó haber cometido el hecho, como lo dio a conocer por noticias que subrepticiamente hizo llegar a los periódicos de este país, publicadas el 13 de mayo de 1977 y de lo cual remito a usted fotocopia.

          Por otra parte, un oficio de la Corte Suprema de Justicia, que acompaña a la antes citada nota, expresa lo siguiente sobre el caso: 

         6) Por el delito de homicidio en el Presbítero Alfonso Navarro Oviedo, acaecido el día 11 de mayo del año próximo pasado, principió a conocer en las primeras diligencias de instrucción, la Juez Primero de Paz de esta ciudad, habiendo remitido el informativo oportunamente al Juez Primero de lo Penal de este Distrito Judicial, bajo cuyo conocimiento se encuentra actualmente el juicio. 

          10.          Durante la observación in loco efectuada por la Comisión Especial de la CIDH, se recibió una denuncia en la cual se suministraba información adicional sobre la muerte del Padre Navarro.  Dicha información fue transmitida al Gobierno mediante nota de 20 de abril de 1978.  El Gobierno contestó reiterando la misma información que consta en el párrafo anterior. 

Caso 2338 

          11.          Las muertes del Padre Rutilio Grande, S.J. y de sus acompañantes Manuel Solórzano y Nelson Rutilio Lemus, ocurridas el 12 de marzo de 1977, fueron denunciadas a la Comisión mediante comunicación de 26 de junio de 1977.  El reclamante presentó la denuncia en los siguientes términos: 

         La noche del sábado 12 de marzo, el Padre Rutilio Grande, S.J., de 49 años de edad, de El Salvador, se dirigía en auto a celebrar Misa en el pueblo de El Paisnal.  Iban con él Manuel Solórzano, de 72 años y Nelson Rutilio Lemus, de 16.  Al pasar por unas plantaciones de caña sorpresivamente fueron atacados a fuego de metralla, muriendo los tres.

         El 13 de febrero el Padre Grande había pronunciado un sermón en una celebración al aire libre para protestar la expulsión del Padre Mario Bernal.

         Algunos espectadores infieren que ese sermón provocó la muerte de Rutilio Grande.  “No tenemos más que un Padre, y todos somos hijos... todos somos hermanos, todos somos iguales.  Pero Caín es el engendro de los planes de Dios; y hay grupos de Caínes en este país”.

         Hablando de Mario Bernal y del riesgo de ser cristiano, expresó: “Queridos hermanos y amigos, me doy perfecta cuenta que muy pronto la Biblia y el Evangelio no podrán cruzar las fronteras.  Sólo nos llegarán las cubiertas, ya que todas las páginas son subversivas –contra el pecado, se entiende.  De manera que si Jesús cruza la frontera cerca de Chalatenango, no lo dejarán entrar.  Le acusarían al Hombre-Dios, al prototipo del hombre, de agitador, de forastero judío, que confunde al pueblo con ideas exóticas y foráneas, ideas contra la democracia, esto es, contra las minoría.  Ideas contra Dios, porque es un clan de Caínes.  Hermanos, no hay duda que lo volverían a crucificar.  Y lo han proclamado”.

         Un mes más tarde, el sábado 12 de marzo, el Padre Grande pasaba en auto por las plantaciones de caña a celebrar Misa en el Paisnal, donde había vivido en su niñez.  Los asesinos lo acribillaron con más de 10 balas en el cuerpo; salvo una, todas eran mortales.  De acuerdo con una versión, se había volcado el auto.  El anciano y el joven presumiblemente fueron muertos para que no hubiese testigos. Se dice que soltaron a dos o tres niños pequeños que iban con ellos. Las autoridades no querían involucrarse ordenando una autopsia, así que los Jesuitas contrataron a un médico con experiencia forense. Éste opinó que los disparos se habían originado desde por lo menos cinco lugares distintos y que el arma empleada era una metralleta usada por la policía.

         Varios indicios señalan la complicidad del Gobierno.  Al cabo de una hora, se cortó el servicio telefónico con Aguilares, aunque no se interrumpió en los pueblos vecinos.  Cuando muy poca gente tenía conocimiento del asesinato, el Presidente Molina llamó al Arzobispo Oscar Romero para expresarle sus condolencias (aunque los periódicos informaron que fue el Arzobispo quien hizo la llamada).

          12.          La Comisión resolvió aplicar a esta denuncia el procedimiento especial establecido en el Artículo 53 de su Reglamento y transmitió las partes de ésta al Gobierno de El Salvador el 19 de septiembre de 1977. 

          13.          Mediante la antes citada nota 4026, de 13 de marzo de 1978, el Gobierno de El Salvador suministró la siguiente información: 

         En cuanto al caso 2338, relativo a los delitos de homicidio del presbítero Rutilio Grande, Manuel Solórzano y Nelson Rutilio Chávez Lemus:

         El día 12 de marzo de 1977, como a las 18:30 horas y como a un kilómetro de distancia de la ciudad de Aguilares y sobre la carretera que conduce a dicho lugar a la Villa de El Paisnal, individuos desconocidos dieron muerte al mencionado presbítero, quien se desempeñaba como párroco en la referida ciudad, en ocasión en que dicho sacerdote se conducía en el vehículo placa P-97449, marca “Volkswagen”, color blanco, capota negra, en compañía del señor Manuel Solórzano y del menor Nelson Rutilio Chávez Lemus.

         El cadáver del padre Grande y los otros fallecidos fueron reconocidos por el Juez de Paz de Aguilares, ciudad de donde se conducían, presentando el cadáver del presbítero Grande, 18 perforaciones de bala en distintas partes del cuerpo; el del señor Manuel Solórzano, 10 perforaciones y el del menor Chávez Lemus, 5 impactos de bala en la cabeza.

         El vehículo en que se conducían el Padre Grande y sus acompañantes fue encontrado a un lado de la carretera y presentaba perforaciones de bala al parecer calibre 45, en la parte delantera y muchos impactos más pequeños en la parte trasera de los asientos, presumiendo eran de escopeta, por las vainillas encontradas en el lugar del hecho.

         Según se sabe, en el lugar de la emboscada fue visto con anterioridad a la comisión de los tres homicidios, un individuo de nombre Benito Estrada, a quien persigue la justicia por recaer graves sospechas sobre su persona.  Hasta hoy no se ha logrado su captura. 

          De su parte, el oficio de la Corte Suprema de Justicia, anexo a la nota 4026, dice así: 

         3) Por los delitos de homicidio en el presbítero Rutilio Grande, Manuel Solórzano y Nelson Rutilio Lemus, acaecido el 12 de marzo de 1977, principió a conocer el Juez de Paz de la población de Aguilares quien se apersonó pronta y cumplidamente al lugar de los hechos para la práctica de las primeras diligencias de instrucción, habiendo remitido tales diligencias al señor Juez de Primera Instancia del Distrito Judicial de Quezaltepeque, quien ha continuado tramitándolo.

          14.          El Arzobispado de San Salvador emitió varios comunicados sobre el asesinato del Padre Rutilio Grande y sus dos acompañantes.  Por considerarlos relevantes, a continuación se transcriben algunos párrafos del Boletín No. 4, de fecha 13 de marzo de 1977: 

         1. HECHOS

         La Secretaría de prensa del Arzobispado de San Salvador, hace del conocimiento público que el día de ayer, sábado doce de marzo, a eso de las cinco de la tarde, fue cobardemente asesinado el padre RUTILIO GRANDE, jesuita, párroco de Aguilares.  En el mismo acto fueron también asesinadas dos personas que acompañaban al padre Grande, quien se dirigía hacia su pueblo natal, El Paisnal, para celebrar la Santa Misa.  Los nombres de estas otras víctimas son: el señor MANUEL SOLÓRZANO, de setenta años de edad y el joven NELSON RUTILIO LEMUS, de quince.

         El Padre Rutilio Grande y sus dos acompañantes fueron sorprendidos por la espalda y acribillados a balazos, por personas desconocidas, para perpetrar este crimen se usaron balas de alto calibre, que traspasaron las láminas y asientos del carro que manejaba el citado sacerdote, haciendo impacto mortal en los cuerpos de las tres víctimas.

         Un médico con experiencia de forense hizo el reconocimiento de los cadáveres, a solicitud de las autoridades eclesiásticas, a fin de que su dictamen profesional pueda servir de base a una posterior investigación judicial, para que este horrendo crimen no se quede en el misterio, como suele suceder frecuentemente en casos similares. Fue notoria la ausencia de las autoridades que oficialmente suelen prestar ayuda en estos casos.  Además, el servicio público de teléfono de Aguilares no funcionaba.

         El Señor Arzobispo, Monseñor Oscar A. Romero, ha pedido formalmente al Señor Presidente de la República, que las autoridades competentes lleven a cabo una investigación exhaustiva, para aclarar tan alevoso crimen y castigar a los culpables.

          15.    Al día siguiente, el Arzobispo hizo público otro Boletín.  Éste dice así: 

         ACLARACIÓN ARZOBISPAL SOBRE LA MUERTE DEL PADRE RUTILIO GRANDE S.J. Y SUS ACOMPAÑANTES.

         Al leer la información bastante detallada que nos ofrecen este mismo día lunes El Diario de Hoy y la Prensa Gráfica, sobre el asesinato del Rev. Padre Tulio Grande y sus acompañantes Nelson Rutilio Chávez de 16 años y Manuel Solórzano de 72, la Secretaría de Prensa del Arzobispado se permite hacer la presente aclaración ante el pueblo salvadoreño, para borrar una imagen distorsionada y falsa del horrendo sacrilegio:

         1. Que los móviles del vil asesinato del Párroco de Aguilares, no son los mismos que provocan un crimen vulgar.  La verdadera causa que motivó su muerte es la intensa labor pastoral de tipo conscientizador y profético que el referido párroco desarrollaba en todos los ámbitos de su Parroquia.  El Padre Grande, sin lastimar y violentar a sus fieles en la práctica de su religión popular, fue formando lentamente una verdadera comunidad de fe, de esperanza y de amor entre ellos; haciendo consciencia de su dignidad de personas, de sus derechos fundamentales propios de todo hombre y también de su promoción humana.  Es decir, que llevaba una labor de promoción humana integral.  Esta labor eclesial posconciliar, ciertamente no es agradable para todos, porque despierta la consciencia de las personas. Es una labor que estorba a muchos; y para terminar con ella, había que liquidar a su promotor.  En nuestro caso al Padre Rutilio Grande.

         2. Que no es cierto que el Padre Rutilio y sus acompañantes hayan sido acribillados con escopetas.  El dictamen de un médico con experiencia de forense y el impacto destructor y mortal que las balas de alto calibre provocaron en el auto y en las personas, demuestra que se usó para este crimen, armas pesadas.

         3. Que no fue el Sr. Arzobispo quien la noche del sábado llamó al Sr. Presidente de la República, sino viceversa.

         El Sr. Presidente hizo presente su pésame al Sr. Arzobispo y le prometió investigar el crimen.  Y eso es precisamente lo que pide el Señor Arzobispo, el Clero y el pueblo católico, una investigación exhaustiva de parte del Gobierno, ya que sólo él tiene los mecanismos y medios para hacerlo.  El pueblo espera esa aclaración de las autoridades; de lo contrario quedará del hecho delictuoso una imagen desfavorable para el gobierno.

          16.          Durante la visita, la Comisión Especial recibió numerosas denuncias nuevas relacionadas a la privación del derecho a la vida, y obtuvo información adicional sobre los casos arriba citados.  Con base en las comunicaciones recibidas durante su visita a El Salvador, la CIDH ha abierto 27 casos nuevos que incluyen 37 personas, cuyas muertes de acuerdo a los reclamantes, se imputan a las autoridades. 

          17.          La CIDH y la Comisión Especial recibieron varias versiones sobre los hechos ocurridos en la noche del 27 de febrero de 1977.  Según algunos denunciantes, una multitud de simpatizantes del candidato presidencial de la Unión Nacional Opositora (UNO), Coronel Ernesto Claramount, se congregó en la Plaza Libertad de San Salvador para protestar contra la decisión de otorgar la victoria al candidato del Partido de Conciliación Nacional (PCN), General Carlos Romero.  Los informantes coinciden en señalar que pasada la media noche, cuando la mayoría de las personas se habían retirado, la plaza fue rodeada por las fuerzas de seguridad y poco tiempo después que se conminó a todos a retirarse, las tropas abrieron fuego sobre los que todavía quedaban en el lugar.  Los estimados del número de personas muertas con motivo de esa acción han variado grandemente.  Líderes de los partidos de la oposición declararon a la Comisión Especial que varios cientos habían perecido esa noche.  Otras fuentes han suministrado a la Comisión la cifra de alrededor de 100 muertos.3  Por otra parte, las autoridades salvadoreñas admitieron a la Comisión Especial durante la observación “in loco”, que esa noche murió una persona, pero negaron que las tropas hubiesen disparado sobre la multitud. 

          18.          Además de estas denuncias, varias fuentes informaron a la Comisión Especial que numerosas personas habían muerto y desaparecido bajo circunstancias verdaderamente alarmantes.  Señalaron los informantes, a título de ejemplo, los hechos ocurridos en la manifestación estudiantil el 30 de julio de 1975 y en la Plaza Libertad el 27 de febrero de 1977.  Alegaron también, que como consecuencia de las medidas adoptadas por el Gobierno en el sentido de recoger los cuerpos de los muertos y heridos después de enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y de enterrarlos en lugares secretos o desaparecerlos, así como la campaña intimidatoria dirigida a atemorizar a los familiares de las víctimas para que no presenten denuncias, han surgido serias dificultades para precisar la magnitud de las muertes ocurridas. 

          19.          Por otra parte, la Comisión Especial recibió las observaciones de las autoridades sobre la situación general en el país concerniente al derecho a la vida y de los casos principales en los cuales se ha denunciado a la CIDH violaciones al derecho a la vida.  Las autoridades expresaron que las denuncias recibidas por la Comisión en el caso de la manifestación estudiantil del 30 de julio de 1975, en los sucesos ocurridos en la Plaza Libertad de San Salvador en la noche del 27 de febrero de 1977, y en Aguilares en mayo de 1977, así como en otros encuentros que recibieron menos publicidad, habían sido considerablemente exageradas.  Es más, las autoridades añadieron que en Aguilares y Plaza Libertad solamente una persona en cada caso había muerto, y que estos hechos fueron el resultado del intento de las víctimas de arrebatar las armas a miembros de los cuerpos de seguridad.  En ambas situaciones, según las autoridades, los agentes del orden público habían actuado con comedimiento, utilizando la mínima fuerza necesaria para cumplir con su misión de mantener el orden.  Las autoridades manifestaron que en Aguilares las fuerzas de seguridad buscaban contrabando y que en la Plaza Libertad el orden público quedó seriamente amenazado por la gran concentración de personas allí reunidas para protestar por el resultado de las elecciones. 

          20.          El informe de la Guardia Nacional, presentado el día 18 de enero de 1978 a la Comisión Especial durante la observación “in loco”, expresa lo siguiente sobre los sucesos de Aguilares: 

         En el mes de mayo de 1977 se tuvo conocimiento que en una casa ubicada en el centro de la ciudad de Aguilares, se almacenaba armamento y material explosivo y a la vez sería de refugio a elementos subversivos terroristas.  Comprobada dicha información a las 7:00 horas del día 19 del mismo mes, al efectuarse un operativo con elementos de la Fuerza Armada y de los Cuerpos de Seguridad y en momentos que éstos se aproximaban a la expresada casa, un grupo de individuos civiles corrió a refugiarse en la misma casa y acto seguido hicieron fuego contra las tropas, con armas de distinto calibre, dando muerte al soldado JOSÉ CARLOS GUARDADO.  Los elementos de tropa al repeler la agresión penetraron a la casa mencionada, encontrando en su interior gran cantidad de armas y explosivos, lo mismo que abundante propaganda subversiva de la organización clandestina autollamada “FUERZAS POPULARES DE LIBERACIÓN FARABUNDO MARTÍ”. 

          21.          Con respecto a los alegatos de las muertes de los estudiantes el 30 de julio de 1975, las autoridades negaron categóricamente que una masacre hubiese ocurrido.  De acuerdo a su versión, una tumultuosa manifestación estudiantil había sido detenida por los cuerpos de seguridad utilizando la fuerza necesaria, que en todo caso fue moderada, razón por la cual hubo pocas víctimas. 

          22.          Los puntos de vista del Gobierno sobre las denuncias recibidas por la Comisión fueron compartidos por las autoridades universitarias y los representantes de los diferentes grupos empresariales.  Asimismo, las autoridades universitarias apoyaron la negación del Gobierno de que hubiese ocurrido una masacre de estudiantes.  Sin embargo, representantes de los partidos políticos de la oposición, autoridades eclesiásticas y numerosos individuos negaron enfáticamente las versiones proporcionadas por el Gobierno. 

          23.          Varias personas que alegaron haber presenciado tanto la supuesta masacre de los estudiantes como la subsecuente acción de las autoridades de recoger los cuerpos de los estudiantes que yacían en el suelo, presentaron testimonio a la Comisión Especial.  Las descripciones de los hechos suministradas por estas personas, en algunos casos sobre el terreno mismo de los acontecimientos, coinciden en la substancia con las denuncias recibidas por la CIDH. 

24.                Si bien es difícil para la Comisión Especial establecer el número de personas que han perdido la vida, así como determinar las personas o grupos responsables de cada caso, la variedad de los datos y elementos de juicio que obran en poder de la Comisión permiten llegar a la conclusión de que las actuaciones de los cuerpos de seguridad y de la organización paramilitar conocida como “ORDEN” han resultado en la pérdida de un número considerable de vidas.