|
CAPÍTULO
XI DERECHOS
ECONÓMICOS Y SOCIALES
La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre encarga a
la Comisión a velar, además de los llamados derechos civiles y políticos, por
el derecho de protección a la maternidad y a la infancia (Art. VII); el derecho
a la preservación de la salud y al bienestar (Art. XI); el derecho a la educación
(Art. XII); el derecho a los beneficios de la cultura (Art. XIII); el derecho al
trabajo y a una justa retribución (Art. XIV), y el derecho a la seguridad
social (Art. XVI), es decir, los derechos económicos, sociales y culturales.1
La Comisión ha considerado conveniente incluir un Capítulo en el cual
se reseñan algunos indicadores socio-económicos sobre El Salvador, con el propósito
de presentar una visión más completa de la situación general del país.
Con estos antecedentes es posible que pudiese indicarse algunos factores
que podrían incidir sobre el respeto y la observancia de los derechos humanos
en El Salvador.2
Con una extensión territorial de aproximadamente 21.000 km2, El Salvador
es en nuestro continente el país más pequeño en tierra firme.
Con una población estimada en 4.500.000 habitantes y con una densidad de
población de 210 personas por km2, y de 500 habitantes por km2 en tierra
arable, El Salvador es en América el segundo país más densamente poblado, y
en el mundo uno de los primeros. Esta
situación tiende a agravarse por una de las más altas tasas de crecimiento
demográfico, 3.5%.
Se estima que el 46% de la población salvadoreña tiene menos de 15 años
de edad, o sea 2.070.000 personas, de las cuales el 19% es menor de 5 años, es
decir, 855.000 de ellas. De estas
últimas, aproximadamente 3 de cada 5 niños, se encuentran afectados por
distintos grados de desnutrición. La
proporción de defunciones durante el primer año de vida equivale al 25% del
total de las defunciones, y las ocurridas en menores de 5 años es del 50% de
este mismo total.
La esperanza de vida al nacer del salvadoreño es de 58 años.
Existen 7 médicos, 3 enfermeras y 17 camas de hospital por cada 10.000
habitantes.
La tasa de alfabetismo es de 57%; sin embargo, en las áreas rurales este
porcentaje se reduce a un 30%. Por
otra parte, el porcentaje de niños (5 a 14 años) matriculados en la enseñanza
primaria es de 81%, y de 31% en la matrícula secundaria y vocacional (15 a 19 años).
El porcentaje de matrícula universitaria (20 a 29 años) es de 3%.
La población rural salvadoreña se calcula en un 60%, es decir,
aproximadamente 2.700.000 personas. De
éstas, el 73% carece de servicios de agua potable, el 93% de electricidad, y
solamente el 22% cuenta con letrina.
De su parte, el 60% de la población urbana carece de sistemas de conexión
a redes de alcantarillado, y solamente el 30% tiene servicio de agua potable.
El reducido porcentaje de la población con agua potable y conexión a
redes de alcantarillado se refleja en el alto número de enfermedades
infecciosas y parasíticas, lo cual resulta en que las enfermedades
gastrointestinales sean la razón primordial de las muertes en los menores de 5
años.
En cuanto al trabajo se refiere, el sector agrícola y pesca emplea
aproximadamente el 55% de la fuerza de trabajo salvadoreña; el sector
manufacturero el 12%; el comercio el 8%; la construcción el 4% y otros sectores
el 20%. Sin embargo, el 10% de la
población económicamente activa se encuentra desempleada y el 22% subempleada.
Existen diversos estimados del Producto Interno Bruto (PIB) por habitante;
sin embargo, la cantidad de $425.00 (en dólares) parece ser una cifra promedio
razonable. Por otra parte, en un
sector (agropecuario) que genera el 23% del Producto Interno Bruto de El
Salvador y emplea más de la mitad de la fuerza laboral, las entradas per cápita
del campesinado se calculan en alrededor de $133.00.
En cuanto a la distribución del ingreso por familias, el primer 5% de
las familias recibía el 38% de los ingresos y el 20% más alto recibía el 67%
del total, mientras que el 40% más bajo de las familias percibía solamente el
7.5%.
En cuanto a la tenencia de la tierra, de acuerdo a un estimado de 1961,
seis familias eran propietarias de 71.923 hectáreas. Por contraste, según el censo de 1971, aproximadamente
305.000 familias ocupaban 42.692 hectáreas.
Más de la tercera parte de estas últimas familias no eran dueñas de
las tierras que trabajaban.
Según otras cifras, el primer 10% de los propietarios de tierra en El
Salvador concentra en sus manos el 78% de la tierra arable, pero el último 10%
es dueño de escasamente el 0.4%.
De acuerdo a otro estimado, el primer 0.55 de los propietarios ocupa el
37.7% de la tierra y por contraste el 91.4% goza del 21.9%. Además, el número de familias sin tierra, según un estudio
reciente, ha ido aumentando de 30.451 en 1961 a 112.108 en 1971, y a 166.922 en
1975.
Según el censo rural de 1971, más del 90% de las propiedades rurales en
El Salvador tienen menos de 10 hectáreas y en conjunto ocupan aproximadamente
un cuarto del total de la tierra arable. Estas
tierras son las menos productivas, ya que las tierras más fértiles se
encuentran en las grandes fincas. Éstas,
a su vez, son fincas primordialmente orientadas a la exportación de productos
tales como café, azúcar, algodón y carne.
Estos productos requieren un gran número de trabajadores.
Como la mayoría de los campesinos no poseen tierras o sus predios son
poco productivos y no satisfacen las necesidades de sus familias, existe una
mano de obra numerosa que debe emplearse en las grandes fincas.
El exceso de la oferta de la mano de obra en el campo, junto con la baja
productividad de las pequeñas propiedades rurales, contribuyen a los escasos
ingresos del campesinado.
Por otra parte, la dispareja distribución de la tierra y el énfasis en
la exportación de los productos agrícolas inciden en la pobreza que vive una
gran parte de la población.
Los datos anteriores revelan con la mayor claridad, el desequilibrio económico
y social que afecta gravemente a la sociedad salvadoreña, y, en particular, a
la inmensa mayoría de la población, con las consiguientes repercusiones
negativas en el campo de la observancia de los derechos humanos.
1 Convención
Americana sobre Derechos Humanos Artículo 26.
Desarrollo Progresivo Los Estados Partes se comprometen a
adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación
internacional, especialmente económica y técnica, para lograr
progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las
normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura,
contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos,
reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos
disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados. 2 Los datos
utilizados en este Capítulo son cifras aproximadas y las fuentes son,
primordialmente, las publicaciones oficiales de la Organización de los
Estados Americanos, del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco
Mundial y de la Organización Panamericana de la Salud.
|