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CAPÍTULO VII

LA ASAMBLEA PERMANENTE POR LOS DERECHOS HUMANOS,
EL SECTOR EDUCATIVO Y LA IGLESIA CATÓLICA

 

A. LA ASAMBLEA PERMANENTE POR LOS DERECHOS HUMANOS

1. Especial importancia e interés representa para la CIDH las actividades que desarrollan en los países las agrupaciones que trabajan por la protección y promoción de los derechos humanos. Igual consideración merece la libertad y garantías con las cuales pueden cumplir sus objetivos y en general el respeto mutuo que tanto estas organizaciones como las autoridades gubernamentales observen en el correcto acatamiento de las normas que deben regir una actividad lícita como esta y, en mucho casos, necesaria para la observancia de los derechos humanos.

2. Es por ello que la Comisión no puede dejar de expresar su preocupación por las denuncias que ha recibido sobre el hostigamiento, amenazas y expulsiones del país de dirigentes y miembros de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, entre ellos a su Presidente el Padre Julio Tumuri.

3. El rol de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos en Bolivia ejercido pacíficamente, ha consistido en denunciar lo ocurrido; en hacer claridad sobre las legítimas aspiraciones populares, en una labor que, en opinión de la Comisión, no puede ser tildada de subversiva o merecer el desprecio de los estamentos gubernamentales.

3. La Comisión confía que el Gobierno de Bolivia instruirá debidamente a las diferentes autoridades gubernamentales a fin de que se garantice y respete la actividad de la Asamblea Permanente y que sus peticiones sean debidamente examinadas y atendidas.1

 

B. EL SECTOR EDUCATIVO

1. El sistema educativo boliviano, incluyendo las autoridades académicas, las organizaciones estudiantiles, dirigentes del magisterio y profesores han sido objeto de una reorganización completa por parte del nuevo Gobierno.

2. Asimismo, en los días que siguieron al pronunciamiento del 17 de julio, se produjeron varias detenciones y persecuciones de personas vinculadas especialmente al sector universitario.2

3. Las universidades del país fueron clausuradas y hasta febrero de 1981, la Comisión no tenía conocimiento de las reales intenciones del Gobierno sobre el reinicio de sus actividades. Altas autoridades gubernamentales indicaron que sí se hacía necesario mantener cerrada la universidad por un año así se procedería. El Decreto 17530 de 19 de julio de 1980, suspendió las actividades escolares del servicio fiscal y particular, institutos de profesionalización y todos los dependientes técnica y administrativamente del Ministerio de Educación y Cultura hasta el día 4 de agosto del mismo año.

El 18 de agosto de 1980, se emitió el Decreto 17554, por el cual se crea una Comisión Nacional encargada de reordenar el sistema de la Universidad Boliviana, disponiendo el cese de funciones de las autoridades académicas, docentes, administrativas superiores y organizaciones estudiantiles.

Posteriormente, por Decreto 17555, se creó una Comisión de Estudio y Reordenamiento de la Educación Integrada y por el Decreto 17556 la Comisión Nacional de Reordenamiento de la Universidad fue conformada y se nombraron sus vocales; asimismo. se le asignaron las funciones en el campo de la educación superior.

 

C. LA SITUACIÓN DE LA IGLESIA

1. Aun cuando se ha hecho referencia en este Informe en varias ocasiones a la posición de la Iglesia Católica con respecto a determinadas cuestiones que inciden en la observancia de los derechos humanos, resulta importante agregar algunas observaciones adicionales en cuanto a su rol en la vida boliviana y, en especial, a su conducta y actitud desde el golpe militar del 17 de julio.

2. La Iglesia Católica es una institución importantísima en la vida boliviana. Su preocupación permanente por el bienestar espiritual y material de sus ciudadanos especialmente aquellos de bajos recursos es natural y entendible, gozando en su ejercicio de una libertad de culto completa.

Su tarea en el mejoramiento de las condiciones sociales de los bolivianos de menores ingresos se ha manifestado en muchas ocasiones concretas, las que en la mayoría de los casos son mal interpretados por autoridades gubernamentales, tildando la acción social pastoral de subversiva, comunista o contraria a los verdaderos intereses de la nación y su desarrollo.

3. En estas condiciones, dentro del actual proceso sacerdotes, parroquias e iglesias han sufrido el accionar represivo de las fuerzas del orden. Después del golpe militar religiosos no sólo católicos sino metodistas y bautistas han sido detenidos en diferentes partes del país y sometidos a insultos, maltratos y amenaza contra sus vidas.

También se mostró una campaña de calumnia contra la Iglesia tachando a los sacerdotes de "rojos comunistas" y "extremistas". Este fenómeno llegó a ser particularmente amenazante con respecto a religiosos extranjeros puesto que los medios de comunicación oficialista adoptaron un tono excesivamente crítico respecto de los no bolivianos.

4. En el Capítulo tercero de este informe se ha hecho mención a casos de sacerdotes detenidos, torturados y exiliados. Las informaciones recibidas indican que en la actualidad aún se ejerce un control y vigilancia especial sobre el clero.

5. No obstante la sistemática persecución a las iglesias y sus agentes la posición de la Iglesia Católica frente a estos sucesos ha sido de una firmeza y patriotismo digno de destacar. Las palabras del Arzobispo Manrique, en su Homilía del 6 de agosto son claras en tal sentido:

Hermanos todos, nosotros los Obispos de La Paz y de Bolivia hemos denunciado ya diversos aspectos de la conculcación de derechos humanos ocurridos en estas tres últimas semanas. Nuestra denuncia no es política, es evangélica y profética. Dios y la Patria nos demandarán, nos juzgarán si acallamos o si hablamos de forma equívoca o ambivalente.

6. Para concluir este capítulo pareciera importante incluir algunos apartes de la Carta Pastoral Colectiva de la Conferencia Episcopal de Bolivia que señala con toda claridad el pensamiento de la Iglesia Católica, y es un vivo reflejo de los acontecimientos ocurridos en este país.

 

I. VISIÓN PASTORAL DE LA REALIDAD

1. PANORAMA GENERAL

Nuestro esfuerzo por discernir el sentido de los acontecimientos que nos ocupan, no es tarea fácil: los hechos se han sucedido en forma diferente en distintas regiones del país y han sido interpretados de manera diversa, según los variados criterios de los múltiples sectores humanos.

Para muchos de nuestros ciudadanos, los sucesos que se inician a partir del pasado 17 de julio, significan la frustración de un proceso de participación en la vida pública y de un orden constitucional, si se quiere imperfecto, pero que fue objeto de muchos sacrificios y esperanzas.

Para otros, ha significado el desenlace de una aventura populista, que se vislumbraba como el paso previo para un tipo de Gobierno que no deseaban.

Es posible que sea cuestionable la falta de perspectiva histórica de algunos partidos políticos, su atomización y su incapacidad para adoptar las nuevas actitudes que exigían los tiempos. Pero no se puede negar la autenticidad de las aspiraciones populares hacia la libre y activa participación en la vida pública de la nación.

Igualmente, si bien es cuestionable la radicalización de algunos grupos, principalmente a nivel ideológico, no se puede aprobar la violencia empleada para interrumpir un proceso constitucional en el que aquellos grupos eran minoría no decisiva.

Durante estas últimas semanas, hemos tenido conocimiento con dolor, de la muerte violenta de ciudadanos, apresamientos y torturas físicas y psicológicas, allanamientos y robos, destrucción de instalaciones radiales y de otros bienes, persecución y amenazas aún a personas sin culpa, despidos masivos de empleados y obreros, negación de salvoconductos a asilados en Representaciones Diplomáticas, confinamientos, destierros y otros abusos.

Numerosos sacerdotes, religiosos y religiosas, fueron detenidos, algunos torturados, aunque luego liberados, casi todos sometidos a tratos humillantes. Una treintena de casas de religiosas fueron allanadas, muchas sometidas al saqueo y un buen número de sacerdotes y religiosas tuvieron que ocultarse debido a las amenazas recibidas.

Algunos medios de comunicación de la Iglesia han sido sometidos al silencio o intimidación por amenazas de parte de autoridades. Las admoniciones que reciben de algunos altos funcionarios suponen una censura. Varios periodistas fueron detenidos y algunos torturados.

El mantenimiento de la "zona militar" en todo el país, está sometiendo a la población a un estado de continua tensión e intimidación por carencia de garantías.

La falta de listas completas de detenidos, desterrados o asilados, pone en una injusta e innecesaria angustia a los familiares de éstos.

Los despidos de varios funcionarios de entidades públicas, sin proceso administrativo, coloca a numerosas familias en situaciones difíciles, al dejarlos sin los beneficios sociales que establece la Ley General del Trabajo.

La utilización de los medios de comunicación del Estado, especialmente la radio y la TV, con una manifiesta parcialización de las noticias y una versión exclusivamente oficialista de las mismas, mantiene al país desinformado.

Esta falta de una información veraz y completa, incentiva una campaña exterior de noticias exageradas que perjudica la imagen de Bolivia y que entorpece nuestro propósito de hacer prevalecer la verdad.

Además se utilizan medios para la difamación de personas dignas, sin que éstas tengan recurso a la defensa o al enjuiciamiento de los culpables de este delito.

La utilización de grupos irregulares armados e incontrolables por la vía legal, imprime a esta fase de nuestra historia desconfianza hacia quienes han dado impunidad a estos elementos que aterrorizan a la ciudadanía.

Si éstos y otros hechos que no alcanzamos a detallar aquí son por sí mismos censurables, todavía es más grave la carencia de recursos legales contra tales atropellos. La efectiva suspensión de las garantías constitucionales, la desnaturalización de las organizaciones intermedias entre la persona y el Estado, dejan al ciudadano inerme contra cualquier violación de sus derechos.

Los hechos hasta aquí descritos pueden ser probados documentalmente.

 

2. LA SITUACIÓN DE LA IGLESIA

Desde el primer momento del proceso que resumimos, personas y obras de la Iglesia fueron objeto de medidas represivas, tales como detenciones, torturas, vejámenes, allanamientos y silenciamientos.

Hechos como los mencionados se produjeron, con especial insistencia en La Paz, en la zona altiplánica y área minera, así como en el norte del país y sólo excepcionalmente en otros lugares.

Muchos de los sacerdotes, religiosos y religiosas detenidos, fueron luego puestos en libertad, pero aún pesa sobre algunos de ellos la orden de abandonar el país, sin que puedan probarse causas que justifiquen estas decisiones.

La libertad que se ha devuelto a varios de los sacerdotes detenidos, no cuenta, sin embargo, con las garantías de ejercer el ministerio sin riesgo, ya que algunas autoridades han expresado que no están en condiciones de evitar que grupos de "fieles" puedan oponerse a la predicación y a la acción pastoral de dichos sacerdotes, o de otros agentes pastorales.

Las declaraciones o denuncias falsas de parte de personas interesadas en debilitar la acción de la Iglesia, encuentran lamentable la inmediata credulidad de algunas autoridades, las cuales proceden contra los falsamente denunciados, más allá de lo prescrito por la ley.

Es, pues, preciso, establecer unos términos legales de relación entre la Iglesia y las autoridades del Gobierno, en virtud de los cuales éstas garanticen, según su deber, la necesaria libertad para la predicación del Evangelio en su integridad y ofrezcan también las mismas seguridades a la acción de la pastoral social y educativa.

La carta dirigida por el Presidente de la Junta Militar de Gobierno, por intermedio de su Ministro de Informaciones a la Conferencia Episcopal en fecha 5 de septiembre, afirma textualmente:

Deseo también reiterar en esta oportunidad a la Jerarquía, el firme propósito del Gobierno de continuar las tradicionales relaciones con la Iglesia Católica dentro de un marco de mutua y recíproca comprensión; para ello, el Gobierno facilitará su labor en todo el territorio nacional para su misión pastoral y evangelizadora.

Albergamos la esperanza de que estas garantías sean cumplidas en forma permanente y en todo el país.

Estas garantías en favor de sacerdotes, religiosos, religiosas, catequistas y otros agentes pastorales, deben ser extensivas a los medios de comunicación de la Iglesia. Deseamos que cesen las amenazas veladas, que hasta ahora, siguen ejerciendo algunas autoridades.

Pero muy especialmente insistimos en que no podemos aceptar que autoridades ajenas a la Iglesia traten de dictar a nuestros Pastores y sacerdotes los términos en que éstos deben predicar el Evangelio, aunque de parte de todos los agentes pastorales es de desear un especial discernimiento sobre el modo oportuno de presentar su predicación; pero esta no podrá nunca recortar ni tergiversar la verdad terse e irrenunciable del menaje de Jesús.

Conviene dejar aquí bien claro que, tan pronto como la Jerarquía Eclesiástica recibió las primeras noticias sobre los tristes hechos arriba mencionados, se puso en movimiento para buscar un pronto apaciguamiento de los ánimos, lograr el cese de las acciones violentas, entablar un diálogo humanitario y preservar en lo posible el respeto a los derechos humanos.

En algunos casos, el ejercicio del ministerio profético de denunciar las conculcaciones de la dignidad humana, fue mal interpretado, y aún deformado en medios de comunicación social. Los pastores, que han alzado su voz en aquel sentido han buscado la justicia y la reconciliación fraterna y nunca han aprobado la violencia ni la rebelión.

Esperamos que los esfuerzos de diálogo hechos por la Iglesia no vuelvan a encontrar ni la incomprensión ni la tergiversación de que han sido objeto en demasiadas oportunidades.

Es preciso decir que, en numerosas ocasiones, las autoridades eclesiásticas no dieron publicidad a sus actuaciones por respeto a la reserva que exigían algunas situaciones y aún como protección a personas que se encontraban detenidas o amenazadas.

Sin embargo, pueden citarse algunos hechos positivos, aunque limitados, tales como la creación de una oficina para la investigación y atención en lo posible, en favor de los presos políticos y sus familiares. Aunque no se ha podido, por el memento, prestarles ninguna atención legal, pero sí material y moral; si bien no a todos.

Es pues necesario pedir que, como prueba de una apertura en la actual crisis, la acción de la Iglesia pueda llegar a obtener las listas de todos los detenidos, exiliados, residenciados y, en su caso, de los muertos o desaparecidos. Una exigencia de humanidad para los familiares demanda esa información.

Es también urgente que se dé a la Iglesia la necesaria facilidad para que las personas que han sufrido y todavía soportan el peso de las actuales circunstancias políticas, puedan apoyarse en ella para hacer efectivos sus derechos por las vías de la ley.

Capítulo especial merece el intento de contraponer a sacerdotes religiosos nacidos en Bolivia y los otros que no nacieron en este país. No podría considerarse disposición favorable al normal entendimiento entre la Iglesia y las autoridades, si se mantuviese el apoyo a esta confrontación.

La Iglesia es universal por esencia, porque la salvación de Jesús alcanza a todos los hombres sin distinción de nacionalidad. Y la misión de los Pastores los hace hermanos y servidores de todos los pueblos.

Pedimos a todos una actitud de comunión, rechazando los intentos de disociar a la Iglesia con argumentos que buscan utilizar el legítimo sentimiento nacional, con fines divisionistas. (pp-110).

 

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1  La Asamblea Permanente ha continuado con su labor. En el mes de diciembre de 1980, se dirigió al General Luis García Meza, Presidente de Bolivia, en los siguientes términos: Al Señor General Luis García Meza, Presidente de la Junta Militar de Gobierno ‘ Presente. Señor General: Nos dirigimos a usted para poner en vuestra consideración lo siguiente: La Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH), ha recogido múltiples testimonios probatorios de las tragedias que, una vez más, vienen sufriendo numerosas familias en nuestro país, a raíz de los acontecimientos políticos de los últimos meses. Un personero del gobierno declaró a la prensa que estimaba en unos 2,500 los detenidos políticos (Presencia 29-8-80). En muchos casos esas detenciones han sido agravadas por torturas y otros vejámenes. Se ha llegado hasta el extremo de ejercer represalias en contra de familiares de los perseguidos personales durante el allanamiento de domicilios privados, pertenencias personales durante el allanamiento de domicilios privados, dejando así, a las familias afectadas, aún más desamparadas. Si bien últimamente el número de presos ha disminuido, siguen las detenciones y, además algunas personas han desaparecido y, pese a exigir evidencias de haber sido detenidos por agentes del Ministerio del Interior, esta Secretaría de Estado se rehusa a indicar el paradero de las mismas o a entregar los cadáveres a los familiares. Como si no hubiera sido suficiente el haber sufrido la cárcel por profesar ideas acerca del ordenamiento social, contrarias a las que profesan los militares que actualmente gobiernan el país, la pena se prolonga y agrava con el exilio o el residenciamiento. Son miles los detenidos que han sido enviados al exilio, residenciados o que tienen que presentarse diariamente a las autoridades para firmar un registro. Estas penas no solamente son contrarias a las leyes vigentes, sino que han sido infligidas sin que se lleve a cabo ningún juicio ni se conozca el delito que presuntamente hubieren cometido los afectados por tales medidas arbitrarias. Tanto las penas de cárcel o residenciamiento, como la del exilio de quienes han tenido que buscar refugio en países extranjeros para escapar a la dura represión que les esperaba, han creado situaciones familiares dolorosas y trágicas, que van desde la separación física hasta la precaria situación económica en la cual muchas familias se encuentran actualmente sumidas, por la pérdida de la fuente de trabajo que las sujetaba. Y todo esto, sin hablar de las consecuencias psicológicas traumáticas que ocasiona el exilio sobre los niños, como lo han demostrado estudios hechos por especialistas en la materia. La APDH, haciéndose eco de los principios recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, principalmente en sus Artículos 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20 y 21. Recordando que la Constitución Política del Estado y las leyes constitucionales vigentes deben regir la convivencia social en nuestro país. Apelando a los principios cristianos tan arraigados en nuestro pueblo y tantas veces recordados por los Obispos y dramáticamente enfatizados por el Papa Juan Pablo II, especialmente durante sus visitas a América Latina. Queriendo en fin, dar fe a las propias declaraciones de algunos personeros de la actual Junta Militar de Gobierno de que respetarían los derechos humanos, a pesar de que otros personeros de la misma Junta profesan un "credo anticristiano" que no conoce la amnistía (Presencia 17 de septiembre, 1980), pide a las autoridades lo siguiente: Decreten AMINISTÍA IRRESTRICTA PARA TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS EXILIADOS, RESIDENCIADOS Y REFUGIADOS, demostrando así su respeto a las reglas internacionalmente reconocidas que deben regir la convivencia de las sociedades organizadas y permitir que tantas familias que sufren el dolor de la separación y el extrañamiento de su tierra querida, puedan celebrar las fiestas de Navidad en sus hogares y reanudar así una vida normal que ha sido intempestivamente interrumpida en los meses pasados. Sólo una medida como la que pedimos puede crear las condiciones previstas y necesarias a un retorno de Bolivia a la normalidad del funcionamiento socio-económico y político que tanto necesita el país para emprender el largo camino que nos llevará hacia la sociedad que todos anhelamos para el futuro y que no será, si no es obra del pueblo todo. Seguros de que nuestra petición recibirá la mejor atención de vuestra autoridad, aprovechamos la oportunidad para saludar a usted, atentamente.

2  Algunas de las personas vinculadas al sector educativo, que han sido objeto de alegadas violaciones a los derechos humanos son: Dr. José Decker, Presidente de la Corte Suprema de Cochabamba y Profesor de Derecho de la Universidad de San Simón, detenido el 25 de julio de 1980; Dr. Manuel Morales Dávila, Contralor General de la República, Profesor de Derecho en la Universidad Mayor de San Andrés, detenido el 24 de julio en el cuartel Miraflores de La Paz. Dr. José Trigo Andina, Presidente de la Confederación Nacional de Profesionales Universitarios. Rector de la Universidad de San Simón, detenido; Alfonso Landivar, dirigente del Sindicato de Maestros de la Escuela Superior Normal, detenido; actualmente en libertad; Jorge Soria Estudiante de Sociología, detenido el 14 de noviembre y exiliado el 25 del mismo mes; Gloria Ardaya, Profesora de Sociología en la Universidad de San Andrés, herida y detenida el 15 de enero de 1981 en La Paz, exiliada; Elías Raphael Flores, Sociólogo de la Universidad de La Paz, detenido en septiembre de 1981 en Miradores; luego trasladado al D.O.P: Actualmente desaparecido; Ramiro Hernán Velasco Arce, Profesor de Economía de la Universidad Católica, muerto el 15 de enero de 1981; Ricardo Navarro Magio, Profesor de la Universidad de San Andrés, muerto el 15 de enero de 1981; y Luis Suárez Guzmán, Profesor de la Universidad de San Andrés, Católica e Institutos Militares, muerto el 15 de enero de 1981.