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CAPÍTULO VI

LA LIBERTAD DE PENSAMIENTO Y DE EXPRESIÓN1

 

A. CONSIDERACIONES GENERALES

1. El derecho a la libre expresión forma parte de la ley constitucional de Bolivia la que en el Artículo 7 de la Carta Política dispone que toda persona tiene derecho conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio, a emitir libremente sus ideas y opiniones por cualquier medio de difusión.

2. A partir de la llegada al poder del actual Gobierno, las acciones de la Junta Militar han buscado controlar los medios masivos de comunicación, a través de una intervención directa en los periódicos y emisoras, o deteniendo y expulsando a periodistas nacionales y extranjeros e interviniendo en el funcionamiento de la televisión nacional.

3. el 24 de julio de 1980, mediante Resolución Nº. 03 del Ministerio de Información y Deportes, se dispuso que "a partir de esa fecha todas las publicaciones periódicas de diarios, semanarios, revistas, boletines, cartas informativas que se publiquen en el territorio nacional, deberán obligatoriamente reactualizar su registro en este despacho para su circulación y publicación". También se ordena lo anterior para toda nueva publicación eventual o permanente, sin cuya autorización no podrán tampoco circular.

 

B. MEDIOS DE COMUNICACIÓN AFECTADOS

a. La radio

1. Las informaciones que ha recibido la Comisión indican que todas las emisoras privadas fueron clausuradas el día del pronunciamiento militar. entre ellas figuran:

Radio Fides: de propiedad de la Compañía de Jesús. Cumplía importante labor a través de sus escuelas radiofónicas en la educación de adultos. La destrucción y saqueo de equipos, así como la suspensión de su licencia han imposibilitado la reanudación de labores. Sacerdotes que se encontraban presentes en el momento de los hechos fueron detenidos por grupos paramilitares que recibían órdenes del Ministerio del interior.

Radio San Gabriel: fue objeto también de intervención y saqueo que ocasionó daños materiales en sus instalaciones y continúa bajo el control del Gobierno.

Radios Mineras2: Estas emisoras continuaron transmitiendo con posterioridad al 17 de julio encabezando la resistencia al nuevo Gobierno, hasta que se presentó la ocupación militar en los distritos mineros. Desde entonces permanecen en poder de las Fuerzas Armadas.

Otras emisoras en su gran mayoría de propiedad de las Iglesias Católica y Protestante que fueron cerradas son: Radio Cruz del Sur; Radio Panamericana; Radio Cristal; San Miguel de Riberalta; San Rafael de Cochabamba; y Loyola de Sucre. Otras como Radio Yungas y Radio Santa Clara han sido objeto de intimidación y amenazas de autoridades militares.

2. De acuerdo con las últimas comunicaciones que la CIDH ha obtenido, las emisoras privadas luego de unas semanas de inactividad reanudaron sus transmisiones aceptando las condiciones de censura impuestas por el Gobierno. Un ejemplo de lo anterior, es la condición de no emitir programas relativos a noticias e informativos de opinión. Esta tarea se ha convertido en un monopolio exclusivo del régimen militar por intermedio de Radio Illimani y de la Televisión nacional que es controlada y dirigida exclusivamente por el Gobierno.

3. El Arzobispo Jorge Manrique el 18 de julio de 1980, exigió la compensación por los daños causados a las radioemisoras de la Iglesia y su funcionamiento inmediato exigiendo respeto por la libertad de expresión. La CIDH no tiene conocimiento de que la anterior petición haya sido atendida.

 

b. La prensa escrita y las agencias internacionales de noticias

4. El caso del Diario "Presencia"

El mismo día del golpe un grupo de fuerzas paramilitares se tomaron la sede del periódico. La intervención se mantuvo hasta el día 20 de julio en que fue devuelto, reiniciando su publicación el día miércoles 23 del mismo mes. Desde esa fecha este periódico de gran circulación nacional editado por el Arzobispo de La Paz está sufriendo por diferentes medios presiones que atentan y restringen las garantías necesarias para su normal actividad. Varios de sus periodistas fueron detenidos; otros se vieron obligados a exiliarse o permanecer en la clandestinidad; el Ministerio del Interior ejerce un control especial sobre sus publicaciones. Otra forma de agresión, ha sido el recorte de anuncios y propaganda en este periódico por parte de las entidades gubernamentales con el propósito de desestabilizarlo económicamente.

El Ministerio del Interior en el mes de diciembre de 1980 ordenó que "Presencia", fuese suspendida en sus actividades por una semana, bajo la alegación de publicar un artículo que según el Ministro Arce Gómez ofendía la dignidad de la mujer boliviana. El Comité Nacional de Defensa de la Democracia "CONADE" da cuenta en su boletín del 15 de enero de 1981, de los atropellos sufridos por este Diario en los siguientes términos:

Agentes policiacos entraron por la fuerza a las oficinas e imprenta del periódico y dañaron las prensas y otros equipos, forzando al personal a abandonar las instalaciones. Un niño fue herido de bala.

Posteriormente procedieron a la detención del corresponsal de la agencia noticiosa United Press International, Alberto Suazo Nattes por haber sostenido éste que el allanamiento de "Presencia" se produjo con violencia y con disparos de armas de fuego.

A raíz de este episodio la Conferencia Episcopal Boliviana publicó un documento donde afirma que las relaciones entre la Iglesia y el Estado "vienen deteriorándose cada vez más". Los Obispos dejaron constancia de que el allanamiento del matutino fue realizado por individuos armados, quienes pusieron a los directores con las manos en alto y contra la pared, para luego proceder a maltratarlos de palabra y obra, conducta que se hizo extensiva a periodistas, personal administrativo y de talleres. Además señalaron que el Ministro de Informaciones, Fernando Palacios, pretendió que el Director de Presencia, Huáscar Cajías, revelara el nombre del reportero que obtuvo una nómina publicada en ese diario, de militares ascendidos a grados de general y división, exigencia que fue desestimada por Cajías.

Asimismo se deploró los excesos cometidos por una multitud en la ciudad de Santa Cruz, que destruyó la agencia de "Presencia" y quemó su edición dominical.

Entre las personas agredidas físicamente en La Paz se encuentra el Obispo Genaro Pratta, Presidente del Directorio del periódico.

Los Obispos advirtieron que pretender cerrar "Presencia" significa querer acallar la voz de la Iglesia y sostuvieron que la actitud del Ministro del Interior, Luis Arce Gómez, tiende a provocar la ruptura de relaciones entre la Iglesia y el Estado. El documento fue firmado por el Cardenal Maurer y varios Obispos.

A raíz de este lamentable incidente, el Presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la sociedad Interamericana de Prensa, Raúl Kraiselburd, condenó la clausura de "Presencia", expresando en un comunicado de prensa que "aplicar una sanción a un medio de difusión por algo publicado en sus páginas, significa exactamente lo mismo que condenar a prisión a un automóvil por su participación en un accidente", agregó que "la repetida adopción de medidas restrictivas para los periodistas y diarios de Bolivia motiva preocupación en los hombres de prensa del continente" y "que los argumentos esgrimidos con la intención de justificar la clausura del periódico "Presencia" no son aceptables porque, como es sabido, no existen delitos de prensa, sino que en todo caso, delitos a través de la prensa". Además expresó que "la gravedad de la situación y la ilegitimidad de la medida adoptada quedan de manifiesto también por cuanto la sanción fue impuesta por la administración sin posibilidades de defensa en el juicio que debe ser previo a cualquier pena". Añadió que esa Comisión debe señalar que "lamentablemente la medida adoptada ratifica la existencia de una tendencia a violar el derecho del pueblo a la información diversificada".

5. Otros informes indican que semanarios tales como "Aquí"; "Golpe"; "Apertura" y "Clarin Internacional", se vieron obligados a clausurar sus actividades por falta de garantías. Esto mismo ocurrió con las agencias noticiosas internacionales en los días siguientes al 17 de julio, en los cuales sus informaciones al exterior fueron limitadas y varios de sus corresponsales detenidos siendo objeto de intimidaciones y amenazas. Se señala que los teletipos de la France Press fueron objeto de cuantiosos daños por parte de agentes de seguridad.3

6. En total se estima que aproximadamente 40 periodistas han sido detenidos y/o expulsados del país sin contar aquellos que han quedado cesantes por la clausura de los medios de comunicación en los cuales trabajaban.

7. Actualmente con la excepción de las emisoras de los grupos mineros, los medios de comunicación están funcionando y no existen límites formales o de tipo jurídico que restrinjan la libre expresión. No obstante lo anterior, la atmósfera de intimidación que rodea a los medios ha creado, en opinión de la Comisión, un alto grado de autocensura que restringe el pleno goce de estos derechos.

8. En el mes de agosto de 1981, la Comisión tuvo conocimiento de la detención y posterior liberación de los señores Mariano Baptista y Jaime Ríos, directores de los vespertinos "Última Hora" y "Jornada". A raíz de este hecho y de los sucesos ocurridos con ocasión de la renuncia del General García Meza, el Ministro del Interior reiteró que las medidas impuestas el 17 de julio de 1980 continuaban vigentes y que todos los medios de comunicación deben consultar con ese Ministerio acerca de las informaciones que podrían publicarse.

 

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1  Convención Americana sobre Derechos Humanos: Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión: 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. 3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. 4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2. 5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción legal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional.

2  La tarde del sábado 19 de julio Radio Animas del distrito minero del sur de Potosí dejó de transmitir como consecuencia de la ocupación militar tras fuertes enfrentamientos. El día siguiente el asalto contra el campamento minero de Huanuni la Radio Nacional de Huanuni fue destruida. Radio Vanguardia de Calguisi fue bombardeada por un avión de la Fuerza Aérea y silenciada. Sólo iniciaron la semana las tres emisoras del distrito minero de Catavi, la 21 de diciembre, la Voz del Minero y la Pío XII. Ante el persistente cerco militar de la región decidieron cesar sus emisiones el miércoles 23 de julio. La emisora sindical Continental también está cerrada.

3  Entre los periodistas sujetos a una u otra forma de persecución, citamos los siguientes a título de ejemplo: Daniel Acebez, detenido en la sede de la COB; Eduardo Pérez, S.J., Director de Radio Fides; José Marco, Administrador de Radio Fides; Vicente Beneyte, S.J., Superior de la Comunidad Jesuita. Todos los de Radio Fides fueron robados y maltratados acusados de ser curas comunistas. José Marco fue llevado preso; Harold Almos de la Associated Press, expulsado del país; Eduardo Pérez Irabarne, Agente France Press, expulsado del país tras una detención de varios días; Mary Hiller Spooner, de la Financial Times, expulsada del país; René Bascopé, Director de Aquí, detenido; Felix Godoy, Promotor de Radio Pío XII, detenido; Ray Booner, de Newsweek Magazine, expulsado del país; Tomás González, de Radio Voz de Minero, detenido; Oscar Peña, Presidente de la Confederación de Periodistas Bolivianos, ex-Secretario de Prensa en la Administración de la Presidente Lidia Gueiler, detenido; Fernando Salazar Paredes, periodista. Ex-Ministro de Asuntos Regionales en la Administración anterior, detenido; Mario Maldonado Vizcarra, Editor de La Presencia, nacional argentino, detenido; Miguel Longo, periodista de La Presencia, nacional argentino, detenido y Jaime Vergara, Director del Centro de Investigaciones (CIDOB).