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OEA/Ser.L/V/II.83
Doc. 14
12 marzo 1993
Original: Español
INFORME ANUAL DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA
DE DERECHOS HUMANOS 1992 -
1993
IV.
SITUACION DE LOS DERECHOS DE LOS MENORES EN EL HEMISFERIO
Introducción
En base a las recomendaciones emanadas de las Resoluciones de las
Asambleas Generales de la Organización de los Estados Americanos en sus
vigésimo primero y segundo períodos ordinarios de sesiones, realizados
en Santiago de Chile, del 3 al 8 de junio de 1991 y el último, en Nassau,
Las Bahamas, del 18 al 22 de mayo de 1992, se emitieron dos resoluciones
referentes al Informe Anual de la CIDH.
La primera de ellas es la AG/RES. 1112 (XXX-0/91) referente al
"Fortalecimiento de la OEA en Materia de Derechos Humanos", en
la que en su numeral g. se le solicitó a la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, inter alia, tutelar e informar sobre la
observancia de los derechos de los menores en el hemisferio.
En relación a dicha solicitud, la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos elaboró en su anterior Informe Anual un estudio referido
al "Fortalecimiento de la OEA en Materia de Derechos Humanos:
la observancia de los derechos de los menores". El
presente informe seguirá la misma metodología de trabajo, vale decir, se
revisará el tema con consideraciones de carácter general, la situación
de los niños en el hemisferio, revisión de literatura de otras
organizaciones e informaciones recibidas de los Estados miembros.
La protección del menor en los diversos instrumentos de
derechos humanos
Los derechos del niño han sido una constante preocupación del
sistema interamericano; por ello, es conveniente realizar una revisión de
los instrumentos interamericanos pertinentes.
La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre
protege textualmente los derechos del menor en su artículo VII.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos --Pacto de San José--
contiene en su Capítulo II el artículo 4, Derecho a la Vida; dicho artículo
protege la vida de todos los pobladores del hemisferio.
El Pacto de San José contiene artículos específicos en relación
al menor; por ejemplo, el artículo 18 consagra el derecho que tiene toda
persona a un nombre y el artículo 19 señala expresamente:
Derechos del Niño
Todo
niño tiene derechos a las medidas de protección que su condición de
menor requieren por parte de su familia, sociedad y del Estado.
El último instrumento adoptado por el sistema interamericano, el
Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
"Protocolo de San Salvador" referido principalmente a la
protección de los derechos económicos, sociales y culturales, prescribe
también protección a los derechos de los menores en el hemisferio. Así,
este importante y novedoso instrumento señala en su artículo 16 lo
referente a los Derechos de la Niñez.
Dentro de este marco de la protección de los derechos humanos, el
sistema universal a través de la Organización de las Naciones Unidas, más
específicamente en el ámbito de protección de los derechos del niño,
decidió crear un instrumento específico debido a la importancia y
especial protección que merece el ser humano en su etapa infantil.
Por ello, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó unánimemente
la Convención sobre los Derechos del Niño, el 20 de noviembre de 1989,
durante el trigésimo aniversario de la Declaración de los Derechos del
Niño de 1959, la cual entró en vigor el 2 de septiembre de 1990.
Esta Convención significa la reafirmación de un amplio espectro
de derechos fundamentales que no deja lugar a duda sobre la importancia
que tienen los derechos de los niños dentro del derecho internacional de
los derechos humanos.
Asimismo, se le otorga al niño no sólo una calidad especial de
protección, sino que se le hace sujeto de protección de todos los
derechos humanos reconocidos por la normatividad internacional.
La Convención sobre los Derechos del Niño protege todos los
derechos humanos internacionalmente reconocidos.
En lo referente a la aplicación de la Convención en el ámbito
interno, los Estados partes
se comprometen, mediante su ratificación, a respetar los derechos recién
enunciados y a asegurarle su aplicación a cada niño sujeto a su
jurisdicción, así como a adoptar todas las medidas administrativas,
legislativas y de otra índole que sean necesarias para dar efectividad a
los derechos reconocidos por la Convención.
Hasta el momento son 117 los Estados ratificantes de este
instrumento, de los países del hemisferio; y no lo han hecho aún Antigua
y Barbuda, Haití y Santa Lucía, y no son signatarios de la Convención
los Estados Unidos de América, y San Vicente y las Granadinas.
Situación de la infancia en la región Latinoamericana y el
Caribe
Al realizar una visión global de la situación de los menores en
la región latinoamericana y del Caribe puede apreciarse que no obstante
las divisiones geográficas de esta área de los países del sistema
interamericano, la incidencia de determinados problemas específicos son
compartidos por estos países, debido a similares condiciones de
desarrollo.
Según cifras del Instituto Interamericano del Niño y de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), existen en la
actualidad alrededor de 195 millones de niños en América Latina y el
Caribe, que equivale aproximadamente al 45% de los 440 millones de
habitantes de la región. La
mayoría de estos menores viven en condiciones de pobreza extrema.
Se desprende de estos estimados que existen aproximadamente 115
millones de niños afectados de múltiples carencias a raíz de la miseria
que padecen.
Dentro del marco de protección de los derechos del niño, tanto a
nivel regional como universal, el Fondo de Protección para la Infancia de
las Naciones Unidas (UNICEF), tomando en cuenta que la situación económica
de los países en desarrollo es cada vez más crítica, ya no prohibe
taxativamente el trabajo de los menores sino que fija edades mínimas y lo
regula de forma humana para evitar su explotación.
Sin embargo, y a pesar de la gran cantidad de instrumentos
internacionales que protegen los derechos de los menores, la realidad
actual del hemisferio americano es bastante diferente.
Son muy frecuentes los casos de asesinatos, de torturas, de
explotación de todo tipo, de abusos sexuales, de abandonos, de la
utilización de menores como donantes involuntarios de órganos, de la
venta y la prostitución de los mismos, de su desnutrición, de las altas
tasas de analfabetismo, de la incursión de mayor cantidad de menores en
el área de la drogadicción y de la farmacodependencia; éstos, entre
otros factores, son los que atentan contra la dignidad e integridad del
menor en el hemisferio.
El fenómeno de los "niños de la calle" --que viven
literalmente en las calles-- es
cada vez más difundido en las grandes zonas urbanas de las ciudades del
hemisferio. En esta situación,
en el Perú, existe una tipología de niño de la calle llamado "wawas
guerra" --o "niños de la guerra-- (utilización del idioma
nativo quechua), los cuales son mayormente huérfanos sobrevivientes de
padres campesinos abatidos por las Fuerzas Armadas o por la subversión,
que huyen y se refugian en las grandes ciudades del Perú, muchas veces
haciéndolo a pie desde las zonas de los Andes hasta las ciudades costeras.
Una vez que estos niños llegan a una gran ciudad, por lo general
en el caso peruano a Lima --la capital de la República-- éstos o entran
a formar parte del gran "ejército" de niños de la calle
existente -convirtiéndose en las conocidas "pirañitas" o
ladronzuelos que roban en grupo a los transeúntes-, o son víctimas de
explotación de personas inescrupulosas que se aprovechan de su condición
de desamparo.
Asimismo, estos niños, debido al propio desamparo en que se
encuentran, abusan a temprana edad de substancias tóxicas y fuertes
drogas. Siguiendo con el análisis
de la situación peruana, estos niños de la calle usan un pegamento plástico
llamado "Terokal" que es colocado dentro de bolsas plásticas y
es inhalado, produciendo efectos alucinógenos y eufóricos, conociendo a
este tipo de niño como "terokaleros".
Existe igualmente en Honduras, un caso similar de inhalación de un
pegamento de utilización industrial, "Resistol".
Por ello, estos niños hondureños son conocidos como "ristoleros".
Este caso de inhalación de pegamentos se ha comenzado a dar en la
Ciudad de México desde los años noventa, arrojando cifras de menores de
hasta 9 años de edad. Asimismo,
otra droga que es consumida por estos menores es la conocida con el nombre
del "basuco", particularmente en las zonas de
Sudamérica tales como Colombia, Perú y Bolivia.
Esta droga consiste en
la combinación de cigarrillos con un producto de muy baja calidad
elaborado de la cocaína. Esta
droga --el basuco, deriva su nombre del español "base de
coca"-- es altamente tóxica porque contiene kerosene doméstico, ácido
sulfúrico y otros químicos venenosos utilizados para la extracción de
la cocaína de la hoja de coca.
Dentro de este contexto, en Guatemala se indicó que los niños de
la calle utilizaban igualmente pegamentos, "thinner" (disolvente)
para pinturas, así como drogas de mayor potencia.
En los Estados Unidos de América, la situación es también
bastante crítica al registrarse casos de menores que utilizan el conocido
"crack" (mezcla de cocaína diluida en otros componentes de
menor calidad --siendo de un alto potencial adictivo y de tremendo efecto
nocivo para la salud--) teniendo principalmente como sus usuarios a
menores pertenecientes a las minorías étnicas, vale decir, niños negros
y latinos.
Otro fenómeno importante de resaltar es lo que ocurre en el Brasil.
A pesar que se despliegan grandes esfuerzos gubernamentales para la
protección del menor, existe la dramática situación de los escuadrones
de la muerte, los cuales aniquilan masivamente a niños de la calle, en
operativos de llamada "limpieza" social.
Estos son contratados ya sea por empresarios o consorcios de
comerciantes para deshacerse de niños callejeros.
En este contexto, cabe indicar lo ocurrido en la Delegación de
Policía de Lagarto, Brasil, donde dos oficiales de policía y un
terrateniente local fueron acusados por la propia policía brasileña de
dar muerte a dos menores adolescentes, Erivan José da Silva, de 14 años
de edad y José Fernandes de Almeida, de 15
años de edad el 5 de mayo de 1992 en la ciudad de Lagarto, Sergipe,
Brasil. Este, entre otros
casos señalados, son el saldo de una violencia inimaginable contra seres
inocentes. Asimismo, el 16 de
noviembre de 1990 los cuerpos de cuatro niños fueron hallados en este
mismo país. Fue el caso de
Antonio Carlos Pererira de 11 años, Genilson Francisco de 13 años,
Carlos Meneses, de 10 años de edad y Lucio Roberto de 12 años; éstos
fueron encontrados en dos lugares diferentes, Terra Dura y Limoneiro, en
las faldas del cerro Aracaju. Los
niños habían sido ultimados de tres tiros cada uno en la cabeza y el
abdomen. Se sindicó del
hecho a un oficial de policía junto con tres civiles.
El 28 de octubre de 1991, Flavio Silva Dias, un niño de la calle
que fue testigo ocular del asesinato de los cuatro menores recién
mencionados fue ultimado de un disparo en la cabeza.
Flavio Dias debía testificar el 19 de noviembre de 1991 en el
proceso judicial contra los supuestos asesinos de los cuatro menores en
cuestión. Por ello, y a falta de un importante testigo de cargo,
fuentes legales brasileñas expresaron sus dudas sobre el progreso del
juicio contra los alegados asesinos por falta de suficientes pruebas.
Según cifras del UNICEF, existen aproximadamente 12 millones de niños
de la calle en el Brasil. Se
indicó que algunos de ellos tienen familias que visitan de vez en cuando,
pero que la gran mayoría están simplemente abandonados.
Se calcula que existen varios miles de éstos en las ciudades de Río
de Janeiro, Sao Paulo y Recife. En
todos estos lugares se han hallado cuerpos de jóvenes asesinados en
basurales y terrenos baldíos, con muestras de graves maltratos físicos y
hasta, en algunos casos, con muestras de violaciones sexuales.
Todos los cadáveres hallados fueron ultimados con arma de fuego.
En Colombia, fuentes fidedignas señalaron --para el año 1991--,
la existencia de unos 50,000 gamines (niños de la calle) en las ciudades
de Colombia. De esta cifra,
se estimó que unos 7,000 de ellos recorren las calles de Santafé de
Bogotá, ciudad que posee alrededor de seis millones de habitantes, de los
cuales un 43 por ciento provienen de otras regiones del país.
Dicha investigación detectó que alrededor de 1,500 de los
"gamines" santafereños que habían sido favorecidos por
programas de resocialización se habían escapado de estos centros en los
que habían sido colocados por las autoridades pertinentes.
Los gamines colombianos integran verdaderas comunas callejeras que
sobreviven del pillaje no sólo a los transeúntes, sino también a los
negocios y restaurantes de donde obtienen su comida.
Según estimados alcanzados, un gamín consigue ingresos por un
total aproximado de 250 dólares por mes, producto del hurto de aretes,
relojes y otros delitos menores.
En Tenjo, una población colombiana, se llevó a cabo del 23 al 28
de marzo de 1992, bajo los auspicios de la fundación británica
"Save the Children", un taller internacional sobre las
estrategias de trabajo con la niñez en situaciones de violencia, cuya
conclusión principal fue la siguiente:
Las situaciones de violencia y asesinatos contra los niños de la
calle y las áreas de conflicto de los países latinoamericanos,
especialmente Colombia, Guatemala, Perú, Brasil, Nicaragua y El Salvador
son una vergüenza para los gobiernos democráticos (...) Es evidente que
para los gobiernos latinoamericanos la niñez -que conforma más del 50%
de la población- no es una prioridad dentro de sus políticas de
desarrollo social y económico. Menos aún la niñez víctima de los
conflictos armados y de la situación de pobreza extrema (...) En los últimos
meses se han incrementado los asesinatos de los niños de la calle en
Brasil y Guatemala por parte de las fuerzas de seguridad del Estado.
En el pasado mes de noviembre (1991), en Río de Janeiro, Brasil,
seis niños de la calle fueron asesinados por grupos no identificados en
iguales circunstancias en que perecieron 142 niños en el Estado de Río
de Janeiro en 1991. En
algunos casos se ha demostrado la participación de la policía pero sólo
tres de los agentes implicados están en prisión (...).
Igualmente en Guatemala hay ocho órdenes de captura contra agentes
de la policía por asesinatos y tortura de niños de la calle, que, sin
embargo, no han sido ejecutadas por la impunidad existente.
Ante las declaraciones recién recogidas podemos apreciar una cruda
realidad que se traduce principalmente por factores de pobreza extrema,
marginalidad, abandono y falta de recursos para asegurarle al poblador del
hemisferio, aún desde temprana edad, el goce de sus más elementales
derechos humanos, el derecho a la vida y el derecho a la integridad física.
Asimismo, en recientes excavaciones y exhumaciones realizadas en El
Salvador, un equipo de antropólogos forenses descubrió en El Mozote, El
Salvador, un número aproximado de 37 calaveras y esqueletos --la mayoría
de niños-- que habían sido enterrados en la pequeña casa del sacerdote,
junto a las ruinas de la iglesia, donde testigos del lugar indicaron que
el batallón Atlacalt, el 11 de diciembre de 1981, se llevó a un grupo de
niños y los acuchillaron, golpearon mortalmente y les dispararon.
Este hallazgo ratificó el testimonio de los lugareños que habían
dado esta versión.
Dentro de este contexto, la situación del menor en Guatemala es
bastante preocupante. Cabe resaltar los ataques producidos constantemente
contra el centro Casa Alianza y sus colaboradores.
Se trata de un centro que trabaja con niños de la calle o "gaviotas"
como también se les conoce. Entre
otros casos, es importante señalar un caso en el que la Casa Alianza pudo
conseguir condenas debido a ataques producidos contra sus niños; es el de
Nahamán Carmona López, muerto
luego de ser atacado por cuatro policías el 4 de marzo de 1990.
Después de varios juicios fallidos, la Corte de Apelaciones
confirmó las condenas el 22 de julio de 1992, reduciendo a doce años el
término de prisión. Varios
de los testigos del hecho siguen siendo amenazados y dos de ellos han
debido dejar el país debido a ello; otros han sido víctimas de maltratos
físicos y de violaciones sexuales (caso de una enfermera del centro).
Asimismo, un integrante de la agencia de seguridad, organización
conectada con la inteligencia militar, fue también condenado, en marzo de
1992, a diez años de prisión por la muerte producida el 28 de abril de
1991 del niño Francisco Chacón Torres.
Estos, entre otros, son casos de abusos producidos y comprobados
contra menores guatemaltecos por parte de las fuerzas del orden que han
sido denunciados ante la CIDH.
Cabe resaltar el fenómeno de la utilización de menores en
enfrentamientos bélicos de grupos armados irregulares, siendo
principalmente notorios los casos de Colombia, Perú, Guatemala, entre
otros.
Referente al campo de utilización y explotación de menores en
trabajos inadecuados por su condición de menor, es importante recordar lo
que ha venido ocurriendo en la República Dominicana, en los conocidos
"bateyes" o ingenios azucareros, en los cuales son contratados jóvenes
nacidos en suelo dominicano pero de origen haitiano, no teniendo ningún
tipo de derecho y que realizan su trabajo en condiciones totalmente
inadecuadas.
Situación específica en determinados países miembros de la
Organización de los Estados Americanos
Argentina:
La situación se presenta en forma sui generis, puesto que
la existencia de niños de padres desaparecidos durante la época de la
llamada "guerra sucia" dejó una pesada y difícil herencia a
los gobiernos democráticos. Por
ello, la administración argentina gobernante está tratando por todos los
medios de poner fin y de solucionar --de la mejor manera posible--
estos dramáticos casos de adopciones clandestinas.
En su actual legislación, en lo referente a los derechos del niño,
el Código Civil argentino establece un régimen para los menores en sus
artículos 126 a 139. Se expresa allí que son menores las personas que no hubiesen
cumplido 21 años(menores impúberes hasta los 14 años; menores adultos
de 14 a 21 años), y se disponen las condiciones y efectos de la
emancipación de los menores.
A su vez, la ley Nº 14.394 sobre el régimen de menores y de la
familia protege los derechos de los menores en caso de herencia.
La reforma introducida al Código Civil por la ley Nº 23.515 ha
elevado la edad mínima para contraer matrimonio, siendo ella de 16 años
para la mujer y 18 para el varón y ha adecuado las normas sobre adopción
de menores de la ley Nº 19.134 con las modificaciones de la ley Nº
23.264. Asimismo, el Código
de Comercio argentino establece las condiciones en las cuales los menores
adultos pueden ejercer el comercio. La
Ley de Contrato de Trabajo contiene también disposiciones que regulan el
trabajo de los menores. En el
ámbito penal, la ley Nº 22.278 sobre Régimen Penal de la Minoridad
dispone la imputabilidad a partir de los 16 años y normas sobre el
cumplimiento de la pena. El Código
Penal protege a los menores especialmente en los casos de abandono de
personas, violación y estupro, corrupción y abuso deshonesto, supresión
de estado civil.
En lo referente al derecho al nombre, la ley Nº 18.248 de 1969
regula el nombre de las personas.
Canadá:
En la respuesta que enviase Canadá sobre el tema del menor ante la
información solicitada por la CIDH, se señaló:
1.
En el ámbito de analfabetismo señaló que no existían estudios
exhaustivos sobre el grado de analfabetismo entre esta población, pero
que la educación en su país era obligatoria hasta una edad designada (15
años en Newfoundland, y 16 años en todas las demás provincias).
Por ello, toda la población juvenil tenía igual oportunidad de
acceder a una educación básica.
Algunos indicadores sobre este tema pueden ser hallados en la
Encuesta de las Habilidades Alfabéticas Utilizadas en las Actividades
Diarias de 1989. Este estudio
se concentró en examinar "las habilidades alfabéticas diarias"
de la población adulta, entre las edades de 16 a 69 años.
Empero, es importante dejar constancia que dentro del rubro de
menor edad de personas encuestadas --de edades de 16 a 24 años--, éstos
aún continuaban con su educación, pudiendo llegar en años posteriores a
ubicarse dentro de un rango de educación superior.
2.
En cuanto a los instrumentos internacionales de protección del
menor de los cuales Canadá es parte, se señaló que Canadá ha
ratificado 25 convenios internacionales de derechos humanos, y entre los
varios derechos que éstos tutelan se hallan tanto los derechos de los niños
como de los adultos. Algunos de estos instrumentos se refieren expresamente al
derecho del niño, siendo los más importantes los siguientes:
-
En 1991, Canadá ratificó la Convención de los Derechos del Niño
de las Naciones Unidas.
-
En 1976, Canadá ratificó el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos de las Naciones Unidas y su Protocolo Adicional.
-
En 1976, Canadá ratificó el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas.
-
En 1981, Canadá ratificó la Convención para la Eliminación de
todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
Las otras convenciones sobre derechos humanos que Canadá ha
ratificado están referidas a asuntos tales como prácticas de empleo,
esclavitud, tortura, refugiados y conflictos armados.
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