HAITI

          La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha continuado observando con especial atención la situación de los derechos humanos en Haití desde la salida del Presidente Jean Claude Duvalier el 6 de febrero de 1986.  Las sistemáticas violaciones a los derechos fundamentales de los haitianos durante el régimen vitalicio de los Duvalier, llevaron a la Comisión a elaborar un Informe Especial.  Ese mismo año, antes de abandonar el país, Jean Claude Duvalier había invitado a la Comisión a efectuar una visita de observación sobre la situación de los derechos humanos en Haití, la cual no llegó a concretarse.

          El 29 de julio de 1986, el Consejo Nacional de gobierno, que había sucedido a Duvalier, dirigió una nueva invitación a la Comisión para que llevase a cabo la visita in loco, la cual fue realizada por el pleno de la Comisión en enero de 1987.  La segunda visita de la CIDH se efectuó después del derrocamiento del Presidente civil Leslie Manigat en agosto de 1988.  Como resultado de dicha visita y a la solicitud del Consejo Permanente de la OEA, la Comisión preparó un informe especial sobre la situación de los derechos humanos en Haití, en el cual se analiza detalladamente la evolución histórica y los derechos humanos afectados dentro del marco de la Constitución de 1987.1

          Frente a la escalada de violencia y deterioro de los derechos humanos, el Consejo Permanente de la OEA fue convocado el 23 de febrero de 1990 a fin de analizar la situación de Haití y resolvió solicitar a la Comisión que continuara dando atención prioritaria a la situación de los derechos humanos en Haití y con el acuerdo del Gobierno realizara otra visita in situ y preparara un informe especial.2

          El Presidente de la Comisión, Sr. Oliver H. Jackman, instruyó a la Secretaría Ejecutiva para que realizara las gestiones pertinentes para llevar a cabo la visita de observación solicitada.  La agravación de los conflictos en Haití impidieron que el Gobierno del General Prosper Avril concretara la invitación antes de ser substituido por el Gobierno provisional de la Dra. Ertha Pascal Trouillot, con quien se acordó que la visita de inspección se llevaría a cabo del 17 al 20 de abril de 1990.

          Como resultado de la observación efectuada, la Delegación de la CIDH presentó su informe al pleno de la Comisión durante su 77 período de sesiones (del 7 al 18 de mayo 1990), la cual lo aprobó y lo presentó a la Asamblea general de la OEA, reunida en Paraguay en junio de 1990.  Este informe cubre el período del Gobierno del General Prosper Avril e incluye los elementos observados durante la visita in loco, de los cuales la Comisión formuló sus conclusiones y recomendaciones, señalando en forma especial su preocupación por el problema de la seguridad en que se desarrollarían los comicios.3

          De igual manera, la Comisión señaló en el informe citado que la extrema violencia del Ejército, la Policía y los grupos civiles armados era la principal causa de actos violatorios a los derechos de la población, en particular los derechos a la vida, integridad física y a la libertad personal.  Indicando, asimismo, la necesidad de que las autoridades competentes impusieran sanciones ejemplares a quienes los ejecutaran y a desarmar a los grupos civiles, así como a modificar profundamente el sistema de jefes de sección y sus adjuntos que continuaban operando en las zonas rurales.

          Con respecto a la incapacidad de la administración de justicia para combatir la atmósfera de inseguridad imperante en el país, la Comisión indicó la necesidad de impulsar las acciones judiciales contra los acusados de haber cometido gravísimas violaciones a los derechos humanos.

          El 5 de julio, la Comisión recibió las observaciones del Gobierno relativas al Informe Especial de la Comisión sobre la situación de los derechos humanos en Haití, señalando que la misión esencial del Gobierno era de organizar, en las mejores condiciones posibles y en el plazo más breve, unas elecciones honestas.  El Gobierno Provisional de la Dra. Trouillot indicó asimismo, que no contaba con los medios, ni el tiempo, y no tenía el derecho de lanzarse en reformas profundas que incumbían a un Gobierno definitivo que sería libremente elegido.  Sin embargo, el Gobierno de acuerdo con el Consejo de Estado, había tomado ciertas medidas dirigidas a satisfacer revindicaciones populares, las que se resumen de la manera siguiente:

1.                                          Con respecto a la justicia, algunos jueces y jefes de sección controvertidos habían sido reemplazados.  Asimismo, se habían dado instrucciones formales a los agentes de la policía judicial para una aplicación estricta de la ley.

2.                                          Con respecto a la inseguridad, se estaban llevando a cabo concursos de reclutamiento por las Fuerzas Armadas de Haití.  Paralelamente a estas medidas que tendían a restablecer la seguridad, se había iniciado un proceso de desarme de las fuerzas irregulares, obteniendo resultados positivos.  Igualmente, ciertos oficiales acusados de haber cometido exacciones habían sido apartados del Ejército.

Con posterioridad a la visita de observación del mes de abril, la Comisión fue informada sobre el grave deterioro de la situación de los derechos humanos en Haití, en la medida en que se pretendía desarrollar el proceso electoral.  Por este motivo, y siguiente instrucciones del Dr. leo Valladares Lanza, Presidente de la Comisión, la Dra. Bertha Santoscoy, abogada encargada de Haití viajó a Puerto Príncipe del 10 al 14 de septiembre de 1990, con la finalidad de obtener información más amplia sobre la situación de los derechos humanos en el país.

Dicha información fue considerada por la Comisión durante su 78 período de sesiones y decidió efectuar una visita en Haití, con el objeto de efectuar un seguimiento sobre la situación de los derechos humanos y proporcionar un apoyo al proceso de democratización en curso, a través del análisis del ejercicio de los derechos políticos.  Dicha visita se realizó del 14 al 16 de noviembre por el pleno de la Comisión.

Esta sección del informe anual tiene por objetivo ofrecer a la Asamblea General una actualización de los acontecimientos en Haití desde la presentación del informe especial de mayo de 1990.

El Gobierno Provisional de la Presidente Ertha Pascal Trouillot instaló el 2 de mayo de 1990, al Consejo Electoral Provisional, encargado de organizar las elecciones municipales, legislativas y presidenciales en Haití.  Asimismo, con la finalidad de apoyar el desarrollo del proceso electoral, la Presidenta Trouillot solicitó la ayuda de los organismos internacionales para supervisar las elecciones generales.  Las instituciones gubernamentales de Haití, incluyendo las Fuerzas Armadas, el Consejo de Estado y los partidos políticos se mostraron favorables a una supervisión de la Organización de los Estados Americanos y de las Naciones Unidas.  Sin embargo el Consejo Electoral Provisional y los partidos políticos descartaron la posibilidad del envío de militares (cascos azules) y se pronunciaron por una misión de asistencia técnica y de verificación.

La Asamblea General de la OEA reunida el 8 de junio en Paraguay, adoptó una Resolución de Apoyo al Proceso Democrático de la República de Haití, la que por su importancia se transcribe a continuación:

AG/RES.1048(XIX-O/90)

APOYO AL PROCESO DEMOCRATICO EN LA REPUBLICA DE HAITI

(Resolución aprobada en la octava sesión plenaria,

celebrada el 8 de junio de 1990)

LA ASAMBLEA GENERAL,

RECORDANDO:

          La Resolución CP/RES.537(805/90) sobre la situación de los derechos humanos en Haití, aprobada por el Consejo Permanente del 23 de febrero de 1990; y

          Resoluciones anteriores de la Asamblea General del Consejo Permanente sobre democracia y derechos humanos en Haití, en particular sobre democracia y derechos humanos en Haití, en particular las Resoluciones AG/RES.824(XVI-O/86), CP/RES.489(720/87) y CP/RES.441(644/86); y

TENIENDO EN CUENTA:

          El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre su visita a Haití, incluido en su Informe Anual para 1989/90 (AG/doc.2595/90 y la presentación de su Informe Especial sobre Haití AG/doc.2595/90 add.);

          La declaración formulada por la Presidente del Gobierno Provisional de Haití el día 25 de mayo de 1990 ante el Consejo Permanente, en la cual se hizo constar el compromiso de realizar elecciones libres, honestas y fidedignas “bajo la autoridad soberana del Consejo Electoral de Gobierno de Haití;”

          El informe oral presentado por el Secretario General el 23 de mayo de 1990 ante el Consejo Permanente sobre el estado de cooperación de la OEA con el Gobierno Provisional de Haití en el proceso electoral de ese país;

          Las declaraciones de los países de la Comunidad del Caribe (CARICOM) ante esta Asamblea en las que reafirman su solidaridad con el pueblo de Haití y su apoyo continuo al proceso electoral y a las aspiraciones de desarrollo de Haití; y

          Que la promoción y consolidación de la democracia representativa, con respecto al principio de no intervención, es un propósito fundamental de la Organización de los Estados Americanos,

RESUELVE:

1.                                          Afirmar su solidaridad con el pueblo de Haití y reiterar su apoyo a sus legítimas aspiraciones de paz y democracia, sin interferencia externa y en ejercicio de la expresión soberana de su voluntad.

2.                                          Expresar su satisfacción con motivo del mejoramiento de la situación de los derechos humanos bajo el nuevo Gobierno Provisional de Haití y su esperanza de que se efectúen nuevos esfuerzos para promover y proteger los derechos humanos en Haití.

3.                                          Extender su pleno apoyo al Gobierno Provisional de Haití para la concreción expedita de su intención declarada de realizar elecciones libres y justas en la primera oportunidad posible dentro del años en curso.

4.                                          Instar a todos los gobiernos y organismos internacionales a que proporcionen al Gobierno Provisional de Haití la asistencia técnica y económica de emergencia que sea necesaria para la preparación y realización de elecciones libres y justas y para la promoción del desarrollo y la estabilidad democrática en ese país.

5.                                          Mantener la asistencia de la OEA al Gobierno Provisional de Haití para su proceso electoral y expresar el vivo deseo de que esto se haga en coordinación con la Comunidad del Caribe y con otros organismos internacionales.

6.                                          Hacer un llamado a todos los Estados miembros en el sentido de que apoyen las labores de la OEA en Haití, contribuyendo al efecto con recursos financieros y/o observadores electorales idóneos.

7.                                          Instar al Gobierno Provisional de Haití y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a que continúen su cooperación en pro del mejoramiento de la situación de los derechos humanos en ese país.

8.                                          Solicitar al Secretario General que informe con regularidad al Consejo Permanente sobre el estado del apoyo de la Organización al proceso electoral en Haití y que, de acuerdo con lo dispuesto en la resolución AG/RES.991/89, presente un informe completo a la Asamblea General en su vigésimo primer período ordinario de sesiones.4

El Consejo Electoral Provisional anunció el 28 de junio de 1990 que las elecciones generales, inicialmente previstas para septiembre, habían sido postergadas hasta el 4 de noviembre la primera vuelta y el 25 de noviembre la segunda.  Al día siguiente, bajo estrictas medidas de seguridad tomadas en la sede del Consejo Electoral, este hizo pública la nueva Ley Electoral que regiría el desarrollo de la consulta popular.  El 14 de julio fue promulgada dicha ley, la cual consta de 162 artículos y prevé la elección del Presidente de la República por sufragio universal y mayoría absoluta.  La ley señala que el mandato presidencial es de cinco años y el de los diputados de cuatro años.  El senado se renovará por tercios de bienio en bienio.  El artículo 41, sobre personas inelegibles en virtud de la Constitución y de la propia ley, excluye de la elección a los haitianos que por “exceso de celo” hayan sido “artífices de la dictadura”, a los acusados por el rumor público de hacer cometido asesinatos políticos o torturado a detenidos y a los funcionarios públicos sospechosos de enriquecimiento ilícito.

Durante el proceso de democratización se produjo un distanciamiento entre el Poder Ejecutivo y el Consejo de Estado, el cual se acentuó con el asesinato de Serge Villard, miembro del Consejo de Estado, el 21 de junio, y el que fue percibido como la falta de interés de las autoridades en abrir una investigación seria para localizar a los culpables.  Este atentado se produjo cuando el sector neoduvalierista redoblaba sus críticas contra el Consejo de Estado.  Villard era considerado el “padre del artículo 291” de la nueva Constitución de 1987, que impide aspirar por diez años a toda función electiva a las personas estrechamente vinculadas con la dictadura de los Fuvalier.  Este ataque fue interpretado como una advertencia dentro del contexto de amenazas que el Consejo de Estado estaba recibiendo en respuesta al rechazo del nombramiento de la Ministra de Finanzas Violene Legagneur por la Presidenta Trouillot.

El Consejo de Estado reclamaba las siguientes condiciones para que los comicios pudiesen celebrarse: 1) resolver el problema de la inseguridad; 2) la detención de Roger Lafontant y Williams Regala; 3) abrir una investigación sobre el asesinato de Serge Villard; 4) presentar ante la justicia a los culpables de las masacres del 29 de noviembre de 1987 (elecciones) y del 11 de septiembre de 1988 (Iglesia de San Juan Bosco) y 5) adoptar medidas para bajar el alto costo de la vida.  Ninguna de estas condiciones fueron cumplidas.

Por una parte, el regreso de Roger Lafontant (7 de julio), antiguo Ministro del Interior de Jean Claude Duvalier y jefe de facto de los Tontons Macoutes, y Williams Regala, Ministro del Interior y Defensa durante el Gobierno de Namphy, provocó una protesta general de parte de la población y de los partidos políticos, quienes temían la reorganización de los Tontons Macoutes (antigua milicia civil de Duvalier), ya que desde el regreso de Lafontant, sus partidarios hicieron uso de repetidas ocasiones de la violencia.  Por otra parte, los débiles esfuerzos de la Presidenta Trouillot y las Fuerzas Armados para aprehenderlos fueron percibidos como una evidencia de complicidad entre el Gobierno y los Duvalieristas, lo cual no garantizaría un ambiente propicio para llevar a cabo las elecciones.

El Ministro del Interior, Joseph Maxi informó a la Comisión que a pesar que él había ordenado detener a Roger Lafontant desde su llegada, oficiales de seguridad del aeropuerto negaron haber recibido dichas órdenes.  Asimismo, señaló que el Procurador General había emitido una orden de arresto contra Lafontant, pero la policía sostenía “no poder localizarlo”, a pesar de que él continuaba su campaña proselitista en las calles de Puerto Príncipe.

Se señaló también ante la Comisión que el hecho de que no se había ejecutado la orden de arresto contra Lafontant, hacía suponer la existencia de intereses en el seno de la policía que él dirigió durante el Gobierno de Duvalier y que ahora lo beneficiarían con su protección y complicidad.  El Jefe de las Fuerzas Armadas, General Herard Abrahams señaló a la Comisión que el caso de Lafontant se encontraba ante la Corte de Casación, la que debería pronunciarse sobre su procedencia.

Lo anterior, fue reiterado durante la entrevista con el Procurador Bayard Vincent (Commissaire), quien señaló que pese a sus esfuerzos por detener la Lafontant, no contaba con el apoyo de la policía, ni de las Fuerzas Armadas y existía una complicidad entre la policía y algunos representantes del poder judicial, y el juez que intervenía en el caso de Lafontant había anulado la orden de arresto, argumentando su falta de comparecencia en una reunión con los abogados de Lafontant.  El Procurador Vincent, asimismo, indicó que su insistencia le había valido serias amenazas de muerte.

Con respecto a la situación jurídica de Williams Regala, fue expresado ante la Comisión que no existía ninguna orden de detención en su contra, pero sí existía un proceso pendiente, en base a una acusación presentada por el señor Bernard Sansariq, en la que denunciaba la participación de Regala en el asesinato de su familia en Jeremie.  Este caso se encontraba en la Corte de Apelación esperando una resolución sobre el problema de competencia jurisdiccional.  Se señaló también la existencia de una denuncia general presentada por el Consejo Electoral Provisional, en la cual se acusaba a Regala de ser el principal instigador de la masacre del 29 de noviembre de 1987, donde 24 personas fueron muertas y 74 resultaron heridas en la violenta interrupción de las elecciones generales, con la complicidad del Gobierno de Namphy.

El 9 de julio, once partidos y organismos populares llamaron a una huelga general en Haití para protestar por la presencia de Lafontant y Regala, estimando que ésto constituía un desafío lanzado a las autoridades judiciales y un insulto a la memoria de las víctimas asesinadas. La huelga se llevó a efecto hasta el día 13 de julio, paralizando por 24 horas el país.

El 11 de julio, el Grupo de los 12 (Asamblea de Concertación) emitió un comunicado apoyado por el Consejo de Estado, pidiendo al Gobierno el arresto de Lafontant y Regala o de lo contrario la dimisión de la Presidenta Trouillot.  Algunos miembros del Grupo de los 12, incluyendo la Alianza Nacional para la Democracia y el Progreso (ANDP), representada por Marc Bazin, Serge Gilles y Dejean Belizaire y el Partido Democristiano de Haití (PDCH), representado por Sylvio Claude, discreparon con este ultimátum.

El Consejo Electoral Provisional llamó el 15 de julio a conjurar la crisis en unidad y por la vía de la negociación, inquietándose por el riesgo de un caos y las posibles repercusiones nacionales e internacionales que tendría sobre las próximas elecciones un fracaso de la fórmula Ejecutivo-Consejo de Estado acordada por consenso cívico-militar.  Varios partidos políticos y el Comité Honor y Respeto de la Constitución aceptaron por petición del CEP postergar a una fecha no precisada el ultimátum lanzado a la Presidencia.

La crisis de confianza hacia el Gobierno de Trouillot aumentó el 14 de agosto, cuando el Consejo de Estado declaró que no podía trabajar más con el Ejecutivo, el cual había cesado de funcionar de acuerdo a los principios contenidos en el Acuerdo del 4 de marzo que fue formulado por las principales fuerzas políticas del país.  Diez días después, cinco Ministros del gobierno, los más cercanos al movimiento democrático, renunciaron en señal de protesta, ellos fueron: Kesler Clermont, Ministro de Asuntos Extranjeros y de Cultos, Claudette Werleigh, Ministra de Asuntos sociales, Lionel Richard, Ministro de Agricultura, Maurice Lafortune, Ministro de Comercio y Charles Tardieu, Ministro de Educación.

El 23 de agosto, siete partidos políticos solicitaron al CEP que suspendiera la preparación de los comicios, en razón del “rápido deterioro” de la situación política.  Los autores de la demanda pedían tener en cuenta la movilización de diversos sectores sociales y partidos políticos opuestos a ir a las urnas bajo la presidencia de Trouillot.  Otros dirigentes políticos, en cambio, criticaron el “aventurerismo político” de esta iniciativa, estimando que la única solución a la crisis residía en la celebración de elecciones democráticas bajo la presidencia de Trouillot. 5

Durante los meses de mayo a septiembre se incrementaron las violaciones a los derechos humanos en Haití, en la medida que se pretendía avanzar el proceso electoral.  La atmósfera de inseguridad que imperaba tanto en la capital, como en las zonas rurales del país era producto de la violencia que provenía por una parte, de miembros de la policía, jefes de sección y sus adjuntos y por otra parte, de civiles armados conocidos como “zinglindos”, presumiéndose que estos grupos de delincuentes estaban formados por macoutes y antiguos solados.  Durante estos meses, decenas de ciudadanos haitianos fueron asesinados en diferentes circunstancias sin que estas violaciones hayan sido investigadas.

Como parte de las medidas tomadas por el gobierno para controlar los abusos cometidos por los jefes de sección y sus adjuntos, se decretó la institución de los Delegados el 31 de mayo de 1990.  Los Delegados son representantes civiles del Poder ejecutivo, bajo la tutela del Ministerio del Interior y su competencia de vigilancia se extiende en cada uno de los Departamento en que han sido designados.  Sin embargo esta reciente institución no ha demostrado todavía ser el instrumento adecuado para controlar los abusos por parte de las autoridades.

Durante el período que cubre este informe, la Comisión fue informada de un gran número de violaciones a los derechos humanos y entre ellas se señalan las siguientes:

-          A mediados de abril de 1990, tuvo lugar un enfrentamiento entre agricultores de la región de Bocozelle, comuna de Saint Marc y Agitadores enviados por terratenientes de la región.  Dos agricultores fueron detenidos: Deiusi Fortune y Espérance Saint-Louis en la prisión de Saint Marc, sin que hasta la fecha hayan sido presentados ante el juez.

-          El 6 de mayo, en Port-Sondé, el Corporal Jean Robert disparó a dos hombres llamados Sainte Théluscart y Verité Isaac dando muerte al primero e hiriendo al segundo.  Posteriormente ordenó a su adjunto detener a un hombre llamado Néne,  quien al oponerse al arresto fuer muerto por el adjunto.  Se desconocen los motivos de estas muertes.

-          El mismo día en Labadie, Petite Riviére de la Artibonite, Kern Genescart fue detenido y acusado de ser miembro del Movimiento Juvenil de Labadie (MJL).  Genescart fue arrestado por órdenes del Comandante Maxi Maxime.  El día 7 de mayo Enerl Pierre fue detenido por el mismo motivo.  El Movimiento Juvenil de Labadie había sido prohibido por los militares desde 1988 y cuatro de sus integrantes fueron muertos por las autoridades locales.

-          El 15 de mayo, el Juez Tulien Vincent ordenó la detención de Tony Vernio corresponsal de Radio Haití-Inter, cuando éste investigaba cierta información que involucraba al juez en actos de extorsión.  Alrededor de 2,000 personas de Port-de-Paix se reunieron inmediatamente ante la prisión demandando su libertad.  El ejército intervino para proteger al juez local bloqueando el acceso a la Corte.  Tony Vernio fue liberado más tarde bajo la presión de la muchedumbre y declaró haber sido golpeado severamente por los soldados.

-          El Jefe de Sección de Pérodin, en la Petite Riviére de la Artibonite, Cilien Thélot había sido obligado a abandonar su puesto el 15 de febrero de 1990, por sus frecuentes abusos cometidos en contra de la población.  Después de esta fecha, un grupo de campesinos armados de machetes y piedras vigilaban el lugar oponiéndose a su regreso.

          El 31 de mayo, Cilien Thélot, acompañado de varios adjuntos se enfrentó a los campesinos de Pérodin.  Como resultado de dicho enfrentamiento murieron tres campesinos, Thélot y dos adjuntos.

          Dos días después de los hechos, el Capitán Hérard Ira al mando de treinta soldados subieron a Pérodin y detuvieron a los campesinos Monnier Dieuferne, Nicolas Riche y Pierrelus Zéphir en represalia por la muerte de los tres militares.   Los jefes de otras secciones vecinas detuvieron a once campesinos al azar:  Olius Senobe, gusmane Jean-Baptiste, Tiovis Toussaint, Sauveur Pierre Louis, Sauveur Joseph, Jacéus Boihite, Dieseul Pleurméns, Elphise Exilhom, Céleste Caprice, Méprise Jean Baptista, Sorel Pierre-Louis.  El 16 de junio fueron liberados once de ellos y tres continúan en prisión.

          Supporté Orteus, uno de los adjuntos de Thélot que fue detenido por la muerte de los campesinos fue liberado después de ser presentado al puesto militar de Petite Riviére.

-          El  7 de junio, en Mahotiére, 7a. sección comunal de Port-de-Paix, soldados de la “Unite Tactique” del Noroeste, enviados por el Jefe de Sección Joel Jean-Baptiste, detuvieron a siete miembros del Movimiento “Tet Kile ti Peyizan Nodwes”, quienes fueron conducidos al puesto de la policía local, donde fueron golpeados y liberados más tarde.

-          Igualmente el Mahotiére dos días más tarde, el mismo Jefe de Sección Jean-Baptiste detuvo a dos jóvenes, Légilien Parice y Narcius Oralus, quienes fueron conducidos al Cuartel de Port-de-Paix y golpeados más tarde en prisión, acusándolos de tentativa de “déchoukage” del jefe de sección.  Gracias a la intervención de un abogado del Movimiento TET KOLE los detenidos fueron liberados 3l 12 de junio quienes declararon haber sido golpeados por los militares.

-          El 21 de junio, durante la reunión en el Hotel Santos celebrada por el Consejo de Estado y varias organizaciones, tres hombres armados, dos de ellos con uniforme militar, dispararon hiriendo a Serge Villard, miembro del Consejo de Estado, quien tres días más tarde murió en el hospital como consecuencia del ataque.  Durante el atentado un joven sindicalista Jean marie Montes fue asesinado y Emmanuel Magny miembro de la Central Autónoma de Trabajadores Haitianos resultó gravemente herido.

-          El 1 de julio, en la sección de St. Georges, en St. Louis du Sud, soldados del distrito militar de Acquin dispararon dando muerte al anciano Dieuseul Saint-Fort, detuvieron a once campesinos y golpearon a un comerciante llamado Emmanuel.  Estos hechos fueron en represalia de una confrontación entre el Comandante de Acquin y un miembro de la brigada de vigilancia popular el 28 de mayo.

-          Mariano Delaunay fue asesinado el 2 de julio de 1990, por un sargento de las Fuerzas Armadas, según testigos.  Delaunay fue testigo, el 11 de septiembre de 1988, del incendio de la Iglesia San Juan Bosco, de la escuela de los padres salesianos donde él trabajaba y del asesinato de diez personas seguidoras del Sacerdote Jean Bertrand Ariste.  Se cree que Delaunay fue asesinado para que no declarara contra los autores de esos crímenes.

-          El 12 de julio, 5 policías del Distrito Militar de Delmas detuvieron al señor Bens Bernard Jeune de Cité Soleil.  Jeune fue golpeado y puesto en prisión.  Se desconoce el motivo de su arresto.

-          El 23 de julio en Cité Soleil, un soldado golpeó severamente a Prévil Desgranges y posteriormente fue conducido junto con su esposa a la cárcel.  Se ignoran las razones de las detenciones.

-          El 24 de julio, dos miembros de la Confederación de la Unión Democrática (KID) fueron detenidos por la policía durante una manifestación en protesta por la presencia de Roger Lafontant.  Al mismo tiempo, el reportero de Radio Cacique, Wilfred Victor fue atacado por los simpatizantes de Lafontant sin que la policía, que se encontraba en el lugar, interviniera.

-          El 25 de julio, Ernst Charles, líder del Comité de Desempleo en Haití, fue detenido por 4 hombres armados, uno de ellos vestía uniforme militar.  Charles fue conducido al Cuartel Dessalines, dos horas más tarde lo llevaron al centro de Policía de Delmas, donde fue golpeado por militares y abandonado fuera del cuartel antes de que muriera.

-          El 2 de agosto, en Petit-Goave, Fresnel Desgranges, miembro del Rassemblement des Démocretes Nationaux Progressistes (RDNP) fue detenido ilegalmente por un soldado llamado Jean Brutus durante una manifestación en protesta contra el Gobierno por la prohibición de ingresar al país al ex Presidente Leslie Manigat.  Desgranges fue detenido en el Cuartel Faustin Soulouque donde fue golpeado y liberado al día siguiente.

-          El mismo día, en Petite Riviére de la Artibonite, Rosny André fue detenido sin mandato judicial por un adjunto de la policía rural, bajo las órdenes del Jefe de Sección Jean-Lacoste Edouard.  El detenido fue acusado de ser enemigo de un jefe de sección.

-          El 4 de agosto, en Cité Soleil, Delmas, Derat Saint-Pierre de 22 años fue asesinado por un grupo de hombres; 2 de ellos vestían uniforme militar.

-          El 23 de agosto, en Grande Saline, Departamento de la Artibonite, Chrismard fue asesinado de un disparo de bala en la espalda por el Jefe de Sección Charlin Monesty al rehusar ser detenido sin mandato legal.

-          El 23 de octubre, en Puerto Príncipe, un agente del Servicio de Investigación de la Policía ido muerte al señor Harry Pierre-Toussaint.  Se ignoran los motivos.

-          El 26 de octubre, en Cité Soleil, Puerto Príncipe, Fritzner Joseph, Presidente de la Oficina de Inscripción de Votos (B.I.V) fue detenido por 3 hombres armados vestidos de civil.  Joseph fue conducido a la estación de policía de Cité Soleil  y posteriormente transferido al cuartel general de la 22 compañía de la policía en Delmas,  donde fue asesinado.  Según los testigos, el señor Joseph se había negado a aceptar irregularidades con el proceso de inscripción a favor de simpatizantes del candidato duvalierista Rober Lafontant.

-          El 24 de noviembre, en Valereux, 5ta. Sección comunal de Verretes, el Jefe de Sección, Marc-Nelson Dorval detuvo arbitrariamente a los señores Alfred Jean, Noel Alce, Milius Soidieu, Adrien Soidieu y Marc Louicius por haber proporcionado información a los observadores de la ONU sobre el desarrollo de las elecciones en esa región.

-          El 31 de julio, Gobierno de la Dra. Trouillot prohibió el regreso a Haití del ex Presidente Sr. Leslie Manigat, mediante una comunicación dirigida a las líneas aéreas, advirtiendo a los siguientes términos: “La compañía de aviación que contravenga esta prohibición se verá obligada a guardar abordo del avión al Sr. Manigat y llevarlo de vuelta al punto de embarque”.

Una de las razones argumentadas por el Gobierno había sido el hecho que el Sr. Manigat había rehusado firmar una declaración indicando que regresaba al país como “simple ciudadano” y no como Presidente.  La acción tomada por el Gobierno ofreció un contrates negativo de la inacción del Gobierno con respecto al regreso de Roger Lafontant al país.

          Durante el 78 período de sesiones, la Comisión recibió en audiencia, el 26 de septiembre de 1990, al ex Presidente Leslie Manigat, quien se refirió a su situación señalando que tal prohibición vulneraba su derecho a ingresar al país del que era nacional y consecuentemente impediría su inscripción como candidato para las próximas elecciones presidenciales, afectando así sus derechos políticos.  Asimismo, manifestó que el procedimiento judicial instaurado a fin de que se le restituyera el ejercicio del derecho de ingresar al país, había sufrido un retardo injustificado.

          La Comisión, considerando que la situación del Sr. Manigat demandaba una solución urgente, en vista de que el plazo para el depósito de candidaturas había sido fijado del 6 al 16 de octubre de 1990 por el Consejo Electoral Provisional, dirigió un telegrama al Ministro de Asuntos Extranjero y de Cultos, solicitando la adopción de medidas cautelares por parte del Gobierno para que se permitiera la entrada al país del Sr. Manigat y pudiera ejercer su derecho de inscribirse como candidato presidencial.  La Comisión fue informada el 11 de octubre que el Gobierno había anulado la prohibición de entrar al país al Sr. Manigat.

          A principios de septiembre el Consejo Electoral Provisional anunció una segunda postergación de las elecciones, debido a problemas financieros y la inseguridad imperante en el país, sin precisar una fecha exacta, aunque se veía la posibilidad de que éstas pudieran realizarse durante el mes de diciembre.  Finalmente, el 26 de septiembre, el CEP anunció oficialmente que las elecciones tendrían lugar el 16 de diciembre de 1990 y la inscripción electoral se iniciaría el 5 de octubre.  Asimismo, fue fijado el plazo del 6 al 16 de octubre para la inscripción de candidatos presidenciales.  No obstante, el Presidente del Consejo electoral Provisional, Jean Robert Sabalat, declaró que “detendría el proceso electoral, si la proporción de inscritos no fuera suficiente para asegurar la capacidad del gobierno del próximo régimen y si la seguridad de la población se veía comprometida”.

          La campaña electoral se inició oficialmente el 7 de noviembre, en un clima de calma bajo la vigilancia reforzada del ejército, después de que el Consejo Electoral rechazara quince candidaturas de 26 candidatos presidenciales y de 133 candidatos parlamentarios por razones administrativas o constitucionales.  Las candidaturas de los dos principales líderes neo-duvalieristas, el ex Ministro Roger Lafontant y el ex General Claude Raymond, fueron rechazadas por presentar documentación incompleta.  Por otra parte, la candidatura del ex Presidente Leslie Manigat fue rechazada en virtud del artículo 134 de la Constitución de 1987, que excluye por 10 años a toda posibilidad electoral a los “artesanos más celosos” de la dictadura.

          La Comisión en pleno realizó una visita en Haití del 14 al 16 de noviembre, a invitación del Gobierno, con la finalidad de observar la situación de los derechos humanos en el país y en particular los derechos políticos, dentro del marco del proceso electoral que se estaba llevando a cabo en Haití.

          Durante la visita, la CIDH tuvo la opo9rtunidad de entrevistarse con la Sra. Presidente, Ertha Pascal Trouillot; el Ministro Interino de Asuntos Extranjeros y de Cultos, Sr. Jean Thomas; el Ministro del Interior, Sr. Joseph Maxi; el jefe de las Fuerzas Armadas, General Herard Abrahams; el Ministro de Justicia, Sr. Pierre Labissiere; el Procurador General, Sr. Bayard Vincent y con el Presidente del Consejo Electoral General Provisional, Sr. Jean Robert Sabalat, así como con otros miembros del Consejo electoral y funcionarios del Gobierno.

          La Comisión también se reunió con diversos representantes de los grupos de derechos humanos y de partidos políticos con la finalidad de informarse sobre la situación política que prevalecía en el país.  Asimismo, se reunió con representantes de la prensa y radio para informarse sobre el respeto a la libertad de expresión.  La Comisión recibió y conversó con los representantes de sindicatos, del sector industrial, de la Cámara de Comercio, la Iglesia y Juristas haitianos.

          Durante su visita, la Comisión observó signos alentadores con respecto a la posibilidad de que el proceso electoral que se encontraba en curso culminaría en elecciones auténticas.  El primero de ellos fue que el número de personas inscritas era el más elevado de la historia de Haití, lo cual podía interpretarse como el profundo deseo del pueblo haitiano de lograr cambios pacíficos.  El segundo era la voluntad del Gobierno Provisional de llevar a buen término el proceso electoral, lo cual constituía el objetivo principal de sus acciones, según fue manifestado a la Comisión por las más altas autoridades.

          En relación con las actividades del Consejo Electoral Provisorio, la Comisión encontró también como elemento positivo el hecho que la gran mayoría de los testimonios recibidos consideraban que el mismo estaba desempañando sus funciones con independencia, imparcialidad y estricto apego a la Constitución y a las leyes.  Desde el inicio de su visita, la Comisión señaló que ella esperaba que el Consejo Electoral Provisional sería dotado de los recursos requeridos para poder llevar a cabo sus importantes y meritorias labores.  La Comisión indicó también que no dudaba que la experiencia recogida durante el proceso contribuiría a perfeccionar las normas que regían el proceso electoral a fin de superar aquello que ciertas personas consideraban como defectos legales.

          Durante los tres días que permaneció la Comisión en Haití, fue informada que las más altas autoridades de las Fuerzas Armadas de Haití habían adoptado la decisión de actuar con el más estricto profesionalismo, granizando el orden del proceso electoral y la seguridad de la población de los candidatos durante el curso del mimo y en el día de las elecciones.  Asimismo, el Consejo Electoral Provisional comunicó a la Comisión que estaba recibiendo el apoyo a las Fuerzas Armadas de Haití.  La Comisión también escuchó con satisfacción de parte del señor Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Haití que tal compromiso, de acuerdo con la Constitución Nacional, tendría plena y total validez respecto al resultado de las elecciones.

          La Comisión escuchó repetidamente expresiones positivas sobre la presencia de observadores internacionales, incluidos los destacados por la OEA, por considerar que ellos contribuirían a conceder credibilidad al proceso electoral y a lograr que las elecciones resultantes reflejasen de manera auténtica la voluntad popular.

          La Comisión señaló que los signos positivos mencionados, coexistían con situaciones preocupantes denunciadas ante la Comisión.  Por ejemplo, el hecho de que por algunos medios de comunicación masiva se trasmitían amenazas abiertas contra el Consejo Electoral Provisional y contra sus miembros.  También se mencionó ante la Comisión, repetidamente, que no se habían producido avances significativos en las investigaciones destinadas a identificar y sancionar a los responsables de gravísimos hechos, lo cual permitiría que hechos similares pudiesen ser ejecutados en el futuro.  También se indicó que contribuiría a alimentar esa situación, los largos plazos transcurridos sin que pudiesen ejecutarse órdenes de arrestos emitidas contra personas presuntamente vinculadas a hechos de violencia ocurridos en el pasado.  Se mencionó, asimismo, que aún no habían sido desarmados todos los grupos irregulares creados en el pasado.

          La Comisión recordó al Gobierno la obligación de erradicar de inmediato la incipiente violencia que había comenzado a manifestarse durante los días que la Comisión visitó al país y exhortó a todos los sectores a renunciar al uso de la violencia.  La Comisión escuchó en varias oportunidades alusiones referidas a las catastróficas consecuencias que resultarían de la interrupción del proceso electoral.

          La Comisión recibió testimonios en los cuales se alegaba que ciertas interpretaciones del Consejo Electoral Provisorio parecían ser rígidas y literales y podrían afectar derechos reconocidos por la Convención americana sobre Derechos Humanos.  Durante los días en que la Comisión se encontraba en Haití, la Corte Suprema de Haití estaba considerando se tales decisiones del Consejo Electoral Provisorio eran susceptibles de apelación.  Por ello la Comisión no se pronunció sobre esa situación.  La Comisión manifestó que confiaba en que las autoridades competentes al adoptar decisiones que afectasen los derechos de la ciudadanía, tomarían, en consideración las normas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la cual Haití era Estado parte.  La Comisión señaló que las personas que considerasen que sus derechos habían sido afectados por decisiones de las autoridades de Haití, tenían la posibilidad de recurrir a la Comisión según el procedimiento previsto por la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

          La Comisión señaló, asimismo, que había recibido información según la cual en ciertas regiones algunos jefes de sección estaban interviniendo a favor de ciertos candidatos y que estaban empleando su poder para presionar a la población bajo su control.  La Comisión recordó la promesa formulada en el mes de abril por el Jefe de Estado Mayor de introducir cambios al sistema de los jefes de sección, e instó al Gobierno a fin de que adoptase las medidas necesarias para garantizar la imparcialidad de las Fuerzas Armadas, a todos los niveles, en el proceso electoral.

          En términos generales, la Comisión indicó sentirse alentada por la información que había recibido durante su visita, a pesar a de los claros indicios,  provenientes de diversos sectores, de que los relativos progresos hacia las elecciones pudiesen ser desvirtuados e interrumpidos, tal como ocurrió en noviembre de 1987.

          La Comisión manifestó haber quedado profundamente impresionada por las manifestaciones abrumadoras del pueblo haitiano en su determinación de tomar todas las medidas necesarias para instaurar un Gobierno democrático en el país y fue por ello que la Comisión hizo un llamado a las autoridades para que continuasen sus esfuerzos en colaboración con las instituciones internacionales.  La Comisión señaló que continuaría observando, con gran atención, la evolución de los derechos humanos en Haití.

          El ex Presidente Sr. Leslie Manigat informó a la Comisión que había presentado su caso ante la justicia impugnando a la decisión del Consejo Electoral y demandando la inconstitucionalidad de la Ley Electoral del 5 de julio de 1990 ante la Corte de Casación.  Esta acción fue apoyada por el partido de los neoduvalieristas de la Unión para la Reconciliación Nacional (URN) que encabeza Roger Lafontant, el cual pidió la suspensión de todas las operaciones electorales hasta que la Corte de Casación se pronunciara al respecto.  La Corte no se ha pronunciado hasta este momento.

          El clima de calma en que se había iniciado la campaña electoral se vio alterado el 6 de diciembre por un atentado con explosivos que causó siete muertos y cincuenta y dos heridos entre los partidarios del candidato presidencial del Frente Nacional para el Cambio y la Democracia (FNCD), Jean Bertrand Aristide, quienes asistían a un mitin electoral en Petionville.  El candidato Jean Bertrand Aristide acusó del atentado a la Unión por la Reconciliación Nacional y pidió la detención de su dirigente Roger Lafontant, quien en días anteriores había denunciado una conspiración internacional con asesinatos y actos de terrorismo político y también en ocasiones anteriores había lanzado amenazas públicamente contra el sector democrático.  Al día siguiente, como consecuencia del ataque, el Ministerio de Interior indicó que las reuniones electorales tendrían que ser comunicadas a las autoridades con 48 horas de antelación, como medida para preserva la seguridad de la población.  Asimismo, el ejército detuvo a diez personas dentro del marco de una investigación.

          Las elecciones generales se llevaron a cabo en forma pacífica, con la presencia de observadores internacionales de la Organización de los Estados Americanos y CARICOM, Organización de las Naciones Unidas (UNIVEH), así como la presencia de representantes de organizaciones no gubernamentales del Centro Carter, Internacional Socialista y de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina (COPPAL).  Los observadores declararon haber percibido algunas irregularidades de poca importancia, debido a la desorganización o a la falta de medios del Consejo Electoral, pero manifestaron que las elecciones habían sido libres y democráticas.

          El 23 de diciembre, el Consejo Electoral proclamó oficialmente a Jean Bertrand Aristide Presidente de Haití, al obtener la mayoría absoluta de los votos.  El ex-sacerdote Jean Bertrand Aristide ganó con el 67.39% de los votos depositados en los comicios del 16 de diciembre, que contaron con la participación del 75% del electorado.

          Faltando un mes para la transmisión del poder al Presidente electo, un intento de golpe de Estado se produjo durante las primeras horas del 7 de enero.  El  dirigente neoduvalierista, Roger Lafontant apoyado por un sector del ejército obligó a renunciar a la Presidenta Provisional Dra. Ertha Pascal Trouillot y se autoproclamó  Presidente de la nación por la radio nacional, anunciando que se “había asociado a las Fuerzas Armadas y a la Policía para asumir el poder en defensa de los intereses de la patria común, con el objetivo de guiarla por los caminos de la verdadera democracia” y “revelar a todo el mundo los errores y rotundo fracaso del comunismo internacional”.

          El intento de golpe había sido precedido por una nutrida balacera en la zona de la sede de la Presidencia y del cuartel Dessalines, colindante al Palacio.  Los Tontons-Macoutes circulaban en vehículos blindados efectuando disparos para intimidar a la población, que en respuesta se lanzó inmediatamente a la calle y comenzó a levantar barricadas con neumáticos incendiados, en diversos barrios de la ciudad, para impedir la circulación de la ex milicia duvalierista y exigir que se respetara el resultado de las elecciones.

          El Jefe de las Fuerzas Armadas, General Herard Abrahams se dirigió, el mismo día 7 por la mañana, a la población a través del comunicado siguiente:

          Las Fuerzas Armadas de Haití informan al público en general, que en la noche del 6 y 7 de enero de 1991, un grupo de amotinados a sueldo de Roger Lafontant, tomó rehén a la Presidenta Provisional de la República, Ertha Pascal Trouillot, luego de forzarla a renunciar.  Las Fuerzas Armadas de Haití fieles a su misión constitucional condenan este acto terrorista y toman de inmediato todas las disposiciones para que la situación retorne a la normalidad en breve plazo y con el mínimo de daños posible.   La institución militar llama a la población a conservar la calma y a continuar dando su colaboración al ejército para el bien de la patria común y el porvenir de la democracia.

El Jefe de las Fuerzas Armadas, General Abrahams puso fin al golpe de Estado encabezado por Lafontant para evitar la llegada al poder de Aristide, alrededor de las 9:35 a.m., después de que concluyera un tiroteo entre soldados y rebeldes que duró media hora.  Lafontant y 15 seguidores, tanto militares como civiles fueron conducidos al Cuartel General de las Fuerzas Armadas.  El General Abrahams declaró que los detenidos serían presentados ante la justicia y que doce militares que participaron en el intento de golpe habían sido excluidos de las Fuerzas Armadas; cinco de ellos habían sido arrestados y siete se encontraban fugitivos.  Asimismo informó que una Comisión de Investigaciones había sido formada para aclarar los sucesos y descubrir eventuales cómplices.

La comunidad internacional repudió el intento de usurpación del poder en Haití.  El mismo día 7 de enero de 1991, el Consejo Permanente de la OEA fue convocado de urgencia para discutir la situación en Haití y resolvió respaldar al Gobierno Provisional de la Presidenta Dra. Ertha Pascal Trouillot y apoyar al proceso democrático en el que resultó Presidente electo el Dr. Jean Bertrand Aristide por manifiesta voluntad del pueblo. 6

Aproximadamente 75 personas perdieron la vida en Puerto Príncipe y más de 150 resultaron heridas durante la violencia del día 7 de enero.  La mayoría de las víctimas, Tonton-Macoutes o vinculadas a Lafontant murieron al ser atacadas por la muchedumbre encolerizada.  La emisora de la estación Radio Liberté fue destruida, al igual que la casa del director de la estación, Serge Beaulieu.  Aparte de los neoduvalieristas también la iglesia fue objeto de violencia y saqueos:  la sede de la Conferencia Episcopal de Haití, quien se opuso de modo discreto a la candidatura de Aristide, fue incendiada; la residencia del Arzobispo de Puerto Príncipe, Monseñor Francois  Wolf Ligondé –quien una semana antes, durante la homilía acusó a Aristide de intentar dirigir el país hacia un régimen totalitario—también fue saqueada e incendiada; varios colaboradores del Nuncio Apostólico, Monseñor Giuseppe Leanza, fueron golpeados por manifestantes, durante el saqueo de la Nunciatura.

El Gobierno de Haití decretó el toque de queda como motivo de los ataques continuados contra personas que se les consideraba vinculadas a los sucesos del día 7.  Por su parte, Jean Bertrand Aristide hizo un llamado a la disciplina a sus partidario y al pueblo en general, para que retornara la calma al país, lamentando la violencia de que habían sido objeto las sedes religiosas.

El 17 de enero de 1991, se produjo un nuevo enfrentamiento entre campesinos en Gervais, Guyton y Coligny, por un conflicto de tierras que están situadas en Terre-Cassee, en la región de la Artibonite.  Las tierras en litigio han sido disputadas desde 1973 por los campesinos de Gervais y antiguos propietarios apoyados por los campesinos de otras localidades.

Dentro de este contexto de hostilidades, los campesinos de Gervais destruyeron un depósito perteneciente al señor Polynice Volcy, instalado en Terre-Cassee.  En consecuencia, el Comisario del Gobierno, Obert Jean-Charles emitió una orden detención contra 27 campesinos de la localidad de Gervais.  El 17 de enero de 1991, el jefe de sección Roger Charles, acompañado de dos adjuntos se presentaron en Gervais para detener a los campesinos, quienes al emprender la fuga fueron balaceados por los adjuntos del jefe de sección, dando muerte a Exant Sénat.  Los campesinos en venganza asesinaron a los dos adjuntos.

Ese mismo día, campesinos de Guyton y Coligny acompañados por militares de St. Marc irrumpieron en la población de Gervais, asesinando a 12 campesinos e incendiando cientos de casas.

Un representante militar de la zona de St. Marc declaró que la presencia de los militares en el lugar solo se debía a una constatación legal de los hechos.

El interés demostrado por la población haitiana en las elecciones presidenciales contrastó fuertemente con el resultado de las elecciones legislativas del 20 de enero (segunda vuelta), donde ningún partido obtuvo la mayoría absoluta.

A pesar del clima de violencia e intimidación que prevalecía en el país, suscitado por rumores de una tentativa de golpe de Estado de parte de los neoduvalierista, el 7 de febrero, se llevó a cabo la transmisión del poder al nuevo Presidente, Jean Bertrand Aristide.

En síntesis, la situación de los derechos humanos en Haití, durante el período que cubre este informe se caracterizó por una serie de violaciones de los derechos humanos, originados por agentes del ejército, jefes de sección y por grupos irregulares armados, formados por antiguos integrantes del personal militar y del resto de la milicia civil conocidos como Tontons-Macoutes.

La Comisión, en su informe de abril de 1990, señaló la existencia de una práctica institucionalizada de la violencia, originada en los integrantes de aquellas instituciones cuya función era, precisamente, preservar la paz y cautelar el ejercicio de los derechos humanos de los ciudadanos.  Indicando, asimismo, que la ausencia de acciones judiciales contra los responsables, constituía una omisión que debería ser superada lo más pronto posible.

Por otra parte, la falta de un Poder Judicial eficiente sigue siendo un requisito indispensable para garantizar los derechos humanos en Haití.  La ineficacia  de recursos judiciales crea un clima de inseguridad en la población y en algunos casos esto ha constituido la razón de que algunas personas realicen justicia por sí misma.  Igualmente, la ineficacia del Poder Judicial se refleja en la irregular situación procesal de numerosas personas privadas de su libertad, por lo que resulta necesario elaborar un censo de la población penal a fin de precisar la situación procesal de cada uno de los interno y liberar a aquellos contra los cuales no existan cargos fundados.

La Comisión ha observado que han continuado las violaciones al derecho a la libertad y a la integridad física, particularmente en las zonas rurales donde la población campesina carece de todo recurso judicial para hacer valer sus derechos, y se encuentran inermes ante los jefes de sección, quienes abusando de su poder exceden ampliamente las funciones asignadas.  La institución de los Delegados, decretada por el Gobierno Provisional para controlar los abusos de los jefes de sección no ha demostrado ser el instrumento adecuado.  Resulta por ello imprescindible modificar las atribuciones, funciones y origen de los jefes de sección para garantizar de manera efectiva los derechos de la población.

La Comisión reitera la necesidad de tomar medidas para efectuar una separación de la Policía y las Fuerzas Armadas con miras a dar un carácter profesional a la policía y proporcionarle la formación necesaria para respetar los derechos humanos, lograr que sean un cumplimento subordinado al poder civil y que se convierta en una institución disciplinada del Ministerio de Justicia.  Durante la visita del mes de abril de 1990, la Comisión escuchó que las más altas autoridades se encontraban poniendo en práctica programas que llevarían a la separación de la policía del ejército, tal como lo prescribe la Constitución, por lo que espera que este proceso pueda cumplirse prontamente.

La Comisión ve con satisfacción que el resultado de cuatro años del proceso de democratización para entregar el poder a un gobierno civil ha terminado con los comicios celebrados el 16 de diciembre de 1990, los que reflejan de manera auténtica la voluntad popular.  Asimismo, la Comisión considera que los esfuerzos emprendidos por el Gobierno Provisional y las Fuerzas Armadas fueron decisivos para le desarrollo de ellos, en condiciones de seguridad que permitieron a todas las fuerzas políticas y a la población haitiana en general de expresarse y actuar con toda libertad durante el proceso electoral.

Considera también la Comisión que la presencia de Observadores internacionales de la Organización de los Estados Americanos y de Naciones Unidas contribuyó a crear un clima de mayor confianza en la población haitiana y puso de manifiesto el interés de la comunidad internacional en el resultado democrático y pacífico de las elecciones.

La Comisión espera que el nuevo Gobierno adoptará todas las medidas necesarias para garantizar la paz social, el irrestricto respeto a los derechos humanos de todos los habitantes y el fortalecimiento del sistema democrático.

La Comisión continuará colaborando con el Gobierno de Haití y observando con detenimiento la situación de los derechos humanos, a fin de efectuar las recomendaciones que estime necesarias.