SURINAME

        A partir de 1983 la Comisión ha realizado tres observaciones in loco en Suriname y preparado como resultado de ellas dos informes especiales sobre la situación de los derechos humanos en ese país.   La primera investigación in loco se realizó del 20 al 24 de junio de 1983, la cual tuvo como resultado el “Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Suriname” con fecha 5 de octubre de 1983, concluyendo en el mismo que altas autoridades del Gobierno habían sido responsables de la muerte de quince prominentes ciudadanos surinameses.

        Luego de una segunda observación in loco realizada del 12 al 17 de enero de 1985, la Comisión aprobó su “Segundo Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Suriname” el 2 de octubre de 1985.  Recientemente, del 6 al 8 de octubre de 1987, la Comisión realizó su tercera visita in loco.

        Cabe destacar que luego de que la Subcomisión efectuase una visita a la cárcel “Fort Zeelandia”, ésta dirigió una comunicación escrita al Gobierno de Suriname manifestando su profunda preocupación por la situación de 17 presos quienes habían sido objeto de detención arbitraria y sujetos a severos maltratos.  Dichas personas fueron puestas en libertad en el mes de noviembre de 1987.

        Durante el  período a que se refiere este informe han acaecido en Suriname importantes hechos en relación a la vigencia de los derechos humanos, a los cuales la Comisión se referirá a continuación.

        El 30 de septiembre de 1987 la Asamblea Nacional de Suriname –compuesta por los tres partidos políticos tradicionales, Partido Nacional Surinamés (NPS), Partido Progresista Reformado (VHP) y Partido Agrario Indonesio (KPTU), miembros del sector militar así como de las principales organizaciones sindicales y empresariales del país—sometió a un referundum nacional el proyecto de una nueva Constitución.  En dicha oportunidad, aproximadamente el 62% de la población votante asistió a las urnas y el 94% de los mismos aprobó la nueva Constitución.

        Dicha Constitución contiene sin embargo ciertas restricciones en lo que atañe al pleno ejercicio de la soberanía, como por ejemplo su disposición 177 la cual caracteriza al ejército como el “sector vanguardista del pueblo” abocado al “desarrollo nacional y la liberación de la nación” y en su Capítulo XIII se establece un Consejo de Estado compuesto, entre otros, por representantes de las fuerzas armadas, el cual tiene la facultad de revocar decisiones de la Asamblea Nacional y el Consejo de Ministros.

        Una vez aprobada la Constitución, el 15 de noviembre de 1987 la ciudadanía fue convocada para que en elecciones libres eligiera la composición de una nueva Asamblea Nacional integrada por 51 miembros.  Los candidatos del frente de oposición compuesto por los partidos tradicionales arriba mencionados obtuvieron una amplia mayoría al ganar 40 escaños en la cámara legislativa.

        Seguidamente, la Asamblea Nacional, tal como lo prescribe la nueva Constitución, eligió el 12 de enero de 1988 al señor Ramsewak Shankar como Presidente de la República y al señor Henck Arron en calidad de Vicepresidente, quienes asumieron el mando el día 25 de enero de 1988.

        Otro importante paso dado por Suriname en materia de derechos humanos se llevó a cabo durante la Asamblea General de la OEA realizada en el mes de noviembre de 1987 en Washington, D. C., cuando el entonces Ministro de  Relaciones Exteriores de Suriname, señor Hendrik Heidweiller depositó el instrumento de ratificación de la Convención Americana para Prevenir y Sancionar la Tortura.  Asimismo, en esa oportunidad, Suriname declaró su aceptación de la jurisdicción obligatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

        Durante el período a que se refiere este informe la Comisión ha continuado observando el desarrollo de los acontecimientos en Suriname relacionados con el movimiento guerrillero llamado Jungle Commando dirigido por el ex Sargento Ronnie Brunswijk, y en el cual la mayoría de sus seguidores son maroons, descendientes de esclavos africanos escapados.  Dicha insurrección, concentrada en el sur y este de Suriname generó un éxodo masivo de los refugiados maroons y amerindios a la vecina Guayana.  Actualmente se encuentran en este país aproximadamente 10.000 refugiados de los cuales más de 9.000 son maroons.

        Sin embargo, a partir del 25 de noviembre, fecha en que se realizaron elecciones en Suriname, el Jefe del Jungle Commando anunció unilateralmente un cese de fuego.  Asimismo, y desde que asumiera el poder el nuevo Gobierno éste ha venido promoviendo negociaciones con los refugiados.  Cabe destacar que el Consejo de Iglesias Cristianas de Suriname bajo los auspicios de Su Excelencia, el Obispo católico Aloisius Zichem, ha tenido un papel preponderante en dichas negociaciones.  No obstante estos esfuerzos, las hostilidades entre el Ejército y los rebeldes se reiniciaron en el mes de junio del presente año.  La Comisión anhela que el Gobierno continúe alentando las negociaciones y que éstas tengan éxito a fin de que Suriname consiga la estabilidad y unidad nacional, base para el logro del afianzamiento de su incipiente democracia.

        En resumen, la Comisión observa que durante el período que cubre este informe, Suriname ha dado pasos significativos para consolidar el estado de derecho y las instituciones democráticas y ha asumido compromisos internacionales en el ámbito interamericano, al suscribir los instrumentos que se mencionan más arriba, lo cual es una muestra de su voluntad de cumplir con el respeto y promoción de los derechos humanos.

        Finalmente, la Comisión destaca el hecho de que desde que asumieran las nuevas autoridades civiles, la CIDH no ha recibido ninguna denuncia.  Sin embargo, la Comisión hace notar que no han habido progresos en cuanto al esclarecimiento de varios casos pendientes que tuvieron lugar antes de la instalación del nuevo Gobierno.

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