PARAGUAY

        La Comisión, desde hace varios años, ha venido informando acerca de las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Gobierno del Paraguay.  La Comisión ha publicado, además de secciones especiales en sus informes anuales, dos informes sobre la situación de los derechos humanos en dicho país.  El primero se publicó en 1978 y se refirió a las violaciones a los derechos humanos que caracterizaron aquella época en Paraguay.  El segundo se publicó el 28 de septiembre del año pasado y contiene una relación de las numerosas violaciones que se han cometido en los últimos 10 años a partir del primer informe.

        Dentro de los hechos relevantes que se han producido durante el período que cubre el presente informe, deben mencionarse las elecciones presidenciales celebradas el 14 de febrero de 1988 y la visita realizada por Su Santidad, el Papa Juan Pablo II entre los días 16 y 18 de mayo de 1988.

        Los grupos de oposición al Gobierno del General Stroessner realizaron campañas, con el propósito de llamar la atención de la opinión pública internacional acerca del régimen antidemocrático vigente en dicho país.  Estas actividades (huelgas y manifestaciones públicas) fueron reprimidas violentamente por las fuerzas policiales y de seguridad paraguayas, a pesar que tuvieron claramente un carácter no violento.

        De igual modo, reuniones privadas de disidentes políticos fueron objeto de permanente hostigamiento por grupos adictos al partido Colorado, llamados garroteros, compuestos por tropos de choque, quienes en ciertos casos incluso atacaron iglesias donde dichas reuniones tenían lugar.

        De acuerdo con información proporcionada a la Comisión, los días previos a la fecha de las elecciones presidenciales se acrecentó el número de violaciones a los derechos humanos.  El Sr. Domingo Laino, presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) desde que ingresó al país el 26 de abril de 1987, luego de cuatro años de exilio forzado, ha sido arbitrariamente detenido en 14 oportunidades.  La práctica seguida ha sido la misma: detenciones sin orden judicial, acompañadas de violencia física e incomunicación que varía entre algunas horas y varios días.

        En este contexto, la Comisión debe lamentar que la persecución y hostigamiento del Gobierno en contra el dirigente político señor Domingo Laino, se haya incrementado y extendido a los miembros de su familia, mediante la vigilancia policial de su casa de habitación.  Más aún entre el 10 de febrero y el 5 de septiembre de 1988 su teléfono (Nº 24-845) fue desconectado por el Gobierno.

        El informe especial de 1987, entre otros aspectos relativos a la violación de derechos humanos, daba cuenta de una práctica sistemática de detenciones de corto tiempo y maltrato de dirigentes políticos, sindicales, campesinos y religiosos.  Como se podrá ver más adelante, dicha práctica continúa vigente hasta el día de hoy.

        Normalmente el Gobierno, frente a las alegaciones que se han formulado con respecto a esas detenciones, ha señalado que los detenidos no contaban con permiso oficial para celebrar sus reuniones, o que estaban sembrando la semilla del odio y la lucha de clases o que eran antipatriotas que criticaban al Gobierno o que promovían la desobediencia civil porque predicaban  la abstención electoral, hecho que se encuentra penado en la legislación paraguaya.

        Una vez finalizado el proceso electoral el Gobierno anunció que más del 90% de los ciudadanos había votado y que el 88% lo habían hecho por la Asociación Republicana Nacional del General Stroessner, el partido Colorado.  De esta forma el General Stroessner fue, una vez más, reelegido para un mandato de cinco año, el octavo sucesivo desde 1954.

        Debe hacerse notar que el Arzobispo de Asunción y Presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Ismael Rolón, decidió suspender el Te Deum programado con motivo de la instalación del nuevo gobierno del General Stroessner, el 15 de agosto de este año.  Esta decisión fue la respuesta de la Iglesia Católica a la expulsión ordenada por el Gobierno del sacerdote Español, Padre Juan Antonio de la Vega el 25 de julio de 1988.

        Los conflictos entre la Iglesia y el Gobierno se han incrementado durante los últimos meses.  El 30 de octubre de 1987, la Iglesia patrocinó una “procesión silenciosa” en la capital.  Miles de ciudadanos participaron y el Gobierno no intervino.  La segunda marcha de este tipo tuvo lugar el 6 de agosto del año en curso y fue violentamente reprimida.

        Un grave y significativo incidente se produjo poco después de las elecciones presidenciales, que demostró el nivel de arbitrariedad y abuso al que muchas veces se ve enfrentada la población paraguaya.  Se trata del caso del preso político más antiguo del hemisferio, el Capitán Napoléon Ortigoza, quien salió en libertad el 17 de diciembre de 1987, después de haber cumplido una sentencia de 25 años en calidad de incomunicado.  El Capitán Ortigoza, una vez en libertad, fue relegado durante 49 días a la pequeña ciudad de San Estanislao, ubicada a 332 kilómetros de Asunción.  Allí, aunque teóricamente debía haber gozado de plena libertad, fue mantenido bajo arresto domiciliario.  Al principio, el Gobierno negó estos hechos, pero posteriormente el Ministro del Interior, señor Sabino Augusto Montanaro, declaró:

Le pusimos vigilancia en su casa por temor a que dentro del desequilibrio mental que tiene, pueda cometer locuras.  Lo custodiamos en su domicilio para seguridad propia y a pedido de su madre y de sus hijos, que lo veían desequilibrado y requerían protección.

La hija de Ortigoza, Martha rechaza estas declaraciones señalando que:

El Ministro del Interior falta a la verdad.  En ningún momento hemos abandonado a mi padre y es absolutamente falso que hayamos solicitado custodia policial para él.

También rechazó de plano la acusación de que su padre sufría de inestabilidad emocional.

        La estricta vigilancia policial establecida en torno al Capitán Ortigoza, impidió que éste hablara con los periodistas.  Finalmente, el 23 de marzo, Ortigoza, acompañado del dirigente político disidente, señor Rafael Hermes Saguier, consiguió eludir a sus captores y en medio de una persecusión policial huyó y logró asilarse en la Embajada de Colombia en Asunción.  Por último, el 20 de junio, gracias a la intervención de varios gobiernos, de organizaciones de derechos humanos y de la Iglesia Católica, se autorizó al Capitán Ortigoza a abandonar la Embajada.  Las gestiones realizadas por los Gobiernos de Colombia, Argentina y España, permitieron a Ortigosa salir del país mientras que Saguier, quien había dejado la Embajada pocos días antes, optó por quedarse en el Paraguay.

        Por otra parte, durante la visita del Papa Juan Pablo II, el Gobierno, en una acción sin precedentes, trató de impedir una reunión entre el Sumo Pontífice y un grupo muy representativo de dirigentes políticos, sociales, religiosos y empresariales, quienes habían sido invitados al encuentro por la Conferencia Episcopal.  Cabe hacer presente que los dirigentes del Partido Colorado también fueron invitados, pero declinaron asistir.  Sólo luego de una firme protesta realizada por el Vaticano, el Gobierno decidió permitir el encuentro.  En todo caso el Papa, durante su estadía en Paraguay, mostró gran preocupación acerca de la necesidad de respetar los derechos humanos en dicho país.

        Otra preocupación de la Comisión es la práctica de detenciones arbitrarias.  Según informaciones que obran en manos de la Comisión, entre enero y mayo de 1988, se han producido 56 detenciones arbitrarias de corto tiempo de opositores al Gobierno.

        Esta cifra, ilustra claramente la gravedad del problema.  El Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia, denunció que durante 1987 el número de detenciones arbitrarias ascendió a 500 personas.  Las víctimas fueron estudiantes, obreros, indígenas, seminaristas, dirigentes políticos, médicos, enfermeras, abogados, periodistas y campesinos.

        Las detenciones arbitrarias no fueron el único medio utilizado para reprimir y hostilizar a la disidencia política.  En efecto, la clausura y censura establecida en contra de varios medios de comunicación social ha sido una práctica habitual llevada a cabo por el régimen.  Los periodistas El Pueblo y ABC Color, hasta la fecha permanecen clausurados.  Solamente los boletines de la Iglesia Sendero, el órgano oficial quincenal de la Conferencia Episcopal Católica y Nuestro Tiempo, una revista independiente y mensual, siguen gozando de cierto grato de libertad.  Por su parte, Radio Ñanduti sigue silenciada y su propietario, Humberto Rubin, se encuentra impedido de viajar fuera del país porque las autoridades se niegan a extenderle su pasaporte.  Radio Caritas sigue funcionando a pesar del acoso constante al cual es sometida mediante amenazas telefónicas y, recientemente, la sospechosa pérdida de energía eléctrica que afectó su funcionamiento.

        Los pocos medios de comunicación independientes que existen en el Paraguay deben practicar una cuidadosa autocensura o de lo contrario se arriesgan a ser clausurados.

        Durante la campaña presidencial, la oposición solicitó que todos los partidos políticos tuvieran acceso a la estación pública de radio, Radio Nacional, sin embargo, el Director de la estación (Miembro de la Junta Directiva del Partido Colorado), Alejandro Cáceres Almada, declaró que:

        El Partido Colorado en función de Gobierno, no lo permitirá…

        Y agregó:

        No se dejará que la oposición se aproveche de Radio Nacional para anunciar la infamia, la noticia deformadora y desinformadora y la crítica atentoria contra la paz y el progreso nacional.  La prensa no está, como lo dijera el líder muchas veces, para industrializar la delincuencia periodística y, si lo hace, entonces es cualquier cosa, menos prensa.  No dejaremos jamás que nadie hable mal de nuestro líder por Radio Nacional.  Antes tendrán que pasar por nuestros cadáveres, pero de los micrófonos de nuestra emisora no se proferirán insultos, infamias ni agresiones verbales contra nuestro líder.

        Por otro lado, debe señalarse una vez más, que el Gobierno, en un acto sin precedentes, ha seguido negándose a prestar su anuencia para concretar la invitación formulada a la Comisión, para realizar una investigación in situ sobre la situación de los derechos humanos en Paraguay.  La invitación original fue formulada por el entonces Ministro de Relaciones Exteriores, señor Alberto Nogués, en 1978, mediante nota escrita que indicaba la voluntad del Gobierno de permitir la visita de la Comisión en fecha a convenir por mutuo acuerdo.  A juicio de la Comisión, la negativa del Gobierno del Paraguay a fijar una fecha, constituye un incumplimiento de sus obligaciones hacia la Organización de los Estados Americanos.

        Finalmente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es de la opinión que las violaciones de los derechos humanos practicadas por el Gobierno del Paraguay se mantienen vigentes sin que se advierta ningún mejoramiento sustantivo.

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