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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha venido prestando
especial atención a la situación de los derechos humanos en Guatemala y
seguido muy de cerca los acontecimientos que han venido ocurriendo en
dicho país, los que se han caracterizado, desde hace varios años, en una
situación de grave y generalizada violencia con las consiguientes
violaciones a los derechos humanos de los habitantes de ese país.
La Comisión ha venido dando cuenta del desarrollo de tales
acontecimientos en sus informes anuales a la Asamblea General habiendo
elaborado, además, tres informes especiales sobre la evolución de la
situación de los derechos humanos en Guatemala; el primero aprobado el 13
de octubre de 1981, que comprende hasta el Gobierno del General Romeo
Lucas García y sus predecesores inmediatos; el segundo aprobado el 5 de
octubre de 1983, se refiere al período en el que asumió el poder el
General Efraín Ríos Montt (23 de marzo 1982 a 8 agosto de 1983); y el
tercero aprobado el 9 de abril de 1986, que comprende el período de
Gobierno del General Oscar Humberto Mejía Vitores (8 de agosto 1983 al 16
de enero 1986), ocasión en la que concluyó su administración y asumió
la Presidencia de la República el Licenciado Vinicio Cerezo Arévalo.
En su tercer y último informe especial sobre la situación de los
derechos humanos en Guatemala, la CIDH formuló recomendaciones especiales
sobre la necesidad de investigar y sancionar, con todo el rigor de la ley,
a los responsables de las desapariciones forzadas de personas, de las
ejecuciones ilegales, de las detenciones arbitrarias, torturas y otros
delitos contra los derechos humanos, a los responsables de tan execrables
hechos.
Tales recomendaciones, si bien estaban dirigidas al Gobierno del
General Oscar Humberto Mejía Vítores, mantienen asimismo su vigor para
la actual administración, por estar referidas a la investigación y sanción
de hechos graves, violatorios de los derechos esenciales de la persona
humana y de las normas internacionales vigentes sobre la materia.
En su pasado informe anual a la Asamblea General que cubría el período
comprendido entre los meses de septiembre de 1985 y 1986, la CIDH destacó
los progresos alcanzados en materia de derechos humanos durante los
primeros nueve meses del nuevo Gobierno de Guatemala, señalando que a
partir del momento en que el Presidente Vinicio Cerezo asumió la primera
magistratura de Guatemala, se había operado un sensible cambio en lo que
se refiere a la situación de los derechos humanos en dicho país, lo que
se reflejaba en una reducción de los asesinatos políticos, los
secuestros y las Desapariciones Forzadas de Personas, así como los
allanamientos y cateos en los domicilios y del éxodo de la población indígena
y campesina, todo lo cual, según se indicaba, constituía un
significativo progreso en la situación de los derechos humanos en dicho
país. Al propio tiempo, la
Comisión indicó que no obstante, continuaban ocurriendo casos de
desapariciones y, asimismo, subsistían otros problemas que afectaban la
plena observancia de los derechos humanos en Guatemala, derivados
principalmente, de manifestaciones de descentralización de la violencia,
que el Presidente de la República parecía no haber podido controlar.
Igualmente, la Comisión expresaba preocupación en su anterior
informe por la falta de investigación de las Desapariciones Forzadas de
Personas, en relación con las cuales, si bien el Presidente Vinicio
Cerezo había manifestado su decisión de no investigarlas directamente,
se había sí comprometido a apoyar y respaldar las labores que sobre el
particular realizase, como consecuencia de las denuncias que pudieran
presentarse, el Organismo Judicial y, en particular, el juez instructor
nombrado por la Corte Suprema de Justicia para investigar los casos de
secuestros y desapariciones presentadas por el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM).
Con motivo de su visita a Washington en el mes de mayo de 1987, el
Presidente, Vinicio Cerezo expresó públicamente, sobre este particular,
que en relación con el problema de las investigaciones de las
Desapariciones de Personas ocurridas antes de su Gobierno, él había
tomado la decisión política de no inmiscuirse en la investigación de
esos abusos y que su posición había sido siempre muy clara en el sentido
de que los desaparecidos eran cosa del pasado; pero que, sin embargo, él
personalmente garantizaría la independencia de las investigaciones de
cualquier denuncia sometida a los tribunales de justicia de su país.
Durante el período al que se refiere este informe, la Comisión ha
recibido informes sobre los esfuerzos que viene realizando el Gobierno del
Presidente Cerezo en favor de la promoción y defensa de los derechos
humanos en Guatemala. Muestra de ello es que el día 30 de enero de 1987 Guatemala
se convirtió en el primer país en depositar su instrumento de ratificación
a la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.
El 16 de marzo Guatemala se convirtió en el noveno país en
aceptar la jurisdicción obligatoria de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos mediante comunicación entregada en dicha fecha a la
Secretaría General de la OEA por el Representante Permanente de dicho país
ante la OEA.
Asimismo, cabe destacar el importante papel que ha venido
desarrollando el Presidente Vinicio Cerezo en los esfuerzos de paz para América
Central, y la prioridad que ha concedido, dentro de su plan de Gobierno a
la consolidación de la democracia y sus instituciones representativas en
Guatemala.
Asimismo, superándose las dificultades que originalmente se habían
presentado y que habían dado lugar a que el Presidente Cerezo hubiera
tenido que vetar y devolver al Congreso la Ley que creaba el Procurador de
Derechos Humanos, por considerar que dicha ley le otorgaba demasiados
poderes, aprobada la ley, el 17 de agosto de 1987 fue designado como
primer Procurador de los Derechos Humanos en Guatemala el distinguido
jurisconsulto Lic. Gonzalo Menéndez de la Riva quien, con fecha 19 de
agosto prestó el juramento de rigor ante el Congreso de la República.
Sin embargo, durante el período al que se refiere el presente
informe, la Comisión ha observado que, pese a que todos los buenos y
declarados propósitos del Presidente Vinicio Cerezo de mantener un
control sobre la situación de los derechos humanos, se ha operado
inmediatamente después de sus primeros meses de gobierno una sensible
desmejoría en la observancia de tales derechos.
Ningún esfuerzo serio se ha realizado por los organismos
competentes para dar cumplimiento a la recomendación de la Comisión de
investigar los casos de Desapariciones Forzadas de Personas.
Esto ha ocasionado el que los familiares de las personas
desaparecidas que aglutina el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), hayan protestado
en forma continuada, a través de múltiples
manifestaciones públicas, con la finalidad de ejercer presión y a crear
opinión pública nacional e internacional sobre la necesidad de que se
esclarezcan los crímenes cometidos en contra de cientos de personas y
cuya autoría se atribuye a grupos paramilitares y a las propias fuerzas
armadas de Guatemala en su lucha antisubversiva.
Sin prejuicio de tratar más adelante acerca de las actividades del
GAM, la CIDH no puede dejar de expresar desaliento por esta falta de
investigación que acarrea la falta de sanción a quienes tienen la
responsabilidad de responder por tales hechos y que, al decir de los
familiares de las víctimas, pretendería cubrir con un manto de impunidad
a los autores intelectuales y materiales de numerosos ciudadanos
guatemaltecos.
Es motivo de honda preocupación para la CIDH la reaparición del
fenómeno de la Desaparición Forzada de Personas dentro del período que
abarca este informe. La
Comisión cuenta con informaciones según las cuales desde el inicio del
actual Gobierno hasta la fecha, luego de un primer período de relativa
calma, han empezado nuevamente a presentarse dolorosos casos de
desapariciones de ciudadanos guatemaltecos, en relación con los cuales no
ha sido posible esclarecer debidamente los motivos de su detención o
secuestro, ni obtener información alguna sobre su paradero, pese a
existir, en la mayor parte de los casos, evidencias de que tale
desapariciones habían sido practicadas por las fuerzas de seguridad de
Guatemala.
Asimismo, la Comisión ha sido informada de que casi todos los
esfuerzos indagatorios realizados por los familiares de las personas
desaparecidas y las gestiones efectuadas ante los organismos policiales y
administrativos para lograr la ubicación de sus seres queridos, durante
el período que cubre el presente informe, no han obtenido ninguna clase
de resultados. Tampoco han
logrado resultado positivo las diligencias judiciales realizadas por los
familiares de las víctimas de las personas desaparecidas ante los
organismos jurisdicciones, los cuales, en la mayor parte de los casos, han
declarado insubsistentes los recursos de amparo y de Habeas Corpus
presentados con la esperanza de obtener una investigación del Organismo
Judicial sobre las desapariciones forzadas de personas, habiendo así
quedado agotados todos los recursos válidos y existentes de la jurisdicción
interna.
Durante el período que cubre el presente informe, la CIDH ha
abierto 90 casos de denuncia que implican 117 víctimas por supuestas
violaciones a los derechos humanos contra la República de Guatemala, los
cuales se refieren a violaciones al derecho a la vida y casi en la mayor
parte de ellos, con desaparición de las personas involucradas quienes habían
sido previamente secuestradas, casos éstos en relación con los cuales
los familiares de las víctimas han presentado recursos de Habeas
Corpus, los cuales han sido
desestimados por el Poder Judicial de Guatemala.
Preocupa a la CIDH, en relación con estos casos, además de la
gravedad de la situación en materia de derechos humanos que presentan, el
que ello implica un retroceso grave en los progresos mostrados al inicio
del Gobierno del Presidente Cerezo. La
reimplantación del método y sistemas de eliminación de personas en
forma masiva y la reaparición de los funestos escuadrones de la muerte.
A esto se agrega, de parte dl Gobierno, una actitud aparentemente
renuente a cooperar con la Comisión en el esclarecimiento de estos nuevos
casos, en relación con los cuales, por falta de respuesta y desatención
la CIDH ha tenido que reiterar una vez más los pedidos de informe y sus
recomendaciones de investigación en relación con los mismos.
Por acuerdo adoptado por la CIDH en su 69º período de sesiones en
septiembre de 1986, se solicitó anuencia al Gobierno de Guatemala para
que un miembro de la CIDH acompañado de personal de su Secretaría
realizase una corte visita a dicho país para entrevistarse con el
Presidente de la República y otras autoridades del Gobierno de Guatemala,
con el propósito de tratar sobre la situación de los derechos humanos en
dicho país y asimismo, conocer sobre las investigaciones relacionadas con
los recientes casos de desapariciones, cuyo incremento, como se ha
indicado, preocupa muy seriamente a la Comisión.
La Comisión confía que tal visita se llevará a efecto durante el
curso del presente año de 1987.
En lo que concierne al derecho a la justicia y debido proceso, la
Comisión había destacado en su anterior informe la reorganización del
Poder Judicial dispuesto por el nuevo Gobierno del Presidente Cerezo con
el propósito de devolver al organismo judicial su credibilidad,
independencia y autonomía. De la misma forma dicho informe puso de relieve la creación
del nuevo Registro Central de Control de Detenidos, el cual estaba
destinado a servir de órgano de consulta a cualquier persona que desease
información sobre la situación de detención de algún familiar.
Es lamentable que en esta oportunidad la CIDH se vea en la
necesidad de formular críticas debido a la forma poco eficaz como el
Organismo Judicial ha participado en la investigación de los nuevos casos
de desaparición forzada de personas, y la escasa utilidad que el Registro
Central de Control de Detenidos ha prestado para resolver esta clase de
problemas, pese a las esperanzas que la Comisión --que lo había
recomendado—tenía puestas en ese registro.
Sobre este particular, la Comisión no puede omitir referencia,
nuevamente, al problema de la ineficacia de los recursos de Habeas
Corpus o de exhibición personal, los cuales, como en el pasado, han
resultado ilegales, secuestros y desapariciones forzadas, para proteger el
derecho a la libertad, a la seguridad, a la integridad personal y el mismo
tiempo el derecho a la vida.
La inoperancia de la acción de Habeas Corpus a que se hace
referencia, se ha constatado durante el período que cubre el presente
informe por los múltiples recursos de Habeas Corpus que han sido
presentados y seguidamente desestimados por el Poder Judicial sobre la
base exclusiva de la razón policial de que las personas detenidas o
desaparecidas no se encuentran o son habidas en ninguno de los centros de
reclusión del país y, en otros casos, sobre la base de la mera visita
del juez receptor del recurso de Habeas Corpus, a inspeccionar los
libros de ingreso de detenidos en algunos de los penales o centros de
detención que funcionan en la República, frustrándose de esta manera
las esperanzas y los esfuerzos de los familiares de las víctimas.
La Comisión reitera, una vez más, sus recomendaciones contenidas
en anteriores informes en el sentido de que es indispensable restablecer
las garantías legales que permitan contrarrestar los actos de abuso del
poder cometidos por las fueras de seguridad, de modo tal que las medidas
legales existentes sean efectivas y puedan realmente tener eficacia práctica
en su aplicación en defensa de los derechos humanos.
En cuanto a los derechos a la libertad e integridad personales, la
Comisión ha recibido durante el período que cubre el presente informe
insistentes denuncia sobre detenciones ilegales y malos tratos a los
detenidos, algunas de las cuales se han convertido en desapariciones
forzadas de personas, tal como se analiza en la parte correspondiente de
este informe en donde se trata sobre la ineficacia de los Recursos de
Habeas Corpus. Dentro de este
contexto preocupa muy particularmente a la Comisión la situación de
varios líderes sindicales guatemaltecos, la cual es materia de especial
consideración de la Comisión, quienes han sido detenidos, algunos
maltratados y otros inclusive asesinados.
En lo que se refiere a las actividades de las organizaciones no
gubernamentales de derechos humanos, la Comisión tiene conocimiento de
que además del Grupo de Apoyo (GAM), la Iglesia Católica de Guatemala ha
iniciado los trámites para la formación de una nueva oficina de esta
naturaleza, similar a la de Tutela Legal del Arzobispado de El Salvador,
la que vendría a operar bajo el nombre de Vicaría de la Solidaridad
Cristiana.
En cuanto a las actividades del Grupo de Apoyo Mutuo, la Comisión
lamenta las continuas confrontaciones que dicho grupo ha tenido con las
fuerzas de seguridad y con el propio Jefe de Estado en demanda de las
investigaciones sobre la desaparición de sus familiares.
Con motivo de realizarse en el mes de noviembre de 1986 en la
ciudad de Guatemala el decimosexto período ordinario de sesiones de la
Asamblea General de la OEA, el Grupo de Apoyo Mutuo realizó una
manifestación ante el lugar donde se reunían las representaciones diplomáticas
de los Estados miembros de la OEA con la finalidad de exteriorizar su
protesta por la falta de investigación de
los casos de desapariciones forzosas de sus familiares.
La manifestación, que tuvo lugar frente al Teatro Nacional en
donde se celebraba la reunión de la Asamblea General de la OEA, en
momentos en que se encontraba en dicho local el Presidente Cerezo y 31
delegados y cancilleres de los diferentes países de América, reclamaba
la intercesión de los miembros de dicha Asamblea ante el Presidente
Vinicio Cerezo a fin de que se formase una comisión investigadora de
tales desapariciones. En tal
oportunidad, el entonces Presidente de la CIDH, Dr. Luis Adolfo Siles
Salinas, se reunió con los dirigentes de la referida asociación
ofreciendo insistir, como en efecto lo hizo, ante el Presidente de
Guatemala, con la finalidad de que, en cumplimiento de las recomendaciones
contenidas en el Informe a la Asamblea General, se investigase y castigase
con todo el rigor de la ley a los responsables de las ejecuciones ilegales,
desapariciones, detenciones arbitrarias y torturas ocurridas en dicho país.
Posteriormente, durante una reunión del Presidente Vinicio Cerezo
con los familiares de los desaparecidos que integran el Grupo de Apoyo
Mutuo, la que tuvo lugar en la plaza central contigua al Palacio Nacional
el 7 de abril del año en curso, el Jefe de Estado anunció formalmente la
creación de una comisión gubernamental para investigar el paradero de
los desaparecidos, la cual estaría integrada de la siguiente manera: un
representante de la Presidencia de la República; un representante del
Ministerio de Relaciones Exteriores; un representante del Ministerio
de Gobernación; un representante de la Comisión de Derechos
Humanos y un representante del Congreso de la República.
Esta Comisión quedó encargada de cumplir con las siguientes
funciones: rendir un informe dentro de 3 meses sobre el paradero de las
personas reclamadas como desaparecidas; la situación de sus familiares,
el resultado de las diligencias efectuadas; y sugerir alternativas para
resolver la problemática social y económica de los familiares de los
desaparecidos. Como la Comisión
designada por el Presidente Cerezo excluyó la participación de sectores
no gubernamentales, esto dio lugar a reclamos del GAM que exigía la
participación de algunas personas e instituciones individuales, con la
finalidad –según se dijo—de darle a la Comisión un carácter
multisectorial. Es de hacer
notar el vencimiento con exceso del plazo concedido originalmente a la
Comisión y de que todavía no se conocen los resultados de las
investigaciones de la misma.
El día 30 de junio de 1987 en que se celebraba, como todos los años,
el día del Ejército, el GAM anunció que realizaría una manifestación
pública y multitudinaria. El
ejército de Guatemala calificó tal anuncio como una nueva provocación
del GAM recordando que el 15 de septiembre de 1986, cuando se realizaba el
desfile del ejército de Guatemala, los miembros del GAM encabezados por
la señora Nineth de García, hostilizaron a la columna militar y con
cartelones y voceando a gritos consignas, se colocaron a la retaguardia de
los soldados desfilando detrás de los mismos.
En prevención de un hecho similar, el Ejército formó una columna
de fuerza con gases lacrimógenos disolviendo la manifestación del GAM.
El día 18 de julio integrantes del GA;M tomaron sorpresiva y pacíficamente
el local del Congreso Nacional demandando que el Presidente Vinicio Cerezo
cumpliera con su promesa de disponer que empezase a funcionar la Comisión
investigadora de los Desaparecidos nombra en el pasado mes de abril; que
el GAM fuese recibido por el Presidente de la República; y que cesase la
persecución en contra de los miembros del GAM. Expresando, asimismo, su
frustración por lo que llamaron indiferencia de las autoridades frente a
su reclamo para que se conformase la Comisión Investigadora ofrecida por
el Presidente Cerezo y declarando, igualmente, que se consideraban
burlados y engañados por lo que calificaban como falsas promesas del Jefe
de Estado. Veinticuatro horas
después, el GAM desalojó el local del Congreso Nacional, luego de que el
Presidente de dicho organismo y la Comisión de Derechos Humanos del
Parlamento entregaron una carta a la directiva del GAM en donde
garantizaban que serían recibidos por el Presidente Cerezo para resolver
todo lo referente a la comisión investigadora.
Con la finalidad de asistir a la cita concedida por el Presidente
Vinicio Cerezo, la cual había sido previamente fijada para el día jueves
23 de julio a las 4:00 p.m., más de 200 miembros del Grupo de Apoyo Mutuo
se dirigieron al Palacio Nacional donde al llegar se encontraron con que
desde muy temprano en la mañana el pelotón anti-motines de la policía
nacional tenía rodeado el Palacio. Cuando
los dirigentes del GAM pretendieron ingresar para la aludida entrevista,
fueron informados por un oficial que no serían recibidos por el
Presidente. A las 3:00 p.m.,
media hora antes de la entrevista, se indicó a los miembros del GAM que
el Presidente se había retirado y que tenían órdenes de desalojarlos.
Ante la negativa del GAM a retirarse, las fuerzas policiales, según
se informa, procedieron a dispersarlos de la manera más ruda y haciendo
uso de garrotes, como consecuencia de lo cual varios miembros del GAM,
hombres, mujeres y niños, habrían sido severamente golpeados por lo que
tuvieron que recibir asistencia médica.
Como reacción a la agresión recibida, poco después de las 4 de
la tarde, los miembros del GAM se refugiaron en la Catedral Metropolitana
de Guatemala, local adonde llegó el Presidente del Congreso, a reiterar
su deseo de servir de intermediario ante el Presidente.
Al día siguiente, un comunicado de prensa de la Presidencia de la
República informó que el GAM sería recibido, como en efecto ocurrió el
30 de julio a las 12 del día por el Presidente Cerezo, indicando que la
cita anterior no se realizó porque, presuntamente, el GAM no se presentó
a la hora programada.
La Comisión lamenta muy de veras los hechos antes mencionados y
recomienda se efectúe una acuciosa investigación con la finalidad de
establecer si existe una conexión en relación con la realización de los
mismos y al mismo tiempo se proporcionen plenas garantías a la actividad
de los gremios sindicales a fin de evitar que esta situación se agrave
todavía más, como ocurrió con los gobiernos previos a la actual
administración.
En síntesis, la Comisión observa que no obstante los esfuerzos
del Gobierno del Presidente Cerezo tendientes a consolidar el estado de
derecho y las instituciones democráticas, todavía subsisten en Guatemala
graves restricciones y obstáculos en relación a la vigencia de
fundamentales derechos humanos, los cuales derivan principalmente de la
descentralización de la violencia que desde hace muchos años caracteriza
a este país, del proponderante papel que continúan desempeñando las
fuerzas armadas, las que no están sujetas a un efectivo control
gubernamental y a la falta de eficacia del Poder Judicial, pese a algunos
progresos, para actuar como instrumento capaz de subsanar con prontitud
las violaciones a los derechos humanos. |