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Desde la caída del régimen de Duvalier, ocurrida el 7 de febrero
de 1986, se ha manifestado en Haití un vehemente anhelo de vastos
sectores de la población por ejerce fundamentales derechos y libertades
que antaño les eran
desconocidas, particularmente, el derecho a organizarse, el derecho a
aspirar a cargos públicos y a ser elegido en tales cargos.
Después de la caída de la dictadura de 29 años de duración el
pueblo haitiano reclamó un cambio que permitiera una efectiva mejoría en
su deplorable condición de vida, la que era caracterizada como la más
baja del hemisferio, así como un papel participativo más activo del que
había disfrutado en el
pasado.
El cambio reclamado por el pueblo haitiano se ha venido produciendo
con lentitud y la ira contra el antiguo régimen se ha ido tornando en
violencia contra el nuevo gobierno militar provisional, el Consejo
Nacional de Gobierno (“CNG”). Tales
manifestaciones de violencia se han expresado en forma esporádica, aunque
a veces también a intervalos regulares, a medida que el gobierno militar
provisional no ha dado los pasos decisivos hacia la democratización del
país y las demostraciones en contra han alcanzado niveles tales que la
supervivencia misma del Gobierno ha estado en juego.
Como la Comisión concluyó en su último Informe Anual:
A modo de conclusión, la Comisión considera que el Consejo
Nacional de Gobierno por el momento ha logrado evitar mayores
manifestaciones de protesta y una aguda confrontación, como parecía en
un momento, debido en gran parte a que ha anunciado un cronograma político
para la transición hacia un gobierno democráticamente electo.
Con todo, aún subyacen problemas en el sentido de que las diversas
actuaciones del Consejo carecen de base jurídica.
El Consejo ha decidido emitir leyes sin que el país cuente con un
cuerpo legislativo y enjuiciar personas acusadas de cometer crímenes bajo
el régimen de Duvalier sin un poder judicial independiente.
A no ser que el proceso de transición sea prontamente
democratizado permitiendo una mayor participación de los distintos
sectores haitianos, puede preverse que las manifestaciones de protesta
volverán inevitablemente a suceder.
Los hechos registrados en el período que se considera en este
Informe muestran que no se ha logrado una mayor participación, lo cual ha
traído como consecuencia que el proceso de democratización se encuentra
inevitablemente amenazado. La
nueva Constitución Política
A fin de dar al Estado una estructura jurídica, se consideró
necesario adoptar una nueva Constitución.
La Asamblea Constituyente, a la cual le fue confiada por el Consejo
Nacional de Gobierno la tarea de redactar un proyecto de la nueva
Constitución de Haití, estaba prevista para ser compuesta por 61
miembros.
El 19 de octubre de 1986, se celebraron las elecciones en todo el
país para llenar 41 de los 61 escaños en la Asamblea.
Los 20 miembros restantes fueron nombrados por el Consejo Nacional
de Gobierno. De acuerdo con
el Ministerio de Información, el 9.2% del electorado haitiano participó
en esas elecciones, aunque, según otras fuentes, tal participación había
oscilado entre el 1% y el 5%.
El Consejo Nacional de Gobierno había nombrado a un grupo del
nueve “expertos” para que redactara un proyecto de Constitución, el
cual luego debería ser revisado por la Asamblea Constituyente.
Posteriormente, el Consejo Nacional de Gobierno sometió a la
Asamblea constituyente su propio proyecto.
Dicha Asamblea, que comenzó a reunirse el 1º de diciembre de
1986, trabajó en base a los proyectos que le sometiera el grupo de
expertos y el CNG.
La Asamblea Constituyente procedió a considerar artículo por artículo
y, a medida que los aprobaba, eran publicados diariamente por la prensa.
Se invitó al público a discutir dichos artículos y a presentar
sugerencias. Si bien en un
principio la Asamblea Constituyente integrada por 61 miembros había sido
vista con algún escepticismo, a medida que
recogía sugerencias respecto a su mandato e incorporaba reclamos
populares, fue adquiriendo apoyo popular.
El 3 de diciembre de 1986, tres representantes de un grupo de diez
partidos políticos de Haití presentaron al Consejo Nacional de Gobierno
un proyecto de decreto, a ser incorporado en la Constitución, por el cual
se creaba un consejo electoral independiente.
El proyecto de Constitución contenía una disposición sobre la
creación de una comisión electoral independiente, pero el referéndum
del 29 de marzo fue dirigido por el Ministerio del Interior, el cual, según
aducen líderes de la oposición, permanece bajo el control de personas
que estaban estrechamente relacionadas con Jean Claude Duvalier.
Una segunda crítica hecha al proceso del referéndum consistía en
que la versión de la Constitución en “creole” no se publicó hasta
el 16 de marzo, dos semanas antes de la votación.
El 90% de la población de habla “creole” consideró que ese
lapso era insuficiente para discutir la Constitución y votar con
fundamento.
A pesar de estos aparentes obstáculos, el 29 de marzo de 1987, el
45.5% de los 2.8 millones de votantes aprobó la nueva Constitución.
La participación masiva del electorado sobrepasó el diez por
ciento estimado por la prensa y otros sectores políticos. A cada votante se le dieron dos papeletas al entrar a la
cabina de votación, una blanca para votar en favor de la Constitución y
una amarilla para rechazarla.
En la Constitución, el Poder Ejecutivo está dividido entre el
Presidente, que es Jefe de Estado, y el Gobierno que está presidido por
un Primer Ministro. El Presidente es elegido a través de elecciones directas por
un período de cinco años. Asimismo,
no puede ejerce el cargo durante dos períodos consecutivos ni puede, en
total, ejercerlo más de dos períodos.
El Gobierno, compuesto por el Primer Ministro, Ministros y
Secretarios de Estado tiene a su cargo la conducción de la política del
país. El Presidente elige al
Primer Ministro de entre los miembros del partido mayoritario en el
Parlamento, elección que debe ser ratificada por el propio Parlamento.
El Poder Legislativo consiste en un Parlamento divido en dos cámaras:
la de Senadores y la de Diputados. Los
integrantes de las cámaras son elegidos a través del sufragio directo;
el cargo de senador es por un período de seis años y el de diputado de
cuatro años de duración. La
Constitución estipula que el Presidente carece de poder para disolver el
Parlamento.
La Constitución fue adoptada “para garantizar los derechos
inalienables e imprescriptibles a la vida, a la libertad y a la búsqueda
de la felicidad”. Asimismo, la Constitución elimina la pena de muerte y
reconoce el derecho de todo ciudadano a la vivienda, alimentación,
seguridad social y educación libre.
Más aún, se requiere del Estado que habilite establecimientos
sanitarios para proteger la salud de todos los ciudadanos y se prohiben
las actividades que atenten contra el equilibrio ecológico.
Varias disposiciones de la Constitución se refieren al debido
proceso legal. Según ella, ninguna persona puede ser procesada, arrestada o
detenida excepto cuando la ley así lo disponga. Con excepción del caso en que se encuentra el autor de un
crimen en el momento mismo de cometerlo, el Estado no puede arrestar ni
detener a nadie sin una orden de arresto ni efectuar un registro, aún con
orden para ello, entre las seis de la tarde y las seis de la mañana.
Los arrestados tienen el derecho a obtener asesoría legal durante
todo el proceso y no pueden ser interrogados sin la presencia de su
abogado o de un testigo elegido por el detenido.
Se prohibe al Estado el uso de fuerza innecesaria, presión sicológica
o brutalidad física durante un arresto, detención o interrogatorio.
El sospechoso será conducido ante un juez, que determinará la
legalidad del arresto dentro de las 48 horas de haberse producido éste.
Si el juez concluye que el arresto fue ilegal, el sospechoso deberá
ser puesto en inmediata libertad.
La Constitución también prevé la creación de un Consejo
Electoral con autoridad para establecer las leyes que rigen los procesos
electorales y velar por su cumplimiento.
El Consejo Electoral Provisional deberá estar compuesto por nueve
miembros elegidos por diversos funcionarios públicos y organizaciones
privadas. Las elecciones
posteriores serán supervisadas por el Consejo Electoral Permanente que
estará integrado por nueve miembros, tres de los cuales serán nombrados
respectivamente por el Poder Ejecutivo, la Corte Suprema y la Asamblea
Nacional.
El Consejo Electoral deberá asegurar que todos los candidatos a un
cargo público posean los requisitos necesarios.
Uno de ellos consistirá en que no se haya estado vinculado al régimen
de Duvalier. La Constitución
dispone que hasta 1997, los Consejos Electorales no certificarán a ningún
candidato que “sea conocido por haber sido, con exceso de celo uno de
los arquitectos de la dictadura y del mantenimiento de ella en el poder”
o que sea “denunciado por la opinión pública por haber torturado a
prisioneros políticos en relación con arrestos e investigaciones o por
haber cometido asesinatos políticos”.
El artículos que contiene esa disposición fue el más difundido
entre la población induciendo a numerosos haitianos a votar en favor de
la Constitución. Para éstos,
el voto en favor de la Constitución constituía un voto de repudio al
pasado duvalierista.
El conflicto constitucional y la crisis actual
El Artículo 289 de la Constitución dispone la creación de un
Consejo Electoral Provisional, compuesto por nueve miembros, encargado de
redactar la ley electoral que regirá las próximas elecciones y velar por
su cumplimiento (“chargé de l’exécution et de l’élaboration de la
Loi Electorale devant régir les prochaines élections”).
Cada una de las entidades siguientes regirá a un miembro: 1) el
Poder Ejecutivo; 2) la Conferencia Episcopal Católica; 3) el Consejo
Asesor; 4) la Corte Suprema; 5) las organizaciones de derechos humanos que
no sean candidatos en las elecciones; 6) el Consejo de la Universidad; 7)
la Asociación de Periodistas; 8) las religiones protestantes; y 9) el
Consejo Nacional de Cooperativas.
El Consejo fue creado después de celebrarse el referéndum popular
que aprobó la Constitución. El
13 de mayo de 1987, el CNG emitió un decreto mediante el cual se
intentaba regular el funcionamiento del Consejo Electoral Provisional (CEP).
Dicho decreto intentaba
“crear” un Consejo Electoral, garantizado por la Constitución, a la
vez que establecía las pautas sobre cómo debía actuar.
Por ejemplo, la mayoría del
voto debía obtenerse con las dos terceras partes, en vez de una
mayoría simple, y las decisiones del Consejo Electoral quedaban
sujetas a revisión judicial.
El 21 de mayo de 1987, los miembros del CEP prestaron juramento y
asumieron oficialmente sus funciones.
Ese mismo día, firmaron una carta dirigida al CNG criticando el
decreto del 13 de mayo y ratificando la autonomía del CEP, según la cual
no debía rendir cuentas a ninguna otra entidad del gobierno.
Es importante el hecho de que la unanimidad de los miembros hayan
firmado la carta, incluido el representante del CNG y del Consejo de la
Universidad. Tal como había
sucedido con la Asamblea Constituyente, el Consejo Electoral Provisional
había adquirido espíritu de cuerpo como consecuencia del poder que le
confería la Constitución y el apoyo popular de la población.
El 21 de mayo de 1987, en una carta al CNG, el CEP afirmaba que no
había sido creado por decreto del Consejo Nacional de Gobierno sino que
por la propia Constitución y que el Decreto, por contravenir el espíritu
y la letra de la Constitución, era inconstitucional y debía ser
rechazado. El CEP declaraba
en ella que la Constitución le encomendaba la elaboración de una ley
electoral y no un simple proyecto de ley electoral.
A juicio del CERP, el documento que debía someter el CNG era la
ley que no puede ser modificada por el CNG y que sólo se la somete al CNG
para su promulgación.
Además, el CEP manifestó que sólo a él encomienda la Constitución
tomar decisiones en cuanto se refiere a las calificaciones
constitucionales de los candidatos electorales y que sus decisiones al
respecto son finales y no están sujetas a la revisión judicial.
El CEP también declaró que sólo él está autorizado para
elaborar sus disposiciones internas y su sistema de votación puesto que
la Constitución declara que debe ser una institución independiente, y
que, en consecuencia, el decreto que requiere el voto de los 2/3 de la
mayoría para que la CEP tome una decisión y establece que las decisiones
pueden ser recurridas por una instancia judicial, le privaría de su
independencia. El decreto del
CNG, según la opinión del CEP, pondría a éste en el nivel de una corte
menor del sistema judicial, lo que no está de acuerdo con la Constitución,
que contempla al Consejo Electoral casi como una carta rama del Estado.
Esta disposición es particularmente importante dado el artículo
291 relativos a los antiguos partidarios de Duvalier. Según el CEP le
corresponde únicamente a él decidir quién reúne los requisitos para
ser candidato para un cargo público.
El 21 de mayo de 1987, los miembros del CEP hicieron pública la
carta que dirigieron al CNG; y el 30 de mayo, la prensa publicó la
primera mitad del texto de la Ley Electoral del CEP para que se discutiera
e hicieran sugerencias al respecto. Sin
que se publicara la segunda mitad o la versión final de la primera, la
Ley Electoral fue sometida por el CEP al Ministerio de Justicia el 5 de
junio de 1987.
El 15 de junio de 1987, diez días después del haber sometido una
copia del texto de la ley electoral al Gobierno, y sin haberlo promulgado,
el CEP convocó una conferencia de prensa para anunciar que debido al
“silencio” del CNG sobre la cuestión, las elecciones fijadas para el
mes de julio no podrían llevarse a cabo.
El conflicto creado a raíz de quién asumiría el control de las
elecciones estaba así originando una crisis de proporciones insospechadas.
El 19 de junio de 1987 la “Central Autonome des Travailleurs
Hatiens” (CATH) convocó a una huelga para los días 22 y 23 de ese mes.
La CATH pedía que se elevara el salario mínimo a US$6 dólares
por día, o sea un aumento del 100%, y que el CNG restringiera la
importación de calzado, arroz, azúcar y productos textiles, que estaban
causando un grave daño a la industria nacional.
La huelga propuesta por la CATH no tenía una relación inmediata
con la crisis electoral. Si
bien la huelga propuesta por la CATH no respondía a la crisis electoral,
el CNG promulgó en el mismo día de la huelga que las elecciones
municipales se llevarían a cabo el 23 de agosto de 1987.
Estos actos se consideraron como una afrenta directa a la
independencia del CEP.
El 22 de junio, el sector del transporte dio pleno apoyo a la
huelga declarada por la CATH y la ciudad de Puerto Principe se encontró
virtualmente paralizada. El CNG, por decreto del 23 de junio, disolvió la CATH,
destrozó su sede y arrestó a tres de sus líderes.
Los partidos políticos y las organizaciones sociales se unieron
para repudiar la acción del CNG y solicitar la anulación del decreto.
El 29 y el 30 de mayo de 1987, el Comité de Coordinación de las
57 organizaciones declaró una huelga para que se revocara el decreto del
CNG y la disolución de la CATH. Cuatro
personas perdieron la vida y al menos dos docenas resultaron heridas en
Cité Soleil, durante confrontaciones entre el ejército y los
manifestantes en contra del Gobierno. Esta segunda huelga paralizó virtualmente a Puerto Principe.
La ley electoral del CNG fue criticada por los opositores del régimen
porque ponía las elecciones en manos del Ministerio del Interior, que había
estado a cargo de las elecciones de octubre y del referéndum del mes de
marzo, y porque relegaba al CEP a la posición de una oficina “ registradora” de los
resultados de las elecciones municipales y de las elecciones
presidenciales y legislativas de noviembre.
Las organizaciones políticas y populares aunaron esfuerzos en
contra del CNG, al cual acusaron de actuar de manera dictatorial.
El Presidente del CNG, General Namphy, procuró calmar esos temores
y en un discurso difundido por la televisión renovó su compromiso de
conducir al país hacia elecciones democráticas.
Como el CNG no devolvió la autonomía al CEP, los líderes políticos
declararon nuevas huelgas y el centro de atención dejó de ser la
independencia del CEP para convertirse en la deposición de los miembros
del CNG, cuestión de mayor importancia.
El 1º de julio de 1987, se informó que Puerto Principe parecía
un campo de batalla después de dos días de huelga general caracterizados
por violentas confrontaciones entre soldados y manifestantes que arrojaron
un saldo de 10 muertos, 57 heridos y numerosas detenciones.
Los manifestantes demandaban el fin del CNG.
Ese mismo día, se suspendió la huelga y la gente se dedicó al
abastecimiento de productos de primera necesidad.
El 2 de julio la huelga continuó, los manifestantes levantaron
barricadas en la calle, la ciudad volvió a paralizarse y la violencia
siguió en aumento, produciéndose numerosos muertos y heridos los cuales
eran transportados al hospital de la universidad.
Como resultado de esos acontecimientos, el 2 de julio el CNG anuló
el decreto mediante el cual había intentado controlar el proceso
electoral y obligó a renunciar al Ministro de Información.
Se informó que el 2 de julio, dos personas habían sido muertas a
balazos por soldados en un suburbio de Puerto Principe y que las
confrontaciones que habían ocurrido en todo el país habían sido menos
graves que las acaecidas durante los dos primeros días de huelga.
Inmediatamente después que el CNG devolvió el control de las
elecciones al CEP, éste anunció que comenzaría a redactar un nuevo
cronograma para la celebración de las elecciones.
El 3 de julio, Jean-Claude Bajeux, líder del Grupo de las 57,
manifestó, que el CNG debía reorganizarse o renunciar.
Agregó que el Grupo de las 57 aceptaría que el CNG estuviese
compuesto de dos miembros civiles y un militar y que dado que en el
presente estaba dominado por la FFAA, agregó Bajeux, las manifestaciones
de protesta continuarían hasta tanto los Generales Namphy y William
Regala renunciaran. En efecto,
las manifestaciones continuaron en Puerto Principe, durante las cuales
soldados balearon al público con un resultado de siete muertos.
El 4 de julio de 1987, el CEP anunció que suspendería las
negociaciones con el CNG debido a los “actos de barbarie” atribuidos
al Ejército durante los cinco días de manifestaciones.
En el curso de los 11 días previos a la violencia política, las
FFAA habrían matado a 22 personas y herido a más de 100.
La suspensión de las negociaciones entre el CEP y el CNG aisló más
a este último, en cuanto diversas organizaciones políticas, laborales y
cívicas hacían un llamado a la huelga que duraría, dijeron, hasta tanto
no renunciaran los miembros del Consejo Nacional de Gobierno.
En una conferencia de prensa realizada el 7 de julio, tres líderes
opositores propusieron que se nombrara a un Consejo de Gobierno
Provisional, cuya presidencia estaría a cargo de Felix Kavanaagh, en ese
entonces Vicepresidente del Tribunal de Cesación.
Tal propuesta no llegó a prosperar.
El 8 de julio, los haitianos se reintegraron al trabajo después de
un período de 8 días de huelga que había dado por resultado un saldo de
22 muertos y 135 heridos. Representantes
del Grupo de las 57, que habían organizado la huelga, mantuvieron una
conferencia de prensa en la cual decretaron el día 9 de julio como un día
de duelo nacional.
El 12 de julio, el Comité de Coordinación del Grupo de las 57
nuevamente propuso que el pueblo formara un nuevo gobierno compuesto por
representantes de los “sectores democráticos” del país y un miembro
del ejército. El Comité de
Coordinación de dicho Grupo declaró que el lunes 13 y martes 14 serían
días destinados a la organización de la segunda fase de lucha contra el
CNG. El Comité solicitó que
los prefectos, magistrados, comisionados, agentes de información y
miembros de los consejos administrativos que trabajaban en cooperación
con el CNG, renunciaran.
El 14 de julio, el Consejo Electoral Provisional publicó su
Decreto Electoral y fijó el 29 de noviembre como fecha para la celebración
de las próximas elecciones presidenciales.
El Artículo 88-2 del nuevo decreto dispone la existencia de las
“Brigadas de Vigilancia” con la función de
ayudar a mantener el orden, evitar la coerción de los votantes y
ayudando a éstos a encontrar los lugares de votación.
El 15 de julio, una huelga general convocada por el Grupo de las
57, volvió a paralizar el país exigiendo la renuncia del General Namphy.
El Obispo de Jeremie, Willy Romelus, se unió a la huelga
solicitando públicamente la renuncia de Namphy.
El 22 de julio, la CATH volvió a funcionar con el mismo comité
ejecutivo que tenía el 22 de junio cuando fue atacada por las autoridades.
El Comité de Coordinación del Grupo de las 57 decidió prolongar
48 horas más la huelga general que paralizó Haití el 15 de julio,
aduciendo que no era posible tener democracia mientras hubiera
“macoutes” en el poder.
El 20 y 21 de julio, entre 5.000 y 10.000 estudiantes se
manifestaron contra el CNG en Puerto Principe y en las provincias; el 22
de julio varias organizaciones femeninas del país salieron a la calle a
manifestar.
El 23 de julio, cuarto día de protestas realizadas contra el
Gobierno en Puerto Principe, se informó que soldados habrían lanzado
tiros al aire para dispersar a miles de manifestantes y que cinco personas
habían resultado heridas de bala.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió, en esos días,
información de que periodistas eran objeto de atentados a bala y golpizas
y de que sus equipos les eran confiscados mientras cubrían las
manifestaciones callejeras.
El 24 de julio, Radio Soleil informó que muchos campesinos habían
sido muertos a machetazos por antiguos Tonton Macoutes en Jean Rabel,
pueblo rural situado a 150 millas al norte de Puerto Principe.
Se estimo que el número de campesinos muertos oscilaba entre 70 y
varios cientos. La mayoría
de las víctimas pertenecían a un grupo de 700 campesinos, miembros de
Tet Ansam, una organización en favor de la reforma agraria que cuenta con
el apoyo de la Iglesia Católica, quienes se encontraban en camino a Jean
Rabel para ayudar a campesinos de otro pueblo cuyas viviendas habían sido
quemadas por los Macoutes. De
acuerdo con esta información, el 23 de julio, un grupo de unos 200
hombres, en su mayoría Macoutes armados con revólveres, machetes y picos,
les tendió una emboscada. Supuestamente,
los Macoutes habrían ido al hospital local donde procedieron a matar a
los heridos. Este ciclo de
violencia duró desde el 24 hasta el 26 de julio.
De las cinco personas arrestadas después de la masacre, ninguna
parecía pertenecer a los Tontons Macoutes.
Un grupo de soldados, sin embargo, arrestaron a varios miembros del
Tet Ansam, inclusive al coordinador del grupo, Jean-Louis Fatine.
La Comisión Gubernamental de Investigación, formada por seis
altos funcionarios civiles y un asesor legal militar anunció el 29 de
agosto de 1987 los resultados de su investigación sobre la muerte de las
255 personas acaecida durante esos enfrentamientos en la región de Jean
Rabel. Según dicha Comisión,
2.000 campesinos miembros de diversas agrupaciones comunitarias católicas
habrían dado muerte a decenas de campesinos e incendiado sus viviendas,
citando la “intolerancia desmedida de dichos campesinos”.
La Comisión también impugnó la deficiencia de las autoridades
civiles y militares, y subrayó como culpables “la negligencia de las
autoridades judiciales locales, las fallas policiales y la responsabilidad
del Estado, que no cumplió con su misión”.
Cabe agregar que la Comisión recomendó, sin embargo, una
investigación judicial en base a las declaraciones del terrateniente
Nicole Poitevin, de la región de Jean Rabel, quien afirmó haber dado
muerte a “1.042 comunistas”.
El 24 de julio, en un intento de dar fin a 4 semanas de violentas
protestas y manifestaciones en contra del Gobierno, el Consejo Nacional de
Gobierno emitió un decreto por el cual los manifestantes debían obtener
una autorización con 72 horas de antelación para manifestarse y los
organizadores de las huelgas debían ser identificados.
Luego de la masacre en Jean Rabel, una comisión representativa del
Grupo de las 57 solicitó a sus miembros que manifestaran en contra de los
Tonton Macoutes y el CNG.
Monseñor Willy Romelus, Obispo de Jeremie, hizo un llamado al CNG
para que renunciara y entregara el poder a un gobierno que respetase la
Constitución.
Después de semanas de huelgas destinadas a destituir al CNG, el
Gobierno finalmente promulgó el Decreto Electoral del 10 de agosto de
1987 y prometió a la CEP el dinero que éste había solicitado para su
presupuesto. Se ha fijado el
29 de noviembre para las elecciones presidenciales y legislativas pero aún
no hay fecha fija para las elecciones municipales o comunales.
Las demandas de destitución del CNG continúan y hasta la fecha de
la aprobación de este Informe, no se sabe aún si habrá o no elecciones
en Haití en el próximo mes de noviembre.
La Comisión, sin embargo, ve serias dificultades en que las
elecciones se lleven a cabo dado el clima generalizado de violencia en el
país. Derecho
a la vida
En lo que se refiere a las violaciones al derecho a la vida
ocurridas desde la aprobación del último Informe Anual de la Comisión,
cientos de personas habrían muerto en manos de agentes de las fuerzas
armadas a partir del 19 de junio de 1987.
Asimismo, cientos de personas habrían resultado heridas.
Informaciones procedentes de la Comisión Gubernamental de
Investigación de Haití dieron la cifra de 255 muertos en el pueblo de
Jean Rabel. Por su parte, la prensa haitiana ha informado recientemente
que en las calles de Puerto Principe la aparición de cadáveres en las
calles se ha tornado una práctica rutinaria.
La Comisión considera que Haití vive en la actualidad en un
estado de violencia generalizada.
El clima de violencia se manifiesta en el hecho de que la población
de Puerto Principe no sale a la calle después de las 9 de la noche.
Tanto personas como vehículos son atacados, especialmente en los
barrios populares de Bolosse, Cité Soleil y Bel Air de la capital.
En la mañana del 2 de septiembre de 1987, por ejemplo, fueron
encontrados los cuerpos de Rony Ambroise y Frequenz Charles, acribillados
a balazos. Un testigo ocular
declaró que habían sido sacados de sus hogares durante la noche por la
policía, muertos y sus cuerpos arrojados en una ruta hacia el aeropuerto.
La Comisión ha sido informada de que la aparición de cuerpos en
las calles de Puerto Principe se ha tornado un espectáculo rutinario.
Este clima de violencia ha afectado el panorama político del país.
Aunque las elecciones están fijadas para el próximo mes de
noviembre, ningún candidato osa organizar una campaña electoral y viajar
a las provincias desde que le dieron muerte a Louis Eugene Athis, a
principio del mes de agosto próximo pasado, durante un encuentro político.
El 3 de agosto, Louis Eugene Athis, de 46 años, fundador y
coordinador general del Movimiento Democrático para la Liberación de
Haití (MODEHL) fue asesinado junto con dos de sus compañeros, Oscar
Dorgevil Francois Jean. Athis
había viajado a Leogane, un pueblo a 20 millas de distancia de Puerto
Principe, a los efectos de participar en un encuentro político.
Athis había escrito al comandante de la región con dos semanas de
antelación solicitando protección.
Un grupo de personas armadas con machetes, picos y piedras, los
atacó a pedradas y machetazos hasta darles muerte acusándolos de
comunistas. Otro acompañante,
Dominique Marcens, fue golpeado en la cabeza, los brazos y la pierna
izquierda, pero escapó y pudo atestiguar los hechos.
La Comisión ha tenido conocimiento de que los cuerpos de Athis y
sus compañeros fueron rociados con gasolina y prendido fuego.
Athis, quien había fundado su partido en 1964 en las República
Dominicana, había sido un activo defensor de los derechos humanos de los
braceros haitianos quienes cortaban caña de azúcar en ese país.
También había sido una de las personas que más contribuyeron al
surgimiento del centro democrático en Haití que hoy cuenta con
importantes candidatos presidenciales como Dejois, Manigat y Bazin.
Su muerte puede ser interpretada como una señal dirigida a los políticos
de Haití y ha tenido como resultado que sean muy pocos en el país
quienes estén conduciendo una campaña política.
En conclusión con respecto al derecho a la vida, en relación a
los actos de violencia imputados a autoridades del gobierno, la Comisión
ha recibido, en general, información del Gobierno de Haití exonerando a
sus agentes de toda responsabilidad.
La convicción y sentencia del oficial de las fuerzas armadas Robes
Metellus por la muerte de un obrero del transporte, Jules Louis,
constituye una excepción de lo anterior, aunque debe señalarse que los
trabajadores del transporte hicieron una huelga de cinco días, en
noviembre de 1986, para asegurar que Metellus sería enjuiciado. Otros Derechos y Libertades
En cuanto al derecho a la libertad personal, debe señalarse que
debido al creciente malestar político reinante en Haití se han producido
números arrestos. La Comisión ha recibido informaciones según las cuales
aproximadamente 500 personas estarían detenidas al presente como
resultado de los disturbios ocurridos durante los dos últimos meses.
Durante la visita de la Comisión a Haití, se recibió testimonio
de miembro del KI (Komite
Inite Demokratik), Comité para la Unidad Democrática, acerca de que
Jean-Paul Duperval y José Sinai, ambos miembros del KID, habían sido
arrestados el 17 de octubre de 1986 cuando anunciaron que harían una
huelga de hambre para protestar contra las condiciones en que se realizarían
las elecciones de la Asamblea Constituyente del 19 de octubre de 1986.
Los dos habían sido detenidos en Cassernes Dessalines y puestos en
libertad el día después de las elecciones.
A los efectos de atemorizar a la población, el Gobierno Militar ha
recurrido a la práctica de detenciones por períodos cortos, dirigida en
especial a aquellos que considera “agitadores” o “subversivos”.
Agentes de las fuerzas armadas penetran en hogares particulares o
en el recinto de trabajo, y sin una orden de arresto, proceden a amenazar
o arrestar.
Algunas personas, especialmente en las provincias, son arrestadas y
detenidas por varias semanas, sin orden alguna, sin notificación a sus
familiares, sin las garantías mínimas del debido proceso legal, y,
posteriormente, puestos en libertad sin cargo alguno.
Otras, sin embargo, permanecen poco tiempo en la cárcel si
sobornan a sus carcelarios.
Esta práctica arbitraria de detención preocupa particularmente a
la Comisión. Tal como expresó la Comisión en una carta fechada el 23 de
marzo de 1987, dirigida al Ministro de Relaciones Exteriores, Coronel
Herard Abraham:
Preocupa concretamente a la Comisión la medida en que los derechos
humanos fundamentales, violados sistemáticamente en el pasado, sean el
presente objeto de ataque y no hayan sido corregidos.
Nos referimos al derecho de cada uno a estar libre del peligro del
arresto arbitrario y de la desaparición, al derecho al debido proceso
legal, al derecho a un juicio justo y al derecho a la libertad y a
no ser objeto de malos tratos en el transcurso de una detención.
Las quejas recibidas por la Comisión, en relación con la
“desaparición” de Charlot Jacquelin y Vladimir David, han sido
lamentablemente desechadas por las autoridades gubernamentales que no han
iniciado una investigación seria acerca del destino de estos dos
individuos. La Comisión
recomienda que el Gobierno de Haití instruya a las autoridades
pertinentes que emprendan una investigación veraz en cada uno de estos
dos casos.
En cuanto al derecho a la integridad personal, durante la visita
que la Comisión hizo a Haití en enero de 1987, visitó los centros de
detención de Fort Dimanche y la Penitenciaría Nacional.
La Comisión entrevistó a detenidos que habían sido golpeados, no
habían recibido tratamiento médico
algunos, en distintas ocasiones habían sido encerrados, o incomunicados
durante meses, de que padecían hambre por falta de alimentos y no habían
hablado con un abogado o con un juez.
La Comisión también entrevistó a detenidas en la Penitenciaría
Nacional. El Comandante declaró que dos de las detenidas al momento
habían sido sentenciadas. Una
detenida, al preguntársele acerca de las condiciones de la prisión
manifestó que no respondería a la pregunta porque no quería que
pareciera una crítica que le costara quedarse en la cárcel hasta
podrirse. Otra detenida,
madre de siete hijos, declaró que había estado detenida tres meses en
Fort Dimanche acusada de un asesinato que aduce no haber cometido pero que
no tiene dinero para contratar a un abogado. Después de su estancia en Fort Dimanche, pasó dos meses en
Recherches Criminelles antes de ser transferida a la Penitenciaría
Nacional. Respondió que no
había sido objeto de malos tratos en Fort Dimanche con la excepción de
que no le daban comida, y que no había sido sino cuando la trasladaron a
la Penitenciaría Nacional que le daban de comer, pero que la comida la
ponía enferma. Todas las
detenidas manifestaron no recibir visita alguna, muchas dijeron no tener
ropa y todas se quejaron de la comida.
La mayoría nunca había comparecido ante un juez o había contado
con la más mínima garantía del debido proceso.
Algunas detenidas se quejaron de haber sido fuertemente golpeados.
En relación a este derecho, la Comisión, en su carta de marzo de
1987 al Coronel Abraham expresaba:
El mal trato a los prisioneros y detenidos es una práctica
abominable que debe ser rápida y definitivamente eliminada.
El testimonio recibido de detenidos en Fort Dimanche y en la
Penitenciaría Nacional confirma que la detención comienza con golpes,
llegando algunas veces al punto de necesitar cuidados médicos, que los
detenidos no reciben tal atención médica, que en general se les da de
comer una vez al día o no se les da de comer en absoluto, la mayoría
sufre una seria pérdida de peso, no reciben visitas, no tienen acceso a
asesores legales, no comparecen ante un juez, y, excepto en raras
ocasiones, no abandonan nunca sus celdas.
El caso de Jean Gibson Narcisse es de particular preocupación para
la Comisión y deseamos recibir un informe completo sobre la atención médica
y legal que ha recibido. La Comisión recomienda, además, que el Gobierno mantenga un
registro central de los nombres de los detenidos y los lugares donde se
encuentran detenidos.
En cuanto a la libertad de expresión, durante su visita a Haití,
la Comisión notó la mejoría registrada en cuanto a la libertad de
prensa. No obstante, en el
transcurso de la crisis iniciada en junio de 1987 la situación comenzó a
deteriorarse.
El 29 de julio, la Sociedad Haitiana de Periodistas se pronunció
contraria a la creciente violencia en contra de la prensa y en el país,
después del ametrallamiento sufrido por seis de las principales
estaciones de radio privadas y religiosas de Puerto Principe,
concretamente, Radio Antilles International, Radio Metrople, Radio
Haiti-Inter, Radio Cacique y Radio Soleil (de la Iglesia Católica).
La Asociación Haitiana de Periodistas solicitó de la Comisión
que regresara a Haití para realizar una investigación in situ de
estos ataques recientes efectuados a la prensa.
En cuanto a la libertad de residencia y movimiento existe una
cuestión que preocupa de manera recurrente es el intento del Gobierno
militar de privar a ciertos ciudadanos, que han pasado muchos años en el
exilio durante la dictadura de Duvalier, del ejercicio de sus derechos políticos
y de la posible recuperación de la nacionalidad haitiana.
El CNG ha emitido órdenes de expulsión y, de hecho, ha impedido
el retorno de un individuo que aduce haber intentado recuperar su
nacionalidad haitiana. También trató el CNG de impedir el funcionamiento del
Consejo Electoral Provisional descalificando a dos de sus miembros después
de haber terminado el CEP su trabajo.
Afortunadamente, esta pequeña crisis se resolvió rápidamente
mediante el nombramiento de dos sustitutos calificados.
El 31 de julio, el CNG ordenó la expulsión de uno de los líderes
del grupo de las 57, Daniel Narcisse, que tenía doble nacionalidad –haitiana
y canadiense. El CNG lo acusó de ser un extranjero que interfería en los
asuntos internos del país y de ser un subversivo. Narcisse declaró que había hecho todo lo requerido para
recuperar la nacionalidad haitiana de conformidad con la nueva Constitución.
Con respecto al derecho a la libre circulación, y pese a que las
autoridades de Haití no han invocado el estado de emergencia o decretado
el toque de queda, cabe destacar que el pueblo haitiano viene siendo
sometido a un estado de terror sistemático debido a los constantes actos
de violencia. Sin embargo,
como lo ilustra el caso del ataque a varios sacerdotes luego de la
celebración de una misa en las cercanías al pueblo de St. Marc, esta
violencia no excluye como víctimas a autoridades diplomáticas o eclesiásticas
y a extranjeros.
En efecto, el 23 de agosto del corriente año un convoy de cinco
automóviles que transportaba a sacerdotes y monjas desde el pueblo de St.
Marc fue detenido en un puesto militar donde varios soldados procedieron a
inspeccionarlo. Seguidamente,
luego de que se les permitiera continuar a camino a Puerto Principe,
fueron nuevamente ordenados a detenerse por alrededor de 40 civiles
armados quienes procedieron a atacar a los religiosos del primer automóvil
con piedras, machetes y balas de pistola.
Tres sacerdotes resultaron heridos.
Las autoridades militares que se encontraban a cien metros de
distancia de los hechos se negaron a intervenir y el Teniente Luberisse
fue luego identificado como uno de los asaltantes.
Si bien el Consejo Nacional de Gobierno condenó el atentado hasta
ahora no se ha investigado los hechos ni sancionado a los responsables. Conclusión
En conclusión, aunque el conflicto constitucional que dio origen a
la crisis actual ha sido resuelto mediante la publicación de la Ley
Electoral y el reconocimiento, por parte del CNG, de la autonomía del
Consejo Electoral Provisional, el clima de violencia generalizada continúa.
Dicha violencia resulta en parte debido a la incapacidad de las
autoridades del país de controlar a miembros de la policía o las fuerzas
armadas como también a la aparente negativa a desarmar a los llamados
Tonton Macoutes.
Como dijera el Papa Juan Pablo II durante su histórica visita a
Haití en 1983 de que las cosas debían modificarse en dicho país, de
hecho, ellos comenzaron a cambiar después del 7 de febrero de 1986 luego
de la partida de Duvalier.
El Consejo Nacional de Gobierno, que asumiera el poder luego de que
Duvalier fuera depuesto, y cuyo origen aún no ha sido explicado de modo
satisfactorio al pueblo haitiano, tomó el poder con el propósito de
conducir al país hacia la democracia a través de elecciones libres y
justas.
Sin embargo, el verdadero cometido del CNG, aparentemente fue el de
prevenir que el país cayera en la guerra civil.
Durante los primeros meses de su Gobierno, el CNG facilitó la
partida de colaboradores de Duvalier quienes de haber permanecido en el país
habían sido enjuiciados por crímenes cometidos o tal vez asesinados.
El fracaso del CNG de disasociarse
completamente del antiguo régimen tuvo como resultado que inicialmente su
único miembro civil e independiente, renunciara.
Un mes después de haber sumido el poder, el CNG se había tornado
en una junta militar.
Las breves tentativas para satisfacer los anhelos de justicia del
pueblo haitiano y el “deshoukaj” (desduvallierización) produjeron
algunos juicios públicos que, sin embargo, no reflejaron un auténtico
repudio a los crímenes cometidos en el pasado.
La organización de los odiados Voluntarios de la Seguridad
Nacional (Tontons Macoutes) fue “oficialmente disuelta pero no se intentó
desarmar de forma efectiva a quienes ahora eran civiles peligrosamente
armados. Cabe destacar que
durante el régimen de Duvalier la población civil no estaba autorizada a
portar armas.
A pesar de su carácter “provisorio” el CNG no anunció un
cronograma electoral hasta el mes de junio de 1986.
En efecto, el General Nampny declaró que el país se encontraba al
borde de la “anarquía” debido a las constantes manifestaciones de
protesta en contra de su Gobierno.
Sin un mandato del pueblo haititano, el CNG tomó la decisión de
crear una Asamblea Constituyente cuyo cometido era el de redactar una
Constitución para el país. Sin
haber preparado al pueblo para esta tarea, se estima que menos del 5% de
la población voto en la elección de los miembros de esta importante
asamblea.
Como resultado de la libertad de prensa y la actividad política de
periodistas comprometidos a informar a la población sobre el desarrollo
de la redacción de Constitución, se fue estableciendo un diálogo entre
el pueblo y los miembros de la Asamblea
quienes fueron incorporando artículos que garantizaban que un régimen
duvalierista no volviera a tomar el poder.
Cuando en marzo de 1987 el pueblo fue informado que la Constitución
significaba el repudio del pasado duvalierista, votó abrumadoramente a
favor de ella.
La nueva Constitución privaba al ya desprestigiado CNG de su única
razón de ser: la organización y control de las elecciones.
Dichas elecciones quedaban ahora en manos del Consejo Electoral
Provisional (CEP) entidad autónoma compuesta de distintos sectores
representativos de la sociedad haitiana.
El CNG intentó socavar la independencia y autoridad del CEP lo
cual tuvo como consecuencia que aproximadamente durante siete semanas el
país sufriera innúmeras huelgas y manifestaciones.
Dichas manifestaciones, en último análisis, exigían la renuncia
del CNG o su reorganización.
A través del uso del poder el CNG logró acabar con las constantes
huelgas que alteraban el orden público.
En el mes de agosto no se realizaron más huelgas.
Sin embargo, parecería que actos de grotesca brutalidad, como la
muerte a machetazos del candidato presidencial L.E. Athis en Leogane o la
masacre de cientos de campesinos de Jean Rabel, que recuerdan las tácticas
de terror cometidas por los hombres de Duvalier, han tomado su lugar.
El ataque a Athis y al grupo de sacerdotes en las afueras de St.
Marc fueron explicados por sus autores como ataques en contra de “comunistas”.
Es necesario subrayar, sin embargo, que ni Athis ni los sacerdotes
eran comunistas. Esta
persecución en contra de los opositores del CNG calificándolos de
comunistas evoca las tácticas empleadas por el régimen de François
Duvalier. La preocupación que el Presidente de la Comisión expresara durante la última visita in loco a Haití referente al proceso de democratización ha sido confirmada posteriormente por los hechos. En aquella oportunidad, el Presidente había dicho que temía que el proceso de democratización se descarrilase debido a fundamentales debilidades y contradicciones que tenían su o rigen en la historia de la represión y la dictadura. La tarea que enfrenta el pueblo haitiano y el Consejo Electoral Provisional no es otra sino la de volver a encaminar el proceso electoral. Dado el clima generalizado de violencia imperante desde agosto de 1987, no será fácil restablecer un clima de normalidad que permita la realización de elecciones. Por lo tanto, y dado que el poder reside en el Consejo Nacional de Gobierno, la Comisión hace un llamado a éste para que tome todas las medidas necesarias que permitan al Consejo Provisional Electoral organizar y realizar las elecciones a los efectos de que los haitianos puedan elegir un gobierno democrático que asuma el poder el 7 de febrero de 1988. |