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DESARROLLO
DE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN PARAGUAY
INTRODUCCIÓN
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó su
informe sobre la situación de los derechos humanos en Paraguay (OEA/Ser.L/VII.43
doc.13, 31 de enero de 1978) al VIII Período Ordinario de sesiones de la
Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, que tuvo
lugar del 21 de junio al 1º de julio de 1978 en Washington D.C.
La Asamblea General, en su Resolución No. 370, resolvió
“Agradecer a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos su informe
sobre la situación de los derechos humanos en Paraguay y solicitarle que
continúe considerando la situación de los derechos humanos en ese país
e informe al respecto a la Asamblea General en su próximo período
ordinario de sesiones”.
La Comisión en su informe, llegó a las siguientes conclusiones e
hizo las recomendaciones que se señalan a continuación:
Conclusiones
El análisis objetivo de los datos y elementos de juicio que
obran en poder de la Comisión, permite establecer la conclusión de que
en la República del Paraguay existe un orden de cosas conforme al cual
la gran mayoría de los derechos humanos reconocidos por la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y por otros instrumentos
de la índole, no solamente no son respetados en forma concordante con
los compromisos internacionales adquiridos por ese país, sino que de su
violación se ha hecho un hábito constante.
Las numerosas denuncias recibidas desde territorio del Paraguay,
las informaciones recogidas por entidades internacionales que han
visitado ese país, y muchos otros datos procedentes de distintas
fuentes, así como el silencio del Gobierno paraguayo ante las numerosas
observaciones y recomendaciones que le ha formulado la Comisión a lo
largo de los años, le permiten a ésta afirmar que al amparo del régimen
de estado de sitio, vigente ininterrumpidamente allí por espacio de más
de 30 años, se ha incurrido en graves y numerosos actos de violación
de los derechos humanos fundamentales, y en especial de los que se
relacionan a continuación:
1.
Derecho a la vida Existen
bases fundadas para afirmar que varias personas han muerto a manos de
autoridades, en circunstancias no debidamente aclaradas.
Además, lo que corrientemente se califica de casos de desaparición
de personas después de haber sido arrestadas por las autoridades y
después de haber permanecido indefinidamente detenidas en sitios más o
menos desconocidos, bien pueden también constituir casos de violación
del derecho a la vida, que, sin embargo, no pueden establecerse
debidamente por falta de elementos probatorios directos.
2.
Derecho a la integridad personal
La aplicación de apremios físicos y psíquicos y de toda clase
de procedimientos de crueldad, para arrancar confesiones o para
intimidar y deprimir a los detenidos, es una práctica constante en el
Paraguay, y esa práctica continúa repitiéndose como lo acreditan
denuncias informes
recibidos de las más diversas fuentes, y como lo sugiere también el
hecho de que las autoridades paraguayas reciban impasiblemente la
transcripción que de tales denuncias les hace la Comisión y dejen
transcurrir los plazos dentro de los cuales debieran tales
comunicaciones ser respondidas, sin pronunciarse sobre ellas en forma
alguna. A lo anterior, la
Comisión debe añadir el hecho muy significativo de que por primera vez
no se haya recibido noticia de que uno sólo de los responsables de
estos procedimientos inhumanos haya sido sancionado.
3.
Derecho a la libertad personal
Como se hace notar en el cuerpo del informe, las detenciones
efectuadas en virtud del estado de sitio, esto es, sin fórmula de
juicio y sin atribución de cargos, se cuentan por centenares.
Algunos de los detenidos en forma tan arbitraria han llegado a
cumplir hasta 19 años en prisión sin que se les someta a proceso
alguno. A la detención sin
término, sin proceso y sin cargos se agrega en muchos casos la
incomunicación también por término indefinido.
Según lo que ha trascendido, y es fácil de percibir a través
de muchos medios, estas detenciones por término indefinido, de personas
representativas de distintas tendencias políticas, además de formar un
ambiente de natural desasosiego e incertidumbre en la familia paraguaya,
contribuye a crear serios obstáculos para el libre desenvolvimiento de
la vida nacional y para el retorno a la plena vigencia de las
instituciones democráticas.
4.
Derecho de justicia Como
se ha afirmado en distintos pasajes del informe, los detenidos en virtud
del estado de sitio no disfrutan en manera alguna del derecho a un
proceso regular. Ni se les
presenta dentro de los términos debidos a un tribunal competente, ni se
les permite o suministra la asistencia de letrados que velen por el
cumplimiento de las fórmulas procesales. El recurso de habeas
corpus o de amparo carece en estos casos de toda eficacia, pues no
hay tribunal o juez que se crea capacitado para aplicarlo.
La detención de los sindicados se lleva a cabo, por regla
general, en sitios no adecuados para ese efecto, o en establecimientos
que carecen de los requisitos mínimos que debe reunir toda penitenciaría.
Por último, a través de numerosas denuncias se ha establecido
también el hecho de que los abogados que se hacen cargo de la defensa
de personas detenidas por motivos políticos y, en general, por causas
relacionadas con el régimen del estado de sitio, suelen ser con
frecuencia objeto de amenazas o de procedimientos de intimidación,
entre ellos el de la retención de sus matrículas.
5.
Derecho de expresión del pensamiento y de información
Sobre este particular cabe formular la conclusión lisa y llana
de que en el Paraguay los medios de comunicación social no gozan de
libertad ni para la expresión del pensamiento ni para la labor de
información ello a pesar de que esporádicamente se pase por alto la
publicación o difusión de algunas noticias o comentarios desfavorables
al régimen.
6.
Derecho de reunión y de asociación
También estos derechos, consagrados en los Artículos XXI y XXII
de la Declaración Americana son objeto de frecuentes violaciones y práctico
desconocimiento. Obran en
poder de la Comisión suficientes elementos de juicio para afirmar que
la Iglesia Católica paraguaya, así como otras instituciones religiosas
han sido objeto de persecución que ha afectado directamente a sus
seminarios, colegios e instituciones de enseñanza, así como al
desarrollo de sus programas de asistencia y acción social.
Recomendaciones
Con base en todo lo anterior y, en cumplimiento de su misión
esencial, la Comisión cree del caso formular al Gobierno del Paraguay
las siguientes recomendaciones, tendientes a remediar las anomalías que
han quedado relacionadas y a garantizar para el futuro la protección de
los derechos humanos.
1.
En atención a que la vigencia del estado de sitio ha venido
prorrogándose sin interrupción por espacio de 30 años, como en varios
pasajes de este Informe ha observado la Comisión, adoptar las medidas
necesarias para que a la brevedad posible se levante dicho régimen, o,
en caso de que circunstancias de grave peligro o calamidad pública
hagan imprescindible su mantenimiento, expedir sin demora, de acuerdo
con lo que la Constitución prevé al respecto, la ley reglamentaria
llamada a establecer la indispensable compatibilidad entre dicho régimen
y el respeto permanente a los derechos humanos fundamentales.
Dichas disposiciones debieran establecer un procedimiento
mediante el cual las detenciones se practiquen en virtud de órdenes
escritas emanadas de autoridades competentes, copia de las cuales sean
notificadas al miembro de la familia o persona que indique el detenido,
dentro de un plazo determinado. La
orden de detención debería contener todos aquellos datos necesarios
para identificar plenamente a la persona del detenido y a la persona del
aprehensor, así como el sitio donde ha de verificarse la detención y
el nombre y cargo de la autoridad que ordena la medida.
2.
Precauciones adicionales necesarias, como la de un examen médico
practicado tanto al ingreso como al egreso de los lugares de reclusión
deben también ser contempladas por las disposiciones reglamentarias
cuya expedición se recomienda. Ante
todo, la plena vigencia del recurso de habeas corpus en favor de toda clase de detenidos, sea que se les
acuse de delitos comunes o políticos, debiera restablecerse o
garantizarse mediante ley especial, ya que los procedimientos hoy
usuales consideran dicho recurso incompatible con el régimen de
legalidad extraordinaria.
3.
Poner cuanto antes en libertad a todas aquellas personas
detenidas en virtud del estado de sitio a las que no se haya formulado
cargo alguno, o bien someterlas de inmediato a proceso regular, en caso
de que existan motivos legales para ello.
En cuanto a las mujeres que han dado a luz en prisión o que han
sido detenidas con una criatura recién nacida, proveer con toda
diligencia a que se les asegure la asistencia y consideraciones
especiales requeridas por su situación y por la de sus criaturas.
4.
Adoptar las medidas administrativas y prácticas tendientes a
asegurar que toda autoridad que incurra en abusos o procedimientos
crueles e inhumanos con personas detenidas, será ejemplar y debidamente
sancionada.
5.
Tomar las providencias necesarias para garantizar la debida
protección a abogados y jueces, de suerte que unos y otros puedan
cumplir cabalmente su misión.
6.
Comunicar oportunamente a la Comisión las medidas que se adopten
en desarrollo de estas recomendaciones.
Por
su parte, el Ministro de Relaciones Exteriores del Gobierno de Paraguay,
Dr. Alberto Nogués, en nota fechada el 2 de julio de 1979, refiriéndose
a la Resolución 370, informó al Presidente de la Comisión, Dr. Carlos
Dunshee de Abranches, lo siguiente:
1.
El Gobierno del Paraguay practica invariablemente una política
orientada a precautelar la paz y la estabilidad democrática de sus
instituciones, la cual sitúa a mi país en óptimas condiciones para
desarrollar su economía en un clima de libertad altamente calificado para
asegurar el bienestar de toda su población.
Sin
descuidar la permanente vigilancia de aquellos objetivos prioritarios, en
tiempos recientes el Gobierno Nacional ha querido demostrar, con hechos
efectivos, su cooperación con la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, atendiendo a las comunicaciones que de ella recibe y adoptando,
en consecuencia, algunas decisiones que se ajustan a los resortes legales
de que dispone el poder público para corresponder al cometido propio de
la Comisión.
Así,
por ejemplo, hago saber a Vuestra Excelencia que a la fecha hay solamente
cuatro personas arrestadas en virtud de la facultad otorgada al Poder
Ejecutivo por el Artículo 79 de la Constitución Nacional y que nadie se
halla privado de su libertad sin intervención de las autoridades
judiciales competentes.
2.
Entre las personas arrestadas en virtud del estado de sitio se
encuentra el ciudadano argentino Amílcar Latino Santucho a quien el Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados le ha concedido el
“status” de refugiado.
3.
El Paraguay vive un auténtico estado de derecho y de legalidad en
que cada uno de los Poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo, actúa
dentro del ámbito que les está asignado por las previsiones de la
Constitución Nacional. Debo
recordar a Vuestra Excelencia que la Constitución vigente en la República
del Paraguay, a diferencia de las que existen en otros países, es la
expresión genuina de la Convención Nacional Constituyente reunida en
1967 y de la cual formaron parte los legítimos representantes de cinco
partidos democráticos, libremente electos por el pueblo en comicios
convocados a tal efecto.
4.
El mismo informe de la Comisión (pág. 15, apartado 11) reconoce
que “la realidad inocultable es que el Paraguay vive bajo el régimen de
legalidad”, añadiéndole el adjetivo de “extraordinaria”.
No aceptamos esta calificación porque, simplemente, las
disposiciones vigentes en un país son legales o ilegales, sin
connotaciones que pretendan enervar su eficacia. Y, en lo que a la vigencia total o parcial del estado de
sitio se refiere, debo insistir, una vez más ante Vuestra Excelencia, que
este recurso –absolutamente lícito y legal- no supone en ningún caso,
como acontece en otros países, el reemplazo de los juzgados ordinarios
por jueces o cortes militares.
La
Comisión ha demostrado su preocupación porque los derechos del individuo
no queden desprovistos de toda tutela legal “frente a la voluntad omnímona
o absolutista de las autoridades”.
En el Paraguay no hay derecho o garantía que esté supeditado a la
“voluntad omnímoda” de ningún funcionario ni individuo.
Todos los actos del Gobierno son asumidos conforme a los principios
jurídicos que rigen el país como la expresión de la libre voluntad
popular manifestada a través de los órganos constitucionales, como en
cualquier auténtico régimen democrático.
5.
El libre juego de los partidos democráticos en el Paraguay es una
permanente experiencia cotidiana. Aún
aquellos grupúsculos o fracciones que, por razones del ordenamiento jurídico
electoral, no están representados en el Congreso Nacional, actúan
libremente y emiten sus pronunciamientos, publican solicitadas en la
prensa comercial e independiente, realizan sus reuniones proselitistas sin
restricción de ningún género y hacen uso ilimitado de la libertad de
expresión. Aún más:
existe un partido debidamente autorizado a actuar por las
reglamentaciones electorales, el Partido Revolucionario Febrerista, que se
reúne y actúa libremente, pregona en forma sistemática la abstención
electoral como medio de lucha política, tiene su propio órgano de Prensa,
envía representantes a reuniones políticas internacionales de su misma
ubicación ideológica y está sirviendo activamente de núcleo para la
constitución de una agrupación política denominada “Acuerdo Nacional”,
que pretende atraer con carácter precario y circunstancial a pequeñas
fracciones políticas disidentes de distinto cuño doctrinario, unidas en
el propósito de subvertir el orden legal constituido y dañar la imagen
externa del Paraguay.
6.
La libertad de prensa es una realidad indiscutible en el Paraguay.
Ven la luz pública, sin cortapisas de ningún género, varios
diarios independientes y comerciales y otras publicaciones que son órganos
de partidos políticos o de la Iglesia paraguaya y de otras denominaciones
confesionales o profesionales. El
Partido Revolucionario Febrerista que, como queda dicho, predica el
abstencionismo electoral, tiene su propio órgano de prensa:
EL PUEBLO, de aparición quincenal.
Hace unos días todos los directores de diarios de Asunción
celebraron una mesa redonda televisada a todo el país a través del
“Canal 9 Cerro Corá”. En
esta ocasión todos los directores de diarios y periódicos de circulación
nacional afirmaron rotundamente que en el Paraguay rige una irrestricta
libertad de prensa, hecho que confirma plenamente la conducta del Gobierno
Nacional a este respecto.
7.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos advierte “la
larga vigencia del estado de sitio y la ausencia de una ley que
reglamentara tal recurso constitucional”.
Deseo
declarar enfáticamente a Vuestra Excelencia que el Gobierno del Paraguay
se vale de este legítimo recurso constitucional para defender la paz, la
normalidad democrática y la estabilidad institucional que vive el país
que no renunciará a él porque solamente a la autoridad pública le
compete medir el alcance de su responsabilidad en materia que le es
absolutamente privativa. La
Comisión sabe que el Paraguay ha sufrido muchas veces el ataque de bandas
guerrilleras y subversivas, en las cuales elementos armados desde fuera
del país pretendieron destruir la legitimidad institucional y subvertir
el orden vigente, con miras a la imposición de doctrinas totalitarias de
extrema izquierda. La Comisión
también sabe que la represión de estos brotes criminales y anárquicos
ha costado muchas vidas humanas a las fuerzas del orden y de la legalidad
y que su acción nefasta ha dañado gravemente la economía del país, tan
requerido de una paz sin sobresaltos para su óptimo desarrollo.
El
Gobierno, a pesar de todas estas manifestaciones de peligrosidad social,
hace un uso prudente de la medida constitucional de referencia, y este es
el momento en que ella rige solamente en la capital de la República,
expuesta a la peligrosa proximidad de una frontera internacional y a las
contingencias de incitaciones a la subversión, terrorismo indiscriminado
y guerrilla urbana.
La
reglamentación de la facultad constitucional del estado de sitio es una
iniciativa que corresponde únicamente a los legítimos mandatarios del
pueblo paraguayo, representados en el seno del Congreso Nacional.
Al
parecer, se pretende señalar que la Constitución de 1967 habría
modificado algunos términos en relación al estado de sitio, las
prescripciones constitucionales pertinentes son las mismas, prácticamente,
que las que estaban consagradas en la Constitución de 1940, subsistiendo,
consecuentemente, la facultad que posee el Poder Ejecutivo de detener a
las personas indicadas de participar en hechos que motivan conflictos,
guerra internacional, invasión exterior, conmoción interior o amenaza
grave. Aún teniendo esta
facultad constitucional en sus manos, el Poder Ejecutivo ha preferido
poner a los sospechosos a disposición de sus jueces naturales, a fin de
que sean juzgados conforme a la luz de la Ley 209, de Defensa de la Paz Pública.
La
vigencia del estado de sitio, que tiene insospechable fundamento legal y
que cuenta con el apoyo inmensamente mayoritario de la ciudadanía, que
milita en las filas de la Asociación Nacional Republicana (Partido
Colorado), precautela el orden y el libre juego democrático dentro de la
Ley y del respeto a los habitantes y a la propiedad pública y privada.
8.
Las Leyes 294 y 209 reglamentan claras prescripciones de la
Constitución Nacional la cual no autoriza la prédica del odio de clases
y la labor proselitista en favor de doctrinas que abusando de las
libertades democráticas persiguen, en último término, la extinción
definitiva de las instituciones representativas y libres.
La Ley 294 de “Defensa de la Democracia” no ha erigido en
figura delictuosa “el simple hecho de divulgar una determinada ideología
política”, como parece desprenderse del informe de la Comisión.
Sanciona, no el pensamiento del hombre o la simple opinión
individual, sino la campaña proselitista encaminada a la alteración del
orden, como primer paso hacia la crisis de las instituciones y del estilo
de civilización que impera en un pueblo libre y democrático.
Las disposiciones de la Ley 209 de “Defensa de la Paz Pública y
Libertad de las Personas” han sido aplicadas, exclusivamente, a personas
incursas individualmente o en asociación con otras, en labores
subversivas o terroristas.
En
el momento presente no hay en el Paraguay una sola persona detenida y
procesada en virtud de estas leyes.
9.
Respuestas a las denuncias que han sido formuladas a la Comisión
Con satisfacción
el Gobierno de mi país puede afirmar que está totalmente al día en la
respuesta a todas las comunicaciones que ha recibido de la Comisión
transcribiendo denuncias formuladas por distintas personas.
Varias veces el Ministerio a mi cargo, sin ser requerido por la
Comisión de su digna presidencia, ha enviado a ella informes preventivos
o material informativo vinculado con temas que son de interés para la
misma. Este intercambio de
comunicaciones ha sido realmente provechoso, porque ha facilitado aclarar
situaciones en que los denunciantes tenían evidente interés en
tergiversar la realidad de los hechos, por razones de parcialidad política.
10.
Omitimos referirnos a las leyes fundamentales del Paraguay porque
en fecha 16 de noviembre de 1978 remitimos al Señor Edmundo Vargas Carreño,
Secretario Ejecutivo e la Comisión, a su requerimiento, textos de las
mismas, incluyendo la Constitución Nacional.
Pero
creemos conveniente decir dos palabras sobre la organización del Poder
Judicial en el Paraguay. El
procedimiento criminal se halla dividido en dos etapas:
la sumaria y la plenaria, que hace que el Juez tenga en su poder
todos los elementos que le permiten dictar una sentencia justa, escuchando
la opinión de los abogados defensores, de los agentes fiscales, del
Ministerio de Menores y, en síntesis, dando todas las oportunidades a los
querellantes y a los querellados para demostrar ante la justicia sus
razones y alegatos. El fallo
del Juez de Primera Instancia es apelable ante un Tribunal de alzada donde
tres Magistrados lo revisan dando nuevas oportunidades a las partes.
De ser modificatorio el fallo de este Tribunal, el caso llega hasta
los estrados de la Corte Suprema de Justicia, donde cinco Magistrados
emiten su opinión, que causa estado definitivo.
No se puede admitir bajo ningún concepto, que los señores
magistrados del Poder Judicial ejercen sus funciones atados de manos o
sometidos a presiones, como se ha afirmado.
Los jueces de la República son abogados o doctores en derecho y
algunas consideraciones que se han formulado con relación al recurso de habeas
corpus, por ejemplo, no son atinadas ni ajustadas a estricto derecho.
Un Juez que otorgara que por si y ante sí la viabilidad de este
recurso, mediando en el caso la clara prescripción del Artículo 79 de la
Constitución Nacional (estado de sitio), prevaricaría y trastocará el
orden correcto de las normas legales de la República.
11.
El Gobierno del Paraguay aún cuando expresa una vez más que está
dispuesto a recibir la visita de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, sigue reservándose la decisión de determinar la oportunidad en
que ella podrá realizarse. Es
esta una cuestión que, por elementales razones de soberanía, el Gobierno
de mi país debe conservar para sí la iniciativa.
12.
Garantía a personas e instituciones que suministran a la Comisión
informaciones, testimonios y pruebas
El Gobierno no ha adoptado en ningún caso medida alguna que
pudiera perturbar la gestión de dichas personas naturales o jurídicas.
En nuestra nota de fecha 2 de abril último se explicó
detalladamente todo cuanto ocurrió con la Sra. Carmen de Lara Castro,
sedicente presidente de una pretendida Comisión Paraguaya de Derechos
Humanos que carece de toda representatividad, ya que se halla constituida
exclusivamente por un grupo radicalizado de políticos opositores cuyo
objetivo patente es crear problemas al Gobierno, mediante una campaña
sistemática de difamación y de deterioro de la imagen externa del país,
so pretexto de defender los derechos humanos.
El
único trámite cumplido, tal como se informara a la Comisión en la
precitada nota, fue la comparecencia de la Sra. de Lara Castro ante el
Juez de Primera Instancia en lo Criminal de turno, al sólo efecto de
prestar una declaración informativa solicitada por el Fiscal General del
Estado.
El
presente informe especial se referirá al desarrollo de la situación de
los derechos humanos en Paraguay durante el año 1978; aunque con el fin
de que refleje la realidad paraguaya de la manera más actualizada también
abarcará hechos acaecidos durante los primeros meses del año 1979.
EL
SISTEMA DE NORMAS LEGALES RELATIVO A DERECHOS HUMANOS
En su primer informe sobre la situación de los derechos humanos en
el Paraguay, aprobado en enero de 1978, la Comisión señaló que desde
1929 existía un estado de sitio en vigor en dicho país, salvo durante
los días de elecciones nacionales y durante un lapso de cerca de seis
meses en 1946. Una de las
recomendaciones contenidos en ese informe hacía un llamado para que el
Gobierno del Paraguay “tomara las medidas necesarias para levantar el
estado de sitio” y emitiera la ley complementaria mencionada en el Artículo
79 de la Constitución de la República.
La Comisión también sugirió algunas áreas que deberían ser
objeto de esa ley complementaria.
Desde que se emitió nuestro informe, el estado de sitio ha sido
levantado en todas partes del país excepto en la capital.
Sin embargo, esta noticia se ve empañada con el hecho de que los
tribunales han dispuesto que las personas arrestadas en otras partes del
Paraguay puedan ser llevadas a
Asunción y retenidas allí bajo el estado de sitio.
Así, pues, el levantamiento del estado de sitio en todo el país
menos en Asunción tiene muy poco efecto práctico.
Hasta la fecha el Gobierno no ha
promulgado la ley complementaria que definiría el alcance de las
limitaciones que entraña para los derechos humanos cuando se declara un
estado de sitio.
La Comisión también comentó la Ley 254 del 17 de octubre de
1955, titulada “Defensa de la democracia” y la Ley 209 del 18 de
septiembre de 1970, titulada “Defensa de la paz pública y la libertad física
del individuo”, que hace de la mera diseminación de una ideología
particular una ofensa criminal, y recordó que había declarado en otra
oportunidad que las leyes de este tipo eran incompatibles con la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.
En su nota del 2 de julio de 1979 el Gobierno alega que la Ley 294
no castiga a una persona por sus ideas u opiniones, sino “la campaña
proselitista encaminada a la alteración del orden”.
El derecho a sostener una opinión es realmente un derecho carente
de contenido sin el derecho paralelo de diseminar esa opinión, ya sea
personalmente o conjuntamente con otro.
El Gobierno también declara que la Ley 203 ha sido aplicada
solamente “a personas incursas individualmente o en asociación con
otras, en labores subversivas o terroristas”.
Sea como fuese, este tipo de ley conduce a abusos porque es el
Gobierno el que entra en el mundo tenebroso de definir la subversión y el
terrorismo.
En realidad, en nota fechada el 13 de octubre de 1978 sobre el Caso
3099, el Gobierno del Paraguay describe la formación de la coalición de
la oposición política como “iniciando una labor subversiva contra el
Gobierno Nacional tras el rótulo de ‘Acuerdo Nacional’.
Y lo que es más, la Comisión ha recibido denuncias de que
miembros de la oposición política legal han sido detenidos por breves
períodos en virtud de la Ley 203.
DERECHO A
LA VIDA
A.
Homicidios imputados a las autoridades por los reclamantes
i)
Según los reclamantes, Jorge Zavala Esquival, 27 años y militante
de la organización Política Militar, fue detenido por la policía en la
madrugada del 12 de enero de 1978. Testigos
presenciales han afirmado que Zavala murió unas pocas horas después de
los golpes recibidos. El
Gobierno del Paraguay, en nota de 27 de abril de 1978, respondió a la
solicitud de información de la CIDH y declaró que “los hechos que
motivaron el deceso de Zavala Esquival ocurrieron exactamente como fueron
relatados en el informe suministrado por el Ministerio del Interior y que
tuvieron en su hora amplia publicación en toda la prensa nacional”.
El Gobierno no acompañó copia de dicho informe.
(Caso 2704)
ii)
Se alega que Doroteo Brandel, un dirigente e campesinos, fue
baleado en una emboscada en agosto de 1978, unas semanas después de haber
pasado dos años de detención secreta en la II División de Infantería
en Villarica. El Gobierno
atribuye la muerte a una riña en una cantina.
También se alega que Agustín Bareiro Avarilla fue matado en
septiembre de 1978 por el Jefe de la Octava Comisaría, Lucío Sosa
Cardoza, quien fue detenido y procesado en enero de 1979.
B.
Atentados imputados a las autoridades por los reclamantes
En una comunicación de 20 de enero de 1979, se denunció el
atentado por agentes gubernamentales contra la vida de Eulogio Constantino
Coronel Zorrilla, ex-líder de la Liga Agraria Católica, quien había
sido detenido por razones políticas del 4 de abril de 1976 al 20 de julio
de 1978. El atentado ocurrió
en la madrugada del 2 de enero de 1979 en el patio de la casa de su cuñado
donde la familia Coronel se alojaba.
La posición oficial del Gobierno, como apareció en el periódico
del Partido Colorado “La Patria”, es que el cuñado disparó contra
Coronel al encontrarle atentando violar a su hija.
Coronel se encuentra detenido bajo el cargo de violación.
(Caso 3658)
C.
Personas detenidas y presumiblemente muertas
En su primer informe la Comisión incluyó el caso de Derlis
Villagra Aramendia quien, se alega, fue detenido en 1975 y después
desapareció. El Gobierno negó
esa detención. En diciembre
de 1978 la esposa de Villagra recibió indirectamente confirmación
oficial de la muerte de Villagra en manos de la Guardia de Seguridad poco
después de su detención.
LIBERTAD
FÍSICA DE LA PERSONA, HABEAS CORPUS
Y RECURSO DE AMPARO
EL
DERECHO DE JUSTICIA Y DE PROCESO REGULAR
En el primer informe se dio especial atención a las personas que
habían sido detenidas injustificadamente por largos períodos, hasta 17 años,
sin jamás haber sido llevados a juicio y sin jamás haber sido acusados
de un delito. La Comisión
declaró que dichas detenciones fueron posibles por la situación jurídica
incierta derivada del indefinido período de estado de sitio en Paraguay.
El primer informe indicaba que las autoridades judiciales habían
declinado la jurisdicción en el caso de individuos detenidos bajo las
facultades extraordinarias del estado de sitio y que esas facultades
anulaban o hacían inefectivos recursos tales como el de Amparo o Habeas
Corpus y cualquier otra garantía que pueda proteger al detenido
contra los excesos o abusos de poder.
El hecho de que el estado de sitio continúe en vigor en la capital
y que una ley complementaria que rija su funcionamiento no haya sido nunca
promulgada significa que la situación no ha cambiado.
La Comisión recibe con satisfacción la declaración del Gobierno
de que ha tomado ciertas decisiones de acuerdo con las recomendaciones
hechas por la Comisión en su primer informe.
Como un ejemplo, el Gobierno informa a la Comisión que actualmente
sólo hay cuatro personas detenidas en virtud de la autoridad otorgada al
Poder Ejecutivo por el Artículo 79 de la Constitución.
La han pasado más de un decenio en la cárcel, no pueden ser
puestas en libertad o llevadas a juicio, como recomendó la Comisión.
Además, se ha informado que los presos puestos en libertad no han
recibido documentos de identificación o se les da algunas veces
identificación marcada especialmente que les imposibilita obtener trabajo
o salir del país.
En su nota del 2 de julio el Gobierno del Paraguay menciona únicamente
el caso específico del ciudadano argentino Amílcar Latino Santucho (Caso
2745) que el Gobierno informa que le ha sido concedida la condición de
refugiado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados.
Santucho ha permanecido detenido sin ser sometido a juicio desde
1975 y ha sido considerado como refugiado por el Alto Comisionado bajo su
mandato por unos 2 años y medio. Sin
embargo, y a pesar del hecho de que el Gobierno de Suecia le ha concedido
visa, Amílcar Santucho permanece injustamente en una cárcel del
Paraguay.
La Comisión ha recibido información de que varios abogados que
actúan en el campo de los derechos humanos han recibido perjuicio de
manos de las autoridades. Por
ejemplo, Mario Melgarejo y Celso Castillo, abogados de los residentes de
Fernando de la Mora, quienes protestaron de los excesivos costos de una
nueva línea de alcantarillado, fueron capturados en plena calle el 19 de
junio y “desaparecieron” hasta su puesta en libertad tres días más
tarde. Melgarejo fue detenido
bajo la acusación de violar la Ley 209.
En un pronunciamiento elevado al Ministerio de Justicia y Trabajo y
a la Corte Suprema de Justicia en el mes de mayo el 1978, el Colegio de
Abogados del Paraguay se refirió a la independencia del Poder Judicial,
mencionada en el informe de la Comisión y en la nota del Gobierno, en los
términos siguientes:
Por
tanto reafirmamos solemnemente que necesitamos un Poder Judicial
independiente. En la más
amplia acepción de la palabra. Que la garantía constitucional sea realmente amparo para la
más alta autoridad Judicial del país, como para el último Juez de Paz.
Todos deberán recuperar su confianza en que el ejercicio de
administrar justicia depende exclusivamente de la recta aplicación de las
leyes y no condicionada a otros factores extraños que rodean a la
magistratura.
Es
imprescindible que todos adquiramos conciencia del daño que significa
para la Nación esa suerte de convencimiento que existe, que ciertos
asuntos litigiosos se resuelven fuera de los estrados judiciales.
Lograr erradicar estos males, provenientes en esos casos de la
falta de independencia, permitirán hacer resaltar nuevamente a los
magistrados honesto, que los hay.
El Colegio de Abogados también solicitó que el Poder Judicial esté
integrado por “magistrados honestos y capaces, designados por sus
exclusivos méritos personales, sin discriminaciones de ninguna especie, y
atendiendo a su conducta y antecedentes en el desempeño de cargos de
menor jerarquía en el Poder Judicial o en el ejercicio profesional” y
un “Poder Judicial al servicio del pueblo, consciente de su trascendente
labor y servicio de la libertad, la dignidad humana y el patrimonio moral
y material de todos los paraguayos”.
LIBERTAD
DE PRENSA
El Gobierno del Paraguay, en su nota del 2 de junio de 1979,
declara que "la libertad de prensa es una realidad indiscutible en el
Paraguay". La mayoría
de las fuentes reconocen que ha habido una mejoría en esta área desde el
primer informe de la Comisión.
Sin embargo, el cierre de dos periódicos, La Tribuna y
Última Hora en junio de 1979 por un período de treinta días, es un
signo negativo con respecto a la libertad de prensa.
DERECHO
DE REUNIÓN Y DERECHO DE ASOCIACIÓN
Con respecto a estos dos derechos el primer informe de la Comisión
se refería al apremio a que estaban sometidos varios individuos que
promovían activamente la protección de los derechos humanos.
Se mencionaba especialmente la Sra. Carmen Casco de Lara Castro,
exdiputada por el Partido Liberal Radical y Presidenta de la Comisión de
Defensa de los Derechos Humanos del Paraguay, quien en marzo de 1979 fue
citada ante el Juez de Primera Instancia en lo Criminal de Turno lo cual,
según se ha denunciado, se hizo con el fin de acosar a la Sra. De Lara
Castro.
Con respecto a la Comisión de Derechos Humanos del Paraguay la
Comisión Interamericana se encuentra preocupada ante el lenguaje que
aparece en la nota del Gobierno del 2 de julio, que alega que la "pretendida"
Comisión "carece de toda representatividad, ya que se halla
constituida exclusivamente por un grupo radicalizado de políticos
opositores cuyo objetivo patente es crear problemas al Gobierno".
La propia naturaleza de las Comisiones Nacionales de Derechos
Humanos con frecuencia lleva a confrontaciones con los gobiernos.
Sin embargo, esto, en sí, no justifica los ataques gubernamentales,
de hecho o de palabra, a tales grupos.
Por otra parte la Comisión Paraguaya patrocinó un Primer Congreso
Nacional sobre Derechos Humanos, celebrado en Asunción en diciembre de
1978, que se realizó sin interferencia policial.
Bajo este acápite, deben agregarse algunas palabras sobre los
partidos políticos en el Paraguay. En
otras partes de este informe se afirmó que el Dr. Domingo Laino,
vicepresidente del principal partido de oposición, fue detenido por la
policía por más de un mes luego de regresar al país desde el extranjero.
Ese partido estableció una coalición en 1978 con otros dos
partidos independientes, los Demócratas Cristianos y los Febreristas, y
el sector oposicionista del Partido Colorado (MOPOCO).
Los
planes para celebrar, en febrero de 1978, la firma del Acuerdo Nacional
que surgió de esta coalición, quedaron frustrados por la policía quien
rehusó dar permiso para una reunión pública que iba a celebrarse
conjuntamente con la firma.
Además,
los líderes del Acuerdo Nacional planeaban celebrar una serie de
reuniones en Washington, D.C., a fin de explicar sus programas pero fueron
disuadidos de hacerlo por funcionarios del Gobierno que les advirtieron
que no se les permitiría regresar al país si salían. Otros ejemplos de hostigamiento a los líderes políticos
incluyen el encarcelamiento en septiembre de 1978 de Luis Resck, dirigente
del Partido Demócrata Cristiano, y Angel Bernal, dirigente de los
Febreristas, quienes fueron puestos en libertad después de dos días bajo
amenazas de expulsión. El 12
de agosto de 1978 Aníbal Recalde, Presidente del Partido Demócrata
Cristiano, fue amenazado de expulsión por el Jefe de Investigaciones,
Pastor Coronel, y once días después la misma amenaza se le hizo a
Humberto Pérez Cáceres, Presidente del Partido Febrerista.
DERECHO
A LA LIBERTAD RELIGIOSA Y DE CULTO
En
una comunicación fechada el 23 de febrero de 1978 se denunció que el
Gobierno del Paraguay había prohibido, por decreto oficial de fecha 3 de
enero de 1978, el grupo religiosos cristiano conocido como Testigos de
Jehová y su cuerpo legal, la Sociedad Bíblica y de Tratados 'Torre del
Vigía', que funcionada en Paraguay por unos cuarenta años.
La
causa de la prohibición estaba ostensiblemente ligada a la negativa de
los Testigos de Jehová, por razones de conciencia y religión, de aceptar
el servicio militar o participar en actos patrióticos. Los reclamante señalan que sólo un pequeño número de
individuos asociados con la fe habían rehusado el servicio militar y sólo
unos pocos niños habían preferido no participar en actos patrióticos;
pero la prohibición fue invocada contra todas sus congregaciones y todos
sus feligreses en Paraguay.
El
Gobierno, por nota del 9 de abril de 1979, envió a la Comisión una copia
del Decreto No. 3272 "por el cual se cancela la personería jurídica
de la entidad denominada 'Cuerpo Gobernante de los Testigos de Jehová'
se prohibe el funcionamiento en todo el territorio de la República,
porque la secta no había observado lo dispuesto en el Artículo 70; 4, 1
y 4; 125 y 123 de la Constitución.
GARANTÍAS
A PERSONAS O INSTITUCIONES QUE SUMINISTRAN A LA
COMISIÓN
INFORMACIONES, TESTIMONIOS Y PRUEBAS
En
su Resolución sobre el Informe de la Comisión sobre Paraguay, la
Asamblea General de la OEA resolvió "Hacer un encarecido llamamiento
al Gobierno del Paraguay a fin de que…otorgue las garantías pertinentes
a las personas e instituciones que suministre a la Comisión informaciones,
testimonios y pruebas de otro carácter".
Un
paraguayo que asistió a la Asamblea General y que visitó las oficinas de
la Comisión a fin de hablar con varios miembros de la CIDH durante su
estadía en Washington fue Domingo Laino, economista y vicepresidente del
Partido Liberal Radical auténtico del Paraguay. Menos de 24 horas después de su regreso al Paraguay desde
Washington D.C., fue forzado a salir del automóvil donde iba como
pasajero, por dos hombres armados y en traje civil, quienes lo golpearon y
se lo llevaron en su automóvil. Esto
ocurrió en el centro de Asunción el mediodía del 7 de julio de 1978. El chofer del automóvil donde viajaba Laino, el Dr. José
Francisco de Vargas, abogado del Comité de Iglesias para Ayudas de
Emergencias fue llevado en otro vehículo.
La esposa del Dr. Laino inmediatamente inquirió en todas las
comisarías de Asunción respecto del paradero de su esposo.
No fue sino hasta las 8:30 de esa noche cuando ella regresó al
Departamento de Investigaciones, que un oficial del gobierno admitió la
detención.
El
mismo días del incidente, la Comisión envió un cablegrama al Gobierno
del Paraguay en solicitud de información y como recordatorio a la
resolución de la Asamblea General al Gobierno paraguayo.
El
Gobierno, por cablegrama del 12 de julio, declaró que el Dr. Laino había
sido arrestado por fuerzas de seguridad del Paraguay con relación a
actividades que alegadamente infringían las Leyes 209 y 294 y en virtud
de las cuales se había iniciado una causa en 1975.
El
Dr. Laino fue puesto en libertad en virtud de una decisión judicial el 8
de agosto de 1979 (Caso 2940).
De
igual modo, la Comisión, por nota de marzo 13 de 1979 solicitó información
del Gobierno del Paraguay en relación con una vista judicial del 6 de
marzo para la cual había sido citada la Sra. Carmen de Lara Castro.
La Sra. Castro, según se dijo, es Presidenta de la Comisión por
Defensa de los Derechos Humanos del Paraguay y en ese carácter está en
frecuente contacto con la CIDH. La nota asimismo hacía referencia a la Resolución 370 de la
Asamblea General.
Otra
organización paraguaya pro derechos humanos que ha tenido dificultades
con las autoridades es el Comité Febrerista Juvenil sobre Derechos
Humanos. El 13 de junio de
1979 quince dirigentes de ese cuerpo fueron llevados a los cuarteles de la
policía para interrogarlos, en cuya ocasión, según se alega, fueron
duramente golpeados. Todos
fueron puestos en libertad posteriormente.
CONCLUSIONES
Sobre
la base de la información que ha podido reunir la Comisión, inclusive la
suministrada por el Gobierno del Paraguay, puede decirse que, desde que la
Comisión emitió su primer informe sobre la situación de los derechos
humanos en el Paraguay, han tenido lugar varios cambios.
En
primer lugar, virtualmente todos los presos políticos han sido puestos en
libertad. Además, al parecer,
la tortura que se haya practicado por parte de las autoridades
gubernamentales ha disminuido considerablemente durante el año 1978.
Sin embargo la Comisión no ha sido informada de que ningún agente
de gobierno haya sido procesado por dicho delito.
También, como un hecho positivo, la Comisión observa que ha
disminuido el control sobre la prensa escrita.
Por
otra parte, la Comisión observa no han habido cambios institucionales
importantes que puedan desvanecer los temores de que el pasado habrá de
repetirse. El estado de sitio
continúa siendo un hecho permanente en la vida de la mayoría de los
paraguayos, toda vez que éste continúa en vigencia en la capital de
Asunción.
RECOMENDACIONES
La
Comisión reitera al Gobierno de Paraguay la necesidad de que éste, a la
brevedad posible, establezca una fecha precisa para que la Comisión
durante el curso del año 1979 o, en todo caso dentro del primer semestre
de 1980, pueda practicar la observación in
loco sobre la situación de los derechos humanos en ese país, en
virtud de la anuencia ya concedida por el Gobierno paraguayo.
También
una vez más, la Comisión recomienda que se adopten las medidas
necesarias para levantar el estado de sitio en todo el territorio de la
República. Como se ha señalado,
la existencia del estado de sitio abre la puerta a abusos de parte de las
autoridades gubernamentales. Esto
es especialmente cierto en ausencia de una ley complementaria ordenada por
la constitución. La Comisión
reitera su anterior recomendación respecto de la forma que esta ley debería
tener.
La
Comisión, asimismo, recomienda que las cuatro personas aún detenidas en
virtud del Artículo 79 de la Constitución sean puestas en libertad, o de
existir causa legal para dicha acción, se sometan al proceso regular
establecido por la ley mediante un juicio imparcial.
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