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DESARROLLO
DE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN PANAMÁ
INTRODUCCIÓN
Durante
su 47º Período de Sesiones, celebrado en la ciudad de Washington, D.C.,
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decidió incluir en su
Informe Anual que se presentará a la Asamblea General, un resumen del
desarrollo de la situación de los derechos humanos en Panamá durante el
año 1978.
El
primer informe de la Comisión sobre la situación de los derechos humanos
en Panamá (OEA/Ser.L/V/II.44, doc. 38, rev. 1, 22 de junio de 1978),
publicado el 8 de diciembre de 1978, comprendió sólo hasta el primero de
junio del mismo año. Basado
principalmente en datos obtenidos durante una observación in
loco; el informe estableció las conclusiones y recomendaciones que
siguen:
Conclusiones
La
Comisión cree que el presente informe contiene los datos más
relevantes sobre la situación de los derechos humanos en Panamá desde
la asunción del actual Gobierno hasta el 1º de junio de 1978, y que
tales datos permiten formar un juicio acerca de la observancia de
aquellos derechos.
La
Comisión cree, además, que es útil destacar algunos aspectos, de
especial importancia, para facilitar la comprensión de lo que ocurre en
Panamá y las razones de las recomendaciones que se hacen en este
informe.
Los
hechos examinados corresponden a un período de nueve años, aunque
desde luego, se ha puesto particular énfasis en los datos y las
impresiones recogidas en el curso de la observación in
loco. En este período
de nueve años, es preciso distinguir a su vez dos etapa: una que
comienza en 1968, año del golpe de estado del cual surgió el Gobierno
actual, y termina en 1972, cuando se aprobó la Constitución vigente, y
otra que se inicia con la nueva Constitución y se extiende hasta el 1º
de junio de 1978, fecha límite de este informe.
En
la primera etapa (1968-1972) el Gobierno de Panamá ejerció sus poderes
en una forma muy arbitraria, lo cual resulta en graves violaciones a los
derechos humanos fundamentales. La
actividad política fue prácticamente suprimida por un duro régimen
militar.
En
la segunda etapa (1972-1977), el régimen adoptó la estructura político-jurídica
consagrada en la Constitución de 1972.
En cuanto a la situación de los derechos humanos, tuvo lugar una
evidente mejora, aunque pudieron advertirse los siguientes tipos de
violaciones: 1)
expulsión de ciudadanos panameños por razones políticas, en
clara violación de las normas de la Constitución;
2) restricciones a
las libertades e reunión expresión y asociación especialmente en el
campo político, y 3)
interferencia en el proceso judicial por parte de funcionarios
del Gobierno. No ha habido una protección efectiva de los individuos en
los casos citados, debido a importantes factores que afectan seriamente
la independencia del Poder Judicial, con sus efectos negativos sobre las
libertades y garantías propias del debido proceso legal.
Las
informaciones en poder de la Comisión, sin embargo, no alcanzan a
configurar un cuadro de violación sistemática de derechos
fundamentales. Mas bien tales informaciones indican que ha habido signos de
progreso en cuanto al respeto por las libertades democráticas
tradicionales, aunque en opinión de un grupo de entrevistados por la
Comisión Especial este progreso inicial es temporario.
Otros entrevistados recalcan que tal progreso es de continuación
incierta, por falta de un sistema institucional que lo garantice.
El
propio Gobierno panameño, consciente de esta preocupación, manifestó
a la Comisión Especial que estaba dispuesto a atender sugerencias de
los panameños y de la CIDH para mejorar la observancia de los derechos
humanos. Manifestaciones de
esa actitud se produjeron durante la visita de la Comisión Especial,
tales como la abrogación de los Decretos 341 y 342, que fueron motivo
de conversaciones de la Comisión Especial con altas autoridades panameñas,
y posteriormente la abrogación del Decreto 343.
Asimismo,
el mejoramiento de la situación mencionada anteriormente en estas
conclusiones debe considerarse en el contexto de tres situaciones de
especial relevancia: la
preeminencia jurídica y política del jefe de gobierno, la falta de
control político por parte del órgano representativo por no tener
atribuciones efectivas para ese fin, y la presencia de factores que
interfieren en la independencia estructural y operativa del Poder
Judicial. Las tres
situaciones están estrechamente vinculadas tanto con la realidad política
como con la realidad constitucional del país pero de todas maneras
constituyen situaciones que gravan la vida panameña y tienden a
promover irreverencia por los derechos humanos.
Estas realidades pueden inclusive afectar –o afectar, según
creen importantes grupos panameños—la puesta en práctica del nuevo
sistema de representación política y de participación popular creado
por el régimen y consagrado en la Constitución de 1972, es decir, el
sistema de representación por corregimientos.
En último análisis, las potestades constitucionales del Jefe de
Gobierno, por ser tan numerosas, amplias e importantes, le otorgan un
poder muy grande, sin contrapesos significativos, que por su misma
naturaleza no sólo abre las puertas a una aplicación abusiva del poder,
sino que también permite que de hecho se anule, limite o distorsione el
ejercicio efectivo de la representación política y de la participación
popular, y también, por supuesto, la observancia de otros derechos y
garantías. A este respecto,
conviene hacer notar que muchas personas que critican el sistema de
representación por corregimientos también expresaron dudas sobre el
carácter auténticamente representativo del antiguo sistema.
Las
siguientes recomendaciones llevan el propósito de asistir al Gobierno
de Panamá , en general, al pueblo panameño n su deseo de mejorar la
situación de los derechos humanos:
Recomendaciones
1.
Tomar las medidas necesarias para asegurar la independencia
efectiva del Poder Judicial e instruir a todos los funcionarios del
Poder Ejecutivo a fin de que cumplan expeditamente con todas las órdenes
judiciales.
2.
Adoptar las medidas necesarias para la protección de las
personas privadas de su libertad –ya sea por el fin de someterlas a un
interrogatorio inicial, o en calidad de detención previa al juicio, o
como encarcelamiento posterior al juicio y sentencia, o por cualquier
otro propósito—de modo que no sufran abuso físico o amenaza de tal
abuso por parte de las autoridades.
Deberían tomarse medidas especiales para prevenir el abuso
sexual de las mujeres que estén bajo custodia.
3.
Aplicar de manera estricta las normas nacionales e
internacionales que prohiben el trabajo forzoso para las personas
detenidas que aún no han sido declaradas culpables y sentenciadas por
las autoridades judiciales competentes.
4.
Proporcionar a las personas acusadas de algún delito los medios
adecuados para preparar y llevar a cabo su defensa.
Algunos ejemplos de los pasos concretos que podrían darse para
lograr dicho objetivo son los siguientes:
a) facilitar
asistencia legal a todas las personas acusadas;
b) que se
proporcionen las oportunidades necesarias para que los acusados
consulten con sus abogados con
regularidad, que participen en la preparación de su defensa y se les
informe en forma expedita de todas las medidas tomadas en relación con
su proceso judicial; c) cumplimiento pleno de la ley panameña que regula las visitas
a los centros de detención por parte de los jueces, y d) eliminación
de los procedimientos de los juzgados nocturnos que permiten la aplicación
de condenas sin que se le ofrezca al acusado una oportunidad real para
preparar su defensa.
5.
Dar cumplimiento a las normas internacionales consagradas en la
Constitución de Panamá, que prohiben la expatriación de ciudadanos
panameños, salvo como una opción para aquellas personas que han sido
juzgadas y declaradas culpables en juicios que satisfagan todos los
requisitos del proceso regular.
6.
Tomar las medidas necesarias que permitan la revisión judicial
de los casos de personas que han sido condenadas por resolución
ministerial, en virtud del Decreto Ley 342.
7.
Garantizar el derecho de los individuos a organizarse y reunirse
con propósitos políticos pacíficos y para divulgar sus ideas entre la
población en general.
8.
Aplicar las normas generalmente reconocidas para la clasificación
y separación de las personas privadas de su libertad.
9.
Acelerar los esfuerzos para aliviar la congestión existente en
los centros de detención y prisiones y asegurar la disponibilidad de
servicios médicos adecuados para todas las personas detenidas, tomando
en cuanta las necesidades particulares de cada lugar.
En vista de la naturaleza del trabajo impuesto a los prisioneros
de la Isla de Coiba, es necesario mejorar las instalaciones médicas del
penal.
De acuerdo con la costumbre establecida, la Comisión envió el
informe con estas conclusiones y recomendaciones al Gobierno de Panamá,
solicitándole que formulara sus observaciones o comentarios.
En nota del 27 de octubre de 1978, el Gobierno respondió en los términos
siguientes, detallando los cambios legislativos y especificando las
medidas tomadas para mejorar la observancia de los derechos humanos:
“Señor
Edmundo Vargas Carreño
Secretario Ejecutivo
Comisión Interamericana de
Derechos Humanos
Estimado Señor:
Por instrucciones del Señor Ministro de Relaciones Exteriores de
la República de Panamá, Dr. Carlos Ozores T., tengo el honor de
transmitir a usted observaciones y comentarios al Informe sobre la
situación de los derechos humanos en Panamá, aprobado por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos en su Cuadragésimo Período de
Sesiones.
En primer lugar, deseamos registrar con satisfacción el
reconocimiento que se hace en la introducción del informe al hecho de
que la misión de observación in
loco de la CIDH se produjo en base a una invitación expresa del
Jefe de Gobierno panameño, el General Omar Torrijos Herrera, formulada
el 13 de septiembre de 1977, así como también las manifestaciones que
se contienen en otras secciones de la introducción donde se consigna
que las facilidades brindadas a la CIDH para el desempeño de su labor
fueron absolutas, lo que le permitió por primera vez en su historia
examinar el funcionamiento del sistema de justicia penal de un país,
hecho éste que se debió a la plena cooperación del Gobierno de Panamá.
Es grato también observar que las referencias que se hacen en
torno al denominado “Marco Jurídico”, aunque en síntesis bastante
apretada, reflejan con bastante objetividad que las disposiciones
constitucionales y legales vigentes en Panamá están claramente
orientadas a garantizar el respeto y la vigencia de los derechos humanos.
Tal como queda expresado en el capítulo de conclusiones, el
informe pretende reflejar la situación de los derechos en Panamá hasta
el 1º de junio de 1978. Sin
entrar a analizar en este momento si ese propósito se cumple cabalmente
y absteniéndonos de examinar aspectos específicos del informe,
estimamos que cerrar el mismo a la fecha indicada no daría una impresión
adecuada de la realidad panameña. Desde junio a esta parte se han producido cambios
fundamentales que en nuestra opinión deben ser incluidos en el informe.
Estos cambios son de tal trascendencia que no pueden ser dejados
de lado. El informe, de ser
publicado en su versión presente, reflejaría unas situaciones que ya
no existen.
Como ejemplo solamente, mencionamos el hecho de que el pasado 25
de octubre, la Asamblea Nacional de Representantes de Corregimientos
aprobó un Acto Refomatorio de la Constitución Política de la República
de Panamá. Mediante ese Acto Reformatorio se modifican los Artículos
41, 129, 140, 141, 143, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153,
154, 157, 163, 164, 172, 173, 180, 181, 235, 237 y se adicionan los Artículos
153A y 153B.
A continuación nos permitimos hacer referencia al contenido de
las reformas constitucionales y a otros aspectos de significativa
importancia que a nuestro juicio deben tomarse en cuenta para su inclusión
en el informe de la Comisión.
I.
Reformas constitucionales
Las modificaciones introducidas a la Constitución Política
comprenden materias tan importantes como las siguientes:
1)
La función legislativa será ejercida por el Pleno de la Asamblea
Nacional de Representantes de Corregimientos y por el Consejo Nacional de
legislación. De conformidad
con el Artículo 146 reformado de la Constitución, el Consejo Nacional de
Legislación estará integrado de la siguiente manera:
1.
El Presidente de la Asamblea Nacional de Representantes de
Corregimientos, quien lo presidirá.
En sus faltas temporales lo reemplazará el Vicepresidente de este
organismo que corresponda;
2.
Cuatro (4) Representantes de Corregimientos por cada Provincia y
uno (1) por la Comarca de San Blas y el Corregimiento de Puerto Obaldía,
por un período de dos (2) años.
Serán escogidos por mayoría de votos de la totalidad de los Honorables
Representantes de cada Provincia en una elección entre y por los
Representantes de Corregimientos
de la respectiva provincia en reunión que será convocada y presidida por
el Vicepresidente de la Asamblea Nacional de Representantes de
Corregimientos de la Provincia, dentro e los diez (10) días siguientes al
11 de octubre de cada dos (2) años.
Cada uno de estos miembros tendrá un suplente que será
Representante de Corregimiento y electo de la misma manera;
3.
Dos (2) Representantes provinciales y uno (1) por cada comarca o
división política que se cree por Ley en las zonas indígenas y sus
respectivos suplentes electos por sufragio popular directo para un período
de seis (6) años.
Serán aplicables a los Representantes provinciales las disposiciones de
la constitución Política contenidas en los Artículos 133 y 134, con la
salvedad de que la residencia se referirá a la provincia; los Artículos
135 y 136 y en este último caso, la prohibición del primer párrafo se
extiende al Estado; el Artículo 137, con la salvedad de que la autorización
previa deberá darla el Consejo Nacional de Legislación; y el Artículo
139”.
Los representantes provinciales a que se refiere el numeral 3 serán
electos en el año de 1980 con la participación de los partidos políticos.
2)
Se establece la elección directa, a partir de 1984, del Presidente
y Vicepresidente de la República.
3)
Se establece entre las funciones administrativas de la Asamblea
Nacional de Representantes de Corregimientos la de:
“aprobar
o improbar los nombramientos de los Magistrados de la Corte Suprema de
Justicia y sus suplentes, del Procurador General de la Nación, del
Contralor General de la República y el Sub-Contralor General de la República,
del Fiscal y su suplente”.
4)
El día 11 de octubre de 1977 cesó la vigencia del Artículo 277
de la Constitución.
Las
repercusiones de las reformas señaladas con toda seguridad no escapa al
ilustrado criterio de los señores miembros de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos y un análisis exhaustivo de las mismas podrán
efectuarlo sobre el mismo texto del Acto Reformatorio, del cual se acompaña
copia.
II.
Partidos políticos
El
Consejo Nacional de Legislación aprobó la Ley 81 de 5 de octubre de
1978, por la cual se reglamentan los Partidos Políticos y en la que se
establece el mes de enero de 1979 para su legalización mediante el
correspondiente proceso de inscripción.
Se
adjunta el texto de la ley 81 de 1978.
III. Ejercicio
del periodismo
Mediante
la Ley 67 del 19 de septiembre de 1978 se profesionaliza el ejercicio del
periodismo. De esta Ley también
se acompaña copia.
IV.
Exilados
Aparte
de los aspectos antes mencionados queremos también hacer
del conocimiento de la Comisión que el mismo día en que el Senado
norteamericano aprobó la resolución de ratificación del Tratado del
Canal, el Jefe de Gobierno panameño anunció que no hay limitaciones ni
condiciones para el regreso al país de los exilados.
Esto se ha cumplido.
V.
Indulto a favor de los reos comunes
La
actitud de respeto por la libertad que mantiene el Gobierno panameño se
evidencia en acciones también concretas como el Decreto número 3 de 10
de octubre de 1978, por el cual se decretó un indulto que favoreció a
215 presos comunes cuya buena conducta así lo ameritaba.
Se adjunta.
No
es nuestra intención comentar cada uno de los casos individuales a que el
informe se refiere. Con toda
amplitud y prontitud se han atendido los requerimientos de información
provenientes de la Comisión. Ese
seguirá siendo nuestro estilo de respuesta.
Finalmente,
deseamos expresar a los señores miembros de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos que el Gobierno panameño mantiene su reconocimiento
al papel que le corresponde cumplir a dicho organismo, que es no sólo
investigar las violaciones a los derechos humanos sino también el de
desmentir, mediante sus informes, los cargos infundados que se levanten
contra países que como el nuestro es respetuoso de esos derechos.
Aprovechamos
la oportunidad para reiterarle las seguridades de nuestra más alta y
distinguida consideración.
(Fdo.) Juan
Manuel Castulovich
Vice Ministro de Relaciones
Exteriores
Debido a la cooperación ofrecida por el Gobierno de Panamá en
suministrar documentación y tomar medidas que contribuyeron a la
observancia de los derechos humanos en varias esferas, la Comisión decidió,
como se indica en la resolución que sigue, publicar su informe; pero no
enviarlo a la Asamblea General de la Organización:
RESOLUCIÓN
SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS
HUMANOS
EN PANAMÁ
CONSIDERANDO:
1.
Que el Gobierno de Panamá, por cablegrama de 13 de septiembre de
1977, extendió una invitación a la CIDH para visitar el país y elaborar
un informe sobre la situación de los derechos humanos, dando las más
amplias seguridades de que la CIDH gozaría de toda libertad para hacer
sus investigaciones durante esta visita.
2.
Que la CIDH en su 42º Período de Sesiones (Washington, D.C., 31
octubre – 12 noviembre 1977) resolvió aceptar esta invitación y
comunicó esta decisión al Gobierno de Panamá por cablegrama de 7 de
noviembre de 1977.
3. Que una Comisión e los días 29 de noviembre y 7 de diciembre de
1977.
4.
Que el informe de esta Comisión Especial fue sometido a la
consideración de la CIDH en su 44º Período de Sesiones (Washington,
D.C., 8-23 junio 1978), la cual aprobó, en su sesión 58a. de 22 de junio
de 1978, el informe sobre la situación de los derechos humanos en Panamá,
que se envió al Gobierno panameño con fecha 15 de agosto de 1978.
5.
Que dicho Gobierno, por nota de 27 de octubre de 1978, transmitió
a la CIDH sus observaciones y comentarios a este informe.
6.
Que tales observaciones y comentarios se contraen, fundamentalmente,
a los cambios que se han producido en el ordenamiento legal de Panamá con
posterioridad a la aprobación de dicho informe.
RESUELVE:
1.
Publicar el informe aprobado por la CIDH en su Sesión 58a. de 22
de junio de 1978, junto con la comunicación del Gobierno de Panamá de 27
de octubre de 1978, que contiene los comentarios y observaciones de este
Gobierno a dicho informe.
2.
Reiterar su complacencia por las medidas tomadas por el Gobierno de
Panamá durante la visita de la Comisión Especial y con posterioridad a
esta visita, que atienden a recomendaciones hechas durante la observación
in loco, tales como la derogación
de los Decretos 342 y 343.
3.
Observar que las recientes modificaciones a la Constitución Política
de Panamá y la promulgación de otras leyes, tienden al mejoramiento de
las condiciones para la efectiva observancia de los derechos humanos.
Entre estas modificaciones al ordenamiento jurídico panameño
merecen destacarse las siguientes:
a)
El fin de la vigencia de la disposición transitoria contenida en
el Artículo 277 de la Constitución Política, comentada en las páginas
12, 13, 119 y 120 del informe de la CIDH;
b)
La atribución a la Asamblea Nacional de Corregimientos de la
facultad de aprobar o improbar los nombramientos de los Magistrados de la
Corte Suprema de Justicia y sus suplentes, del Procurador General de la
nación, del Contralor General de la República y el Sub-Contralor General
e la República, del Fiscal su
suplente; y
c)
Las reformas pertinentes al ejercicio de la función legislativa,
en virtud de las cuales la Asamblea Nacional de Representantes de
Corregimientos tiene ahora participación en esta función.
4.
Reiterar su satisfacción por la decisión del Gobierno panameño
de permitir, sin limitaciones ni condiciones, el regreso al país de los
ciudadanos de ese país que se encuentran en el exilio.
5.
Recordar que la aprobación del informe sobre la situación de los
derechos humanos en Panamá y de esta resolución se ha hecho sin
perjuicio de la continuación del trámite reglamentario de los casos
individuales sobre alegadas violaciones de los derechos humanos en Panamá.
Este resumen del desarrollo de la situación de los derechos
humanos en Panamá durante 1978 tiene su base en información recibida por
la Comisión como en datos generales, y casos individuales que se están
tramitando según el Reglamento. Los
cambios legislativos y otras medidas tomadas por el Gobierno han sido
suficientemente tratadas en las observaciones suministradas por éste (véase
el párrafo 3 arriba).
DERECHO A
LA VIDA
Desde el 1º de junio de 1978, la Comisión ha recibido información
sobre tres fallecimientos a los cuales se alega la responsabilidad del
Gobierno de Panamá:
a.
Román Rivera Montenegro (Caso 2936) murió el 16 de junio
de 1978 en el pueblo de Capira como resultado de los golpes recibidos a
manos de la Guardia, después de que fue detenido junto con otros miembros
del partido de la oposición. En
nota del 17 de julio de 1978, el Gobierno de Panamá informó a la Comisión
que se habían formulado cargos contra cinco miembros de la Guardia y que
oficiales del Tercer Distrito Judicial estaban investigando el asunto.
b.
Jorge Antonio Camacho Castro y Demóstenes Rodríguez (Caso
2968) estudiantes universitarios, murieron a balazos y otros estudiantes
resultaron heridos mientras asistían a una reunión pacífica en la
Universidad de Panamá. Los
estudiantes fueron atacados por miembros de la Federación de Estudiantes
Panameños, una organización estudiantil rival que al parecer tiene
conexión con el partido gobernante.
Autoridades gubernamentales han sido acusadas en este caso.
Se ha iniciado una investigación oficial, y el Gobierno de Panamá
ha respondido a la solicitud de información de la Comisión.
DERECHO A
LA SEGURIDAD E INTEGRIDAD DE LA PERSONA
a.
Referente al derecho a la seguridad e integridad de la persona, la
Comisión había recomendado en su informe que el Gobierno de Panamá
aplique las normas reconocidas para la clasificación y separación de las
personas detenidas, que les asegure la disponibilidad de facilidades médicas
adecuadas, especialmente en la Isla de Coiba, y que adopte medidas para la
protección de estas personas, con el fin de que no sean objeto de
apremios físicos o amenazas por parte de los oficiales.
No se ha informado a la Comisión de medidas tomadas en este
aspecto.
b.
El único caso presentado a la Comisión durante el período de
tiempo mencionado, es el de Rodolfo Raúl Bravo y algunas otras personas
detenidas en Capira el 16 de junio de 1978, quienes fueron torturadas por
la Guardia en el mismo incidente que se detalla arriba en el caso de ROMÁN
RIVERA.
DERECHO A
LA LIBERTAD: TRABAJO FORZOSO
Aunque la Comisión recomendó a Panamá aplicar las normas
internas e internacionales que prohiben el trabajo forzoso de aquellas
personas que no han sido declaradas culpables ni condenadas, el Gobierno
no ha informado a la Comisión de medidas tomadas en este sentido.
DERECHO A
PROCESO REGULAR Y A LA JUSTICIA
a.
La Comisión hizo varias recomendaciones concretas en cuanto a las
medidas a tomar para garantizar a las personas acusadas de delitos
criminales los medios adecuados para preparar y conducir su defensa (véase
el párrafo 4, Recomendaciones); sin embargo, la Comisión no ha sido
informada, de las medidas adoptadas en este campo.
b.
Una de las preocupaciones principales de la Comisión con respecto
al derecho al proceso regular y al derecho a la justicia, era la
existencia de un sistema de juzgados de policía nocturna que causaron
numerosas violaciones de estos derechos. La Comisión no conoce de ninguna medida tomada por el
Gobierno como respuesta a su recomendación.
DERECHO A
LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
En su primer informe, la Comisión señaló algunas leyes, y varios
incidentes y situaciones que tendían a establecer la existencia de
violaciones del derecho a la libertad de expresión.
Los sucesos y situaciones siguientes fueron denunciados a la Comisión
durante 1978:
a.
El 2 de junio de 1978, una muchedumbre aparentemente instigada por
el Gobierno, tiró piedras y atacó la estación RADIO MÍA.
Según las alegaciones, “se ignoraron las llamadas de la estación
solicitando protección policial hasta después del incidente, aunque
durante el tiempo del mismo se pudo observar a dos patrullas policiales
desde la estación.
b.
Por Resolución No. 04 del 15 de junio de 1978, el Gobierno de
Panamá canceló la licencia de JUAN BARRERA SALAMANCA (Caso 3846) por un
período indefinido, debido a “comentarios irrespetuosos contra el
Viceministro de Gobierno y Justicia, César Augusto Rodríguez Maylín”,
que se alega fueron emitidos durante su programa “El Cuarto Poder”,
transmitido por Radio Femenina. El
día 16, Barrera fue detenido por agentes del G-2 y llevado a una celda en
el Departamento de Investigaciones (DENI) donde le mantuvieron
incomunicado hasta las 3:00 p.m. del día siguiente.
c.
También en el mes de junio, otros dos periodistas de radio, JULIO
ORTEGA de RADIO MÍA y ANDRÉS VEGA de RADIO “LA EXITOSA” fueron
informados por el Ministerio de Gobierno y Justicia de que no podían
seguir con sus comentarios políticos.
d.
El Decreto No. 67, del 9 de septiembre de 1978, citado por el
Gobierno en sus observaciones como una medida “para hacer más
profesional el ejercicio del periodismo” requiere que los periodistas
consigan una licencia del Gobierno. También
requiere que periodistas extranjeros se registren con la Junta Técnica de
Periodismo donde deberán obtener una licencia especial válida sólo por
el período de su misión. Varias
fuentes alegan que se ha establecido este sistema para el propósito de
controlar posibles críticas al Gobierno.
DERECHO
DE SUFRAGIO Y A PARTICIPAR EN EL GOBIERNO
a.
El 6 de agosto de 1978, fueron elegidos 505 representantes a la
Asamblea Nacional de Representantes de los Corregimientos, los cuales
nombraron en octubre el nuevo Presidente de Panamá.
Observadores oficiales enviados por la OEA a solicitud del Gobierno,
presentaron su informe el 7 de agosto de 1978.
b.
El primer informe de la Comisión indicó los defectos
estructurales del sistema político de Panamá.
Como resultado de lo anterior, no se presentó una representación
igualitaria en la conformación de la Asamblea.
Algunos cambios constitucionales, señalados anteriormente en las
observaciones del Gobierno de Panamá al informe de la Comisión, podrían
disminuir el problema. Por
ejemplo, en el año 1984 el Presidente y vicepresidente serán elegidos en
elecciones populares directas
CONCLUSIÓN
Aunque n Panamá la Comisión ha venido observando un gradual y
sostenido progreso en materia de observancia de los derechos humanos,
todavía subsisten algunas irregularidades y limitaciones para un pleno
goce de tales derechos.
Asimismo, la Comisión se complace en señalar que varias de las
recomendaciones que le formulara al Gobierno panameño en su anterior
informe, han sido puestas en vigencia por éste; pero considerando, a la
vez, que el cumplimiento de aquellas otras recomendaciones que formulara
contribuirán a una efectiva protección de los derechos humanos
fundamentales en Panamá, la Comisión reitera la necesidad de que tales
otras recomendaciones se cumplan íntegramente.
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