INFORME ANUAL DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA

DE DERECHOS HUMANOS 2008 

CAPÍTULO IV (continuación)

HAITÍ

I.          INTRODUCCIÓN

247.     La Comisión Interamericana ha decidido incluir un informe sobre la situación de los derechos humanos en Haití en su Informe Anual 2008 en virtud de la persistencia de condiciones temporales y estructurales que afectan seriamente el goce de los derechos fundamentales consagrados en la Convención Americana.

248.     En sus informes recientes acerca de Haití,[348] la CIDH ha examinado la situación general de los derechos humanos en el país y ha expresado sistemáticamente su preocupación por la grave situación de los derechos humanos en el país y, en particular, por la pérdida de vidas de civiles debido a la violencia de las bandas armadas, la incapacidad del Estado para garantizar la seguridad pública, la falta de responsabilización de los autores de delitos, la ausencia de remedios legales efectivos para las víctimas, la duración excesiva de la detención preventiva, las malas condiciones en las cárceles y la incapacidad del Estado para prestar servicios sociales básicos a la mayoría de la población.  La Comisión Interamericana ha subrayado sistemáticamente el impacto de esa situación en los grupos vulnerables, en especial las mujeres, los niños, los defensores de derechos humanos y los periodistas.

249.     Haití se caracterizó durante 2008 por una importante inestabilidad política, y padeció una serie de desastres naturales devastadores, todo lo cual acentuó la ya  de por si compleja situación de los problemas de derechos humanos.  Haití vivió cinco meses de inestabilidad política, luego de la destitución por el Senado del Primer Ministro, Jacques Edouard Alexis. Esta decisión fue tomada, en parte, como resultado de las manifestaciones públicas ocurridas en varias ciudades para protestar por el aumento del precio de los productos básicos, en especial del arroz. El 5 de septiembre, la legislatura aprobó el nombramiento de Michelle Pierre-Louis como Primera Ministra. A pesar de que había finalizado la etapa de inestabilidad política, se encargó al Gobierno de adoptar medidas, tanto inmediatas como de largo plazo, para hacer frente a la escasez de alimentos y de responder a la crisis humanitaria causada por los cuatro huracanes consecutivos que asolaron a Haití entre agosto y septiembre.

250.     Los cuatro huracanes —Fay, Gustav, Hanna e Ike— ocasionaron una devastación en el país, especialmente en la ciudad de Gonaïves y en la región Sur /Sudeste; además, exacerbaron considerablemente los problemas de derechos humanos que ya eran graves. Muchas escuelas quedaron destruidas por los huracanes y las que todavía estaban en pie se convirtieron en refugios temporales para los haitianos que habían perdido su vivienda debido a los huracanes. Las autoridades declararon que los huracanes habían dejado un saldo de 326 defunciones, 50 desaparecidos, 286 lesionados y 850.000 personas sin vivienda.[349]  La Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH) calculó que los daños ascendían a por lo menos mil millones de dólares estadounidenses.[350]  Ciertas zonas como Saint Marc y Gonaïves quedaron aisladas por la destrucción de  carreteras y puentes.  Los destacamentos policiales, los tribunales y las prisiones, en especial en Gonaïves, sufrieron daños.  A mediados de octubre, en Gonaïves todavía quedaban 10.000 personas viviendo sobre los techos, en tiendas o en frágiles chozas.  Debido a la limitación de recursos en Haití, el impacto de los huracanes presentó un desafío adicional para que el Estado pudiera atender las necesidades inmediatas de la población.

251.     La situación social y económica de Haití sigue siendo sumamente frágil, lo que plantea graves riesgos para la seguridad de los ciudadanos y constituye un obstáculo más al acceso de los haitianos a una efectiva administración de justicia. El impacto de la inestabilidad política unido a la crisis interna de alimentos y los daños graves ocasionados por los huracanes plantearon nuevos retos para Haití y empeoraron las condiciones socioeconómicas. Por ejemplo, muchas personas tanto de Puerto Príncipe como de otros lugares informaron a la CIDH que, debido a la crisis de alimentos, había aumentado el número de familias que no podían mandar a sus niños a las escuelas.[351]

252.     Aunque la situación de la seguridad pública mejoró ligeramente con respecto a la de 2007, el año 2008 se caracterizó por períodos de gran violencia y numerosos secuestros. Al mismo tiempo, la Policía Nacional siguió funcionando con recursos limitados y las instituciones del Estado siguieron siendo débiles, dotadas de recursos insuficientes, con necesidad de reformas estructurales y de contar con ayuda inmediata y de largo plazo. La Comisión Interamericana continúa preocupada en razón de las profundas deficiencias en la administración de justicia.

253.     En 2008, la CIDH siguió supervisando muy de cerca la situación de los derechos humanos en Haití, prestando atención particular a los empeños del Estado por brindar una seguridad pública adecuada a sus habitantes y a las medidas específicas tomadas para fortalecer y reformar la Policía Nacional de Haití. La Comisión Interamericana también observó con atención la evolución del diseño y ejecución de planes destinados a fortalecer y reformar las entidades e instituciones del Estado responsables de la administración de justicia y del Estado de derecho.

254.     La CIDH ha preparado esta sección del capítulo IV del Informe Anual 2008 de conformidad con lo dispuesto por el artículo 57(1)(h) de su Reglamento y ha basado su análisis en la información obtenida a través de visitas in loco, en las audiencias que se describen a continuación, como así también en otras fuentes fiables y públicamente disponibles. El 14 de enero de 2008 la CIDH trasmitió al Estado un proyecto preliminar de la presente sección del Capítulo IV, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 57(1)(h), y le otorgó un plazo de 30 días para presentar sus observaciones.  El Estado no envió sus observaciones dentro de dicho plazo.

255.     Las principales fuentes de información utilizadas por la Comisión Interamericana para su evaluación fueron una visita de trabajo que hicieron miembros de la Secretaría Ejecutiva a fin de recabar información acerca de los niños en Haití y para celebrar un seminario de capacitación con entidades gubernamentales y miembros de la sociedad civil acerca de los derechos del niño. Asimismo, la CIDH efectuó varias audiencias acerca de Haití en el curso de sus 131^o y 133^o períodos ordinarios de sesiones, en las que defensores de los derechos humanos y representantes del Estado aportaron información sobre las condiciones y la evolución actuales del país, en especial, acerca de la situación del sistema judicial haitiano, la impunidad, y la violencia contra las mujeres y las niñas.

II.         RESUMEN DE LOS PRINCIPALES HECHOS REGISTRADOS EN HAITÍ EN 2008 EN RELACIÓN CON LOS DERECHOS HUMANOS

256.     Como se ha señalado anteriormente, la inestabilidad repuntó en Haití cuando el Senado destituyó al entonces Primer Ministro Jacques Edouard Alexis debido a los reclamos de que su gobierno no había adoptado medidas para hacer frente al aumento de los costos de los productos alimentarios básicos[352] y su ineficacia para impedir que la violencia estallara en todo el país. En consecuencia, entre los meses de abril y agosto, el cargo de Primer Ministro permaneció vacante a pesar de que el Presidente Preval había presentado varias candidaturas para el cargo de Primer Ministro. Finalmente, las comisiones legislativas especiales encargadas de examinar las calificaciones de los candidatos aprobaron la “politique générale” o declaración de la política gubernamental presentada por la señora Michelle Pierre-Louis, que hacía hincapié en el crecimiento económico nacional y la reducción de la pobreza.  El 5 de septiembre de 2008, fue designada como Primera Ministra luego de haber recibido la mayoría de los votos en ambas cámaras legislativas. En este período, el Gobierno prácticamente no pudo continuar con sus actividades habituales. Concretamente, se pospuso una conferencia de donantes de alto nivel y varios proyectos de ayuda fueron suspendidos.  Por otra parte, ciertas leyes fundamentales, como el proyecto de presupuesto revisado correspondiente al año 2008, no pudieron presentarse al Parlamento.[353]  Las comisiones legislativas especiales responsables de revisar los méritos de los candidatos eventualmente escogieron a Michelle Pierre-Louis y su politique generale (declaración de política de gobierno), en la que se enfatizaba el crecimiento económico y la reducción de la pobreza.  El 5 de septiembre de 2008 fue designada Primera Ministra luego de recibir el voto mayoritario de ambas cámaras legislativas.

257.     Los cuatro huracanes que asolaron a Haití durante los meses de agosto y septiembre ocasionaron graves inundaciones, muertes, lesiones, pérdida de hogares, y destrucción, incluso daños generalizados a las cosechas.  En consecuencia, el 9 de septiembre el gobierno declaró el estado de emergencia.  El 12 de septiembre, las noticias daban la cifra de 150.000 personas alojadas en refugios temporales.[354]  Debido a que muchas escuelas se estaban utilizando como refugios temporales para la población que había perdido su vivienda, el inicio de las clases se pospuso de septiembre a octubre. Los huracanes agravaron la escasez de alimentos con lo cual los precios subieron un 70%.[355]

258.     La Comisión Interamericana observa que la situación en Haití, en especial las condiciones socioeconómicas, siguió deteriorándose en 2008, debido principalmente al aumento de los precios de la energía y los alimentos en todo el mundo.  Los informes indican que el número de haitianos afectados por la inseguridad alimentaria pasó de 500.000 en 2007 a 2,5 millones en 2008.  Un estudio reciente muestra que los alimentos consumidos en Haití provienen de la producción local (43%), de la ayuda alimentaria internacional (5%), y de las importaciones de alimentos (52%).^[356]  Más de 80% del arroz consumido en Haití es importado, así como 100% del combustible.[357] Además, 2008 se caracterizó por el aumento del déficit comercial, la duplicación de la inflación, y un debilitamiento del 10% del valor de la  gourde.

259.     En general, la situación de la seguridad y los derechos humanos en 2008 siguió siendo motivo de grave preocupación para la CIDH debido a los niveles sostenidos de violencia mortal. El año se caracterizó por numerosos casos de secuestro, violación, asesinato, y tratamiento abusivo por las pandillas, similares a aquellos denunciados en el Informe 2007. Aunque la Policía Nacional de Haití, con el apoyo de la fuerza de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), continuó con sus esfuerzos para combatir los delitos violentos y para aprehender a los presuntos delincuentes, el sistema judicial no pudo responder de forma rápida y eficaz por falta de recursos, apoyo y de una planificación suficiente que le permita gestionar el flujo de personas que ingresan al sistema de justicia penal. Si bien es cierto que las medidas actuales para fortalecer a la Policía Nacional son necesarias, la sostenibilidad de las mejoras en la situación de seguridad dependerá de la capacidad del sistema judicial para responder con eficacia.

260.     A lo largo del año pasado, la evolución a nivel nacional también estuvo acompañada de la presencia de MINUSTAH, la que fue autorizada inicialmente por seis meses, a partir del 1^o de junio de 2004, y que luego ha sido objeto de numerosas prórrogas, siendo la más reciente la que prolonga la presencia hasta el 15 de octubre de 2009.[358]  Más recientemente, una resolución de las Naciones Unidas exigía a MINUSTAH que intensificara los esfuerzos para la ejecución del Plan de Reforma de la Policía Nacional, y que continuara prestando su apoyo técnico al Gobierno para la reforma de sus instituciones relacionadas con el Estado de derecho.  La resolución también anunciaba el despliegue de 16 botes de patrullaje marítimo para apoyar a los guardacostas de Haití y pedía a la MINUSTAH que aportara pericia técnica con miras a apoyar las iniciativas del Gobierno para adoptar un programa integral de vigilancia de las fronteras.  Además, la resolución solicitaba que se aumentaran las fuerzas de la MINUSTAH hasta 7.060 efectivos de todos los rangos y un total de 2.091 policías.  De acuerdo con informes sobre la actividad pública, la MINUSTAH ha emprendido una gama de iniciativas para cumplir su mandato.

261.     Con respecto a la participación de Haití en la Comunidad del Caribe (CARICOM), el Parlamento de Haití ratificó el Tratado Revisado de Chaguaramas en octubre de 2007 y el Ministro de Relaciones Exteriores, Jean Renald Clerisme, entregó el Anuncio de Ratificación publicado al Presidente del Consejo de Ministros de la Comunidad del Caribe, el 7 de febrero de 2008, con lo cual quedaban eliminados todos los obstáculos a la plena participación del país en el Mercado y la Economía Únicos (CSME).[359] La CARICOM también ha emprendido una intervención especial destinada a ayudar a Haití a mejorar la eficiencia y el profesionalismo en su Sector Público.[360] Asimismo, el Foro del Caribe de los Estados de África, del Caribe y del Pacífico (CARIFORUM) y la Comisión Europea firmaron recientemente un Acuerdo Financiero que asciende a US$ 2,45 millones para apoyar a la Región del Caribe en la Gestión Sostenible de sus Recursos Energéticos.[361]

262.     Por su parte, la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó la resolución AG.RES.2424 (XXXVIII)[MSOffice1] -O/08,[362] durante su trigésimo octavo período ordinario de sesiones, celebrado del 1^o al 3 de junio de 2008, en Medellín, Colombia. En esa resolución, la Asamblea General elogiaba la adopción del Documento de Estrategia de Crecimiento Nacional y Reducción de la Pobreza (DSNCRP), así como los empeños para llevarlo a la práctica como un marco para la política social y económica del Gobierno de Haití y para la cooperación internacional con Haití.  Además, mediante la resolución, la OEA se comprometía a apoyar al Gobierno en sus esfuerzos para reformar y fortalecer las instituciones del Estado, en particular, el sistema judicial, la Policía Nacional de Haití, y el sistema penitenciario.  Por último, la resolución exhortaba a los socios de Haití, entre otros a las instituciones financieras, a que siguieran coordinando con el Gobierno de Haití, de conformidad con los principios expresados en la Declaración de París, los canales y los procedimientos para la prestación de la ayuda.

263.     Haití ha experimentado grandes dificultades en su capacidad para proteger los derechos humanos debido a la inestabilidad política y a la constante crisis humanitaria. La Comisión Interamericana alienta a la comunidad internacional a que siga dándole su apoyo a Haití mientras el Gobierno le hace frente a estas dificultades y, concretamente, que ayude al país a lograr el progreso y el desarrollo nacionales, a promover los derechos humanos y a afrontar las debilidades de larga data que caracterizan a las instituciones del Estado. Específicamente, la CIDH reitera la importancia de mantener e impulsar los empeños auspiciados por el Estado para lograr la paz y la estabilidad duraderas, un sistema judicial eficaz y el acceso a los servicios sociales básicos.

III.   ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA EN RELACIÓN CON HAITÍ EN 2008

264.     En 2008, la CIDH siguió supervisando muy de cerca la situación de los derechos humanos y recalcando la importancia de la función del Estado para superar las antiguas fragilidades en el ámbito de administración de justicia, seguridad pública y respeto de los derechos sociales y económicos.  Además, la Comisión Interamericana siguió supervisando e informando sobre la situación de los grupos vulnerables, como las mujeres, los niños y los defensores de derechos humanos.

265.     Desde el 27 hasta el 31 de mayo de 2008, varios miembros de la Secretaría Ejecutiva efectuaron una visita de indagación de los hechos a Haití para obtener información acerca de la situación de los derechos del niño antes de la visita que harían los dos Relatores de la CIDH. El personal de la Secretaría se reunió con una gama de actores, entre ellos representantes del  Instituto de Bienestar e Investigación Social, del Ministerio de Asuntos Sociales, de organizaciones no gubernamentales haitianas e internacionales, del UNICEF, y de secciones de la MINUSTAH relacionadas con la protección del niño, derechos humanos y justicia. El personal de la Secretaría visitó el albergue para niños administrado por el Estado en Carrefour, en las afueras de Puerto Príncipe y en Gonaïves. Las cuestiones específicas que parecían tener mayor importancia eran: el derecho a la identidad, los derechos sociales y económicos (educación, alimentación y salud), niños en conflicto con la ley y violencia contra los niños.

266.     En un esfuerzo por mantener una participación activa en Haití —a fin de intensificar la promoción del sistema Interamericano de Derechos Humanos y mejorar la protección de los derechos humanos— la Secretaría Ejecutiva, junto con UNICEF-Haití, organizó un seminario de capacitación para alrededor de 30 funcionarios gubernamentales y miembros de la sociedad civil acerca de los derechos del niño y el sistema interamericano de derechos humanos.

267.     Luego de su visita a Haití en mayo, la Comisión Interamericana recibió y concedió una petición de medidas cautelares a nombre de los detenidos de la cárcel de Gonaïves debido a las condiciones sumamente precarias en que se encontraban. La comunicación enviada al Gobierno solicitaba concretamente que se adoptaran medidas urgentes a favor de los niños que estaban encarcelados con adultos, las personas con enfermedades graves o contagiosas, las mujeres y las personas mayores. La CIDH no ha recibido una respuesta del Estado acerca de este asunto, ni información actualizada de las partes interesadas acerca de las condiciones de las personas privadas de libertad en Gonaïves, luego de los huracanes que asolaron al país en agosto y septiembre y que afectaron gravemente a la ciudad de Gonaïves.

268.     La Comisión Interamericana examinó la situación de Haití durante sus 131^o y 133^o períodos ordinarios de sesiones celebrados en marzo y octubre de 2008, respectivamente. Al concluir estos períodos de sesiones, la Comisión Interamericana emitió comunicados de prensa que incluían una sección específica sobre la situación en Haití.[363]

269.     Sobre la base de sus visitas y otras actividades relacionadas con Haití en el curso de 2008 y de sus observaciones acerca de la situación de los derechos humanos en Haití en años anteriores, la CIDH sigue supervisando las principales esferas de preocupación, como la seguridad pública, la administración de justicia, el Estado de derecho, la impunidad, los derechos de los grupos vulnerables y las condiciones sociales y económicas.  Es importante señalar que muchos de estos problemas son muy antiguos y están hondamente arraigados, pues se derivan de deficiencias estructurales y carencias institucionales como consecuencia de un pasado caracterizado por las crisis políticas, los regímenes autoritarios y las instituciones corruptas.  En consecuencia, las instituciones del Estado se beneficiarían de una evaluación seria, de la planificación estratégica a largo plazo, así como de reformas estructurales destinadas a responder efectivamente a la generalización de las violaciones a los derechos humanos que ocurren a diario.

IV.   OBSERVACIONES SOBRE LA SITUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN HAITÍ DURANTE 2008

270.     En 2008, la Comisión Interamericana observó graves dificultades que influyeron en la capacidad de Haití para ejecutar su programa nacional de economía y desarrollo y que entorpecieron aun más la protección plena de los derechos civiles, políticos y sociales de la gente de Haití. El año se caracterizó por las graves preocupaciones acerca de las difíciles condiciones socioeconómicas del país y la crisis humanitaria generada por los huracanes, que llevaron al Gobierno a declarar el estado de emergencia.  Acerca de este punto, la CIDH observa que la Primera Ministra Pierre-Louis ha asignado prioridad a la ejecución de una política nacional de reducción de la pobreza y de crecimiento económico.  El Documento de Estrategia Nacional de Crecimiento y de Reducción de la Pobreza, aprobado recientemente por el Gobierno de Haití, es el principal mecanismo que establece las metas de desarrollo y las políticas estratégicas del país en los sectores económico, social y de la gobernabilidad.   La puesta en práctica del Documento de Estrategia es importante para el futuro del desarrollo en Haití y para lograr que la ayuda financiera pertinente se canalice de forma adecuada.16[MSOffice2]  En este sentido, se espera que la comunidad internacional y las instituciones internacionales que financian el desarrollo hagan aportes para apoyar la implementación del Documento de Estrategia.

271.     Por otra parte, la Comisión Interamericana observa el cúmulo de ayuda que suministró la comunidad internacional a Haití, luego de los cuatro huracanes.  En particular, la CIDH reconoce los esfuerzos de largo plazo y de naturaleza preventiva que se están haciendo para abordar la crisis alimentaria en Haití y la degradación ambiental correspondiente.

272.     La debilidad en la administración de justicia y la impunidad de las violaciones de los derechos humanos siguen siendo las preocupaciones primordiales.  Persisten obstáculos sustanciales para que el Gobierno asegure condiciones de paz y de seguridad a largo plazo en el país. Según el Presidente de la República, René Preval, la combinación del tráfico de drogas, la corrupción en las instituciones del Estado y las condiciones sociales y económicas deficientes han generado niveles altos de delincuencia e impunidad.[364]  La Comisión Interamericana observa los esfuerzos constantes del Estado para abordar estos problemas y hace hincapié en la necesidad de asignar recursos a la planificación y la ejecución de políticas, leyes y mecanismos estatales eficaces en estas esferas.  Los problemas que determinan la situación de los derechos humanos en Haití exigirán reformas institucionales de largo plazo y ayuda internacional sostenida.  Por esta razón, la CIDH exhorta a las instituciones pertinentes del Estado apoyadas por los organismos internacionales que trabajan en Haití, en especial a la MINUSTAH y a otros organismos afines de las Naciones Unidas, a que mantengan sus iniciativas para fortalecer tanto a la Policía Nacional de Haití como al sistema judicial, y en especial a formular un enfoque integral para lograr la paz y la seguridad sostenibles, que abarque la creación de empleos en el país y el fomento de las industrias nacionales.

273.     A este respecto, debido al desequilibrio actual en cuanto a la asignación de los recursos, el apoyo financiero, la asistencia y capacitación técnicas entre la policía nacional y el sistema judicial (la policía nacional recibe la mayor parte del presupuesto del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública), el poder judicial carece de la capacidad y los recursos suficientes para responder rápida y eficazmente, ocasionando una acumulación de casos y un número sin precedentes de detenidos en las cárceles de Haití, la mayoría de los cuales fueron detenidos de manera arbitraria y por períodos sumamente largos. La Comisión Interamericana recomienda que se aporten recursos adicionales, equipo y la infraestructura adecuada al sistema judicial para que pueda funcionar debidamente y para que los juicios penales sean tratados con prontitud y eficacia.

A.         Seguridad pública

274.     A lo largo de los años, la situación de la seguridad pública en Haití ha sido una de las principales preocupaciones de la CIDH.  En especial, la Comisión Interamericana ha expresado constantemente su inquietud por los actos frecuentes de violencia que conducen a la muerte y la ineficacia del control que mantienen las fuerzas de seguridad sobre ciertos sectores de Puerto Príncipe y las provincias.  Los secuestros, violaciones, asesinatos, golpizas y destrucción de la propiedad se han convertido en sucesos comunes en los últimos años.  De acuerdo a MINUSTAH, se denunciaron 413 asesinatos y 70 casos de linchamiento público en Haití durante 2008.

275.     Concretamente, durante los seis primeros meses de 2008, aumentó el número de secuestros, ya que  supuestamente 30 personas por mes, en promedio, habían sido víctimas de secuestro.  De allí en adelante, la MINUSTAH notificó 42 secuestros desde comienzos de junio hasta mediados de agosto. En ese mismo período, 82 personas supuestamente fueron asesinadas. En junio, cientos de personas protestaron en la capital, Puerto Príncipe, contra el problema de los secuestros y la impunidad. Todavía no se conocen las cifras oficiales para todo el año 2008; sin embargo, las cifras actuales parecen ser más bajas en comparación con las de 2006 (722 secuestros) y similares a las de 2007 (293 secuestros).

276.     La Comisión Interamericana también recibió información de que el comercio ilícito de drogas y armas sigue prosperando con poco control del gobierno. Al respecto, la CIDH observa que en 2007, el Estado tomó la iniciativa de organizar una conferencia regional en la República Dominicana, que dio origen a la Declaración de Santo Domingo. La declaración reflejaba el compromiso de los Estados de adoptar medidas para combatir el tráfico ilícito de drogas. La Comisión Interamericana no ha recibido información actualizada acerca del resultado de esta iniciativa y su aplicación en Haití, pero aprovecha esta oportunidad para exhortar al Estado de Haití a que adopte medidas políticas, legislativas, administrativas, judiciales y de otro tipo para poner en práctica la Declaración.

277.     Más exactamente, un aspecto fundamental de garantizar la seguridad es la necesidad de fortalecer a la Policía Nacional de Haití.  De igual importancia es el suministro de recursos, capacitación y equipos suficientes para el sistema judicial a fin de que pueda responder eficazmente a los casos que se le presentan. En 2008, la Policía Nacional de Haití siguió mostrando sus empeños para responder a la violencia de los delincuentes, a pesar de sus recursos limitados y de una fuerza policial relativamente joven y sin experiencia. Varios informes indican que la Policía Nacional de Haití ejecutó 930 órdenes de detención desde junio hasta agosto de 2008.[365]  Con el apoyo técnico de la MINUSTAH, continuó la ejecución de un programa para investigar a los autores de abusos contra los derechos humanos y para hacer frente a la corrupción en la fuerza policial. Sin embargo, el proceso de investigación avanzaba con lentitud: en agosto estaban pendientes 2.350 expedientes correspondientes a 360 oficiales que supuestamente habían cometido infracciones en espera de la decisión de una comisión independiente.[366]  Después de emitir una recomendación acerca de un caso, esta comisión lo transfiere al Consejo Superior de la Policía de Haití para que tome la decisión definitiva; sin embargo, dicha comisión todavía no se ha creado. Por ende, los oficiales que presuntamente cometieron infracciones todavía pertenecen a la fuerza policial.

278.     Otro aspecto vital para garantizar la seguridad pública y evitar la recurrencia de delitos es mejorar la capacidad del sistema judicial para funcionar eficazmente y para asegurar las responsabilización penal de los autores de delitos El sistema judicial sigue siendo frágil y sigue careciendo de los recursos, equipo y personal necesarios, según se indicó en el informe de la CIDH acerca de la administración de justicia y en las observaciones formuladas por la Comisión Interamericana luego de la visita por el Relator del país en abril de 2007. En este sentido, la CIDH sigue preocupada porque el Estado no ha asignado los recursos suficientes al sistema judicial para que refuerce su capacidad, y para mejorar la administración de la justicia y el acceso a ella. Esto incluye la reconstrucción y la reorganización de los tribunales, la asignación de material y equipo y la capacitación continua, al tiempo que se abordan las condiciones de trabajo para los integrantes del sistema judicial.

279.     Por último, la CIDH reconoce que la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización en Haití ha demostrado un firme compromiso para velar por las condiciones de paz y seguridad en el país desde el establecimiento de su mandato en 2004, y que se ha empeñado en mejorar la situación de la seguridad pública mediante el apoyo a la Policía Nacional de Haití en sus iniciativas para prevenir el delito, asignar mayor importancia al fortalecimiento institucional y a la reforma de la policía y el sistema judicial.  Esos esfuerzos complementan los programas a más largo plazo emprendidos por los organismos de las Naciones Unidas, como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en la esfera del Estado de derecho y el apoyo a la administración penitenciaria.  En efecto, la MINUSTAH mantiene una presencia fuerte en el país y sigue dando su apoyo al programa de desarme de Haití.

B.         Administración de justicia

280.     Las fuentes al alcance de la CIDH indican que durante 2008 el Estado, con apoyo de la comunidad internacional, mantuvo sus empeños para superar ciertas deficiencias en el sistema judicial.  Principalmente, en este año se alcanzó un logro importante con la aprobación de un conjunto de leyes acerca de la independencia del sistema judicial; además, se avanzó hacia el establecimiento de la escuela de magistrados y el Consejo Superior del Sistema Judicial, y culminó la labor de la comisión especial para abordar el problema de las detenciones preventivas prolongadas.

281.     Concretamente, la escuela de magistrados ya elaboró su curriculum académico y preparó un proyecto de reglamento interno. En julio y agosto, mientras se renovaba el local principal de la escuela, se identificó a un grupo de jueces de paz que fueron seleccionados para participar en una sesión preliminar de capacitación que se celebrará en julio.[367]  De igual manera, se hicieron planes para el establecimiento del Consejo Superior de Magistrados.[368]  Sin embargo, con respecto a los logros en materia de la reforma judicial, la CIDH no recibió información actualizada acerca de los resultados o los avances logrados por la comisión especial sobre la reforma judicial y la función del Secretario de Estado en relación con la justicia.

282.     En general, la CIDH reitera sus observaciones anteriores en cuanto a la extrema ineficacia y lentitud del sistema judicial, que sigue padeciendo carencias fundamentales, entre otras la falta de independencia, la corrupción y la aplicación indebida de la ley.[369] Además, una grave escasez de recursos para jueces, magistrados, tribunales y la policía han ocasionado constantes violaciones al debido proceso, como las detenciones prolongadas de personas sin llevarlas ante un juez. Aunque la CIDH informó anteriormente que la corrupción del sector público está generalizada,[370] espera que la aprobación de leyes para crear el Consejo Superior de Magistrados, la Escuela de Magistrados y el Estatuto de los Magistrados, generarán mejoras importantes en esta esfera, ya que las mismas incluirán un procedimiento para hacer cumplir un código de conducta profesional y sancionar los actos de corrupción o el quebrantamiento de la integridad judicial.

283.     Con respecto al tema más amplio de la reforma judicial y el problema de larga data de la falta de independencia del sistema judicial, la CIDH siguió recibiendo información acerca de las iniciativas del Estado.  La CIDH recibió información de que, luego de la formulación de un plan de acción por el Ministerio de Justicia en 2007, fue creada una comisión especial para la reforma judicial.  Esta comisión, que cuenta con la participación de la sociedad civil, constituye un signo de progreso hacia la tan necesaria reforma judicial. Más aún, en 2008 el Parlamento aprobó tres leyes acerca de la independencia del sistema judicial, la situación de los jueces y los procedimientos constitucionales para su nombramiento, duración del mandato y destitución del cargo. Para la CIDH, la adopción de estos instrumentos legales es motivo de gran optimismo y espera que se asigne la misma importancia a su ejecución eficaz. La CIDH reconoce la importancia de las iniciativas adoptadas por el Gobierno de Haití para promover la reforma judicial, y hace un llamamiento a la comunidad internacional para que apoye estas iniciativas con la asistencia técnica y los recursos necesarios para poner en práctica profundos cambios en el sistema judicial.

284.     La CIDH sigue preocupada por los informes de detenciones y arrestos arbitrarios, así como por el uso abusivo de la fuerza en el momento de la detención.  La Comisión Interamericana observa que las detenciones y los arrestos arbitrarios no son un problema nuevo en Haití. En consecuencia, aunque reconoce la necesidad de aprehender a los delincuentes peligrosos para velar por la seguridad pública de la población, la CIDH hace hincapié en la prohibición de las detenciones y los arrestos arbitrarios consagrada en el Artículo 7 de la Convención Americana, y reitera la obligación del Estado de asegurar que sus empeños para investigar y juzgar los delitos se lleven a cabo mediante procedimientos cuya imparcialidad y eficacia puedan demostrarse, que se rijan por las normas internacionales del debido proceso, incluso el derecho de un detenido a ser notificado sin demora de la acusación o acusaciones que pesan contra él y a comparecer ante un juez prontamente.

285.     En este sentido, el problema de las personas bajo detención preventiva prolongada en Haití sigue siendo una preocupación primordial de la CIDH.  El 11 de septiembre de 2008, supuestamente 8.077 personas se encontraban en establecimientos de detención en todo el país, y apenas 1.478 de ellas estaban cumpliendo condenas penales.  Por ende, más de 80% de las personas privadas de libertad en Haití se encontraban bajo detención preventiva.[371] Para abordar este problema, en 2007 se creó una comisión especial sobre la detención preventiva prolongada; dicha comisión presentó su informe con sus resultados y recomendaciones en 2008.  La comisión especial trató de reducir el número de personas bajo detención preventiva prolongada mediante el examen de los expedientes de los detenidos y descartando casos, en especial los casos menores o los casos infundados o los casos en que el período de detención preventiva superaba la amenaza de pena correspondiente al delito de que se le acusaba al detenido.  Este procedimiento se aplicaría en la prisión más grande de Haití, la Penitenciaría Nacional, y luego se repetiría en otras prisiones.  Por lo tanto, la comisión especial habría decidido liberar a 892 detenidos entre junio de 2007 y marzo de 2008, durante el proceso de examen.

286.     La CIDH reconoce el valor que tiene la adopción de medidas urgentes como la creación de una comisión especial sobre las detenciones preventivas prolongadas para responder a la crítica situación de las personas privadas de libertad en Haití, y exhorta al Gobierno a que, con el apoyo de la comunidad internacional, adopte medidas urgentes para mejorar la situación de la detención preventiva prolongada, de conformidad con las recomendaciones de la comisión especial. Al mismo tiempo, la CIDH destaca que las reformas estructurales y fundamentales deben ser realizadas a efectos de velar por que las personas privadas de libertad tengan asegurado su derecho a un juicio imparcial y a las garantías judiciales.

287.     Con respecto a las condiciones carcelarias, la CIDH recibió información que reflejaba una situación que se ha venido deteriorando gradualmente desde el año pasado.  En junio de 2007 el Relator sobre las Personas Privadas de Libertad expresó su alarma con respecto a la deplorable situación de la Penitenciaría Nacional, caracterizada por condiciones de hacinamiento sin precedentes, agravadas por una estructura obsoleta en estado ruinoso, con condiciones sanitarias y de higiene absolutamente deficientes, y con falta de acceso al agua potable, a una alimentación adecuada y a la atención médica.  En esa oportunidad, la información suministrada a la CIDH por los guardianes de la cárcel reveló que estos factores habían ocasionado defunciones frecuentes en ese establecimiento. La CIDH recibió información de que, a pesar de que había 3.800 personas detenidas en la Penitenciaría Nacional en Puerto Príncipe en junio de 2008,[372] el número de guardias  seguía siendo de 22 para todo el establecimiento. Esto creaba una proporción de un guardia por cada 170 detenidos, lo que está muy por debajo de las normas internacionales pertinentes.  Aunque los actos de violencia y las malas condiciones de las cárceles no son problemas nuevos en Haití, la CIDH observa un deterioro preocupante en la situación de las personas privadas de libertad debido al hacinamiento y a la falta de satisfacción de las necesidades básicas de los detenidos.

288.     En consecuencia, la CIDH reitera firmemente su exhortación al Estado para que garantice a las personas detenidas o encarceladas que no serán sometidas a condiciones que no satisfagan las normas internacionales mínimas para el tratamiento de los detenidos, y que no serán víctimas de violencia y otros malos tratos a manos de agentes del Estado o de otros reclusos. Dicho estándar especializado incluye las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos y los Principios y Buenas Prácticas en la Protección de Personas Privadas de Libertad en las Américas.

289.     El número cada vez mayor de detenidos ha influido directamente en la capacidad del Estado para alojarlos en sus establecimientos.  La información de 2008 indica que, debido a que la Penitenciaría Nacional de Puerto Príncipe ya no dispone de  capacidad, las autoridades han empezado a transferir a los detenidos a las cárceles situadas en otras provincias.  Cabe señalar que en ninguno de los establecimientos penitenciarios se han hecho reconstrucciones o reparaciones importantes en los últimos años y muchos de esos locales no fueron construidos para el uso que se les está dando ahora.  Durante la visita realizada por la Secretaría Ejecutiva de la CIDH a Haití en mayo de 2008, la delegación pudo observar una grave situación humanitaria en la prisión de Gonaïves, que se había adaptado para atender las necesidades del Gobierno de contar con un establecimiento para los detenidos.  La prisión original de Gonaïves fue destruida en 2004 y no se ha construido un nuevo edificio.  En mayo, la delegación observó detenidos que se encontraban en unas cinco celdas pequeñas, oscuras y sin ventilación, ocupadas cada una por aproximadamente 20 a 25 personas.  Las habitaciones carecían de luz natural, electricidad, agua corriente, camas o cualquier otro tipo de servicio para los detenidos.  Las autoridades confirmaron la terrible situación del establecimiento. Debido a la falta de seguridad del establecimiento, los detenidos eran confinados a esas celdas todo el día sin posibilidad alguna de esparcimiento.  A falta de instalaciones sanitarias, los detenidos se veían obligados a hacer sus necesidades en las celdas.  Asimismo, las autoridades confirmaron que no se disponía de presupuesto oficial para el establecimiento, debido a que en 2004 se había considerado como una solución temporal.

290.     En cuanto a las condiciones dentro de las celdas de detención de la policía, cabe mencionar que éstas son pequeñas, sin ventanas, sin luz natural o artificial y sin espacio para camas.  Los destacamentos policiales carecen de recursos presupuestarios para mantener a los detenidos por períodos prolongados, y para suministrarles agua potable, alimentos, condiciones de higiene y servicios sanitarios.  Las autoridades policiales indican que los destacamentos policiales no cuentan con las medidas de seguridad adecuadas para mantener a los detenidos por períodos prolongados; por lo tanto, usualmente las personas permanecen en las celdas y no se les permite ningún tipo de ejercicio.  La mayoría de los destacamentos policiales no cuentan con más de dos celdas de detención, que en ocasiones se utilizan para separar a las mujeres y los hombres adultos detenidos o para separar a los hombres adultos de los niños. Se entiende que los detenidos son alojados en las celdas de detención de la policía mientras las autoridades judiciales efectúan las investigaciones penales.  Sin embargo, aunque el código del proceso penal establece que las investigaciones se hagan en un lapso de dos meses, este lapso puede prorrogarse, y las investigaciones pueden durar mucho más.

291.     Todas estas condiciones están muy por debajo de las normas internacionales mínimas aplicables a la detención de las personas, y ellas constituyen una amenaza grave a la integridad física de los detenidos. Las autoridades pertinentes deben abordar de inmediato esta situación de manera que se respeten debidamente los derechos relevantes protegidos por la Convención Americana, entre otros las garantías judiciales, el debido proceso y el derecho a no ser sometido a castigos o tratos inusitados o crueles.

C.         Impunidad

292.     De máxima preocupación para la CIDH es el problema persistente de la impunidad por abusos contra los derechos humanos y delitos cometidos en el pasado.  A lo largo del período en que la Comisión Interamericana ha vigilado la situación de los derechos humanos en Haití, ha determinado que la impunidad por abusos contra los derechos humanos y actos delictivos es sistemática y está generalizada.  La CIDH considera que es importante recalcar la responsabilidad del Estado en la investigación y el enjuiciamiento de los abusos cometidos contra los derechos humanos de acuerdo con las normas internacionales. Aunque los tribunales han hecho algunos esfuerzos iniciales para abordar este problema al entablar juicios penales y enjuiciar con éxito a ciertos delincuentes, estas medidas tienen que intensificarse, ya que el proceso judicial sigue plagado de irregularidades y retrasos que a menudo conducen a la impunidad. Al mismo tiempo, la Comisión Interamericana  felicita al Gobierno de Haití por la adopción reciente de la Ley para crear el Consejo Judicial Superior.  El Consejo, cuyo inicio se ha previsto para octubre, tiene a cargo la supervisión del sistema judicial y comprende mecanismos para establecer su independencia.[373] Finalmente, la CIDH exhorta a Haití a que asigne recursos adecuados no sólo para la creación del Consejo sino para todo el sistema judicial con miras a asegurar que el sistema de tribunales de Haití funcione de manera adecuada y eficiente.

293.     Con respecto a ciertos casos de derechos humanos, la  Comisión Interamericana reconoce el establecimiento en 2007 de una comisión para respaldar la investigación acerca de los periodistas asesinados. Algunos de los casos en que las autoridades haitianas contarán con el apoyo de la comisión especial son los de Jean Dominique y de Brignol Lindor.  La CIDH no ha recibido información actualizada en 2008 con respecto al resultado de estas investigaciones.  En relación con este punto, la Comisión Interamericana  enfatiza que el Estado tiene la obligación de investigar, enjuiciar y sancionar  eficazmente los delitos cometidos dentro de su territorio.  Por esta razón, es de particular importancia adoptar las medidas pertinentes para reforzar las principales instituciones del Estado encargadas de la administración de justicia en Haití, en especial el sistema judicial, para que pueda funcionar con eficacia y administrar la justicia con prontitud.

294.     Por otro lado, la CIDH siguió recibiendo información en relación con los abusos en cuestiones de derechos humanos que todavía no han recibido atención ni seguimiento adecuados de parte de las autoridades judiciales. Por ejemplo, el sistema judicial de Haití todavía no ha resuelto los casos de secuestro y violación en los cuales presuntamente han participado miembros de la Policía Nacional de Haití.  La  Comisión Interamericana expresa su preocupación por la impunidad persistente de los autores de estos delitos.  Como ya lo ha sugerido la CIDH, el abordaje de los numerosos casos no resueltos de violación de los derechos humanos tal vez exija enfoques innovadores no sólo para permitir la rendición de cuentas y las reparaciones, sino también para evitar le reiteración de tales actos en el futuro.[374]

295.     Con respecto a estas cuestiones, la CIDH reitera sus preocupaciones relativas a la obligación del Estado de poner fin a la impunidad por todos los abusos de los derechos humanos a través de procedimientos imparciales y eficaces que se rijan por las normas internacionales y estén conformes con el derecho correspondiente de todas las personas al debido proceso de la ley y a ser oídas por un tribunal competente, independiente e imparcial, sin discriminación de ninguna clase. Ante la tarea que queda por emprender, la  Comisión Interamericana desea resaltar el importante papel de la comunidad internacional para apoyar la consolidación del sistema judicial haitiano, y espera que aporte recursos financieros y equipo en donación destinados a la reconstrucción de las salas de los tribunales, a impartir capacitación y prestar asistencia técnica a los jueces, así como a la ejecución de reformas para transformar un sistema judicial arcaico en un sistema que refleje los estándares actuales de la justicia.

D.         Situación de algunas personas y grupos

296.     Entre las inquietudes de la Comisión Interamericana en 2008 se encuentran las circunstancias relacionadas con grupos de particular interés para su trabajo, como  son las mujeres, los niños, los defensores de los derechos humanos y los periodistas.

297.     En el curso de 2008, las mujeres haitianas siguieron afrontando la discriminación y la violencia por razones de género. La CIDH está especialmente preocupada por la respuesta del Estado a la persistencia de la discriminación y la violencia contra las mujeres y las adolescentes haitianas.  Por otro lado, las carencias de los sectores de la salud, la educación y la justicia en Haití siguen afectando particularmente a las mujeres y las adolescentes.  Aunque los actos de secuestro, violación, asesinato e intimidación en los últimos años han afectado a la mayoría de la población de Puerto Príncipe, fuentes estatales y no estatales confirmaron que las mujeres y las adolescentes son especialmente vulnerables a los actos de violencia debido a normas, modalidades y prácticas socioculturales profundamente arraigadas que se basan en el concepto de que la mujer es inferior.[375]  La adopción por el Estado haitiano de instrumentos internacionales como la Convención de Belém do Pará y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (“CEDAW”) refleja el reconocimiento del tratamiento discriminatorio y de la violencia que las mujeres han afrontado tradicionalmente en esta sociedad, así como el compromiso del Estado de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar, sancionar y reparar estos actos.   

298.     La información recibida por la Comisión Interamericana indica que la incidencia de violaciones de mujeres y niñas siguió siendo elevada en 2008,[376] y tanto los trabajadores sociales como los observadores de derechos humanos confirman que la impunidad por actos de violencia contra las mujeres perpetúa el problema.  En relación con este punto, desde que en 2005 se aprobó el decreto que modifica la sentencia penal por violación, numerosos casos se han llevado a juicio exitosamente. Sin embargo, la CIDH observa la gran brecha que existe entre los casos registrados y los que han llegado a la etapa de enjuiciamiento y sanción.  Con respecto a estos problemas, la Comisión Interamericana ha reiterado la necesidad de que el Estado tome medidas concretas para promover y proteger los derechos de la mujer, lo que comprende la investigación y el enjuiciamiento eficaces de las denuncias de violencia sexual perpetrada contra  mujeres y niñas, según el mandato de la Convención Interamericana sobre la Protección, Sanción y Erradicación de la Violencia contra la Mujer, adoptada por Haití el 2 de junio de 1997.  En este sentido, la CIDH alienta las iniciativas legislativas del Estado en esta esfera. La Comisión Interamericana recomienda específicamente que se tomen otras medidas para introducir una ley especial acerca de la protección de las mujeres ante la violencia y la discriminación.

299.     Por otra parte, la CIDH se siente alentada por las iniciativas emprendidas por el Ministerio de la Mujer para adoptar una política y un plan destinados a erradicar la violencia contra las mujeres y garantizar servicios adecuados para las víctimas de la violencia sexual.  Asimismo, la Comisión Interamericana reconoce y valora los esfuerzos del Ministerio en pro de la eliminación de los estereotipos que generan discriminación contra las mujeres, en especial los esfuerzos legislativos realizados por el Ministerio en estos ámbitos, y en particular la intención del Ministerio de preparar un proyecto de ley acerca de la violencia contra las mujeres y las niñas.

300.     La información recibida en 2008[377] acerca de la situación de los niños y niñas se fundamenta en las conclusiones presentadas por el Relator sobre la situación de los niños en 2005.³¹[MSOffice3]   La información recibida indica que los niños y las niñas seguían siendo víctimas del trabajo infantil, del tráfico organizado de personas, de secuestros, abuso, así de como detenciones y arrestos arbitrarios por las fuerzas policiales.  En 2008, se recibieron informes de que la violencia de las pandillas contra los niños seguía predominando en los centros urbanos, en especial el secuestro de niños y la violencia sexual resultante contra las víctimas.[378]

301.     El tráfico de niños también fue señalado como una tendencia inquietante y una amenaza para la protección de los niños.  Los defensores de los derechos de la niñez han indicado además que en algunos casos los orfanatos se utilizan para fines ilícitos, como el tráfico de niños, la prostitución y otras formas de explotación sexual.  En este sentido, las autoridades haitianas, junto con la Organización Internacional para las Migraciones y las organizaciones de derechos humanos están preparando  una legislación nacional para controlar el tráfico de personas.  La CIDH espera que el proceso de evaluación y aprobación del texto de ley por el Parlamento, al igual que el Código del Menor que está pendiente de examen en dicho cuerpo legislativo sea rápido y contribuya a lograr una mayor protección de los niños.

302.     La Comisión Interamericana manifiesta su preocupación por la situación de los niños en conflicto con la ley.  Acerca de este punto, durante la visita realizada en mayo de 2008, la CIDH pudo observar el problema de los niños detenidos junto con adultos en la prisión de Gonaïves. En ese momento, se encontraban allí ocho niños conviviendo con la población de reclusos adultos de ese establecimiento.  Además, la detención de niños en una cárcel y no en los establecimientos de rehabilitación estipulados por la ley sigue siendo un motivo importante de preocupación para la Comisión Interamericana.  Con respecto a la protección de los niños en conflicto con la ley, el marco jurídico de Haití se limita principalmente a la ley de 1961 sobre delincuencia de niños y adolescentes en conflicto con la ley, que tiene un enfoque rehabilitador para los jóvenes delincuentes y estipula la protección especial de los niños en dichas circunstancias.  En particular, esta ley establece que los niños  menores de 16 años no son responsables desde el punto de vista penal y prevé que cumplan su sanción pasando cierto tiempo en un centro de rehabilitación, en lugar de hacerlo en un centro de detención. En reuniones con autoridades gubernamentales, integrantes del sistema judicial y de la sociedad civil, los participantes expresaron una gran preocupación por la detención de niños en conflicto con la ley y la falta de un centro de rehabilitación adecuado y aprobado por la ley para este grupo, así como la falta  de un albergue para los niños abandonados y maltratados.

303.     Esta situación contraviene las disposiciones de la Convención Americana y las normas internacionales de protección del niño detenido estipuladas en las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia Juvenil, según las cuales la detención de niños que esperan ser juzgados es una medida que debe utilizarse como último recurso. Estas disposiciones exigen que los niños detenidos reciban atención, protección y toda la ayuda individual necesaria en materia social, educativa, vocacional, psicológica, médica y física que pudieran requerir de acuerdo a su edad, sexo y personalidad.

304.     Además, durante la visita de investigación de hechos realizada en mayo de 2008, la delegación visitó uno de los albergues administrados por el Estado exclusivamente para niños abandonados y niños en conflicto con la ley en Carrefour, Puerto Príncipe.  El Director indicó que hay tres sitios administrados por una congregación religiosa (las Hermanas y Hermanos de la Encarnación)[379] mediante un convenio con el Ministerio de Asuntos Sociales, dos para niños en Puerto Príncipe y uno para niñas en Hinche.  El centro situado en Carrefour es el más grande y para la fecha de la visita tenía 110 niños.  En el centro Petit-Place Cazeau en Puerto Príncipe, que ofrece capacitación profesional para los niños, se encontraban 64 niños.  En Hinche había 134 menores (todas niñas). Sin embargo, el día de la visita la delegación encontró a varias niñas alojadas en el mismo lugar que los niños.  Otro motivo de preocupación es que los niños abandonados y los de la calle se encontraban junto con los niños en conflicto con la ley.

305.     Un motivo importante de preocupación es el hecho de que el establecimiento está destinado a todos los niños en riesgo (indigentes, niños de la calle, escapados del hogar) y niños en conflicto con la ley sin ninguna diferencia en el tratamiento que reciben.  Por ejemplo, debido a que allí se encuentran varios niños en conflicto con la ley, la política del establecimiento prohíbe la salida a todos los niños.  El Director indicó también que la entrada está vigilada permanentemente para evitar que los niños se escapen.

306.     En cuanto a las condiciones, el establecimiento necesita reparaciones y mantenimiento; además, se observa que hay una grave carencia de recursos para adquirir materiales, suministros y equipos adecuados para el buen funcionamiento del centro. Los salones de clases no tenían ningún material ni suministros, excepto algunas sillas (muchas estaban rotas) y las pizarras estaban apoyadas contra las paredes porque los soportes eran demasiado débiles.  Al mismo tiempo, el Director mostró a la delegación la nueva construcción de letrinas, de una cocina y de un comedor más grande.

307.     Una de las principales dificultades mencionadas por el Director y su personal es la insuficiencia de los recursos asignados por el Ministerio de Asuntos Sociales para el funcionamiento del centro; por ejemplo, el Ministerio asigna 250 gourdes/por día /por niño,[380] que según el Director es una cantidad que no alcanza para cubrir los costos reales de suministrar alimentos y comodidades básicas para los niños. El personal del centro también informó a la delegación que no había recibido el pago de  sus sueldos en los últimos 5 meses.[381]

308.Como lo ha señalado la CIDH en ocasiones anteriores, los niños se encuentran entre los grupos más vulnerables de nuestras sociedades, por lo que tienen derecho a la protección especial del Estado para salvaguardar eficazmente sus derechos.  La Comisión Interamericana reitera su preocupación por la precaria situación de los menores en Haití y señala la casi absoluta falta de protección acordada a los niños.  Acerca de esta cuestión, la Comisión Interamericana exhorta al Estado a tomar todas las medidas de protección que se necesiten para los niños de acuerdo a su condición de tales para dar plena vigencia a los derechos consagrados en el Artículo 19 de la Convención Americana, así como a los derechos y libertades previstos en la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Haití el 8 de julio de 1995.

309.     Pese a los problemas sociales, económicos y políticos que Haití enfrentó durante 2008, sus repercusiones sobre el ejercicio del derecho a la libertad de expresión no han sido de la magnitud que en años anteriores, en tanto se han registrado claros ejemplos por subsanar algunas de las principales dificultades que en esta materia tenía el país.

310.     En ese sentido, la CIDH celebra los avances para contrarrestar la impunidad en los casos de asesinatos de periodistas. El 23 de enero de 2008, el tribunal de lo criminal de Petit-Goave condenó por contumacia a siete individuos, acusados del asesinato de Brignol Lindor, de Radio Echo 2000, perpetrado en diciembre de 2001.  Las personas fueron identificadas como miembros de la milicia armada Domi nan Bwa, presuntamente partidaria del ex presidente de Haití, Jean Bertrand Aristide.  Dos personas habían sido condenadas a cadena perpetua en diciembre de 2007, por responsables del asesinato.[382]  Por otra parte, en mayo de 2008 los padres del periodista español Ricardo Ortega, asesinado en 2004 en Haití, dieron a conocer la decisión de la Justicia de Haití, que señala que por las pruebas recogidas, el reportero podría haber recibido disparos de parte de soldados extranjeros.  En el momento de su asesinato, que coincidió con la época de la salida de Aristide del poder, Ortega estaba cubriendo manifestaciones entre partidarios y opositores a dicho Presidente.  En principio, las investigaciones se orientaron hacia los partidarios del ex presidente de Haití como posibles autores del asesinato del periodista, pero la Justicia indicó que no había suficientes indicios para inculpar a los nueve haitianos que estaban acusados.  En julio, las autoridades españolas anunciaron que se reiniciaba la investigación.[383]

311.     Asimismo, la Comisión Interamericana ha recibido información según la cual durante 2008 se registraron agresiones contra periodistas que estaban en el ejercicio de su labor. El 8 de abril de 2008 los reporteros Jean-Jaques Agustin, fotógrafo del diario Le Matin, y Leblanc Macaenzy, camarógrafo de Canal 11, resultaron heridos por balas de goma cuando cubrían los enfrentamientos entre manifestantes y oficiales de seguridad haitianos y de Naciones Unidas en Puerto Príncipe, según la información recibida.  Yves Joseph, fotógrafo del diario Haïti Progrès, fue herido por perdigones disparados por los manifestantes.  Estas agresiones sucedieron en el marco de una serie de manifestaciones violentas contra el gobierno de René Preval en protesta por aumentos en los precios de comestibles.[384]

312.     La CIDH también fue informada de otras agresiones contra reporteros. Pedro Edouard, camarógrafo de la TNH, canal de propiedad del gobierno, fue agredido por un oficial que introdujo un arma en su boca para disparar, pero el arma no funcionó.  El fotógrafo Evens Saint-Felix fue abordado por soldados extranjeros cuando los fotografiaba hostigando a policías haitianos no uniformados.[385]

313.     La Comisión Interamericana recuerda lo que señala el Principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión:

El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción de material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada.

314.     En comparación con años anteriores, la CIDH recibió menos denuncias relacionadas con la violencia y las amenazas como represalia contra los defensores de derechos humanos por ejercer su profesión.  En estas esferas, los defensores son una de las pocas fuentes de información acerca de los abusos contra los derechos humanos perpetrados en el país.  La Comisión Interamericana valora la labor de los defensores quienes, en circunstancias difíciles, siguen promoviendo y protegiendo los derechos de los haitianos.  En este sentido, la CIDH recuerda al Estado la obligación que tiene de asegurar las condiciones necesarias para facilitar el trabajo de los defensores.  En 2007, la Comisión Interamericana se enteró de dos casos de amenazas contra defensores de derechos humanos y, con respecto a uno de ellos emitió una solicitud de información dirigida al Estado.  Sobre el particular, la CIDH expresa su preocupación por la falta de respuesta a su solicitud de información y porque desde 2005 en Haití no se han aplicado las medidas cautelares a favor de los defensores.  Hasta la fecha, la Comisión Interamericana no ha recibido información alguna del Estado donde se indiquen las medidas tomadas para proteger la vida y la integridad de los peticionarios en los casos con medidas cautelares, y observa especialmente que la información relacionada con la investigación de estas cuestiones todavía tiene que ser remitida a la CIDH.  En consecuencia, la Comisión Interamericana subraya los riesgos extremos que pesan sobre los peticionarios, que siguen ejerciendo su profesión sin medidas de seguridad adoptadas por el Estado para garantizar su derecho a la vida y a la integridad física.

V.         CONCLUSIÓN

315.     Sobre la base de sus observaciones de la situación de los derechos humanos en Haití a lo largo de los últimos años, la CIDH determinó que la situación en Haití durante 2008 se caracterizó una vez más por obstáculos considerables que entorpecieron la capacidad del Estado para asegurar el respeto pleno de los derechos humanos de la población de Haití. Entre estos obstáculos se encuentran la crisis de alimentos y los disturbios subsiguientes, la destitución del ex Primer Ministro Alexis y sus consecuencias para la estabilidad política del país, así como los desastres naturales ocurridos que llevaron al Gobierno a declarar el estado de emergencia. La combinación de todos estos sucesos repercutió considerablemente en la capacidad del Estado para garantizar los derechos sociales y económicos de los  haitianos en 2008. La Comisión Interamericana observa que los efectos de estos sucesos han sido devastadores para los medios de vida cotidianos y la supervivencia de los haitianos.

316.     Al mismo tiempo, la CIDH reconoce el apoyo valioso prestado por la comunidad  internacional al gobierno haitiano en este período de transición política y de recuperación luego de un desastre.  Sin embargo, la situación de paz y estabilidad sigue siendo frágil y la tarea de reforzar las instituciones haitianas y de formular medidas para superar las deficiencias de larga data es un proceso que llevará tiempo, y exigirá recursos financieros y humanos suficientes, así como un compromiso de largo plazo, tanto del gobierno como de la comunidad internacional.  En consecuencia, la CIDH recalca una vez más la importancia del papel del Estado en la búsqueda del fortalecimiento del Estado de derecho y la administración de justicia, las iniciativas para consolidar y reformar las fuerzas de seguridad pública, como así también en las medidas amplias para lograr el desarrollo socioeconómico gradual, a fin de asegurar a los haitianos el ejercicio de sus derechos sociales y económicos, incluido el acceso a las oportunidades de empleo.  La CIDH continúa profundamente preocupada por el grado de generalización de la impunidad por los abusos y delitos contra los derechos humanos, la falta de protección eficaz para las víctimas de estos abusos y las deficiencias en las condiciones socioeconómicas imperantes que privan a la mayoría de la población haitiana del acceso a servicios sociales básicos, como vivienda adecuada, agua potable, atención de salud, educación y empleo.

317.     La CIDH enfatiza la importancia de formular una estrategia de largo plazo y una política de reforma para abordar las debilidades estructurales y legislativas en estas esferas.  Al respecto, la Comisión Interamericana reitera la importancia del papel de la comunidad internacional en la prestación de una asistencia financiera y técnica vital  para que Haití pueda superar problemas de larga data y lograr cambios y estabilidad a largo plazo y, en particular, reitera la necesidad de formular programas en colaboración y coordinación con el Gobierno de Haití y otros actores esenciales.  Teniendo en cuenta estas conclusiones, la CIDH recomienda que la República de Haití tome las medidas siguientes:

1.         Con respecto a la seguridad pública, elaborar un plan integral de seguridad para el país, que comprenda estrategias destinadas a controlar el aumento del delito organizado y el tráfico ilícito y, concretamente, adoptar medidas sostenidas y de largo plazo para garantizar la prevención y las sanciones adecuadas de los delitos penales violentos y reformar los mecanismos de responsabilización para que los autores de delitos rindan cuentas de sus actos.  Asimismo, mantener la ayuda financiera y técnica para el desarrollo profesional de la Policía Nacional de Haití y adoptar medidas para mejorar el plan de estudios de la academia de policía, al tiempo de implementar una supervisión y control eficaces de la conducta de los funcionarios, y de adoptar las medidas disciplinarias pertinentes cuando sea necesario y conforme al debido proceso.

2.         Con respecto al sistema de tribunales, adoptar medidas inmediatas y de largo plazo para abordar las deficiencias identificadas en el informe de la CIDH acerca de la administración de la justicia en Haití y, concretamente, asegurar el suministro de los recursos financieros y humanos requeridos para el funcionamiento eficaz de los tribunales.  Tomar las medidas necesarias para lograr la aplicación rápida de las leyes recién aprobadas acerca de la independencia del poder judicial y adoptar las medidas necesarias para asegurar que los tribunales sean capaces de desempeñar sus funciones, especialmente con respecto a la obligación de investigar, enjuiciar y sancionar a las personas responsables de violaciones a los derechos humanos. 

3.         Con respecto al sistema penitenciario y a las personas privadas de libertad, adoptar medidas urgentes encaminadas a mejorar las condiciones de vida y de seguridad en los establecimientos penitenciarios y los centros de detención en Haití con miras a asegurar que los mismos cumplan con las normas internacionales mínimas de derechos humanos y, además de crear la comisión especial sobre detenciones, adoptar prácticas óptimas y medidas preventivas incluyendo las reformas institucionales que sean necesarias para reducir la duración de la prisión preventiva. Con esta finalidad, mejorar el mecanismo de coordinación entre los donantes internacionales y las organizaciones que ejecutan programas de ayuda humanitaria y social en el sistema penitenciario de Haití.

4.         Aprobar sin demora las leyes que protegen de forma adecuada a las mujeres y las niñas contra la discriminación y diferentes formas de violencia —física, sexual y psicológica— en las esferas pública y privada.  Al respecto, brindar a las mujeres víctimas de abusos servicios legales accesibles, eficaces y gratuitos para que puedan iniciar acciones ante los tribunales, y crear centros especializados para prestar servicios multidisciplinarios a las víctimas de la violencia, comprendiendo la asistencia legal necesaria y apoyo médico y psicológico.

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