Anual 2004 Capíutlo VI

III. PANORAMA GENERAL DE POLÍTICAS Y PRÁCTICAS RELACIONADAS CON LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS TRABAJADORES MIGRATORIOS Y MIEMBROS DE SUS FAMILIAS

26. Durante el transcurso del presente año la Relatoría de Trabajadores Migratorios de la CIDH realizó un seguimiento a las políticas y prácticas que inciden en la protección y garantía de los derechos humanos de los trabajadores migratorios y sus familias en las Américas. Asimismo, la Relatoría examinó desarrollos a nivel global en materia de migración que influyen en la región. Esta labor de seguimiento busca profundizar la comprensión del fenómeno migratorio para de este modo mejorar el trabajo promocional que realiza la CIDH en materia de migración.

27. Esta sección del informe anual presenta de manera sucinta un panorama general de aquellas políticas y prácticas que la Relatoría ha considerado importantes en razón del impacto que éstas tienen para la protección y garantía de los derechos humanos de los trabajadores migratorios y sus familias. El período de este panorama corresponde al año 2004. En algunos casos, sin embargo, se menciona información de períodos anteriores pero que fue divulgada durante el año 2004.

Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familias

28. Durante el 2004 tres estados, Turquía, Libia y Timor del Este, ratificaron la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familias. Con estas tres ratificaciones el número de Estados parte de la Convención, la cual entró en vigencia el 1º de julio del 2003, llegó a 27. Dos Estados de las Américas, Perú y Argentina, firmaron la Convención con miras a su ratificación en el futuro. Cinco Estados miembros de la OEA han ratificado esta Convención: Belice, Bolivia, Colombia, México y Uruguay. Por otro lado, durante el mes de marzo del 2004, el Comité de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familias tuvo su primera reunión de trabajo. El Comité está compuesto por 10 especialistas en el tema y tiene como objetivo monitorear el cumplimiento por parte de los Estados de las normas establecidas en la Convención. Los miembros del comité son: Francisco Alba (México); José Brilantes (Filipinas); Francisco Carrión-Mena (Ecuador); Ana Elizabeth Cubias Medina ( El Salvador); Ana María Diéguez (Guatemala); Ahmed Hassan El-Borai (Egipto); Abdelhamid El Jamri (Marruecos); Arthur Shatto Gakwandi (Uganda); Prasad Kariyawasan (Sri Lanka) y Azad Taghizadet (Azerbaijan).

29. El Comité Contra la Tortura, órgano encargado de supervisar la observancia de la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes se pronunció sobre dos casos en contra de Canadá relativos al trato de ciudadanos mexicanos. En el primer caso, en la solicitud presentada al Comité en contra de Canadá relativa al ciudadano mexicano Enrique Falcón Ríos (CAT/C/33/D/133/1999, 17 de diciembre del 2004), el Comité encontró al Estado responsable de la violación del artículo 3 de la Convención y que consiste en la prohibición de la expulsión o extradición de una persona a un Estado cuando existen razones para creer que ésta correría el riesgo de ser torturada. En relación a otra comunicación, también referida al artículo 3 de dicha Convención, relativo a los ciudadanos mexicanos Heli Arfahad Saut Villamar y Flor Osorio (CAT/C/33/d/163/2000/Rev.1, 17 de diciembre del 2004), el Comité declaró la petición inadmisible.

30. A comienzos del 2004, Naciones Unidas lanzó una iniciativa llamada Grupo de Migración de Ginebra. El grupo reúne a los directores de seis importantes agencias internacionales comprometidas a mantener y promover valores universales y que comparten objetivos y áreas de interés en materia migratoria. La iniciativa tiene como principal objetivo promover la gobernabilidad y buenas prácticas en materia migratoria a través de la promoción de una aplicación comprehensiva de los instrumentos internacionales y regionales relativos a la regulación y el manejo de la migración. El programa, asimismo, apunta a reforzar la efectividad de las políticas de la comunidad internacional en el manejo de este fenómeno con el objeto que la migración beneficie tanto a los individuos como a los Estados. El grupo se ha planteado diversos objetivos, entre ellos: el intercambio de información para incrementar el entendimiento. Los participantes de este Grupo son: Ruud Lubbers, Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR); Antonio María Costa, Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC); Brunson McKinley, Organización Internacional para las Migraciones (OIM); Louise Arbour, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH); Rubens Ricupero, Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD); y Juan Somavía, Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Relatora Especial de los Derechos Humanos de los Migrantes de la ONU visita Perú

31. Gabriela Rodríguez, Relatora Especial de los Derechos Humanos de los Migrantes de Naciones Unidas, realizó una visita a Perú entre el 20 y el 30 de septiembre del 2004. La visita tuvo como objetivo investigar la situación migratoria del país y observar los problemas y desafíos que Perú tiene en esta materia. De igual modo, la visita tuvo como objeto informar a la comunidad internacional sobre las políticas que el gobierno de Perú tiene para proteger a los migrantes que se encuentran en el país, así como a los ciudadanos peruanos que viven en el exterior.

Observaciones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales a Ecuador

32. En sus observaciones relativas a la implementación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, órgano encargado de supervisar la observancia de dicho instrumento, solicitó a Ecuador presentar información sobre el Programa de Desarrollo de los Migrantes Ecuatorianos y sus Familias, poner en práctica las recomendaciones ofrecidas por Gabriela Rodríguez, Relatora Especial de los Derechos Humanos de los Migrantes de Naciones Unidas, quien visitó Ecuador en Noviembre del 2001, y tomar todas las medidas adecuadas para combatir la trata de menores.

33. Los Representantes de los Gobiernos de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela participaron en la Quinta Reunión de la Conferencia Sudamericana de Migraciones (CSM). La cita se llevó a cabo los días 25 y 26 de noviembre de 2004, en la ciudad de La Paz, Bolivia. La reunión representa una continuación del trabajo de este foro multilateral iniciado durante el Encuentro Sudamericano sobre Migraciones, Integración y Desarrollo que se realizó en Lima, Perú en 1999 y que fue continuado en las conferencias de Buenos Aires (2000), Santiago de Chile (2001) Quito (2002) y Montevideo (2003). Durante la última reunión, los representantes de estos diez países sudamericanos intercambiaron ideas e información sobre la situación migratoria en Sudamérica. Asimismo, a partir de una reestructuración del Plan de Acción de la Conferencia, adoptaron una Declaración Final que denominaron “Declaración de La Paz”.[3]

34. Los Ministros de los cuatro Estados miembros del MERCOSUR y sus países asociados, Bolivia, Chile y Perú, crearon el Foro Especializado Migratorio del MERCOSUR y Países Asociados (Bolivia, Chile y Perú) y aprobaron el reglamento del mismo. Este foro pretende generar un espacio de discusión sobre materia migratoria en la región. Como parte de este esfuerzo, en mayo del 2004 se realizó en Santiago de Chile una Reunión Extraordinaria de Ministros del Interior de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Chile y Perú en donde se discutieron medidas para abordar los problemas comunes que enfrenta la región en materia migratoria.

35. En el mes de marzo del 2004, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) falló en contra de Estados Unidos en el caso Avena y otros ciudadanos mexicanos (México vs. Estados Unidos), relativo a la situación de 54 nacionales mexicanos que han sido juzgados, procesados y condenados a muerte en Estados Unidos sin que tuvieran información sobre su derecho a contactar a las autoridades consulares mexicanas de acuerdo con las normas establecidas por la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1961. México argumentó que la falta de acceso de los acusados a las autoridades consulares mexicanas violó las garantías de debido proceso de sus nacionales. En su fallo, la CIJ le ordenó a Estados Unidos la revisión judicial de las sentencias. En un fallo preliminar, la CIJ le había ordenado a Estados Unidos suspender las sentencias de tres de los 54 condenados, cuyas ejecuciones eran inminentes, hasta después que la Corte pronunciara su fallo definitivo. En un desarrollo posterior, en diciembre del 2004 la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos aceptó la apelación interpuesta por José Ernesto Medellín, un ciudadano mexicano condenado a muerte en Texas. Medellín es uno de los peticionarios del caso de México v/s Estados Unidos ante la CIJ [caso Medellín v/s Dretke (Nº 04-5928)].

36. En una reunión celebrada en Cartagena, Colombia, los países latinoamericanos conmemoraron el aniversario número 20 de la Declaración de Cartagena sobre los refugiados (1984). La Declaración de Cartagena ofrece un enfoque innovador a la protección de los refugiados al ampliar la definición de refugiado contenida en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (1951) y sus Protocolos (1967) a modo de aplicarla a las condiciones de América Latina. Al finalizar la cita, los representantes de 18 estados reafirmaron su solemne compromiso de proteger a las personas que buscan asilo en América Latina. Es preciso recordar que aspectos de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (1951) y sus Protocolos (1967), como la norma de no-devolución (non-refoulement), forman parte de las condiciones mínimas de debido proceso sugeridas por la Relatoría de Trabajadores Migratorios y sus Familias de la CIDH (ver Capítulo V Informe Anual del 2000).

37. La novena Reunión de la Conferencia Regional sobre Migración, integrada por las delegaciones de Belice, Canadá, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos de América, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana, fue celebrada en Ciudad de Panamá los días 20 y 21 de mayo de 2004. Las delegaciones examinaron los distintos aspectos del fenómeno migratorio y recalcaron la necesidad de que este foro regional continúe su importante trabajo. Por otro lado, la Quinta reunión de la Conferencia Sudamericana de Migraciones se llevó a cabo los días 24 y 25 de noviembre del 2004 en la Paz, Bolivia. Durante la cita los delegados de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela trataron diversos asuntos de interés en materia migratoria en Sudamérica.

38. Durante su Trigésimo Cuarto Período Ordinario de Sesiones, realizado en Quito, Ecuador, en junio del 2004, la Asamblea General de la OEA aprobó la renovación del mandato del Grupo de Trabajo de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (CAJP) encargado de elaborar un programa Interamericano para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos de los Migrantes. La Presidencia del Grupo de Trabajo quedó a cargo de Argentina. La CIDH participa activamente de este proceso al prodigar asistencia técnica a la CAJP a través de la Relatoría de Trabajadores Migratorios y sus Familias.

39. Durante su Trigésimo Cuarto Período Ordinario de Sesiones, la Asamblea General de la OEA también encomendó al Secretario General de la organización el nombramiento de un Coordinador de la OEA sobre el tema de la trata de personas, de acuerdo con lo previsto por la resolución AG/RES. 1948 (XXXIII 0/03). La designación recayó en Phillip Linderman, diplomático estadounidense que trabajó previamente en la Oficina de Monitoreo y Combate a la Trata de Personas del Departamento de Estado.

40. Según estudios, en el período 2000-2004 unos 250 mil ecuatorianos habrían intentado ingresar de forma irregular a Estados Unidos para conseguir trabajo. La gran mayoría lo hicieron por vía marítima viajando en buques pesqueros hasta las costas de Guatemala o México, para desde allí seguir viaje por tierra hasta la frontera con Estados Unidos. Los migrantes viajan normalmente conducidos por contrabandistas o traficantes de personas en grupos de 200 personas. El costo del viaje fluctúa entre los 10 y 12 mil dólares: este costo se desglosa en 2 mil por los costos del viaje en barco, 800 para transitar por Guatemala, 2000 por transitar por México y finalmente 5 mil a la llegada a Estados Unidos.

41. La crisis económica que vive República Dominicana ha aumentado el número de personas de nacionalidad dominicana que viajan con rumbo a Estados Unidos para conseguir trabajo. La mayoría intenta ingresar a Estados Unidos vía Puerto Rico. Entre enero y octubre del 2004, cerca de 7000 dominicanos fueron interceptados por el Servicio de Guardacostas de Estados Unidos en el Paso de la Mona, un estrecho marítimo de 75 kilómetros que separa a la isla de La Española y a Puerto Rico. Durante el último año decenas de personas perecieron ahogados en dicho estrecho. Otro número importante aunque no determinado de dominicanos intentó ingresar a Estados Unidos a través de la península de la Florida. En noviembre del 2004, 20 migrantes dominicanos que viajaban junto a otras 38 personas en una embarcación con rumbo a Florida perecieron ahogados después que la embarcación en la que viajaban zozobró debido al mal tiempo reinante. Los viajes son organizados por contrabandistas que cobran entre 2000-3000 dólares por el transporte de personas.

42. El consulado Ecuatoriano en Ipiales, Colombia, estimó que desde el año 2000, aproximadamente unos 430 mil ciudadanos colombianos habrían ingresado a Ecuador de manera irregular.

43. Un estudio del Instituto Nacional de Estadística en Chile calculó que alrededor de 800 mil chilenos residen en el exterior. Como parte de un plan para determinar el número exacto de personas que residen en el exterior y profundizar los lazos con sus nacionales en el extranjero, el Gobierno de Chile inició un proceso de registro de sus nacionales en el exterior. Según las últimas cifras ajustadas, en el 2002 cerca de 50 mil argentinos, 40 mil peruanos y 11 mil bolivianos residían en Chile, por lo que el total de extranjeros en el país ascendía a alrededor 185 mil personas.

44. La cifra de ciudadanos latinoamericanos indocumentados que residen en Estados Unidos alcanzó a alrededor de 7 millones de personas según el Migration Policy Institute, un centro de estudios de migración con sede en Washington DC. Esto equivale al 80% del total de personas indocumentadas que residen en el país estimado en 9.3 millones. Los mexicanos representan el 57% del total de migrantes indocumentados que vive en Estados Unidos, mientras que el resto de los latinoamericanos, en su conjunto, representan un 23%. Cerca del 50% del total de mexicanos que vive en Estados Unidos permanece en el país de manera irregular.

45. La organización haitiana Groupe d’Appui aux Repatriés et Réfugies (GARR) (Grupo de Apoyo a Refugiados y Repatriados) presentó una investigación sobre la situación en materia de derechos humanos en la frontera entre la República Dominicana y Haití. El informe destaca diversos temas que afectan a los trabajadores migratorios y sus familias, entre ellos, el tráfico de migrantes y trata de personas, repatriaciones y/o expulsiones arbitrarias, destrucción de propiedad, trabajos forzados, asesinatos y agresiones a migrantes, corrupción policial y falsificación de documentos migratorios, y las condiciones de detención de haitianos en centros de detención dominicanos localizados cerca de la frontera.

46. Los ministros de defensa de Colombia, Jorge Alberto Uribe Echavarría, y de Venezuela, General Jorge Luís García Carneiro, se reunieron en Caracas para evaluar las condiciones de seguridad en la frontera entre ambos países. La cita fue el resultado de una serie de compromisos adquiridos entre ambos países con posterioridad a una reunión sostenida entre los presidentes Álvaro Uribe y Hugo Chávez, celebrada en Cartagena de Indias en noviembre.

47. Estados Unidos y México celebraron la Vigésimo Primera Reunión de la Comisión Bilateral. Durante la reunión celebrada en Ciudad de México, a la que acudió en representación de Estados Unidos el Secretario de Estado, Colin Powell, ambos países coincidieron en que el tema migratorio representaba una materia de alta prioridad para las relaciones entre ambos países. Uno de los principales temas tratados en la cita fue el proyecto de acuerdo migratorio para permitir a ciudadanos mexicanos trabajar en Estados Unidos de manera temporal. Otros temas abordados incluyeron seguridad en la frontera, así como programa de repatriación y de atención a los migrantes. En relación a las negociaciones de un acuerdo bilateral sobre migraciones, el Presidente Mexicano, Vicente Fox, señaló que espera lograr un acuerdo migratorio con Estados Unidos antes de que expire su mandato presidencial en el 2006.

48. El número de aprehensiones de ciudadanos mexicanos que ingresaron a Estados Unidos de forma irregular ascendió a 1.2 millones en el año 2004. Esto representa un incremento del 9% con respecto al año anterior. Los factores que explican este incremento incluyen un alza en la demanda de mano de obra en Estados Unidos como consecuencia de la recuperación y rápido crecimiento de la economía estadounidense (4%) y las propuestas sobre una posible regularización migratoria para migrantes indocumentados. Autoridades informaron que del número total de migrantes indocumentados aprehendidos en el país, el 95% correspondió a ciudadanos mexicanos.

49. Entre julio y septiembre del 2004, México y Estados Unidos celebraron un acuerdo para transportar por vía área a migrantes mexicanos indocumentados detenidos en el desierto de Arizona. El acuerdo, bautizado Programa de Repatriación Lateral (PLR), fue ideado para detener el tráfico y la muerte de inmigrantes en la frontera de Arizona. En virtud de éste, las personas indocumentadas aprehendidas en la región desértica de Arizona fueron regresadas voluntariamente a sus lugares de origen mediante vuelos fletados entre Tucson y Guadalajara y/o Ciudad de México, para de allí ser trasladados a sus pueblos en autobús. Las personas aprehendidas que residen en el norte de México fueron deportadas por tierra. El programa tenía como objetivo evitar que las personas deportadas intentaran nuevamente ingresar a Estados Unidos de manera irregular. Como parte del programa de repatriación unos 14.000 mexicanos fueron deportados. El programa fue financiado por Estados Unidos y tuvo un costo de U$ 12 millones.

50. El Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos (Homeland Security) anunció que los 11 mil agentes de la Patrulla Fronteriza podrán remover en menos de 14 días y sin la necesidad de acudir ante un juez a migrantes indocumentados detenidos a menos de 100 millas de la frontera. El procedimiento de remoción expedita (Expedited Removal) no se aplicará a nacionales de México y Canadá.

51. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración del Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos indicó en junio del 2004 que necesitaba al menos dos años para procesar las postulaciones para la ciudadanía, ajustes y cambios de estatus migratorio y permisos de trabajo que tiene pendientes y que ascienden según sus propios cálculos a 6.1 millones.

52. De acuerdo a la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos entre 1998 y 2004, 1.954 personas perecieron al intentar cruzar la frontera entre México y Estados Unidos. En el último año 325 personas perdieron la vida. La mayoría de las víctimas fallecen por deshidratación, hipotermia y paros cardíacos producto de la exposición al calor. Un número significativo ha fallecido por accidentes automovilísticos.

53. Según los últimos estudios del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) durante el año 2004, las remesas enviadas a América Latina alcanzaron una cifra cercana a los 30 mil millones de dólares. Esto representa un alza cercana al 30% respecto a la cifra total de remesas enviadas a América Latina en el 2001. Una cifra cercana a seis millones de latinoamericanos que viven en Estados Unidos envía dinero a sus países de forma regular. El promedio de los envíos de dinero se sitúa entre los $ 200-400 dólares. Otro estudio apunta a que el total de las entradas anuales de los migrantes latinoamericanos alcanzó a los 450 mil millones de dólares en uno año, por lo que el envío de remesas representa un 6.7% del total de entradas obtenidas por los migrantes. Según el BID, más del cincuenta por ciento del total de remesas enviadas a la región, unos 15 mil millones de dólares, tuvieron a México como destino. En el 2003 el total de los principales montos de remesas enviados a países de la región alcanzaron a $13.200 millones a México, $ 2.300 millones a El Salvador, $ 2.200 millones a República Dominicana, $2.000 millones a Guatemala, $1.400 millones a Ecuador, $1.400 millones a Jamaica y $1.200 millones a Cuba.

54. El 28 mayo del 2004, Robert Zoelick, Representante Comercial de Estados Unidos y los ministros de Comercio de cinco países de Centro América, Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, firmaron un tratado de Libre Comercio. Dicho tratado define reglas específicas que gobernarán el acceso de bienes a los mercados, el comercio de servicios, la apertura del sector público, así como inversiones y propiedad intelectual. El tratado contempla un calendario de reducción progresiva de tarifas, protecciones transicionales y cuotas arancelarias para bienes estratégicos o vulnerables. Con anterioridad, el 15 de marzo del 2004 República Dominicana firmó un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Dichos acuerdos están sujetos a la ratificación de los poderes legislativos de los estados involucrados, el tratado con la República Dominicana fue integrado al acuerdo firmado con los cinco países centroamericanos para su aprobación por el Congreso estadounidense. De manera similar, Canadá y Centro América se encuentran en la etapa de negociaciones de un acuerdo de libre comercio de similares características al que Estados Unidos y los países centroamericanos firmaron en mayo. Los acuerdos de libre comercio mencionados no especifican cláusulas respecto al manejo de flujos migratorios.

55. La Oficina de Inmigración y Aduanas (Bureau of Immigration and Customs) de Estados Unidos indicó que el tráfico de migrantes y trata de personas que ascendió a alrededor de 17.500 extranjeros en el 2004, genera una cifra anual estimada en 9.500 millones de dólares. Autoridades informaron que el precio por ayudar a un mexicano a ingresar a Estados Unidos de manera irregular (tráfico de migrantes) asciende a entre 1.500-2.500 dólares, mientras que para centroamericanos la cifra varía entre 3.000-6.000 dólares.

56. En marzo del 2004, autoridades mexicanas detuvieron a 44 personas acusadas de tráfico de personas. De los detenidos, 32 personas fueron agentes del Instituto Nacional de Migración. Los arrestados fueron acusados de estar involucrados en una red clandestina que traficaba personas de las más diversas nacionalidades a Estados Unidos.

57. Como se informó en el pasado informe anual, en diciembre del 2003 el Congreso argentino aprobó una nueva Ley de Migraciones (Ley 25871). La nueva ley reemplazó a la llamada Ley Videla, una legislación migratoria creada por el gobierno militar argentino (1976-1983) y considerada anticuada y restrictiva. La nueva legislación garantiza el derecho a prestaciones básicas de salud y educación a todos los migrantes, independientemente de su estatus migratorio y establece garantías para el trato de los migrantes durante procesos en materia migratoria. La ley asimismo deroga una regulación de la anterior ley que obligaba a los funcionarios públicos a denunciar ante las autoridades la presencia de extranjeros cuya situación migratoria era irregular. Hasta la fecha, sin embargo, la reglamentación de la nueva ley no ha sido aprobada.

58. El 7 de julio del 2004 y en virtud de congestión y demoras en solicitudes de casos pendientes y presuntas irregularidades, a través de un decreto presidencial (número 836) el Presidente de Argentina, Néstor Kirchner, declaró una emergencia administrativa en la Dirección Nacional de Migraciones. El decreto de intervención tuvo un período de duración de seis meses.

59. En mayo del 2004 Venezuela promulgó una nueva Ley de Migración y Extranjería. La ley derogó normas vigentes desde 1837 y establece un sistema de regulación sobre admisión, ingreso, permanencia, registro, control e información de salida e ingreso de extranjeros. El documento también contempla la reciente aprobación de los reglamentos especiales sobre las zonas de seguridad fronteriza y para la regulación y naturalización de los extranjeros que están en el país. La ley permitió naturalizar alrededor de un millón de personas que vivían de manera irregular en Venezuela.

60. En abril del 2004, el Presidente de Estados Unidos, George Bush, dio a conocer una propuesta migratoria. El nuevo plan, denominado Reforma Inmigratoria Justa y Segura, pretende vincular obreros extranjeros y empresas de Estados Unidos dispuestas a darles trabajo. Los beneficiarios recibirían una visa temporal de tres años para trabajar en el país, siempre y cuando tengan un empleo o al menos una oferta laboral. La propuesta no contempla mecanismos para facilitar la obtención de la residencia permanente o el acceso a ciudadanía a los beneficiarios del mismo.

61. El Informe final de la llamada Comisión 11 de Septiembre, una comisión multipartidaria encargada de investigar los atentados terroristas que sufrió Estados Unidos el 11 de septiembre del 2001, recomendó una serie de reformas en materia inmigratoria para reforzar la seguridad de Estados Unidos. Entre las propuestas, la comisión recomendó el reforzamiento de los controles fronterizos, la utilización de tecnología de punta para integrar los sistemas de emisión y control de documentación de viaje como visas y pasaportes y la estandarización de sistemas de control de las personas que ingresan al país en todos los puertos de entrada, puntos de seguridad y en algunos casos, en fronteras externas.

62. En el 2004 la tradicional temporada de huracanes en la región del Caribe y el Golfo de México causó enormes daños, tanto en términos de vidas humanas como la destrucción de infraestructura. La destrucción y el impacto económico que tuvieron estos desastres naturales en varios países en la cuenca del Caribe hacen temer que las presiones migratorias en el caribe se acentúen en el corto plazo. Durante el mes de septiembre del 2004, la Florida y numerosas islas del caribe sufrieron las consecuencias de varios huracanes. En Haití 1500 personas fallecieron y mientras que miles quedaron sin hogar producto de torrenciales lluvias e inundaciones en el norte del país y que dejaron varias importantes ciudades sumergidas bajo el agua y cuantiosos destrozos en la infraestructura. República Dominicana también sufrió los estragos de las lluvias: 11 personas fallecieron y cientos de familias quedaron damnificadas por las lluvias. Jamaica, las Islas Caimán y sobre todo Grenada también padecieron cuantiosos daños producto del paso del violento huracán Iván.

[3] El texto final de la declaración puede encontrarse en la siguiente dirección electrónica http://www.caritaspanama.org/incidencia/migrantes/declaracion_la_paz.htm.