I.        Medidas tomadas por el gobierno guatemalteco para proteger a los trabajadores migratorios en el exterior

398.        Dada la gran cantidad de ciudadanos guatemaltecos residiendo en el extranjero, ya sea de forma temporal o definitiva, las autoridades guatemaltecas han tomado una serie de medidas para proteger a sus ciudadanos en el exterior. Las autoridades buscan proteger tanto a los ciudadanos que residen en el exterior como los que se encuentra en países en tránsito e intentan llegar a un destino final. Las acciones emprendidas por las autoridades son diversas e incluyen: empadronar a la población que migra, sobre todo los trabajadores temporeros, la creación de mecanismos de protección consular en el exterior y el impulso de campañas de información y orientación pública que alertan a los ciudadanos sobre los recaudos que deben tomar si deciden migrar para así reducir su situación de vulnerabilidad y el desarrollo de acuerdos e iniciativas bilaterales. 

399.        Como se manifestó anteriormente, un número apreciable de trabajadores temporeros guatemaltecos (se calcula entre 80 y 150 mil personas) guatemaltecos cruza todos los años la frontera con México en busca de trabajo en las fincas agrícolas en Chiapas y otros estados fronterizos. Estas personas migran en busca de mejores condiciones de trabajo o simplemente de trabajo para mantenerse. Diversos estudios indican que las condiciones de estas personas en México son extremadamente precarias. Autoridades guatemaltecas y organizaciones de la sociedad civil han denunciado malos tratos por parte de empleadores y de las autoridades mexicanas. Entre estos abusos es posible destacar jornadas de trabajo extenuantes, pagos inferiores al salario mínimo establecido por la ley, despidos colectivos, renuencia del patrono a pagar los sueldos y de prodigar una infraestructura mínima para sus trabajadores (los trabajadores agrícolas guatemaltecos suelen vivir y alimentarse en las fincas donde trabajan) y en general, desprotección laboral. Muchas veces estos abusos se hacen extensivos a las familias de los trabajadores migratorios que viajan junto con el trabajador y que a menudo se emplean para desarrollar labores en las fincas y que por ende también padecen condiciones muy duras. Otra práctica que afecta a los trabajadores temporeros es la existencia de contratistas o enganchadores (también llamados “Consejeros Laborales”)  que viajan a Guatemala para intermediar entre los patronos mexicanos y los trabajadores guatemaltecos y que muchas veces cobran una comisión desproporcionada por sus servicios. [403] Las autoridades guatemaltecas también buscan proteger a los nacionales que van en ruta por México camino a Estados Unidos.

400.        Con el fin de proteger a estas personas el gobierno de Guatemala ha tomado medidas concretas. El Ministerio del Trabajo y Previsión Social ha desarrollado una campaña de información por medios de difusión masiva (radio) y por intermedio de afiches y tarjetas de información para prodigar información sobre los derechos de los migrantes, peligros asociados a la migración y recomendaciones a los trabajadores temporeros para que se documenten y denuncien ante las autoridades guatemaltecas los  abusos cometidos por empleadores o autoridades en México. Las campañas se han llevado a cabo en castellano y en diversas lenguas indígenas. El gobierno asimismo ha impulsado una campaña para empadronar a los trabajadores temporeros. Para ello ha establecido oficinas de la Inspección del Trabajo en El Carmen y Tecún Umán a las que ha asignado la labor de registrar a los trabajadores agrícolas. El gobierno también ha invertido en el desarrollo de sistemas de informática para llevar un registro detallado del número de trabajadores temporeros que se reclutan para trabajar en las fincas de Chiapas. Aún así, las autoridades reconocen que han sido capaces de registrar a unas 70 mil personas, lo que equivale a un 40% del total de trabajadores temporeros que cruzan a México cada año. [404] A fin de evitar abusos y de tener una idea más cabal de quién cruza la frontera para trabajar en México, las autoridades han tratado de empadronar y de controlar la labor de las personas que se dedican a reclutar a los trabajadores en fincas en México. A estas personas se les ha impulsado a entregar listas con los nombres de los trabajadores que han enlistado. La iniciativa ha tenido resultados diversos, por cuanto las mismas autoridades reconocen que el control no ha sido efectivo y que los reclutadores generalmente no entregan las nóminas que se les exigen.  

401.        En el plano diplomático, Guatemala ha emprendido una campaña para tratar de crear mecanismos de control más efectivos que disminuyan la vulnerabilidad de sus migrantes. Es así como en febrero del 2002 se estableció un Grupo Ad Hoc sobre Trabajadores Agrícolas Migrantes Temporales con México. [405] Este acuerdo busca crear mecanismos de coordinación para regularizar el flujo de trabajadores agrícolas. Por otro lado, en mayo del 2001 Guatemala suscribió con la Organización Internacional para la Migraciones (OIM) un Memorando de Entendimiento en materia de cooperación técnica sobre migración laboral temporal. Asimismo, Guatemala ha instalado una serie de consulados en áreas cercanas a la frontera como Comitán, Tapachula, Ciudad Hidalgo y Chetumal que tienen por misión atender las necesidades de la población guatemalteca, sobre todo lo que se refiere a denuncias sobre abusos por parte de empleadores y/o autoridades. [406] Por otro lado, funcionarios indicaron que el gobierno ha explorado la idea de establecer con otros gobiernos centroamericanos un consulado conjunto en Veracruz para atender las necesidades de migrantes. Es importante destacar que dicha ciudad hace parte de una ruta estratégica que es utilizada por muchos migrantes para llegar a Estados Unidos.

402.        Las organizaciones de la sociedad civil comentaron a la Relatoría que, a su juicio, las medidas tomadas por las autoridades han sido poco efectivas y que no han generado una mejora sustancial en la condición de vulnerabilidad de los trabajadores agrícolas. Las críticas apuntan a la falta de voluntad de las autoridades de recibir denuncias de abusos y presionar a las autoridades mexicanas para realizar las investigaciones pertinentes. Por otro lado, se critica que el gobierno no ha destinado suficientes recursos al problema y que ha sido poco efectivo y lento en investigar denuncias de corrupción y abusos por parte de agentes estatales. [407]

403.        Las autoridades guatemaltecas también han tomado iniciativas para incrementar la protección de sus nacionales en Estados Unidos. Los abusos cometidos por empleadores o autoridades en Estados Unidos en contra de trabajadores guatemaltecos (y de otras nacionalidades) son frecuentes. [408] En este sentido, una iniciativa muy interesante desarrollada el gobierno de Guatemala ha sido la creación de consulados móviles que recorren las principales ciudades estadounidenses para atender las necesidades de los guatemaltecos que viven en Estados Unidos. Los consulados móviles complementan la labor de los consulados establecidos por Guatemala en el exterior en puntos de alta concentración de población guatemalteca como Los Angeles, San Francisco Miami, Washington D.C., Houston y  Nueva York.

 J.          Observaciones y recomendaciones

1.                 La Relatoría comienza por reconocer el espíritu de cooperación del Gobierno de Guatemala. Del mismo modo, reconoce la importancia de prácticas muy positivas que benefician a los trabajadores migratorios y sus familias. Entre ellas, es posible mencionar los esfuerzos que realiza el gobierno de Guatemala por proteger a sus cuidadanos en el exterior mediante campañas de difusión masiva para informar sobre los peligros asociados a la migración y los derechos de los trabajadores migratorios y el despliegue de mecanismos de protección consular en el extranjero. Asimismo, la Relatoría considera que la labor de la Defensoría de la Población Desarraigada y Migrante es excelente. La Relatoría considera que estas prácticas son muy positivas y que debieran continuarse y ampliarse en Guatemala y emularse en otros Estados.      

2.                 La Relatoría también desea resaltar las bondades del programa de repatriación segura y ordenada de migrantes centroamericanos desde México. El programa ofrece a los migrantes centroamericanos condiciones más seguras de expulsión. Por ello, insta a las autoridades mejicanas y guatemaltecas a tomar las medidas necesarias para que dicho programa se reestablezca.

3.                 Dados los antecedentes que recogió la Relatoría en su visita e investigación, empero, es posible determinar que en Guatemala existen situaciones que atentan contra los derechos humanos de los trabajadores migratorios, sobre todo violaciones al debido proceso asociados a incidentes de corrupción o de negligencia estatal. También resulta preocupante la progresiva existencia de redes de tráfico y contrabando que victimizan a trabajadores migratorios y otros migrantes, incluso niños. 

4.                 La deportación de migrantes extrarregionales de México a Guatemala no se encuentra prevista en la ley. La Relatoría por ello exhorta a los dos Estados a tomar las medidas necesarias para que esta práctica no se repita y a investigar y sancionar a las personas que deportaron y recibieron de forma irregular migrantes extrarregionales en Guatemala.

5.                 La Relatoría exhorta a las autoridades guatemaltecas a tomar todas las medidas necesarias para garantizar la especial protección a las víctimas del tráfico de personas. Las autoridades deben procurar que estas personas reciban un trato digno que garantice su seguridad y que sea acorde con las garantías mínimas de debido proceso.

6.                 Los delitos de ocultación y contratación de ilegales son tipos penales muy abiertos. Si se aplica la ley en estricto rigor, organizaciones que prestan asistencia a la población migrante irregular están incurriendo en un delito. La Relatoría ve esto con enorme preocupación y por ello invita al Estado guatemalteco a reformular esos tipos penales de manera que la actividad de las organizaciones que prestan asistencia de emergencia a la población en estado de necesidad pueda continuar desempeñando sus actividades.

7.                 La existencia de incidentes de corrupción en las actividades de control migratorio preocupa a la Relatoría. Por ello se hace un llamado al Estado a tomar todas las medidas para atender este problema. Es necesario que se lleven a cabo las investigaciones penales y disciplinarias cuando se presenten incidentes y que se sancione a los funcionarios responsables.

8.                 Asimismo, la Relatoría insta a las autoridades guatemaltecas a tomar las medidas que considere necesarias para combatir la presencia de crimen organizado que lucra de la presencia de un número importante de migrantes, sobre todo en sitios localizados en la frontera de Guatemala y México. Las autoridades han de considerar formas para combatir la creciente criminalización de la frontera a fin de evitar ataques y robos a personas inocentes y a combatir la impunidad con las que operan diversos grupos dedicados a actividades ilícitas.

9.                 La Relatoría observa con preocupación el aumento de las muertes de migrantes y de personas extraviadas. Las muertes se deben tanto al incremento de los controles fronterizos, como a la delincuencia común. Por otra parte, se considera que es importante que se aúnen esfuerzos para encontrar a las personas pérdidas y repatriar los restos de aquellas personas que fallecieron en su viaje.

10.            Los incidentes de abusos físicos y psicológicos contra los migrantes preocupan a la Relatoría. Se insta a las autoridades a tomar las medidas necesarias para prevenir y sancionar esas situaciones. En este sentido es necesario capacitar a los funcionarios, desarrollar procedimientos de queja y adelantar las investigaciones para sancionar a las personas responsables de estos abusos.

11.            La Relatoría toma nota de que en Guatemala se encuentran tipificados los delitos relacionados con el tráfico y el contrabando de migrantes. Este primer paso debe estar acompañado de acciones para controlar y sancionar estos delitos. Asimismo, la Relatoría se permite hacer un llamado para que se tomen las medidas necesarias para proteger a las personas migrantes víctimas de estos delitos. Los Estados que interceptan a los contrabandistas y traficantes deben tomar medidas para atender las necesidades de alojamiento, alimentación, salud y protección de las víctimas que son aprehendidas junto con los presuntos traficantes y contrabandistas.

12.            La Relatoría quiere resaltar como una buena práctica en Guatemala el trabajo de las Casas del Migrante y el Centro de Atención del Migrante en Ciudad de Guatemala y Tecún Umán. El trabajo que estas instituciones realizan debe ser apoyado por el Estado y emulado por otras organizaciones no gubernamentales y estatales. Las Casas del Migrante ejemplifican como con recursos mínimos se puede albergar, alimentar y proteger a las personas migrantes.

13.            De igual forma, la Relatoría considera que la labor desempeñada por la Oficina de Derechos Humanos de la Casa del Migrante de Tecún Umán con relación a la conducción, contrabando y tráfico de personas, mediante el trabajo de los promotores es una buena práctica que debe ser apoyada por el Estado y emulada por organizaciones no gubernamentales y estatales que trabajan por los derechos humanos de los migrantes. La información es un instrumento esencial en el control al contrabando y tráfico de migrantes.

14.            La Relatoría valora el que se haya reglamentado el procedimiento para la determinación de la condición de refugiado. Igualmente, quiere hacer hincapié en la importancia de que se garantice el principio de no devolución en todos los procedimientos migratorios. 

15.            La Relatoría expresa su preocupación por la duración de los procedimientos de expulsión de migrantes extrarregionales, particularmente por las condiciones en las que deben esperar a que dichos procedimientos se desarrollen. Por ello, considera conveniente exhortar a los gobiernos de Estados Unidos y Guatemala a reconsiderar la práctica de realizar operaciones de intercepción de naves que transportan migrantes. La Relatoría considera que  es necesario evaluar iniciativas de este tipo cuando en su ejecución se somete a los migrantes a condiciones en las cuales sus derechos humanos no son protegidos ni garantizados.

16.            La Relatoría encuentra que los procesos de expulsión en Guatemala no ofrecen garantías de debido proceso. No existe un adjudicador responsable, no se garantiza el derecho a ser oído, no se ofrece información, traducción e interpretación, no se garantizan los medios para buscar o recibir asistencia legal. La Relatoría insta a las autoridades guatemaltecas a tomar las medidas necesarias para garantizar un quantum de debido proceso en todos los procedimientos migratorios de expulsión.  

17.            La Relatoría considera que, a partir del ordenamiento jurídico vigente, en Guatemala la detención de personas migrantes es una acción arbitraria que está expresamente prohibida por el derecho internacional de los derechos humanos. Por ello, se insta al Estado guatemalteco a tomar las medidas necesarias para corregir esta situación. Por otro lado, la Relatoría destaca el funcionamiento del recurso de exhibición personal como un mecanismo para determinar la legalidad de la privación de la libertad, y llama a que éste sea utilizado siempre que sea necesario.

18.            La Relatoría observa que las condiciones de detención de personas migrantes en Guatemala son inadecuadas. En la medida en que el Estado guatemalteco lleve a cabo operaciones de control migratorio que incluyan la privación de la libertad de personas migrantes, debe crear una infraestructura adecuada para asegurar a las personas detenidas un alojamiento en condiciones dignas, atendiendo a sus necesidades de salud, alimentación y asistencia legal.

19.            El derecho a ser oído y a recibir información, traducción e interpretación en los procedimientos bajo los cuales se encuentran los migrantes se encuentran seriamente limitados en Guatemala. La Relatoría se permite sugerir a la Dirección General de Migración tomar todas las medidas conducentes a garantizar el derecho de defensa de las personas migrantes. Para ello, deberá capacitar a su personal, investigar y sancionar los abusos y contratar intérpretes.

20.             La Relatoría quiere destacar el trabajo de la Defensoría de la Población Desarraigada y Migrante en Guatemala. La asistencia legal que ha prestado mediante los recursos de exhibición personal y las investigaciones por abusos cometidos por las autoridades migratorias han contribuido a proteger el derecho al debido proceso de las personas migrantes.

21.             La duración de los procesos de deportación de los migrantes se explica parcialmente por el tiempo que se tardan las representaciones consulares en expedir los documentos de viaje. La Relatoría quiere hacer un llamado a los Estados para que se tomen en serio su función de asistencia consular. Las personas migrantes requieren de asesoría jurídica y asistencia social.

22.             Aunque se valoran y reconocen los esfuerzos desplegados por el Estado por prodigar protección a sus nacionales en el exterior, la Relatoría estima que Guatemala ha de redoblar sus esfuerzos para contribuir al bienestar de estas personas. Las autoridades deben investigar concienzudamente presuntos abusos cometidos en contra de sus nacionales. Asimismo, han de reforzar sus esfuerzos diplomáticos con relación a las autoridades de otros países en donde trabajadores migratorios guatemaltecos o miembros de sus familias han sido víctimas de delitos o de violaciones de derechos humanos. 

[ Indice | Anterior | Próximo ]