ACTUALIZACIÓN A 2002 DE LA LABOR DE LA

RELATORÍA DE LOS DERECHOS DE LA MUJER

I.          Introducción

1.          La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estableció la Relatoría Especial de los Derechos de la Mujer en 1994 para renovar su compromiso de garantizar el pleno respeto y la garantía de los derechos de la mujer en todos y cada uno de los Estados miembros. Si bien las constituciones de éstos establecen garantías formales de igualdad, en el curso de su trabajo la Comisión ha tomado creciente conciencia de la persistencia de la discriminación por razones de género en los sistemas y las prácticas jurídicas nacionales. En consecuencia, la Relatoría Especial fue creada con el mandato inicial de analizar en que medida la legislación y la práctica de los Estados miembros, que inciden en los derechos de la mujer, cumplen con las obligaciones generales de igualdad y no discriminación consagradas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

2.          Desde ese estudio inicial y del informe resultante, esta Relatoría ha desempeñado una función vital en la tarea de la Comisión de proteger los derechos de la mujer mediante la publicación de estudios temáticos, la asistencia en la formulación de nueva jurisprudencia en esta materia dentro del sistema de casos individuales, y el apoyo a la investigación de amplios temas que afectan a los derechos de la mujer en países específicos de la región, mediante visitas a los países e informes de países.[1]

3.          Las obligaciones de igualdad y no discriminación siguen siendo puntos de referencia para la selección de los temas que aborda la Relatoría. Además, la Comisión y su Relatoría ponen especial énfasis en el problema de la violencia contra la mujer, la cual constituye una manifestación de la discriminación por razones de género, según lo reconoce la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (“Convención de Belém do Pará”).

4.          El actual programa de trabajo de la Relatoría está destinado a abordar una tarea prioritaria para los derechos de la mujer en el continente: cómo asegurar el acceso efectivo de la mujer a la justicia, en particular cuando ha sido sometida a la violencia. El carácter prioritario de esta tarea ha quedado ampliamente demostrado en la labor temática de la Relatoría y en el sistema de casos y los informes de países de la Comisión. También ha sido subrayado en los desafíos identificados como prioridades por los Estados miembros, expertos y representantes de la sociedad civil. El programa de trabajo de la Relatoría toma como punto de partida el acceso expedito a una protección y garantías judiciales efectivas, primera línea de defensa para la protección de los derechos básicos, y enfrenta el desafío de que las víctimas de la violencia y la discriminación por género con frecuencia no obtienen dicho acceso, quedando desprotegidos sus derechos. El hecho de que la mayoría de los casos de violencia contra la mujer estén marcados por la impunidad, alimenta la perpetuación de esta grave violación.

5.                 La Relatora Especial actual, Marta Altolaguirre, jurista guatemalteca miembro de la Comisión y Primera Vicepresidenta de la misma en 2002, fue designada para el cargo por la Comisión en marzo de 2000. El Primer Relator, Claudio Grossman, jurista chileno que fuera miembro de la Comisión, fue designado por ésta en 1994 y prestó funciones hasta 2000.

6.          La prioridad que asignó la Comisión y su Relatoría a la protección de los derechos de la mujer también refleja la importancia atribuida a esta esfera por los Estados miembros de la OEA. En particular, el Plan de Acción aprobado por los Jefes de Estado y de Gobierno en la Tercera Cumbre de las Américas reconoce la importancia del empoderamiento de la mujer y de su plena y equitativa participación en el desarrollo, en la vida política de sus países y en la toma de decisiones a todos los niveles. Con este fin, el Plan de Acción respalda el Programa Interamericano sobre la Promoción de los Derechos Humanos de la Mujer y la Igualdad de Género, así como otras iniciativas encaminadas a implementar los compromisos establecidos en la Declaración de Beijing y en su Plataforma para la Acción.

          7.          Aunque el fomento de la protección de los derechos de la mujer es una prioridad acordada dentro del continente, la capacidad de la Relatoría para cumplir sus funciones a este respecto está sometida a serias limitaciones presupuestarias. Para dar cumplimiento a su mandato, la Relatoría Especial recibe apoyo de la Secretaría Ejecutiva. El año pasado, con el apoyo de la Secretaría Ejecutiva, la Relatoría procuró financiamiento externo para ampliar sus recursos y su capacidad de acción. En 2003 la Relatoría espera recibir un apoyo financiero que corresponda más adecuadamente a la profundidad y gravedad de los desafíos que enfrenta el continente en este campo y al compromiso de la OEA para enfrentarlos.

II.          Principales actividades de la Relatoría en 2002

A.          Visita a Ciudad Juárez, México

8.          El 12 y 13 de febrero de 2002 la Relatora Especial Marta Altolaguirre efectuó la primera visita para examinar directamente la situación de violencia contra la mujer en Ciudad Juárez, Estado de Chihuahua, Mexico. En particular, de acuerdo con la propia información del Estado, en 1993 habían sido asesinadas más de 250 mujeres y niñas y otras 250 figuraban como desaparecidas. La visita fue emprendida en medio de expresiones de preocupación de cientos de organizaciones no gubernamentales y por invitación del Gobierno del Presidente Vicente Fox. La Relatora celebró numerosas reuniones en Ciudad Juárez y en Ciudad de México con representantes del Estado y de la sociedad civil, así como con familiares de algunas de las víctimas.

9.          Al expresar sus reflexiones iniciales al cabo de la visita, la Relatora indicó que pese a la adopción de ciertas medidas para hacer frente a los asesinatos, la reacción del Estado seguía siendo gravemente deficiente. En efecto, como lo reconocieron varios representantes del Estado, las medidas adoptadas no corresponden a la magnitud del problema. Tanto el Estado como sectores no estatales indicaron que la administración de justicia ha sido ineficiente en la aclaración de los crímenes, con lo que se crea un clima de impunidad y temor. La Relatora subrayó que esa impunidad, a su vez, contribuía sustancialmente a la perpetuación de la violencia contra la mujer en Ciudad Juárez.

          10.          El 13 de diciembre de 2002 la Comisión aprobó las conclusiones y recomendaciones del informe que la Relatora Especial preparó sobre la situación de Ciudad Juárez. Dicho informe fue preparado sobre la base de la información recogida en la visita y de las posteriores actividades de seguimiento. Éstas incluyeron audiencias ante la Comisión en los períodos ordinarios de sesiones 114º (marzo de 2002) y 116º (octubre de 2002) e informes presentados por el Estado en diciembre de 2002 y enero de 2003. De acuerdo con el artículo 58 del Reglamento de la Comisión, se remitió esta versión inicial al Estado para que presentara sus observaciones. La versión final del informe, que reflejaba las observaciones que se consideraron pertinentes, fue aprobada por la Comisión en febrero de 2003, para su inclusión en el presente informe anual.

          11.          La Comisión y su Relatora Especial continúan con el seguimiento de la situación y de las medidas que se van adoptando para dar cumplimiento a las recomendaciones del informe. Al respecto, la Comisión ha convocado una audiencia en el 117º período ordinario de sesiones para abordar la situación de Ciudad Juárez. Además, la Comisión sigue tramitando varias peticiones individuales iniciadas en relación con los asesinatos que figuran en el informe, y la Comisión y la Relatora Especial siguen vigilando las medidas cautelares adoptadas para proteger la integridad personal de una defensora clave de las mujeres víctimas de la violencia en Ciudad Juárez, Esther Chávez, así como las medidas otorgadas para proteger a las esposas y al abogado de dos acusados en relación con determinados homicidios cometidos en Ciudad Juárez.

          B.          La Relatoría en Internet

          12.          En el otoño de 2002, con la asistencia de la Secretaría Ejecutiva, la Relatoría pudo crear un espacio en la página de la Comisión en Internet específicamente dedicada a la labor de la Relatoría y de la Comisión en el área de los derechos de la mujer. La misma contiene información sobre el mandato, las actividades, las iniciativas y los informes de la Relatoría, y ofrece una lista y enlaces de todos los informes de casos y los capítulos de los informes de países de la CIDH que tratan específicamente de los derechos de lal mujer.

          13.          Para promover el acceso de la mujer a recursos efectivos, es fundamental la divulgación de información sobre las normas del sistema de protección de los derechos de la mujer y los informes que ilustran cómo se han aplicado a situaciones y casos concretos. Al respecto, la Relatoría se complace en señalar que el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) publica noticias sobre sus actividades y las de la CIDH en relación con los derechos de la mujer en su lista-servidor “conectando.”

C.      El sistema de peticiones individuales y la jurisprudencia reciente de la CIDH en relación con los derechos de la mujer

14.          La labor de la Comisión y de su Relatoría sobre los Derechos de la Mujer cumplen funciones complementarias. En este sentido, uno de los objetivos de la Relatoría es servir como recurso de toda la Comisión en la definición de temas, así como suministrar de datos e información sobre la evolución de la jurisprudencia y demás material de información. Un propósito estrechamente relacionado es actuar como medio de creación de conciencia en la sociedad civil acerca de los mecanismos que ofrece el sistema regional para fomentar la protección de estos derechos, incluido el sistema de peticiones individuales. Al respecto, las actividades de promoción de la Relatoría se relacionan directamente con sus actividades de protección y con las actividades de protección de la Comisión en su conjunto.

15.          Actualmente la Comisión está tramitando una serie importante de peticiones individuales que tratan de presuntas violaciones de los derechos humanos con causas y consecuencias específicas de género. La labor de la Comisión en este campo ha incluido la convocatoría de audiencias sobre las peticiones pendientes y sobre aspectos más generales que afectan los derechos de la mujer en el continente. Con respecto a estos aspectos más generales, con la asistencia de la Relatoría Especial, en el curso del 114º período ordinario de sesiones (marzo de 2002), la Comisión convocó audiencias sobre la condición de la mujer en el derecho, la violencia contra la mujer y la situación de Ciudad Juárez. En el 116º período ordinario de sesiones (octubre de 2002), la Comisión convocó audiencias sobre la condición del derecho de la mujer a no ser objeto de discriminación y sobre la situación de Ciudad Juárez. Estas audiencias constituyen una valiosa oportunidad para intercambiar información con representantes de la sociedad civil.

          16.          También con respecto a la discriminación, en 2002 la Comisión publicó un informe sobre la solución amistosa en la petición de Mónica Carabantes Galleguillos c. Chile, referida a la expulsión de una institución de enseñanza privada subsidiada por el Estado de una estudiante de secundaria embarazada por razón de su gravidez[2]. Cuando la familia impugnó la expulsión ante la justicia, la acción de la institución fue mantenida hasta el nivel de revisión por la Corte Suprema. La solución abarcó la aprobación de leyes sobre acceso a la educación por parte de estudiantes embarazadas, el reconocimiento por el Estado de las violaciones denunciadas y el otorgamiento de una beca a la víctima para realizar estudios superiores.

17.          La Comisión facilita actualmente la negociación para resolver amistosamente el litigio entre las partes en el caso de María Mamérita Mestanza Chávez c. Peru,[3] referido a denuncias de esterilización sin un consentimiento debidamente informado y otras violaciones. Volviendo al tema más específico de la violencia, la Comisión admitió y sigue tramitando otros casos que se refieren a denuncias de violencia con causas y consecuencias específicas de género, incluidos Zoilamérica Narváez Murillo c. Nicaragua[4] y MZ c. Bolivia.[5]

18.          La Relatoría sigue sirviendo a la Comisión como fuente en relación con la tramitación de peticiones individuales relacionadas con los derechos de la mujer y respecto de pedidos de medidas cautelares y otras actividades relacionadas.

19.          Un examen de la jurisprudencia de la Comisión con respecto a las violaciones de los derechos humanos con causas y consecuencias específicas de género confirma un denominador común: la incapacidad de la mayoría de las víctimas de obtener rápido acceso a una protección y garantías judiciales efectivas. El sistema de peticiones individuales ofrece un mecanismo para investigar y evaluar las deficiencias de la respuesta de los Estados a este tipo de violaciones y formular recomendaciones específicas encaminadas a reparar las violaciones, adecuando así la respuesta nacional a las exigencias del derecho internacional.

D.          Actividades de cooperación y promoción

20.          Del 28 de febrero al 1º de marzo de 2002 la Relatoría participó en la primera reunión conjunta de relatores especiales sobre los derechos de la mujer, con Radhika Coomaraswamy, Relatora Especial de la ONU sobre la Violencia contra la Mujer, sus Causas y Consecuencias, y Angela Melo, Relatora Especial sobre los Derechos de la Mujer de la Comisión Africana de los Derechos Humanos y los Derechos de los Pueblos.  Esta constructiva reunión y la declaración conjunta emitida por las relatoras el 8 de marzo de 2002, en la que denunciaron la persistencia de la discriminación y la violencia contra la mujer, fueron señaladas en el informe del año pasado, donde se incluía el texto de esa declaración.[6] 

21.          La Relatoría de la ONU y esta Relatoría colaboraron luego en la divulgación de un comunicado de prensa conjunto, del 8 de marzo de 2002, en que se expresaba la grave preocupación por la situación de las mujeres y niñas afectadas por la persistente violencia de género en Colombia. En el comunicado se examinan las formas de la violencia en cuestión y se exhorta al Estado a intensificar sus esfuerzos para combatirla, incluyendo la aplicación de la debida diligencia para asegurar la responsabilidad de quienes la perpetran, así como la mayor capacitación de las autoridades en cuanto a las causas y consecuencias de dicha violencia y a sus responsabilidades conforme a la ley.

22.          La Relatoría valora en alta medida estas oportunidades de cooperación con su par de la ONU y del sistema africano para la consecución de los objetivos de interés mutuo; y espera con interés futuras oportunidades de este tipo. El intercambio oportuno de información y la posibilidad de compartir prioridades y estrategias es un instrumento importante en el intento de priorizar la protección de los derechos de la mujer en todos los niveles.

          23.          La Comisión y su Relatora Especial mantienen contacto periódico con la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA (CIM), habiendo incluido en el pasado la participación en reuniones de delegadas y varias reuniones de expertos y de grupos de trabajo desde la redacción de la Convención de Belém do Pará. El 5 de febrero de 2002 la Comisión y su Relatoría estuvieron representadas en una reunión de expertos convocada por la CIM para examinar la formulación de recomendaciones a la Cuarta Reunión de Ministros de Justicia (REMJA IV) como parte del proceso de implementación del Programa Interamericano para la Promoción de los Derechos Humanos de la Mujer y la Igualdad y Equidad de Género. Las recomendaciones, que posteriormente fueron presentadas a esa Reunión por la CIM, tenían el objetivo de asistir a los Ministros en la incorporación de la perspectiva de género en la formulación de políticas en el área de la administración de justicia, incluyendo el acceso de la mujer a la justicia y su condición dentro del sistema judicial. En septiembre de 2002 la Comisión y su Relatoría fueron invitadas por la CIM a participar en un grupo de trabajo de la Secretaría General de la OEA que asistiría a la CIM en las iniciativas contra el tráfico de mujeres y niños.

24.          La Comisión y su Relatoría también mantienen interacción periódica con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH)  con base en San José, Costa Rica, particularmente respecto de las actividades de capacitación y promoción. Al respecto, el 15 de mayo de 2002 la Comisión y su Relatoría participaron en el panel sobre “Los derechos reproductivos en el contexto del sistema interamericano de derechos humanos”, que formó parte del seminario-taller sobre “La Promoción y la Protección de los Derechos Reproductivos a través del Trabajo de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos para América Latina, el Caribe y Canadá”, organizado en San José por el IIDH, el ACNUR y el FNUAP. En octubre de 2002 la Relatora Especial participó en una consulta en profundidad con otros relatores de los sistemas interamericano y de la ONU y representantes de la sociedad civil para procurar nuevos mecanismos de intercambio de información relevante a sus respectivos mandatos. Como se indicó, conforme a esta consulta, el IIDH divulga información sobre la labor de la Relatoría en su listado-servidor “conectando.”

25.          En el contexto más general de la OEA, la Comisión y la Relatoría presentaron una exposición en el curso del panel convocado el 22 de mayo de 2002 sobre “El Papel del Derecho en la Incorporación de la Perspectiva de Género: la Experiencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos” ante la Secretaría General de la Organización. El evento fue organizado en Washington por la OEA, la CIM y el CIDA, como parte de la conferencia de iniciación de un proyecto sobre incorporación de la perspectiva de género a las políticas y programas.

26.          El 22 de agosto de 2002 la Relatora Especial presentó su trabajo sobre “Mecanismos del sistema interamericano de derechos humanos para la protección de los derechos de la mujer”, durante la conferencia sobre “Los derechos humanos y la Globalización: Avances y retrocesos”, organizada por la Comisión Andina de Juristas en Lima, Perú.

          27.          Posteriormente, el 4 de noviembre de 2002 la Comisión y su Relatoría estuvieron representadas en la discusión del panel sobre “Género y Acceso a la Justicia en Perú: Un Diálogo de Aprendizaje.” Se trataba de un “diálogo de aprendizaje a distancia” organizado por el Banco Mundial, con participación por videoconferencia, desde Washington, Lima y Ginebra. 

          III.          Programa de trabajo

28.          En cuanto a la siguiente etapa de las actividades de la Relatoría, el foco se centrará en los desafíos que enfrenta la mujer para acceder a la justicia, con especial énfasis en la violencia contra la mujer y la impunidad. La cuestión del acceso de la mujer a la justicia ha tenido enorme relevancia para la labor de la Relatoría en una serie de sus iniciativas, más recientemente en relación con su labor en torno a la situación de la mujer en Ciudad Juárez, México. 

29.          La experiencia de la mujer con respecto a la administración de justicia tiene que ser analizada desde una serie de perspectivas. Por ejemplo, es esencial considerar la medida en que las mujeres no participan en la toma de decisiones de la administración de justicia y definir los obstáculos que impiden su plena participación. Es igualmente importante analizar la respuesta que las mujeres reciben como usuarias del sistema judicial, e identificar los obstáculos que enfrentan como litigantes y víctimas de delitos.

30.     En sus actividades futuras, la Relatoría se empeñará en identificar e intercambiar las mejores prácticas de la región con relación al acceso de las mujeres a la justicia; analizar los actuales desafíos que enfrentan los países de la región en esta esfera; formular recomendaciones encaminadas a fortalecer tales prácticas y superar los obstáculos; crear mayor conciencia en la región acerca de las garantías y mecanismos que ofrece el sistema interamericano de derechos humanos para la protección de los derechos de la mujer, y vigilar la implementación de dichas recomendaciones en la legislación y práctica nacionales por parte de los Estados miembros, así como brindar la asistencia técnica que éstos soliciten.

31.          La capacidad de la Relatoría para abordar debidamente esta cuestión fundamental depende naturalmente del financiamiento. La Relatoría, con el apoyo de la Secretaría Ejecutiva, está empeñada en obtener financiamiento externo para desarrollar plenamente su próxima serie de actividades.

IV.          Conclusiones

          32.          Esta actualización ofrece un breve resumen de la labor realizada y de las preocupaciones que está abordando la Comisión y su Relatoría para tratar de garantizar un mayor respeto por los derechos de la mujer. Como saldo, las iniciativas a nivel local, nacional  y regional para hacer frente a las violaciones de los derechos humanos con causas y consecuencias específicas de género han logrado establecer estándares mínimos claves, particularmente respecto de la discriminación y la violencia contra la mujer. Dentro de la región, por ejemplo, comprobamos la aprobación de nuevas leyes o el perfeccionamiento de la legislación, los programas y las políticas para  combatir la violencia contra la mujer. El principal desafío que seguimos enfrentando es la brecha entre estas normas y la experiencia vivida por las mujeres en las Américas.

33.          A este respecto, la Relatoría Especial vuelve a insistir en el problema de la impunidad y su incidencia en la perpetuación de las violaciones de los derechos humanos con causas y consecuencias específicas de género. La impunidad en tales casos socava el sistema mismo de garantías y crea un clima favorable a la reiteración de las violaciones. En su compromiso fundamental, la Relatoría Especial insta a los Estados miembros a redoblar sus esfuerzos de aplicar la debida diligencia en la investigación, procesamiento y sanción de los actos de discriminación y violencia contra la mujer. En relación con esta obligación es crucial que los Estados otorguen a las víctimas un rápido acceso a una justicia efectiva.