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INFORME
Nº 21/02
INADMISIBILIDAD
PETICIÓN
12.109
BESSY
MARGARITA MARTÍNEZ ÁLVAREZ
Y
BLANCA ROSA SÁNCHEZ RODRÍGUEZ
HONDURAS
27
de febrero de 2002
I.
RESUMEN
1.
Mediante comunicación presentada a la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (en adelante la “Comisión” o la “CIDH”) en
fecha 3 de septiembre de 1998 por el señor Gonzalo Rafael Chávez (en
adelante “el
peticionario”), en representación de María Cristina Álvarez Lanza y
Ramona Martínez, se denunció que la República de Honduras (en
adelante “Honduras”, “el Estado o”
el Estado hondureño”) violó los artículos 4 (derecho a la
vida) y 8 (garantías judiciales) de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos (en adelante “la Convención”) en conjunción con
la obligación genérica del Estado de respetar y garantizar los
precitados derechos, establecida en el artículo 1(1) del mencionado
instrumento, todo ello en perjuicio de Bessy Margarita Martínez Álvarez
y Blanca Rosa Sánchez Rodríguez.
2.
El Estado hondureño alegó que la petición era manifiestamente
infundada, siendo evidente su total improcedencia, por lo que solicitó
a la Comisión declararla inadmisible en aplicación del artículo 47(b)
y (c) de la Convención.
3.
La CIDH, en fecha 27 de febrero de 2002, decidió que la petición
era inadmisible de acuerdo a lo establecido en el artículo 47(b) y (c)
de la Convención Americana. La Comisión decidió, igualmente,
notificar esta determinación a las partes, publicarla e incluirla en su
Informe Anual a la Asamblea General de la OEA.
II. TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN
4.
La petición fue presentada a la CIDH el 3 de septiembre de 1998.
El 25 de enero de 1999 el peticionario remitió certificaciones de
piezas procesales. El 1° de marzo de 1999 la Comisión decidió abrir
la petición bajo el número 12.109 y transmitió las partes pertinentes
de la denuncia al Estado hondureño solicitándole responder dentro de
un plazo de 90 días. El Estado respondió el 1° de junio de 1999 (oficio
fechado el 21 de mayo de 1999). Entre junio de 1999 y junio de 2001,
ambas partes remitieron a la CIDH mayor información y sus
correspondientes comentarios y observaciones.
III.
POSICIÓN DE LAS PARTES
A.
Posición del Peticionario
5.
El peticionario señaló en su comunicación inicial[1]
que en fecha 12 de diciembre de 1988 los vecinos de la colonia Divanna
de Comayaguela, Municipio del Distrito Central, enviaron una nota al
Gerente del Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillado (SANAA),
institución estatal descentralizada, en la cual le comunicaron el mal
estado de una de las paredes de propiedad de dicha entidad en el
“Callejón de los filtros del SANNA”, solicitándole su reparación
a fin de evitar la pérdida de vidas humanas y materiales.[2]
6.
En fecha 14 de octubre de 1991, aproximadamente a la hora 14:55,
el muro se derrumbó matando a Bessy Margarita Martínez Alvarez,
embarazada de 20 semanas, y Blanca Rosa Sánchez Rodríguez quienes
circulaban por el Callejón. La hija de dos años de la primera, Mayra
Alejandra Izaguirre Martínez, sufrió la fractura de uno de sus brazos.
[3]
7.
Luego de ocurrido el accidente, la madre y la hija de Bessy
Margarita Martínez Alvarez, al igual que la madre de Blanca Rosa Sánchez
Rodríguez, nombraron al Lic. Enrique Flores Lanza como apoderado legal
para reclamar una indemnización a SANAA. En fecha 18 de diciembre de
1991,[4]
el apoderado presentó a la empresa un escrito en el que solicitó
“Pago de Indemnización por Causa de Muerte”. Dicho escrito fue
enviado al Gabinete Jurídico de la institución, el cual, en versión
del peticionario, no emitió resolución alguna. En fecha 8 de enero de
1992, el mismo apoderado envió un nuevo escrito a SANAA solicitando, en
favor de sus mandantes, “Cuantía de Auxilio por causa de Muerte”
por el monto de Lps. 16,800.00, alegando que
[E]n
virtud de las gestiones iniciadas ante el SANAA para el pago de una
indemnización por causa de muerte de las causantes de mis
representadas, nos fue notificado por parte del Abogado del SANNA la
decisión de la Junta Directiva, en el sentido de que, si bien es
cierto, no se reconoce ninguna responsabilidad del SANAA en las
muertes relacionadas, la empresa estaba dispuesta a pagar a sus
beneficiarias una cantidad de dinero por concepto de auxilio por causa
de muerte, por razones humanitarias…
8.
El peticionario indicó que, en respuesta a ese escrito, SANAA no
emitió ninguna resolución, aunque la empresa sí hizo efectivo el pago
de Lps. 16.800.00 que, según el peticionario, correspondía justamente
a la solicitud de auxilio por causa de muerte. Sin embargo, como lo
expresa el denunciante, en el voucher
de los cheques cobrados por sus representadas aparece la leyenda “por
concepto de cancelación al pago de indemnización por muerte de
personas que fallecieron en el derrumbe del muro del SANAA…” y
similar leyenda aparece en el memorándum con el que se ordenó la emisión
de los cheques. El peticionario enfatizó, no obstante, que el escrito
que originó la emisión de los cheques era aquél en el que se pidió
la cuantía de auxilio por causa de muerte y no aquél en el que se pidió
la indemnización por muerte, por lo que esta última aún estaba
pendiente de pago.
9.
El peticionario señaló haber agotado, infructuosamente, los
recursos administrativos ante el SANAA pues la empresa se negó a
cancelar la indemnización por causa de muerte de las personas que
perecieron al desplomarse el muro.[5]
También informó que sus representadas recurrieron a la vía judicial
interponiendo una demanda contenciosa administrativa la cual, en primera
instancia, fue resuelta en su favor, por lo que se ordenó a la empresa
el pago de una indemnización por muerte de la señora Bessy Margarita
Martínez Álvarez y de la joven Blanca Rosa Sánchez Rodríguez. El
SANAA apeló esa decisión y, en segunda instancia, la Corte de
Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de Tegucigalpa
admitió el recurso y dejó sin lugar la sentencia del Juez de Letras de
primera instancia, librando de toda responsabilidad a la empresa. Ante
esa decisión, se presentó un recurso de casación a la Corte Suprema
de Justicia, la cual lo admitió, pero falló sin lugar la pretensión
de indemnización de las reclamantes.
10.
El peticionario señaló que la manera en que procedieron las
jurisdicciones contenciosa administrativa y ordinaria de Honduras
constituye una violación al artículo 8(1) de la Convención. Según el
denunciante, la Corte de apelaciones fundamentó su decisión de revocar
la sentencia de primera instancia pronunciada por el Juez de Letras, en
la excepción de pago opuesta tardíamente por SANAA ante dicho juez. En
criterio del peticionario, dicha excepción debía plantearse en el
primer escrito de la parte demandada, vale decir en el mismo memorial en
el que ésta opuso una excepción de falta de legitimación activa de la
parte demandante. Al haber opuesto la parte demandada la excepción de
pago en forma posterior, el Juez de Letras actuó apegado a la legalidad
al no darle curso, sin siquiera pronunciarse al respecto. Sin embargo,
el tribunal de apelación sí tomó en cuenta la excepción de pago
opuesta por la parte demandada y con fundamento en ella revocó la
sentencia recurrida y eximió de responsabilidad a SANAA al considerar
que ya había cumplido con el pago indemnizatorio y que, por lo tanto,
su obligación reparatoria se había extinguido con dicho acto. Para el
peticionario, el tribunal de apelación carecía de competencia para
conocer de una excepción, la de pago, cuyo conocimiento, de haber sido
planteada dentro de plazo, hubiera sido de competencia únicamente del
juez de primera instancia. El peticionario señala que la Corte Suprema
de Justicia, al no haber revertido el fallo de segunda instancia,
incurrió en violación al artículo 8 de la Convención al denegar
justicia y al no haberse indemnizado a las reclamantes por la muerte
arbitraria de sus familiares, también se violó el artículo 4 de dicho
instrumento.
B. Posición del Estado
11.
El Estado alegó[6]
que la parte denunciante había agotado todos los recursos que franquea
la legislación hondureña. También señaló que en fecha 18 de
diciembre de 1991 se presentó un escrito a SANAA titulado “Se
Solicita Pago de Indemnización por Causa de Muerte”, el mismo que no
fue mencionado por la parte demandante en el memorial interpuesto ante
la jurisdicción contenciosa administrativa en fecha 5 de septiembre de
1995. El Estado también se refirió al escrito presentado a SANAA por
el apoderado legal de las reclamantes titulado “Se Solicita se Fije
Cuantía de Auxilio Por Causa de Muerte”, en el cual pidió la suma de
Lps. 15.000.00 por concepto de auxilio por causa de muerte, en aplicación
extensiva de la cláusula 58 del contrato colectivo entre la empresa y
sus operarios, y Lps. 1.800.00, por concepto de gastos fúnebres,
haciendo un total de Lps. 16.800.00.
12.
El Estado informó, también, que en fecha 20 de enero de 1992,
mediante memorando AL-018-92, la empresa ordenó el pago a las madres
reclamantes de Lps. 16.800.00 por concepto de “pago de indemnización
por muerte de personas que fallecieron en el derrumbe del muro de SANAA
en la Colonia Divanna”. Esa orden se hizo efectiva a través de los
cheques No. 032862 y 032863, de fecha 24 de enero de 1992, retirados a
satisfacción por cada una de las demandantes, como lo acreditan sus
firmas en los respectivos comprobantes de pago.[7]
13.
El Estado alegó en el proceso contencioso administrativo
instaurado por las reclamantes que ellas eran las mismas personas que
habían reclamado ante SANAA y recibido de manera conforme los cheques
por Lps. 16.800.00, cada uno, por lo que opuso, a tiempo de contestar la
demanda en su contra, la excepción de pago prevista en el Código Civil
hondureño.[8]
14.
También señala que en el fallo de primera instancia, el Juez de
Letras reconoció en favor de las demandantes María Cristina Álvarez y
Ramona Martínez el derecho a percibir indemnización de SANAA por la
muerte de sus hijas. Esa misma sentencia condenó a la empresa al pago
de daños sufridos en la cuantía que se determine mediante el dictamen
de peritos en ejecución de sentencia.
15.
El Estado añadió que, como resultado de la apelación
interpuesta por SANAA a la sentencia de primera instancia, la Corte de
Apelaciones, en su sentencia de 7 de febrero de 1997, en uno de sus
considerandos, haciendo referencia al artículo 1421 del Código Civil,
invocado por el Estado tanto ante el Juez de Letras como ante el
tribunal de segunda instancia, señaló que “las obligaciones se
extinguen por pago o cumplimiento”. Por tanto, la Corte de Apelaciones
falló declarando con lugar el recurso de apelación, revocando,
en consecuencia, la sentencia de primera instancia y absolviendo de toda
responsabilidad a la empresa SANAA.
16.
La sentencia de segunda instancia fue recurrida en casación por
las reclamantes. La Corte Suprema estimó que no se había cometido la
infracción de ley invocada por la parte recurrente y, por lo tanto,
falló declarando “[n]o haber lugar al recurso de casación de mérito”,
mandando a devolver los antecedentes al tribunal de su procedencia.[9]”
17.
Finalmente, el Estado, en su comunicación inicial y en las
posteriores que dirigió a la CIDH, rechazó haber violado el artículo
4 de la Convención por cuanto ninguna de las entidades denunciadas en
la petición, es decir SANAA, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso
Administrativo y la Corte Suprema de Justicia, había privado
arbitrariamente de la vida a Bessy Margarita Martínez Álvarez y Blanca
Rosa Sánchez Rodríguez; también indicó que, habiéndose pagado la
indemnización solicitada, había quedado extinguida cualquier obligación
que hubiera podido tener el Estado con respecto a dichas muertes.
Asimismo, el Estado
hondureño negó haber violado el artículo 8 de la Convención, puesto
que la parte denunciante había gozado en sus actuaciones de todas las
garantías establecidas en la Constitución de la República de Honduras
y sus Leyes secundarias aplicables al caso que se conoce y específicamente
en los numerales 1 y 2(h) del artículo 8 del mencionado instrumento
interamericano de protección de los derechos humanos.
IV.
ANÁLISIS
A.
Competencia ratione
personae, ratione loci, ratione temporis y ratione materiae de la
Comisión
18.
La CIDH tiene competencia ratione
temporis por cuanto los hechos alegados en la petición tuvieron
lugar cuando la obligación de respetar y garantizar los derechos
establecidos en la Convención Americana ya se encontraba en vigor para
el Estado hondureño.[10]
19.
La Comisión tiene competencia ratione
materiae porque en la petición se denuncian violaciones a derechos
humanos protegidos por la Convención Americana.
20.
La Comisión tiene competencia ratione
loci para conocer esta petición por cuanto en la misma se alegan
violaciones de derechos protegidos en la Convención Americana que habrían
tenido lugar dentro del territorio de un Estado parte de dicho tratado.
21.
La Comisión tiene competencia ratione
personae para conocer la presente petición pues en la misma se
satisfacen los presupuestos señalados en los artículos 44 y 1(2) de la
Convención.
B. Otros Requisitos de Admisibilidad de la Petición
1. Agotamiento de los recursos internos
22. El
artículo 46(1)(a) de la Convención Americana establece que, para que
una petición pueda ser admitida, se requerirá “que se hayan
interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, conforme a
los principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos”. El
Estado, en su comunicación fechada el 21 de mayo de 1999, señaló que
“[l]a parte denunciante en su acción contencioso administrativa ha
agotado todos los recursos que franquean las leyes hondureñas, no
existiendo el recurso de revisión en esta materia…”. Por lo tanto,
la Comisión considera que el requisito señalado en el artículo 46
(1)(a) de la Convención ha sido satisfecho con el reconocimiento
expreso del Estado hondureño.
2.
Plazo de presentación
23.
El artículo 46(1)(b) de la Convención Americana señala que
para que una petición o comunicación sea admitida por la Comisión, se
requerirá que sea presentada dentro del plazo de seis meses, a partir
de la fecha en que el presunto lesionado en sus derechos haya sido
notificado de la decisión definitiva. En el asunto sub examine, la sentencia de última instancia fue dictada por la
Corte Suprema de Justicia en fecha 14 de mayo de 1998. A su vez, el
peticionario presentó la denuncia ante la Comisión en fecha 17 de
agosto de ese mismo año, vale decir menos de tres meses después de
emitirse el fallo del tribunal supremo. En consecuencia, la CIDH
considera satisfecho el requisito señalado en el artículo 46(1)(b) de
la Convención.
3.
Duplicación de procedimientos y cosa juzgada
24.
El expediente de la petición no contiene información alguna que
pudiera llevar a determinar que el presente asunto se halla pendiente de
otro procedimiento de arreglo internacional o que hubiera sido
previamente decidido por la Comisión Interamericana.
Por lo tanto, la CIDH concluye que no son aplicables las
excepciones previstas en el artículo 46(1)(d) y en el artículo 47(d)
de la Convención Americana.
4.
Caracterización de los hechos alegados
25.
El artículo 47 de la Convención señala que
La
Comisión declarará inadmisible toda petición o comunicación …
cuando:
(…)
b.
no exponga hechos que caractericen una violación de los derechos
garantizados por esta Convención;
c.
resulte de la exposición del propio peticionario o del Estado
manifiestamente infundada la petición o comunicación o sea
evidente su total improcedencia, y …
A.
Con relación al artículo 8 de la Convención
26.
En el asunto bajo examen, el peticionario alegó que el Estado
hondureño violó las garantías judiciales de sus representadas debido
a que el tribunal de apelaciones conoció y dio lugar a la excepción
perentoria de pago (artículo 1421 del Código Civil) opuesta por SANAA.
Según el denunciante, la excepción planteada por el Estado fue opuesta
en forma extemporánea, al no haberla invocado en el primer escrito, en
el que alegó defensas previas por falta de legitimación del demandante,
sino en el memorial en el que, con posterioridad, contestó la demanda.
27.
El Estado, por su parte, respaldó la decisión de la Corte
Suprema de Justicia que, en su sentencia de última instancia, señaló
que era
[e]vidente
que el Juzgador [Corte de Apelaciones) no ha incurrido en la aplicación
indebida del Artículo 1421 del Código Civil por cuanto de los
antecedentes vistos y examinados consta que la parte demandada en el
escrito de la contestación de la demanda… opuso la excepción de
pago como pretensión de fondo de haberse extinguido la obligación de
pago hecho sobre lo reclamado …[11]
28. La Comisión advierte que en el presente
asunto, la discusión se centra en un tema procesal referido a la
oportunidad en que se planteó la excepción de pago. La Comisión nota
que el presente asunto tiene características similares a otro en el que
este mismo órgano advirtió que “[e]l peticionario plantea[ba] a la
CIDH un desacuerdo con la interpretación que los tribunales… dieron a
ciertas normas procesales internas.[12]”
En esa oportunidad, la Comisión señaló que “[c]orrespond[ía] a los
tribunales nacionales interpretar las leyes procesales internas y la
CIDH no [tenía] competencia para determinar cuál [era] la interpretación
correcta de las normas locales, a menos que la interpretación misma
constituya una violación de la Convención.[13]” Como
en el referido caso, la Comisión considera que en el presente asunto,
la interpretación de normas procesales realizada por las autoridades
judiciales hondureñas no constituye una violación a la Convención
Americana.
29. De igual forma, la Comisión considera que en
la substanciación de la demanda en sede interna, ambas partes gozaron
de amplias e iguales posibilidades para sustentar su posición dentro de
un proceso tramitado con arreglo a las garantías señaladas en el artículo
8(1) y 8(2), en lo pertinente, de la Convención. En consecuencia, de
conformidad con el artículo 47(b) de la Convención Americana, la CIDH
concluye que los hechos alegados por el peticionario respecto a la
violación del artículo 8 de la Convención no caracterizan violaciones
a las garantías judiciales tuteladas por la referida disposición.
B.
Con relación al artículo 4 de la Convención
30. El peticionario también denunció la violación
al artículo 4 de la Convención Americana por el fallecimiento de las
personas que perecieron al desplomarse el muro de SANAA y por la falta
de indemnización por esas pérdidas.
31. El Estado alegó ante el órgano
jurisdiccional hondureño que el único hecho, de los aducidos por la
parte demandante, que aceptaba era el referido a que
[e]n
fecha 14 de octubre de 1991 ocurrió un accidente en la colonia Divanna
de Comayaguela, en el lugar conocido como el callejón del filtros de el
SANAA, en el que fallecieron las siguientes personas: Bessy Margarita
Martínez Alvarez y Blanca Rosa Sánchez Rodríguez, al derrumbarse un
muro de ladrillo rafón propiedad del Servicio Autónomo Nacional de
Acueductos y Alcantarillados “SANAA”, por causa fortuita, debido a
las fuertes lluvias que azotaban a la capital en ese entonces,
provocando la muerte de las personas antes mencionadas … en tal
sentido se acepta tal circunstancia ya que de ninguna manera se
intentaba poner en riesgo la vida de las personas que pasaban por dicho
lugar”[14]
32. También ante el órgano jurisdiccional
hondureño, como ante la Comisión, el Estado reconoció haber pagado la
suma de Lps. 16.800.00 por concepto de indemnización por la muerte de
las personas que perecieron a raíz del desplome del muro. La Corte
Suprema de Justicia de Honduras, en sentencia de última instancia, señaló
[Q]ue
del examen hecho al fallo impugnado es evidente que el juzgador no ha
incurrido en aplicación indebida del artículo 1.421 del Código Civil
por cuanto de los antecedentes vistos y examinados consta que la parte
demandada en el escrito de la contestación de la demanda … opuso la
excepción de pago como pretensión de fondo de haberse extinguido la
obligación por el pago hecho sobre lo reclamado, el cual acreditó con
medios probatorios… [15]
33. La protección internacional de los derechos
humanos es, como lo señala el preámbulo de la Convención Americana,
“coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de
los Estados americanos”. El sistema interamericano de protección de
los derechos humanos consta de un ámbito nacional y otro internacional.
Si un caso concreto no es solucionado a nivel del primero, la Convención
prevé, entonces, que opere el segundo en el que los órganos
principales son esta Comisión y la Corte Interamericana de Derechos
Humanos.
34. Por otra parte, la Comisión tiene presente
que, tanto en el plano doméstico como el internacional, existen
diversas formas de reparar las violaciones a los derechos humanos. La
pertinencia de esas múltiples formas de reparación depende de las
especiales circunstancias en que suceden las alegadas violaciones y,
especialmente en el nivel interno, del tipo de jurisdicción que se
acciona para lograr la reparación.
35. En el presente asunto, las reclamantes
accionaron la vía contenciosa administrativa, a través de la cual
pidieron que el Estado pague una indemnización por un hecho de características
no dolosas, carente de contenido criminal, cuya responsabilidad se le
imputó.
36.
Al margen de estas consideraciones, no existe ninguna evidencia
en el trámite substanciado ante la CIDH de que el consentimiento de las
reclamantes hubiese estado viciado cuando aceptaron el monto de Lps.
16.800.00, reconocido como indemnizatorio por la jurisdicción interna a
la que acudieron, justamente con fines de reparación económica por la
muerte de sus familiares. A esto se suma que las reclamantes, para hacer
valer sus pretensiones, accionaron la jurisdicción interna en todas sus
instancias y que la Comisión no considera que en dicho proceso se
hubiesen violado las garantías reconocidas por el artículo 8 de la
Convención. Estas
especiales circunstancias llevan a la CIDH a concluir que en el asunto
bajo examen la pretensión y su disputa se solucionaron en el ámbito
interno. En consecuencia, de conformidad con el artículo 47(c) de la
Convención Americana, la Comisión encuentra que la alegación sobre la
violación al derecho protegido por el artículo 4 de la Convención
carece de fundamento.
V.
CONCLUSIÓN
37.
La Comisión ha establecido que la petición se enmarca en las
previsiones contenidas en el artículo 47(b) y (c) de la Convención
Americana, por lo cual, concluye que la petición es inadmisible.
38.
Con fundamento en los argumentos de hecho y de derecho antes
expuestos,
LA
COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,
DECIDE:
1. Declarar inadmisible la presente
petición.
2. Notificar esta decisión al
peticionario y al Estado.
3. Publicar esta decisión e
incluirla en su Informe Anual a la Asamblea General de la OEA.
Dado
y firmado en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
en la ciudad de Washington, D.C., a los 27 días del mes de febrero de
2002. Firmado: Juan Méndez
E., Presidente; Marta Altolaguirre, Primera Vicepresidenta; José
Zalaquett, Segundo Vicepresidente; Robert K. Goldman, Julio Prado
Vallejo y Clare K. Roberts, Comisionados.
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