B.       El Estado

29.     Inicialmente, el Estado haitiano alegó que no puede responder por las violaciones de derechos humanos cometidas por el gobierno de facto que se sucedieron entre el 30 de septiembre de 1991 y el 14 de octubre de 1994, ya que los autores deben responder personalmente por sus actos. [27]   Sin embargo, tal alegato no fue sostenido durante el resto del procedimiento, ya que posteriormente acreditó la existencia de procesos judiciales, investigaciones y órdenes de arresto relacionados con el asesinato del señor Malary que se encontraban pendientes ante los tribunales, los cuales habrían sido iniciados al retornar el gobierno constitucional al país. [28]

30.     El Estado reconoció la existencia de un retardo excesivo en el proceso, mas indicó que ello se debía a las enormes dificultades que enfrentaba el Estado; obstáculos de tipo técnico y económico, y el hecho de que muchos de los testigos temen por su seguridad. [29]

31.     Respecto al juicio de los dos implicados, el Estado alegó que las autoridades competentes actuaron de manera adecuada y conforme a las obligaciones establecidas en la Convención Americana para procurar un juicio imparcial.  Señaló que si bien existieron algunos problemas en la preparación de la acusación realizada por el Estado, ésta no es atribuible a la Fiscalía, ya que, por lo menos en el caso del señor Robert Lecorps, el expediente fue preparado en un solo día por abogados norteamericanos asistentes de los peticionarios, no por el Fiscal del Ministerio Público.

32.     El Estado sostuvo que las tres personas detenidas, además de haber sido objeto de órdenes de detención por la ejecución del señor Malary, también fueron detenidos por otros delitos.  En concreto, uno de ellos fue detenido, enjuiciado y condenado por tentativa de robo de vehículo y, el otro por tentativa de homicidio y posteriormente fue dejado en libertad por dictársele sobreseimiento respecto a este delito. [30]

33.     En relación con la participación de agentes del Estado en el homicidio del señor Malary, el Estado ha reconocido que al menos dos agentes policiales estaban al tanto del plan de asesinato del señor Malary.  Uno de ellos, agente de seguridad del Ministerio de Justicia, llamado Charles Avril, habría intentado comunicar al Ministro Malary sobre el plan de su asesinato, pero habría sido impedido de ello por un agente policial del Servicio Anti-gang. [31]   Este último, de acuerdo a los últimos alegatos del Estado, guarda prisión actualmente, y el primero, habría sido asesinado junto con el señor Malary, ya que iba en el vehículo al momento del ataque.  El Estado alegó que el señor Charles Avril, agente de seguridad, habría sido un testigo clave en la resolución del caso Malary, ya que éste estuvo al tanto de los planes para asesinar al señor Malary.  Sin embargo, dicho testigo fue asesinado junto a la víctima. [32]   Igualmente, el Estado manifestó que el día del asesinato habían attachés y policías del Servicio Anti-gang que velaban por la seguridad de los asesinos y que en lugar de proteger al Ministro, la Policía había protegido a los asesinos. [33]

34.     Asimismo, el Estado indicó que los expedientes de Jackson Joanis, Emmanuel Constant y Michel François, tenían relación con los individuos antes mencionados, ya que éstos se encontraban bajo su mando en el Servicio Anti-Gang, [34] y que estos tres individuos estaban vinculados con el asesinato del señor Malary.

35.     Adicionalmente, indicó que existía un mandato del juez de instrucción contra el señor Morissaint y que la razón por la que el mismo no había sido ejecutado eran las dificultades en la búsqueda de dicho individuo. [35]

36.     Con relación a la parcialidad del jurado que dictó el veredicto absolutorio de dos inculpados por la muerte del señor Malary, el Estado reconoció la existencia de varias irregularidades en la elección del jurado, entre otras, la presencia de un número inferior del requerido por la ley durante el juicio del señor Lecorps, lo cual fue pasado por alto por el juez de la causa. [36] Sostuvo que las once personas consideradas como sospechosas enfrentaron juicios por contumacia o rebeldía, y que, por haber partido al exilio no habían podido ser juzgadas, pero que existían mandatos judiciales en su contra. [37]

37.     Con relación al recurso de apelación interpuesto por el Fiscal del Ministerio Público tras la absolución de las dos personas inculpadas, el Estado afirmó que el mismo fue presentado a tiempo y fue rechazado en octubre de 1996 con base en aspectos procesales.  Agregó que la ley haitiana establece que cuando un jurado emite un veredicto, la Corte de Casación no puede revisar el contenido de dicha decisión, sino únicamente comprobar si ésta fue emitida conforme a derecho. [38]

38.     Respecto a los documentos haitianos confiscados por Estados Unidos, el Estado haitiano alegó que aceptaría su devolución únicamente si fuere completa, es decir, sin modificación alguna. [39] El Estado haitiano sostiene que no ha rechazado la oferta hecha por Estados Unidos de entregar los documentos, ya que éstos determinarían la resolución y el avance del proceso penal, pero que éstos son documentos haitianos y por lo tanto pertenecen en su totalidad a Haití.

39.     En fecha 2 de febrero de 2000, [40] el Estado haitiano informó a la CIDH que se había presentado una denuncia ante la Oficina del Comisario asignado al Tribunal de Primera Instancia de Puerto Príncipe en contra de una persona desconocida.  Esta denuncia había sido remitida a la Oficina de Instrucción (Cabinet d'Instruction) para el trámite correspondiente y la identificación de la persona desconocida, antes de dictar la decisión en el plazo previsto en el Código de Instrucción Criminal haitiano.  Asimismo, informó que el encargado de la Oficina del Comisario responsable de dos expedientes de personas inculpadas por el homicidio del señor Malary, había sido víctima de un robo efectuado en su automóvil en el cual se encontraban los expedientes y nunca habían sido encontrados.  No fue sino hasta el 6 de enero de 2000 que los expedientes habían sido reconstruidos y confiados al Juez. 

40.     Asimismo, el Estado indicó que el examen de los documentos que actualmente se encuentran en poder de los Estados Unidos constituye una pieza clave que permitirá el rápido avance del juicio. [41] Añadió que Haití se encuentra saliendo de un período de dictadura y como consecuencia de ello, son muchos los obstáculos que debe superar; pero que a pesar de ello, está trabajando en diversos frentes por el respeto de los derechos humanos.  Un ejemplo de ello es el proyecto de reforma judicial, la creación de la “Comisión Nacional de Verdad y Justicia”, y el establecimiento de una Brigada Criminal en el Ministerio de Justicia para investigar los crímenes y las desapariciones cometidas durante la dictadura. [42]

41.     Finalmente, el Estado indicó que el caso Malary se encuentra abierto en la jurisdicción interna y que no ha podido evacuarse por dificultades ajenas a la voluntad de los funcionarios.

IV.      ANÁLISIS DE DERECHO

A.      Observaciones Preliminares

42.     Inicialmente, el Estado alegó que no podía responder por las violaciones de derechos humanos cometidas por el gobierno de facto que se sucedieron entre el 30 de septiembre de 1991 y el 14 de octubre de 1994, ya que los autores deberían responder personalmente por sus actos. [43] No obstante, la Comisión recuerda al Estado haitiano que el sistema de protección interamericano de derechos humanos tiene como objeto, inter alia, establecer las responsabilidades de los Estados por las violaciones de derechos humanos cometidas bajo su jurisdicción y no de establecer la responsabilidad individual por dichas violaciones.  Asimismo, que de acuerdo con el principio de continuidad del Estado, la responsabilidad internacional existe en forma independiente de los cambios de gobierno, [44] por tanto, Haití es susceptible de responsabilidad internacional por las violaciones de derechos humanos cometidas por cualquier gobierno, sea anterior o actual, independientemente del régimen que éste pudiera tener, sea de jure o de facto.

43.     Con el objeto de seguir el orden cronológico en que sucedieron los hechos, se presentará en primer lugar el análisis sobre el derecho a la vida, luego a las garantías judiciales y  a la protección judicial, y finalmente, el deber de los Estados de respetar los derechos establecidos en la Convención y de adoptar disposiciones de derecho interno acordes a las normas de la Convención.

B.       Derecho a la vida (artículo 4)

44.     El artículo 4 de la Convención Americana estipula que “toda persona tiene derecho a que se respete su vida” y que “nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente”.  Tal derecho no es derogable, ni siquiera en situaciones de emergencia, de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte y la práctica de la Comisión. [45]  

45.     La Comisión observa que el Estado acepta que existió participación de agentes  del Estado en el homicidio del señor Malary.  Este hecho, por lo demás, está debida y suficientemente establecido mediante los diferentes medios probatorios, testimoniales y documentales, que fueron recogidos en el trámite del presente caso ante la Comisión.

46.     En cuanto a la participación de agentes del Estado en el asesinato de la supuesta víctima, los peticionarios han sostenido que: a) los informes de los testigos oculares de la emboscada y del tiroteo; b) el uso de las armas de asalto que solamente disponen las fuerzas militares, c) la presencia de oficiales del Servicio Anti-gang en el sitio del asesinato, y d) la similitud de la ejecución con otros asesinatos políticos constituyen pruebas de la participación de agentes del Estado en el asesinato de la supuesta víctima. Los peticionarios alegan que estas pruebas de la participación del Estado haitiano indican que ha violado sus obligaciones de respetar el derecho a la vida en virtud del  artículo 4 de la Convención Americana.

47.     Por otra parte, el Estado ha reconocido que al menos dos agentes policiales estaban al tanto del plan de asesinato del señor Malary.  Uno de ellos, agente de seguridad del Ministerio de Justicia, Charles Avril, habría intentado comunicar al Ministro Malary sobre el plan de su asesinato, pero habría sido impedido de ello por un agente policial del Servicio Anti-gang. [46]   Este último, de acuerdo a los últimos alegatos del Estado, guarda prisión actualmente, y el primero habría sido asesinado junto con el señor Malary, ya que iba en el vehículo al momento del ataque.  Asimismo, el Estado indicó que las tres personas contra quienes se había emitido orden de captura estaban vinculados con el asesinato del señor Malary y tenían relación con los mencionados agentes de seguridad ya que éstos se encontraban bajo su mando en el Servicio Anti-gang. [47]

48.     Igualmente, el Estado reconoció la posible vinculación del Servicio Anti-gang con el asesinato del señor Malary y el encubrimiento de los asesinos en la escena del crimen.  En concreto, en la audiencia del 5 de marzo de 1999 celebrada ante la Comisión, el representante del Estado haitiano [48] expresó que “el día del asesinato, habían attachés y policías del Servicio Anti-gang que velaron por la seguridad de los asesinos y (…) la policía, en lugar de proteger al Ministro Guy Malary, protegió a los asesinos”, evidenciando con ello claramente una participación de los agentes de seguridad militares y agentes del Servicio Anti-gang en el encubrimiento del asesinato del señor Guy Malary.

49.     Las alegaciones de los peticionarios reafirman, a su vez, estos hechos reconocidos por el Estado al señalar que cuando llegaron los observadores de la MICIVIH, la guardia policial armada con ametralladoras había rodeado el lugar del crimen.  La policía impidió a los observadores de la MICIVIH acercarse al vehículo en que fue asesinada la supuesta víctima durante más de una hora.  Asimismo, señalaron que los observadores notaron también que el Comandante del Servicio Anti-gang estaba supervisando la redada de temerosos testigos.

50.     Por tanto, tras el examen de los hechos anteriormente expuestos, la Comisión observa que no hay controversia entre las partes respecto a la existencia de una participación por parte de los agentes del Estado en el asesinato del señor Guy Malary.  Las partes difirieron en cuanto al grado de complicidad que dichos agentes tuvieron en el hecho, lo cual no pudo ser esclarecido por no haberse llevado a término el proceso judicial que hubiera podido determinar la identidad de los perpetradores y de los autores intelectuales.  No obstante, el acervo probatorio que cursa ante la CIDH relativo al encubrimiento del asesinato del señor Malary, y su planificación, lo cual ha sido reconocido por el Estado, permite a la Comisión determinar que hubo participación de al menos algunos agentes del Servicio Anti-gang y de las fuerzas armadas.

51.     La Corte Interamericana ha manifestado anteriormente que para establecer que se ha producido una violación del derecho a la vida, no se requiere determinar, como ocurre en el derecho penal interno, la culpabilidad de sus autores o su intencionalidad, pues “es suficiente la demostración de que ha habido apoyo o tolerancia del poder público en la infracción de los derechos reconocidos en la Convención”. [49]

52.     En el presente caso, tras el examen de la información suministrada por las partes, la Comisión considera que el Estado es responsable por los actos de sus agentes así como por los actos perpetrados por los individuos que contaron con su complicidad para posibilitar y encubrir la ejecución del señor Malary en violación de su derecho a no ser arbitrariamente privado de su vida.  Por ello, la Comisión concluye que el Estado haitiano es responsable por la violación del derecho a la vida del señor Guy Malary, previsto en el artículo 4(1) de la Convención Americana.

C.      Derecho a las Garantías Judiciales (artículo 8)

53.     El derecho a un juicio justo constituye uno de los pilares fundamentales de una sociedad democrática.  Este derecho es una garantía básica del respeto de los demás derechos reconocidos en la Convención, debido a que representa un límite al abuso del poder por parte del Estado.  Los órganos de la Convención Americana son competentes, de conformidad con el artículo 33 de la misma, para determinar si las acciones u omisiones de cualquier órgano del Estado, incluyendo el Poder Judicial, comprometen la responsabilidad de aquel en función de las obligaciones internacionales asumidas de buena fe al ratificar la Convención Americana.

54.     Así, la Comisión está plenamente facultada para examinar, por ejemplo, si en el curso de un proceso penal se respetaron las garantías judiciales establecidas en el artículo 8 de la Convención.  La determinación de si un proceso judicial satisface los requisitos del artículo 8 debe hacerse sobre la base de las circunstancias particulares de cada caso y examinando el proceso en su totalidad.  Conforme lo expuesto, la Comisión examinará varios aspectos que han sido alegados por los peticionarios.  En primer lugar, la obligación de llevar a cabo un proceso judicial en un "plazo razonable" y en segundo lugar, la obligación de establecer tribunales o jueces imparciales.

a.       Derecho a un plazo razonable (artículo 8(1))

55.     El inciso 1º del artículo 8 señala específicamente la obligación de los Estados de llevar a cabo los procesos judiciales dentro de un "plazo razonable" para evitar dilaciones indebidas que se traduzcan en privación o denegación de justicia.

56.     En relación con el cómputo del plazo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha aplicado la noción de "análisis global del procedimiento", según la cual, para determinar su razonabilidad, se deben incluir las demoras ocurridas en las diversas etapas del proceso en su conjunto. [50]

57.     En el presente caso, la CIDH nota que los peticionarios y el Estado se han referido a 11 personas contra quienes se dictaron órdenes de arresto por estar presuntamente implicadas en la ejecución del señor Malary, de las cuales, solamente dos de ellas han sido juzgadas por la autoridad judicial competente y se ha dictado un veredicto que tiene el carácter de definitivo en octubre de 1996.  En el análisis siguiente, la Comisión se referirá al retraso en el procesamiento y decisión definitiva por la muerte del señor Malary relativo a las nueve personas restantes contra quienes se ha dictado una orden de detención y otras personas desconocidas que también están siendo investigadas.  

58.     Con relación al plazo razonable para dictar una decisión en el caso, los peticionarios alegaron que las limitaciones presupuestarias y de otro tipo del sistema judicial haitiano no justifican el retraso en la investigación del presente caso.  Por otra parte, el Estado no negó que existió un retraso en la investigación llevada a cabo.  No obstante, ha señalado que el retraso ha sido justificado en razón de que hay varios sospechosos en el exilio; las dificultades en su búsqueda y en la recolección de otras pruebas como los documentos confiscados por Estados Unidos; y el proceso de reconstrucción en que se encuentra el país después de la dictadura militar.

59.     La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido tres elementos que se deben tomar en cuenta para la determinación de la razonabilidad del plazo en el cual se desarrolla el proceso: i.- la complejidad del asunto; ii.- la actividad procesal del interesado; y iii.- la conducta de las autoridades.

i.        La complejidad del asunto

60.     Con relación a la complejidad del caso, la CIDH estima que si bien el procedimiento no presentaba una complejidad jurídica particular, el tribunal haitiano pudo llegar a tener dificultades en la compilación del material probatorio.  La CIDH considera que la presencia de numerosos inculpados y sospechosos no puede por sí misma convertir el caso en particularmente complejo. [51] Sin embargo, la CIDH considera que el procedimiento penal que se desarrolla en Haití se volvió complejo a partir del momento en que los inculpados contra quienes se dictaron órdenes de detención salieron del país, lugar en donde se cometió el crimen. [52] El Estado haitiano solicitó la extradición de una de estas personas al Gobierno de Estados Unidos; sin embargo, según los alegatos de los peticionarios, esta solicitud fue rechazada.  La CIDH considera que los procedimientos de extradición presentan una relativa complejidad, tomando en consideración que es de la competencia de dos o más Estados. [53]   El Estado haitiano, en el cual ocurrieron los hechos que se investigan, se podría encontrar en la imposibilidad de hacer comparecer a los inculpados y de proceder a interrogarlos, a lo cual se agregan las dificultades burocráticas.

61.     Asimismo, con relación a la documentación de las fuerzas militares y policiales haitianas que presuntamente planearon y efectuaron el asesinato del señor Malary, los peticionarios y el Estado alegaron que fueron confiscados por Estados Unidos y que actualmente se encuentran en su poder.  La CIDH considera que la obtención de esta documentación, --que tanto el Estado como los peticionarios reconocieron la posibilidad de que sea crucial para la investigación de los hechos--, tornó complejo el proceso penal.

62.     En efecto, los peticionarios han señalado que el Gobierno de los Estados Unidos tiene en su poder 160.000 documentos relativos a la organización militar FRAPH y el FAd’H, y que el Estado haitiano hizo una solicitud oficial para la devolución de dichos documentos con motivo del procedimiento penal.  En 1996, el Embajador de los Estados Unidos en Haití, William Swing, informó que en respuesta a dicha solicitud, se daría acceso a los documentos, con la condición de que en éstos se editaría la lista de los nombres de los ciudadanos estadounidenses que participaron en el FRAPH o FAd’H.  El Estado haitiano se negó a aceptar los documentos modificados, y exigió consistentemente la devolución de los documentos en su forma original.  No obstante, los peticionarios consideran que esta actitud del Estado ha tenido como consecuencia que la información esencial para el arresto de los asesinos del señor Malary no esté disponible. [54]   El Estado haitiano sostiene que no ha rechazado la oferta hecha por Estados Unidos de entregar los documentos, ya que éstos determinarían la resolución y el avance del proceso penal, pero que éstos son documentos haitianos y por lo tanto pertenecen en su totalidad a Haití.

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