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INFORME
Nº 13/02
ADMISIBILIDAD
PETICIÓN
11.171
TOMÁS
LARES CIPRIANO
GUATEMALA
27
de febrero de 2002[1]
I.
RESUMEN
1.
El 24 de junio de 1993,
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante la
“Comisión” o la “CIDH”) recibió una denuncia presentada por la
Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala y por el International
Human Rights Law Group (en adelante “los peticionarios”) en la
que se alegó la responsabilidad del Estado de Guatemala (en adelante
“el Estado”, “Guatemala” o “el Estado guatemalteco”) por la
violación, en perjuicio de Tomás Lares Cipriano o Tomás Cipriano
Lares (en adelante “la presunta víctima”) de los derechos tutelados
en los artículos 4 (derecho a la vida), 5 (derecho a la integridad
personal), 7 (libertad individual), 8 (garantías judiciales), 16 (libertad
de asociación) y 25 (protección judicial) de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos (en adelante la “Convención Americana”), en
conjunción con la obligación genérica del Estado de respetar y
garantizar los precitados derechos, establecida en el artículo 1(1) del
mencionado instrumento.
2.
En fecha 9 de agosto de 2000, el Estado guatemalteco, a través
del Presidente de la República, Dr. Alfonso Portillo, reconoció
responsabilidad institucional en diez casos sometidos a la CIDH, entre
ellos el presente.
3.
Tras analizar los argumentos de las partes, el cumplimiento de
los requisitos de admisibilidad y el reconocimiento de responsabilidad
estatal, la Comisión decidió declarar admisible la presente petición
conforme a las disposiciones contenidas en los artículos 46 y 47 de la
Convención Americana.
II.
TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN
A.
Apertura y Trámite de la Petición
4.
La petición fue presentada a la CIDH el 24 de junio de 1993. La
Comisión procedió a darle trámite bajo el número 11.171,
transmitiendo las partes pertinentes de la misma al Estado en fecha 25
de junio. El 28 de octubre, el Estado remitió a la Comisión información
sobre la denuncia.
5.
En fecha 26 de octubre los peticionarios remitieron a la CIDH
información ampliatoria, cuyas partes pertinentes fueron trasladadas al
Estado el 5 de noviembre. El 3 de diciembre, el Estado solicitó a la
Comisión una prórroga para presentar sus observaciones a la información
proporcionada por los peticionarios. En fecha 17 de enero de 1994, la
Comisión atendió positivamente la solicitud de prórroga y el 17 de
febrero recibió la información del Estado.
6.
El 7 de marzo, la CIDH trasladó las observaciones del Estado
guatemalteco a los peticionarios y les requirió que presentaran las
suyas, las que fueron suministradas a la Comisión el 15 de abril y
trasladas al Estado el 9 de mayo.
7.
En fecha 13 de junio, el Estado volvió a solicitar una prórroga
a la CIDH para enviar sus observaciones a la información suministrada
por los peticionarios. La Comisión comunicó al Estado, en fecha 15 de
junio, que le otorgaba una prórroga de 30 días y, el 5 de agosto, que
el plazo concedido había sido superado, advirtiéndole que de no
recibir la información requerida, aplicaría la presunción de
veracidad dispuesta en el artículo 42 del Reglamento de la CIDH.[2]
8.
El 22 de agosto de 1994, el Estado envió a la CIDH la información
solicitada, la cual fue puesta en conocimiento de los peticionarios el
15 de septiembre. Estos últimos, en fecha 23 de enero de 1995,
solicitaron una prórroga para enviar sus observaciones. En fecha 2 de
marzo de 1995 la CIDH otorgó a los peticionarios 30 días de prórroga.
En fecha 25 de enero 1995 los peticionarios remitieron sus observaciones
a la CIDH, la cual les dio traslado al Estado el 8 de mayo. El Estado
remitió sus observaciones en fecha 11 de julio.
9.
En fecha 9 de diciembre de 1998, la Comisión volvió a solicitar
información tanto al Estado como a los peticionarios. En respuesta a
ese requerimiento, el Estado solicitó una prórroga en fecha 20 de
enero de 1999. El 6 de febrero el Estado solicitó una nueva prórroga a
la Comisión para proporcionarle información. La CIDH rechazó el
pedido del Gobierno en fecha 9 de abril y el 25 de mayo le exhortó a
enviar la información requerida.
10.
El Estado remitió información a la Comisión el 16 de junio. A
su vez, el 7 de julio de 1999 los peticionarios solicitaron a la CIDH
pronunciarse sobre el fondo del asunto planteado.
B.
Procedimiento de Solución Amistosa
11.
El 17 de junio de 1996, la CIDH se puso a disposición de las
partes con miras a que el asunto fuera sometido al procedimiento de
solución amistosa. En fecha 17 de julio, los peticionarios comunicaron
a la CIDH su desacuerdo con que el asunto fuera resuelto por esa vía.
La Comisión puso en conocimiento del Estado la posición de los
peticionarios en fecha 24 de julio. En fecha 26 de julio, el Estado
manifestó que estudiaría la propuesta formulada por la Comisión y que,
más adelante, informaría su decisión de someterse o no al
procedimiento de solución amistosa. En fecha 9 de febrero de 1998, los
peticionarios manifestaron su voluntad de que el asunto fuera sometido a
un arreglo de solución amitosa. Esta
posición fue hecha conocer por la CIDH al Gobierno guatemalteco el 16
de febrero de ese mismo año. El 30 de marzo de 1999 el Estado envió
una comunicación a la CIDH aclarando que aún no pronunciaría su
decisión de acogerse o no a la solución amistosa. La Comisión comunicó
esta posición a los peticionarios en fecha 30 de abril y les solicitó
sus observaciones al respecto. Los peticionarios, en fecha 20 de mayo,
solicitaron una prórroga a la Comisión, la misma que les fue concedida.
En fecha 9 de marzo de 2000 los peticionarios reiteraron a la CIDH su
voluntad de que el asunto fuera resuelto por medio de un arreglo
amistoso, con lo que la Comisión, en fecha 24 de marzo, decidió, una
vez más, ponerse a disposición de las partes para este fin.
C.
Reconocimiento de Responsabilidad del Estado.
12.
En fecha 9 de agosto de 2000, el Gobierno de Guatemala,
representado por el Presidente de la República, Dr. Alfonso Portillo,
reconoció
[l]a
responsabilidad institucional del Estado que deviene por el
incumplimiento impuesto por el artículo 1 (1) de la Convención
Americana de respetar y garantizar los derechos consagrados en la
Convención … respecto de las personas o casos siguientes:
(…)
3.
Tomas Lares Cipriano (CIDH 11171)
(…)
[e]l
Gobierno guatemalteco acept[ó] el acaecimiento de los hechos
constitutivos que dieron lugar a la presentación de las denuncias ante
la Comisión…y se oblig[ó] a emprender negociaciones sobre tales
casos.[3]
III.
POSICIÓN DE LAS PARTES
A.
Posición de los Peticionarios
13.
Los peticionarios alegaron en su comunicación inicial que, en
fecha 19 de febrero de 1993, tres mil miembros originarios de varios
cantones de la cabecera municipal de Joyabaj, departamento del Quiché,
incluido el señor Tomás Lares Cipriano, presentaron ante diversas
autoridades civiles su renuncia a los comités voluntarios de
autodefensa.[4] En el documento que contiene la renuncia, los firmantes
expresaron:
[1].
Que desde la década de los 80 hemos venido prestando el servicio en la
Patrulla Civil sin ganar ningún salario, hoy llamado “Comité
Voluntario de Defensa Civil”, lo que en la práctica es totalmente
obligatorio en nuestras comunidades; porque los Jefes de los Patrulleros,
comisionados militares de nuestras comunidades, quienes actúan bajo la
dirección del destacamento militar de nuestro municipio nos dicen que
si no formamos parte de la Patrulla Civil, somos guerrilleros y que
debemos de abandonar nuestras viviendas, que llevemos a nuestros hijos a
la montaña, de lo contrario algún día nos asesinarán.
2.
Además nos obligan los jefes de la Patrulla Civil pasarle leña al
destacamento militar … por medio de las amenazas e intimidaciones es
decir para salvar nuestras vidas hemos estado participando en la
Patrulla Civil…
(…)
4.
Ante esta situación tan difícil ya nos tienen tan cansados, por lo que
hemos tomado la decisión de renunciar a la Patrulla Civil, amparándonos
en el artículo 34 de la Constitución Política de la República que
dice literalmente en su segundo párrafo: NADIE ESTÁ OBLIGADO A
ASOCIARSE NI A FORMAR PARTE DE GRUPOS O ASOCIACIONES DE AUTODEFENSA O
SIMILARES…[5]
14.
La renuncia se hizo pública en diferentes medios de comunicación,
entre otros El Gráfico, edición de 24 de febrero de 1993 Prensa Libre, edición de 25 de febrero de 1993, Siglo
Veintiuno, ediciones de 25 y 26 de febrero de 1993.[6]
15.
El 26 de marzo del mismo año se presentaron a la Oficina de
Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala los señores Tomás Lares
Cipriano, Diego Lares, Marcos Ambrosio Sacarías, Manuel Ambrosio Sacarías
y Domingo Gutiérrez a informar sobre las amenazas proferidas en su
contra por parte de miembros de las patrullas de autodefensa civil del
municipio de Joyabaj. Las amenazas fueron una respuesta a la renuncia a
los comités de autodefensa. En esa misma oportunidad, el señor Tomás
Lares Cipriano y sus acompañantes manifestaron que, también, habían
sido amenazados de ser expuestos a serias consecuencias –lo que según
los peticionarios constituye amenaza de muerte- en caso de no asistir a
una manifestación de patrulleros civiles organizada para el día 28 de
marzo de 1993 y que para ese efecto se levantaría una lista con los
nombres de los inasistentes a quienes se acusaría de ser miembros de
organizaciones vinculadas con la Unidad Revolucionaria Nacional
Guatemalteca.
16. La gravedad de
la denuncia impulsó a la Oficina de Derechos Humanos
del Arzobispado de Guatemala a presentar un recurso de habeas
corpus con fines preventivos ante la Corte Suprema de Justicia en favor
de Tomás Lares Cipriano y demás personas que renunciaron a la Patrulla
de Autodefensa Civil de Joyabaj. En el referido recurso, los
peticionarios solicitaron al órgano jurisdiccional:
[q]ue
se garantice la integridad física de los miembros de las patrullas de
autodefensa que renunciaron a formarlas, en virtud de las amenazas que
se les han proferido …
que
inmediatamente se tomen las medidas necesarias para proteger la vida, la
integridad y la libertad de dichas personas.
Que
se ordene al juez competente se constituya en el Municipio de Joyabaj
… el domingo 28 de marzo … y constate que no se practiquen
detenciones ilegales ni amenazas en contra de aquellas personas que se
nieguen a ser parte del servicio de Patrullas de Autodefensa Civil …
17.
El 30 de abril, aproximadamente a las 11:30 horas, según un
comunicado del Comité de Unidad Campesina (CUC), Tomás Lares Cipriano
“fue emboscado y cobardemente asesinado con 6 balazos (2 balas en la
mano izquierda, 1 bala en el pecho, 1 bala entre los ojos, 1 bala en la
cabeza) le cortaron la oreja derecha y le quebraron la cabeza y se la
cortaron”.[7]
De acuerdo al protocolo de necropsia médico forense practicada
posteriormente, en fecha 29 de junio de 1993, por la Dra. Lissette García
de Crocker, las causas de la muerte de Tomás Lares Cipriano fueron
atricción cerebral, fractura multifragmentaria de cráneo, heridas por
proyectil de arma de fuego y herida corto-contundente en el cuello.[8]
18. En el comunicado del CUC se mencionó
[Q]ue
el Comandante General de las PAC (de Joyabaj) Leonel Nogales, ha dado órdenes
para secuestrar al Sr. Tomás
Lares Cipriano … Al mismo tiempo, los Sres. Catarino Juárez y Santos
Chich Us, primero y segundo jefe de las PAC del cantón de Chorraxaj,
sacaron listados de todos los vecinos que se encuentran organizados a
nivel de cooperativas, actividades religiosas y organizaciones populares
…[9]
19.
El 19 de mayo de 1993, cuando el asesinato de Tomás Lares
Cipriano ya era un hecho de conocimiento público,[10]
la oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala fue
notificada con la resolución de 11 de mayo de 1993 pronunciada por el
Lic. Roderico Haroldo López Robles, titular del Juzgado Segundo de
Primera Instancia Penal del Quiché, dentro del recurso de habeas corpus
incoado por los peticionarios. En el recurso, que fue declarado SIN
LUGAR, se señaló que “los presuntos ofendidos no se encuentran en la
situación contemplada en el artículo 82 del Dto. 1-86 de la Asamblea
Nacional Constituyente [y] que no fueron localizados en ningún lugar”.
20.
En la información adicional y en las observaciones a los
informes presentados por el Estado en el curso del trámite instaurado
ante la CIDH, los peticionarios manifestaron que en fecha 20 de mayo de
1993, el señor Diego Lares Ambrosio había presentado una querella
formal contra Próspero Leonel Ogaldez García, Santos Chich Us,
Catarino Juárez, Diego Granillo Juárez, Santos Tzi y Gaspar López
Chiquiaja, como supuestos responsables del asesinato del señor Tomás
Lares Cipriano.
21.
Los peticionarios también informaron que los patrulleros de
autodefensa civil habían impedido la realización de la autopsia médico
legal[11]
y que por ello se había solicitado al Juzgado Segundo de Primera
Instancia del Quiché la práctica de la exhumación y necropsia del cadáver,
diligencias efectuadas el 29 de junio de 1993. En cuanto a la
reconstrucción de los hechos, los peticionarios manifestaron que la
amenaza de una emboscada por parte de los miembros de las patrullas de
autodefensa era la verdadera razón por la cual no se había practicado
esta diligencia y no así la expuesta por el Estado en la que se atribuyó
al mal tiempo la falta de realización de la referida diligencia.[12]
22.
Los peticionarios también señalaron que en fecha 29 de julio de
1993 se decretó orden de arresto contra los sindicados, pero que
solamente se hizo efectiva la detención de Catarino Juárez
y Gaspar López Chiquiaja y que Próspero Leonel Ogaldez García
se había presentado voluntariamente al Juzgado Segundo de Instrucción
del Quiché. A tiempo de rendir sus declaraciones indagatorias, los
mencionados individuos negaron ser miembros de las autodefensas,
vinculación que, según los peticionarios, estaba debidamente
acreditada, documental y testificalmente, en los obrados y también de
manera pública. La autoridad judicial sólo tomó en cuenta las
declaraciones de los sindicados y de los testigos propuestos por ellos,
dejando de lado otros elementos probatorios. Como resultado de ello, el
juez decidió no revocar los autos de libertad simple y bajo caución
juratoria emitidos en favor de Próspero Leonel Ogaldez García y
Catarino Juárez, respectivamente. Con relación a Gaspar López
Chiquiaja, los peticionarios informaron que el juez había decretado su
libertad, a pesar de los testimonios contradictorios de diferentes
testigos. Según los peticionarios, la parte acusadora no tuvo
oportunidad de examinar apropiadamente a los testigos de descargo y,
además, se suscitaron otras anomalías de carácter procesal.[13]
23.
En cuanto a la orden de captura contra Santos Chich Us, Diego
Granillo Juárez y Santos Tzi, emitida el 29 de julio de 1993, los
peticionarios informaron que no se hizo efectiva, no obstante que dichos
individuos permanecían en sus comunidades. Para los peticionarios, la
razón por la cual no se ejecutó dicho mandamiento radicó en el temor
de las autoridades policiales a las amenazas proferidas en su contra por
los miembros de la Zona Militar Nº 20. Según los denunciantes, el Jefe
de la Policía del Quiché habría manifestado que prefería ir a la cárcel
por desobediencia a que lo matasen.
24.
Los peticionarios también manifestaron que en enero de 1994, tomó
posesión en el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Quiché un
nuevo juez, pues el anterior había sido destituido por acusaciones de
corrupción. Señalaron también que los archivos del juzgado habían
sido incendiados el 19 de enero, y que el juez había denunciado que el
siniestro pudo haber sido provocado por miembros de las patrullas y que
él mismo era objeto de amenazas por parte de dichos individuos. Los
peticionarios añadieron que el Ejército de Guatemala y, especialmente,
el Comandante de la Zona Militar Nº 20 de Quiché tienen participación
como autores intelectuales y encubridores de los hechos acaecidos.
25.
Por último, los peticionarios agregaron que el Estado no había
realizado las gestiones necesarias para dar cumplimiento a las órdenes
de aprehensión[14]
pendientes por más de seis años contra tres de los principales
sindicados por la muerte de Tomás Lares Cipriano, y que dicho
incumplimiento constituía una omisión imputable al Estado que le
generaba responsabilidad internacional al producir denegación de
justicia.
B.
Posición del Estado
26.
En su respuesta inicial, el Estado de Guatemala manifestó que
una investigación había sido abierta bajo el proceso Nº 79-93 ante el
Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal de Instrucción y que en ella
se encontraban pendientes de practicar diversas acciones encaminadas a
esclarecer el hecho. Asimismo, informó que se había instruido al
Ministerio de Defensa Nacional y al Ministerio Público que realizacen
las investigaciones del caso e impulsasen el proceso.[15]
27.
Posteriormente, el Estado brindó información más detallada e
indicó que de acuerdo a sus primeras investigaciones, había
establecido que el señor Tomás Lares Cipriano había renunciado a las
Patrullas de Autodefensa Civil en fecha 26 de marzo de 1993 y que el día
28 del mismo mes había participado de una manifestación organizada con
el fin de que se disolvieran dichas organizaciones, motivo por el cual
recibió amenazas de muerte por los miembros de dichas agrupaciones.[16]
28.
En cuanto a las diligencias judiciales, el Estado informó que el
1° de mayo de 1993 el Juez de Paz del municipio de Joyabaj había
dictado auto de instrucción ordenando la averiguación de los hechos y
solicitando a la Policía Nacional que se iniciaran las investigaciones
necesarias. El 3 de mayo del mismo año, el referido juez se inhibió de
seguir conociendo el caso por haber perdido competencia sobre el mismo y
elevó los autos al Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal de
Instrucción. En fecha 12 de mayo, el Ministerio Público se apersonó
al proceso a instancia de una denuncia formulada por el hijo de señor
Tomás Lares Cipriano.
29.
Asimismo, el Estado informó que en fecha 20 de febrero de 1993,
el señor Domingo Lares Ambrosio había planteado una querella contra
Santos Chich Us, Leonel Ogaldes y Catarino Juárez,[17]
a raíz de la cual el juez dictó auto de instrucción, con lo que el
Ministerio Público se volvió a apersonar luego de ser notificado con
la querella. Posteriormente se cumplió con una serie de diligencias
procesales[18]
hasta que la parte acusadora solicitó
que se dictase auto de prisión en contra de Leonel Ogaldez García,
Santos Chich Us, Catarino Juárez, Diego Granillo Juárez, Santos Tzi y
Gaspar López Chiquiaja. El 3 de agosto fue detenido Catarino Juárez,
en esa misma fecha prestó su declaración indagatoria y dos días después,
el 5 de agosto, luego de escuchados los testimonio de los testigos de
descargo, fue puesto en libertad provisional por falta de motivo
suficiente para la prisión provisional. En fecha 9 de agosto,
Próspero Leonel Ogaldez García se presentó en forma voluntaria
a prestar declaración. Luego de escuchar a los testigos de descargo, el
juez dispuso su libertad simple al no encontrar motivos suficientes para
pronunciar auto de prisión. El Ministerio público interpuso recurso de
apelación contra las resoluciones que concedieron la libertad de los
sindicados. La Corte de Apelaciones confirmó las resoluciones
anteriores con la adición de disponer el arraigo de Catarino Juárez.
En cuanto a Gaspar López Chiquiaj, el Estado informó que éste fue
capturado por orden judicial el 17 de octubre de 1993 y luego puesto a
disposición del tribunal. El 21 de octubre la autoridad judicial, luego
de oír las declaraciones del sindicado y de los testigos propuestos por
él, dispuso su libertad provisional. Esta decisión fue impugnada por
el Ministerio Público en fecha 22 de octubre y la Corte de Apelaciones
acogió esa impugnación revocando el auto de libertad provisional, por
lo que el juez de la causa debía ordenar su regreso a prisión.
30.
En otra comunicación,[19]
el Estado rectificó, ante la observación de los peticionarios, que la
renuncia de Tomás Lares Cipriano a las Patrullas de Autodefensa Civil
se produjo el 19 y no el 26 de febrero de 1993. También señaló que la
autopsia del cadáver había sido ordenada por el Juez de Paz y que no
se realizó porque los Alcaldes Auxiliares del Cantón Chorraxaj se
opusieron y los hijos del fallecido, junto a una multitud de 400
personas armadas con machetes, impidieron el traslado a la morgue.[20]
Por ello, con posterioridad, se exhumó el cuerpo y se le practicó una
necropsia. En cuanto a la reconstrucción de los hechos, el Estado señaló
que la misma no se había realizado debido al mal tiempo.[21]
31.
En cuanto a los otros sindicados que fueron puestos en libertad,
el Estado señaló que se obró de acuerdo a la legalidad y sana crítica
en atención a los elementos puestos en conocimiento de las autoridades
judiciales. Del mismo modo, señaló que era necesario que los
reclamantes aportasen pruebas al proceso y que dicha investigación era
el canal previsto por la legislación guatemalteca para la realización
de la justicia de conformidad al nuevo Código Procesal Penal.
Seguidamente, el Estado invocó el artículo 37 del (anterior)
Reglamento de la CIDH, indicando que los reclamantes debían, primero,
agotar los recursos previstos en la jurisdicción interna a través del
debido proceso.
32.
Con relación a las órdenes de captura libradas contra Santos
Chich Us, Diego Granillo Juárez y Santos Tzi, el Estado informó que se
había solicitado al Ministerio de Gobernación y a la Dirección
General de la Policía Nacional que procediera a la captura de los antes
mencionados y que se los remitiera al juez de la causa.
33.
Respecto a la información proporcionada por los peticionarios[22]
sobre un incendio ocurrido en los archivos del juzgado que conocía la
causa, el Estado informó que se había instruido el proceso
identificado con el No. 127-94 en el que se ordenó la averiguación
sumaria correspondiente en la Fiscalía General y que las
investigaciones estaban siendo realizadas por la Dirección General de
la Policía Nacional.
34.
En posteriores comunicaciones remitidas a la CIDH, el Gobierno
manifestó que el 10 de mayo de 1995 el Juzgado Primero de Primera
instancia Penal de Huehuetenango había dictado auto de procesamiento
contra Santos Chich Us dentro de la causa 758-93 por el delito de
asesinato contra Tomás Lares Cipriano y que, después de agotados los
procedimientos correspondientes, el 5 de noviembre de 1996 se había
condenado al referido individuo a 28 años de prisión inconmutables. La
sentencia quedó firme luego de que el 4 de diciembre de 1996 la Sala
Novena de Apelaciones declaró la inadmisibilidad de un recurso de
apelación especial presentado por la defensa del condenado.
35.
Asimismo, el Estado informó que las órdenes de aprehensión
emanadas el 30 de julio de 1993 y reiteradas el 6 de mayo de 1995 contra
otros cuatro sindicados de la muerte de Tomás Lares Cipriano se
encontraban pendientes de cumplimentar. En fecha 28 de diciembre de
1998, el Estado, a través de la Comisión Presidencial de Derechos
Humanos, reiteró a la Dirección General de la Policía Nacional la agilización para que se ejecutasen las órdenes de
captura en contra de Diego Granillo Juárez, Santos Tzit y Gaspar López
Chiquiaj.
36.
En la información suministrada por el Estado a la CIDH en fecha
24 de agosto de 1999, el Gobierno guatemalteco reiteró que los recursos
internos no se habían agotado y solicitó a la Comisión no tomar en
cuenta las apreciaciones de los peticionarios en sentido de que el
retardo en la ejecución efectiva de las órdenes de aprehensión
emitidas contra tres de los sindicados constituía una excepción al
requisito del agotamiento de los recursos internos de acuerdo a la
premisa de que los procedimientos en el ámbito interno evidenciaban
denegación de justicia. El Estado aseguró que realizaba los mayores
esfuerzos para dar con las personas requeridas en las órdenes de
aprehensión.
37.
En fecha 9 de agosto de 2000, en ciudad de Guatemala, con la
presencia del Presidente y Secretario Ejecutivo de la CIDH, el
Presidente de la República, Dr. Alfonso Portillo, expresó que su
Gobierno
[r)econoce
la responsabilidad institucional del Estado que deviene por el
incumplimiento impuesto por el artículo 1 (1) de la Convención
Americana de respetar y garantizar los derechos consagrados en la
Convención … respecto de las personas o casos siguientes:
…
3.
Tomas Lares Cipriano (CIDH 11171)
…
El
reconocimiento anterior se fundamenta en la omisión incurrida por el
Estado en cuanto a su obligación de garantizar a las personas el
disfrute y respeto de sus derechos fundamentales, conforme a la
Constitución Política de Guatemala, la Convención Americana de
Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales suscritos y
ratificados por Guatemala…
[e]l
Gobierno guatemalteco acepta el acaecimiento de los hechos constitutivos
que dieron lugar a la presentación de las denuncias ante la Comisión…y
se obliga a emprender negociaciones sobre tales casos.
IV. ANÁLISIS
SOBRE ADMISIBILIDAD
38.
La Comisión considera que el reconocimiento de responsabilidad
institucional del Estado implica la aceptación tácita sobre la
procedencia de la admisibilidad de la petición. Sin perjuicio de lo
anterior, en aras del principio de seguridad jurídica, pasa a analizar
los requisitos de admisibilidad exigidos por la Convención Americana en
la presente petición.
39.
La Comisión tiene competencia ratione
materiae para conocer la presente petición
porque en ella se denuncian violaciones a derechos protegidos en la
Convención Americana.[23]
40.
La Comisión tiene competencia ratione
personae para conocer la presente petición porque tanto la
naturaleza de los peticionarios como la de la presunta víctima
satisface los requerimientos señalados, respectivamente, en los artículos
44 y 1(2) de la Convención.
41.
La CIDH tiene competencia ratione
temporis para conocer la presente petición por cuanto la obligación
de respetar y garantizar los derechos protegidos en la Convención
Americana ya se encontraba en vigor para el Estado en la fecha en que
habrían ocurrido los hechos alegados en la petición.
42.
Finalmente La Comisión tiene competencia ratione
loci para conocer la presente petición por cuanto en ella se alegan
violaciones de derechos que habrían tenido lugar dentro de la
jurisdicción del Estado denunciado.
B.
Requisitos de Admisibilidad
1.
Agotamiento
de los recursos internos
43.
La Comisión advierte que en el presente asunto los peticionarios
y el Estado se refirieron a dos tipos de procesos tramitados en la
jurisdicción interna guatemalteca. El primero de ellos fue el recurso
de habeas corpus presentado, con fines preventivos, por la Oficina de
Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala el 26 de marzo de 1993 y
resuelto el 11 de mayo del mismo año. El segundo proceso, de naturaleza
penal, se inició con las
primeras diligencias ordenadas y el auto de instrucción dictado por el
Juez de Paz de Joyabaj el 1° de mayo de 1993. Desde el 3 de mayo de ese
mismo año, los autos fueron elevados al Juzgado Segundo de Primera
Instancia Penal de Instrucción.
44.
El artículo 46(1)(a) de la Convención Americana establece que
para que una petición pueda ser admitida, se requerirá “que se hayan
interpuesto y agotado los recursos de la jurisdicción interna, conforme
a los principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos”.
Como ya lo dijo la Corte, estos {principios} no se refieren sólo a la
existencia formal de tales recursos, sino también a que éstos sean
adecuados y efectivos… Que sean adecuados significa que la función de
estos recursos, dentro del sistema de derecho interno, sea idónea para
proteger la situación jurídica infringida”.[24]
Por su parte, un recurso eficaz es el que permite producir el resultado
para el que ha sido concebido.[25]
45.
El artículo 263, párrafo primero, de la Constitución de
Guatemala, invocado dentro del recurso de habeas corpus presentado en
favor de la presunta víctima, señala que
Quien
se encuentre ilegalmente preso, detenido o cohibido de cualquier otro
modo del goce de su libertad individual, amenazado de la pérdida de
ella … tiene derecho a pedir su inmediata exhibición ante los
tribunales de justicia, ya sea con el fin de que se le restituya o
garantice su libertad, se hagan cesar los vejámenes o termine la coacción
a que estuviere sujeto.
46. La Comisión
observa que el recurso de habeas corpus
presentado en fecha 26 de marzo de 1993 y declarado sin lugar en
fecha 11 de mayo del mismo año, once días después de que la muerte de
Tomás Lares Cipriano fuera hecha pública por diferentes medios de
comunicación, fue planteado, justamente, con el fin de precautelar no sólo
su libertad, sino también su vida e integridad personal.
47.
En una oportunidad anterior, la Corte Interamericana de Derechos
Humanos expresó que:
[E]s
esencial la función que cumple el habeas corpus como medio para
controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir
su desaparición … así como para protegerla contra la tortura u otros
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.[26]
48. En consecuencia,
la Comisión considera que el recurso de habeas
corpus presentado por la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado
de Guatemala era el recurso provisto por la legislación guatemalteca
que resultaba adecuado para proteger tanto la libertad individual de Tomás
Lares Cipriano como también su vida e integridad personal.
49. Asimismo, la
CIDH observa que el recurso de habeas corpus fue presentado y resuelto
en la jurisdicción interna antes de que los peticionarios presentaran
su denuncia ante el órgano regional, lo que no fue objetado tácita ni
expresamente por el Estado en ninguna de sus comunicaciones enviadas a
la Comisión. En consecuencia, la CIDH considera, con relación a este
procedimiento, que fueron agotados los recursos de la jurisdicción
interna.
50. El Estado, en
cambio, en tres oportunidades, opuso expresamente ante la CIDH la
excepción referida a la falta de agotamiento de los recursos internos
con relación al proceso penal incoado a raíz de la muerte de Tomás
Lares Cipriano.
51.
El Estado indicó en sus últimas comunicaciones[27]
que en fecha 5 de noviembre de 1996, dentro de la causa 758-93, se había
dictado sentencia condenatoria de 28 años de privación de libertad
contra el procesado Santos Chich Us por el asesinato de Tomás Lares
Cipriano y que la condena quedó firme el 4 de diciembre del mismo año.
También informó que las órdenes de aprehensión emitidas el 30 de
julio de 1993 y reiteradas el 6 de mayo de 1995,[28] contra otros cuatro sindicados por la muerte de Tomás
Lares Cipriano se encontraban pendientes de cumplimentar, no obstante
que la Comisión
Presidencial de Derechos Humanos había reiterado a la Dirección
General de la Policía Nacional la agilización para que se ejecuten las
mismas.
52. Posteriormente,
el Gobierno guatemalteco reiteró que los recursos internos no se habían
agotado y solicitó a la Comisión no tomar en cuenta las apreciaciones
de los peticionarios en el sentido de que el retardo en la ejecución
efectiva de las órdenes de aprehensión emitidas contra tres de los
sindicados daba paso a la inaplicabilidad de la regla de agotamiento de
los recursos internos, pues el Estado estaba realizando los mayores
esfuerzos para dar con las personas requeridas en las referidas órdenes
de aprehensión. Sostuvo, también, que el hecho de que no se hubiera
podido materializar la detención de los mismos no significaba que el
Estado no hubiera mostrado voluntad ni compromiso de investigar y
sancionar a quienes resulten responsables de los hechos.
53. Los
peticionarios, a su turno, manifestaron a la Comisión que el
incumplimiento de las órdenes de aprehensión, emitidas el 30 de julio
de 1993 y reiteradas el 6 de mayo de 1995, constituye una omisión
imputable al Estado que le genera responsabilidad al producir denegación
de justicia. Asimismo, los peticionarios señalaron una serie de hechos
para demostrar que las investigaciones en el ámbito policial y judicial
no fueron conducidas de manera seria a fin de conseguir resultados
efectivos y que dichos hechos, más bien, perpetuaron una investigación
en la que desde 1993 no se ha logrado aprehender a tres de los
principales sospechosos de la muerte de Tomás Lares Cipriano.
54. La Comisión ha
tomado nota de que uno de los sindicados por la muerte de Tomás Lares
Cipriano, Santos Chich Us, fue condenado a 28 años de privación de
libertad en noviembre de 1996. Sin embargo, también ha tomado nota de
que la captura del resto aún no se ha hecho efectiva, no obstante que
las órdenes judiciales para ese efecto fueron emitidas el 29 de julio
de 1993 y reiteradas en 5 mayo de 1995. Asimismo, la Comisión tiene
presente que la investigación penal en contra de los demás presuntos
responsables de la muerte de Tomás Lares Cipriano fue iniciada el 1°
de mayo de 1993 con el auto de instrucción dictado por el Juez de Paz
del municipio de Joyabaj.
55. La Comisión
nota que los argumentos presentados por el Gobierno para desvirtuar la
imputación formulada por los peticionarios, en el sentido de que las
acciones emprendidas por los órganos del Estado respecto al resto de
los sindicados son ineficaces y dilatorias, no son suficientemente
contundentes para convencerla de que dichas medidas hubieran ido,
verdaderamente, más allá de un simple formalismo.
56. En consecuencia,
la Comisión considera, como lo hizo en un anterior caso sometido a su
conocimiento,[29]
que la investigación criminal que se lleva a cabo desde hace más de
ocho años en contra del resto de los sindicados no ha avanzado más allá
de una etapa inicial, lo que la lleva a concluir, sin que esto
constituya un prejuzgamiento sobre las alegadas violaciones a los artículos
8 y 25 de la Convención, que el proceso penal ha estado sujeto a
demoras no imputables a la parte accionante; por lo tanto, de
conformidad al artículo 46(2)(c) de la Convención, rechaza la excepción
planteada por el Estado respecto a que no fueron agotados los recursos
de la jurisdicción interna.
57.
Los peticionarios plantearon desde su comunicación inicial que
el Estado había violado el artículo 16 (libertad de asociación) de la
Convención. En el transcurso del procedimiento ante la Comisión, el
Estado no refutó esa alegación. Es más, en fecha 9 de agosto de 2000,
el Estado guatemalteco, a través de su Presidente, reconoció
responsabilidad institucional en el asunto sub
examine y aceptó el acaecimiento de los hechos constitutivos de
violación a la Convención Americana que dieron lugar a la presentación
de la denuncia ante la Comisión.
58.
Del mismo modo, la Comisión observa que respecto a la violación
de este derecho, el Estado no alegó expresamente, ni de ningún otro
modo, la falta de agotamiento de los recursos internos. La Corte
Interamericana ha señalado en el caso de la Comunidad Mayagna (Sumo)
Awas Tingni que “para oponerse válidamente a la admisibilidad … el
Estado debía haber invocado de manera expresa y oportuna la regla de no
agotamiento de los recursos internos”.[30]
En cuanto a la oportunidad, la misma Corte ha señalado que “[L]a
excepción de no agotamiento de los recursos internos, para ser oportuna,
debe plantearse en las primeras etapas del procedimiento, a falta de lo
cual podrá presumirse de la renuncia tácita a valerse de la misma por
parte del Estado interesado”.[31]
En consecuencia, la CIDH concluye que el Estado guatemalteco no ha
opuesto la excepción que ocupa el presente análisis, habiendo
renunciado tácitamente a la misma al no haberla invocado expresa y
oportunamente en ninguna de las comunicaciones dirigidas a la Comisión.
2.
Plazo de presentación de la petición
59.
Conforme al artículo 46(1)(b) de la Convención Americana, la
regla general es que una petición debe ser presentada en el plazo de
seis meses que se cuentan “a partir de la fecha en que el presunto
lesionado en sus derechos haya sido notificado de la decisión
definitiva”. Conforme al artículo 32(2) del Reglamento de la Comisión,
el plazo del artículo 46(1)(b) no se aplica cuando hay excepciones a la
regla del previo agotamiento de los recursos. En tal supuesto, el
Reglamento prevé que la petición debe ser presentada dentro de un
plazo razonable, tomando en cuenta la fecha de la presunta violación y
las circunstancias especiales del caso.
60.
Con relación al procedimiento de habeas corpus, la denuncia fue
presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 24 de
junio de 1993, vale decir menos de un mes después de que los
peticionarios hubieran sido notificados de la resolución de habeas
corpus pronunciada el 11 de mayo de ese mismo año. Por lo tanto, la
petición fue presentada dentro del plazo establecido en el artículo
46(1)(b) de la Convención, por lo que la Comisión es competente para
conocer de ella.
61.
Con relación a la investigación penal, como ya lo manifestó la
Comisión en una oportunidad anterior, [e]n vista de la ausencia de una
sentencia final en el presente caso, las determinaciones indicadas en la
sección precedente sobre recursos internos, y las aserciones de los
peticionarios de que el caso involucra una denegación continuada de
justicia, se requiere que la Comisión determine si la petición fue
presentada dentro de un tiempo razonable en las circunstancias específicas.[32]
62.
La Comisión, durante el procedimiento substanciado ante ella, ha
recibido en repetidas y continuas oportunidades alegaciones de parte de
los peticionarios sobre presuntas irregularidades, dilaciones e inacción
en las investigaciones penales iniciadas a raíz del asesinato de Tomás
Lares Cipriano, por lo que considera que las denuncias sobre este
particular aspecto de la petición han sido presentadas en un plazo
razonable.
63.
En cuanto a la oportunidad de la presentación de la denuncia
sobre la presunta violación al derecho de asociación, la Comisión
considera que, sobre dicho aspecto, también se cumplió el presupuesto
del plazo razonable, en el entendido de que dicha alegación fue
invocada en la petición original, es decir dentro de los seis meses de
sucedidos los hechos contra Tomás Lares Cipriano.
C.
Duplicación de procedimientos y cosa juzgada
64.
No surge del expediente que la materia de la petición se
encuentre pendiente de otro procedimiento internacional, ni que
reproduzca una petición ya examinada por este u otro órgano
internacional, por lo que corresponde dar por cumplidos los requisitos
establecidos en los artículos 46(1)(c) y 47(d) de la Convención.
D.
Caracterización de los hechos alegados
65.
La Comisión considera que las alegaciones relativas a la violación
del derecho a la vida, integridad personal, garantías judiciales,
derecho de asociación y protección judicial formuladas por los
peticionarios podrían caracterizar violación de los derechos
garantizados en los artículos 4, 8, 16 y 25 de la Convención
Americana, en conjunción con la obligación genérica del Estado de
respetar y garantizar los precitados derechos, establecida en el artículo
1(1) del mencionado instrumento.
66.
En relación con la alegada violación del artículo 5 (integridad
personal) de la Convención Americana, la Comisión hace notar que los
peticionarios no alegaron actos específicos de tortura o tratamiento
inhumano que se hubieran cometido en contra de la presunta víctima
antes de ser asesinada. Tampoco el informe elaborado por la médico
forense revela que la mutilación de la oreja derecha y otras heridas
sufridas por Tomás Lares Cipriano hubieran sido infligidas antes de que
se le quitara la vida. En consecuencia, la Comisión, de conformidad con
el artículo 47(c) de la Convención, considera que la alegación
respecto a la violación de este derecho en particular es infundada.
67.
Con relación a la alegada violación del artículo 7 (libertad
personal) de la Convención Americana, la Comisión hace notar que los
peticionarios, en su denuncia, señalaron que Tomás Lares Cipriano fue
emboscado y luego, asesinado.[33]
No existe ningún indicio en el expediente tramitado ante la CIDH de que
el occiso hubiera sido privado de su libertad personal antes de ser
asesinado. En consecuencia, la Comisión, de conformidad con el artículo
47(c) de la Convención, considera que la alegación respecto a la
violación de este derecho en particular es infundada.
68.
La Comisión concluye que tiene competencia para conocer de la
presente petición y que ésta es admisible, de conformidad con los artículos
46 y 47 de la Convención Americana, respecto a los derechos tutelados
en los artículos 4, 8, 16 y 25 de la Convención e inadmisible respecto
a los artículos 5 y 7 de dicho instrumento.
69.
Con fundamento en los argumentos de hecho y de derecho antes
expuestos, y sin prejuzgar sobre el fondo de la cuestión,
LA
COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,
DECIDE:
1. Declarar admisible el presente caso, en lo referido a las
presuntas violaciones de los artículos 4, 8, 16, 25 y 1(1) de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos.
2.
Declarar inadmisible el presente caso, en lo referido a las
presuntas violaciones de los artículos 5 y 7 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos.
3.
Continuar con el análisis de fondo de la cuestión.
4.
Publicar esta decisión e incluirla en su Informe Anual a la
Asamblea General de la OEA.
Dado
y firmado en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
en la ciudad de Washington, D.C., a los 27 días del mes de febrero de
2001. (Firmado): Juan E. Méndez, Presidente; José Zalaquett, Segundo
Vicepresidente; Comisionados Robert K. Goldman, Julio Prado Vallejo y
Clare K. Roberts.
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[24]
Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia de 29 de julio de
1988. Serie C Nº 4, párrs. 63-64; Caso Godínez Cruz, Sentencia de
20 de enero de 1989. Serie C No. 5, párrs. 66-67; Caso Fairén
Garbi y Solís Corrales, Sentencia de 15 de marzo de 1989. Serie C
No. 6, párrs. 87-88.
[30]
Corte IDH, Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni,
Excepciones Preliminares, Sentencia de 1º de febrero de 2000, Serie
C No. 67 párrs. 54 y 55.
[31]
Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez, Excepciones Preliminares,
Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie C Nº 1, párr. 88; Caso Godínez
Cruz, Excepciones Preliminares, Sentencia de 26 de junio de 1987.
Serie C Nº 3, párr. 90; Caso Fairén Garbi y Solís Corrales,
Excepciones Preliminares, Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie C
Nº 2, párrs. 87; Caso Loayza Tamayo, Excepciones Preliminares,
Sentencia de 31 de enero de 1996. Serie C Nº 25, párr. 40.
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