IV.          ANÁLISIS

A.          Competencia de la Comisión

45.          En sus observaciones sobre la petición de los peticionarios, Estados Unidos específicamente refuta la autoridad de la Comisión para determinar, en contra del Estado, violaciones de la Declaración Americana. En opinión del Estado, la Declaración “no es más que una recomendación para los Estados americanos que no crea obligaciones con fuerza legal y en consecuencia no puede ser ‘violada’”.

46.          Sin embargo, la posición del Estado no considera la práctica y la jurisprudencia de hace mucho tiempo del sistema interamericano de derechos humanos, de conformidad con las cuales la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre es una fuente de obligaciones internacionales para los Estados Unidos y otros Estados miembros de la OEA que no son parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.[20] Se considera que estas obligaciones fluyen tanto de las obligaciones en materia de derechos humanos de los Estados miembros en virtud de la Carta de la OEA,[21] las cuales los Estados Miembros han acordado que están contenidas y definidas en la Declaración Americana,[22] como del status jurídico consuetudinario de los derechos protegidos de conformidad con muchas de las disposiciones centrales de la Declaración[23]. Como fuentes de obligación legal, resulta conveniente para la Comisión referirse a las violaciones de los derechos de conformidad con la Declaración Americana al momento de dar cumplimiento al mandato que le fuera otorgado por Estados Unidos y otros Estados miembros de la OEA de conformidad con los artículos 18 y 20 del Estatuto de la Comisión[24] para garantizar la observancia de tales derechos por parte de los Estados miembros. Por ello, la Comisión rechaza el alegato del Estado en el sentido de que la Declaración Americana no puede ser objeto de violaciones, y reafirma el principio bien establecido de que la Declaración constituye una fuente de obligaciones internacionales para los Estados miembros de la OEA.

47.          En la petición que actualmente se encuentra bajo consideración, los peticionarios han alegado que Estados Unidos es responsable de haber violado los derechos de cada una de las presuntas víctimas de conformidad con algunos o todos los artículos V, VI, VII, XVIII y XXV de la Declaración Americana. Estados Unidos es un Estado miembro de la OEA, habiendo depositado su instrumento de ratificación de la Carta de la OEA el 19 de junio de 1951, y los acontecimientos descritos en la petición se produjeron con posterioridad a la ratificación por parte del Estado de la Carta de la OEA. Las presuntas víctimas son personas naturales, y la petición fue presentada por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, Gibbs, Houston, Pauw, y el Centro por los Derechos Humanos y la Justicia, que tienen autorización para presentar peticiones ante la Comisión de conformidad con el artículo 23 del Reglamento de la Comisión. La Comisión es, por lo tanto, competente para examinar esta petición.

B.           Admisibilidad de la petición

48.          Antes de proceder con su análisis sobre la admisibilidad de la presente petición, la Comisión considera ilustrativo hacer un resumen de las reclamaciones formuladas por los peticionarios y las presuntas víctimas en relación con las cuales dichas reclamaciones son formuladas. Un examen de la petición y de los documentos de respaldo indica que los peticionarios han planteado las siguientes cuatro reclamaciones en relación con algunas o todas las presuntas víctimas:

(a)                       Violaciones de los derechos de las tres presuntas víctimas a la vida familiar y de protección especial a la infancia, de conformidad con los artículos V, VI y VII de la Declaración Americana, debido a que fueron objeto de deportación obligatoria sin consideración alguna de factores atenuantes tales como la unidad familiar;

(b)           Violaciones de los derechos de Mario Alfredo Lares-Reyes y Samuel Segura de protección contra la detención arbitraria, de conformidad con el artículo XXV de la Declaración Americana, debido a la aplicación retroactiva de la definición ampliada de “delito agravado” a sus circunstancias;

(c)            Violaciones de los derechos de las tres presuntas víctimas a un juicio imparcial y al debido proceso, de conformidad con los artículos XVIII y XXV de la Declaración Americana, debido a que se les negó acceso a un tribunal de justicia y a un abogado defensor en el contexto de sus trámites de expulsión;

(d)           Violaciones de los derechos de Mario Alfredo Lares-Reyes y Samuel Segura a no ser detenidos arbitrariamente, de conformidad con los artículos I y XXV de la Declaración Americana, en razón de su detención por períodos prolongados antes de su expulsión de los Estados Unidos.

          1.          Agotamiento de los recursos internos

49.          El artículo 31 del Reglamento de la Comisión especifica que para que un caso sea admitido “la Comisión verificará si se han interpuesto y agotado los recursos de la jurisdicción interna, conforme a los principios del derecho internacional generalmente reconocidos”. No obstante, cuando por razones de hecho o de derecho los recursos internos no se encuentran disponibles, el interesado podrá ser excusado del cumplimiento de ese requisito. El artículo 31(2) del Reglamento de la Comisión especifica que esta excepción se aplica si no existe en la legislación interna del Estado en cuestión el debido proceso legal para la protección del derecho o los derechos que se alegan han sido violados, si a la parte que alega la violación se le ha denegado el acceso a los recursos internos o se le ha impedido agotarlos, o si ha habido un retraso injustificado en la decisión sobre los mencionados recursos.

50.          Además, cuando un peticionario alega la imposibilidad de comprobar el cumplimiento del requisito de agotar los recursos internos, el artículo 31(3) del Reglamento de la Comisión establece que corresponderá al Estado en cuestión demostrar que los recursos internos no han sido agotados, a menos que ello “se deduzca claramente del expediente”.  

51.          Como excepción preliminar, los peticionarios sostuvieron durante al audiencia ante la Comisión que, en vista de que el Estado no respondió a la petición en el plazo de 90 días prescrito en el marco del antiguo Reglamento de la Comisión, debería considerarse que ha renunciado a su derecho de objetar la admisibilidad de la petición, sobre la base del agotamiento de los recursos internos u otros argumentos.

52.          En este sentido, está bien establecido en la jurisprudencia del sistema interamericano que el requisito del agotamiento de los recursos internos es considerado como un medio de defensa y, como tal, susceptible de renuncia por parte de un estado, incluso tácitamente.[25] Además, la Comisión desea enfatizar la obligación de los Estados miembros de la OEA, tal y como se refleja en los artículos 18, 19 y 20 del Estatuto de la Comisión, de responder en la forma oportuna a las solicitudes de información de la Comisión. La Comisión ha confirmado previamente que a falta de una respuesta oportuna por parte de un Estado a una petición, la Comisión no está obligada a considerar cualquier posible impedimento a la admisibilidad de las reclamaciones de un peticionario que pueden haberse planteado adecuadamente por un Estado en relación con el agotamiento de los recursos internos.[26]

53.          Una vez consideradas las circunstancias del presente caso, incluyendo el hecho de que el Estado remitió una respuesta detallada a la petición antes de la audiencia ante la Comisión y que los peticionarios solicitaron la audiencia, en parte, como una oportunidad de escuchar la posición del gobierno sobre los temas planteados en la petición, la Comisión se niega a declarar que el Estado renunció  a su derecho de objetar la admisibilidad de la petición de los peticionarios y procederá a considerar las presentaciones de las partes sobre esta materia.

54.          El Estado en la presente cuestión ha objetado la admisibilidad de las reclamaciones de los peticionarios sobre la base de que las presuntas víctimas no han cumplido con  el requisito de agotamiento de los recursos internos. En particular, el Estado sostiene que ninguna de las tres presuntas víctimas procuró llevar adelante los mecanismos administrativos y judiciales de los que disponían en el contexto del proceso de inmigración, incluyendo el hecho de procurar la revisión de las decisiones del Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos en la Corte Suprema de los Estados Unidos. El Estado también objeta sobre la base de que las presuntas víctimas están en condiciones de interponer otras impugnaciones legales o constitucionales relativas a sus órdenes de expulsión, como aquellas interpuestas por el demandado en INS c. St. Cyr, las cuales las presuntas víctimas tampoco han agotado.

55.          En cuanto al primer argumento del Estado, tras considerar la información presentada a la misma, la Comisión concuerda con las alegaciones de los peticionarios en el sentido de que el mecanismo de apelación administrativa previsto en la legislación del INS no constituye un recurso eficaz para abordar en sustancia las reclamaciones formuladas en la petición ante esta Comisión. Queda claro a partir del expediente que en las apelaciones administrativas tanto ante la Junta de Apelaciones de Inmigración como ante los tribunales federales de los Estados Unidos, el tribunal en cuestión limita su revisión del caso de un solicitante a la determinación de si el delito o delitos por los que ha sido condenado el solicitante constituyen “delitos agravados” dentro del significado de la Ley INS. Si el tribunal estima que la definición ha sido satisfecha en las circunstancias del caso del solicitante, el tribunal simplemente desestima la apelación del solicitante o, en el caso de los tribunales federales, declara que no tiene competencia para atender la apelación del solicitante.[27] No hay oportunidad para que el solicitante presente, o para que el tribunal considere, alegaciones sustantivas de la naturaleza planteada ante la Comisión, como el argumento de que la detención continuada del solicitante es ilícitamente prolongada en contravención de los derechos humanos que le son propios en virtud de la legislación interna o el Derecho Internacional. En estas circunstancias, la Comisión no puede considerar los mecanismos de apelación administrativa de conformidad con la Ley INA y otra legislación aplicable que constituyan recursos eficaces dentro del significado del artículo 31 del Reglamento de la Comisión para las violaciones de la Declaración Americana alegadas en la presente petición.

56.          Con respecto al último argumento del Estado mencionado con anterioridad, la Comisión considera que las recientes decisiones de la Corte Suprema de los Estados Unidos en los casos de INS c. St. Cyr y Zadvydas c. Davis son pertinentes para el análisis de la presente petición, al tratar temas similares a aquellos que actualmente se someten a la consideración de la Comisión, y por lo tanto, requieren una mayor consideración en el contexto de la reclamación de los peticionarios.

57.          En particular, como se observó anteriormente, la Comisión entiende que la Corte Suprema de los Estados Unidos ha tomado tres decisiones pertinentes en estos dos casos. En primer lugar, en ambos casos la Corte Suprema confirmó que, aunque la Ley IIRIRA retiró la jurisdicción de apelación de los tribunales federales de los Estados Unidos de conformidad con la Ley INA para revisar las impugnaciones legales de los extranjeros que hubiesen incurrido en delitos con respecto a sus órdenes de expulsión, no suprimió la jurisdicción de habeas corpus de los tribunales de distrito de conformidad con la norma 28 U.S.C. 2241 para revisar las acciones administrativas.[28] Esto se mantuvo con el propósito de incluir la revisión de habeas corpus como un foro para cuestiones de derecho relativas a la aplicación retroactiva de la legislación de inmigración y para impugnaciones legales y constitucionales para la detención en casos de inmigración posterior al período de expulsión.[29]

58.          Adicionalmente, en el caso INS c. St. Cyr,[30] la Corte concluyó que la eliminación que hacía la Ley IIRIRA de cualquier posibilidad de reparación 212(c) no debería ser interpretada de manera que se aplica retroactivamente a las condenas penales registradas antes del 30 de septiembre de 1996, fecha de entrada en vigencia de la ley,[31] con el efecto de que la reparación 212(c) sigue a disposición de los extranjeros cuyas condenas fueron obtenidas a través de acuerdos negociados entre el fiscal y el acusado, y quienes, a pesar de dichas condenas, habrían sido elegibles para la reparación 212(c) en el momento de su acuerdo negociado de conformidad con la ley entonces vigente.[32]

59.          En tercer lugar, en el caso Zadvydas c. Davis,[33]  la Corte Suprema concluyó que la Ley IIRIRA no debería ser interpretada de modo que autoriza la detención indefinida, sino más bien debería ser interpretada de modo que autoriza la detención posterior al período de expulsión sólo por el período razonablemente necesario para garantizar la expulsión que, en opinión de la corte, era normalmente de 6 meses. Después de este período de 6 meses, una vez que el extranjero haya ofrecido una buena razón para creer que no existe probabilidad significativa de expulsión en un futuro razonablemente previsible, el Gobierno debe responder con pruebas suficientes para rebatir dicha presentación.[34]

60.          Resulta también evidente, a partir de la historia judicial de estos casos, que estas decisiones de la Corte Suprema de los Estados Unidos estuvieron precedidas de un amplio litigio en los tribunales federales en los Estados Unidos, y varios de dichos tribunales llegaron a las mismas conclusiones que las que finalmente fueron adoptadas por la instancia judicial más alta del país. Antes de la decisión de la Corte Suprema en INS c. St. Cyr, por ejemplo, cinco tribunales federales de apelaciones, incluso la decisión del segundo circuito que fue objeto de un auto de avocación dictado por la Corte Suprema, habían llegado a similares conclusiones con respecto a la disponibilidad del recurso de habeas corpus y el efecto no retroactivo de la Ley IIRIRA sobre la disponibilidad de “exenciones 212(c)”.[35] De forma similar, antes de la decisión de la Corte Suprema en Zadvydas c. Davis, diversos tribunales en el ámbito federal habían concluido que la detención prolongada o indefinida posterior al período de revisión de extranjeros era inconstitucional por ser una violación del debido proceso sustantivo o procesa.l[36] En consecuencia, está claro que temas similares a aquellos planteados ante esta Comisión fueron objeto de litigio activo, y en algunos casos exitoso, en los tribunales internos tras la fecha de entrada en vigencia de las enmiendas de la Ley IIRIRA. 

61.          La Comisión ha compartido previamente el punto de vista de la Corte Europea de Derechos Humanos en el sentido de que, de conformidad con los principios generales del Derecho Internacional, un peticionario no necesita agotar los recursos internos si las pruebas demuestran que dichos trámites serían evidentemente infructuosos o no tendrían ninguna posibilidad razonable de éxito.[37] Esto podría incluir, por ejemplo, circunstancias en las que una decisión de la instancia judicial más alta del Estado podría considerarse que probablemente conducirá a una apelación que, en base a argumentos del mismo o similar efecto que aquellos planteados ante la Comisión, será “evidentemente infructuosa”.[38]

62.          Al aplicar estos principios en el contexto del presente caso, la Comisión no puede hallar en el expediente sometido a su consideración fundamentos que justifiquen o excusen el hecho de que las presuntas víctimas no interpusieran recurso de habeas corpus ante los tribunales internos en relación con las reclamaciones que han planteado ante esta Comisión. Más específicamente, las pruebas presentadas ante la Comisión, incluso en particular las decisiones de la Corte Suprema discutidas anteriormente, sugieren que las presuntas víctimas tenían abierta la posibilidad razonable de interponer recursos de habeas corpus ante los tribunales federales de los Estados Unidos, de forma similar a la de Enrico St. Cyr, Kustutis Zadvydas y Kim Ho Ma. Por otra parte, es evidente que podía alegarse en el curso de estos trámites que las disposiciones de la Ley IIRIRA fueron aplicadas retroactivamente de modo que se negaba a las presuntas víctimas el beneficio de una “exención 212(c)” con respecto a las condenas previas a 1996, y que las presuntas víctimas fueron detenidas arbitrariamente en contravención de los artículos I y XXV de la Declaración Americana en razón de sus prolongados períodos de detención.

63.          Aunque la Comisión entiende que la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso Zadvydas c. Davis se ocupó específicamente de la detención posterior al período de expulsión, no es evidente que este hecho aislado eximiría a las presuntas víctimas de interponer un amparo constitucional a causa de una detención prolongada en otras etapas del proceso de inmigración. Por el contrario, en su decisión en Zavdydas c. Davis, la Corte Suprema basó sus decisiones en el principio bien establecido y extensamente aplicable de que la cláusula del debido proceso de la Quinta Enmienda Constitucional de los Estados Unidos prohíbe al gobierno privar a cualquier persona de la libertad sin el debido procedimiento legal y que la libertad de prisión bajo custodia del gobierno, detención u otras formas de limitación física yace en el núcleo de la libertad protegida por la cláusula del debido proceso. La Corte también se basó en su propia jurisprudencia previa que prohíbe la detención sin fines punitivos de las personas, incluso los extranjeros que hayan ingresado a los Estados Unidos, salvo en ciertas circunstancias limitadas en las que una justificación específica tiene mayor peso que el derecho constitucionalmente protegido de una persona de evitar la limitación física.[39] En este contexto, no puede afirmarse, basándose en la información disponible, que la opinión jurídica consolidada previa a las decisiones de la Corte Suprema con toda probabilidad habría imposibilitado cualquier recurso efectivo para las presuntas víctimas. De lo contrario, como ya se observó, el estado de la jurisprudencia era en el mejor de los casos incierto, y numerosos tribunales de los Estados Unidos decidieron en última instancia favorablemente sobre los mismos o similares temas a aquellos planteados por los peticionarios, mientras otros decidieron en contra. 

64.          La Comisión ha llegado a similares conclusiones con respecto a las reclamaciones presentadas en nombre de la señora Frost, el señor Lares-Reyes y el señor Segura en el sentido de que han sido objeto de deportación obligatoria sin consideración de circunstancias atenuantes tales como la unidad familiar, en violación de sus derechos a la vida familiar y de protección especial a la infancia de conformidad con los artículos V, VI y VII de la Declaración Americana. En primer lugar, la Comisión observa en este sentido que, según los peticionarios, las deportaciones del señor Segura y del señor Lares-Reyes se basaron en parte en sus admisiones de culpabilidad en juicio con respecto a ciertos delitos, que fueron formuladas antes del 30 de septiembre de 1996, fecha de la entrada en vigencia de la Ley IIRIRA. En vista de las decisiones de la Corte Suprema en el sentido de que la Ley INA no puede aplicarse en dichas circunstancias para privar a un extranjero del beneficio de una “exención 212(c)”, la Comisión considera que una solicitud de habeas corpus ante los tribunales federales también podría haber proporcionado a los señores Lares-Reyes y Segura, como ocurrió con el señor St. Cyr, un foro en el que plantear las circunstancias atenuantes de estos casos, incluso aquellas relativas a los artículos V, VI y VII de la Declaración. Los peticionarios mismos han indicado que la concesión de una exención de esta naturaleza implica una consideración de la gravedad y antigüedad del delito, el peligro que el solicitante representa para la comunidad, los lazos familiares, la antigüedad de la residencia en los Estados Unidos, la prueba de su rehabilitación y otros factores equitativos.

65.          Además, no resulta evidente a partir del expediente en esta materia que la reparación de las violaciones alegadas por los peticionarios en virtud de los artículos V, VI y VII de la Declaración no podía haberse procurado directamente a través de un recurso de habeas corpus en los tribunales federales de los Estados Unidos. Los peticionarios han afirmado que el único recurso previsto en la legislación de los Estados Unidos para un fallo de deportación basado en un “delito agravado” es una apelación ante la Junta de Apelaciones de Inmigración. Las decisiones de la Corte Suprema en INS c. St. Cyr y Zadvydas c. Davis ilustran que no es así. Más bien, diversos tribunales inferiores resolvieron, y la Corte Suprema confirmó, que el recurso de habeas corpus de conformidad con la norma 28 U.S.C. 2241 no fue revocado por la Ley IIRIRA.[40]

66.          La Comisión ha considerado en este sentido el argumento del Estado de que, como los tribunales federales han continuado manteniendo su jurisdicción general de habeas corpus, según lo ratifica la decisión de la Corte Suprema en INS c. St Cyr, las presuntas víctimas habrían tenido abierta la posibilidad de plantear sus reclamaciones a través de procedimientos de habeas corpus ante los tribunales federales de los Estados Unidos. Durante la audiencia sobre esta materia, el Estado confirmó específicamente que esto incluiría la alegación de los peticionarios de que la definición ampliada de “delitos agravados” de conformidad con la Ley IIRIRA es excesivamente amplia y no toma en cuenta las circunstancias atenuantes. De hecho, el representante del Estado no obstaculizó la posibilidad de que la definición amplia de delito agravado de conformidad con la legislación pudiera no resistir el escrutinio constitucional. De otro modo, no es evidente a partir del expediente que dichos trámites habrían sido obviamente infructuosos o no habrían tenido posibilidades razonables de éxito. En consecuencia, la Comisión no puede resolver que las presuntas víctimas agotaron los recursos internos con respecto a las violaciones que se alegan de los artículos V, VI y VII de la Declaración o que existe una justificación adecuada para excusarlas por haber procedido de esa forma.

67.          Finalmente, en vista de la disponibilidad permanente del recurso de habeas corpus para impugnaciones constitucionales o de otro tipo que los extranjeros en la posición de las presuntas víctimas podrían haber interpuesto de forma razonable, y dado el hecho de que las presuntas víctimas tuvieron representación legal durante sus trámites de expulsión, la Comisión no considera que los hechos contenidos en el expediente sometido a su consideración tiendan a establecer violaciones de los derechos de las presuntas víctimas a un juicio imparcial y al debido proceso de conformidad con los artículos XVIII y XXV de la Declaración Americana basándose en que se les negó el acceso a un tribunal de justicia y a un abogado defensor en el contexto de sus trámites de expulsión. En este sentido, el artículo 34 del Reglamento de la Comisión exige que la Comisión declare inadmisible cualquier petición o caso cuando no establezca hechos que tiendan a determinar una violación de los derechos a los que se hace referencia en el artículo 27 del Reglamento, incluyendo aquellos comprendidos en el marco de la Declaración Americana.

68.          Conforme al análisis que precede, la Comisión concluye que las reclamaciones de los peticionarios en relación con la violación del derecho a la familia y de protección especial a la infancia, de conformidad con los artículos V, VI y VII de la Declaración, las violaciones del artículo XXV de la Declaración en relación con la aplicación retroactiva de la Ley IIRIRA a Mario Alfredo Lares-Reyes y Samuel Segura, las violaciones del derecho a un juicio imparcial y al debido proceso, de conformidad con los artículos XVIII y XXV de la Declaración en relación con la denegación a las presuntas víctimas del acceso a tribunales para garantizar el respeato de sus derechos humanos fundamentales, y las violaciones de los artículos I y XXV de la Declaración en relación con la detención prolongada de Mario Alfredo Lares-Reyes y Samuel Segura antes de su expulsión de los Estados Unidos, son inadmisibles al amparo de los artículos 31(1) y 34 del Reglamento de la Comisión.

V.          CONCLUSIONES

69.          La Comisión concluye que tiene competencia para examinar las reclamaciones planteadas en la petición de los peticionarios, que incluye la competencia para determinar si el Estado ha violado los derechos contemplados en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

70.          La Comisión también concluye que las reclamaciones planteadas en la petición son inadmisibles, sobre la base de que las presuntas víctimas no han cumplido con el requisito de interponer y agotar los recursos internos de conformidad con los principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos, según lo exige el artículo 31 del Reglamento de la Comisión, o debido a que la petición no establece hechos que tiendan a determinar violaciones de la Declaración Americana, tal y como lo requiere el artículo 34(a) del Reglamento de la Comisión.

71.          Sobre la base de los argumentos de hecho y de derecho que preceden,

LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,

DECIDE:

1.      Declarar inadmisibles las reclamaciones contenidas en la petición.

2.      Remitir este Informe a las partes.

3.      Hacer público el presente Informe e incluirlo en el Informe Anual a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos.

Aprobado y firmado en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la ciudad de Washington, D.C., a los 27 días del mes de febrero de 2002. (Firmado): Juan E. Méndez, Presidente; Marta Altolaguirre, Primera Vicepresidenta; José Zalaquett, Segundo Vicepresidente; Julio Prado Vallejo y Clare K. Roberts, Comisionados.

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