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INFORME N° 9/02
ADMISIBILIDAD
PETICIÓN
11.856
AUCAN
HUILCAMAN Y OTROS
CHILE
27 de febrero de 2002
I.
RESUMEN
1.
El 18 de septiembre de 1996 el señor
Aucan Huilcaman Paillama y otros nueve integrantes de la organización
mapuche Aukiñ Wallmapu Ngulam (Consejo de Todas las Tierras),
con la representación del abogado Roberto Celedón Fernández (en adelante,
conjuntamente, “los peticionarios”), presentaron a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (“la CIDH” o “la Comisión
Interamericana”) una comunicación en la cual denuncian que la República
de Chile (“el Estado”) es responsable por violaciones de derechos
humanos en perjuicio de más de un centenar de personas pertenecientes a la
mencionada etnia indígena. Denuncian
una “injusta persecución judicial” que se habría iniciado en junio de
1992 y culminado en marzo de 1996, como castigo por “hacer valer en forma
pacífica derechos históricos relativos a su existencia y cultura”.
Se refieren a los actos organizados y llevados a cabo por integrantes
del Consejo de Todas las Tierras durante el mes de abril de 1992, como
protesta por el quinto centenario de la llegada de los españoles al
continente americano. Tales
actos incluyeron la conformación de un “primer tribunal mapuche” y el
llamado “proceso de recuperación de tierras”, en virtud del cual
ocuparon varios terrenos aledaños a sus comunidades.
2.
Como respuesta, el Poder Judicial chileno nombró a un Ministro en
Visita que tramitó diversas denuncias criminales presentadas por el
Intendente de la IX Región de dicho país contra más de un centenar de
mapuches y contra la organización Consejo de Todas las Tierras.
Los procesos se llevaron adelante por usurpación de terrenos y se
determinó que el Consejo de Todas las Tierras se había convertido en una
asociación delictiva. La
sentencia de primera instancia dictada el 11 de marzo de 1993, que condenó
a 141 personas de la etnia mapuche, se confirmó por sentencia de 6 de
septiembre de 1994 de la Corte de Apelaciones de Temuco.
Finalmente, la Corte Suprema de Chile rechazó el 27 de marzo de 1996
el recurso de reposición presentado por los abogados de las presuntas víctimas.
3.
Los peticionarios alegan graves irregularidades procesales, como el
caso de dos mapuches que fueron condenados por usurpación sin haber sido
acusados de tal delito, y el de otro integrante de dicha etnia que fue
condenado en la sentencia de segunda instancia, a pesar de que no estaba
procesado ni se lo menciona en la sentencia de primera instancia.
Otras personas fueron procesadas pero no aparecen sus nombres en la
sentencia condenatoria, con lo cual su situación quedó indefinida.
4.
Los peticionarios alegan que los
hechos denunciados configuran la violación de varias disposiciones de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos (“Convención Americana”):
derecho a la libertad personal (artículo 7); garantías judiciales (artículo
8); libertad de asociación (artículo 16); e igualdad ante la ley (artículo
24). Alegan asimismo que se han cumplido todos los requisitos de
admisibilidad previstos en dicho instrumento internacional.
Por su parte, el Estado chileno no niega los hechos denunciados, pero
alega que no le son imputables y solicita que la Comisión Interamericana así
lo declare. El Estado solicita
además que la CIDH considere que la creación de la Corporación Nacional
de Desarrollo Indígena y la aprobación y entrada en vigencia de la Ley Indígena
Nº 19.253 constituyen medidas para garantizar el respeto de los derechos
humanos de las presuntas víctimas.
5.
Sin prejuzgar sobre el fondo del asunto, la CIDH concluye en este
informe que el caso es admisible, pues reúne los requisitos previstos en
los artículos 46 y 47 de la Convención Americana.
Por lo tanto, la Comisión Interamericana decide notificar la decisión
a las partes y continuar con el análisis de fondo relativo a la supuesta
violación de los artículos 1(1), 7, 8, 10, 16, 24 y 25 de la Convención
Americana.
II.
TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN INTERAMERICANA
6.
La petición inicial fue recibida el 23 de septiembre de 1996.
El 8 de noviembre del mismo año la CIDH solicitó a los
peticionarios información adicional sobre las violaciones alegadas y la
identificación de víctimas concretas.
Dicha información fue remitida en comunicaciones de 18 de marzo y 18
de octubre de 1997.
7.
El 22 de diciembre de 1997, de acuerdo al Reglamento entonces vigente,
la Comisión Interamericana trasladó las partes pertinentes de la petición
al Estado chileno, le asignó el número 11.856 y solicitó información
dentro del plazo de 90 días. A
pedido del Estado, la CIDH concedió una prórroga de 60 días el 1°
de abril de 1998.
8.
El Estado chileno presentó su respuesta el 5 de junio de 1998, que
fue objeto de las observaciones de los peticionarios en comunicación de 30
de julio de 1998. La Comisión
Interamericana trasladó dicha comunicación al Estado chileno el 21 de
agosto de 1998.
9.
El 6 de octubre de 1998 se celebró una audiencia sobre el presente
asunto en la sede de la Comisión Interamericana.
En la oportunidad se elaboró un documento denominado “Propuesta de
la CIDH de solución amistosa”, que rubricaron ambas partes y los
representantes de la Comisión Interamericana.
Nuevamente a solicitud del Estado, se otorgó una prórroga de 30 días
el 18 de noviembre de 1998.
10.
El 3 de marzo de 1999 se celebró una audiencia sobre el presente
asunto en la sede de la Comisión Interamericana.
Con fecha 16 de abril del mismo año, el Estado chileno solicitó un
nuevo plazo adicional para reunir la información requerida por la CIDH.
La prórroga se concedió por 45 días el 20 de mayo de 1999.
11.
El 1° de marzo de 2001 se llevó a cabo otra audiencia sobre
este asunto en la sede de la CIDH, ocasión en la cual se firmó un
“Acuerdo de avance de solución amistosa”.
En dicho acuerdo las partes se comprometieron a concretar la solución
amistosa del asunto en un plazo de 90 días a partir de la fecha mencionada,
y a presentar un “informe conjunto preliminar” a la CIDH durante el 111° período ordinario de sesiones a ser celebrado en
Santiago de Chile en abril de 2001.
12.
El 8 de marzo de 2001 la Comisión Interamericana recibió una
comunicación del Director de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones
Exteriores de Chile, en la que solicita una enmienda del texto del acuerdo
de avance arriba referido. La
CIDH hizo la consulta con los peticionarios en la misma fecha, y la
respuesta fue que no tenían inconvenientes en modificarlo.
13.
El 5 de abril de 2001 los peticionarios entregaron a la CIDH en
Santiago de Chile un informe en el que lamentan que no ha sido posible
constituir la comisión interministerial para la solución amistosa del
asunto, pero reiteran su voluntad y disposición de concluir el trámite por
dicha vía. El Estado no
presentó información alguna sobre el asunto en dicha oportunidad.
14.
El 31 de mayo de 2001 el Estado chileno presentó una propuesta de
solución amistosa que incluye provisiones acerca de tierras, eliminación
de antecedentes penales, y reparación simbólica.
La Comisión Interamericana transmitió dicha propuesta a los
peticionarios el 1° de junio de 2001.
15.
Con fecha 14 de agosto de 2001 los peticionarios solicitaron una
audiencia, que la CIDH concedió con el fin de impulsar la solución
amistosa del asunto. Sin
embargo, antes de realizarse la audiencia, el 9 de octubre de 2001 el Estado
chileno remitió una comunicación en la cual manifestó que no había
recibido observación alguna de los peticionarios a la propuesta de solución
amistosa. En virtud de ello, el Estado afirmó que no enviaría a sus
representantes a la audiencia fijada para el 15 de noviembre de 2001 si no
recibía una “definición clara” de los peticionarios sobre el documento
citado. La CIDH se dirigió a
ambas partes el 12 de octubre de 2001 y les pidió que manifestaran antes
del 26 de octubre del mismo año si tenían interés en seguir el
procedimiento de solución amistosa; en caso contrario, la audiencia quedaría
cancelada y seguiría el trámite del asunto.
16.
El Estado chileno
respondió con fecha 26 de octubre de 2001 y expresó su interés en
participar de la audiencia y en alcanzar una solución amistosa del asunto.
En la misma fecha, los peticionarios remitieron una nota en la cual
analizan puntualmente la propuesta del Estado de 31 de mayo de 2001 y
concluyen que es insuficiente e inaceptable.
Con base en dicha posición, la Comisión Interamericana puso en
conocimiento de las partes su decisión de concluir la etapa de solución
amistosa, cancelar la audiencia convocada para ese efecto, y seguir con el
trámite del asunto.
III.
POSICIONES DE LAS PARTES SOBRE LA ADMISIBILIDAD
A.
Los peticionarios
17.
De acuerdo a los peticionarios, los hechos denunciados caracterizan
violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del Estado.
En particular, sostienen que en la causa Rol N°
24.486 iniciada el 23 de junio de 1992 por el Ministro en Visita Antonio
Castro Gutiérrez por usurpación de terrenos, asociación ilícita y otros
se acusó a Aucan Huilcaman Paillama como autor de una asociación ilícita
denominada Consejo de Todas las Tierras, usurpación de tierras y hurto de
dos animales vacunos. Siguen con la relación de 140 personas de origen
mapuche que fueron acusadas por usurpación, asociación ilícita, desacato,
hurto y lesiones.
18.
Sostienen los peticionarios que la sentencia de primera instancia
dictada el 11 de marzo de 1993, en la que se condena a 141 mapuches, adolece
de una serie de “vicios procesales insanables” que constituyen “graves
infracciones a las normas sobre el justo proceso”.
Por ejemplo, alegan que en el numeral 17 de la parte resolutiva de la
sentencia de primera instancia, confirmada en alzada, se condena por
usurpación a los señores Juan Humberto Traipe Llancapan y Juan Carlos García
Catrimán a pesar de que ninguno de ellos había sido acusado por tal delito
y que aparecen en el proceso como sobreseídos.
Asimismo, Nelson R. Catripan Aucapan habría sido acusado por
usurpación, pero la sentencia definitiva omite todo pronunciamiento
respecto a dicha persona y la deja “en el vacío jurisdiccional”.
19.
En cuanto a Ceferino O. Jhuenchiñur Nahuelpi, los peticionarios señalan
que fue acusado del delito de hurto de dos animales vacunos, pero que la
condena no contiene pronunciamiento alguno sobre tal acusación. Por lo tanto, quedó su “situación procesal respecto de
este delito completamente indefinida, con graves consecuencias para su vida
personal, pues en sus antecedentes personales queda registrada la anotación
por hurto de animales o abigeato, sin que órgano jurisdiccional alguno haya
tomado decisión sobre su situación”.
Agregan que no hubo pronunciamiento en la sentencia de primera
instancia sobre la acusación por encubrimiento del delito de hurto de
animales o abigeato que se formuló contra Berner Alfonso Curin Llanquinao,
Víctor Manuel Reimar Cheuque, Ernesto Orosman Cayupán Huenchiumur y
Lorenzo del Carmen Reima Muñoz.
20.
Los peticionarios sostienen que los vicios procesales mencionados
constituyen infracciones al derecho humano a la justicia y “reflejan la
ceguedad y frivolidad con que actuaron los órganos jurisdiccionales”.
Agregan los peticionarios:
El examen de la cuestión de fondo referida a los
supuestos delitos que originan la citada causa rol N° 24.486 del Tercer Juzgado del Crimen de Temuco, demuestra
simplemente una torcida administración de justicia, una aberración jurídica
que denuncia un cuadro de denegación de justicia en contra de la etnia
aborigen de Chile, el pueblo mapuche.
La actuación del Sr. Castro constituye una dolorosa
demostración de falta de imparcialidad y de absoluta subordinación al
poder político regional, que transformó al órgano jurisdiccional en una
caja de resonancia de la voluntad política persecutoria y preventiva que
dominaba al intendente de la época, Sr. Joaquín Fernando Chuecas Muñoz.
El sentenciador negó a los inculpados el derecho sobre el que se
fundamenta el derecho al justo proceso: el derecho a ser oído con
imparcialidad. No nos
referimos a la cuestión formal de tomar declaraciones a los imputados
sino a la actitud que nace del espíritu recto de una persona constituida
en la dignidad de administrar justicia: que escucha y atiende a lo
favorable y desfavorable.
21.
Los alegatos arriba resumidos se refieren a las presuntas violaciones
del artículo 8 de la Convención Americana.
Los peticionarios alegan además que el Estado ha violado en
perjuicio de las presuntas víctimas en este caso el derecho protegido por
el artículo 16 del instrumento internacional citado, por cuanto “en forma
absolutamente abusiva órganos de administración de justicia han declarado
ilícita una asociación mapuche”, el Consejo de Todas las Tierras, que
nuclea a las autoridades ancestrales de dicho
pueblo. Alegan
igualmente que dicha medida constituye una violación del derecho de
igualdad ante la ley consagrado en el artículo 24 de la Convención
Americana y otras normas internacionales,
y que además viola “el espíritu, sentido y contenido de la nueva Ley Indígena
N° 19.253“.
B.
El Estado
22.
En su comunicación inicial, el Estado afirma:
Es
importante destacar de manera inicial que el Gobierno constitucional de
Chile no niega los hechos sobre los cuales se funda la comunicación de los
representantes del Consejo de Todas las Tierras.
Sin embargo, tal declaración no puede ni debe interpretarse en el
sentido de inhibir al Estado para usar todos los procedimientos legales de
que dispone con el fin de restablecer el orden público cuando está
amenazado o quebrantado.
23.
En su respuesta, el Estado chileno destaca que luego del
restablecimiento de la democracia en Chile, se impulsaron iniciativas
gubernamentales que culminaron en la creación de la actual Comisión
Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) por Ley 19.253 del 5 de octubre de
1993.
Agrega que “el Estado democrático chileno ha dado muestras de su
intención en promover el desarrollo de los indígenas que habitan su
territorio” mediante otras medidas adicionales a la promulgación de ley
citada y a la creación de la CONADI.
24.
En cuanto a los alegatos sobre violaciones de la Convención
Americana, el Estado afirma que todas las presuntas víctimas fueron
detenidas “en virtud de órdenes emanadas de la autoridad judicial
competente y cumplidas por Carabineros de Chile” y luego “sometidos a
proceso ante un tribunal competente, independiente e imparcial”.
Agrega:
Los
errores que durante la tramitación del proceso se pudieron haber producido,
como es dable suponer que suceda en cualquier causa sometida al conocimiento
de tribunales compuestos por seres humanos falibles, no pueden ni deben ser
sacados del contexto donde se produjeron.
Como lo señala la peticionaria, aparentemente hubo errores en la
identificación de algunos de los procesados, pero dista mucho esta situación
de una maquinación destinada a violar deliberadamente los derechos o garantías
judiciales, ni mucho menos a una política discriminatoria en contra de los
indígenas de la etnia mapuche, tal como lo presenta la comunicación.
25.
La posición del Estado respecto a la presunta violación del artículo
16 de la Convención Americana en este asunto consiste en que “los órganos
judiciales chilenos no han pretendido inhabilitar el derecho de los indígenas
mapuches para asociarse entre sí o con otras personas”.
Por el contrario, sostiene que la acción del Estado en este caso es
legítima y se ajusta a los límites normativos aplicables, en la medida en
que “está dirigida en contra de ciertas acciones realizadas por miembros
de la organización indígena que se encuentran reñidas con los principios
establecidos en la Constitución Política, la Convención Americana sobre
Derechos Humanos y la ley”.
26.
En cuanto al artículo 24 de dicho instrumento internacional, el
Estado sostiene que su acción “no debe interpretarse como discriminatoria
en contra de una etnia en particular” y que “no tuvo por objeto dejar al
margen de la ley a la organización Consejo de Todas las Tierras, sino
sancionar judicialmente la comisión de delitos tipificados por el
ordenamiento jurídico interno”.
Agrega que “el actual Gobierno es absolutamente respetuoso de la
independencia del Poder Judicial y no puede invalidar o dejar sin efecto sus
resoluciones, aun cuando ellas sean contrarias a sus intereses o posiciones”.
27.
Finalmente, el Estado chileno solicita que la Comisión declare
“que no le son imputables ni tiene responsabilidad alguna en la violación
de derechos humanos de que da cuenta la comunicación que originó el Caso N°
11.856“ y que considere que la creación de la CONADI y la vigencia de la
Ley Indígena constituyen “medidas adoptadas para garantizar el respeto de
los derechos humanos de los peticionarios”.
IV.
ANÁLISIS
A.
Competencia ratione personae, ratione materiae, ratione temporis y ratione
loci de la Comisión Interamericana
28. Los peticionarios se encuentran facultados por el artículo
44 de la Convención Americana para presentar denuncias ante la CIDH. La
petición señala como presuntas víctimas a personas individuales, respecto
a quienes Chile se comprometió a respetar y garantizar los derechos
consagrados en la Convención Americana.
En lo concerniente al Estado, la Comisión Interamericana señala que Chile es parte en la Convención Americana desde
el 21 de agosto de 1990, fecha en que se depositó el respectivo instrumento
de ratificación. Por lo tanto, la Comisión tiene competencia ratione personae para examinar la petición.
29.
La Comisión tiene competencia ratione
loci para conocer la petición, por cuanto en ella se alegan violaciones
de derechos protegidos en la Convención Americana que habrían tenido lugar
dentro del territorio de un Estado parte en dicho tratado. Asimismo, la CIDH tiene competencia ratione temporis ya que la obligación de respetar y garantizar los
derechos protegidos en la Convención Americana ya se encontraba en vigor
para el Estado en la fecha en que habrían ocurrido los hechos alegados en
la petición. Finalmente, la
Comisión es competente ratione
materiae, debido a que en la petición se denuncian violaciones de
derechos humanos protegidos por la Convención Americana.
B. Otros
requisitos de admisibilidad de la petición
a. Agotamiento
de los recursos internos
30.
Los peticionarios alegan que la resolución de 27 de marzo de 1996 de
la Corte Suprema de Chile, con la cual se rechaza el recurso de reposición
planteado por los representantes de las presuntas víctimas, agotó la
jurisdicción interna de dicho país. El
Estado no controvirtió dicho argumento.
En consecuencia, la Comisión Interamericana tiene por cumplido en el
presente asunto el requisito previsto en el artículo 46(1)(a) de la
Convención Americana.
b.
Plazo de presentación
31.
La petición fue recibida en la CIDH el 23 de septiembre de 1996, por
lo que se halla dentro del plazo establecido en la Convención Americana.
El Estado chileno tampoco plantea controversia al respecto. La Comisión Interamericana determina que se ha cumplido
igualmente el requisito del artículo 46(1)(b) de dicho instrumento
internacional.
c. Duplicación
de procedimientos y cosa juzgada
32.
El expediente de la petición no contiene información alguna que
pudiera llevar a determinar que el presente asunto se hallase pendiente de
otro procedimiento de arreglo internacional o que haya sido previamente
decidido por la Comisión Interamericana.
Por lo tanto, la CIDH concluye que no son aplicables las excepciones
previstas en el artículo 46(1)(c) y en el artículo 47(d) de la Convención
Americana.
d.
Caracterización de los hechos alegados
33.
La Comisión Interamericana considera que los hechos expuestos por
los peticionarios plantean presuntas violaciones de los derechos
a la libertad personal, debido proceso, libertad de asociación, e
igualdad ante la ley.
34.
Aun cuando no han sido invocados por los peticionarios, y en aplicación
del principio iuria novit curia, la Comisión Interamericana considera además
que los hechos descritos podrían constituir violaciones de los derechos a
la indemnización por error judicial y a la protección judicial.
35.
En definitiva, la CIDH considera que los hechos alegados, en caso de
resultar ciertos, caracterizarían violaciones de los derechos garantizados
en los artículos
7, 8, 10, 16, 24 y 25 de la Convención Americana, en conexión con el deber
de garantizar y respetar los derechos previsto en el artículo 1(1) del
instrumento internacional citado.
V.
CONCLUSIONES
36.
La Comisión Interamericana concluye que tiene competencia para
conocer el fondo de este caso y que la petición es admisible de conformidad
con los artículos 46 y 47 de la Convención Americana.
Con fundamento en los argumentos de hecho y de derecho antes
expuestos, y sin prejuzgar sobre el fondo de la cuestión,
LA
COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,
DECIDE:
1.
Declarar admisible el presente caso en cuanto se refiere a presuntas
violaciones de los derechos protegidos en los artículos 1(1), 7, 8, 10, 16,
24 y 25 de la Convención Americana.
2.
Notificar esta decisión a las partes.
3.
Continuar con el análisis de fondo de la cuestión, y
4.
Publicar esta decisión e incluirla en su Informe Anual
para la Asamblea General de la OEA.
Dado y firmado en la sede
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la ciudad de
Washington, D.C., a los 27 días del mes de febrero del año 2002. (Firmado):
Juan E. Méndez, Presidente; Marta Altolaguirre, Segunda Vicepresidenta;
Comisionados Robert K. Goldman, Julio Prado Vallejo y Clare K. Roberts.
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