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4.
Solución
amistosa
INFORME N°
32/02
SOLUCIÓN AMISTOSA
PETICIÓN
11.715
JUAN
MANUEL CONTRERAS SAN MARTÍN, VÍCTOR EDUARDO OSSES CONEJEROS
Y
JOSÉ ALFREDO SOTO RUZ
CHILE
12
de marzo de 2002
I.
RESUMEN
1.
El 30 de diciembre de 1996, la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (“la Comisión Interamericana” o “la CIDH”) recibió una
comunicación del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (“CEJIL”)
en la cual se imputa responsabilidad internacional a la República de Chile
(“el Estado” o “el Estado chileno”) por las violaciones en perjuicio
de Juan Manuel Contreras San Martín, Víctor Eduardo Osses Conejeros y José
Alfredo Soto Ruz, quienes estuvieron privados de su libertad por más de
cinco años debido a un error judicial y luego se les negó la indemnización
que reclamaron. Las tres
personas fueron detenidas por el homicidio de una mujer y alegan que la
policía los sometió a maltratos físicos y presiones psicológicas hasta
obtener su confesión. Los
peticionarios alegan que el Estado es responsable por la violación de los
siguientes derechos garantizados por la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (“la Convención Americana”): integridad personal (artículo 5),
libertad personal (artículo 7), garantías judiciales (artículo 8); y
derecho a la indemnización por error judicial (artículo 10).
2.
Las partes firmaron el documento denominado "Propuesta de la
CIDH sobre solución amistosa" el 6 de octubre de 1998.
Con base en dicho documento el Estado propuso y dio cumplimiento a
una serie de medidas concretas, con la anuencia de las víctimas. En el
presente informe, aprobado de acuerdo al artículo 49 de la Convención
Americana, la CIDH resume los hechos denunciados, refleja el acuerdo logrado
por las partes y decide la publicación del informe.
II.
TRÁMITE ANTE LA CIDH
3.
El 2 de enero de 1997 la Comisión Interamericana trasladó las
partes pertinentes de la denuncia al Estado de Chile y solicitó la
información respectiva. Luego
de varias prórrogas, el Estado respondió el 4 de noviembre de 1997.
Su repuesta se puso en conocimiento de los peticionarios, quienes
formularon observaciones el 2 de agosto de 1998.
4.
El 22 de junio de 1998, la CIDH se puso a disposición de las partes
con el objeto de lograr una solución amistosa del caso.
El 6 de octubre de 1998 se realizó una reunión con las partes en la
sede de la Comisión Interamericana, ocasión en la cual se suscribió el
documento "Propuesta de la CIDH de solución amistosa".
En dicho acto, la Comisión Interamericana fijó un plazo de 30 días
para que las partes formalizaran un acuerdo para solucionar el asunto.
5.
El Estado chileno solicitó prórroga para presentar su propuesta el
6 de noviembre de 1998, que la CIDH concedió el 18 de noviembre del mismo año
por 30 días. El 3 de marzo de
1999 se celebró una audiencia sobre el asunto en la sede de la Comisión
Interamericana. A solicitud del
Estado, se concedió una nueva prórroga el 20 de mayo de 1999 por 45 días.
Los peticionarios enviaron una comunicación el 6 de octubre de 1999
para urgir el trámite del asunto. Finalmente,
el 27 de octubre de 2000 el Estado hizo llegar a la Comisión una "propuesta
definitiva de solución amistosa".
6.
El 11 de enero de 2001, los peticionarios presentaron sus
observaciones a la propuesta definitiva del Estado.
El 26 de enero de 2001 el Estado chileno puso en conocimiento de la
CIDH información adicional respecto a las medidas adoptadas para solucionar
el asunto, y el 5 de febrero de 2001 solicitó una prórroga para presentar
su respuesta a las observaciones de los peticionarios.
El 10 de abril de 2001 el Estado presentó la información solicitada
por la Comisión Interamericana.
7.
La CIDH se dirigió a ambas partes el 19 de abril de 2001 con el fin
de valorar los esfuerzos desplegados e instarlas a concretar la solución
amistosa del asunto. Los
peticionarios plantearon las cuestiones pendientes en comunicación de 25 de
julio de 2001, que fue respondida por el Estado el 27 de septiembre del
mismo año. El 1° de octubre
de 2001 la Comisión Interamericana solicitó a ambas partes que informaran,
en el momento oportuno, acerca de la realización del acto de desagravio público
pendiente para solucionar el asunto.
8.
La comunicación del Estado de 16 de enero de 2002 da cuenta de la
realización del acto de desagravio celebrado el 22 de noviembre de 2001 en
la ciudad de Talca, Chile, y acompaña notas de prensa y el discurso
pronunciado por el Sr. Mario Merchak Aspe, Intendente de la Región del
Maule.
III.
LOS HECHOS
9.
El 25 de junio de 1989, funcionarios de Carabineros de Chile hallaron
el cadáver de María Soledad Opazo Sepúlveda cerca del puente de La
Calchona, próximo a la ciudad de Talca.
El 6 de julio de 1989 la Policía de Investigaciones detuvo a Víctor
Eduardo Osses Conejeros, y el 8 de julio de 1989 a Juan Manuel Contreras San
Martín y José Alfredo Soto Ruz, en el marco del proceso penal seguido por
el homicidio de la señora Opazo Sepúlveda. Conforme a la denuncia, durante
su detención fueron objeto de maltratos físicos y presiones psicológicas
hasta que les hicieron confesar la autoría del hecho.
Sin embargo, la policía no los puso a disposición del juzgado y los
dejó en libertad el 10 de julio de 1989.
No denunciaron los hechos debido al temor que sentían por amenazas
de los agentes policiales.
10.
El 19 de enero de 1990 los señores Contreras San Martín, Osses
Conejeros y Soto Ruz fueron nuevamente detenidos por la Policía de
Investigaciones, a pesar de que no habían nuevos antecedentes en la
investigación. Como había
sucedido 6 meses antes, fueron obligados a declararse culpables en el
cuartel de policía sin presencia de abogados defensores, pero esta vez se
los puso a disposición del tribunal, donde ratificaron su confesión bajo
similares presiones. El 25 de
enero de 1990 comparecen nuevamente, esta vez sin presencia de los
funcionarios policiales, y se retractan de su confesión.
A pesar de ello, los tres fueron sometidos a proceso como autores de
homicidio calificado y se decretó su prisión preventiva.
11.
El 28 de marzo de 1994, el tribunal dictó la sentencia en la que José
Alfredo Soto Ruz y Juan Manuel Contreras San Martín fueron condenados a
diez años de prisión por homicidio calificado, y Víctor Eduardo Osses
Conejeros a cinco años de prisión por el mismo delito.
La defensa apeló el 30 de marzo de 1994 a la Corte de Apelaciones de
Talca, que declaró su absolución y ordenó la liberación inmediata de los
tres condenados en sentencia de 19 de enero de 1995.
12.
El 18 de junio de 1995 la defensa presentó ante la Corte Suprema de
Chile una solicitud para que declarara que la sentencia que los condenó en
primera instancia fue injustificadamente errónea y arbitraria, con el fin
de obtener una indemnización por error judicial, conforme al artículo 19
de la Constitución de dicho país.
A pesar del informe favorable del Fiscal, el 27 de junio de 1996 la
Corte Suprema denegó la solicitud con el argumento de que el error no fue
injustificado y que tales indemnizaciones solamente proceden cuando se
acredita la inocencia de los condenados,
no cuando no se condena por falta de elementos de prueba.
IV.
LA SOLUCIÓN AMISTOSA
13.
En la propuesta firmada por las partes se sientan las bases para
llegar a un acuerdo de solución amistosa:
El Estado, reconociendo la delicada situación social y
económica que afecta a los reclamantes, agravada tras estar sometidos a
un proceso criminal por un largo período, podría estar en condiciones de
explorar la posibilidad de aportar recursos económicos destinados a
mejorar tal condición, a través de los programas sociales en curso y
otros que especialmente se determinen, de tal forma que los beneficios de
tales programas lleguen a los afectados, su núcleo familiar y a la
comunidad en la cual se desarrollan.
El
Estado, reconociendo la importancia que tiene la norma sobre indemnización
establecida en la Convención, y reconociendo además la importancia de
contar con mecanismos jurídicos efectivos para ejercer tal derecho, se podría
comprometer a realizar los estudios necesarios para una reformulación de
las actuales normas existentes en el plano doméstico.
El
Estado haría los esfuerzos, tanto materiales como simbólicos, para que el
buen nombre y dignidad de los afectados sea restablecido.
14.
En su "propuesta definitiva", el Estado ofreció las
siguientes medidas de reparación:
Otorgar
a cada uno de los señores Juan Manuel Contreras San Martín, José Alfredo
Soto Ruz y Víctor Eduardo Osses Conejeros, una Pensión por Gracia
Vitalicia, equivalente a tres ingresos mínimos mensuales;
Proporcionarles
gratuitamente una capacitación adecuada, a través del Servicio Nacional de
Capacitación y Empleo, Sence, por medio de la oficina regional de sus
domicilios, en las especialidades y oficios que se ajusten a las
expectativas, aptitudes y posibilidades de los peticionarios, con la
finalidad de permitirles incrementar sus ingresos económicos y un
desarrollo de sus calidades de vida;
Desagraviar
públicamente a los afectados ante su comunidad, por medio de un acto del
Gobierno Regional, debidamente difundido por los medios de comunicación,
con la finalidad de restituirles su reputación y honra, ciertamente dañada
por las resoluciones judiciales que en su época los afectaron.
15.
Asimismo, el Estado de Chile informó que por el Decreto Supremo Nº
274 de 31 de enero de 2000, se otorgó pensiones por gracia vitalicias a las
tres presuntas víctimas, quienes empezaron a percibirlas desde tal fecha.
Señaló que se trataba de los montos más altos que se podían
otorgar en el sistema de pensiones por gracia.
16.
Posteriormente, el Estado informó que se había logrado que el
Programa Anual de Becas 2000 de la Corporación de Capacitación y Empleo de
la Sociedad de Fomento Fabril financiara el costo de los cursos de
capacitación a que optaron los señores Contreras San Martín, Osses
Conejeros y Soto Ruz. Las tres
personas asistieron al curso de electricidad realizado por el Instituto de
Estudios Contables y Tributarios entre el 27 de octubre y el 7 de noviembre
de 2000.
17.
El Estado reiteró su intención de desagraviar a las víctimas
mediante un acto "debidamente difundido por los medios de comunicación"
que se llevaría a cabo una vez que la Comisión Interamericana aprobara las
medidas propuestas de solución amistosa.
Con relación a las reformas legislativas, el Estado señaló que el
futuro proyecto de Ley sobre Acciones Constitucionales a ser elaborado por
el Ministerio de Justicia propondría una modificación a la norma
constitucional sobre indemnización por error judicial.
Consideró el Estado que la realización de tales estudios constituye
cumplimiento con los términos de la "Propuesta de la CIDH de solución
amistosa" firmada por las partes.
18.
Los peticionarios expresaron en su comunicación de 11 de enero de
2001 que las presuntas víctimas estaban conformes con las pensiones
otorgadas.
En cuanto a las medidas reparatorias de carácter simbólico, señalaron
la necesidad de que el gobierno manifieste su intención de pagar una
inserción en los medios de comunicación radial, escritos y televisivos de
mayor audiencia nacional y regional. Sobre las reformas legislativas, se mostraron disconformes
con la falta de pronunciamiento del Estado respecto de la necesidad de
realizar un estudio de la normativa nacional para hacer efectivo el derecho
a la indemnización por error judicial.
19.
Posteriormente, el Estado chileno informó acerca del avance en el
cumplimiento del segundo de los puntos de su propuesta arriba referida, e
indicó que el “desagravio moral y público
de los afectados” se llevaría a cabo próximamente.
Con base en ello, solicitó que la CIDH adoptara el informe de solución
amistosa sobre el asunto.
20.
En cuanto a las observaciones de los peticionarios mencionadas más
arriba, el Estado chileno destaca que la pensión de gracia vitalicia fue
otorgada el 31 de enero de 2000, por lo cual las presuntas víctimas ya se
estaban beneficiando más de un año de dicha reparación económica.
Agrega que “la pensión por gracia vitalicia tiene la característica
de ser una medida extraordinaria, por ley, y cuyos efectos se prolongarán
por todo el tiempo que los beneficiarios estén vivos” y que les permite
“cubrir satisfactoriamente sus gastos de manutención y los de su núcleo
familiar”.
Destaca además la importancia otorgada al acto de desagravio que
realizará el gobierno regional. Finalmente,
el Estado considera que los estudios desarrollados en el Ministerio de
Justicia para reformar las normas vigentes en materia de error judicial se
ajustan al espíritu de la propuesta firmada ante la Comisión
Interamericana el 6 de octubre de 1998.
21.
En respuesta a una comunicación de la Comisión Interamericana, el
Estado chileno destacó la aceptación de la propuesta de solución amistosa
por los peticionarios e hizo otras consideraciones adicionales sobre el acto
público de desagravio de los señores Contreras San Martín, Osses
Conejeros y Soto Ruz. Con respecto a la reforma legislativa bajo análisis en el
Ministerio de Justicia, el Estado manifestó que le parecía pertinente
establecer un plazo razonable para que “informe sobre el estado de avance
de los estudios mencionados, cuyo inicio y desarrollo encuentran su
fundamento en la voluntad de dar cumplimiento a la propuesta de solución
amistosa formulada y aceptada”.
22.
Finalmente, con fecha 16 de enero de 2002 el Estado chileno informó
que se había realizado el acto público de desagravio el 22 de noviembre de
2001, presidido por el señor Mario Merchak Aspe, Intendente de la VII Región
del Maule. El comunicado
emitido en la fecha indica que el Intendente pidió personalmente disculpas
públicas a Juan Manuel Contreras San Martín, Víctor Eduardo Osses
Conejeros y José Alfredo Soto Ruz en los siguientes términos:
Cada uno de ustedes tiene irreprochable conducta, pero
lamentablemente fueron objeto de descoordinaciones y errores que
significaron su injusta detención y mantención en prisión por más de
cinco años por un delito que no cometieron y condenados en primera
instancia como autores de la muerte de la señora María Soledad Opazo,
asesinada en junio de 1989.
Queremos que a partir de hoy, ustedes comiencen una nueva
vida, que miren hacia adelante con optimismo y superen los problemas del
pasado para enfrentar los conflictos que se generarán en el futuro
23.
José Alfredo Soto Ruz dijo en la ocasión que los tres estaban
presentes “con la frente en alto, con dignidad, gozando de la libertad que
nunca debimos perder…nadie nos puede devolver hoy día los abrazos y las
sonrisas que perdimos”. El señor
Soto Ruz agradeció a su familia y amigos, y también al Gobierno por haber
reconocido el error de la justicia y por restituir públicamente su honra,
en un acto “verdaderamente histórico”.
24.
En comunicación de 5 de febrero de 2002, la información remitida
por el Estado chileno respecto a la conclusión amistosa del presente asunto
fue puesta en conocimiento de las víctimas por intermedio de sus
representantes, Roberto Celedón Fernández y CEJIL.
Se fijó un plazo breve con el fin de que la CIDH pudiera considerar
el asunto en el curso de su 114° período ordinario de sesiones, que transcurrió sin
observación alguna.
V.
CONCLUSIONES
25.
Con base en las particulares características del presente asunto, la
Comisión Interamericana ha impulsado activamente el procedimiento de solución
amistosa. El presente informe
resume la actividad de las partes y refleja la voluntad de éstas de
solucionar el asunto y las medidas cumplidas a tal efecto por parte del
Estado chileno.
26.
La Comisión Interamericana destaca que el mecanismo contemplado en
el artículo 48(1)(f) de la Convención Americana permite la conclusión de
las peticiones individuales en forma no contenciosa, como se ha demostrado
en casos referentes a diversos países de la región.
27.
En cuanto a las normas sobre indemnización por error judicial, la
CIDH seguirá atentamente el desarrollo de los estudios e iniciativas
legislativas pertinentes, en el marco de lo previsto por los artículos 2 y
10 de la Convención Americana.
28.
Con base en las consideraciones de hecho y de derecho que anteceden,
LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,
DECIDE:
1.
Aprobar la solución amistosa lograda en este asunto mediante la
voluntad de ambas partes.
2.
Solicitar al Estado de Chile que informe a la CIDH dentro del plazo
de tres meses contados a partir de la transmisión del presente informe
acerca de las iniciativas y el trámite legislativo en materia de
indemnización por error judicial.
3.
Hacer público el presente informe e incluirlo en su Informe Anual a
la Asamblea General de la OEA.
Dado
y firmado en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en
la ciudad de Washington, D.C., a los 12 días de marzo de 2002. (Firmado): Juan E. Méndez, Presidente;
Marta Altolaguirre, Primera Vicepresidenta; Robert K. Goldman, Julio Prado
Vallejo y Clare K. Roberts, Comisionados.
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El Estado chileno informó:
A
fines del mes de septiembre pasado, la Intendencia Regional de Maule
contactó a la oficina regional del Servicio Nacional de Capacitación y
Empleo, SENCE, para el objetivo indicado, obteniéndose que el
“Programa Anual de Becas 2000 de la Corporación de Capacitación y
Empleo” de la Sociedad de Fomento Fabril, financiara el costo de los
cursos de capacitación a que optaran los señores Juan Manuel Contreras
San Martín, Víctor Eduardo Osses Conejeros y José Alfredo Soto Ruz.
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