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CUBA
I. ANTECEDENTES
1.
El último informe sobre la situación de los derechos humanos en
Cuba fue aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en
el curso de su 106º período ordinario de sesiones.
El proyecto de este informe fue previamente enviado al Estado
cubano para sus observaciones el 1º de marzo de 2000, de conformidad con
el artículo 63(h) del Reglamento de la Comisión.
El Estado cubano se abstuvo de presentar observaciones y la CIDH
aprobó dicho informe en forma definitiva, así como su inclusión y
publicación en el Capítulo IV del Informe Anual 1999, el 13 de abril de
2000.
2.
La Comisión ha continuado observando con especial atención la
forma en que ha evolucionado la situación de los derechos humanos en la
República de Cuba. El
presente informe abarca un análisis de los hechos más importantes
ocurridos en ese país en materia de derechos humanos durante el período
del año 2000 y los últimos acontecimientos ocurridos antes de la
publicación del presente Informe Anual.
Comprende también el presente informe un análisis de la legislación
positiva cubana a fin de determinar si es compatible con los principios
consagrados en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre.
3.
Este informe está dividido en siete secciones principales.
La primera sección se refiere a los avances registrados o medidas
positivas adoptadas por el Estado cubano en materia de derechos civiles,
políticos, económicos, sociales y culturales.
La segunda sección comprende una evaluación general de la situación
de los derechos civiles y políticos en Cuba, y dentro de éstos, los
hechos más importantes ocurridos en relación a la libertad de expresión,
asociación y reunión, así como también la situación imperante con
respecto al derecho a la justicia y al debido proceso.
La tercera sección hace un análisis de los derechos económicos,
sociales y culturales en Cuba y la cuarta es particularmente importante
para la Comisión, por cuanto evalúa la situación de la población
carcelaria en ese país. La
Comisión también se refiere en su quinta sección a las sanciones económicas
y a la necesidad de que éstas sean suspendidas definitivamente, a fin de
lograr la plena vigencia de los derechos económicos y sociales de la
población, y una pacífica transición hacia un sistema democrático de
gobierno. Las conclusiones y
recomendaciones del informe están en la sexta sección.
4.
La Comisión utilizó diversas fuentes para la elaboración del
presente informe, tales como testimonios de presuntas víctimas de
violaciones de los derechos humanos que han comparecido ante ésta durante
sus sesiones ordinarias; denuncias formuladas contra el Estado cubano por
presuntas violaciones de los derechos consagrados en la Declaración
Americana; información proporcionada por organizaciones no
gubernamentales tanto de Cuba como del exterior; informes de
organizaciones intergubernamentales; y publicaciones de instituciones académicas
internacionales que han visitado Cuba.
II. MEDIDAS ADOPTADAS POR EL ESTADO
CUBANO EN MATERIA
DE DERECHOS HUMANOS
5.
Una de las medidas más importantes adoptadas por el Estado cubano
en materia de libertad individual fue la excarcelación de tres de los
cuatro dirigentes del Grupo de Trabajo de la Disidencia Interna (GTDI)
quienes habían sido condenados a varios años de cárcel en marzo de 1999
por los delitos de sedición. Estas personas escribieron y publicaron un manifiesto
titulado “La Patria es de Todos” en el que criticaban la tesis del V
Congreso del Partido Comunista Cubano (PCC) y hacían un análisis de la
economía, los derechos humanos y la democracia en Cuba.
La economista Martha Beatriz Roque Cabello, el abogado René Gómez
Manzano, y el profesor de ingeniería Félix Antonio Bonne Carcassés
fueron puestos en libertad condicional en mayo de 2000, pero el ex-piloto
de la Fuerza Aérea Cubana, Vladimiro Roca Antúnez todavía sigue
purgando prisión. Los tres
disidentes que fueron puestos en libertad emitieron un comunicado el 30 de
mayo de 2000, el cual señalaba inter
alia lo siguiente:
Cuando nuestro Grupo fue encarcelado, el proceso de
Instrucción resultó el mismo para todos, ya que fuimos juzgados por
hechos llevados a cabo conjuntamente por los cuatro.
Pese a que no hubo diferencias sustanciales entre las actuaciones
de cada uno de nosotros, las sanciones oscilaron entre tres y medio, y
cinco años.
Es evidente que la libertad condicional pudo
habernos sido concedida hace más de un año, y seguramente así hubiera
sido si fuésemos sancionados comunes; no obstante, reconocemos positivo
ese gesto, el cual no podremos considerar completo mientras nuestro
hermano de causa no salga también de la prisión.
Pensamos que no hay motivos para dar un tratamiento
diferente a Vladimiro Roca Antúnez, y por ello solicitamos de las
autoridades cubanas su excarcelación, cosa que es justa y necesaria.
Cabe
señalar que los cuatro miembros del Grupo de Trabajo de la Disidencia
Interna (GTDI) estuvieron detenidos provisionalmente por un lapso de 19
meses. La Comisión
Interamericana de Derechos Humanos ha tomado nota de la excarcelación de
estos tres disidentes y espera que el Estado cubano adopte las medidas
necesarias para que Vladimiro Roca Antúnez sea puesto también en
libertad en forma inmediata y sin condiciones.
6.
En cuanto al derecho a la libertad religiosa y de culto, el Estado,
tuvo mayor grado de tolerancia durante el período cubierto por el
presente informe. En este sentido, cabe destacar que el Jefe de la Iglesia
Católica Juan Pablo II designó
el 9 de julio como el día para la celebración en todo el orbe del
Jubileo por el Mundo Carcelario, que tuvo lugar en Cuba el 9 de julio de
2000. El Cardenal Jaime
Ortega celebró el Jubileo del Mundo Carcelario en la Iglesia de la
Caridad del Cobre de La Habana. Monseñor
Ortega expresó su deseo de poder en el futuro, ofrecer la misa en
cualquiera de los 200 centros penitenciarios existentes en el país.
La celebración religiosa contó con la participación de varias
madres de prisioneros políticos, así como con la asistencia de más de
un centenar de disidentes en representación de alrededor de treinta
agrupaciones. Un hecho
importante es que nunca antes los disidentes más conocidos se habían
reunido en una Iglesia. Entre
los que asistieron a la homilía están Gustavo Arcos Bergnes, Osvaldo Payá
Sardiñas, Aida Valdés Santana, así como los recién liberados del Grupo
de Trabajo de la Disidencia Interna: Martha Beatríz Roque Cabello, René
Gómez Manzano y Félix Bonne Carcassés.
También en Santiago de Cuba, el Obispo Pedro Meurice Estiú ofició
una misa por el Jubileo del Mundo Penitenciario.
La celebración tuvo lugar en la Iglesia de San Francisco de Asís,
en la cual se pidió al Gobierno de Cuba una amnistía para los presos políticos.
Entre las agrupaciones que asistieron están el Movimiento Cubano Jóvenes
por la Democracia, el Club de Presos y ex-Presos Políticos, el Frente de
Perseguidos Políticos, el Movimiento Seguidores de Chibás y el Forum
Feminista. Otro signo de
apertura fue el permiso otorgado por el Estado cubano para que más de mil
niños hicieran su Primera Comunión en una misa celebrada el 9 de
diciembre de 2000 frente al Seminario San Carlos, ubicado en el municipio
Habana Vieja. La misa fue oficiada por el Obispo de la ciudad de Cienfuegos,
Monseñor Emilio Aramburem, y para su realización se preparó un altar y
se dispusieron sillas plegables en el parque La Maestranza.
Al acto religioso asistieron aproximadamente tres mil fieles.
Asimismo, en el mes de septiembre de 2000, centenares de fieles
recorrieron varias manzanas de la barriada de Centro Habana siguiendo la
procesión de la Virgen de la Caridad del Cobre, Patrona de Cuba, que
encabezó el cardenal Jaime Ortega, Arzobispo de La Habana.
Dicha procesión, que partió de la Parroquia de Nuestra Señora de
la Caridad, es la tercera vez que se celebra después que fuera recuperada
en septiembre de 1998, tras la visita del Papa Juan Pablo II a Cuba.
En el año 2000, según informó la Conferencia de Obispos Católicos
de Cuba (COC), también se celebraron procesiones públicas con motivo de
esta fecha del calendario religioso de Cuba, en las diócesis de
Cienfuegos y Santa Clara, en el centro de la isla y en las orientales de
Camaguey, Ciego de Ávila, Bayamo y Manzanillo.
7.
Siguiendo con libertad religiosa, el Instituto Interamericano de
Derechos Humanos, institución académica internacional que desde 1996
trabaja con Cuba en tareas de promoción y educación en derechos humanos,
amplió su trabajo de difusión de los derechos humanos al campo eclesiástico.
Durante el período cubierto por el presente informe se realizó un
conversatorio sobre derechos humanos y resolución de conflictos con la
participación de medio centenar de religiosos y laicos.
El evento, auspiciado por la Arquidiócesis de La Habana, se realizó
en la capital con la participación del Director Ejecutivo del IIDH,
Roberto Cuéllar, acompañado de Ligia Bolívar, consultora, Daniel Baldizón
y Ronalth Ochaeta, Oficiales de Programa del IIDH.
El evento se desarrolló en un ambiente abierto, franco y amplio, y
generó expectativas de profundizar el trabajo en doble vía, tanto para
el IIDH como para la Iglesia Católica cubana.
Además, el IIDH envió una misión a Cuba en diciembre de 1999
para asistir al Simposio “Exhortación Apostólica. Implicaciones
Antropológicas, Económicas y Sociales en Cuba” que se realizó del 1
al 3 de diciembre en la Habana y que convocó la Iglesia Católica cubana.
El IIDH aprovechó la ocasión para participar en el “Primer
Seminario Regional para Docentes” auspiciado por el Comité
Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la Cruz Roja Cubana al que
asistieron cerca de 40 docentes universitarios del Caribe y de Centroamérica.
8.
En materia de libertad de reunión, el Estado cubano permitió a
los disidentes convocar y celebrar el 15 y 16 de diciembre de 2000 el
“Seminario sobre el Presente y Futuro de la Economía Cubana vista desde
la Sociedad Civil”. Este
acto académico fue convocado por la Cátedra de Estudios Sociales y Humanísticos
Padre Félix Varela, y tuvo como objetivos reflexionar, debatir, y
proponer soluciones viables a los problemas actuales y futuros de la
economía cubana desde la sociedad civil, teniendo en cuenta la herencia
cultural y la experiencia universal.
Los debates del seminario tuvieron un enfoque académico y se
refirieron a los siguientes temas: 1) Problemas conceptuales acerca de las
diversas formas de propiedad; 2) Las remesas familiares en la economía
cubana; 3) Pequeñas y medianas empresas.
Las empresas por cuenta propia; 4) Repercusión de la situación
actual en la economía familiar; y 5) Economía cubana y mundial:
Globalización e Integración.
9.
Dentro del marco de la Comisión de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas, la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer,
Dra. Radhika Coomaraswarny, visitó Cuba del 7 al 12 de junio de 1999
después de que el Gobierno cubano le cursara una invitación el 17 de
agosto de 1998. Este hecho en
sí mismo constituye un avance positivo, por cuanto como lo señaló la
Relatora Especial “era la primera vez que el Gobierno dirigía una
invitación a un mecanismo de derechos humanos de las Naciones Unidas. Los representantes del Gobierno acogieron calurosamente la
visita de la Relatora Especial y, en particular, el Ministerio de
Relaciones Exteriores y su Viceministro indicaron que la visita de la
Relatora Especial constituiría un antecedente para que considerara la
posibilidad de invitar a otros relatores especiales que habían solicitado
viajar a Cuba”.
En su informe emitido el 8 de febrero de 2000, la Relatora Especial
examinó la situación de la violencia contra la mujer en Cuba desde el
punto de vista de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales
y culturales, y consideró que era necesario que otros organismos de
derechos humanos efectúen un estudio ulterior más detallado de la
situación de los derechos humanos en Cuba.
En este sentido, dentro de las medidas positivas adoptadas por el
Estado cubano el informe da cuenta que “Todos los interlocutores de la
Relatora Especial citaron la revolución cubana de 1959 como un hito en lo
que respecta a la mujer cubana. Se
sostiene que en los últimos 40 años, a partir de la revolución, se ha
logrado gradualmente la plena participación de la mujer en el desarrollo
y en la sociedad. La liberación
de la mujer ha progresado en la esfera profesional, en la vida urbana y en
las zonas rurales. Según las
estadísticas proporcionadas a la Relatora Especial, las mujeres en Cuba
representan el 58% de los graduados universitarios y ocupan el 65.5% de
los puestos profesionales y técnicos del país y el 30.5% de los puestos
de dirección superior. En la
actualidad, el 27.6% de los parlamentarios son mujeres.
La Relatora Especial se mostró complacida con la feminización
del poder judicial: el 70% de los profesionales judiciales y el 60.2%
de los magistrados en Cuba son mujeres.
Cuba es uno de los países en que el progreso de la mujer ha tenido
como resultado la necesidad de considerar la posibilidad de establecer
cupos para los hombres en ciertas disciplinas universitarias, tales como
la medicina. La revolución cubana ha tenido como resultado grandes
beneficios para la mujer. Esta
fue una conclusión muy generalizada a la que no se opuso ningún partido,
grupo o particular con que habló la Relatora Especial”.
III. LOS DERECHOS
CIVILES Y POLÍTICOS
A. DISCRIMINACIÓN POR MOTIVOS POLÍTICOS
EN RELACIÓN CON LA FALTA
DE LIBERTAD DE EXPRESIÓN, ASOCIACIÓN Y REUNIÓN
10.
La Comisión Interamericana ha continuado recibiendo numerosas
denuncias de personas que son encarceladas arbitariamente por intentar
ejercer pacíficamente sus derechos a la libertad de expresión, asociación
y reunión.
La
Comisión fue informada que en los días previos al 24 de febrero de 2001,
agentes del departamento de la seguridad del Estado cubano impidieron en
toda la isla las actividades programadas en conmemoración del derribo de
los aviones de la organización “Hermanos al Rescate”
hechos ocurridos en espacio aéreo internacional donde perecieron
cuatro pilotos civiles a manos de agentes de la Fuerza Aérea Cubana (FAC).
11.
Según las informaciones proporcionadas, Ricardo Gonzáles, miembro
del Partido Liberal, programó la actividad para la tarde del 23 de
febrero de 2001. Sin embargo, desde horas de la mañana de ese día, agentes
de la seguridad del Estado ubicados alrededor de su vivienda impidieron la
llegada de los participantes. En
la mañana del 24 de febrero de 2001, Joaquín Iglesias Torres, Presidente
del Movimiento Democrático Pro Derechos Humanos, fue arrestado en su
domicilio por un efectivo de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y
el agente de la seguridad del Estado, Miguel Echenique.
Esa misma mañana también fueron detenidos en el malecón de
“Puerto Padre” Roger Morales Rey, Yunier Iglesias Silva y Jesús
Jersen Garcés en circunstancias que intentaban lanzar flores al mar en
conmemoración de esa fecha. Estas
personas fueron conducidas a la estación policial y sus flores les fueron
decomisadas. Una hora después
fueron puestos en libertad.
12.
En la tarde del 24 de febrero de 2001, la vivienda de Leonardo Bruzón
Ávila fue rodeada por oficiales de la seguridad del Estado, quines
impidieron la llegada a su casa de los activistas de derechos humanos.
Bruzón Ávila tenía programada una actividad conmemorativa a las
8 de la noche. En la
localidad de Santa Clara, la vivienda de Lester González fue sitiada por
ocho agentes de la seguridad del Estado, quienes impidieron que saliera de
su casa. Lester González fue
arrestado a las 5:00 p.m. y conducido por dos oficiales en un taxi de matrícula
VC 2009 a setenta kilómetros de distancia aproximadamente de la ciudad de
Santa Clara. En el trayecto,
la víctima fue amenazada y maltratrada físicamente por los agentes por
sus actividades en derechos humanos. González fue puesto en libertad a las 7:00 p.m. a tres kilómetros
de distancia de su domicilio.
13.
En la misma fecha, también sufrieron detención domiciliaria Aída
Valdés Santana, y Eddy Espinosa Franco, activistas de derechos humanos. Antonio Alfonso Mesa fue interceptado por agentes de la
seguridad del Estado en circunstancias que se dirigía al domicilio de
Leonardo Bruzzón Ávila, Presidente del Movimiento 24 de Febrero, para
conmemorar este día. Mesa
fue obligado a abandonar el lugar donde se encontraba transitando.
El 22 de febrero de 2001, Ricardo González, periodista
independiente, y Pedro Crespo, sacerdote de la iglesia ortodoxa, también
fueron detenidos. También el
22 de febrero fueron detenidos Elizardo Sánchez Santa Cruz, Presidente de
la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional y Héctor
Palacios Ruíz del Centro de Estudios Sociales, quienes fueron sacados de
sus domicilios por agentes de la seguridad del Estado y conducidos a la
estación de Séptima Avenida y Calle 62 en el municipio Playa.
14.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos debe manifestar su
profunda preocupación por estos hechos, por cuanto vulneran derechos
consagrados en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre. En efecto, el artículo
XXV del citado instrumento internacional dispone que “Nadie puede ser
privado de su libertad sino en los casos y según las formas establecidas
por leyes preexistentes. (…) Todo individuo que haya sido privado de su
libertad tiene derecho a que el juez verifique sin demora la legalidad de
la medida y a ser juzgado sin dilación injustificada, o, de lo contrario,
a ser puesto en libertad”. La
Comisión también considera que toda persona sometida a la jurisdicción
del Estado cubano debe gozar de los derechos a la libertad de expresión,
asociación, y reunión también consagrados en los artículos IV, XXI, y
XXII de la Declaración Americana. Las
personas detenidas por el Estado cubano intentaban ejercer estos derechos
en forma pacífica y por tanto, las restricciones a las que fueron
sometidas podrían constituir violaciones a sus derechos humanos.
15.
Otro caso sumamente grave sobre el cual la Comisión tuvo
conocimiento recientemente es la detención durante 23 días de dos
ciudadanos de la República Checa. El
ex-Ministro de Finanzas y actual Diputado del Parlamento Iván Pilip, y el
ex-dirigente estudiantil y actual representante de una organización no
gubernamental de la República Checa, Jan Bubenik, fueron arrestados en la
provincia de Ciego de Ávila el 12 de enero de 2001, acusados de actos
contra la seguridad del Estado y sedición --delitos tipificados en los
artículos 99 y 124 del Código Penal cubano--.
El delito de los ciudadanos checos fue haberse reunido en forma pacífica
con Antonio Femenías, periodista independiente de la agencia Patria, y
Roberto Valdivia, miembro del Comité Cubano Pro-Derechos Humanos; sin
embargo, el Estado cubano emitió un comunicado publicado en la prensa
oficial el 16 de enero de 2001, señalando inter
alia que “Los que de forma grosera violan nuestras leyes y tratan de
conspirar contra la revolución no tienen derecho a impunidad alguna, sean
cuales fueren sus cargos y rangos (…) su visita no tenía nada de turística
y sus propósitos reales eran contactar con elementos
contrarrevolucionarios, darles instrucciones y entregarles recursos (….)
era mantener contactos subversivos con integrantes de grupúsculos
contrarrevolucionarios (…) los agentes checos serán puestos a disposición
de los tribunales, los que decidirán las medidas pertinentes a tomar”.
La República Checa co-patrocinó con Polonia una resolución
condenatoria sobre la situación de los derechos humanos en ese país en
el seno de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la
cual fue emitida en el mes de abril de 2000 en Ginebra.
El 18 de abril de 2000, las autoridades cubanas realizaron una
marcha del “pueblo combatiente” frente a la sede diplomática de la
República Checa en La Habana, como protesta por la resolución de las
Naciones Unidas. Los dos
ciudadanos checos fueron puestos en libertad el 5 de febrero de 2001.
16.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos destaca la obligación
internacional del Estado cubano con respecto a los derechos de reunión y
asociación consagrados en los artículos XXI y XXII de la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.
Asimismo, reitera el principio consagrado en el artículo XXVI de
dicho instrumento internacional el cual dispone que “[s]e presume que
todo acusado es inocente, hasta que se pruebe que es culpable”, por
cuanto las acusaciones públicas en la prensa oficial contra los
ciudadanos checos podrían haber constituído un adelanto de juicio sobre
los delitos imputados antes de que dichas personas fueran juzgadas por los
tribunales cubanos. La Comisión
Interamericana de Derechos Humanos considera que el Estado tiene la
obligación de asegurar que toda persona sometida a su jurisdicción y
acusada de delito tenga un juicio justo.
Una campaña de prensa en medios dominados por el Estado puede
afectar adversamente la justicia del proceso, particularmente cuando es
impulsada por uno de los órganos del mismo Estado.
17.
Este no es un hecho aislado en la situación de los derechos
humanos en Cuba. Diversas
organizaciones internacionales de derechos humanos se han referido al año
2000 como uno sin progresos con respecto a la vigencia de los derechos
civiles y políticos. Así,
por ejemplo, la organización Human
Rights Watch/Américas manifestó que,
A pesar de unos cuantos acontecimientos positivos a lo largo
del año, las prácticas de derechos humanos del gobierno cubano fueron en
general arbitrarias y represivas. Cientos
de opositores pacíficos al gobierno segían entre rejas y muchos más
fueron sometidos a detenciones breves, arrestos domiciliarios, vigilancia,
registros arbitrarios, expulsiones, restricción de movimientos, despidos
laborales por razones políticas, amenazas y otras formas de hostigamiento.
(…) Las prácticas
represivas de derechos humanos de Cuba se vieron reforzadas por la
estructura legal e institucional del país.
Los derechos a la libertad de expresión, asociación, asamblea,
movimiento y prensa siguieron limitados por las leyes cubanas.
Con la criminalización de la propaganda enemiga, la difusión de
noticias no autorizadas y el ultraje a los símbolos patrios, el gobierno
negaba efectivamente la libertad de expresión con la excusa de la
protección de la seguridad del Estado.
Además, las autoridades encarcelaron u ordenaron la vigilancia de
personas que no habían cometido ningún delito, recurriendo a las leyes
que penalizan el “estado peligroso” y disponen la “advertencia
oficial”.
18.
En materia de libertad de expresión, la organización Reporteros
sin Fronteras en su Informe Anual 2000 concluyó lo siguiente:
Cuba es hoy por hoy el único país latinoamericano con
gobierno que, al decretar que la libertad de prensa debe ser “conforme a
los fines de la sociedad socialista” ejerce un control total sobre la
información que llega a la población.
También es el único país de la región donde se encarcela a
periodistas. Para mantener
este estado de hecho, las autoridades cuentan no sólo con la represión
pura y dura sino también con el aislamiento social de los periodistas
independientes. El instrumental represivo de que dispone el gobierno es
variado: desde los decomisos de material y otras trabas en el trabajo de
los periodistas independientes, hasta su detención y condena a grandes
penas de prisión. El
departamento de la seguridad del Estado es el principal ejecutante de esta
política que tiene la finalidad de “dejar” a los periodistas la
posibilidad de escoger entre la prisión o el exilio.
19.
También la Sociedad Interamericana de Prensa en su Informe sobre
“Libertad de Prensa 2000” al referirse a los periodistas
independientes Bernabé Arévalo Padrón, Joel de Jesús Díaz Hernández
y Manuel Gonzáles Castellanos quienes “guardan prisión sin haber
cometido delito alguno, por el solo ejercicio del derecho humano a la
libre expresión a través de los modestos medios con que cuentan los
periodististas independientes en Cuba” resolvió lo siguiente:
Levantar su voz de protesta por más de 41 años de silencio
impuestos a la prensa cubana mediante un despojo generalizado y sin
excepciones de los medios independientes, que no tiene precedentes en la
historia de América Latina, reiterar su condena al gobierno totalitario
de Cuba por el encarcelamiento, represión y acoso contra los periodistas
independientes, exigir al gobierno de Cuba la libertad de los tres
periodistas encarcelados por el ejercicio del derecho humano a la libre
expresión, reiterar la instancia hecha durante la reunión de medio año
en Cancún, México, para que los periódicos miembros de la SIP difundan
las informaciones de las agencias independientes de prensa cubanas y que
cuando sus corresponsales viajen a la isla, visiten a los periodistas en
señal de solidaridad.
20.
En otro informe presentado durante la reunión de medio año de la
SIP en Cancún, México, dicha organización manifestó que “se han
acentuado los intentos del gobierno para cerrar los resquicios de libertad
que han defendido, contra viento y marea, los periodistas independientes.
Acoso, intimidación y prisión son algunos de los métodos más
frecuentemente utilizados por las autoridades para suprimir el derecho a
informar y expresarse de los periodistas que no se ciñen a la línea
oficial. En este marco, el régimen
cubano puso en práctica lo que parece ser una nueva modalidad para
controlar a la prensa: una suerte de arresto domiciliario de
facto, el cual han sufrido más de diez reporteros en circunstancias
en que se disponían a cubrir eventos potencialmente incómodos para el
gobierno. Los primeros meses
del nuevo año han traído más represión para los periodistas cubanos.
Tanto, que este período ha sido descrito por nuestro
vicepresidente regional para Cuba, Raúl Rivero, como uno de los momentos
más críticos y oscuros del movimiento de la prensa.
El régimen en efecto, ha arremetido en diversas formas contra los
periodistas cubanos, agrediéndolos físicamente, arrestándolos y confiscándoles
equipos, con el fin de impedirles realizar su trabajo con libertad”.
En el informe presentado ante la Asamblea General, en Santiago de
Chile, en octubre de 2000, la Sociedad Interamericana de Prensa manifestó
que:
El gobierno continúa con la misma línea dura de control
sobre la prensa y los informadores independientes. Pueden inscribirse como fenómenos notables el arresto y
expulsión de corresponsales extranjeros de paso en Cuba y una evidente
intensificación del uso de los medios oficiales como mecanismo de
propaganda política. Tres
periodistas suecos fueron arrestados, interrogados y expulsados del país
y una periodista francesa interrogada cuando iba a abordar un avión de
regreso a su país. Los dos
incidentes se produjeron en agosto [de 2000].
En los dos casos los periodistas habían tenido contactos y
reuniones con representantes de la prensa independiente cubana.
El asunto de la ofensiva propagandística en los medios de prensa,
no es nuevo, pero se hace notar porque se ha desatado una campaña diaria
con programas de televisión, promociones, mesas redondas y consignas políticas
que ha reducido notoriamente los ya mínimos espacios noticiosos.
21.
La organización Amnistía Internacional también reportó en su
Informe Anual 2000 lo siguiente:
Disidentes, que comprenden periodistas, opositores políticos
y defensores de los derechos humanos, sufrieron un severo hostigamiento
durante el año. Varios
cientos de personas permanecen en prisión por delitos políticos, algunos
de los cuales son considerados por Amnistía Internacional como presos de
conciencia. Algunos juicios
en los que se juzgaron a presos de conciencia tuvieron lugar en Cuba, pero
no conforme a los estándares internacionales.(…) Se han recibido
informes sobre malos tratos. Los
presos, algunas veces, fueron sometidos a tratos crueles, inhumanos y
degradantes.(…) La libertad
de expresión, asociación y reunión continuó severamente limitada en
los hechos y en el derecho. Esto
incluyó detenciones temporales, interrogatorios, amenazas, intimidaciones,
evicciones, pérdida del puesto de trabajo, restricciones al derecho de
circulación, arrestos domiciliarios, allanamientos de morada, registros
domiciliarios, interceptaciones telefónicas y abusos verbales y físicos
por parte de las autoridades gubernamentales.
22.
El testimonio de estas organizaciones pone en evidencia una
continuidad en el patrón de violaciones de los derechos humanos con
relación a años anteriores y, en particular, con respecto al año 2000.
Es evidente, asimismo, que los cambios realizados en 1998 a raíz
de la visita de Su Santidad Juan Pablo II a la isla, y que en un momento
generaron grandes espectativas, se fueron diluyendo hasta convertirse en
medidas de carácter coyuntural. La
Comisión no puede dejar de manifestar su preocupación por las acciones
represivas contra opositores pacíficos, periodistas y defensores de los
derechos humanos que año a año sufren a manos de las autoridades cubanas
todo tipo de atropellos y discriminación por razones políticas.
Las violaciones a la libertad de expresión, reunión, y asociación
se han legalizado a través de figuras penales y constitucionales
--a todas luces incompatibles con la Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre-- e instrumentalizadas por el Estado para
restringir e impedir el ejercicio de dichas libertades públicas. El contenido de la legislación penal y constitucional con
figuras tales como “propaganda enemiga”, “desacato”, “asociación
ilícita”, “clandestinidad de impresos”, “peligrosidad”, “rebelión”,
“actos contra la seguridad del Estado”, “advertencia oficial”,
“medidas de seguridad pre-delictivas y post-delictivas”, “vínculos
o relaciones con personas potencialmente peligrosas para la sociedad”,
“legalidad socialista”, “socialmente peligrosa”, etc. resultan
incompatibles con la Declaración Americana y con principios universales
de protección de los derechos humanos.
La Comisión seguirá insistiendo en sus informes sobre la derogación
de las mismas.
23.
El hostigamiento, la adopción de medidas disciplinarias, las
acusaciones, las detenciones temporales, los despidos laborales, las
advertencias oficiales y las penas privativas de la libertad contra
opositores pacíficos, periodistas, sindicalistas y defensores de los
derechos humanos, generaron diversas reacciones de la comunidad
internacional. En efecto, el 18 de abril de 2000 la Comisión de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas emitió una resolución condenatoria contra
Cuba por las violaciones de los derechos humanos.
Dicha resolución señalaba inter
alia su “preocupación por la continuada represión de los
opositores políticos y por la detención de disidentes, tales como los
miembros del Grupo de Trabajo de la Disidencia Interna”, y exhortaba
“al Gobierno de Cuba a poner en libertad a todas las personas detenidas
o encarceladas por expresar pacíficamente sus ideas políticas,
religiosas y sociales y por ejercer su derecho a una participación plena
e igual en los asuntos públicos”.
También exhortó “al Gobierno de Cuba a entablar el diálogo con
la oposición política” y “a que dé al país los medios que le
permitan un contacto pleno y abierto con otros países para asegurar el
disfrute de todos los derechos humanos de todo el pueblo cubano,
recurriendo a la cooperación internacional, permitiendo un flujo más
libre de personas e ideas y aprovechando la experiencia y el apoyo de
otras naciones”.
Al inicio del presente informe, la Comisión dio cuenta también de
la visita realizada a Cuba de la Relatora Especial de las Naciones Unidas
sobre la Violencia contra la Mujer y de algunos comentarios realizados por
la misma con relación a medidas positivas adoptadas por el Estado cubano
a favor de la mujer. Dicha
Relatora Especial, sin embargo, hizo observaciones al Estado cubano en
cuanto a la discriminación contra la mujer cubana por razones políticas.
En este sentido, manifestó inter
alia que “[u]n grupo vulnerable de mujeres en Cuba son aquéllas
cuyas opiniones políticas no son aceptables para el Gobierno.
La negativa a aceptar organizaciones políticas y civiles
independientes que sirvan para fiscalizar al Gobierno es la causa
principal de esa vulnerabilidad. La Relatora Especial recibió alegaciones e información
sobre casos de mujeres arbitrariamente detenidas debido a su activismo político
o periodístico. La Relatora
Especial estableció un diálogo con el Fiscal General sobre dos casos
urgentes. En uno de esos
casos se informó a la Relatora Especial de que podía reunirse con la
mujer detenida cuando visitara la cárcel, pero cuando llegó se le dijo
que la mujer de que se trataba estaba enferma en el hospital.
El problema de la detención arbitraria sigue siendo una de las
violaciones más graves de los derechos humanos en Cuba, incluso con
respecto a los casos que incluyen la violencia contra la mujer”.
24.
Por su parte, la Unión Europea no realizó cambios a su Posición
Común, la cual establece que una plena cooperación con Cuba dependerá
de las mejoras en el respeto de los derechos humanos y las libertades
fundamentales. Esta Posición
Común fue adoptada en 1996 con la solicitud al Estado cubano de realizar
una reforma de la legislación nacional en lo referente a los derechos
civiles y políticos, incluído el Código Penal cubano, y por
consiguiente, poner fin al presidio político y al hostigamiento y las
medidas represivas respecto de los disidentes.
No obstante, en febrero de 2000, Cuba solicitó formalmente su
integración en una agrupación multilateral establecida conforme a la
Convención de Lomé, un acuerdo comercial y de asistencia entre la Unión
Europea y países del África, el Caribe y el Pacífico.
La petición desencadenó un debate sobre si la integración de
Cuba sería compatible con los criterios del acuerdo sobre democracia y
derechos humanos. En abril de
2000, el debate quedó silenciado en virtud de que Cuba retiró su petición.
Todo ello porque varios países de la Unión Europea respaldaron la
resolución de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas
condenando a Cuba por las violaciones de los derechos humanos. El Estado cubano canceló además una visita de altos
funcionarios de la Unión Europea prevista para finales de abril de ese año.
En agosto de 2000, Cuba volvió a manifestar su interés en
participar en el tratado de ayuda de la Unión Europea, ahora denominado
el Acuerdo de Cotonou.
25.
El análisis de los párrafos precedentes es confirmado por las
numerosas denuncias recibidas por la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos durante el período cubierto por el presente informe, las cuales
exponen la discriminación por motivos políticos y las violaciones sistemáticas
a la libertad de expresión, asociación y reunión cometidas por el
Estado cubano. A continuación
una síntesis de las denuncias más destacadas.
a.
Una nueva modalidad de hostigamiento e intimidación contra
activistas de derechos humanos y disidentes ha sido implementada por el
departamento de la seguridad del Estado cubano. En la mañana del 12 de
enero de 2001, agentes de la seguridad del Estado (DSE) de La Habana
arrestaron a León Padrón Ascuy y lo abandonaron horas después en un
lugar apartado de la ciudad. Padrón
Ascuy fue apresado, subido en un vehículo y conducido hacia la periferia
de la capital cubana. Se ha
señalado que en el camino, la víctima fue presionada psicológicamente e
interrogada sobre su relación con el disidente Héctor Palacio Ruíz.
Padrón Ascuy reside en la ciudad de El Vedado y colabora con el Centro de
Estudios Sociales que dirige Héctor Palacio.
Luego de ser sometido a todo tipo de amenazas y abusos verbales,
Padrón Ascuy fue sacado del automóvil en una zona alejada de su
residencia. Este
procedimiento de la Seguridad del Estado es utilizado para crear una atmósfera
intimidatoria sin dejar constancia de los arrestos arbitrarios.
b.
Maritza Lugo Fernández, de 37 años de edad, Presidenta del
Partido Democrático 30 de Noviembre Frank País, y residente de la Finca
Baraguá, Reparto Diezmero, Municipio de San Miguel del Padrón, se
encuentra presa desde el 15 de diciembre de 2000, bajo el cargo de
“incitación a delinquir”. Esta
disidente se encuentra recluida en la cárcel occidental de mujeres Manto
Negro, denominada por el Estado cubano como “Nuevo Amanecer”.
Maritza Lugo se encuentra enferma de gastritis crónica, padece de
un fibroma y ha bajado de peso considerablemente.
En el pasado la víctima ha sufrido condenas de cinco meses y de
hasta dos años; detenida arbitrariamente en más de diez oportunidades y
recluída junto a presos comunes y dementes de alta peligrosidad; en
ocasiones fue ubicada en celdas tapiadas sin acceso a luz; sin asistencia
médica y sometida a tortura psicológica en interrogatorios dirigidos por
el departamento de la seguridad del Estado. Por su defensa de los derechos humanos, Maritza Lugo ha sido
nombrada prisionera de conciencia por Amnistía Internacional.
Esta disidente es dirigente de un grupo de oposición que busca por
medios pacíficos la transición a la democracia en Cuba a través de la
resistencia y desobediencia civil. Está casada con Rafael Ibarra, preso político condenado a
20 años por su labor en pro de la democracia y los derechos humanos en
Cuba, y es madre de dos niñas menores de edad. Cabe señalar que su finca,
sede del Partido Democrático 30 de Noviembre, fue objeto de un operativo
policial entre los días 25 y 27 de agosto de 2000, para evitar la
celebración de talleres políticos entre opositores.
En el curso del operativo la señora Lugo fue detenida e
interrogada por espacio de tres horas por el Coronel Soroa en el local de
la Seguridad del Estado de Villa Marista, agente que la habría amenazado
en forma agresiva señalándole que “le iban a partir la vida” si ella
no entregaba unos videos.
c.
El 7 de diciembre de 2000, la Fraternidad de Ciegos Independientes
de Cuba (FRACIC) denunció dos casos en que funcionarios del Ministerio
del Interrior de Cuba (MININT) maltrataron a dos invidentes cubanos, uno
en la capital y el otro en Ciego de Ávila.
El primero de ellos es Luis Esteban Fuentes Álvarez, afiliado a la
FRACIC, que fue arrestado el 1º de diciembre cuando se disponía a
protestar pacíficamente por la celebración en La Habana del congreso de
la pro-gubernamental Asociación Nacional del Ciego (ANCI).
Horas después la policía política lo puso en libertad.
Por otra parte, Arquímedes Quintana Aguilar, vice-delegado de la
FRACIC, fue interceptado por un desconocido en la terminal de ómnibus de
Ciego de Ávila. El invidente
vendía caramelos, que es su único modo de sobrevivir, cuando el extraño
lo injurió. La Comisión ha
sido informada que en los últimos meses Quintana Aguilar ha sido
maltratado, ofendido y amenazado en varias oportunidades por personas que
no se identifican. Tanto la
Policía Nacional Revolucionaria como la Seguridad del Estado son órganos
del Ministerio del Interior. Asimismo,
se ha recibido información de que las
Brigadas de Acción Rápida son efectivos vestidos de civil utilizadas por
el Estado para reprimir a la oposición pacífica.
d.
La libertad de expresión estuvo también severamente reprimida
durante el período cubierto por el presente informe.
La Sociedad Interamericana de Prensa dio a conocer en un informe de
octubre de 2000 numerosos casos, entre los cuales están el de Luis
Alberto Rivera, quien dirige un pequeño grupo de periodistas en la
Agencia de Prensa Libre Oriental, en la ciudad de Santiago de Cuba.
Entre los meses de agosto y septiembre de 2000, Rivera ha sido
objeto de una serie de acciones represivas directas, que incluyeron
arrestos, interrogatorios, registros corporales en lugares públicos,
amenazas de cárcel y acoso permanente, mediante registro de su domicilio
y control sobre sus movimientos. Las
presiones contra los periodistas independientes continuaron con diferentes
rostros y modalidades en todo el país, pero en La Habana se llegó a una
posición extrema. La niña
Gabriela Céspedes, de dos años, hija de la periodista Dorka Céspedes,
de la Agencia Havana Press, fue expulsada en septiembre del centro
infantil al que asistía por instrucciones de agentes de la Seguridad del
Estado, quienes ordenaron a la dirección separarla de la institución por
considerar que “su madre realiza actividades contrarrevolucionarias”.
A principios de octubre de 2000, fue detenido durante tres horas en
el departamento de la seguridad del Estado y amenazado con la Ley 88,
Jaime Leigonier Fernández, periodista independiente de la agencia
NotiCuba. El periodista de 46
años fue sacado de su domicilio en la localidad de Santos Suárez
alrededor de las 2:45 p.m., por dos agentes del departamento de la
seguridad del Estado (DSE) que no informaron a sus familiares dónde y
porqué se lo llevaban. Tras
su liberación, alrededor de las 5:00 p.m. del mismo día, Leigonier Fernández
relató que lo llevaron a una casa en un reparto habanero y lo amenazaron
con aplicarle la Ley 88 por su labor informativa.
Un mes antes de los hechos, el corresponsal se había integrado a
NotiCuba, lo que fortalecería la visión de que la policía política ha
tomado como blanco a los que se incorporan al periodismo independiente.
Se ha señalado que esas
acciones tendrían el objetivo de impedir la renovación del grupo y su lógico
fortalecimiento al provocar la salida de muchos de estos periodistas al
exilio.
e.
El 9 de agosto de 2000, agentes del departamento de la seguridad
del Estado que se hicieron pasar por periodistas de Cuba Press penetraron
en el departamento en el que funcionaba la agencia y se llevaron cajas,
archivos, material de oficina, revistas, libros de periodismo y
documentación general de la agencia. El 15 de septiembre de 2000, la periodista Iría Rodiles,
fundadora del periodismo independiente bajo el seudónimo de Ernestina
Rosell, fue interrogada durante cuatro horas por agentes de la seguridad
del Estado. El 13 de julio de
2000, fecha en que un grupo de opositores pacíficos conmemoraban el
hundimiento del remolcador “13 de Marzo” colocando una ofrenda floral
en el mar, un grupo de periodistas independientes fueron golpeados por
agentes de la seguridad del Estado. La
policía interrumpió la ceremonia a golpes y fueron afectados los
reporteros Marilyin Lahera y José Antonio Reinier, de Santiago Press,
quienes cubrían la información. Días
antes, el 7 de julio de 2000, fue visitado en su residencia en La Habana
el periodista Carmelo Díaz, director de la Agencia de los Sindicatos
Libres, por un agente de la seguridad del Estado que lo amenazó con
llevarlo a prisión si continuaba dando informaciones sobre el tema obrero.
El 15 de julio de 2000, oficiales del Ministerio del Interior
condujeron al periodista Ricardo Gonzáles Alfonso a una residencia en las
afueras de la ciudad y durante seis horas lo interrogaron e intentaron
convencerlo para que se convirtiera en agente secreto del Estado cubano
dentro de las filas del periodismo alternativo.
El comunicador denunció públicamente la propuesta.
El 16 de julio del mismo año, otros dos periodistas, José Antonio
Fornaris y Osvaldo Céspedes, fueron retenidos por la policía cuando se
disponían a asistir a una misa en una céntrica Iglesia de La Habana,
donde se habían congregado decenas de opositores para conmemorar el
jubileo de los presos, según el calendario Católico.
f.
A finales del mes de enero de 2000, dos presuntos funcionarios del
aeropuerto “Antonio Maceo”, de Santiago de Cuba, practicaron un
registro al dirigente opositor Néstor Rodríguez Lobaina y pretendieron
implicarlo en un acto de narcotráfico. Rodríguez Lobaina, de 34 años,
es el presidente del Movimiento Cubano Jóvenes por la Democracia y
promotor de un proyecto de reforma universitaria en el país.
Las personas que vestían el uniforme de los empleados del
aeropuerto en Santiago de Cuba interceptaron a Rodríguez Lobaina, lo
condujeron a uno de los servicios sanitarios, lo registraron e intentaron
inculparlo de trasladar un sobre pequeño con un polvo de color
blanco, que uno de los funcionarios dijo que se trataba de cocaína.
Poco después, se presentó un funcionario de la aduana que llevaba
un laboratorio portátil y tras un breve análisis determinó que el
resultado de la muestra era negativo.
Rodríguez Lobaina, al llegar al aeropuerto José Martí de La
Habana, llamó a las autoridades de aduana y del orden público para que
revisaran su equipaje, por temor a que en Santiago de Cuba hubiesen
introducido en su maletín algún narcótico.
Después del registro, no se encontró ninguna sustancia de esa índole,
pero se pudo comprobar que faltaban objetos personales del opositor, quien
denunció el hecho. Un mes
antes, Rodríguez Lobaina fue trasladado en un vehículo desde la ciudad
de Santiago de Cuba a más de 25 kilómetros de esa localidad, y después
de una acción que el disidente calificó de simulacro de ejecución, lo
dejaron solo en un despoblado. En
el pasado, Rodríguez Lobaina fue condenado a prisión en dos ocasiones
por períodos de dos años y 18 meses, respectivamente, ante acusación de
un presunto estado de peligrosidad social y por desacato a la figura del
mandatario cubano.
g.
En el mes de marzo de 2000, agentes del departamento de la
seguridad del Estado (DSE) realizaron un operativo de hostigamiento contra
campesinos de la provincia de Santiago de Cuba por haberse declarado
independientes y formado una cooperativa no sujeta al Estado socialista.
En la mañana del 4 de marzo el Capitán DSE Armando Saburén y
otro agente se presentaron en Jutinicú y amenazaron al presidente de la
Alianza Nacional de Agricultores Independientes de Cuba (ANAIC), Antonio
Alonso Pérez. Con el
pretexto de sostener “una conversación” con Alonso, los dos agentes
exhortaron al líder agrario a que se retirara del proyecto de
cooperativas independientes, argumentando que “es un plan objetivo y
viable, pero solamente llevándose de la mano con la revolución y no con
los que desde afuera gestionan el progreso de estas iniciativas”. El presidente de la ANAIC refutó esos planteamientos y se
negó a aceptar las condiciones de los agentes de la seguridad del Estado.
Además, Alonso les manifestó que a través de las cooperativas
independientes los campesinos han encontrado la verdadera solución a sus
problemas. Fue entonces
cuando los agentes amenazaron al dirigente cooperativista.
En otro incidente ocurrido un día anterior, agentes de la Policía
Nacional arrestaron al coordinador de la ANAIC para la zona oriental,
Humberto Melo Arias, y le decomisaron su carnet de identidad con el propósito
de impedirle sus movimientos por la región.
La ley vigente prohibe el decomiso de ese documento.
Tanto Alonso como Melo expresaron que este procedimiento de las
autoridades se debe al ejemplo de eficiencia que representan para los
campesinos de esta provincia la prosperidad de los cooperativistas
independientes.
h.
También en el mes de marzo de 2000, el integrante del Movimiento
Cubano Jóvenes por la Democracia, Adel Jiménez Cintra y sus familiares,
fueron amenazados por miembros de las Brigadas de Acción Rápida quienes
le manifestaron “si siguen con sus actividades contrarrevolucionarias le
vamos a propinar una golpiza”. Unos
días antes de estos hechos, el disidente fue citado por el jefe del
sector policial, Florisbel Acosta, que además es el delegado del Poder
Popular de la zona donde vive y le ratificó a éste que le darían golpes
si seguía oponiéndose al Gobierno de Fidel Castro porque “las calles
en Cuba son de los revolucionarios”.
Otro hecho similar tuvo lugar en la provincia de Matanzas contra la
familia Sigler-Amaya. En esa
ocasión varios integrantes de dicha familia fueron lesionados severamente
y después fueron arrestados por los agentes del Departamento de la
Seguridad del Estado. Los
atacantes nunca fueron detenidos por la policía, y por ende no se
registra ningún caso en que hayan sido llevados ante la ley. El 21 de
mayo de 2000, miembros de las Brigadas de Acción Rápida rodearon y
vigilaron durante largas horas el templo católico Jesús del Monte cuando
se presentó un coro de jóvenes pertenecientes a varias denominaciones
religiosas. Los integrantes
del coro, con edades que fluctúan entre los 17 y 18 años, son
estudiantes que finalizan el bachillerato (instrucción pre-universitaria)
y residen en San Francisco, Estados Unidos.
Los feligreses de esa comunidad religiosa expresaron su sorpresa y
desagrado al observar la continua vigilancia de la que fueron objeto por
un grupo de aproximadamente 20 efectivos quienes al concluir la misa y
marcharse el coro de jóvenes estadounidenses entraron a la parroquia y se
mezclaron entre los fieles.
i.
La organización Human Rights Watch/Americas dio a conocer en su último informe que
en enero de 2000 Víctor Rolando Arrollo Carmona, un antiguo opositor al
Gobierno que escribía para la Unión de Periodistas y Escritores Cubanos
Independientes, fue condenado el 25 de enero de 2000 a seis meses de prisión
por “acaparar” juguetes. La policía había confiscado los juguetes
que Arrollo tenía previsto entregar a los niños pobres de su zona; habían
sido pagados por exiliados cubanos en Miami.
Justo después del juicio a Arroyo, las autoridades cubanas
pusieron en libertad a otro periodista independiente, Leonardo de Varona
Gonzáles, que había cumplido una condena de 16 meses por “insultar”
al Presidente Castro. Al
menos otros tres periodistas independientes seguían encarcelados:
Bernardo Arévalo Padrón y Manuel Gonzáles Castellanos, condenados a
seis y dos años y siete meses de prisión respectivamente, por
“insultar” a Castro; y Jesús Joel Díaz Hernández, quien fue
condenado a cuatro años por “estado peligroso”, y sometido a encierro
en solitario hasta principios de agosto de 2000.
Dicha organización también reportó que el 16 de octubre de 2000,
tras su puesta en libertad, Arroyo fue golpeado e insultado por agentes de
la seguridad del Estado. Él
y otro disidente fueron sacados de la casa de un amigo, conducidos a la
estación de policía de Guines, golpeados en el camino, y llevados a
docenas de kilómetros de distancia, en donde los liberaron después de
propinarles una nueva paliza.
j.
La organización arriba citada también dio cuenta que los
periodistas extranjeros se enfrentaron al hostigamiento gubernamental
cuando intentaron colaborar o asistir a sus colegas cubanos.
La periodista free lance italiana Carmen Butta fue detenida por la Policía el 18
de junio de 2000, después de reunirse con periodistas independientes en
un trabajo de investigación para un artículo sobre la prensa
independiente cubana. En
agosto de 2000, tres periodistas suecos fueron detenidos en La Habana por
agentes de la seguridad del Estado. Ellos
habían viajado a Cuba con visados turísticos pero celebraron un
seminario sobre la libertad de prensa para periodistas independientes.
Los tres fueron deportados después de estar detenidos durante tres
días. Ese mismo mes, la
periodista francesa Martine Jacot fue detenida e interrogada en el
aeropuerto de La Habana por seis agentes de las fuerzas de seguridad
cubanas. Esta periodista había
pasado una semana en Cuba entrevistando a reporteros independientes junto
a sus familiares encarcelados. Las
autoridades cubanas confiscaron su equipo, el que incluía una videocámara
y algunos documentos personales.
26.
La exposición realizada a lo largo de esta sección del informe
permite considerar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que
el Estado cubano no ha realizado cambios con respecto al patrón represivo
utilizado en años anteriores contra aquellos grupos o personas que desean
ejercer --sin censura ni restricciones-- sus derechos a la libertad de
expresión, reunión y asociación. Es
evidente, asimismo, que lejos de promulgar leyes de conformidad con los
estándares internacionales de derechos humanos, el Estado ha emitido
nuevas normas que restringen aún más las libertades fundamentales.
Elementos oficiales del Estado cubano se han manifestado en el
sentido de que toda actividad relativa a la defensa de los derechos
humanos tiene como fin destruir el sistema político y favorecer intereses
foráneos. De ahí que estos
grupos no solamente son hostigados sistemáticamente, sino que también se
les minimiza tildándolos de “contrarrevolucionarios” y “grupúsculos”.
La Comisión reitera que estas agrupaciones, además del derecho
que tienen para ejercer legítimamente la libertad de expresión, reunión,
y asociación, constituyen una forma de pluralismo necesario para
garantizar los derechos reconocidos en los diversos instrumentos
internacionales de derechos humanos.
27.
Existen numerosos testimonios y evidencias del control sistemático
de la vida cotidiana de cada ciudadano a través del aparato estatal,
destinado a limitar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión,
reunión y asociación. Dicho
control se ejerce muchas veces a través de los centros de trabajo,
escuelas o el mismo vecindario. Según
el artículo 38 de la Constitución Política, la educación tiene una
orientación ideológica, ya que los padres tienen el deber de contribuir
activamente a la educación y formación integral de sus hijos como
ciudadanos útiles y preparados para la vida en la sociedad socialista,
mientras que el artículo 39 establece que el Estado fundamenta su política
educacional y cultural en el ideario marxista y promueve la educación
patriótica y la formación comunista de las nuevas generaciones.
Un respetado disidente, Osvaldo Payá Sardinas, miembro del
Movimiento Cristiano Liberación, emitió una declaración desde la Habana
sobre cómo los derechos de la población son silenciados por los medios
de difusión controlados por el Estado:
Ahora el Gobierno de Cuba y sus periodistas hablan de usar
batallas de ideas, pero lo que hacen mas bien es una batalla contra las
ideas, batalla desde la fuerza, batalla donde no se permita que los que
tienen otras opiniones las expresen, batalla donde se muestra o se usan
medias verdades o una parte de la verdad para inundar el ambiente e
impedir que los ciudadanos puedan hablar, debatir y proveer soluciones a
los problemas mas grandes que vive el país.
Una batalla contra las ideas de la libertad.
Se silencian los derechos, se persigue a los que los defienden y se
tergiversan sus intenciones. Los
disidentes defendemos los derechos de todos los cubanos y defendemos todos
los derechos.
La violación de estos derechos y el silenciamiento de los
mismos es la causa principal de la mayoría de los problemas más graves
que sufren los cubanos. La
falta de libertad de expresión y asociación deja al ciudadano y a los
diversos sectores de la sociedad sin instrumentos para defender sus
intereses, protestar, criticar, proponer y ejercer la soberanía popular. Sobre la falta de derechos se edifica el poder absoluto y
totalitario, la pobreza de la mayoría y los privilegios de muchos de los
que tienen el poder. La
pobreza, la humillación, la cultura del miedo y la confiscación del
futuro de nuestro pueblo se instalan y perduran sobre la base de un régimen
de no derechos.
Exigimos a los medios de difusión masiva que publiquen los
derechos humanos, para que los cubanos los descubran, o ¿es que le temen?.
Las llamadas mesas redondas deben ser sobre los temas que afectan a
Cuba y donde participen todas las personas y todas las ideas.
Podemos debatir con personas del gobierno o de su prensa sobre los
temas que hablan constantemente, es posible que en menor o mayor parte
coincidamos, pero debemos hablar, de lo que nunca hablan: de los derechos
silenciados de los cubanos, de las soluciones, de cómo desde el poder político
algunos son ahora los ricos, pero sobre todo de lo que es vital y urgente
para el pueblo. Hablemos
entonces con la necesidad de que se “descubran los derechos en Cuba”.
Y si hay dudas preguntemos al propio pueblo en una Consulta
Popular. Eso pide el Proyecto
Varela. Qué se dé al pueblo
lo que es del pueblo, aquello que ningún gobierno ni partido puede
quitarle, porque Dios se lo da: La Libertad.
28.
La exposición de este testimonio pone en evidencia, una vez más,
cómo el Estado cubano ignora por completo sus obligaciones
internacionales en materia de libertad de expresión, reunión y asociación,
derechos consagrados en los artículos IV, XXI, y XXII de la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.
La Comisión considera, asimismo, que las violaciones sistemáticas
de los derechos de reunión y asociación impiden que los ciudadanos
cubanos sean libres de asociarse con quienes elijan, sin estar sujetos a
sanciones en el ejercicio de sus otros derechos civiles, políticos, económicos
y sociales, como consecuencia de esa asociación.
En Cuba, el Estado a través del artículo 54 de la Constitución
Política
garantiza --en teoría-- el derecho de asociación. No obstante, en la práctica
la Ley
y el Reglamento de Asociaciones
permiten la violación sistemática de este derecho, ya que se impide la
legalización de toda asociación verdaderamente independiente.
La organización Human Rights Watch/Américas ha señalado en su última publicación
sobre Cuba que “El Ministerio de Justicia sólo puede legalizar las
asociaciones dispuestas a aceptar una amplia injerencia estatal en sus
actividades y el poder arbitrario del Estado para cerrarlas.
De conformidad con la Ley de Asociaciones, los miembros de grupos
de derechos humanos, colegios profesionales de médicos, economistas y
maestros, los sindicatos independientes y otras organizaciones pueden ser
procesados simplemente por pertenecer a estos grupos o por realizar
actividades sin autorización.(…) Las personas involucradas en
asociaciones no autorizadas pueden incurrir en sanciones penales que van
de los tres meses a un año de prisión, más multas.
Otras disposiciones del Código Penal también limitan la libertad
de asociación”.
29.
La organización arriba citada también señala que el proceso de
aprobación de una organización no gubernamental “está a cargo de
organismos gubernamentales altamente politizados.
Si los grupos aspirantes pretenden operar en el ámbito municipal o
provincial, el órgano encargado de revisar su solicitud es el Comité
Ejecutivo de la Asamblea del Poder Popular del área.
Si un grupo tiene la intención de trabajar en el ámbito nacional,
debe presentar su solicitud ante el órgano, organismo o dependencia
estatal que tenga relación con los objetivos y las actividades que
desarrollará la asociación. La primera revisión debe completarse en un
plazo de 90 días, transcurridos los cuales el Ministerio de Justicia
cuenta con 60 días para aceptar o rechazar la solicitud.
Los revisores del Gobierno cuentan con amplios poderes para
rechazar a las asociaciones aspirantes por motivos arbitrarios o
politizados”.
El informe de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la
violencia contra la mujer confirma lo arriba señalado así:
Si bien la Relatora Especial quedó satisfecha con el interés
que el Gobierno de Cuba ha tomado en los derechos económicos y sociales
de la mujer, le siguen preocupando al igual que a muchos de sus homólogos,
el disfrute de las libertades civiles y políticas dentro de Cuba.
Algunos aspectos de los derechos humanos se consideran un legado de
la democracia liberal burguesa. El
Gobierno de Cuba opina que en un país socialista las personas gozan de
todos los derechos civiles y políticos.
Si bien es cierto que el equipo gubernamental y los simpatizantes
del Gobierno están bien protegidos, fuera de este marco no hay verdadera
oposición. La libertad de
asociación es limitada y la libertad de expresión está restringida a
ciertos parámetros políticos. En
este sentido, no se respetan los derechos políticos y civiles generales
de la mujer. Si bien al
interior de las organizaciones civiles oficiales hay un animado debate, la
falta de organizaciones financieras e ideológicamente independientes del
Gobierno no permite que la sociedad civil sea vigilante y creadora.
Hay que hacer hincapié en la necesidad de un ejercicio más
extenso de los derechos civiles y políticos para que las mujeres
participen plenamente en la sociedad civil y en el Gobierno.
30.
El marco jurídico utilizado por las autoridades cubanas para
reprimir a quienes se atreven a ejercer sus derechos a la libertad de
expresión, asociación y reunión tiene su origen en la propia Constitución
Política de Cuba:
Artículo 62.- Ninguna de
las libertades reconocidas a los ciudadanos puede ser ejercida contra lo
establecido en la Constitución y las leyes, ni contra la existencia y
fines del Estado socialista, ni contra la decisión del pueblo cubano de
construir el socialismo y el comunismo.
La infracción de este principio es punible.
31.
Esta última frase del artículo 62 de la Constitución Política
de Cuba --“La infracción de este principio es punible”-- es aplicada
por las autoridades cubanas en concordancia con el Código Penal cubano,
para reprimir cualquier tipo de oposición pacífica al régimen en el
poder. En efecto, numerosas
disposiciones penales cubanas castigan expresamente el ejercicio de
libertades fundamentales, mientras que otras tienen tal imprecisión y
subjetividad que ofrecen amplia discrecionalidad a los agentes del Estado
para reprimir todo disentimiento de la política oficial. Así, los delitos contra la seguridad del Estado que aparecen
tipificados en el Código Penal cubano y bajo los cuales son procesados y
luego condenados la mayoría de activistas de derechos humanos,
sindicalistas y periodistas independientes, y opositores pacíficos al régimen
son: “propaganda enemiga”, “peligrosidad social”, “rebelión”,
“desacato”, “asociación ilícita”, “difamación contra héroes
y mártires”, “desorden público”, “sedición”, etc.
32.
El delito de Propaganda Enemiga está consagrado en el artículo
103 del Código Penal
y castiga directamente el ejercicio de la libertad de expresión y
asociación al establecer una pena de uno a ocho años al que “a) Incite
contra el orden social, la solidaridad internacional o el Estado
socialista, mediante la propaganda oral o escrita o en cualquier otra
forma; b) confeccione, distribuya o posea propaganda del carácter
mencionado en el inciso anterior”.
Este mismo artículo eleva la pena al “que difunda noticias
falsas o predicciones maliciosas tendientes a causar alarma o descontento
en la población, o desorden público, incurre en privación de libertad
de siete a quince años. Si,
para la ejecución de los hechos previstos en los apartados anteriores se
utilizan medios de difusión masiva, la sanción es de privación de
libertad de siete a quince años. El
que permita la utilización de los medios de difusión masiva a que se
refiere el apartado anterior, incurre en sanción de privación de
libertad de uno a cuatro años”. La
organización Human Rights Watch
ha comentado este artículo señalando que:
El delito de Propaganda Enemiga constituye una clara
infracción de los derechos universalmente reconocidos a la libertad de
expresión, de intercambio de información, y de asociación.
Las sanciones especialmente duras para este delito suponen un
poderoso elemento de disuación para la libre expresión de ideas.
Con una definición limitada, se podría aceptar la prohibición de
la propaganda enemiga en tiempos de guerra.
Sin embargo, la amplia definición de esta disposición en Cuba no
contempla dicha excepción, lo que debilita el argumento cubano de que las
restricciones a la libertad de expresión son legítimas en la lucha
contra Estados Unidos. Cuba
perpetúa injusticias alarmantes con la excusa de procesar a los
contrarrevolucionarios que practican la propaganda enemiga.
continúa...
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