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...continuación
132.
Asimismo, en general se reconoce que la pena de muerte es una forma
de castigo que difiere sustancialmente y en grado de todas las demás
formas de castigo. Es la
forma absoluta de castigo que resulta en la confiscación del más valioso
de los derechos, el derecho a la vida, el cual, una vez implementado, es
irrevocable e irreparable. Como lo observó la
Suprema Corte de Estados Unidos, la pena de muerte es cualitativamente
diferente de una sentencia de penitenciaría, por prolongada que sea.
La muerte, en su finalidad, difiere más de la cadena perpetua que
cien años de penitenciaría de un año o dos de penitenciaría.
Dada esa diferencia cualitativa, existe una consiguiente diferencia
en la necesidad de la confiabilidad en la determinación de que la muerte
es el castigo apropiado en cada caso específico.
A juicio de la Comisión, el hecho de que la pena de muerte sea una
forma de castigo excepcional también debe ser considerado al interpretar
el Artículo 4 de la Convención y el Artículo I de la Declaración.
133.
Por último, con respecto a las restricciones dispuestas en el Artículo
4 de la Convención Americana en particular, la Corte Interamericana ha
definido tres limitaciones principales explícitamente dispuestas en el
Artículo 4 a la capacidad de los Estados Parte de la Convención para
imponer la pena de muerte:
De manera que pueden observarse tres tipos de
limitaciones aplicables a los Estados Partes que no han abolido la pena de
muerte. En primer lugar, la
imposición o aplicación de esta sanción está sujeta a ciertos
requisitos procesales cuyo cumplimiento debe observarse y revisarse
estrictamente. Segundo, la
aplicación de la pena de muerte debe limitarse a los delitos comunes más
graves no relacionados con delitos políticos. Finalmente, deben tenerse en cuenta ciertas consideraciones
que hacen a la persona del acusado, que pueden prohibir la imposición o
aplicación de la pena de muerte.{del autor}
134.
Por lo tanto, las observaciones de la Corte ponen el acento en el
significado de la estricta adhesión y la revisión de las garantías del
debido proceso al implementarse la pena de muerte, de conformidad con el
Artículo 4 de la Convención. Además, como parte de ese proceso, la Corte sugiere que
algunas circunstancias del delito en particular y del delincuente en
particular pueden prohibir la imposición o aplicación de la pena de
muerte y, por tanto, deben tenerse en cuenta al sentenciar a una persona a
muerte. A este respecto, en
los casos anteriores, la Comisión ha declinado análogamente interpretar
el Artículo I de la Declaración en el sentido de que prohibe la aplicación
de la pena de muerte per se o,
que, por su parte, queda exceptuada la pena capital de las normas y
protecciones de la Declaración. Por
el contrario, en parte por referencia al Artículo 4 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, la Comisión ha llegado a la conclusión
de que, si bien el Artículo I de la Declaración no prohibe la pena de
muerte, prohibe sí su aplicación cuando ello resulta en una privación
arbitraria de la vida.
135.
Además, la Comisión ha identificado varias fallas que pueden
tornar una ejecución arbitraria en violatoria del Artículo I de la
Declaración. Esas fallas
incluyen la no limitación por el Estado de la pena de muerte a los
delitos de gravedad excepcional según lo dispuesto en leyes preexistentes,
la negación a un acusado de las garantías judiciales estrictas y
rigurosas de un juicio imparcial,
y una diversidad de prácticas notorias y demostrables dentro de un
Estado Miembro que resulte en la aplicación incoherente de la pena de
muerte por los mismos delitos.
Es a la luz de estas normas y principios interpretativos que la
Comisión debe determinar si la práctica de imponer la pena de muerte
mediante sentencia obligatoria es compatible con las disposiciones de los
Artículos I, XVIII, XXV, XXVI de la Declaración y con los principios que
informan esas disposiciones.
136.
A juicio de la Comisión, varios de los aspectos vinculados a la
imposición de la pena de muerte obligatoria por el delito de homicidio
son problemáticos en el contexto de una debida interpretación y aplicación
de la Declaración. En primer
lugar, es ampliamente reconocido que el delito de homicidio
puede ser cometido en el contexto de una amplia variedad de
circunstancias atenuantes o agravantes, con distintos grados de gravedad y
culpabilidad.
Esta conclusión queda ilustrada por la amplia definición de
homicidio que prescribe la legislación de Bahamas, como la muerte ilegítima
de otra persona con intención de matarla o causarle lesión o heridas
ilegítimas.
Ello también queda ilustrado por las circunstancias de los casos
de los condenados. Pese a la
existencia de estas disparidades, la pena de muerte obligatoria procura
imponer el castigo capital a todos los casos de homicidio, sin distinción
alguna. Esta práctica somete
a una persona que, por ejemplo, comete un homicidio en un acto espontáneo
de pasión o ira, al castigo equivalente y excepcional de una persona que
ejecuta un asesinato después de planearlo y premeditarlo minuciosamente.
137.
La sentencia obligatoria, por su propia naturaleza, impide que el
Tribunal considere si la pena de muerte es una forma de castigo apropiada
e incluso admisible en las circunstancias de un delito y un delincuente en
particular. Además, en razón
de su aplicación compulsiva y automática, la sentencia obligatoria no
puede estar sujeta a una revisión efectiva en una instancia superior.
Una vez impuesta la sentencia obligatoria, todo lo que el Tribunal
Superior puede hacer es determinar si el acusado fue hallado culpable de
un delito para el cual la sentencia ya estaba dispuesta obligatoriamente.
A juicio de la Comisión, estos aspectos de la sentencia de muerte
obligatoria no pueden conciliarse con el Artículo I de la Declaración en
varios aspectos. Como se señaló,
la pena de muerte obligatoria en Bahamas impone la muerte a todas las
personas condenadas por homicidio, pese al hecho de que el delito de
homicidio puede ser cometido con diversos grados de gravedad y
culpabilidad. No sólo esta
práctica no refleja el carácter excepcional de la pena de muerte como
forma de castigo sino que, en opinión de la Comisión,
da lugar a una privación arbitraria de la vida en contravención
del Artículo I de la Declaración.
138.
Más particularmente, la imposición de una pena de muerte
obligatoria por todos los delitos de homicidio prohibe una consideración
razonada de cada caso individual para determinar la pertinencia del
castigo en las circunstancias, pese al hecho de que el delito puede ser
cometido en circunstancias que difieren ampliamente. Por su naturaleza, entonces, este proceso elimina toda base
razonada para sentenciar a una persona a muerte y no permite una vinculación
racional y proporcional entre
los delincuentes, sus delitos y el castigo que se les impone.
La implementación de la pena de muerte de esta manera, por lo
tanto, da lugar a la privación arbitraria de la vida, dentro del sentido
común del término y en el contexto del objeto y propósito del Artículo
I de la Declaración.
139.
Principios aceptados de la interpretación de los tratados sugieren
que sentenciar a las personas a una pena de muerte por sentencia
obligatoria y sin considerar las circunstancias individuales de cada
delincuente y cada delito da lugar a la privación arbitraria de la vida
dentro del significado del Artículo I de la Declaración.
El Artículo 31(1) de la Convención de Viena sobre el Derecho de
los Tratados dispone que los tratados deben ser interpretados "de
buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos
del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta su objeto y
fin". El sentido común del término "arbitrario" connota
una acción o decisión que se basa en una selección u opción aleatoria
o conveniente y no en la razón o la naturaleza.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU sugirió un sentido
similar al término arbitrario en el contexto del Artículo 6(1) del PIDCP,
en el caso de Kindler c. Canadá.
140.
En ese caso, el peticionario, un ciudadano de Estados Unidos,
recibió una orden de extradición de Canadá para enfrentar una posible
pena de muerte en el Estado de Pennsylvania por una condena de homicidio.
El Comité llegó a la conclusión de que Canadá no había violado
los derechos del peticionario consagrados en el Artículo 6(1) del PIDCP a
no ser privado arbitrariamente de la vida por extraditarlo a Estados
Unidos sin procurar garantías del Gobierno de ese país de que no se
impondría la pena de muerte. Al mismo tiempo, el Comité sugirió que la decisión de no
negar la extradición y no procurar garantías debe basarse
demostradamente en una consideración razonada de las circunstancias del
caso del Sr. Kindler:
Si bien los Estados deben tener en cuenta las
posibilidades de protección de la vida cuando ejercen su discrecionalidad
en la aplicación de los tratados de extradición, el Comité no llega a
la conclusión de que los términos del Artículo 6 del Pacto
necesariamente exijan que Canadá niegue la extradición o procure garantías.
El Comité observa que la extradición del Sr. Kindler hubiera
violado las obligaciones que impone a Canadá el Artículo 6 del Pacto si
la decisión de extraditarlo sin procurar garantías se hubiera adoptado
de forma arbitraria o sumaria. Las
pruebas ante la Comisión revelan, sin embargo, que el Ministro de
Justicia llegó a una decisión después de oír un argumento a favor del
pedido de garantías. El Comité toma nota también de las razones otorgadas por
Canadá para no procurar garantías en
el caso del Sr. Kindler, en particular, la inexistencia de circunstancias
excepcionales, la disponibilidad del debido proceso y la importancia de no
conceder refugio a los acusados o condenados de homicidio.
141.
Por lo tanto, el Comité ha sugerido que una decisión arbitraria
incluye aquella que es tomada sin consideración razonada de las
circunstancias del caso respecto del cual se toma la decisión.
A este respecto, la pena de muerte obligatoria puede considerarse
arbitraria dentro del sentido común de ese término.
La decisión de sentenciar a una persona a muerte no se basa en una
consideración razonada del caso particular del acusado o en normas
objetivas que orienten a los tribunales en la identificación de las
circunstancias en que puede o no la pena de muerte ser un castigo adecuado.
Por el contrario, la pena deriva automáticamente, una vez que los
elementos del delito de homicidio han sido establecidos,
independientemente del grado relativo de gravedad del delito y de la
culpabilidad del delincuente.
142.
La pena de muerte obligatoria no puede conciliarse con el Artículo
I de la Declaración en otro aspecto sustancial.
Como se señaló antes, la Corte Interamericana ha subrayado
diversas restricciones a la implementación de la pena de muerte que
derivan directamente de las disposiciones del Artículo 4 de la Convención,
restricciones que, a juicio de la Comisión, también sirven de pauta para
definir las limitaciones en conformidad con el Artículo I de la Declaración
a la imposición de la pena capital. Estas incluyen consideraciones vinculadas a la naturaleza del
delito en particular, por ejemplo, si puede considerarse un delito político
o un delito común vinculado a un delito político, así como factores
relacionados con las circunstancias de cada delincuente, por ejemplo, si
la delincuente estaba embarazada en el momento de cometer el delito por el
que se podría imponer la pena capital.
Sin embargo, por su propia naturaleza, la sentencia obligatoria
impone la pena de muerte por todos los delitos de homicidio y con ello
impide la consideración de estas y de otras circunstancias de un
delincuente o un delito en particular al sentenciar a una persona a muerte.
143.
Análogamente, en razón de su carácter compulsivo, la imposición
de una sentencia de muerte obligatoria impide toda revisión efectiva en
una instancia superior para determinar la pertinencia de la sentencia de
muerte en las circunstancias de un caso en particular.
Como se señaló, una vez que la pena de muerte es impuesta, todo
lo que resta para la
instancia superior es determinar si el acusado fue debidamente hallado
culpable del delito por el
cual la sentencia de muerte estaba dispuesta obligatoriamente.
No existe oportunidad de que un tribunal revise el caso y considere
si la pena de muerte era un castigo adecuado en las circunstancias del
delito y el delincuente en particular.
Esta consecuencia no puede conciliarse con los principios
fundamentales del debido proceso consagrados en los Artículos I, XVIII, XXIV, XXV y XXVI de
la Declaración, que rigen la imposición de la pena de muerte.
144.
La Corte Interamericana ha reconocido que los Artículos 4, 5 y 8
de la Convención incluyen la estricta observancia y
revisión de los requisitos procesales que rigen la imposición o
aplicación de la pena de muerte. A
este respecto, la Comisión reitera el significado fundamental de
garantizar el pleno y estricto cumplimiento de las protecciones del debido
proceso al juzgar a personas por delitos punibles con la pena capital, los
cuales no pueden ser derogados, de acuerdo con la Convención y la
Declaración. Además,
la Corte Interamericana de Derechos Humanos recientemente observó
la existencia de un principio internacionalmente reconocido por el cual
los Estados que aún mantienen la pena de muerte deben sin excepción
ejercer el control más riguroso de la observancia de las garantías
judiciales en esos casos, de manera tal que, si debe respetarse el debido
proceso de la ley con todos sus derechos y garantías independientemente
de las circunstancias, su observancia se torna aún más importante cuando
está en juego ese derecho supremo que todo tratado y declaración de
derechos humanos reconoce y protege: el derecho a la vida.
La Comisión concluyó en los casos de Rudolph Baptiste
(Granada),
Desmond McKenzie, Andrew Downer y Alphonso Tracey, Carl Baker,
Dwight Fletcher y Anthony Rose, (Jamaica) que la imposición de la
pena de muerte en todos los casos de homicidio no es congruente con las
disposiciones de los Artículos 4, 5 y 8 de la Convención Americana, en
particular en los casos en que no se hayan observado estrictamente los
derechos de los condenados al debido proceso.
145.
La ausencia de una revisión efectiva ilustra aún más el carácter
arbitrario de la implementación de la pena de muerte mediante sentencia
obligatoria y lleva a la Comisión a concluir que esta práctica no puede
conciliarse con las disposiciones del Artículo I de la Declaración y con
los principios en que éste se sustenta.
Al respecto, la Comisión opina también que la imposición de una
sentencia de muerte obligatoria en todos los casos de homicidio en Bahamas
no es congruente con los Artículos XXVI y XXV de la Declaración ni con
los principios que los informan. El Artículo XXVI de la Declaración dispone lo siguiente:
Se presume que todo acusado es inocente, hasta que se
pruebe que es culpable.
Toda persona acusada de delito
tiene derecho a ser oído en forma imparcial y pública, a ser juzgada por
tribunales anteriormente establecidos de acuerdo con leyes preexistentes y
a que no se le impongan penas crueles, infamantes o inusitadas.
El Artículo XXV
dispone:
Nadie puede ser privado de su libertad sino en los
casos y según las formas establecidas por leyes preexistentes.
Nadie puede ser detenido por incumplimiento de
obligaciones de carácter netamente civil.
Todo individuo que haya sido privado de su libertad
tiene derecho a que el juez verifique sin demora la legalidad de la medida
y a ser juzgado sin dilación injustificada, o, de lo contrario, a ser
puesto en libertad. Tiene
derecho también a un tratamiento humano durante la privación de su
libertad.
146.
Entre los principios fundamentales en que se basan la Declaración
Americana y la Convención Americana está el reconocimiento de que los
derechos y libertades protegidas por estos instrumentos derivan de los
atributos de la persona humana.
De este principio deriva el requisito básico en que se basan la
Declaración y la Convención en su conjunto, es decir, que los individuos
sean tratados con dignidad y respeto. El Artículo XXV de la Declaración, que garantiza el derecho
a la protección contra un arresto arbitrario, dispone que toda persona
"tiene derecho a un tratamiento humano durante la privación de su
libertad". Además, el
Artículo XXVI de la Declaración que garantiza el derecho al debido
proceso de la ley, establece que toda persona acusada de un delito
"tiene derecho a ser oída en forma imparcial y pública, a ser
juzgada por tribunales anteriormente establecidos de acuerdo con leyes
preexistentes y a que no se le imponga penas crueles, infamantes o
inusitadas". La Comisión
considera que estas garantías presuponen que las personas protegidas por
la Declaración serán consideradas y tratadas como seres humanos individuales, en particular en las circunstancias en que el
Estado Parte se propone limitar o restringir el más elemental de los
derechos y libertades de una persona, como es el derecho a la vida.
A juicio de la Comisión, la consideración del respeto a la
dignidad y los valores inherentes a la persona humana es especialmente
crucial para determinar si una persona debe ser privada de la vida.
147.
La imposición obligatoria de la pena de muerte, sin embargo, tiene
a la vez el propósito y el efecto de privar a una persona de su derecho a
la vida únicamente en base a la categoría del delito por el cual el
delincuente es hallado culpable, sin tener en cuenta las circunstancias
personales del delincuente ni las circunstancias particulares del delito.
La Comisión no puede conciliar el respeto esencial por la dignidad
del individuo que informan los Artículos XXV y XXVI de la Declaración,
con un sistema que priva a la persona del más fundamental de los derechos
sin considerar si esta forma excepcional de castigo es adecuada para las
circunstancias del caso concreto.
148.
Por último, la Comisión considera que la imposición de una
sentencia de muerte obligatoria no puede conciliarse con el derecho del
delincuente al debido proceso previsto en los Artículos
XVIII, XXV y XXVI de la Declaración.
Ha quedado claramente establecido que los procesos que conducen a
la imposición de la pena capital deben conformarse con las normas más
estrictas del debido proceso. Las
normas del debido proceso que rigen las acusaciones de carácter penal
contra una persona prescritas en los Artículos XVIII, XXV y XXVI de la
Declaración incluyen, a saber, el derecho a la protección judicial, que
es el derecho a recurrir a los tribunales para garantizar el respeto por
sus derechos legítimos, y ante la violación de todo derecho
constitucional fundamental (Artículo XVIII); el derecho a no ser privado
de la libertad y a ser juzgado sin demora indebida o a ser liberado, y el
derecho a un tratamiento humano durante la detención (Artículo XXV); el
derecho a que se presuma la inocencia hasta probarse la culpabilidad y a
un juicio imparcial y público, con las garantías del debido proceso (Artículo
XXVI), y el derecho de petición
ante un autoridad competente y a obtener una decisión sin demora (Artículo
XXIV).
149.
Por lo tanto, a juicio de la Comisión, las garantías del debido
proceso consagradas en los Artículos XVIII, XXIV, XXV y XXVI de la
Declaración, leídas en conjunto con los requisitos del Artículo I de la
misma, presuponen como parte de la defensa de un individuo frente a una
acusación punible con la pena capital la oportunidad de presentar
argumentos y pruebas acerca de si la sentencia de muerte puede ser o no
permisible o adecuada en las circunstancias de su caso.
Las garantías del debido proceso también deben interpretarse en
el sentido de incluir el derecho a una revisión o apelación efectivas de
la determinación de que la pena de muerte es una sentencia adecuada en el
caso dado.
150.
La imposición obligatoria de la pena de muerte es en esencia la
antítesis de estos prerrequisitos; por su naturaleza, impide toda
oportunidad de parte del delincuente de presentar argumentos o pruebas y
de que el tribunal los considere, acerca de si la pena de muerte es una
forma de castigo permisible o adecuada, en base a las consideraciones en
que se funda el Artículo I de la Declaración o en base a otros
fundamentos; asimismo, como se señalaba antes, impide toda revisión
efectiva en una instancia superior de la decisión de sentenciar una
persona a muerte.
151.
Contrariamente a la práctica actual en Bahamas, la Comisión
considera que la imposición de la pena de muerte de manera tal que se
concilie con los Artículos I, XVIII, XXIV, XXV y XXVI de la Declaración
requiere un mecanismo efectivo por el cual el acusado pueda formular
argumentos y presentar pruebas al tribunal que lo sentenció para
determinar si la pena de muerte es una forma de castigo permisible o
adecuada en las circunstancias de su caso.
A juicio de la Comisión, esto incluye, entre otras cosas,
argumentos y pruebas acerca de si alguna de las disposiciones de los Artículos
I, XVIII, XXIV, XXV y XXVI de la Declaración podría prohibir la imposición
de la pena de muerte.
152.
A este respecto, como surgirá del examen que figura a continuación
de las jurisdicciones internacionales y nacionales, se ha elaborado un
principio de derecho común a todas las jurisdicciones democráticas que
mantienen la pena de muerte, según el cual este castigo debe
implementarse únicamente mediante sentencias
"individualizadas". A
través de este mecanismo, el acusado tiene derecho a presentar argumentos
y pruebas respecto de toda posible circunstancia atenuante en relación
con él o con su delito, y se otorga al tribunal que impone la sentencia
la discreción de considerar estos factores para determinar si la pena de
muerte es un castigo permisible o adecuado.
153.
Los factores atenuantes pueden vincularse a la gravedad del delito
en particular o al grado de culpabilidad del delincuente en particular, y
pueden influir factores tales como el carácter y los antecedentes del
delincuente, factores subjetivos que pudieron haber motivado su
comportamiento, el diseño y la manera de ejecución del delito en
particular y las posibilidades de reforma y readaptación social del
delincuente. En forma
congruente con el examen que antecede, la Comisión considera que debe
interpretarse que las normas estrictas del debido proceso y de un trato
humano consagradas en los Artículos XVIII, XXIV, XXV y XXVI de la
Declaración exigen la individualización de las sentencias en los casos
de pena de muerte.
154.
A la luz del análisis que acaba de realizarse, la Comisión
considera que la imposición por el Estado de una sentencia de muerte
obligatoria por el delito de homicidio es incongruente con las
disposiciones de los Artículos I, XXIV, XXV y XXVI de la Declaración y
con los principios en que estos Artículos se fundan.
iii.
Sentencias
individualizadas en otras jurisdicciones internacionales
y nacionales
155.
La experiencia de otras autoridades internacionales de derechos
humanos, así como las altas cortes de varias jurisdicciones del derecho
común que hasta hace poco mantenían la pena de muerte, sustancia y
refuerza una interpretación de los Artículos I, XVIII, XXIV, XXV y XXVI
de la Declaración que prohibe la imposición obligatoria de sentencias de
muerte. A este respecto, la
Comisión opina que, sobre la base de un estudio de estas jurisdicciones
internacionales y nacionales, se ha elaborado un precepto común conforme
al cual el ejercicio de la discreción orientada por parte de las
autoridades que imponen la sentencia para considerar posibles
circunstancias atenuantes del delincuente y el delito en particular se
considera condición sine qua non
para una imposición racional, humana e imparcial de la pena capital. Se ha determinado que estas circunstancias atenuantes que
deben ser consideradas incluyen, entre otras, el carácter y los
antecedentes del delincuente, factores subjetivos que pudieran haber
incidido en el comportamiento del delincuente, el diseño y la manera de
ejecución del delito en particular y la posibilidad de reforma y
readaptación social del delincuente.
156.
En el caso de Lubuto c. Zambia,
por ejemplo, el peticionario había sido objeto de una sentencia de muerte
obligatoria por robo a mano armada. El
Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas no abordó la cuestión de
si las penas de muerte obligatorias per
se contravenían el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
(PIDCP). Sin embargo, el
Comité llegó a la conclusión de que la falta de discrecionalidad de
parte de la autoridad que impone la sentencia para considerar las
circunstancias particulares del delito al determinar si la pena de muerte
es un castigo adecuado puede , en ciertas circunstancias, contravenir
condiciones internacionalmente prescrita para la implementación de la
pena capital. En este caso,
el Comité llegó a la conclusión de que la inexistencia de
discrecionalidad contravenía los requisitos del Artículo 6(2) del Pacto
de que la pena de muerte sea impuesta "sólo por los más graves
delitos" 2. El Comité
llegó a la siguiente conclusión:
Teniendo en cuenta que en este
caso el uso de armas de fuego no dio lugar a la muerte ni lesión de
persona alguna y que el Tribunal no podía por ley tener en cuenta esos
elementos al imponer la sentencia, el Comité opina que la imposición
obligatoria de la sentencia de muerte en esta circunstancia es violatoria
del Artículo 6, párrafo 2 del Pacto.
157.
El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Ejecuciones
Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias ha sugerido en términos más
generales que las normas del debido proceso aplicables a los procesos de
pena de muerte exigen, entre otras cosas, que se tengan en cuenta todos
los factores atenuantes al imponer la sentencia:
El proceso que conduce a la imposición de la pena
capital debe conformarse con las normas más estrictas de independencia,
competencia, objetividad e imparcialidad de jueces y jurados.
Todos los acusados en casos de pena capital deben contar con las
plenas garantías de una adecuada defensa en todas las etapas del proceso,
incluyendo la prestación adecuada de asistencia letrada financiada por el
Estado, a cargo de abogados defensores competentes.
Debe presumirse la inocencia de los acusados hasta demostrarse su
culpabilidad sin dejar lugar a ninguna duda razonable, en aplicación de
las normas más estrictas en la recolección y evaluación de pruebas.
Deben tenerse en cuenta todos los factores atenuantes.
Debe garantizarse un procedimiento conforme al cual los aspectos de
hecho y de derecho del caso sean revisados en una instancia superior
compuesta por jueces distintos de los que entendieron en el caso en
primera instancia. Además,
debe garantizarse el derecho del acusado a solicitar el indulto, la
conmutación de la sentencia o la clemencia.
{subrayado del autor}
158.
Las más altas instancias judiciales de varias jurisdicciones del
derecho común en las que hasta hace poco se mantenía la pena de muerte
han considerado análogamente que una imposición racional, humana e
imparcial de la pena de muerte exige una discreción orientada de parte de
la autoridad que impone la sentencia para considerar las circunstancias
atenuantes de los delincuentes y los delitos en cada caso.
La Suprema Corte de Estados Unidos en el caso Woodson c. Estado
de Carolina del Norte
llegó a la conclusión de que una sentencia de muerte obligatoria
por el delito de homicidio en primer grado de acuerdo con la ley de
Carolina del Norte violaba la Octava
y Decimocuarta
Enmiendas de la Constitución de los Estados Unidos. Entre los fundamentos para la decisión de la Corte se
encontraba la conclusión de que la pena de muerte obligatoria no satisfacía
un requisito constitucional básico y que el proceso para imponer una
sentencia de muerte no debe ser arbitrario sino que debe incorporar
"normas objetivas" que orienten y regulen el proceso y lo hagan
pasible de revisión judicial.
La Corte también llegó a la conclusión de que la pena de muerte
obligatoria no permitía la consideración particularizada de los aspectos
relevantes del carácter y los antecedentes de cada acusado condenado
antes de imponerle la sentencia de muerte, por lo cual era incongruente
con el respeto fundamental de la humanidad en que se funda la prohibición
de imponer un castigo cruel e inusitado, prevista en la Octava Enmienda.
Con respecto a este último fundamento, la Corte formuló las
elocuentes observaciones que se reproducen a continuación:
En Furman, los miembros de la Corte reconocieron lo que
no puede con justicia negarse que la muerte es un castigo diferente de
todas las demás sanciones, por su tipo y no por su grado.
Un proceso que no asigna significado alguno a facetas relevantes
del carácter y los antecedentes de cada delincuente ni a las
circunstancias de cada delito en particular excluye de la consideración,
cuando se determina el castigo capital de la muerte, la posibilidad de
factores de compasión o atenuantes que derivan de las diversas
fragilidades del ser humano. Trata
a todas las personas condenadas por un determinado delito, no como seres
humanos individuales singulares, sino como miembros de una masa
indeferenciada y sin rostro que será sometida a la aplicación ciega de
la pena de muerte.
Esta Corte ha reconocido previamente que "para la
determinación de las sentencias, la justicia en general requiere
considerar más que los actos particulares por los que se cometió el
delito y que se tengan en cuenta las circunstancias del delito
conjuntamente con el carácter y la propensidad del delincuente.
La consideración de las circunstancias del delincuente y del
delito para llegar a una sentencia justa y adecuada ha sido considerada
como una evolución progresista y humanizadora.
Si bien la práctica prevaleciente de la individualización de las
sentencias en general refleja simplemente una política lúcida y no un
imperativo constitucional, creemos que en los casos de pena capital el
respeto fundamental por la humanidad que informa a la Octava Enmienda
exige la consideración del carácter y los antecedentes de cada
delincuente y de las circunstancias del delito en particular como extremo
constitucionalmente indispensable del proceso de aplicación de la pena de
muerte.
Esta conclusión se funda en el postulado de que la
pena de muerte es cualitativamente diferente de una sentencia de
penitenciaría, por prolongada que sea.
La muerte, en su finalidad, difiere más de la cadena perpetua que
cien años de penitenciaría de uno o dos años de penitenciaría
solamente. En razón de esta
diferencia cualitativa, existe una consiguiente diferencia en la necesidad
de confiabilidad en la determinación de que la pena de muerte es el
castigo adecuado en cada caso específico.
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