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...continuación
159. En
el caso de el Estado c. Makwanyane y McHunu,
el Tribunal Constitucional de Sudáfrica eliminó la disposición
sobre pena de muerte de la Ley de Proceso Penal No. 51
por considerarla incongruente con la Constitución de Sudáfrica de
1993. Como parte de su análisis,
el Tribunal también sugirió que la discrecionalidad guiada otorgada a
los jueces sudafricanos para considerar las circunstancias personales y
los factores subjetivos del
acusado al aplicar la pena de
muerte satisfacían en parte el requisito de que no se imponga la pena de
muerte en forma arbitraria o caprichosa, y razonó en los siguientes términos
(incluidas las notas al pie):
Sobre la base de su argumento sobre las razones que
encontraron eco en la mayoría de la Corte Suprema de Estados Unidos en
Furman c. Georgia, el Sr. Trengove sostuvo, en nombre del acusado, que la
redacción imprecisa de la sección 277 y la discrecionalidad irrestricta
otorgada a los tribunales, torna sus disposiciones inconstitucionales.
{…}
En nuestro sistema judicial, las cuestiones de la
culpabilidad y la inocencia y la pertinencia de las sentencias que se
imponen a quienes son hallados culpables de delito, no son decididas
por jurados. En los casos de pena capital, en los que es probable que se
imponga la sentencia de muerte, los jueces actúan con dos asesores que
tienen igual voto que el juez en torno a la cuestión de la culpabilidad y
en torno a todo factor atenuante o agravante pertinente a la sentencia,
pero la sentencia es prerrogativa únicamente del juez.
La Ley de Proceso Penal permite el pleno derecho de apelación a
los sentenciados a muerte, incluido el derecho a impugnar la sentencia sin
haber establecido irregularidad o inconducta de parte del Juez de Primera
Instancia. La División de
Apelaciones está facultada para dejar de lado la sentencia si no la
hubiera impuesto de por sí, y ha establecido criterios para ejercer esta
facultad por ella y por otros tribunales.
Si la persona sentenciada a muerte no apela, la División de
Apelaciones está no obstante obligada a revisar el caso y a dejar de lado
la sentencia de muerte si es de la opinión de que no es adecuada.
El Tribunal debe identificar los factores atenuantes y
agravantes, teniendo en cuenta que corresponde al Estado la carga de
probar más allá de toda duda razonable la existencia de factores
agravantes y corresponde al acusado la carga de negar más allá de toda
duda razonable la presencia de todo factor atenuante.
Es preciso prestar debida atención a las circunstancias personales
y los factores subjetivos que pudieran haber incidido en la conducta del
acusado,
y estos factores deben ser ponderados con los principales objetivos
del castigo, que se ha sostenido son: la disuasión, prevención, reforma
y retribución.
En este proceso, "todo aspecto relevante debe merecer el
cuidado y la atención más escrupulosos"
y la sentencia de muerte sólo se debe imponer en los casos más
excepcionales en que no existan perspectivas razonables de reforma y el
objeto del castigo no pueda conseguirse debidamente mediante ningún otro
tipo de sentencia.
Me parece que existe escasa diferencia entre la
discrecionalidad guiada exigida para la sentencia de muerte en Estados
Unidos y los criterios establecidos por la División de Apelaciones para
la imposición de la sentencia de muerte.
El hecho de que la División de Apelaciones, un tribunal de jueces
experimentados, adopte la decisión final en todos los casos, es, a mi
juicio, más proclive a dar como resultado sentencias congruentes, en
comparación con los mecanismos que dejan las sentencias en manos de
jurados a los que se da una orientación estatutaria sobre cómo ejercer
la discrecionalidad.
160.
Análogamente, en el caso de Bachan Singh c. el Estado de
Punjab,
el apelante argumentó ante la Suprema Corte de la India que la
sección 354(3) del Código de Proceso Penal de la India de 1973 contravenía
el requisito consagrado en el Artículo 21 de la Constitución de la India
de que "nadie será privado de la vida o de la libertad personal
excepto de acuerdo con el proceso establecido por la ley", porque la
disposición otorga a los jueces demasiada discrecionalidad en la
determinación de si los delincuentes deben ser sentenciados a muerte.
La Corte Suprema de la India rechazó la afirmación de los
apelantes porque a su juicio era incongruente con los requisitos del Artículo
21 de la Legislación de dejar la imposición de la pena de muerte" a
la discrecionalidad judicial de los tribunales, que están integrados por
personas de razón, experiencia y prestigio en la profesión", que
ejercen la discrecionalidad en las sentencias "judicialmente, de
acuerdo con principios claramente reconocidos
y cristalizados en decisiones judiciales orientadas de acuerdo con los
amplios lineamientos de la política legislativa encaminada a la consecución
de los objetivos de la sección 354(3)."
[106]l Para
llegar a esta conclusión, el Tribunal articuló los siguientes postulados,
encaminados a orientar a los jueces de la India en el ejercicio de su
discrecionalidad para imponer sentencias en relación con la pena de
muerte:
la regla normal es que el delincuente que cometió
homicidio sea sancionado con una sentencia de cadena perpetua.
El Tribunal puede apartarse de esa norma e imponer la sentencia de
muerte únicamente si existen razones especiales para ello.
Esas razones deben quedar registradas por escrito antes de
imponerse la sentencia de muerte.
Al considerar la cuestión de la sentencia de muerte
que habrá de imponerse a un delincuente que cometió homicidio, en virtud
de la sección 302 del Código Penal, el Tribunal debe tener en cuenta
todas las circunstancias relevantes en relación con el delito y con el
delincuente. Si el Tribunal
llega a la conclusión, y sólo si así ocurre, de que el delito es de un
carácter tan excepcionalmente depravado
e infame y constituye, por su designio y la forma de su ejecución,
una fuente de grave peligro para la sociedad en su conjunto, el Tribunal
podrá imponer la sentencia de muerte.
161.
El Tribunal también subrayó el papel fundamental que desempeñan
los factores atenuantes en la imposición humana de la pena capital.
El Tribunal declaró que el "alcance y concepto de los
factores atenuantes en la esfera de la pena de muerte debe merecer una
interpretación liberal y
expansiva de parte de los tribunales de acuerdo con la política escrita
en materia de sentencias en la sección 354(3)", y opinó que
una preocupación real y auténtica por la dignidad de
la vida humana postula la resistencia a quitar la vida mediante la
instrumentalidad de la ley. Eso
sólo debe ocurrir en los casos más raros y excepcionales en que no
exista incuestionablemente otra opción.
162.
La experiencia de otras jurisdicciones internacionales y nacionales,
por lo tanto, sugiere que los tribunales deben tener discrecionalidad para
tener en cuenta las circunstancias individuales de cada delincuente y de
cada delito al determinar si la pena de muerte puede y debe ser impuesta,
si la sentencia debe considerarse racional, humana y acorde con los
requisitos del debido proceso. Las
circunstancias individuales que habrán de considerarse se ha determinado
incluyen el carácter y los antecedentes del delincuente, los factores
subjetivos que pudieran haber incidido en su comportamiento, el diseño y
la manera de la ejecución del delito en particular y la posibilidad de
reforma y readaptación social del delincuente.
163.
Las autoridades de
estas jurisdicciones han sugerido también que, para ejercerla en forma
racional y no arbitraria, la discrecionalidad en la imposición de
sentencias debe estar orientada por principios y normas prescritos
legislativa o judicialmente, y debe estar sujeta a una revisión judicial
efectiva, todo ello con miras a garantizar que la pena de muerte se impone
sólo en las circunstancias más excepcionales y apropiadas. La Comisión considera que estos principios también deben
ser considerados al interpretar y aplicar los Artículos I, XVIII, XXIV,
XXV y XXVI de la Declaración, a efectos de exigir la individualización
de las sentencias al implementarse la pena de muerte.
Aceptar una norma menos estricta, a juicio de la Comisión,
equivaldría a no brindar una protección suficiente a los derechos más
fundamentales consagrados en la Declaración Americana.
iv.
Los casos ante la Comisión
a.
Pena de muerte obligatoria
164.
Como se señaló antes, la Comisión llega a la conclusión de que,
una vez que los condenados en estos casos fueron hallados culpables del
delito de homicidio, la ley de Bahamas no permitió que los tribunales
determinasen si la pena de muerte era una sanción permisible o adecuada
para los condenados. No hubo
oportunidad de que el Juez de Primera Instancia o el jurado considerasen
factores tales de los condenados como su carácter y sus antecedentes, la
naturaleza o gravedad de los delitos ni ningún otro factor relevante.
Los condenados fueron igualmente impedidos de presentar argumentos
sobre estas cuestiones. Los condenados fueron sentenciados a una pena de muerte
obligatoria por los tribunales únicamente en base a la categoría del
delito por el que fueron condenados.
165.
Como se señaló antes, la legislación de Bahamas no permite la
consideración de circunstancias atenuantes por parte del tribunal al
sentenciar a muerte a una persona. La Comisión reconoce que, si los tribunales en estos casos
hubieran contado con discrecionalidad establecida por ley para considerar
factores de esta naturaleza al determinar la pertinencia de la sentencia,
bien podría haber igualmente impuesto la sentencia de muerte.
La Comisión no puede ni debe especular en torno a cual podría
haber sido el resultado. Esta
determinación compete correctamente a los tribunales nacionales.
Lo que es crucial para la determinación de la Comisión de que las
sentencias de muerte impuestas a los condenados contravienen la Declaración,
sin embargo, es el hecho de que los condenados no tuvieron oportunidad de
presentar factores atenuantes en el contexto de la formulación de las
sentencias, ni el tribunal pudo considerar pruebas de esta naturaleza para
determinar si la pena de muerte era el castigo adecuado en las
circunstancias de los casos de los condenados.
b.
Comité Asesor sobre Prerrogativa de Clemencia
166.
La Comisión no considera que el Comité Asesor del Estado sobre la
prerrogativa de Clemencia ("el Comité Asesor"), que fue creado
de acuerdo con los Artículos 91 y 92 de la Constitución de Bahamas,
puede ofrecer una oportunidad adecuada congruente con los requisitos de
los Artículos I, XVIII, XXIV, XXV y XXVI de la Declaración Americana
para la implementación adecuada de la pena de muerte mediante una
individualización de la sentencia. La
autoridad del Ejecutivo de Bahamas para ejercer la Prerrogativa de
clemencia está prescrita en las secciones 90, 91 y 92 de la Constitución
de Bahamas,
que establece lo siguiente:
90. (1)
El Gobernador General puede, a nombre de Su Majestad o por
iniciativa de Su Majesta:.
(a) otorgar a todo
condenado contra la ley de Bahamas un indulto, sea libre o sujeto o
condiciones legítimas;
(b) otorgar a toda
persona una suspensión, sea indefinida o por un período especificado, de
la ejecución de todo castigo que se le haya impuesto por dicho delito;
(c) sustituir por
uno menos severo el castigo que se le haya impuesto por toda sentencia por
dicho delito, o
(d) anular total o
parcialmente cualquier sentencia impuesta por dicho delito o toda sanción
o multa por otra vía adeudada a Su Majestad por dicho delito.
(2) Las facultades
del Gobernador General en virtud del párrafo 1 del presente Artículo serán
ejercidas por él de acuerdo con el asesoramiento del Ministro que él
designe, actuando de acuerdo con el asesoramiento del Primer Ministro.
91. Habrá un
Comité Asesor sobre la Prerrogativa de clemencia que estará integrado
(a) por el
Ministro referido en el párrafo 2 del Artículo 90 de esta Constitución,
y que será su Presidente;
(b) el Procurador
General; y
(c) no menos de
tres ni más de cinco otros miembros designados por el Gobernador General.
92. (1) En los
casos en que un delincuente haya sido sentenciado a muerte por un tribunal
por un delito contra la ley de Bahamas, el Ministro encomendará un
informe escrito del caso al Juez de Primera Instancia de la Corte Suprema,
conjuntamente con toda la otra información derivada del expediente del
caso o de otra fuente que el Ministro pueda requerir, lo que se tendrá en
cuenta en la reunión del Comité Asesor.
(2) El Ministro
puede consultar con el Comité
Asesor sobre la Prerrogativa de Clemencia antes de brindar asesoramiento
al Gobernador General en virtud del párrafo 2 del Artículo 90 de la
presente Constitución en todo caso no comprendido en el párrafo 1 de
este Artículo.
(3) El Ministro no
estará obligado en ningún caso a actuar de acuerdo con el asesoramiento
del Comité Asesor.
(4) El Comité
Asesor podrá aprobar su propio reglamento.
167. La legislación
de Bahamas, por lo tanto, establece un proceso conforme al cual el
Ejecutivo puede ejercer la autoridad de otorgar amnistías, indultos o
conmutaciones de las sentencias. Sin
embargo, la Comisión no tiene conocimiento de ningún criterio prescrito
que se aplique al ejercicio de las funciones o discrecionalidad del Comité
Asesor, con excepción del requisito de que en los casos de pena de muerte
el Ministro encomendará un informe escrito del caso al Juez de Primera
Instancia y posiblemente alguna otra información a discreción del
Ministro, la que se tendrá en cuenta en la reunión del Comité Asesor.
Tampoco tiene conocimiento la Comisión de derecho alguno de parte
del delincuente para presentarse ante el Comité Asesor, estar informado
de la fecha en que se reunirá el Comité para examinar su caso,
presentar argumentos verbales o escritos al Comité Asesor ni
presentar, recibir o impugnar las pruebas que considere el Comité
Asesor. Los escritos de los
peticionarios confirman que el ejercicio de la facultad de clemencia en
Bahamas comporta un acto de misericordia que no está sujeto a derechos
legales y por tanto no está sujeto a revisión judicial.
168.
Este proceso no es congruente con las normas establecidas en los
Artículos I, XVIII, XXIV, XXV y XXVI de la Declaración, que son
aplicables a la imposición de las sentencias de muerte obligatorias.
Como se señaló, estas normas incluyen principios y normas
prescritos legislativa o judicialmente para orientar a los tribunales
en la determinación de la pertinencia de las sentencias de muerte
en cada caso y un derecho efectivo de apelación o revisión judicial
respecto de la sentencia impuesta. El
proceso de prerrogativa de clemencia en Bahamas obviamente no satisface
estas normas y, por tanto, no puede servir de sustituto de una
individualización de las sentencias en los procesos que involucran la
pena de muerte.
169.
Además, en base a la información que tuvo ante sí, la Comisión
llega a la conclusión de que el procedimiento para el otorgamiento de
clemencia en Bahamas no garantiza a los reclusos condenados una
oportunidad efectiva o adecuada para participar en el proceso de clemencia
y, por tanto, no garantiza debidamente los derechos de los condenados
consagrados en el Artículo XXIV de la Declaración a presentar
respetuosamente peticiones ante una autoridad competente por razones de
interés general o privado, ni el derecho a obtener una decisión sin
demora a ese respecto.
170.
A juicio de la Comisión, el derecho de petición consagrado en el
Artículo XXIV de la Declaración, leído conjuntamente con las
obligaciones que la Declaración impone al Estado, debe interpretarse en
el sentido de que abarca ciertas protecciones procesales mínimas para los
reclusos condenados a fin de que el derecho se ejerza y respete
efectivamente. Estas
protecciones incluyen el derecho de parte de los reclusos condenados a
solicitar la amnistía, el indulto o la conmutación de la sentencia, a
estar informados de cuándo la autoridad competente considerará su caso,
a presentar argumentos, en persona o por vía de una asesor, ante la
autoridad competente, y a recibir una decisión de la autoridad dentro de
un plazo razonable antes de
su ejecución. También
conlleva el derecho a que no se imponga la pena capital en tanto una
petición está pendiente de decisión ante una autoridad competente.
A fin de conceder a los condenados una oportunidad efectiva para
ejercer este derecho, el Estado debe prescribir y ofrecer un procedimiento
conforme al cual los reclusos puedan presentar una petición de amnistía,
indulto o conmutación de sentencia, y presentar argumentos en apoyo de
esa petición. En ausencia de
protecciones y procedimientos mínimos de esta naturaleza, el Artículo
XXIV de la Declaración Americana pierde sentido, tornándose un derecho
sin recurso. Esa interpretación
no puede sostenerse a la luz del objeto y propósito de la Declaración
Americana.
171.
A este respecto, el derecho de petición consagrado en el Artículo
XXIV de la Declaración puede considerarse similar al derecho previsto en
el Artículo XXVII de la Declaración Americana según el cual "toda
persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio
extranjero, en caso de persecución que no sea motivada por delitos de
derecho común y de acuerdo con la legislación de cada país y con los
convenios internacionales, y
al correspondiente Artículo 22(7) de la Convención, que establece el
derecho de toda persona a "buscar y recibir asilo en territorio
extranjero en caso de persecución por delitos políticos o comunes
conexos con los políticos y de acuerdo con la legislación de cada Estado
y los convenios internacionales."[111] La
Comisión ha interpretado la primera de estas disposiciones conjuntamente
con la Convención de 1951 relativa a la Condición de Refugiado y el
Protocolo de 1967 en relación con la Condición de Refugiado, en el
sentido de que da lugar a un derecho en el derecho internacional, para las
personas que buscan refugio, a una audiencia para determinar si reúne las
condiciones de refugiado.
Otros requisitos internacionalmente articulados que rigen el
derecho a pedir asilo reflejan normas mínimas similares, a saber, el
derecho de los individuos a solicitar asilo ante las autoridades
pertinentes, a presentar argumentos en apoyo de su petición y a recibir
una decisión.
172.
En forma congruente con la interpretación del derecho a pedir
asilo de la Comisión y de otras autoridades internacionales, la Comisión
llega a la conclusión de que el Artículo XXIV de la Declaración debe
interpretarse en el sentido de que abarca ciertas garantías procesales mínimas
para los condenados a fin de que se pueda respetar y ejercer efectivamente
el derecho. La Comisión
observa a este respecto que algunas jurisdicciones del derecho común que
mantienen la pena de muerte han establecido procedimientos conforme a los
cuales los reclusos pueden
participar en el proceso de amnistía, indulto o conmutación de la
sentencia.
173.
La información ante la Comisión indica que el procedimiento de
Bahamas para otorgar la amnistía, el indulto o la conmutación de la
sentencia no garantiza a los condenados ninguna protección procesal.
Por sus términos, las Secciones 91 y 92 de la Constitución de
Bahamas no otorgan a los reclusos condenados ninguna función en el
proceso de clemencia.
174.
Los peticionarios han sostenido que los condenados no tienen
derecho a presentar argumentos ante el Comité Asesor.
La posibilidad de solicitar una amnistía, el indulto o la
conmutación de la sentencia queda absolutamente a discreción del Comité
Asesor y no se establece ningún procedimiento o mecanismo que especifique
la manera en que el recluso puede presentar un pedido de amnistía,
indulto o conmutación de la sentencia, presentar argumentos en respaldo
de su petición o recibir una decisión. En consecuencia, la Comisión llega a la conclusión de que
el Estado no ha respetado el derecho de los condenados consagrado en el
Artículo XXIV de la Declaración Americana a presentar respetuosamente
peticiones ante una autoridad competente
para solicitar la amnistía, el indulto o la conmutación de la
sentencia y obtener sin demora una decisión al respecto.
v.
Conclusión
175.
Sobre la base de los hechos que anteceden y los principios
interpretativos esbozados anteriormente, la Comisión llega a la conclusión
de que, al imponerse una sentencia de muerte obligatoria contra los señores
Edwards, Hall, Schroeter y Bowleg, el Estado ha violado los derechos
consagrados en los Artículos I, XVIII, XXIV, XXV y XXVI de la
Declaración.
176.
Más particularmente, la Comisión llega a la conclusión de que el
Juez de Primera Instancia impuso la sentencia de muerte obligatoria a los
condenados en ausencia de toda discrecionalidad guiada para considerar las
características personales y las circunstancias particulares de sus
delitos a fin de determinar si la pena de muerte era el castigo adecuado,
y que ello constituye una violación de los derechos establecidos en los
Artículos I, XVIII, XXIV, XXV y XXVI de la Declaración Americana.
Tampoco se brindó a los condenados oportunidad para presentar
argumentos y pruebas acerca de si la pena de muerte era un castigo
adecuado en las circunstancias de sus casos.
177.
Por el contrario, se les impuso la pena de muerte únicamente en
base a la categoría del delito por el cual fueron condenados y sin
ninguna distinción o racionalización de principios basada en las
circunstancias particulares de su personalidad o del delito que habían
cometido. Además, la
pertinencia de las sentencias impuestas no fue susceptible de ningún tipo
de revisión judicial y sus ejecuciones son
ahora inminentes, habiéndose mantenido las condenas por homicidio
en la instancia de apelación ante la Corte de Apelaciones de Bahamas.
Por lo tanto, la Comisión llega a la conclusión de que el Estado
ha violado los derechos de los condenados consagrados en el Artículo I de
la Declaración a no ser arbitrariamente privados de su vida y, por
consiguiente, que las sentencias de muerte obligatorias contra los señores
Edwards, Hall, Schroeter y Bowleg son ilegítimas.
178.
La Comisión también llega a la conclusión de que el Estado, al
sentenciar a los condenados a una pena de muerte obligatoria sin tener en
cuenta las circunstancias individuales, no ha respetado su derecho a un
tratamiento humano, en virtud de los Artículos XXV y XXVI de la Declaración,
y los ha sometido a un castigo o tratamiento cruel, inhumano o degradante,
en violación de esos Artículos. El
Estado sentenció a los condenados a muerte únicamente porque habían
sido hallados culpables de una categoría predeterminada de delitos.
En consecuencia, el proceso al que fueron sometidos los privaría
de su derecho más fundamental, el derecho a la vida, sin consideración
de las circunstancias personales ni de sus delitos.
El tratamiento impuesto a los señores Edwards, Hall, Schroeter y
Bowleg abroga el respeto fundamental por la humanidad en que se fundan los
derechos protegidos en la Declaración y, en particular, en los Artículos
XXV y XXVI.
179.
La Comisión también concluye que el Estado ha violado los
derechos de los condenados consagrados en el Artículo XXIV de la
Declaración Americana al no garantizarles un derecho efectivo de petición
y a solicitar la amnistía, el indulto o la conmutación de la sentencia,
a presentar argumentos, en persona o mediante un abogado, ante el Comité
Asesor sobre la prerrogativa de clemencia, y a recibir sin demora una
decisión del Comité Asesor, dentro de un plazo razonable antes de su
ejecución.
180.
Finalmente, la Comisión llega a la conclusión de que el Estado ha
violado los derechos de los condenados a una audiencia con las debidas
garantías, ante un tribunal competente, independiente e imparcial,
conforme a los dispuesto en los Artículos XVIII, XXV y XXVI de la
Declaración Americana. No se
brindó a los condenados oportunidad para presentar argumentos y pruebas
ante el Juez de Primera Instancia acerca de si sus delitos ameritaban la
pena capital de la muerte, con lo que se les negó el derecho a responder
plenamente y defenderse
contra las acusaciones penales de que fueron objeto.
181.
De las conclusiones de la Comisión se deriva que, si el Estado
ejecuta a los condenados conforme a una sentencia de muerte obligatoria,
ello constituiría una nueva violación irreparable de los Artículos I,
XVIII, XXV, XXVI de la Declaración.
182.
Dadas las conclusiones en cuanto a la legalidad de la sentencia de
muerte contra los condenados, en virtud de los Artículos I, XVIII, XXIV y
XXVI de la Declaración, la Comisión no considera necesario determinar si
las sentencias impuestas a los señores Edwards, Hall, Schroeter y Bowleg
a una pena de muerte obligatoria son violatorias de los derechos a la
igual protección de la ley, en contravención del Artículo II de la
Declaración.
b.
Artículos XI, XXV y XXVI de la Declaración, condiciones de detención
183.
Los peticionarios alegan que el Estado ha violado los derechos de
los condenados a la preservación de la salud y a condiciones de vida
dignas, y el derecho a no ser sometidos a un castigo o tratamiento cruel,
inusitado o degradante, en virtud de los Artículos XI, XXV y XXVI de la
Declaración Americana, debido a las condiciones de detención a que
fueron sometidos. Sostienen
además que estas condiciones tornan ilegítimas sus ejecuciones, en
virtud del Artículo I de la Declaración.
i.
Condiciones de detención del Sr. Edwards
184.
Los peticionarios han formulado alegaciones generales en relación
con las condiciones de detención del Sr. Edwards y denuncian que tales
condiciones violan el derecho a un tratamiento humano garantizados por los
Artículos XI y XXVI de la Declaración Americana.
En su petición original del 5 de noviembre de 1998, los
peticionarios declaraban que, "este fundamento será ampliado o
retirado en su oportunidad." Posteriormente, por carta del 5 de febrero de 1999, los
peticionarios informaron a la Comisión que tenían dificultades para
obtener información en relación con las condiciones de detención del
Sr. Edwards y que se reservaban el derecho a elaborar este fundamento de
la petición una vez que obtuvieran la información pertinente.
Como se indicó antes, el Estado respondió a las alegaciones de la
petición en relación con el carácter obligatorio de la pena de muerte y
el Comité Asesor sobre la prerrogativa de clemencia, pero no formuló
comentario alguno acerca de la denuncia general de los peticionarios de
condiciones inhumanas de detención.
185.
Hasta la fecha, la Comisión no ha recibido esa información de los
peticionarios para formular una determinación acerca de las condiciones
de detención del Sr. Edwards por lo cual desestima la denuncia en relación
con las condiciones de detención de este recluso.
ii.
Condiciones de detención del Sr. Hall
186.
Los peticionarios denuncian que las condiciones de detención del
Sr. Hall violan su derecho a un tratamiento humano en virtud del Artículo
XXVI de la Declaración. A
este respecto, los peticionarios alegan que, cuando el Sr. Hall fue
arrestado en agosto de 1996, fue ubicado en una dependencia de máxima
seguridad en la penitenciaría donde se detiene a los condenados antes de
su ejecución y que esa detención ha continuado.
Los peticionarios sostienen que durante el período de reclusión
del Sr. Hall se le ha mantenido en una celda que carece de ventanas y que
mide aproximadamente dos por dos metros sin otro elemento que un colchón
y un balde dentro de la celda; que la celda es insoportablemente calurosa
y que carece de ventilación; que la puerta de la celda tiene barras y
placas de metal que impiden la circulación del aire, y que el tiempo que
dedica a realizar ejercicios es sustancialmente inferior al que requiere
la normativa penitenciaria de Bahamas.
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