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...continuación
IV.
ANALISIS
A.
Norma de revisión
107.
La Comisión analizará los méritos de las peticiones de los señores
Edwards, Hall, Schroeter y Bowleg, de acuerdo con las disposiciones de los
Artículos de la Declaración Americana
porque Bahamas no es parte de la Convención Americana.
Al abordar las alegaciones planteadas por los representantes de los
peticionarios en estos casos, incluidas sus denuncias de que la sentencia
de muerte obligatoria contra los condenados es violatoria del Artículo I
de la Declaración Americana, la Comisión desea primero aclarar que, al
interpretar y aplicar la Declaración, es necesario considerar sus
disposiciones en el contexto más amplio de los sistemas internacionales e
interamericanos de derechos humanos, a la luz de la evolución del derecho
internacional en materia de derechos humanos desde que se redactó la
Declaración y teniendo debidamente en cuenta otras normas pertinentes del
derecho internacional aplicables a los Estados miembros contra los cuales
se interpongan debidamente denuncias de violación de la Declaración.
La Corte
Interamericana de Derechos Humanos reiteró recientemente su respaldo a
una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de
derechos humanos, en la que se tenga en cuenta la evolución del corpus
juris gentium del derecho internacional en materia de derechos humanos
a lo largo del tiempo y en las condiciones actuales.
108.
La evolución del cuerpo de derecho internacional en materia de
derechos humanos pertinente a la interpretación y aplicación de la
Declaración Americana puede a su vez examinarse a partir de las
disposiciones de otros instrumentos internacionales y regionales de
derechos humanos vigentes. Ello
incluye en particular la Convención Americana sobre Derechos Humanos que
en muchas instancias puede considerarse representa una expresión
actualizada de los principios fundamentales establecidos en la Declaración
Americana.
109.
Antes de abordar los méritos de este caso, la Comisión considera
aconsejable articular su norma de revisión en los casos de pena capital.
Al respecto, la Comisión opina que debe aplicar un nivel de escrutinio más
estricto en esos casos. El
derecho a la vida es ampliamente reconocido como el derecho supremo del
ser humano y conditio sine qua non
para el goce de todos los demás derechos.
La Comisión, por lo tanto, considera que tiene una obligación aún
mayor de garantizar que toda privación de la vida cometida por un Estado
parte mediante la pena de muerte cumpla estrictamente las disposiciones de
la Declaración, en particular la disposición sobre el derecho a la vida,
del Artículo I, las garantías de un trato humano consagradas en los Artículos
XXV y XXVI, y las garantías al debido proceso y a las protecciones
judiciales dispuestas en los Artículos XVIII, XXV, XXIV y XXVI de la
Declaración.
110.
Esta prueba de un escrutinio más estricto es congruente con el
criterio restrictivo de las disposiciones sobre pena de muerte de los
tratados de derechos humanos defendidos por otras autoridades
internacionales.
En particular, la Corte Interamericana ha llegado a la conclusión
de que la Convención Americana ha adoptado un criterio respecto de la
pena de muerte que es de carácter "incremental", conforme al
cual, sin llegar a abolir la pena de muerte, la Convención impone
restricciones destinadas a delimitar estrictamente su aplicación y
alcance, a fin de reducir la aplicación de la pena de muerte hasta su
gradual desaparición.
111.
La Comisión también observa que esta prueba de un escrutinio más
estricto no está impedida por la fórmula de la cuarta instancia adoptada
por la Comisión. De acuerdo
con la fórmula de la cuarta instancia, la Comisión en principio no
examinará las sentencias dictadas por los tribunales nacionales que actúen
dentro de sus competencias y con las debidas garantías judiciales.
La fórmula de la cuarta instancia, sin embargo, no impide que la
Comisión considere un caso en que las alegaciones de los peticionarios
comporten una posible violación de algunos de los derechos consagrados en
la Convención Americana y en la Declaración Americana.
En el caso de Clifton Wright, por ejemplo, un ciudadano de
Jamaica que alegó que un error judicial dio lugar a una sentencia de
muerte contra él, la Comisión llegó a la conclusión de que la condena
y la sentencia estaban viciadas por el expediente del caso, pero que el
proceso de apelaciones de Jamaica no permitía la reparación de la
situación. En consecuencia,
la Comisión llegó a la conclusión de que Jamaica había violado el
derecho del peticionario a la protección judicial, consagrado en el Artículo
XXV de la Convención, por lo cual recomendó que el Gobierno de Jamaica
ordenara una investigación de la cuestión y otorgara al Sr. Wright una
reparación judicial para corregir la incongruencia.
Dado que se había negado al Sr. Wright una protección judicial
interna efectiva y era víctima de una violación discreta de derechos
humanos en virtud de la Convención Americana, no se aplicaba en el caso
la fórmula de la cuarta instancia.
112.
Análogamente, en el caso William Andrews, la Comisión
aplicó la prueba de un escrutinio más estricto y no se vio impedida por
la fórmula de la cuarta instancia de examinar el caso del Sr. Andrews.
El Sr. Andrews fue sentenciado a muerte tras la conclusión de un
juicio en el Estado de Utah, Estados Unidos de América.
Tras el examen del caso, la Comisión llegó a la conclusión de
que el Sr. Andrews no había recibido protección judicial de los Estados
Unidos de América contra la discriminación racial a la que había sido
sometido durante su juicio por homicidio punible con pena capital.
La Comisión llegó a la conclusión de que se habían violado los
derechos del Sr. Andrews consagrados en la Declaración Americana, a
saber, el derecho a la vida (Artículo I), el derecho a un juicio
imparcial (Artículo XXVI), el derecho a la igualdad ante la ley (Artículo
II) y a no ser sometido a un castigo o tratamiento cruel, infame o inusual
por el Estado (Artículo XXVI). La
Comisión llegó a la conclusión, a raíz de la violación de los Artículos
de la Declaración, de que la ejecución del Sr. Andrews constituía una
privación arbitraria del derecho a la vida en virtud del Artículo I de
la Declaración Americana, por lo cual recomendó la indemnización de los
familiares del condenado.
113.
La Comisión, por lo tanto, examinará las alegaciones de los señores
Edwards, Hall, Schroeter y Bowleg en relación con la imposición de la
pena capital, con un escrutinio más estricto para garantizar el debido
respeto del derecho a la vida dispuesto en la Declaración.
Además, la fórmula de la cuarta instancia no impedirá que la
Comisión dictamine en relación con sus derechos en la medida en que las
denuncias revelen posibles violaciones de la Declaración Americana.
B.
Presuntas violaciones de la Declaración Americana
114.
Como se detalló anteriormente, los peticionarios alegan: i) la
violación de los Artículos I, II, XVII, XVIII, XI, XXV y XXVI de la
Declarlación, en relación con el carácter obligatorio de la pena de
muerte y el proceso de otorgamiento de amnistía, indulto o conmutación
de la sentencia en Bahamas; ii) la violación de los Artículos XI, XXV y
XXVI de la Declaración en
relación con las condiciones de detención y iii) la violación de los
Artículos XVIII y XXVI de la Declaración, en relación con la
inexistencia de asistencia letrada para acciones constitucionales en
Bahamas y el derecho a un juicio imparcial.
115.
Como se señaló antes, el 11 de diciembre de 1998, el Estado sólo
respondió a las comunicaciones de la Comisión en relación con el Sr.
Edwards, En el caso del Sr. Edwards el Estado argumentó
que el Consejo Privado, máxima instancia de apelación de Bahamas,
había sostenido la constitucionalidad de la imposición de una pena de
muerte obligatoria contra los condenados por homicidio y de los
procedimientos aplicados por el Comité Asesor sobre prerrogativa de
clemencia. El Estado no
contestó a las comunicaciones de la Comisión de fecha 10 de diciembre de
1998 y 19 de octubre de 1999, con respecto a la petición del Sr. Hall.
Tampoco respondió el Estado a las comunicaciones de la Comisión
de fechas 19 y 25 de enero de 1999, en relación con la petición de los
señores Schroeter y Bowleg, para que suministrara a la Comisión la
información que el Estado considerara pertinente en relación con el
agotamiento de los recursos internos y con las denuncias planteadas en las
peticiones.
116.
En consecuencia, al determinar los méritos de las alegaciones de
los peticionarios respecto de los señores Hall, Schroeter y Bowleg, la
Comisión presumirá que los hechos denunciados en la petición son
verdaderos, siempre que no se aporten pruebas que den lugar a una conclusión
diferente, en conformidad con el Artículo 42 del Reglamento de la
Comisión.
a.
Artículos I, II, XVIII, XXIIV, XXVI – Pena de muerte obligatoria
i.
Los señores Edwards, Hall,
Schroeter y Bowleg fueron sentenciados a una pena de muerte obligatoria
117.
Los señores Edwards, Hall, Schroeter y Bowleg fueron condenados
por homicidio de acuerdo con el Código Penal de Bahamas.
La Sección 311 del Código Penal de Bahamas dispone que quien
intencionalmente cause la muerte a otra persona mediante algún daño ilegítimo
es culpable de homicidio, a menos que el delito se reduzca a homicidio
culposo en razón de provocación extrema u otro elemento de excusa
parcial, según se indique en este título.
La sección 312 del Código Penal dispone que quien quiera que
cometa homicidio se hará pasible de sufrir la muerte.
El delito de homicidio en Bahamas puede por tanto considerarse
sujeto a pena de muerte obligatoria, a saber, una sentencia de muerte que
la ley obliga a imponer a la autoridad que dicta la sentencia en base únicamente
a la categoría del delito del que se halla responsable al acusado.
Una vez que el acusado es declarado culpable del delito de
homicidio, debe imponerse la pena de muerte.
118.
Con respecto al caso del Sr. Edwards, los peticionarios sostienen
que existían circunstancias atenuantes que no pudieron ser presentadas al
Juez de Primera Instancia cuando se condenó al Sr. Edwards por homicidio
pero sí antes de su sentencia. Los
peticionarios sostienen que el Sr. Edwards cometió un robo que resultó
en la muerte y que en razón de la Sección 11(3) del Código Penal de
Bahamas que define lo que constituye "intención" de cometer
homicidio en virtud de la Sección 313 del Código Penal, el Sr. Edwards
fue condenado a muerte. En la sección 11(3) se establece que "si una persona
comete un acto de un tipo tal o en una manera tal que, si hubiera aplicado
una prudencia y una observación razonables, le habría parecido que el
acto probablemente causase o contribuyese a causar un hecho, o que existiría
grave riesgo a que el acto causase o contribuyese a causar un hecho, se
presumirá que tuvo intención de causar ese hecho, hasta que se demuestre
que creía que el acto probablemente no causaría ni contribuiría a
causar el hecho."
119.
Además, los peticionarios informan que el occiso recibió un único
disparo y que se le sustrajeron US$ 800 en efectivo.
Los peticionarios sostienen que los tres empleados de la tienda, de
14, 16 y 21 años, testigos de la acusación, declararon que se produjo un
robo en la tienda en el curso del cual se dispararon uno o dos tiros que
causaron la muerte del occiso, pero ninguno vio el arma que fue disparada. Los peticionarios afirman que un cuarto testigo de la acusación
declaró que se produjo un robo y afirmó que en el curso del robo se le
pidió que llenara una bolsa de dinero de la caja de la tienda pero no
identificó al delincuente en el reconocimiento policial.
Los peticionarios sostienen que ha existido colusión entre los
testigos en el reconocimiento policial y que existieron irregularidades
procesales en la conducción de su identificación.
Los peticionarios argumentan que el Sr. Edwards brindó declaración
bajo juramento y su defensa fue la de un error de identificación, que
recurrió a la coartada de un testigo y que su coartada había sido
confirmada por otros cinco testigos.
Los peticionarios sostienen que uno de los cinco testigos del Sr.
Edwards declaró que se encontraba en la tienda cuando se produjo el robo
y que el pistolero no tenía la apariencia del Sr. Edwards.
Sin embargo, el Sr. Edwards fue sentenciado a muerte únicamente en
base a la categoría del delito por el que fue condenado.
120.
En los casos de los señores Hall, Schroeter y Bowleg, los
peticionarios afirman que los señores Hall, Schroeter y Bowleg fueron
juzgados como co-acusados del delito de homicidio.
En el caso del Sr. Hall, los peticionarios sostienen que la defensa
de Hall fue un error de identificación y que el Sr. Hall tenía la
coartada de un testigo. Lo
peticionarios argumentan que existió falta de pruebas forenses de la
complicidad del Sr. Hall en el homicidio y que fue condenado por las
confesiones involuntarias de los señores Schroeter y Bowleg, quienes
fueron torturados por la policía para formular esas declaraciones
involuntarias, que lo implicaron en el homicidio.
Además, los peticionarios sostienen que el Sr. Hall sigue negando
su culpabilidad en relación con el delito y que el Sr. Hall carece de
antecedentes penales. De
acuerdo con los peticionarios, la causa de la acusación era que los señores
Schroeter y Bowleg habían participado en un intento conjunto de robo del
occiso, que culminó con la muerte de éste.
Los señores Schroeter y Bowleg afirman que tenían coartadas para
demostrar que no se encontraban en la zona en el momento de los disparos y
que dos testigos respaldaron sus coartadas en una declaración jurada.
121.
Además, los señores Schroeter y Bowleg afirman que fueron
condenados en base a sus declaraciones involuntarias, que fueron brindadas
a oficiales de policía después de haber sido maltratados físicamente y
torturados por éstos. En
consecuencia, el tribunal que impuso las sentencias de muerte contra los
condenados en Bahamas no pudo tener en cuenta estas circunstancias
atenuantes puesto que, de acuerdo con las Secciones 312 y 11(3) del Código
Penal de Bahamas, la muerte es la sentencia prescrita para el delito de
homicidio.
122.
Como se indicó antes, los señores Edwards, Hall, Schroeter y
Bowleg han alegado que, al haber sido sentenciados a una pena de muerte
obligatoria por el delito de homicidio, el Estado ha violado los derechos
garantizados en los Artículos I, II, XVIII, XXIV, y XXV, XXVI de la
Declaració Americana. Los señores
Edwards, Hall, Schroeter y Bowleg también han argumentado que el proceso
para la concesión de amnistía, el indulto o la conmutación de la
sentencia en Bahamas no brinda una oportunidad adecuada para considerar
las circunstancias individuales y atenuantes y que ello es violatorio del
derecho de petición amparado en el Artículo XXIV de la Declaración.
123.
La Comisión analizará primero la compatibilidad de la sentencia
de muerte obligatoria por el delito de homicidio con los Artículos I, II,
XVIII, XXIV, XXV, XXVI, a la luz de los términos de estas disposiciones,
los principios que las informan y los antecedentes internacionales y
nacionales relevantes. La
Comisión determinará luego si el Estado ha violado los derechos de los
señores Edwards, Hall, Schroeter y Bowleg amparados en la Declaración,
debido a la manera en que fueron sentenciados a muerte.
ii.
Artículos I, XVIII, XXIV,
XXV y XXVI de la Declaración y pena
de muerte obligatoria
124.
A la luz de las alegaciones formuladas por los condenados, la
Comisión debe primero determinar si la práctica de imponer la pena de
muerte por el delito de homicidio mediante sentencia obligatoria es
compatible con el Artículo I (derecho a la vida), los Artículos XVIII,
XXV, XXVI, XXIV (derecho a la protección judicial, derecho a un juicio
imparcial, derecho al debido proceso de la ley y a un trato humano y
derecho de petición) de la Declaración Americana y con los principios en
que se fundan estas disposiciones.
125.
El Artículo I de la Declaración Americana dispone lo siguiente:
Todo
ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su
persona.
126.
El Artículo I de la Declaración pone el acento en el "derecho
a la vida" y no en la privación arbitraria de la vida, y no hace
referencia específicamente a la "pena capital" en la manera que
los hace el Artículo 4 de la Convención Americana.
Sin embargo, la Comisión refiere a los travaux preparatoires de la Declaración Americana, bajo el título
de "Proyecto de Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre", preparado por el Comité Jurídico Interamericano ("Comité
Jurídico") para la consideración
por la Novena Conferencia Internacional de Estados Americanos, Unión
Panamericana, Washington, 1948.
La Comisión observa que el antiguo Artículo I de la Declaración
Americana que figura en los travaux prepartoires específicamente abordaba la cuestión de la
pena capital y de las restricciones a su aplicación, y establece:
127.
Sin embargo, el párrafo segundo del proyecto de Artículo I fue
eliminado en la versión final de la Declaración y la razón señalada
para esta eliminación por el Comité Jurídico, en el párrafo 10 de los travaux
preparatoires fue la
siguiente:
Se reforma también la última
parte de este artículo para destacar que el Comité no toma partido en
favor de la pena de muerte, sino que, admitiendo el hecho de que hay en el
Continente diversidad de legislaciones al respecto, reconoce la facultad
de cada Estado de regular esta cuestión.
128.
Queda absolutamente en claro, a estar a los travaux
prepartoires de la Declaración Americana, que el Comité Jurídico
consideró que "el derecho a la vida" es el derecho humano
fundamental, que debe extenderse "desde el momento de la concepción
para todas las personas incluyendo los incurables, retardados y enfermos
mentales." Sin
embargo, el párrafo 2 original de los travaux
prepartoire expresamente restringía la
imposición y aplicación de la pena capital, estableciendo que
"sólo se aplicara a casos en los que estuviera prescrita por ley
preexistente para delitos de excepcional gravedad."
Además, pese a la omisión del párrafo 2 original en el proyecto
final de la Declaración, la Comisión opina que los fundadores de la
Declaración tenían el propósito de que los Estados, al promulgar leyes
respecto de la pena capital, defendieran el carácter sagrado de la vida
con todas las garantías judiciales del debido proceso que figuran en
otros artículos de la Declaración, antes de imponer e implementar la
pena capital. Estos derechos
y garantías judiciales del debido proceso previstos en la Declaración,
aparte de los del Artículo I, incluyen los siguientes Artículos y
disposiciones:
El Artículo II
dispone:
Todas las personas son iguales ante la Ley y tienen los
derechos y deberes consagrados en esta Declaración, sin distinción de
raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna.
El Artículo XVIII
establece:
Toda persona puede concurrir a los tribunales para
hacer valer sus derechos. Asimismo,
debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia
lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo,
algunos de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente.
El Artículo XXIV
dispone:
Toda persona tiene derecho de presentar peticiones
respetuosas a cualquiera autoridad competente, ya sea por motivo de interés
general, ya de interés particular, y el de obtener pronta resolución.
El Artículo XXV establece:
Nadie puede ser privado de su libertad sino en los
casos y según las formas establecidas por leyes preexistentes.
Nadie puede ser detenido por incumplimiento de
obligaciones netamente civil.
Todo individuo que haya sido privado de su libertad
tiene derecho a que el juez verifique sin demora la legalidad de la medida
y a ser juzgado sin dilación injustificada o, de lo contrario, a ser
puesto en libertad. Tiene derecho también a un tratamiento humano durante
la privación de su libertad.
El Artículo XXVI
establece:
Se presume que todo acusado es inocente, hasta que se
pruebe que es culpable.
Toda persona acusada de delito tiene derecho a ser oído
en forma imparcial y pública, a ser juzgada por tribunales anteriormente
establecidos de acuerdo con leyes preexistentes y a que no se le imponga
penas crueles, infamantes o inusitadas.
129.
En comparación con la Declaración, el Artículo 4 de la Convención
Americana expresamente dispone limitaciones y restricciones a la imposición
y aplicación de la pena capital.
El Artículo 4 de la Convención permite que los Estados parte que
no han abolido la pena de muerte la sigan imponiendo.
Al mismo tiempo, la Convención regula estrictamente la manera en
que los Estado parte pueden imponer la pena de muerte en sus respectivos
Estados. Este enfoque
restrictivo de la Convención para con la perpetuación de la pena de
muerte refleja el tratamiento de la pena de muerte en general en la práctica
internacional contemporánea y, como se indica en la Parte IV del presente
Informe, en la práctica nacional.
130.
Más particularmente, parcialmente en base a la experiencia pasada
de los órganos internacionales de derechos humanos, pueden identificarse
varios principios interpretativos generales respecto de las disposiciones
sobre la pena de muerte de los instrumentos internacionales de derechos
humanos en general y del Artículo 4 de la Convención y el Artículo I de
la Declaración, en particular. En
primer lugar, los órganos supervisores de los instrumentos
internacionales de derechos humanos han sometido a las disposiciones sobre
pena de muerte de sus instrumentos reguladores a una norma interpretativa
restrictiva. En su opinión
consultiva sobre las restricciones a la pena de muerte de los Artículos
4(1) y 4(4) de la Convención, por ejemplo, la Corte Interamericana de
Derechos Humanos adoptó un enfoque restrictivo del Artículo 4 de la
Convención, al llegar a la conclusión de que "el texto del artículo
en su conjunto revela una clara tendencia a restringir el alcance de esta
sanción, tanto en su imposición como en su aplicación".
131.
Otros órganos internacionales supervisores de los derechos humanos
han atribuido análogamente una interpretación estricta a las
disposiciones sobre pena de muerte de los tratados de derechos humanos.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha sostenido, en el
contexto del Artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
que es paralelo al Artículo 4 de la Convención en ciertos aspectos,
que la ley debe controlar y limitar estrictamente las
circunstancias en que las autoridades del Estado pueden
privar de la vida a una persona.
El Comité ha determinado en consecuencia que la imposición de una
sentencia de muerte tras un juicio en el que no se hayan respetado las
disposiciones del Pacto constituye, si no existe otra instancia de apelación
de la sentencia, una violación del Artículo 6 del Pacto.
Las reparaciones que ha recomendado en tales casos incluyen la
liberación,
y la conmutación de la sentencia de muerte.
El Relator Especial de la ONU sobre Ejecuciones Extrajudiciales,
Sumarias o Arbitrarias, ha subrayado análogamente que el proceso que
lleva a la imposición de la pena capital debe conformarse con las normas
más estrictas de independencia, competencia, objetividad e imparcialidad
de jueces y jurados y con los demás requisitos estrictos del debido
proceso.
En términos similares, esta Comisión ha examinado estrictamente
las circunstancias de los casos de pena de muerte para garantizar el
estricto cumplimiento de los requisitos del debido proceso y la protección
judicial.[64]
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