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CAPÍTULO
IV
VIOLACIONES
DE LOS DERECHOS HUMANOS
Como se ha señalado en el Capítulo anterior, la Comisión pudo
advertir, desde un primer momento, que las denuncias, comunicaciones y
quejas recibidas se referían, por lo general, a violaciones del derecho a
la vida, del derecho a la libertad y la seguridad de las personas, del
derecho de protección contra el arresto arbitrario y del derecho a la
inviolabilidad del domicilio. Como
resultado de esta situación, las actividades de la Comisión se encaminaron
principalmente a que se respetaran esos derechos, a que se diera un
tratamiento humano a todos los presos políticos, a que cesaran las torturas
y penas crueles a que estuvieran sometidos algunos de ellos, y a que se
pusieran en libertad aquellas personas contra las que no se tenían cargos
concretos.
A continuación se ofrece una relación de las violaciones más
flagrantes de los derechos humanos cometidos en las zonas de los llamados
Gobiernos Constitucional y de Reconstrucción Nacional.
A.
DERECHO A LA VIDA
Articulado de la Declaración Americana
La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre
establece lo siguiente:
Artículo I: Todo ser
humano tiene derecho a la vida.
Violaciones del derecho a la vida
De las denuncias presentadas ante la Comisión, tanto escritas como
verbales, del testimonio de numerosas personas, de las pruebas aportadas y
de la constatación hecha por la Comisión en el terreno, se ha venido al
conocimiento de los siguientes hechos:
a)
Que en diversas partes de la ciudad de Santo Domingo, en sus zonas
aledañas y en el interior del país, han aparecido cadáveres de personas
que, por las señales que presentaban, parecían haber sido objeto de muerte
violenta. En algunos casos los golpes, heridas y desprendimientos de
miembros denotaban actos de tortura o tormento físico;
b)
Que numerosas personas eran llevadas por la fuerza a determinados
sitios, en las afueras de la Capital dominicana, para ser ejecutadas en
altas horas de la noche por agentes de la fuerza armada;
c)
Que estas ejecuciones se llevaban a cabo expeditivamente, sin sujeción
a proceso regular alguno;
d)
Que numerosos presos detenidos desaparecieron misteriosamente al ser
trasladados, por agentes de la fuerza armada, desde el interior del país a
la Capital, o desde el lugar de detención denominado Transportación hasta
otros lugares de prisión.
A continuación se relacionan algunos casos de violación del derecho
a la vida, según fueron puestos en conocimiento de la Comisión:
1)
Fusilamientos denunciados por el Gobierno Constitucional
En su nota del 3 de junio de 1965, el Ministro de Relaciones
Exteriores del Gobierno Constitucional denunció que “en la sección norte
de la ciudad de Santo Domingo, bajo control de los enemigos de la Democracia,
se han realizado fusilamientos en masa en el cementerio de la Avenida Máximo
Gómez y en otros lugares públicos, los cuales constituyen actos de insólita
barbarie”.
2)
Fusilamientos denunciados por el Gobierno de Reconstrucción Nacional
En nota del 21 de julio de 1965, el Secretario de Estado de
Relaciones Exteriores del Gobierno de Reconstrucción Nacional denunció a
la Comisión que: “Para su debido conocimiento y fines correspondientes se
remite anexo en el cual se dan a conocer nombres de personas, en su mayoría
militares, que fueron fusilados por los rebeldes en la parte norte de la
ciudad, y cuyos cadáveres se encuentran enterrados en el cementerio del
“Barrio Obrero”.
3)
Caso de los Pilotos Sánchez Pérez, Peguero Pabio y Green Acosta
El 10 de junio de 1965 se presentó una denuncia ante la Comisión en
que se señalaba que “el día 2 de mayo del año en curso, mientras los
Primeros Tenientes Pilotos Carlos Sánchez Pérez y Cosme Antonio Peguero
Pabio, del grupo de transporte de la Fuerza Aérea Dominicana, y el señor César
Green Acosta, Piloto civil al servicio de la Secretaría de Estado de
Agricultura, se disponían a viajar a la ciudad de Santo Domingo con el propósito
de llevarles comida a sus familiares, fueron asaltados por un grupo de
rebeldes y asesinados salvajemente, hasta el extremo que a los pilotos en
cuestión les cortaron algunas de las extremidades y partes genitales”
4)
Caso de la Hacienda Haras
En una denuncia hecha ante la Comisión el 8 de junio de 1965, se
informó que en la Hacienda Haras, en las cercanías de Villa Mella, a pocas
millas de la Capital, se habían llevado a cabo varias ejecuciones.
La información agregaba que debajo de un puente que existe en ese
lugar, se habían enterrado varios cadáveres de los ejecutados.
La Comisión se dirigió al lugar de los hechos denunciados el propio
día 8 de junio, y al día siguiente el Presidente de la Comisión solicitó
personalmente al Secretario de Estado de Relaciones Exteriores del Gobierno
de Reconstrucción Nacional la información pertinente, por encontrarse
dicho lugar ubicado dentro del área bajo la autoridad de ese Gobierno.
En nota del 10 de junio, dirigida al Gobierno de Reconstrucción
Nacional, el Presidente de la Comisión urgió nuevamente al Secretario de
Estado de Relaciones Exteriores hacerle llegar “a la brevedad posible las
informaciones que se obtengan sobre el particular y, especialmente, si se ha
podido individualizar a los culpables de las violaciones a los derechos
humanos que han sido denunciadas”.
El Gobierno de Reconstrucción Nacional dirigió a la Comisión, el
propio 10 de junio, la siguiente comunicación:
SECRETARÍA
DE ESTADO DE RELACIONES EXTERIORES
Santo Domingo, D.N.
10 de junio de 1965
Excelentísimo
Señor:
Tengo el honor de referirme a la Nota de su Excelencia, de esta misma
fecha, relativa a supuestos hechos ocurridos en las últimas semanas en las
inmediaciones de la Hacienda “Las Haras”, en ocasión de remitirle anexa
una documentación procedente de la Secretaría de Estado de las Fuerzas
Armadas y de la Policía Nacional, de la que se desprende, como resultado de
las primeras investigaciones realizadas, que los hechos denunciados
posiblemente fueron cometidos por un pequeño grupo de civiles armados, que
amparados en la obscuridad de la noche y al margen de la ley, permanecen
azotando indefensos ciudadanos que habitan en zonas aledañas a la ciudad
Capital, en las cuales se refugiaron después de escapar a la acción política
llevada a cabo por las Fuerzas Armadas para normalizar el sector norte de
Santo Domingo.
En interés de esclarecer exhaustivamente estos hechos, el Gobierno
de Reconstrucción Nacional ha ordenado una investigación adicional por
parte de la Procuraduría General de la República, cuyos resultados me
complaceré en hacer del conocimiento de Su Excelencia, ya que el Gobierno
está animado del propósito de evitar que se repitan actos similares a los
denunciados, como lo evidencian las instrucciones impartidas por la Secretaría
de Estado de las Fuerzas Armadas a sus dependencias militares para que se
intensifique la vigilancia en la zona norte de la ciudad, donde
supuestamente han tenido lugar los hechos denunciados.
Aprovecho la ocasión para renovar a Su Excelencia los sentimientos
de mi mayor consideración.
HORACIO
VICIOSO SOTO
Secretario
de Estado de Relaciones Exteriores
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Este caso fue investigado por la Comisión de Asistencia Técnica de
la OEA (Criminólogos), los que extrajeron cuatro cadáveres del lugar,
realizaron un estudio de los mismos, llegando a conclusiones que se hallan
contenidas en el informe presentado ante el Secretario General de la OEA.
La Comisión de Asistencia Técnica, además, procedió a realizar
investigaciones sobre un cadáver hallado al borde de un camino interior de
la Hacienda Haras en un lugar llamado “Mal Nombre”; sobre cuatro cadáveres
que flotaban sobre el Río Yuca y cinco cadáveres descubiertos en la
Hacienda “La Estrella” en el lugar denominado “Mata Redonda”.
Asimismo la Comisión de Asistencia Técnica realizó un estudio de
los cadáveres del padre canadiense James Arthur McKinnon y de los policías
que fueron ultimados junto al sacerdote en la localidad de Monte Plata.
De los exámenes practicados surge, salvo el caso de uno de los cadáveres
cuyo avanzado estado de putrefacción no permitía realizar un diagnóstico
postmortem, que las causas de las muertes eran atribuibles a heridas
provocadas por armas de fuego, cortas y largas.
El informe de la Comisión Técnica da fechas aproximadas de las
muertes en las cuales los lugares referidos se hallaban bajo el dominio de
las autoridades del Gobierno de Reconstrucción Nacional.
El informe de referencia, que comprende un anexo con el resultado de
cada uno de los exámenes practicados en los cadáveres y que permitió
identificar a seis de las víctimas, contiene consideraciones sobre la forma
en que presumiblemente se produjeron los hechos y sobre los posibles
responsables.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos facilitó a la Comisión
Técnica los datos sobre personas desaparecidas que obraban en sus archivos,
lo cual contribuyó a la identificación de algunos cadáveres examinados
por el referido grupo de criminólogos.
5)
Caso del Dr. Sóstenes Peña Jáquez, Ing. Rodrigo Lozada, Carlos José
Gómez y Edmundo Díaz Moreno
El 17 de julio de 1965 la Comisión recibió una comunicación de que
el 26 de junio anterior, habían sido muertas 4 personas en San Francisco de
Macorís, cuyos nombres eran: Dr. Sóstenes Peña Jáquez, Ing. Rodrigo
Lozada, Carlos José Gómez y Edmundo Díaz Moreno.
El sitio en que tuvo lugar el hecho denunciado se encuentra cerca de
un kilómetro de San Francisco de Macorís, por la salida de Nagua, en la
finca propiedad de Pedro González.
De acuerdo con la denuncia presentada a la Comisión, esas 4 personas
“llegaron a la mencionada finca el viernes 25 de junio a las 10 p.m., a
esconderse”, pues habían ido a San Francisco de Macorís “en la mañana
del viernes a participar en la acción que se iba a hacer.
Un vecino fue al pueblo y delató a los cuatro jóvenes. La guardia
fue con el mismo delator y asesinó a las cuatro personas”.
El 22 de julio un funcionario de la Comisión se personó con dos de
las viudas de los individuos asesinados, y comprobaron el lugar de las
tumbas.
El 23 de julio la Comisión Ad Hoc de la OEA solicitó del Gobierno
de Reconstrucción Nacional las medidas pertinentes para que se procediera a
la identificación de los mencionados cadáveres.
El 29 de julio la Comisión Interamericana de Derechos Humanos puso
en conocimiento del Secretario de Estado de Relaciones Exteriores del
Gobierno de Reconstrucción Nacional las partes pertinentes de la denuncia.
El 9 de agosto el Gobierno de Reconstrucción Nacional, por medio de
una comunicación dirigida a la Comisión, autorizó la exhumación de los
cuatro cadáveres, con la condición de que fuera realizado con la presencia
del Procurador Fiscal y el Médico Director del Hospital y Centro Sanitario
de esa localidad.
6.
Caso de los 14 policías ejecutados
El 29 de junio la Comisión recibió una denuncia, suscrita por un
testigo presencial de los hechos, donde se expone que “en la Calle Josefa
Brea, esquina Barney Morgan, se encontraban escondidos 16 policías los
cuales fueron atacados por los Constitucionalistas y ultimados a balazos 14
de ellos. Que fueron muertos a
medida que salían con las manos en alto y desarmados.
Este hecho ocurrió aproximadamente el 28 de abril de 1965”.
“Que durante las treguas se observaban incineramientos y
enterramientos en el patio del Hospital Moscoso Puello, sito en la Calle
Josefa Brea. Algunos familiares
han ido sacando los cadáveres para enterrarlos en el cementerio.
Había una fosa con 15 personas enterradas”.
7.
Caso del líder obrero Benito de la Cruz Santana
La Comisión recibió, con fecha 8 de mayo, una comunicación en que
se denunciaba, por parte de la Confederación Nacional de Trabajadores
Libres, con domicilio en Avenida Mella 40-42, en la Capital dominicana, que
“Benito de la Cruz Santana, dirigente sindical y otros, se opusieron a la
destrucción de la Farmacia Abelardo. Por
tal motivo Benito y sus acompañantes fueron apresados y llevados en un
carro de los Comandos a la guarnición de los rebeldes situada en la parte
baja de la ciudad. Benito pudo
escapar, pero tres días después fue hecho prisionero en la parte alta de
la Capital y llevado nuevamente al campamento de los rebeldes donde murió
en compañía de varias personas que fueron acusadas de enemigas de la
revolución”.
8.
Caso de Ramón de la Cruz
La Comisión recibió el 13 de julio una denuncia que dice en parte
lo siguiente: “Ramón de la Cruz fue arrestado por guardias de la Aviación
en su casa en la Marcos Ruíz No. 12, diciéndole que el Capitán José
Isidro Martínez, de la Aviación, lo mandaba a buscar.
Haciendo averiguaciones con el guardia que lo llevó preso, dice lo
llevaron a Transportación, lo cual es incierto porque Cruz tiene un cuñado
trabajando en Transportación y dice que nunca llegó allí.
Su esposa Bartolina Ramírez informa a la Comisión que el 23 de
mayo, en busca desesperada de su marido, visitó el Hospital Moscoso Puello
para investigar si estaba herido allí. Encontró a un señor que estaba
haciendo un hoyo en el patio de dicho hospital para enterrar unos muertos.
Dicho señor le describió más o menos a su marido, enseñándole la
ropa y diciéndole que calzaba unas chinelas de goma amarilla. Dice ella que
esa era la ropa. Encontró el
forro del sombrero de su marido en la Calle Pedro Olivio Cedeño, esquina
diagonal en un patio de una casa. El cuerpo tenía 4 días de muerto y estaba en estado de
descomposición. Dicen lo habían
llevado ya muerto al hospital”.
9.
Caso de Hipólito García Marante
El 8 de julio la Comisión recibió una denuncia que en parte dice:
“Según informaciones que les han dado, Hipólito García Marante está
enterrado en el cementerio de Arroyo Salado (Arroyo Hondo).
García Marante fue llevado a los transformadores en el cementerio y
de ahí lo sacaron para llevarlo donde está enterrado.
Lo llevó un grupo de militares y el sargento Mateo de Transportación
los acompañaba”.
El lunes 12 de julio la Comisión visitó el lugar denominado Arroyo
Salado y cerca de la localidad llamada Balneario del Río Salado, a unos 500
metros del cauce, bajo una palmera y un aguacate, se pudo observar una
sepultura, alrededor de la cual había cenizas de objetos quemados.
Se extrajo de la sepultura una costilla que parecía ser humana.
No se procedió a abrir la sepultura.
10.
Caso de Nelson Augusto Duarte Tavarez
El 15 de junio la
Comisión recibió una denuncia que en parte reza como sigue: “Mi hijo
Nelson Augusto Duarte Tavarez, estudiante del segundo año secundario, de
simpatías constitucionalistas, fue hecho prisionero por la Policía de
Pimentel, el domingo 27 de junio de 1965, más o menos a la una cuarenta
minutos de la madrugada (1:40 a.m.) y trasladado a San Francisco de Macorís;
fue ejecutado ese mismo día en franca e indignante violación de principios,
derechos y leyes vigentes”.
“A las dos de la tarde del fatídico día 27 de junio de 1965, tuve
la información de que habían 'tirado' a la puerta del cementerio de San
Francisco de Macorís el cadáver de mi hijo Nelson.
Vale la pena señalar que ninguna autoridad competente se presentó
al cementerio para examinar, para constatar las causas y circunstancias de
la muerte de mi hijo. Después
de verificar que el cuerpo ya cadáver de Nelson presentaba evidentes señales
de violencias físicas en la cabeza y varias heridas en su cuerpo, su padre
y demás familiares acordamos darle sepultura...”.
11.
Caso de los estudiantes haitianos
En la visita realizada por la Comisión a la ciudad de Barahona, el
10 de junio de 1965, un grupo de estudiantes haitianos procedentes de Ciudad
Nueva informaron a este organismo lo siguiente: “Que entre el 6 y 7 de
mayo fueron ejecutados por fuerzas del Comando integrado por haitianos y
capitaneado por el señor Frede Baptista, los estudiantes haitianos Rolando
Lafraiche, André Foukha, Christin Bovoir, Anaul Sevion y uno de apellido
Bilbuen. Que dichos estudiantes
no habían querido incorporarse al citado Comando por considerarse súbditos
extranjeros becados por el Gobierno dominicano y por tal razón resistieron
la presión hecha por el señor Baptiste para formar parte en ese cuerpo
armado”.
12.
Caso del asalto al cuartel de Ramón Santana
A solicitud del Gobierno de Reconstrucción Nacional, la Comisión
realizó el 2 de julio de 1965 una visita a la localidad de Ramón Santana,
cuyo cuartel de policía había sido atacado en la madrugada del propio día,
ocasionándose la muerte del Cabo Juan Fernández Mora y el raso Juan José
de León Nova, y resultando heridos de gravedad los rasos Luis Reyes
Bautista Alcántara, Rómulo Confesor Castillo Ramírez y Domingo Antonio
Rodríguez Hernández.
Se informó a la Comisión que el ataque tuvo lugar entre las 12:15 y
las 12:30 de la mañana del 2 de julio, y que fue realizado por unos 20 o 25
individuos, quienes además de atacar el puesto de policía lanzaban gritos
para invitar a un levantamiento entre la población.
Los muertos y heridos fueron trasladados a San Pedro de Macorís
donde fueron vistos por la Comisión. Asimismo
este organismo entrevistó a los señores Israel Antonio Caminero, Miguel
Angel Pichardo y Dr. Munir Kury, quienes habían sido arrestados como
sospechosos, y también a los testigos oculares señores Enrique Gerónimo,
Faustino Bienvenido González Santana, Oscar Daniel Pavón Gardi y el policía
Juan Casimiro Varas Núñez, que huyó del lugar de los hechos al producirse
el asalto.
La Comisión, tomando en cuenta el carácter de acción armada que
tenían los sucesos de Ramón Santana, hizo las gestiones pertinentes para
que se respetasen los derechos individuales y se diera a los detenidos el
trato humano correspondiente. Las autoridades locales, así como las de
nivel nacional, otorgaron a la Comisión todas las facilidades para el cabal
cumplimiento de su misión.
Posteriormente la Comisión pudo visitar a los citados prisioneros en
la cárcel de la Policía Nacional, en la Capital Dominicana, de donde
fueron trasladados a San Pedro de Macorís para ser sometidos a juicio.
13.
Caso de Angel Arturo Manzueta Pujols
La Comisión fue informada, el 27 de agosto de 1965, que el ciudadano
Angel Arturo Manzueta Pujols, quien había sido Inspector de la Presidencia
en el Gobierno del Profesor Juan Bosch y quien era Jefe de Comando en la
Zona Constitucional, había sido ejecutado en el Parque Independencia de la
citada zona de la Capital.
La Comisión asimismo conoció que el 24 de agosto el señor Manzueta
Pujols había sido encomendado para que estableciera el orden en un lugar de
la sección constitucional donde tres personas, incluyendo un tanquista,
observaban una conducta desordenada en estado de embriaguez.
Se informó, además, que el señor Manzueta Pujols se llevó a esas
tres personas a su Comando, donde el tanquista fue muerto por un tercero.
Al día siguiente fue arrestado el señor Manzueta Pujols, sin que
sus familiares pudieran verlo más.
Se informó también a la Comisión que en la noche del 25 de agosto
un grupo de personas se dirigió al Edificio Copello, sede del Gobierno
Constitucional, gritando mueras al señor Manzueta Pujols y pidiendo
“paredón” para el mismo. Añadía
la información que esa misma noche fue fusilado en el Parque Independencia
con dos personas más.
La Comisión solicitó oficialmente la información pertinente de las
autoridades del Gobierno Constitucional, sin que se recibiera respuesta que
pudiera esclarecer los hechos.
Casos de personas
desaparecidas
El número de personas desaparecidas cuyos casos han sido denunciados
ante la Comisión llegó a 124.
A continuación se relacionan algunos casos denunciados ante la
Comisión:
1.
Caso de Horacio Pérez González
La Comisión fue informada, el 15 de junio de 1965, que el Ing.
Horacio Pérez González había sido detenido en Barahona a fines del mes de
abril, por órdenes del Mayor Marmolejos, entonces Jefe de la Fuerza Militar
de esa ciudad. La Comisión se
trasladó a Barahona para obtener información sobre este caso, habiéndose
comunicado que el Ing. Pérez González había sido trasladado a la Base Aérea
de San Isidro. De las
averiguaciones hechas en la citada Base de San Isidro, la Comisión fue
informada, en fecha 29 de julio de 1965, de que el referido preso había
quedado en libertad el 5 de mayo de 1965, según oficio que mostró a los
Representantes de la Comisión el General Juan de los Santos Céspedes, en
presencia de la esposa del Ing. Pérez González.
El Ing. Pérez González, ciudadano español, trabajaba en obras de
riego en la zona de Barahona y en ese lugar había establecido su domicilio.
Su esposa manifestó a la Comisión sus dudas de que hubiera sido
libertado en la citada fecha, ya que o había sabido nada más de su esposo
a partir del día del arresto.
2.
Caso del joven Héctor Requena Pérez
El 14 de junio de 1965 fue denunciada ante la Comisión la desaparición
del joven de 20 años, Héctor Requena Pérez, vecino de Nicolás de Ovando
No. 293, Santo Domingo. Su
padre, el Sr. Pedro Fernández Pérez, alegó que su hijo había sido
arrestado el 29 de mayo por el Mayor Lluberes.
El Presidente de la Comisión, acompañado del señor Pedro Fernández
Pérez, padre del joven desaparecido, visitó el local de la Escuela Normal
de la Calle 20, con el objeto de obtener del Mayor Lluberes una versión
exacta de lo ocurrido con el joven nombrado.
El Mayor Lluberes manifestó al Prof. Bianchi que él había enviado
preso a Héctor Requena Pérez al edificio
de Transportación el 29 de mayo, con el cargo de haber estado en el
Kilómetro 6 ½ de la Carretera del Cibao, en compañía de otras personas,
procurando desarmar a algunos soldados.
El mayor Lluberes insistió una y otra vez en que esa había sido
toda su actuación en este asunto.
El 16 de junio el Presidente de la Comisión se trasladó al edificio
de Transportación. Fue
informado de que el joven Héctor Requena Pérez, había pasado por ese
lugar de detención, pero que de ese lugar se enviaban a todos los presos a
la Penitenciaría La Victoria. Se
le informó, además, que a fines de mayo, cuando ocurrieron los hechos que
causaron la prisión de Requena Pérez, no se llevaba lista de entrada y
salida de detenidos, en vista del gran número de ellos.
El 7 de julio de 1965 el padre del joven desaparecido declaró que la
Comisión de Oficiales de Transportación, que fue convocada por órdenes
del General Martín Arana, concluyó respecto de este caso, que cuando lo
sacaron de la cárcel a su hijo bajo la autoridad del Mayor Lluberes para
pasarlo a Transportación, el joven se les escapó a tres militares antes de
que llegara a Transportación. Señaló
que esto no concordaba con lo que el propio Mayor Lluberes afirmó al
Presidente de la Comisión y que dicha Comisión de Oficiales le había
negado copias de las conclusiones cuando fue a buscarlas a sus oficinas el 5
de julio de 1965.
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