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CAPÍTULO
III
DERECHO
DE PROTECCIÓN CONTRA LA DETENCIÓN ARBITRARIA –
HABEAS CORPUS
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Todo
individuo que haya sido privado de su libertad tiene derecho
a que el juez verifique sin demora la legalidad de la medida
y a ser juzgado sin dilación injustificada, o, de lo
contrario, a ser puesto en libertad.
Tiene derecho también a un tratamiento humano
durante la privación de su libertad.[1] |
1.
La Constitución de Panamá dispone lo siguiente:
Artículo 21
Nadie puede ser
privado de su libertad, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad
competente, expedido de acuerdo con las formalidades legales y por motivo
previamente definido en la Ley. Los
ejecutores de dicho mandamiento están obligados a dar copia de él al
interesado, si la pidiere.
Todo
delincuente sorprendido infraganti puede ser aprehendido por cualquier
persona y debe ser entregado inmediatamente a la autoridad.
Nadie puede
estar detenido más de veinticuatro horas sin ser puesto a órdenes de la
autoridad competente. Los
servidores públicos que violen este precepto tienen como sanción la pérdida
del empleo, sin perjuicio de las penas que para el efecto establezca la Ley.
Artículo 22
Todo individuo
detenido fuera de los casos y la forma que prescriben esta Constitución y
la Ley, será puesto en libertad a petición suya o de otra persona,
mediante el recurso de habeas corpus que podrá ser interpuesto
inmediatamente después de la detención y sin consideración a la pena
aplicable. El procedimiento será
sumario.
2.
En el Capítulo 5 del Código Judicial se indica el procedimiento que
debe seguirse para detener legalmente a una persona.
Las detenciones proceden únicamente en determinadas circunstancias.
Artículo 2091
Cuando se
proceda por delito que tenga señalada pena de reclusión o prisión, el
sindicado será detenido si resultare contra él, por lo menos, una
declaración de testigo hábil, aunque no se haya escrito todavía, o un
indicio grave de que es autor, cómplice o encubridor del hecho criminoso
que se averigua, o que el funcionario que decreta la detención la haya
visto cometer el hecho, o que el reo sea hallado infraganti delito.
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Artículo 2092
A nadie se podrá
detener sino por orden del funcionario de instrucción.
Sin embargo, cualquiera podrá y deberá aprehender a un reo
infraganti delito, y a los ladrones y malhechores conocidos públicamente
como tales, sin esperar orden de la autoridad competente, debiéndolos
entregar a ésta en el acto, si residiere en el mismo lugar.
3.
En el derecho de Panamá, el recurso de habeas corpus está
incorporado en la Ley No. 46 del 24 de noviembre de 1956 (Gaceta Oficial
No. 13.117, del 6 de diciembre de 1956). A
continuación figura el texto del artículo 1, que se refiere a la naturaleza y
objeto generales de este recurso.
Artículo 1
Todo individuo
detenido fuera de los casos y la forma que prescriben la Constitución y la
Ley, por cualquier acto que emane de las autoridades, funcionarios o
corporaciones públicas del órgano o rama que fuere, tiene derecho a un
mandamiento de habeas corpus, a fin de comparecer inmediata y públicamente
ante la justicia para que lo oiga y resuelva si es fundada tal detención,
arresto o prisión y para que, en caso negativo, lo ponga en libertad y
restituya así las cosas al estado anterior.
4.
Denuncias de detención arbitraria e ineficacia
del habeas corpus
La CIDH ha recibido comunicaciones en las que se denuncian detenciones y
arrestos arbitrarios realizados por parte del Gobierno de Panamá, haciendo caso
omiso de los artículos 21 y 22 de la Constitución y de las citadas
disposiciones del Código Judicial. Se
denuncia, además, que con frecuencia no se informa a los propios detenidos de
los motivos de su detención ni de las acusaciones de que son objeto. Los denunciantes afirman que los detenidos no siempre puede
acudir a una autoridad o tribunal competente que determine la legalidad de su
detención, porque se les mantiene incomunicados o porque se les envía al
exilio. En otros casos se alega que
el recurso de habeas corpus no es efectivo por la falta de un poder
judicial independiente (véase el Capítulo IV) y porque las autoridades no dan
una respuesta apropiada.
Abogados panameños se han quejado públicamente de que el Gobierno ha
hecho caso omiso de las disposiciones constitucionales y de los artículos del Código
Judicial que tienen por objeto proteger a los ciudadanos contra la detención y
arresto arbitrarios. Uno de los
abogados expuso la situación en los siguientes términos:
... el recurso
de habeas corpus no da resultado en casos políticos, y en los de
detenciones arbitrarias comunes se encuentra sujeto a serias limitaciones
por carecer los tribunales de facultades para hacer cumplir sus decisiones.
Por ejemplo, en 1973 los Estados Unidos comenzaron a ejercer presión
para que el Gobierno panameño controlara el tráfico de drogas.
La dictadura dio gran publicidad a la campaña de la Guardia Nacional
contra este tráfico, y para complacer a los Estados Unidos, el Gobierno
empezó a preparar procesos judiciales al efecto y a detener a centenares de
sospechosos de tenencia de estupefacientes.
En vista de la ilegalidad de la mayoría de dichas detenciones los
tribunales expidieron autos de habeas corpus, pero la Guardia
Nacional se negó a acatar los mandatos judiciales.
Esta situación general ha sido denunciada repetidas veces. El 26 de mayo de 1877, en el curso de un programa de televisión
titulado “Mesa Redonda sobre Derechos Humanos”, que tenía de moderador a
Mayín Correa, hizo declaraciones el doctor Sossa, abogado panameño y director
del Partido Demócrata Cristiano, haciendo referencia a situaciones consideradas
violatorias de los derechos humanos: “Los
abogados estamos muy preocupados porque ya han sido presentadas denuncias,
incluso al Colegio de Abogados, respecto a la desatención que las autoridades
correspondientes hacen del recurso de habeas corpus, uno de los
instrumentos legales que más esfuerzo (sic) o una de las principales conquistas
de la humanidad en cuanto a recursos legales y defensa del individuo se refiere”.
5.
Casos individuales
a.
Los expatriados de enero de 1976
Por ejemplo, Alberto José Quirós fue detenido a las siete de la mañana
del 20 de enero y expatriado en la tarde del mismo día en un avión del
Gobierno. Un recurso de habeas
corpus en su favor se presentó el 22 de enero, cuando ya Quirós estaba
fuera del país. En este caso el
Presidente del Tribunal Supremo no concedió el recurso, y según se alega,
declaró que no se había detenido a nadie, sino que “unos panameños habían
salido a pasear al Ecuador”.
Es decir que en ciertos casos el Gobierno ha circunvenido la garantía
del habeas corpus mediante la expatriación del detenido antes de que los
tribunales pudieran conocer sobre la legalidad de la detención.
b.
Eusebio Marchosky
Algunos
detalles sobre la detención de Eusebio Marchosky y de los golpes que se alega
recibió antes de ser expatriado figuran en el Capítulo II, en la sección
referente al derecho a la seguridad e integridad de la persona.
Según se ha denunciado, el modo en que Marchosky, Blanca, su esposa y
Fulvia Morales fueron detenidos el 15 de septiembre de 1976, constituye otro
caso de detención arbitraria y otro ejemplo de la ineficacia del habeas
corpus. El automóvil de
Marchosky fue interceptado y obligado a detenerse al borde del camino por
agentes armados del G-2, quienes los condujeron a las oficinas del G-2.
No se les informó el motivo de su detención, no se les hicieron cargos
formales ni fueron llevados ante un juez u otra autoridad competente.
Luego de tres días de detención, Marchosky fue desterrado.
Para eludir la garantía del habeas corpus las autoridades
mantienen al detenido incomunicado, a veces durante semanas enteras, negando
siempre el hecho de su detención. A
menos que alguien se entere de su situación el prisionero carece de acceso
efectivo al recurso.
c.
Ramón Jiménez Vélez
La detención de Ramón Jiménez el 16 de enero de 1974 ilustra un
problema doble. En primer término,
un sistema supuestamente utilizado por el Gobierno:
este caso ejemplifica la detención sin mandamiento que la autorice, por
plazos cortos, con fines de intimidación.
Según se ha denunciado, Jiménez fue arrestado por agentes en traje de
civil y fue llevado ante el Ministerio de Gobierno y Justicia.
En el Ministerio se lo tuvo incomunicado y se le advirtió que
suspendiera su proyecto de publicar un periódico de oposición.
Los documentos proporcionados por el Gobierno indican que un recurso de habeas
corpus fue presentado ese mismo día, denunciando que Jiménez estaba
detenido ilegalmente en el Ministerio de Gobernación por órdenes del propio
Ministro, señor Juan Materno Vásquez (hoy Presidente de la Corte Suprema),
hizo la siguiente observación:
Con el respeto
que me merece la Honorable Corte Suprema de Justicia, le expresó al señor
Magistrado Sustanciador que no es cierto que yo haya ordenado la detención del
señor Jiménez, y menos que el indicado ciudadano esté, o haya estado,
detenido en este Ministerio
El habeas corpus no es eficaz en casos de detención por breve
plazo sin mandamiento que la autorice. Por
consiguiente, este modo de detención puede ser usado impunemente para intimidar
a opositores del Gobierno u otros ciudadanos.
En segundo lugar, el recurso no es efectivo cuando la autoridad bajo cuya
custodia se encuentra el detenido niega que está detenido.
d.
Florencio Enrique Delgado
Este caso, que será objeto de breve comentario en el Capítulo V en
relación con el derecho de investigación y expresión, constituye un ejemplo más
–según se alega- de cómo conspiran los funcionarios gubernamentales para
burlar la garantía constitucional contra la detención arbitraria.
El 14 de junio de 1975, agentes del G-2 detuvieron a Delgado sin orden
escrita. No le informaron los
motivos de su detención, ni tampoco lo llevaron ante una autoridad competente
dentro del plazo de 24 horas que establece la ley.
Fue interrogado a la una de la tarde[2]
y luego a las diez de la noche[3]
en las oficinas del G-2. Tres días
más tarde, el 17 de junio, el G-2 lo puso por fin a las órdenes de la
autoridad competente, el Procurador General, al parecer para anticiparse al
recurso de habeas corpus. El
Procurador General expidió ese mismo día la primera orden legal según la cual
Delgado debía seguir detenido.[4]
A las once de la mañana del 18 de junio, se tomó declaración
indagatoria a Delgado en las oficinas del Procurador General.
Según la Ley, esta declaración debe tomarse dentro de las 24 horas de
la detención, pero en este caso se hizo cinco días después.
En el curso de esta declaración, se pidió a Delgado que ratificara lo
declarado al G-2, lo cual hizo, agregando después la siguiente declaración en
protesta de su detención:
He estado
detenido desde el día 14 a las 10:30 de la mañana, hasta el momento, tan sólo
por hacer uso del derecho a la libre expresión y al derecho de reunirme
libremente para tratar de analizar situaciones internas de mi país en las
cuales manifestaría mi opinión personal de las mismas.
He expresado mis temores, opiniones, evaluaciones de problemas internos y
externos de mi Panamá, haciendo uso de criterios y opiniones muy personales,
por las cuales no creo merecer la detención de que he sido objeto.
Deseo agregar que el domingo 15 en horas de la tarde, también fui
sometido a interrogatorio en el mismo lugar, por espacio aproximado de hora y
media; en el transcurso de dicho interrogatorio se me hicieron preguntas que
considero innecesarias e inapropiadas con relación a mi esposa, su trabajo, su
sueldo, con relación a mi trabajo, mi posición en la empresa, mi sueldo y
otras preguntas relacionadas con el empleo, de lo cual quiero dejar constancia
para lo que hubiere en el futuro. Junto
conmigo, además, en la Cárcel Modelo, s encontraban también detenidas
personas que han transcurrido más de tres días sin saber razón por la cual
fue su detención, siendo lo más probable que a través de ésta pierdan sus
empleos, por lo cual considero bastante objetable esta forma de detención por
parte del G-2. Por último, quiero
sentar una voz de alarma o alerta a la deplorable condición higiénica de la
Celda de Prevención de la Cárcel Modelo. ...
Luego de tomar declaración a Delgado, el Procurador General señor
Olmedo Miranda determinó que podía acusársele de contravenir el Decreto de
Gabinete No. 342 (subversión del orden público), y lo puso a disposición de
la autoridad competente en estos casos, que es el Ministerio de Gobierno.[5]
Dicho Ministerio en este caso tiene la facultad de sentenciar al acusado
sin someterle a juicio.
El mismo día 18 de junio, al parecer inmediatamente después de haber
ordenado poner al detenido a disposición del Ministerio de Gobierno, Miranda
recibió un recurso de habeas corpus para que presentara a Delgado.
A continuación se transcriben sus respuestas a las preguntas formuladas
en el recurso.
a)
No ordené la detención de Florencio Enrique Delgado Henríquez, ni en
forma verbal ni en forma escrita;
b)
Aunque no ordené la detención, por comunicación que recibí del
Teniente Coronel Manuel A. Noriega, G-2 del Estado Mayor de la Guardia Nacional,
ésta se debió a que el susodicho Delgado Henríquez violó claras
disposiciones legales del Decreto de Gabinete No. 342 de 31 de octubre de 1969,
por medio del cual se dictan medidas de orden público;
c)
Como quiera que el conocimiento de estos delitos competen al Ministerio
de Gobierno y Justicia, el referido Delgado Henríquez ha sido puesto a órdenes
de dicha autoridad.[6]
El recurso de habeas corpus no tuvo efecto inmediato en el caso de
Delgado, ya que éste acababa de ser puesto a disposición del Ministerio de
Gobierno, por lo que había que reformular el recurso y dirigirlo a dicho
Ministerio al día siguiente. Se
han formulado cargos en el sentido de que el Gobierno, como cuestión de rutina,
evita el cumplimiento del habeas corpus mediante el traslado del
prisionero a otra autoridad en el momento preciso de expedirse el recurso o
inmediatamente antes o después. Se
alega que es en particular el G-2 el que mantiene a los detenidos incomunicados
el mayor tiempo posible, sin orden escrita al efecto y sin presentarlos ante la
autoridad competente. Cuando
alguien sabe de la detención y presenta recurso a favor del prisionero, el G-2
así lo informa a la autoridad competente, la que entonces dispone que se
mantenga la detención de conformidad con la ley.
Finalmente, el 18 de junio se tomó declaración a Delgado.
No obstante, según se ha informado, se lo mantuvo incomunicado hasta ser
puesto en libertad el 7 de julio.
f.
Roberto Eisenmann y otros[7]
Se han formulado otros cargos de que la Corte Suprema ha venido
interpretando la ley de modo de vulnerar la eficacia del recurso de habeas
corpus. Al ser expatriados
Roberto Eisenmann y otros miembros del grupo en enero de 1976, un abogado
presentó recurso de habeas corpus a su favor ante la Corte Suprema.
El recurso se fundó en los siguientes aspectos:
1)
que era de público conocimiento que los ciudadanos en cuestión habían
sido deportados por órdenes del Presidente de la República;
2)
que la deportación era ilegal e inconstitucional, ya que el artículo 29
de la Constitución prohibe la expatriación, y se trataba en este caso de
panameños;
3)
que el artículo 2(e) de la Ley No. 46 de 1956 hace constar que el habeas
corpus puede ser invocado para poner a prueba la legalidad de la deportación
a causa de la detención del individuo.
La Corte Suprema rechazó la petición, citando al efecto las siguientes
razones:
1)
La Corte declara que a pesar de su amplitud, los artículos 9 y 10 de la
Ley No. 46 del 24 de noviembre de 1956 (habeas corpus) señalan la
necesidad de cumplir con ciertos requisitos esenciales.
Uno de estos es que la orden o el decreto vaya acompañado de la petición
o bien que por alegarse la existencia de una de las condiciones que lo permiten,
se deje de adjuntar la orden o el decreto a que se refiere el artículo 10.
La Corte señala que la petición en cuestión no vino acompañada de la
supuesta orden presidencial de deportación y que no se invoca ninguna de las
condiciones del artículo 10. En lugar de ellos, el peticionante presentara tres artículos
periodísticos como prueba de la orden presidencia, lo cual la Corte considera
insuficiente para cumplir con el artículo 10.
(Véanse en la nota al pie No.[8]
Los artículos en cuestión).
[Sobre este
punto, el Magistrado Gonzalo Rodrígez Márques sostuvo, al salvar su voto, que
no era causa de rechazo el no acompañar la orden, copia de ella, o en su
defecto, que el recurrente no haya asegurado la imposibilidad de obtenerla:
“El incumplimiento de esta formalidad, en mi opinión, no puede
constituir fundamento para el rechazo del recurso porque, como lo dispone el artículo
12 de la citada Ley, éste debe concederse siempre que se ajuste a las
formalidades estipuladas en el artículo 9 de la misma Ley, y dentro de esos
requisitos no se encuentra la falta de presentación de la orden de detención,
toda vez que se trata de una formalidad que se cumple, como lo expresa el artículo
10, solamente “si fuere posible”].
2)
“Partiendo del concepto, siguió diciendo la Corte, “de que esta
garantía constitucional confiere un derecho subjetivo a todo aquel que ha sido
privado de su libertad en forma contraria a la que prescriben la Constitución y
la Ley, para que se decida sobre la legalidad de la detención, no puede
demandar un habeas corpus quien no está detenido”.
La Corte señala además que el peticionante no alega que Eisenmann y
otros se encuentren detenidos. Afirma,
sí, que están fuera del país”.
3)
“Por otra parte, afirma la Corte, el peticionante confunde la deportación
con la expatriación. “La primera
se refiere a los extranjeros, y la segunda sólo a los panameños”.
4)
“Por último, la Corte afirma que la ley no admite la presentación de
un habeas corpus en casos de expatriación:
“Y no lo puede dar por cuanto el artículo 29 de la Constitución
Nacional establece que ‘no hay pena de muerte, de expatriación, ni de
confiscación de bienes’, por lo que mal puede la ley entrar a calificar la
legalidad o ilegalidad de un acto de esta naturaleza”.
Habiendo estudiado las alegaciones antedichas, la CIDH concluye que ha
habido detenciones arbitrarias bajo el actual Gobierno y que, en algunos casos,
el recurso de habeas corpus consagrado en la Constitución no ha sido
efectivo por las razones arriba expuestas.
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