CAPITULO I:  ANTECEDENTES

5.       Ante el agravamiento de la situación de los derechos humanos en Haití, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha continuado dando prioridad en sus labores y ha presentado cada año ante la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos un informe especial sobre los derechos conculcados en ese país.  Esos informes reseñan la situación política que impera en Haití, la cual ha generado un considerable aumento de violaciones a las garantías individuales de la población a través de la represión  ejercida por las autoridades que detentan el poder en forma ilegal en ese país.

6.       Desde el derrocamiento del Gobierno constitucional del Presidente Jean-Bertrand Aristide, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha realizado cuatro visitas in loco y sobre la base de un constante examen de la situación haitiana constató un alarmante número de violaciones a los derechos humanos.  En el último Informe Especial sobre Haití se expusieron las actividades que la Comisión había realizado desde el golpe de Estado del 29 de septiembre de 1991  hasta febrero 1994.[1]

7.       El mencionado informe describe las gestiones realizadas por la Organización de los Estados Americanos y la Organización de las Naciones Unidas tendientes a facilitar el diálogo político entre las partes interesadas, a fin de lograr el retorno del Presidente Aristide y la restauración de la democracia en Haití.  Dichas gestiones se enmarcaron en diversos acuerdos: inicialmente en los Acuerdos de Washington, de febrero 1992, los cuales fueron desconocidos por las autoridades de facto, hasta llegar al Acuerdo de Governors Island y el posterior Pacto de Nueva York, ambos firmados en julio 1993.[2]  Esos últimos Acuerdos permitieron a la Asamblea Nacional de Haití ratificar al candidato propuesto por el Presidente Aristide para el cargo de Primer Ministro.

8.       Casi simultáneamente a la ratificación del Primer Ministro Robert Malval, la OEA recomendó el levantamiento del embargo impuesto el 8 de octubre de 1991 al Gobierno de facto de Haití.  Igualmente, el Consejo de Seguridad de la ONU decretó la suspensión inmediata de las sanciones impuestas el 16 de junio de 1993.  En el mismo informe se analizó el proceso relativo a la creación de la Misión Civil Internacional OEA/ONU hasta el momento en que fue evacuada de Haití, en octubre 1993, cuando los militares haitianos desconocieron el Acuerdo de Governors Island e intensificaron la represión contra la población, en particular contra los sectores formados por partidarios de Aristide.  La perspectiva de retorno del régimen democrático causó aprensión y oposición en los medios militares.

9.       Durante su visita del 23 al 27 de agosto de 1993, la Comisión se encontró con un pueblo aterrorizado por los militares y por los grupos paramilitares que los auxilian llamados "attachés" o "zenglendos" que operaban en completa impunidad ante la ineficacia y subordinación de las autoridades judiciales quienes en algunos casos temían sufrir represalias por parte de los agentes de las Fuerzas Armadas.

10.     Durante el período comprendido en ese informe especial, los derechos humanos continuaron siendo violados sistemáticamente luego de la firma del Acuerdo de Governors Island.  A pesar de las medidas tomadas por la comunidad internacional con respecto al levantamiento del embargo, la situación siguió degradándose y ésta se hizo crítica a partir del mes de septiembre de 1993.  La mayoría de los actos de violencia se dirigían a obstaculizar la instalación y funcionamiento del nuevo gobierno y algunos de los funcionarios recién nombrados no pudieron tomar control de sus oficinas y otros tuvieron que abandonar sus domicilios después de haber recibido amenazas de muerte.

11.     El clima en Haití continuó caracterizándose por la represión y el terror.  Los militares actuaban con mayor cinismo, como quedó de manifiesto con el asesinato en público del prominente partidario del Presidente Aristide, Antoine Izméry, en septiembre de 1993,[3] y un mes más tarde el asesinato del Ministro de Justicia Guy Malary,[4] así como los actos de intimidación perpetrados contra integrantes de la Misión Civil OEA/ONU.  En las áreas rurales los casos de detenciones arbitrarias, palizas, allanamientos ilegales y confiscación de bienes, desapariciones y torturas aumentaron, llevando a cada vez más personas a esconderse o abandonar sus hogares.  En todo el país las violaciones ocurrían con la participación activa o la complicidad del silencio de la policía y fuerzas militares.  La violencia estaba dirigida a la población civil desarmada, la cual en ningún momento recurrió a la violencia contra los agentes del Estado.

12.     El 23 de septiembre el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó, mediante la Resolución 867 el envío de una misión a Haití (MINUHA) compuesta por 1300 hombres, quienes actuarían como supervisores de la policía, instructores militares e incluía una unidad de ingeniería de construcción.  Sin embargo, las manifestaciones de violencia organizadas por el llamado Frente para el Avance y el Progreso Haitiano (FRAPH) y por otros grupos paramilitares impidieron el desembarco del "Harlam County" que transportaba a miembros de la misión de asistencia técnica (MINUHA).  El Gobierno de los Estados Unidos ordenó el retiro del barco y Canadá retiró un destacamento de 50 miembros de la policía.

13.     Considerando que no se habían cumplido los compromisos contraídos para restaurar la democracia en Haití, el Consejo de Seguridad de la ONU restableció, mediante la Resolución 873, del 13 de octubre de 1993, el embargo petrolero y de armas contra Haití y congeló los haberes financieros en el extranjero de las autoridades militares haitianas.  En el mismo sentido, el Consejo Permanente de la OEA emitió la Resolución 610 del 18 de octubre e instruyó a la Comisión Especial encargada de observar el cumplimiento del embargo comercial a Haití reiniciara sus actividades.[5]  Dicho embargo fue seguido por un bloqueo naval, autorizado por el Consejo de Seguridad, después de que el Jefe del Ejército Haitiano, General Raoul Cédras se negara a renunciar.  Tras el bloqueo naval, los observadores de la Misión Civil OEA/ONU fueron evacuados a la República Dominicana y el Gobierno dominicano dispuso una vigilancia a lo largo de su frontera con Haití.

14.     Ante la imposibilidad de lograr el retorno a Haití del Presidente Aristide y del bloqueo de la situación política, los representantes de los cuatro países amigos de Haití: Canadá, Estados Unidos, Francia y Venezuela se reunieron en París, el 13 de diciembre de 1993, y decidieron enviar una misión militar de alto nivel a Haití para hablar con los militares haitianos, quienes se rehusaron a recibirla.

15.     Como parte de los esfuerzos para encontrar una solución a la crisis haitiana, el Presidente Aristide convocó a una conferencia en Miami, del 14 al 16 de enero de 1994, la cual culminó con un llamado del depuesto Presidente Constitucional a la unidad del pueblo haitiano y una solicitud de apoyo y pronto cumplimiento del Acuerdo de Governors Island y del Pacto de Nueva York, así como con una recomendación para que se iniciaran los trámites para el nombramiento de un nuevo Primer Ministro y un gobierno de concordia.

16.     En el Informe Especial sobre Haití que la Comisión presentara ante la XXIV Asamblea General de la OEA, en Belem do Pará, concluyó lo siguiente: "Durante el período en consideración la Comisión registró numerosas muertes y su índole política ha quedado demostrada por el hecho de que los militares pueden instigarla o suprimirla y en la presente situación, no sólo la han provocado y auspiciado, sino que también han omitido investigar y castigar a los responsables de esos asesinatos cometidos al estilo de escuadrones de la muerte, lo que lleva a concluir que ellos funcionan gracias a la impunidad que les conceden los militares."[6]

[ Índice | Anterior | Próximo ]