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CAPITULO XI LOS GRUPOS ARMADOS
IRREGULARES Y LOS DERECHOS HUMANOS La Comisión
considera importante referirse a este tema en la medida que tiene efectos
directos sobre la situación de los derechos humanos en Guatemala.[103] Así lo ha hecho en el resto de este informe cuando el tema específico
lo requería, especialmente en el Capítulo III sobre los derechos de los
guatemaltecos Maya-Quichés, y en los Capítulos V, VI, VII y VIII, sobre
reclutamiento militar forzoso, los CVACs, los refugiados y desplazados
internos, y las comunidades de población en resistencia. Durante
su visita a Guatemala en octubre de 1992, altas autoridades militares
informaron a la Comisión que en estos momentos existen entre 600 a 1.000
guerrilleros armados miembros de los distintos grupos unidos en la URNG,
confinados a algunas pocas zonas alejadas del país, y enfrentados con un ejército
de aproximadamente 45.000 hombres. Actividades
terroristas de la URNG La Comisión
Presidencial COPREDEH informó también que en el pasado año 1992, las
fuerzas de la URNG han realizado: - Actos esporádicos pero persistentes de sabotaje y terrorismo en
aldeas sin destacamento militar como Colomba, Nuevo San Carlos, La Gomera, San
Felipe Retalheu, y - Establecido puestos de asalto y "cobro" en rutas bloqueando
el tránsito con perjuicio para pasajeros y carga. - Ha atacado instalaciones telefónicas en el Peten y de transmisión
de poder en cuatro departamentos del país. - En los seis primeros meses del año --según datos de COPREDEH-- han
causado más de cien muertes sea de miembros del ejército, combatientes
subversivos y civiles, habiendo herido a pobladores rurales con minas subterráneas
Claymore que destrozan las piernas de quien las pisa. - En junio en Chajul, Depto. El Quiché, más de cinco mil hombres y
mujeres Ixil, hicieron una marcha para demandar a la URNG reparación por
Q.1.5 millones (US 300.000), solicitando ayuda legal del Procurador General al
respecto. La CIDH
condena la delincuencia y terrorismo practicados por los grupos insurgentes y
reconoce el derecho y deber de un Estado democrático y constitucional de
combatirlos con todo el rigor de la ley.[104] Conclusiones Teniendo
en cuenta lo anterior, la Comisión puede afirmar que la conclusión exitosa
de las conversaciones de paz actualmente en proceso entre el Gobierno y los
representantes de la URNG, contribuirán a la creación de condiciones más
favorables a la plena vigencia de los derechos humanos en Guatemala. Basa la
Comisión su consideración anterior en distintas razones.
En primer lugar, la inexistencia de confrontación armada, por aislada
que sea, reduce la posibilidad de daños colaterales a la población civil y
de represalias contra ella. Pero por
otra parte es público y notorio que la subsistencia de focos guerrilleros es
utilizada como argumento por quienes pretenden mantener la actual militarización
de las áreas rurales y de sectores importantes de la vida guatemalteca,
creando temor generalizado, reduciendo el poder del gobierno civil,
obstaculizando la labor de la justicia, impidiendo el normal reasentamiento de
los desplazados y refugiados y, en fin, saboteando el pleno goce de los
derechos humanos de los guatemaltecos desde distintas áreas del Estado. La Comisión
no cree que corresponda a sus atribuciones evaluar globalmente la Iniciativa
de Paz Total para la Nación presentada
por el Presidente Serrano en abril de 1991, ni las propuestas intercambiadas
posteriormente y en especial la presentada por el Gobierno el 12 de enero de
1993 en el marco de las negociaciones con la URNG, que se mantienen en México.
Sin
embargo, en la medida que las mismas se refieren en forma primordial, tanto
sustantivamente como primer paso cronológico de la negociación a los
derechos humanos, desea señalar que los puntos para un acuerdo sobre derechos
humanos firmados por ambas partes, tanto en cuanto al compromiso general
respecto a ellos (punto 1), la verificación internacional (punto 2), el
compromiso de fortalecer las instancias de protección a los derechos humanos
(punto 3) y el compromiso en contra de la impunidad y de la amnistía que
puedan convalidarla, ofrecen bases firmes, viables y satisfactorias para un
acuerdo efectivo para el cese de las confrontaciones y para la solución de
los problemas adicionales hasta el establecimiento de la paz. Por otra
parte no puede la Comisión dejar de señalar aquí su preocupación ya que,
según el análisis realizado en los capítulos anteriores, a medida que
desaparecen las violaciones de los derechos humanos con la confrontación con
los grupos guerrilleros, aumentan las amenazas y violaciones contra los líderes
e instituciones que utilizan las formas legítimas de crítica, protesta y
reivindicación. Esta
situación, de no resolverse satisfactoriamente, restablecería las bases del
circulo vicioso de la violencia y podría dar pie a quienes proponen la vía
armada como única forma de lucha y solución de los graves problemas que
aquejan a Guatemala. De allí el
importante e indeclinable rol que cabe al Estado, a través de todas de sus
instituciones y agentes, para defender la vigencia de los derechos humanos. [ Índice | Anterior | Próximo ]
[103] La Comisión, desde su creación, ha hecho una práctica de
tomar en cuenta y referirse al fenómeno del terrorismo o a las acciones de
violencia de grupos armados irregulares en sus análisis sobre la vigencia
de los derechos humanos. Así
lo ha hecho en los tres informes anteriores sobre Guatemala (1981, 1983 y
1985), sobre El Salvador (1978), Argentina (1980), Colombia (1981),
Nicaragua (1983) y Perú (1989), entre otros. |
