CAPITULO X

               LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS NIÑOS GUATEMALTECOS 

     La mayoría de la población infantil guatemalteca sufre condiciones inaceptables de mortalidad, desnutrición, pobreza familiar, desescolarización y fracaso escolar, y de trabajo infantil irregular, tal como se señala en el capítulo sobre derechos socioeconómicos.  Se presentan también allí planes del Gobierno para resolver estos problemas, cuyas metas y logros, aunque loables, sólo reducirán su gravedad en mínima proporción en el futuro previsible. 

     La Comisión ha recibido además abundante documentación y denuncias de numerosas situaciones que afectan los derechos a la vida, a la libertad, a la integridad y a las garantías judiciales de numerosos niños guatemaltecos, y que junto con las condiciones mencionadas anteriormente, están formando generaciones moldeadas por la carencia, la frustración y el miedo. 

     En varios capítulos de este informe se analiza la situación de familias de refugiados, desplazados y comunidades aisladas, que viven en condiciones materiales indignas y sufren ataques por parte de agentes del Estado, que inciden negativamente en la integridad física, psíquica y moral de los miles de niños que las componen, la mayoría de ellos guatemaltecos Maya-Quichés. 

     Otros casos más específicos que escuchó la Comisión denuncian la insensibilidad de las autoridades frente a situaciones que ponen en peligro la vida de niños.  En noviembre de 1992, fallecieron de desnutrición doce niños de campesinos de Cajola que desde hace meses estaban acampados al costado de una autopista urbana en demanda de restitución de tierras que alegaban eran de su propiedad y de las que fueran desalojados.  Los campesinos habían solicitado ayuda material al Gobierno, sin resultados positivos.  

     1.     Programas Gubernamentales 

     Con referencia a estos problemas, el Gobierno ha provisto a la Comisión documentación sobre sus programas de asistencia a los niños, y en especial a los que han sido víctimas de la violencia. 

     Así, en septiembre de 1991, el Presidente Serrano señaló como uno de sus programas prioritarios de gobierno, el de los hogares comunitarios, donde miembros de la comunidad especialmente entrenados pudieran cuidar y educar a niños humildes de 0-6 años, recibiendo cada "madre cuidadora" del Estado 15 Q. por niño y de la comunidad 20 Q.  Señaló como meta para el año 1996  cuidar a 50.000 niños, es decir el 3.5% de la población infantil en condiciones de pobreza.  

     En su discurso al final de su segundo año de gobierno, en enero de 1993, el Presidente Serrano señaló que en un año y medio del programa se había logrado implementar hogares para 1735 niños.  Esto es, para uno de cada mil infantes pobres.  

     También mencionó en ese discurso que se han creado cuatro centros para seguimiento y asistencia de niños, uno de Ubicación y Diagnóstico de niños transgresores, uno de Observación de niños "gaviotas" (o "de la calle"), de Tratamiento y Asistencia para menores y uno para niñas. 

     En lo educativo informó que fueron atendidos con la "galleta escolar" y con bolsas de útiles escolares más de un millón y medio de niños y que en las ciudades los escolares podrán usar gratuitamente el transporte colectivo para ir a su escuela. 

     En su plan de 1991 para las víctimas de la violencia, la Administración Serrano estimó que había 25.000 viudas[102] y 120.000 huérfanos de la violencia en 14 departamentos de Guatemala, y que era prioritario responder a sus necesidades a través de la implantación de programas que faciliten su incorporación a la sociedad y ayuden a su desarrollo.  Los programas estarían basados en la máxima utilización de recursos locales para reducir su costo y la movilización social.  Información de septiembre de 1992 indica que los proyectos están beneficiando a 894 mujeres de este grupo y a sus hijos. 

     2.     Maltrato a niños y jóvenes "de la calle" 

     La Comisión ha recibido documentación sobre numerosos casos de maltrato, secuestro y lesiones de niños y jóvenes por fuerzas policiales, sea por sospechas de que han hurtado, o porque son encontrados en posesión de "pegamento", cuyos alcoholes son inhalables, o simplemente por encontrarse en lugares públicos y ser sindicados como sospechosos.  Casos documentados ante las autoridades indican que por la más nimia razón, la Policía acostumbra castigar a jóvenes y aunque se efectúan las debidas denuncias policiales y judiciales, los procesos difícilmente se inician y casi nunca llegan a castigar a los culpables. 

     Por su parte también, la Policía Militar efectúa redadas ilegales de jóvenes.  Los menores son ilegalmente engrillados y trasladados a dependencias policiales donde se los mantiene detenidos hasta definir su situación.  En uno de esos casos, el 6 de marzo de 1992, 35 Policías Militares detuvieron de esa manera en un cruce de avenidas, a 16 muchachos, entre ellos 9 menores de entre 13 a 17 años de edad.  A fin de año la queja de los ofendidos no había aún sido resuelta por la justicia.   

     Especial ensañamiento policial parece haber contra los niños y educadores asociados con "Casa Alianza", una importante asociación que brinda educación, asistencia y hogar a "niños de la calle" a través de varios hogares-refugios en la Ciudad de Guatemala.  Solamente durante 1992, se han denunciado más de veinte casos de hostigamiento contra ellos a través de amenazas telefónicas, anuncios de bombas a punto de estallar, ataques personales a los educadores, guardianes de los refugios, y a abogados de la Oficina de Apoyo Legal, falsas diligencias judiciales tratando de revisar los archivos en computadora que lleva la asociación, seguimientos de educadores y trabajadores sociales, ataques con disparos al aire, y similares.  En algunos casos, las amenazas provienen de agentes policiales, jueces, o de personas de civil en automóviles no identificados.  Resulta claro que los ataques contra Casa Alianza y sus colaboradores, se basan en su trabajo en defensa de los "niños de la calle" y de que ha asumido una vigorosa actividad judicial que llevó a la condena de varios agentes del Estado por maltrato de niños, condenas logradas durante esta Administración.  Debe destacarse también que en noviembre de 1991, o sea antes de todos estos hechos, la Casa Alianza firmó un convenio de cooperación con el Ministerio Público, por el cual ocho de sus colaboradores fueron nombrados auxiliares del Ministerio Público con el derecho de entrar en cualquier momento a cualquier centro de reclusión de niños. 

     Uno de los casos más sonados en los que Casa Alianza logró obtener condenas por ataques contra niños, fue el de Nahamán Carmona López, muerto después de ser atacado por cuatro policías el 4 de marzo de 1990.  Luego de varios juicios fallidos, el 22 de julio de 1992 la Corte de Apelaciones confirmó las condenas, reduciendo el término de prisión a doce años. Varios testigos del crimen siguen siendo amenazados, dos de ellos, Vilma Arévalo Deras y Manuel Alcides Martínez debieron dejar el país por dichas amenazas, y otra testigo, enfermera de la Casa Alianza, fue amenazada, secuestrada y violada. 

      En marzo de 1992, un miembro de una agencia privada de seguridad, la cual según información recibida estaba conectada con la inteligencia militar, fue condenado a diez años de prisión por la muerte del niño Francisco Chacón Torres el 28 de abril de 1991. 

      En otros casos, como el de dos policías acusados de la muerte del joven Anstraum Villagrán Morales (17 años); y el de dos policías militares acusados de la muerte de Walter Chapetón y Manuel Castellanos, los acusados fueron sobreseídos pese a abundante evidencia en su contra. 

     Informa el Gobierno que COPREDEH está coordinando la ejecución de un proyecto a nivel nacional denominado "Plan Estratégico para Resolver la Problemática de los Niños de la Calle" con apoyo del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) y el que con participación interinstitucional se espera comenzar a implantar en el primer semestre de 1993. 

     La Procuraduría de los Derechos Humanos cuenta con la Defensoría de los Derechos de la Niñez, la que creó además, la Comisión de Prevención del Maltrato Infantil y la Comisión del Seguimiento al Cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño. 

     Conclusiones 

     La gravedad de la situación de la mayoría de la niñez guatemalteca requiere medidas profundas y masivas para la plena vigencia de sus derechos humanos, tanto en lo que se refiere a su seguridad física y garantías legales, como a su situación educativa, familiar, de nutrición, y de su crecimiento físico, psíquico, y moral.  

     Los programas indicados en el Plan 1992-1996 representan una adecuada orientación, pero sus metas y los logros anunciados hasta la fecha muestran la modestia de las soluciones frente a la magnitud de los problemas. 

     Estas propuestas de solución se debilitan más aún en la medida en que actos atribuibles a agentes del Estado muestran la falta de compromiso de muchos de ellos con una política de respeto a los niños y menores, y con su formación y crecimiento en libertad y responsabilidad.   La parca respuesta del Poder Judicial a las continuas denuncias respecto a situaciones que envuelven ataques a menores, o a instituciones que tratan de preservar su vida, integridad y derechos, contribuye igualmente a esa situación.