E.         Instituciones auxiliares de la administración de justicia

65.              Para una administración de justicia eficaz y legítima es necesario contar con un buen sistema de investigación criminal a través de un Ministerio Público que funcione correctamente. En Guatemala, si bien la Policía Nacional Civil (PNC) es parte del Ministerio de Gobernación, a través de su Servicio de Investigación Criminal (SIC), auxilia al Ministerio Público en su obligación de realizar las investigaciones penales, como institución auxiliar de la administración pública y de los tribunales. Según lo establece la Constitución de la República y su Ley Orgánica, el Ministerio Público tiene funciones autónomas, como son la investigación de los delitos y el ejercicio de la acción penal pública.[82] 

66.              El Ministerio Público no cuenta con la capacitación adecuada ni con investigadores calificados, y tiene una carga de trabajo excesiva. Por otra parte, el Estado informó que los recursos del Ministerio Público son precarios[83] y, en razón de ello, sólo tiene presencia en el 10% del territorio guatemalteco y cuenta con un fiscal por cada 75.000 habitantes. Cada fiscal tiene un promedio de 1.546 casos a su cargo. La cantidad de denuncias recibida por año en los últimos años oscila entre 200.000 y 250.000, lo que conforme a la información suministrada por el Estado, implica que se puedan destinar Q. 1,540 ( US$ .190) para la investigación y eventual acusación de cada caso.[84] Durante esta visita, la CIDH recibió información sobre los planes de reestructuración y fortalecimiento del Ministerio Público, la intención de idear un plan de política criminal de carácter democrático, y otras políticas institucionales.[85] De todas formas, ello aún no se ha traducido, en la práctica, en resultados concretos.

67.              Una de las tareas esenciales de la PNC, que contribuye activamente a la lucha contra la impunidad, es la labor de investigación criminal, realizada por el SIC. La Comisión ya hizo referencia en su Quinto Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Guatemala a que existían problemas con la selección de las personas designadas para realizar esta labor debido a la falta de formación necesaria para realizar ciertas tareas más complejas.[86] Actualmente las delegaciones del SIC presentan carencias de infraestructura, de equipos y de materiales para cubrir las necesidades de investigación que requiere el sistema de administración de justicia.[87] Ello lleva a la inexistencia de debida documentación de la investigación criminal y de un adecuado procesamiento de la escena del crimen.

68.              La Comisión recibió información sobre problemas en la coordinación, comunicación y colaboración entre los distintos órganos de la administración de justicia, en particular entre la PNC, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Como sostuvo MINUGUA,

Como cualquier sistema, cuando un componente no funciona bien, se afecta el funcionamiento de los demás, es decir, que las labores de policías, fiscales o jueces no son tareas aisladas.[88]

69.              La Comisión recibió información sobre la cooperación inter-institucional del Ministerio Público con diferentes organizaciones locales e internacionales en los años 2002 y 2003.[89] La Comisión nota que los resultados de estos esfuerzos son aún incipientes, debido a lo cual insta al Estado a tomar las medidas y asignar los recursos necesarios a fin de que éstos y otros convenios de colaboración resulten efectivos.

70.              En cuanto a las investigaciones, existe una división de roles entre el Ministerio Público, que dirige las investigaciones, y la PNC, que las lleva a cabo. Sin embargo, la Comisión expresa su preocupación por la falta de claridad en la ley en cuanto al organismo facultado para realizar las investigaciones judiciales. Ello conlleva a una disputa entre el Ministerio Público y la PNC, lo cual duplica el trabajo de investigación. En función de lo descrito anteriormente, la Comisión llama al Estado a adoptar mecanismos de coordinación entre el Ministerio Público y la PNC; a adoptar legislación clara al respecto con el fin de solucionar este problema; y a asignar los recursos necesarios para que la investigación judicial sea más efectiva y se evite la superposición de labores.  Por otra parte, destaca la necesaria subordinación de la PNC a los organismos de administración y procuración de justicia en esta materia.

71.              Por otra parte, la Comisión tuvo conocimiento que las Fuerzas Armadas continúan participando junto con la PNC en la investigación de ciertos delitos, en particular en los casos relacionados con el narcotráfico y el crimen organizado.[90] La falta de presupuesto de la inteligencia civil deriva en que ésta sea suplantada en ciertas investigaciones por la inteligencia militar.[91] A pesar de las alegaciones del Estado que indican que no existe relación ni cooperación entre las inteligencias militar y civil, la Comisión recibió información sobre actividades de inteligencia realizadas por el recientemente desintegrado Estado Mayor Presidencial.[92]

72.              Con el objetivo de fortalecer la inteligencia civil, fueron creados el Departamento de Información Civil y Análisis de Inteligencia (DICAI) y la Secretaría de Análisis Estratégico (SAE), y existe un proyecto de Ley de Control de Inteligencia del Estado que se encuentra en la tercera lectura en el Congreso.  Sin embargo, los resultados de estas iniciativas aún no se evidencian en la práctica y la inteligencia militar continúa realizando funciones propias de la inteligencia civil. La Comisión considera necesaria la eliminación total de la intervención de la inteligencia militar en las investigaciones judiciales, e insta al Estado a poner en práctica los mecanismos previstos y destinados a reforzar la inteligencia civil para que pueda ejercer cabalmente sus funciones.[93]

73.              La insuficiencia de recursos es uno de los problemas estructurales que afectan el correcto funcionamiento del Ministerio Público. Si bien el Fiscal General había solicitado Q 700 millones para llevar adelante una persecución penal eficaz y responsable, el presupuesto asignado para el Ministerio Público para el año 2003 es de Q 398.789,180 millones.[94] En relación con el presupuesto del Ministerio Público,  la Fundación Myrna Mack indicó que:

El presupuesto del Ministerio Público se ha venido incrementando año tras año en el período analizado (entre 1998 y 2002), sin embargo, el incremento ha sido decreciente y todo indica que al igual que el resto de las instituciones de justicia el año 2001 y 2002 marcan un estancamiento o retroceso del gasto en el Ministerio Público.  El gasto público destinado al Ministerio Público se ha financiado en más de un 20% con saldos de caja, lo cual no es sostenible en el mediano y largo plazo. (…) El Ministerio Público presenta una reducción en términos reales en el proyecto de presupuesto 2003, respecto del presupuesto aprobado en el 2002, lo cual representa Q 21 millones menos.[95]

74.              Asimismo, la Comisión tuvo conocimiento del desempeño actual de diversas Fiscalías Especializadas. En las observaciones al presente informe el Estado se refirió a la creación de nuevas fiscalías y al fortalecimiento de las ya existentes dedicadas al combate del crimen organizado, y dio como ejemplo la Fiscalía  Contra La Corrupción, el Crimen Organizado, Contra el Lavado de Dinero, de Delitos Administrativos y la  Fiscalía de La Mujer. Asimismo destacó la creación de la Fiscalía de Derechos Humanos, la Fiscalía de Derechos de los Pueblos Indígenas, la Fiscalía de la Niñez y Adolescencia, y el fortalecimiento de la Fiscalía de Sindicalistas y Periodistas.

75.              La Comisión considera que el éxito de la lucha contra la impunidad depende en gran medida de la efectividad de los mecanismos de investigación y por consiguiente valora la creación de Fiscalías Especiales cuando sean necesarias. Sin embargo, a pesar de la creación de estas Fiscalías Especializadas, se registran pocos avances en numerosas investigaciones criminales, particularmente aquéllas relacionadas con las amenazas y ataques a operadores de justicia y periodistas. En este sentido, Amnistía Internacional sostuvo que:

Algunas de las nuevas entidades anunciadas, como las Fiscalías Especiales, no han supuesto una diferencia notable en la capacidad del Poder Judicial para investigar de forma efectiva delitos cometidos contra sectores específicos de la sociedad, y otras ni siquiera han entrado en funcionamiento. (…) Estas entidades parecen verse afectadas por la falta de apoyo político y por una grave escasez de recursos. La delegación concluyó que los recursos y la formación de los fiscales especiales no parecían adecuados para que éstos desempeñaran las tareas que les habían sido encomendadas. Es más, no parecían estar haciéndose en todos los casos esfuerzos reales para cumplir con el mandato asignado a cada fiscal.[96]

76.              Una de las razones para la imposibilidad de la Fiscalía de cumplir cabalmente con su mandato es la falta de recursos. La Comisión tiene especial interés en la investigación de las amenazas y ataques contra defensores de derechos humanos, a lo cual se refiere en el capítulo correspondiente del presente informe, e insta al Fiscal General a dotar a la Fiscalía Especial de Derechos Humanos de los recursos y el apoyo necesarios para cumplir con su labor.

77.              La Ley Orgánica del Ministerio Público establece que los fiscales deberían ser nombrados a través de un mecanismo específico. Los candidatos deben estar incluidos en listas especiales, recibir un curso de capacitación, ser calificados, y en función de los resultados deben ser asignadas las vacantes. Esta ley asegura mayor transparencia en el nombramiento de los fiscales, que los candidatos seleccionados sean más idóneos para el cargo, y que puedan desarrollar sus labores de una manera más independiente. Además, permite contar con un sistema de nombramiento de fiscales que otorga más seguridad jurídica. En las observaciones al presente informe el Estado se refirió a la creación de la Unidad de Capacitación del Ministerio Público (UNICAP) como base fundamental para el fortalecimiento de la Carrera Judicial, así como la puesta en funcionamiento del Sistema Informático de Control del Ministerio Público y la creación del Centro Universitario para la Justicia y la Carrera Fiscal, que se concentrará en los niveles de postgrado y perfeccionamiento técnico a nivel universitario.

78.              En relación con la carrera fiscal, el Estado informó que a finales del año 2002 se retomó el tema y se convocó a nuevo personal en enero del 2003;  se ascendieron y nombraron Fiscales, agentes Fiscales, Auxiliares y Oficiales que participaron en la Convocatoria del 2001; se nombraron y ascendieron personas que participaron en la Convocatoria 2002; y se crearon aproximadamente 200 nuevas plazas. Por otra parte, durante la visita, la Comisión recibió información según la cual personal del Ministerio Público continuaba siendo nombrado por contrato, sin cumplir con los requisitos legales, debido a la “urgencia” de satisfacer estas necesidades.[97] Este tipo de nombramientos desvirtúan el fin de la Ley Orgánica del Ministerio Público, y prohíben su correcto funcionamiento. La Comisión insta al Estado a continuar con el proceso de profesionalización del Ministerio Público y  a cumplir con las regulaciones administrativas para asegurar la transparencia en la asignación de puestos de trabajo, y la elección de los candidatos más calificados.

F.         La defensa pública

79.              En Guatemala el Instituto de Defensa Pública Penal (IDPP) se encarga de proporcionar asistencia legal gratuita en los asuntos penales a personas con bajos recursos, en tanto que los bufetes populares universitarios están a cargo de dicha asistencia en el campo civil y laboral. La creación del IDPP como institución autónoma en 1998 favorece un buen sistema de defensa pública que tiene por fin asegurar la debida protección del principio de inocencia del acusado. De todas formas, en la práctica muchas personas indigentes aún carecen de representación legal.

80.              En la actualidad el servicio de defensa penal sufre de restricciones presupuestarias severas y de falta de capacitación de los Defensores Públicos.[98] El presupuesto para el Instituto de Defensa Penal para el año 2003 es de Q 57.194,683 millones, lo cual es mayor al del año anterior, pero menor al del año 2001.[99] Ello acarrea serias dificultades para continuar con varios programas vitales, como son la Defensoría de Oficio, su presencia en los Centros de Administración de Justicia, en las Defensorías en Sedes Policiales y en las Defensorías Étnicas.[100] El Estado informó que el Poder Judicial debió transferirle a la Defensa Pública USD 400.000 de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo para que puedan continuar con su labor. De hecho, la Comisión recibió información conforme a la cual el IDPP colapsó en marzo de 2003 debido a la falta de presupuesto. Las consecuencias de ello fueron la suspensión de 250 abogados de oficio por falta de presupuesto, con lo cual cada abogado debe, actualmente, atender 500 casos.[101] Lo anterior condujo a que actualmente existan 100 defensores públicos, de los cuales 22 trabajan en la ciudad de Guatemala. La cantidad de casos que debe atender cada defensor público es extremadamente alto, y no permite otorgarle a los habitantes guatemaltecos una defensa pública adecuada.

81.              Un servicio de defensa pública es una condición necesaria para mejorar el acceso a la justicia de los ciudadanos. La Comisión nota que la situación en Guatemala compromete los derechos de los individuos, e insta al Estado a proporcionar los recursos necesarios para que el sistema de defensa penal pueda funcionar correctamente.

G.         La modernización de la justicia

82.              La información recibida da cuenta de iniciativas estatales destinadas a modernizar la justicia. El Estado ha iniciado el proceso de sistematización electrónica de la información en los tribunales judiciales y mecanismos para agilizar los procesos en las salas de la Corte de Apelaciones no penales, en los Tribunales de Menores, y en los Tribunales de Quetzaltenango, Escuintla y Huehuetenango.[102] Además, la comunicación interna del organismo judicial fue reforzada a través de carteleras informativas, un boletín con los avances de la reforma judicial y un periódico del Organismo Judicial. En cuanto a la comunicación externa, fue creada una página de internet, se fomenta la utilización de espacios radiales en idiomas mayas y en español, y se realizan presentaciones informativas a entidades estatales, privadas y organismos internacionales sobre el estado del tema.[103]

83.              El 11 de febrero de 2003 se inauguró el Centro Nacional de Análisis y Documentación Judicial (CENADOJ), que tiene por fin mejorar el sistema de recopilación de leyes y  jurisprudencia, el sistema de captación, análisis, procesamiento y divulgación de la jurisprudencia, la implementación de bibliotecas para magistrados y jueces y la estadística judicial. Según la información suministrada, estarían siendo ingresados los datos al sistema para su funcionamiento en el año 2003.[104] A su vez, se mejoró el equipamiento de las unidades administrativas, y se instaló en 18 delegaciones un sistema que permite obtener antecedentes penales con mayor agilidad. Este sistema provee seguridad tecnológica y registro de datos y conecta a 18 departamentos. Por otra parte, la Corte Suprema instaló centros de recepción y registro de información. La informática también fue utilizada con el fin de capacitar a distancia a operadores de justicia.[105] 

84.              La Comisión considera que las mejoras informáticas del sector justicia, si bien son importantes, no equivalen en sí mismas a la efectiva modernización de la administración de justicia la cual puede requerir de reformas sustanciales para ser un sistema realmente moderno. La implementación de este tipo de medidas de modernización no asegura el buen funcionamiento de la administración de justicia, y deben tomarse medidas para contrarrestar las demás debilidades descritas en este capítulo. El Estado debe continuar implementando medidas en el mismo sentido, así como adoptar otras, para lograr mejores resultados.

H.         La capacitación de los miembros del organismo judicial

85.              Ante la débil formación inicial de ciertos jueces en Guatemala, es necesario que el Organismo Judicial prevea la posterior capacitación de sus miembros. La Unidad de Capacitación Institucional capacitó a jueces y coordina la capacitación impartida por la Unidad de Modernización del Organismo Judicial, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, UNICEF, MINUGUA, la Embajada de Estados Unidos, y la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos.[106]

86.              La Comisión resalta la necesidad de continuar en la labor de capacitación de los miembros del Organismo Judicial, ya que la capacitación debe ser sostenida en el tiempo, con el fin de mejorar la calidad de los participantes y además, acceder a un mayor número de operadores de justicia. Por otra parte, la capacitación impartida, en términos generales, pone más énfasis en la teoría que en la práctica, no hay un adecuado seguimiento institucional, y ésta se ve afectada por la rotación del personal.[107] La Comisión insta al Estado a adoptar una estrategia educativa mejorada que prevea estos factores a fin de asegurar la correcta capacitación de todos los miembros del Organismo Judicial.

            I.          Conclusiones y recomendaciones

87.              Las instituciones que administran justicia en Guatemala juegan un rol fundamental en el proceso de democratización del Estado, y deben hacerlo a la luz de los tratados internacionales, las normas constitucionales, y los compromisos asumidos en los Acuerdos de Paz. La situación descrita demuestra que el Estado no ha cumplido cabalmente con sus obligaciones en esta materia. El Poder Judicial no ha asegurado aún a la mayoría de guatemaltecos y guatemaltecas el respeto de los derechos humanos de los individuos a través de la investigación de las denuncias y la individualización y sanción de los responsables de violaciones a los derechos humanos del presente y del pasado. La falta de capacidad del Estado guatemalteco de proveer un sistema de administración de justicia adecuado y eficiente, y una justicia independiente e imparcial, impide el acceso de los guatemaltecos a la justicia.  Sin una administración de justicia fuerte y respetuosa de los derechos fundamentales de los individuos es imposible lograr el fortalecimiento democrático del Estado y de la vigencia del Estado de Derecho que Guatemala requiere.

88.              El análisis expuesto anteriormente permite concluir que el deterioro de la administración de justicia en Guatemala lleva a una violación continua de los derechos individuales de sus habitantes y pone en jaque la institucionalidad democrática en el país.  Ello se ve agravado por la impunidad sistémica y estructural que afecta a todo el sistema de justicia guatemalteco. Con el fin de contribuir en la búsqueda de soluciones que permitan revertir el estado actual de esta situación, y de conformidad con el análisis precedente, la Comisión recomienda al Estado guatemalteco:

1.        Tomar las medidas necesarias para combatir la impunidad estructural que afecta al sistema de justicia guatemalteco. En este sentido, recomienda implementar medidas destinadas a impedir el encubrimiento de autoridades involucradas en investigaciones sobre crimen organizado y violaciones de derechos humanos. Asimismo, reforzar las medidas adoptadas con el fin de destituir de cargos públicos y de las Fuerzas Armadas a personas que hubieren participado de violaciones a los derechos humanos fundamentales ocurridas durante el conflicto armado.

2.         Continuar con el proceso de modernización del Poder Judicial a través de métodos informáticos, particularmente con el avance en el archivo de casos y control de expedientes, para disminuir la demora y la corrupción en el manejo de casos. Complementar la modernización con otras iniciativas tales como avanzar en el proceso de ampliación y remodelación de las instalaciones judiciales en todo el país. A su vez, complementar estas medidas con aquellas destinadas a la protección, capacitación, recursos y legitimidad necesarias a los Juzgados de Paz, a los Centros de Administración de Justicia y a los Centros de Mediación creados en el interior del país para asegurar su efectividad.

3.         Continuar con las iniciativas de capacitación de los miembros del Organismo Judicial, y plantear programas de capacitación sostenidos en el tiempo, que tengan un mayor alcance en cuanto a temáticas abordadas y a las personas que participan en ellos, y que cuenten con un adecuado seguimiento institucional. En particular, que estos programas de capacitación prevean educación sobre la cultura y la identidad indígenas. Además, capacitar a los defensores públicos y a los fiscales para que puedan ejercer su rol en el sistema judicial.

4.         Aumentar los esfuerzos dirigidos a facilitar un acceso a la justicia igualitario a todos los individuos, en especial que provea intérpretes en lenguas indígenas para resguardar su derecho a las debidas garantías judiciales.  En el mismo sentido, adoptar las medidas y la regulación necesarias para que las comunidades indígenas puedan aplicar su derecho comunitario en casos en los cuales no habría violación del derecho internacional y ello respondiere a sus necesidades locales.

5.         Establecer mecanismos de comunicación, coordinación y colaboración interinstitucional entre los diversos órganos de la administración de justicia, especialmente entre el Ministerio Público, la Policía Nacional Civil y el Poder Judicial, con el fin de evitar la superposición de funciones; y adoptar las medidas que sean necesarias para que sean puestas en práctica.

6.         Mejorar los mecanismos de reclutamiento y capacitación de los miembros del Servicio de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil, y otorgarles los recursos materiales necesarios para desempeñar su labor investigativa, fortaleciendo sus capacidades para proteger la escena del crimen y la prueba recabada en ella. Para este fin, disponer el cese inmediato y total de la intervención de las Fuerzas Armadas en esta materia.

7.         Asegurar la independencia e imparcialidad de los jueces y operadores de justicia. Para ello, diseñar mecanismos tendientes a evitar presiones internas y externas sobre los jueces y los operadores de justicia, particularmente aquellos que trabajan con casos sobre violaciones de derechos humanos, corrupción y narcotráfico. Asimismo, aplicar sanciones penales y disciplinarias a los operadores de justicia que cometen actos de corrupción; a quienes ejerzan presiones indebidas tendientes a asegurar la resolución de los casos presentados ante el sistema judicial de acuerdo a sus intereses; y a los miembros de otros órganos del Estado y de la sociedad civil que interfieran de manera indebida en la administración de justicia en favor de intereses particulares. A su vez, adoptar medidas para evitar que estos hechos ocurran nuevamente. 

8.         Investigar las denuncias de amenazas y ataques contra jueces y operadores de justicia, sancionar a los responsables, y proveer la protección adecuada para que los jueces y operadores de justicia ejerzan sus funciones sin temor a sufrir represalias. Aplicar adecuada y transparentemente la Ley de Carrera Judicial, y fomentar una aplicación coherente y efectiva de los procedimientos disciplinarios y de promoción y remoción de los jueces. Aplicar correctamente las políticas de reclutamiento, remoción y promoción legalmente establecidas para el Instituto de Defensa Penal y el Ministerio Público. Adoptar las medidas legislativas y constitucionales necesarias para extender el mandato de los jueces de cinco años a un plazo mayor, que sea compatible con el principio de independencia judicial.

9.         Incrementar el presupuesto asignado al Poder Judicial, a la Defensa Pública Penal y al Ministerio Público, con el fin de que sea viable la implementación de un sistema judicial acorde a los estándares internacionales y a los Acuerdos de Paz.

10.       Otorgar mayores fondos al Instituto de Defensa Pública, y capacitar a los defensores públicos y a los fiscales para que puedan ejercer su rol en el sistema judicial local.

11.       Evitar la tramitación inoficiosa  de recursos legales tendientes a obstruir la justicia. Para ello, asegurar que los jueces evalúen debidamente los requisitos de admisibilidad de los recursos, respeten los plazos establecidos para la tramitación de los recursos, y verifiquen que los recursos no hayan sido interpuestos sobre la misma base jurídica y/o sobre los mismos hechos que recursos decididos previamente. Asimismo, aplicar las sanciones correspondientes a los funcionarios judiciales por la tramitación indebida de dichos recursos legales dirigidos a obstruir la correcta administración de justicia y asegurar la impunidad.

12.       Permitir el acceso de los operadores de justicia a la información en poder del Estado que es necesaria para la tramitación de casos que se encuentran bajo su jurisdicción. En este sentido, adoptar medidas que prohiban a los organismos del Estado ampararse en el “secreto de Estado”, salvo en aquéllos casos en los cuales sea realmente necesario para la protección de la seguridad nacional.

13.               Esclarecer las violaciones a derechos humanos cometidas en el pasado que aún permanecen impunes, sancionar a los responsables e indemnizar a las víctimas.

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