A continuación se presenta una síntesis que hace un repaso de las principales apreciaciones emitidas por la Comisión durante el conflicto, sin detenerse en las circunstancias propias que caracterizaron la violencia armada y el desarrollo mismo de la guerra en El Salvador, sino centrando su atención en aquellos aspectos que aún hoy, deben ser una prioridad y un reto para las generaciones que se encuentran trabajando por la reconstrucción de su país.

 

          En efecto, en su  Informe correspondiente a 1979-1980, la Comisión, refiriéndose a la violencia generalizada en el país, señaló que "ve con extremada preocupación la realización de tales hechos y así se lo ha informado al Gobierno salvadoreño en diversas comunicaciones sin que, hasta ahora, haya recibido satisfactorias respuestas y, lo que es más grave, sin que sepa que las autoridades del Gobierno, incluidas la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial, se encuentran investigando con la celeridad que las circunstancias requiere, la comisión de tales asesinatos".

 

          Al formular recomendaciones al Estado, manifestó la  CIDH que se debería adoptar "una acción organizada tendiente a superar la violencia actualmente existente, la que, entre otras medidas, podría incluir las siguientes: (...) 2) Una investigación exhaustiva y rápida respecto de los varios casos de homicidios en los que se han denunciado como instigadores o autores a personas que han pertenecido o pertenecen a organismos de seguridad y sancionar con todo el rigor de la ley a los que surjan como responsables".

 

          Por su parte, en el Informe 1980-1981, destacaba la Comisión la "cantidad verdaderamente alarmante" de ejecuciones ilegales en El Salvador, "cometidas directamente por las fuerzas de seguridad que actúan impunemente al margen de la ley, como asimismo por grupos paramilitares que obran con la aquiescencia o consentimiento tácito de los gobiernos".  Y agregó que, por regla general, "tal aquiescencia ha significado que las autoridades gubernamentales no proceden a una adecuada y eficaz investigación de la autoría de tales crímenes".

 

          Concluyó a este respecto la Comisión señalando que "un poder judicial independiente, con suficientes recursos y atribuciones para sancionar los abusos de las autoridades y de los ciudadanos debe ser uno de los elementos básicos para que el derecho a la vida recupere el valor que ha perdido".

 

          Avanzando en el tiempo, señaló la Comisión en su siguiente Informe, correspondiente al período  1981-1982,  que el derecho a la vida continuaba "siendo el más  lesionado".  Refiriéndose a sus anteriores recomendaciones "tendientes a investigar y sancionar a los responsables de las pérdidas de vidas de miles de personas que han perecido de manera atroz en los últimos años, la Comisión no ha recibido informes concretos del Gobierno de El Salvador sobre este particular".  "Hasta el momento --destacó-- resulta evidente que no hay sanción penal para una buena parte de los autores de tan horrendos crímenes".

 

          Al comentar la importancia de respetar las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, como elemento que puede coadyuvar a superar la violencia, la  Comisión expresó que "ve con preocupación que la situación de esas entidades no ha mejorado, ya que muchos de sus miembros han tenido que buscar refugio en otros países, y los locales donde funcionaban tales organizaciones, allanado y saqueado por fuerzas de seguridad...".

 

          Con preocupación señaló la CIDH en su Informe 1982-1983, "la continuación del clima de violencia que continúa viviendo El Salvador donde han proseguido las ejecuciones ilegales y desapariciones de personas.  Como señaló en informes anteriores tales actos, la mayoría de las veces han sido cometidos por fuerzas de seguridad que actúan impunemente al margen de la ley, como asimismo por grupos paramilitares que ante la ausencia de una eficaz y adecuada investigación de los crímenes pareciera que obran con el consentimiento tácito del Gobierno.

 

          Al plantear la situación de conflicto interno, reiteró la Comisión su recomendación acerca de la necesidad de encontrar una solución política que involucre a todos los sectores; que se fije sobre la base de ese acuerdo una fecha para elecciones generales a las cuales tengan acceso todos los grupos políticos con las garantías necesarias para que sus resultados representen la voluntad popular.

 

          En el Informe 1983-1984, al señalar con satisfacción la elección de un Presidente civil, expresó que "si bien resulta muy difícil establecer prioridades en materia de derechos humanos, puede sin embargo señalarse que en la situación actualmente imperante en El Salvador parecería imprescindible lograr, de inmediato, un efectivo control de las Fuerzas de Seguridad por parte de las nuevas autoridades, así como otorgar una efectiva autonomía y autoridad al Poder Judicial, dotando a sus integrantes de las garantías imprescindibles para que lleven a cabo sus importantes funciones.   La evaluación de la forma en que esos cometidos vayan siendo planteados y ejecutados, permitirá emitir un juicio fundado sobre las efectivas posibilidades de lograr una efectiva vigencia de los derechos humanos en El Salvador".

 

          Y agregaba la CIDH que "un punto al cual la Comisión desea referirse de manera particular, es el relativo a los caracteres que debe reunir la superación de la violencia que agita a El Salvador.  Diversos sectores independientes y asociaciones cívicas de este país y numerosas entidades y personalidades de toda la región, coinciden en señalar que a través del diálogo y dentro del marco jurídico de la Nación, se debe llegar a una fórmula política, pacífica y global del problema en su conjunto".

 

          Al formular al nuevo Gobierno sus recomendaciones manifestó la Comisión que "Resulta indispensable se lleven adelante las investigaciones tendientes a sancionar a los responsables de las gravísimas violaciones a los derechos humanos cometidas durante las administraciones precedentes;"

 

          Y agregó que "f) Deberían continuarse los esfuerzos tendientes a lograr, mediante el diálogo y la voluntad de paz, una solución política integral de la crisis salvadoreña y regional.  En este cometido, deberían explorarse fórmulas que ofrezcan perspectivas de poner fin al derramamiento de sangre en dicho país, ya que las opciones armadas implican prolongar indefinidamente una situación que propicia las graves y generalizadas violaciones a los derechos fundamentales que han caracterizado la historia reciente de El Salvador".

 

          Al presentar su Informe a la Asamblea General, correspondiente a 1984-1985, señaló la Comisión que "d) Resulta esencial que se efectúen las investigaciones pendientes en relación con las violaciones a los derechos humanos que se atribuyen a las fuerzas de seguridad de El Salvador, puestas en conocimiento de dicho Gobierno por la CIDH, con la finalidad de sancionar a los responsables".

 

          Por su parte,  en el Informe 1986-1987, señaló la CIDH que "ha concedido siempre especial importancia y alentado muy vivamente una solución pacífica y negociada al conflicto entre el Gobierno de El Salvador y las fuerzas insurreccionales que se le oponen.  De allí que la Comisión considere necesario señalar como un hecho positivo que hayan surgido nuevas esperanzas de paz, mediante la negociación y el diálogo a través del acuerdo logrado en la República de Guatemala en la reciente reunión de Presidentes de los países centroamericanos llevada a cabo entre los días 13 y 16 de agosto del presente año".

 

          Al resumir sus apreciaciones sobre el período 1987-1988, señalaba la CIDH que "A juicio de la Comisión, los aspectos en los que la inobservancia a los derechos humanos han sido más graves son los que se refieren especialmente al derecho a la vida, por el resurgimiento de la violencia habida en el país.  Pese a los problemas antes señalados, la Comisión considera meritorio el mantenimiento formal de todos los derechos y garantías constitucionales, aunque éstos en la práctica han sido también vulnerables".

 

          Y reiteraba la CIDH su ya tradicional llamado a las partes en el conflicto, así: "La Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace nuevamente una invocación tendiente a humanizar el conflicto armado, a dar cumplimiento a las normas del derecho internacional humanitario facilitando la evacuación de los heridos y mutilados de guerra, a realizar toda clase de esfuerzos para eliminar las actividades de los denominados escuadrones de la muerte, a reemprender el camino del diálogo para buscar la paz y asimismo, tiene la esperanza de mantener muy activa la cooperación y asistencia del Gobierno de El Salvador con las tareas de la Comisión".

 

          Posteriormente, al reseñar ante la Asamblea lo más destacado de su Informe 1988-1989, expresó la Comisión que "en relación con el diálogo entre todos los sectores salvadoreños que ha venido reiteradamente propiciando en los últimos años, tuvo la oportunidad de manifestar al Presidente electo que el reinicio de tal diálogo, sin exclusiones, constituye a su juicio el mejor camino para buscar la paz y la reconciliación entre los salvadoreños, sin las cuales no puede haber una verdadera observancia de los derechos humanos.

 

          Y agregó que "Frente a hechos (...) que afectan de una manera tan sensible la vida humana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresa su esperanza de que las conversaciones entre representantes del Gobierno de El Salvador y del FMLN, iniciadas en Ciudad de México del 13 al 15 de septiembre de 1989, y que deberán continuar en San José, Costa Rica el 16 y 17 de octubre próximo, puedan conducir a una solución política y negociada del conflicto, tal como la Comisión lo ha venido solicitando".

 

          Refiriéndose a otro de los temas en los cuales se centró la atención de la Comisión durante la década del conflicto salvadoreño, señaló que "La administración de justicia de El Salvador ha sido objeto de severas críticas por su lentitud, su falta de independencia y su falta de efectividad para proteger y defender los derechos de los ciudadanos salvadoreños objeto de atropellos en contra de sus garantías constitucionales.  Asimismo, la CIDH registra los lamentables precedentes judiciales relacionados con múltiples asesinatos, casi ninguno de los cuales fue debidamente investigado ni permitió que se sancionara a los responsables de los mismos".

 

          En relación con este tema, y con otros derechos consagrados en la Convención, expresó la CIDH, "en cuanto a las garantías de debido proceso, la Comisión ha observado la falta de eficacia que para todos estos casos de detención-incomunicación por períodos superiores a las 72 horas permitidas por la Constitución y la ley no han funcionado las garantías de protección judicial a que se refiere el artículo 25 de la Convención Americana, para amparar a los ciudadanos contra los actos gubernamentales que violen sus derechos fundamentales". (...) "También preocupa a la Comisión la falta de cumplimiento a las normas sobre garantías judiciales, lo cual priva a los detenidos del derecho a ser asistidos en el momento de su detención por un abogado defensor, a conocer sobre los motivos de su detención, a no ser obligado a declarar contra sí mismos y a disfrutar de todas las demás garantías judiciales".

 

          Uno de los serios problemas que enfrentó la sociedad salvadoreña durante la época del conflicto, y que la Comisión espera que hoy se haya superado, en aras de la reconciliación y la consolidación de los principios democráticos, fue registrado, con merecida preocupación por la CIDH en el mismo Informe, 1988-1989: "La agudización de las tensiones y de la violencia ha llevado a que los funcionarios del Gobierno de El Salvador consideren a los sindicatos, cooperativas, universidades, entidades de derechos humanos y demás organizaciones y entidades similares, como "órganos de fachada", "santuarios de la guerrilla o de la insurgencia" etc., acusando a estas entidades de haber sido penetradas por el FMLN para manejarlas como instrumentos de la lucha armada.  Como consecuencia de esta situación, muchas de ellas han sido objeto de asedio y de ataques por parte de las fuerzas de seguridad".

 

          Un año más tarde, en su Informe 1989-1990, destacaba la CIDH que "La agudización de la violencia, así como la suspensión de las garantías individuales bajo el estado de sitio, han determinado que se haya incrementado significativamente el número de personas privadas de su libertad.  Según información inicialmente proporcionada a la Comisión, muchas de estas personas se encontraban actualmente alojadas juntamente con delincuentes comunes y en condiciones muy negativas.  La Comisión no ha sido informada, sin embargo, de la evolución reciente de este problema y de las formas en que el Gobierno de El Salvador le está dando solución. (...) Organizaciones no gubernamentales informaron también de un marcado incremento en casos de tortura a presos políticos por parte de sus interrogadores.

 

          Volviendo sobre el tema de la debilidad del poder judicial, en un momento de particular violencia en el país, expresaba la CIDH a la Asamblea General, con ocasión de la presentación de su Informe 1990-1991, que:  "En síntesis, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estima que el período a que se contrae este informe anual revela la persistencia de problemas que afectan gravemente la vigencia de los derechos humanos en El Salvador.  Tal es el caso de las acciones de los escuadrones de la muerte y de las Fuerzas de Seguridad cuyas actividades generan graves violaciones a los derechos humanos sin que exista de parte de las autoridades y del sistema judicial salvadoreño la voluntad o los medios para erradicar tan graves conductas.  La falta de avance de importantes investigaciones, como las referidas al caso de los jesuitas asesinados el 16 de noviembre de 1989 y del cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión respecto a casos individuales, revelan la persistencia de obstáculos para que los autores de tan graves violaciones a los derechos humanos sean individualizados y sometidos a la justicia".

 

          Otro aspecto preocupante, directamente relacionado con el conflicto, que afectaba la vigencia de derechos consagrados en la Convención Americana, fue expresado en dicha ocasión por la CIDH, así: "También subsisten los problemas vinculados a las negativas condiciones en que se encuentran las personas detenidas por razones políticas, las cuales se encuentran en una irregular situación procesal por la falta de decisiones judiciales, en condiciones carcelarias indignas de la condición humana y confundidos con presos comunes, todo lo cual constituye una grave anormalidad en lo referido al derecho a la libertad personal, así como al derecho a la justicia y al proceso regular reconocidos por los artículos 7 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos".

 

          Con la esperanza de una solución cercana al conflicto armado, la Comisión señaló, que "asimismo, que encuentra como un rasgo positivo que se hayan mantenido las negociaciones que se realizan entre el Gobierno y dirigentes del FMLN bajo los auspicios del Secretario General de Naciones Unidas.  La Comisión espera que tales negociaciones puedan avanzar hasta el punto en que se creen condiciones para lograr una mayor vigencia de los derechos humanos, incluido el adecuado ejercicio de los derechos políticos de manera tal que éstos puedan reflejar adecuadamente la voluntad de la población salvadoreña y se constituyan en un aporte a la paz y auténtica expresión de un régimen democrático de gobierno que, tal como ha sido reiteradamente señalado, es la mejor garantía para la vigencia de los derechos humanos".

 

          Una vez alcanzados los históricos Acuerdos de Paz, destacó la CIDH, en su Informe 1991, lo siguiente: "la Comisión desea reiterar su satisfacción por los éxitos alcanzados en las negociaciones de paz, y espera que la implementación de las medidas que conducirán efectivamente a un fortalecimiento de las instituciones, en particular, del poder judicial, determinen un real progreso en materia de defensa y protección de los derechos fundamentales del pueblo salvadoreño".

 

          Y en su último Informe Anual, 1992-1993, la Comisión realizó una evaluación de los aspectos esenciales que siguieron el principio del fin del enfrentamiento armado. Entre otras cosas, se hizo énfasis en el hecho de que:  "La paz es, se ha dicho tantas veces, mucho más que la ausencia de guerra.  El Salvador ha dado, con la firma de los Acuerdos de Chapultepec y su implementación gradual, un primer gran paso hacia la paz, ha superado el más urgente de los obstáculos:  ha puesto fin al conflicto armado, que durante doce años desangró al país.  Hoy, toda la sociedad salvadoreña es protagonista de su propio proceso de recuperación institucional.  Por esta razón, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos continúa observando atentamente, en desarrollo de sus atribuciones, la evolución de la situación, y promoverá  "la observancia y la defensa de los derechos humanos", función que le asigna la Convención Americana".

 

          Con esperanza, la misma que inspira la elaboración del presente Informe Especial, destacó la Comisión que "El Salvador ha iniciado, pues, el camino hacia la consolidación de la paz, la reconciliación, el fortalecimiento de la institucionalidad democrática, y la reconstrucción nacional.  Esfuerzos de todos los sectores, desde el Gobierno y el FMLN, antes enemigos, ahora contendientes políticos, hasta el último de los salvadoreños, están unidos en este propósito.  Ahora bien, su éxito supone, y nada nuevo se está afirmando al expresar esto, el cumplimiento de los Acuerdos en una dimensión no simplemente formal:  implica un cambio sustancial, y supone una mejoría de fondo --en el corto plazo--, y la solución --a largo plazo--, de dos aspectos que están en el origen mismo del conflicto".

 

          Y centró su atención en dos temas fundamentales: "En primer término, la vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales. Mientras subsistan sectores de la población viviendo por debajo de los límites de la dignidad de la persona humana, en condiciones de extrema pobreza, se darán condiciones para que la situación degenere en un nuevo conflicto.  Un campesinado desprotegido --sector mayoritario de la población--, sin tierras y sin alternativas para un mejor futuro, unido a una cantidad de personas que se reincorporan a la vida civil (tanto de la guerrilla como del ejército), merece recibir atención prioritaria para la satisfacción de las más elementales necesidades del ser humano.  Una vivienda digna, el derecho al trabajo, la educación y la salud, deben constituir el objetivo fundamental de las políticas del gobierno, y en este esfuerzo deben comprometerse, sin excepción, todos los sectores del país.  Ello no será suficiente, sin embargo, sin el decidido apoyo de la comunidad internacional, tanto bilateralmente como a través de la financiación multilateral de proyectos para el desarrollo.(...)

 

          (...) Ahora bien, --concluyó la CIDH-- paralelamente confluye un segundo aspecto, tan importante como el anterior en la consolidación de la paz.  En El Salvador no existe hoy en día, ni ha existido en el pasado reciente, una administración de justicia eficiente, imparcial, e independiente que constituya una garantía contra la impunidad y un medio efectivo de disuasión frente a la delincuencia".

 

          Sobre la base de estas apreciaciones, producto de la observación atenta y cuidadosa realizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en ejercicio de sus atribuciones, durante la última década en El Salvador, se elabora el presente Informe, que cubre el período comprendido entre la firma de los Acuerdos y la etapa previa a las trascendentales elecciones de marzo de 1994. La síntesis brevemente expuesta constituye, ciertamente, el marco de referencia que ha delineado la realidad actual de El Salvador.

 

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