INFORME SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY DE JUSTICIA Y PAZ: ETAPAS INICIALES DEL PROCESO DE DESMOVILIZACIÓN DE LAS AUC Y PRIMERAS
DILIGENCIAS JUDICIALES

I.          INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES

1.        Hacia mediados del año 2006 la República de Colombia superó la etapa inicial del proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (en adelante “las AUC”),[1] grupo armado ilegal involucrado en la comisión de crímenes durante el conflicto armado.[2]  Esta etapa inicial consistió en la entrega de armas por parte de 31.670 personas que se identificaron como miembros de 38 bloques de las AUC[3] y otros grupos armados al margen de la ley que se concentraron en zonas temporales de ubicación con la verificación internacional de la Misión de Apoyo para el Proceso de Paz en Colombia de la OEA (adelante “Misión MAPP/OEA”).

2.        Superada esta etapa, el proceso enfrenta hoy los desafíos derivados del establecimiento de responsabilidad de aquellos desmovilizados involucrados en la comisión de crímenes, y la reparación a las víctimas, mediante la aplicación de la Ley 975 de 2005 o de “Justicia y Paz”.[4]  Posteriormente, la compatibilidad de dicha normativa con la Constitución colombiana fue cuestionada ante la Corte Constitucional.  En respuesta, la Corte Constitucional declaró a la Ley 975 constitucional en forma global y a la vez señaló condiciones a fin de que varias de sus disposiciones pudieran ser consideradas compatibles con el bloque constitucional.[5]

3.        Asimismo, un aspecto fundamental de este proceso consiste en asegurar el desmonte efectivo de las estructuras armadas que participaron del proceso de desmovilización y la progresiva reintegración de sus miembros a la sociedad a fin de lograr la no repetición de crímenes de derecho internacional, de violaciones a los derechos humanos e infracciones graves al derecho internacional humanitario.

4.        La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha dado especial seguimiento a la situación de derechos humanos en la República de Colombia y al empleo de mecanismos destinados a desactivar a los actores del conflicto armado y poner fin a la violencia que afecta a los colombianos desde hace cuatro décadas.[6]  Asimismo, desde el año 2004, ha dado seguimiento a la situación como parte primordial de su rol de asesoría a los Estados miembros de la OEA, la Secretaría General de la Organización y la Misión MAPP/OEA.[7]  El presente informe de la CIDH tiene por objeto reflejar sus conclusiones sobre la observación en terreno del funcionamiento de los circuitos de desmovilización y sobre las primeras diligencias judiciales de implementación de la Ley de Justicia y Paz.[8]

5.        El 2 de agosto de 2007 la Comisión trasladó copia del proyecto del presente informe al Estado colombiano con un plazo de un mes para presentar sus observaciones.  Mediante nota de fecha 4 de septiembre de 2007 el Estado presentó sus observaciones.[9]  Con fecha 5 de septiembre de 2007, el Estado presentó un documento de observaciones complementarias.[10]  El contenido de estos escritos ha sido incorporado, en lo pertinente, a la versión final del presente informe.

6.        Específicamente, el informe aborda, en su primera parte, los resultados alcanzados en las etapas iniciales del proceso de desmovilización.  Examina el comportamiento de las agencias involucradas en la identificación de los integrantes de bloques de las AUC y de otros grupos armados que se plegaron al proceso; el sistema de información organizado para esta etapa, su potencialidad y las oportunidades perdidas en términos de producción de información relevante para cumplir los objetivos enunciados del proceso de desmovilización.  En la segunda parte, el informe examina las primeras diligencias judiciales de implementación de la ley de Justicia y Paz.  En esta sección se analiza la incertidumbre que aun existe sobre las reglas de juego del proceso y como esto afecta la labor de las agencias estatales involucradas.  También se observa la relevancia de la información recogida en la etapa inicial de la desmovilización, y cómo algunos problemas de esta primera etapa se han traducido en demoras y obstáculos en la instancia judicial.  Además se exponen algunas evaluaciones sobre las primeras diligencias procesales a cargo de la fiscalía, y en especial acerca de su rol y su capacidad institucional para la investigación de los crímenes y la verificación de los requisitos legales para el acceso a los beneficios de morigeración de penas.  La tercera parte del informe aborda la cuestión de la debida participación de las víctimas en las primeras etapas de los procesos, la disposición de mecanismos de protección de víctimas, testigos y operadores judiciales, y las dificultades observadas en el sistema de reparaciones.  Por último, en la cuarta parte del informe, se hace referencia a los desafíos en materia de reincorporación de los desmovilizados a la vida civil.  La CIDH concluye su informe con una serie de observaciones y recomendaciones.

7.        En la sección que sigue, se vuelcan los resultados y conclusiones de la observación sobre la conducción y resultados de dos circuitos judiciales de desmovilización, junto a una serie de consideraciones sobre el marco legal que acompaña los beneficios de tipo jurídico respecto del juzgamiento de los desmovilizados por su participación en grupos armados ilegales y los procesos adelantados en el marco de la Ley de Justicia y Paz.

II.       OBSERVACIONES DE LA CIDH SOBRE LA PRIMERA FASE DEL PROCESO DE DESMOVILIZACIÓN

8.        Dada la relevancia en términos del esclarecimiento de crímenes perpetrados durante el conflicto armado, la CIDH condujo una serie de visitas a las zonas de ubicación designadas para concentrar a las personas a desmovilizarse, a fin de observar la labor de las entidades involucradas en la identificación de los miembros de dichas estructuras.  Por razones tanto de tipo logístico como sustantivo se escogió visitar una serie de desmovilizaciones llevadas a cabo en los departamentos del Cesar[11] y Antioquia.[12]  Concretamente, el 27 de febrero de 2006 se visitó la desmovilización de los miembros del Bloque Norte II y III, liderado por Rodrigo Tovar Pupo alias “Jorge 40”,[13] de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) con influencia en los departamentos del Cesar, la Guajira y Atlántico.[14]  El 25 de abril de 2006 se visitó la desmovilización del Bloque Élmer Cárdenas, liderado por Freddy Rendón alias “El Alemán”, con influencia en la zona del Urabá Chocoano y el occidente Antioqueño.[15]  Estas visitas de la CIDH al terreno a fin de realizar tareas de observación de los circuitos judiciales y entrega de armas de las AUC contaron con la invitación y el apoyo del Gobierno de Colombia, que facilitó el acceso amplio a todas las áreas y actividades desarrolladas en el circuito, sin ningún tipo de restricciones.

A.         Observaciones sobre la conducción de dos circuitos judiciales de desmovilización

9.        Previo al acto formal de desmovilización y entrega de armas, los miembros de los grupos armados al margen de la ley se concentraron en la zona de ubicación destinada para tales efectos.  El llamado “circuito jurídico” o “circuito judicial” de la desmovilización tuvo por objeto identificar a quienes se plegaban a la desmovilización, levantar un acta sobre su pertenencia a la estructura armada ilegal,[16] y verificar su pasado judicial a efectos del dictado de la resolución judicial mediante la cual la Fiscalía General de la Nación se inhibe de procesarlos por el delito de sedición, conforme a la Ley 782 de 2002.[17]

10.        El Estado señala en sus observaciones al presente informe que el procedimiento para la suscripción y aceptación de los listados de personas desmovilizadas colectivamente se rige por el Decreto 3360 de 2003, que contempla lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por la Ley 548 de 1999 y por la Ley 782 de 2002 -en su artículo 21, que dispone como forma de comprobar la calidad de miembro de un grupo armado organizado al margen de la ley, entre otros, "el reconocimiento expreso de los voceros o representantes del mismo".  El Estado afirma que los listados de las personas desmovilizadas suscritos y aceptados de conformidad con el Decreto 3360 de 2003, “han sido oportunamente remitidos, para los efectos pertinentes,” por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz a las siguientes autoridades y entidades competentes: Ministerio del Interior y Justicia, Alta Consejería para la Reintegración Social y Económica de Personas y Grupos Alzados en Armas, Procuraduría General de la Nación, Fiscalía General de la Nación y Consejo Superior de la Judicatura.[18]

11.        Conforme a las entrevistas llevadas a cabo con los funcionarios de la oficina del Alto Comisionado para la Paz, en principio, los líderes de los bloques debían identificar a los miembros de cuadros de la estructura armada bajo su comando que se plegarían a la desmovilización.  En la práctica esta lista se confeccionó y amplió en la zona de ubicación, al momento de la desmovilización, a medida que el Alto Comisionado y la Misión MAPP facilitaban la llegada de estas personas a la zona de ubicación.  La Oficina del Alto Comisionado para la Paz contaba con un estimado de personas a desmovilizarse, proporcionado por inteligencia militar.

12.        La CIDH observó que el incumplimiento de la presentación del listado permitió, y propició, la llegada al circuito de personas que no necesariamente pertenecían a la estructura armada a desmovilizarse.  El incentivo eran los beneficios sociales y económicos ofrecidos como parte del proceso de desmovilización por los funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.  Cada desmovilizado recibió un subsidio de $ 358.000 pesos colombianos por el término de 18 meses.  En la zona de ubicación se ventiló información indicando que en algunos casos, los líderes habían incentivado a civiles no combatientes a presentarse al circuito judicial invocando la pertenencia al grupo paramilitar para acceder a los beneficios económicos y retribuir al líder con un porcentaje de la suma recibida del Gobierno.  Por su parte, el Estado advierte en sus observaciones que la Oficina del Alto Comisionado para la Paz no recibió información ni tuvo conocimiento sobre circunstancias de este tipo y agrega que en todo caso exigió a las AUC desmontar toda la estructura ilegal, incluida su red de apoyo de colaboradores y financiadores.[19]

13.        Durante su visita a los circuitos judiciales del Departamento del Cesar, la CIDH observó que numerosas personas que buscaban desmovilizarse no presentaban características de combatientes.[20]  Tanto en el circuito de Chimila como en el de La Mesa preocupó el bajo número de combatientes (“patrulleros”) en comparación con el número de personas que afirmaron ser operadores de radio (“radio chispas”), encargados de repartir víveres, o mujeres encargadas de tareas domésticas (“lavanderas”).[21]  Estas personas habrían sido en su mayoría pobladores del cercano Corregimiento de Villa Germania, de las cuales un tercio resultaron ser mujeres.  En forma reiterada y repetitiva habrían señalado que obedecían órdenes directas del líder máximo del Bloque Norte, Jorge 40, manteniendo silencio respecto de cualquier información referida a la identificación de los mandos intermedios de la estructura armada, y restando –por lo tanto— credibilidad a su declaración.

14.        Se ha indicado que estos desmovilizados, pese a no ser combatientes, conformarían los “frentes de apoyo social” del bloque en cuestión.[22]  Al respecto, la CIDH constató que no existían mecanismos para determinar cuáles eran las personas que verdaderamente pertenecían al bloque a desmovilizarse y que por lo tanto tenían derecho a recibir beneficios socioeconómicos, ni para establecer consecuencias, en caso de fraude.  En todos los casos, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz habría aprobado todas las listas de desmovilizados confeccionadas en el marco de las desmovilizaciones efectuadas.

15.        A diferencia de lo observado en el Departamento del Cesar, la desmovilización llevada a cabo en el Departamento de Antioquia involucró mayormente a hombres y a algunas mujeres que mostraban tener características de combatientes.[23]  En efecto, en el circuito observado en El Cuarenta, la vasta mayoría de personas a desmovilizarse declararon ser combatientes (“patrulleros”), con al menos tres años de pertenencia al Bloque.  Sólo una minoría, constituía la red social y de apoyo del Bloque.

16.        Los circuitos judiciales que visitó la CIDH contaron con la presencia de las siguientes instituciones del Estado: (1) Oficina del Alto Comisionado para la Paz; (2) Registraduría; (3) Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI); (4) Fiscalía; (5) Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), y (6) Instituto Colombiano del Bienestar Familiar (ICBF).[24]  La Misión MAPP/OEA y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) también integraron el circuito.

17.        El primer paso del circuito consistió en una presentación sobre los beneficios de veracidad.  Los funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz explicaban a las personas a desmovilizarse las características del proceso, incluyendo la adquisición de beneficios procesales, sociales y económicos, a cambio de la colaboración con el establecimiento de la verdad.

18.        En segundo lugar, a fin de que los candidatos a desmovilizarse pudieran participar en el circuito, la Registraduría –en carácter de oficina de identificación— emitió documentos de identidad para aquellas personas que no los poseían.[25]

19.        En tercer lugar, las personas a desmovilizarse se presentaron ante el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) para que dicha institución recopilara huellas dactilares, carta dental y ADN con el fin de identificar a los desmovilizados.[26]  Es posible afirmar que, de preservarse debidamente, la información recogida en este paso del circuito jurídico tendrá un importante rol en términos de la identificación y vinculación de personas a la investigación de crímenes.

20.        En cuarto lugar, la Fiscalía General de la Nación recibió las versiones libres de las personas que se presentaban al circuito.  El objeto de este trámite fue el de verificar la pertenencia del candidato a la estructura armada que había acordado desmovilizarse en forma colectiva, a efectos del dictado de una resolución inhibitoria a su favor, por el delito de sedición.[27]  El trámite ante la Fiscalía concluyó mediante la firma de un acta de entrega voluntaria y un compromiso del candidato a desmovilizarse de no delinquir durante los dos años siguientes.

21.        En cuanto al desempeño de la Fiscalía en los circuitos jurídicos, la CIDH notó que los fiscales asignados eran frecuentemente comisionados horas antes de su partida desde distintas zonas del país hacia la zona de ubicación.  Conforme a la información recibida, no pertenecían a una unidad especial ni recibían entrenamiento específico para la tarea sino que normalmente cumplían funciones en unidades de la Fiscalía dedicadas a la investigación de delitos tales como secuestro o terrorismo.  Solamente en un caso el fiscal entrevistado pertenecía a la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.  En ningún caso pertenecían a la Unidad de Justicia y Paz.

22.        Las preguntas formuladas por los fiscales durante la versión libre recibida en el circuito jurídico consistieron en un cuestionario estándar que se empleó en todas las desmovilizaciones.  Las preguntas consistieron en el nombre del grupo armado al margen de la ley al que pertenecía y su fecha de vinculación a éste; utilización de armas de algún tipo y sus características; utilización de algún alias, “mote” o apodo; entrenamiento para pertenecer a la organización; tiempo de permanencia en el grupo, lugares donde estuvo y fechas; lugares donde operaba el grupo; número de personas que conformaban el grupo; estructura del grupo; motivos por los cuales se desmovilizaba; actividades realizadas al interior del grupo; posibilidad de mencionar su participación o de otras personas del grupo en otros hechos delictivos; nombres de sus jefes en la organización; conocimiento sobre personas secuestradas por el grupo; conocimiento sobre bienes obtenidos por el grupo u organización durante sus actividades como tal.

23.        En vista de las características y los formatos utilizados en el cuestionario, la toma de versiones constituyó un trámite meramente formal.  Los fiscales enviados a las zonas de ubicación no recibieron instrucciones de indagar la posible vinculación de quienes pasaron por el circuito con la comisión de crímenes perpetrados en la zona, ni de recopilar en forma previa información relacionada con las causas pendientes que involucraran a miembros de los Bloques de la AUC que participaron de la desmovilización.

24.        En sus observaciones, el Estado resalta que el cuestionario modelo “tan solo era una guía para tener en cuenta pero que de manera alguna limitaba la autonomía del designado para llevar a feliz término la versión”  y que la diligencia “no tenía como objetivo lograr que los desmovilizados delataran a miembros de la organización, y menos que reconocieran los delitos cometidos.” [28]

25.        En quinto lugar, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) verificó el pasado judicial de las personas a desmovilizarse.  Concretamente, el DAS comprobó los antecedentes judiciales de las personas que poseían documento de identidad mediante consultas por fax al sistema nacional de archivo unificado.  En los casos en los que las personas a desmovilizarse no tuvieran antecedentes judiciales, el DAS les entregó un documento (con foto y huellas dactilares) certificando que a la fecha el portador no tenía orden de captura nacional o internacional o procesos pendientes.  En los casos en los cuales se verificó la existencia de un proceso pendiente, el DAS emitió certificados temporales (válidos por un año) dando cuenta de la situación de estas personas.  En los casos en los cuales se verificó la existencia de orden de captura por causa de su participación en la estructura armada, los candidatos fueron “aplazados”, en consecuencia de lo cual, debían trasladarse a Santa Fe de Ralito u otra zona de ubicación especialmente constituida en la zona de la desmovilización, a efectos de “mantenerlos a disposición de las autoridades judiciales”.[29]  Presumiblemente estas personas aparecerían, eventualmente, en las listas que el Alto Comisionado para la Paz remitiría a la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General, a efectos de la aplicación de la Ley de Justicia y Paz.[30]

26.        En sexto lugar, funcionarios de la Misión MAPP/OEA verificaron el paso de las personas a desmovilizarse por el circuito jurídico y los entrevistaron con relación a su pertenencia a la estructura armada que se desmovilizaba.

27.        Por último, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) emitió los documentos que dejaban constancia de la identidad de los desmovilizados que habían pasado por el circuito y de su compromiso de dejar las armas (“carnetización”).

28.        Además de las instituciones que participaron del circuito judicial, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) hizo presencia en las zonas de ubicación en la que se registró la presencia de niños y niñas pertenecientes a los bloques a desmovilizarse.  Al respecto, la Ley 975 de 2005 exige que el grupo a desmovilizarse ponga a disposición del ICBF la totalidad de los menores reclutados como uno de los requisitos de elegibilidad para acceder a los generosos beneficios de reducción de pena en ella establecidos.[31]  Consecuentemente, esta entidad fue convocada a las zonas de ubicación por el Alto Comisionado para la Paz sobre la base de la información proporcionada por los líderes del grupo armado a desmovilizarse.  Durante las visitas de la CIDH a los circuitos jurídicos, la delegación tuvo conocimiento de la presencia del ICBF en la zona de ubicación de La Mesa –desmovilización del Bloque Norte de las AUC- y también observó la presencia de niños y niñas en edad adolescente.[32]  En el circuito jurídico de la desmovilización del Bloque Élmer Cárdenas, el ICBF no se hizo presente en la zona, dado que este grupo no entregó menores.[33]

29.        La entrega de niños y niñas en las zonas de ubicación se formalizó mediante la llamada “acta de entrega voluntaria”, confeccionada por el ICBF.  Cabe señalar que el ICBF sólo puede mantener bajo su órbita a los niños y niñas que tras la entrega voluntaria deseen permanecer en sus albergues.

30.        Paralelamente al paso por el circuito –y más allá de la entrega simbólica que pudo efectuarse en el acto de cierre, con la presencia de la prensa y altas autoridades del Gobierno— los funcionarios del Grupo Interinstitucional de Análisis Antiterrorista (GIAT), presentes en la zona de ubicación, recibieron las armas entregadas por las personas que pasaron por el circuito.

31.        El informe del Alto Comisionado para la Paz dio cuenta de la entrega de un total de 615 armas de fuego[34] durante los diez días de duración del circuito en Chimila, Departamento del Cesar.  Por su parte la CIDH constató que de las aproximadamente 800 personas que habían pasado el día anterior por el circuito de Chimila se habían recibido 65 armas de fuego.  Constató también que de las 200 personas que habían pasado por el circuito de La Mesa el día anterior, se recibieron aproximadamente 25 armas de fuego.  Entre las entregadas no aparecían armas modernas o en buen estado.

32.        El informe del Alto Comisionado para la Paz indica que en Antioquia los 484 desmovilizados del segundo grupo del Bloque Élmer Cárdenas entregaron al Gobierno un total de 359 armas.[35]  Allí la CIDH observó que las armas entregadas tampoco eran modernas y en algunos casos no parecían estar en buen estado.  Observó también que combatientes no desmovilizados que montaban guardia, sí portaban armas modernas y en buen estado.  El Estado, por su parte, indica en sus observaciones que “una primera inspección al armamento entregado, por parte de expertos, ha mostrado que se trata, en un 95%, de armamento de buena calidad” y que en todo caso se habrían entregado otras armas largas en zonas rurales donde se recogía a los miembros del grupo armado ilegal para transportarlos a la zona de concentración, previo a la desmovilización.[36]

33.        Con posterioridad a los actos de desmovilización de las AUC, la Fuerza Pública descubrió depósitos clandestinos de armas no entregadas por algunos bloques desmovilizados.[37]  Se espera que el Gobierno colombiano investigue estos hechos y haga públicos los resultados de la investigación.

B.       Observaciones sobre el resultado de dos circuitos judiciales de desmovilización y en general sobre su marco legal

34.        El 90% de los desmovilizados que pasaron por los circuitos jurídicos (aproximadamente 28 mil) no aportaron datos relevantes sobre acciones ilegales desplegadas o crímenes cometidos por los bloques paramilitares a los que pertenecían y se verificó que sólo el 36% del total, tenía “antecedentes judiciales”.[38]

35.        Los demás desmovilizados se beneficiaron del dictado de resoluciones inhibitorias frente a la admitida comisión del delito de “concierto para delinquir”,[39] más tarde rotulado como “sedición”, basado meramente en su participación en actividades de grupos armados al margen de la ley.  Corresponde señalar que mediante providencia del 11 de julio de 2007, la Honorable Corte Suprema de Justicia de Colombia, en Sala Penal, rompió esa equivalencia de tipos penales al establecer que el articulo 71 de la Ley 975 de 2005 es una norma contraria a la Carta Constitucional, precisamente porque le da un tratamiento similar a los delitos comunes frente a los delitos políticos.

36.        La CIDH observa que el circuito judicial presentó una oportunidad propicia para que, más allá del dictado de resoluciones inhibitorias por sedición, las autoridades judiciales recabaran elementos para establecer si los desmovilizados se encontraban implicados en crímenes que podría requerir la aplicación de la Ley de Justicia y Paz.  Sin embargo, según se indicara supra, en el marco de esas versiones libres los fiscales no recibieron instrucciones de indagar sobre los crímenes perpetrados y la posible aplicación de la Ley de Justicia y Paz.

37.        Por lo tanto, la toma de versiones libres en el marco de los circuitos jurídicos de las desmovilizaciones constituyó una oportunidad perdida para la recopilación de información sobre los bloques, sus miembros, y la dinámica socio-económica que mantenía el funcionamiento y existencia de dichos grupos.  Dicha información resulta hoy en día crucial para la labor de los fiscales de la Unidad de Justicia y Paz, así como para la de los representantes de las víctimas en el marco de la aplicación de dicha Ley y la verificación efectiva del desmonte de las estructuras armadas.

38.        En cuanto al marco legal de esta etapa del proceso, durante más de un año y medio, la desmovilización se adelantó a la luz del régimen de desmovilización individual y colectiva vigente para todos los miembros de grupos armados al margen de la ley que desearan reincorporarse a la vida civil.[40]  Dicho marco legal descansa sobre la normativa de la Ley 418 de 1997,[41] prorrogada por el Congreso mediante la Ley 782 en diciembre de 2002, luego reglamentada por el Decreto 128 de 2003.[42]  Conforme a esta normativa, las personas que se hayan beneficiado de indulto o a quienes se les decrete la cesación del procedimiento no podrán ser procesadas o juzgadas por los mismos hechos que dieron lugar al otorgamiento de beneficios.[43]

39.        Aunque las disposiciones del Decreto 128 de 2003 en su mayoría se encuentran orientadas a reglamentar el acceso a beneficios sociales, éste también hace referencia al derecho a acceder a beneficios de tipo jurídico tales como el indulto, la suspensión condicional de la ejecución de la pena, la cesación del procedimiento, la preclusión de la instrucción o la resolución inhibitoria sobre la base de la certificación expedida por el Comité de Dejación de Armas (CODA).[44]  Al reglamentar las disposiciones de las Leyes 418 de 1997, 548 de 1999 y 782 de 2002, el Decreto 128 de 2003 expresamente condiciona el acceso a beneficios jurídicos a que el desmovilizado no esté efectivamente siendo procesado o haya sido condenado por la comisión de delitos que “de acuerdo con la Constitución Política, a la ley o a los tratados internacionales suscritos y ratificados por Colombia no puedan recibir esta clase de beneficios”.[45]  Vale decir que quienes se encuentren procesados o condenados por crímenes distintos al de alzarse en armas contra el Estado, no podrán beneficiarse del indulto, la suspensión condicional de la ejecución de la pena, la cesación del procedimiento, la preclusión de la instrucción o la resolución inhibitoria, por vía de la desmovilización individual.

40.        Dado el hecho que gran parte de los miembros de grupos armados al margen de la ley responsables por la comisión de crímenes contra la población civil no han sido escuchados en indagatoria ni declarados reos ausentes, se ha argumentado que la restricción establecida en el artículo 21 del Decreto 128 de 2003 permite que la comisión de crímenes atroces que aun no han sido objeto de apertura formal de investigación, permanezcan en la impunidad.  Conforme a esta interpretación, la certificación del Comité de Dejación de Armas impediría instaurar procesos judiciales contra personas que no hayan sido procesadas o condenadas con anterioridad a su desmovilización.

41.        Una interpretación sobre estos beneficios procesales a los que alude el régimen legal vigente sería que se aplican solamente a la figura penal del “concierto para delinquir”, en razón de la afiliación del desmovilizado a un grupo armado al margen de la ley.  Por lo tanto, las resoluciones inhibitorias dictadas a favor de desmovilizados con o sin antecedentes judiciales al momento de acceder al beneficio jurídico, no debieran impedir la apertura posterior de investigaciones por la comisión de otros delitos, distintos al de concierto para delinquir.

42.        En suma, la Ley 782 y el Decreto 128 no debieran constituir per se un obstáculo legal para la investigación de crímenes de lesa humanidad ni graves violaciones de derechos humanos, y la resolución inhibitoria en el marco de las normas aludidas no tiene efecto de cosa juzgada respecto de las investigaciones penales que puedan iniciarse eventualmente.  Sin embargo, esta interpretación depende del curso de acción que los funcionarios judiciales adopten respecto de cada caso.

43.        En vista de lo anterior, cabe concluir que los vacíos, la ausencia de herramientas de control y la falta de sistematización de los mecanismos destinados a identificar a los desmovilizados y determinar su responsabilidad penal en la comisión de crímenes, conllevaron a que –en esta etapa— se perdiera la oportunidad de recabar información de importancia crucial para los procesos investigativos de la Ley de Justicia y Paz.

III.     IMPLEMENTACIÓN DE LAS PRIMERAS DILIGENCIAS JUDICIALES DE LA LEY DE JUSTICIA Y PAZ

44.        De las 31.670 personas que se habrían desmovilizados entre noviembre de 2003 y mediados del 2006, solamente 2.695 manifestaron interés en acogerse a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz.  Sin embargo, las fallas institucionales cometidas durante el paso por el circuito judicial de la desmovilización atrasó y dificultó la aplicación de la Ley de Justicia y Paz.

45.        Concretamente, el número de postulados a beneficiarse de la Ley de Justicia y Paz se hizo público en el segundo semestre de 2006, tras el rechazo por la Fiscalía General de la Nación del primer listado que le entregara el Gobierno, el cual adolecía de defectos en la identificación de un porcentaje importante de los postulantes.  En efecto, el listado incluía a desmovilizados que no se encontraban concentrados en Santa Fe de Ralito, así como a personas que no habían pasado por los circuitos de la desmovilización, e incluso a personas que sí se encontraban en Ralito pero que sólo pretendían acceder a los beneficios establecidos en el Decreto 128 de 2003 y en la Ley 782 de 2002 y no a los de la Ley de Justicia y Paz.

46.        Frente a este problema la Fiscalía General de la Nación y la Unidad de Justicia y Paz hicieron un llamado a las personas que pretendían beneficiarse de la Ley de Justicia y Paz sin haber rendido versión libre en el circuito jurídico de desmovilización, a fin de que cumplieran con dicha diligencia.^[46]  Una vez que estas personas rindieran versión libre conforme a la Ley 782 de 2002 y demás normas aplicables, serían luego llamadas a comparecer ante la Fiscalía para rendir versión libre en el marco de la Ley de Justicia y Paz.

47.        En cuanto a los 2.695 postulados en la segunda lista presentada por el Gobierno, la Fiscalía habría verificado que sólo una cantidad significativamente menor se encuentra en condiciones de ser debidamente ubicados y llamados a rendir versión libre.  El resto, pese a aparecer en el listado, no habría podido ser ubicado por desconocimiento de sus domicilios, teléfonos o datos de identificación verdaderos.

48.        Al respecto, en sus observaciones el Estado indica que la Alta Consejería para la Reintegración Social (ACR) habría desarrollado estrategias para llenar los vacíos de información.  Concretamente hace referencia a la realización de “brigadas de documentación y referenciación” conducidas durante el primer semestre de 2007 con el apoyo del DAS, el Ejército, la Fiscalía, la Registraduría.  Indica que se logró la asistencia de 28.285 desmovilizados y el trámite de la expedición de 20.380 documentos (libretas militares, certificados judiciales, cédulas de ciudadanía).  Resalta que “estas brigadas incluyeron la recepción de versiones libres en los términos de la Ley 782 de 2002 realizadas por la Fiscalía General de la Nación. Igualmente, se firmaron allí Actas de Compromiso de los desmovilizados con el programa y se actualizó la información que el gobierno tenía sobre su situación y la de sus familias, incluyendo la actualización de datos de ubicación (teléfonos y direcciones).” [47]

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