CAPITULO IX LIBERTAD DE PENSAMIENTO Y DE
EXPRESION
En su entrevista con la F.I.P.,
Federación Internacional de Periodistas, la Asociación Nacional
de Periodistas de Colombia, el Círculo Colombiano de Reporteros Gráficos
y representantes de otras entidades de prensa, los miembros de la Comisión
Especial de la CIDH fueron informados que el marco de referencia dentro
del cual se desarrolla el problema por el que atraviesa el periodismo
colombiano es el siguiente: el
Estado colombiano posee desde 1991 una amplia gama de declaración de
derechos expresados en la Constitución Nacional que constituyen un
valioso soporte democrático, orientado a superar la actual crisis política
y social, marco jurídico surgido a raíz del trabajo de la Asamblea
Constituyente, a través de la cual la sociedad colombiana aspira
resolver la enojosa situación de violación de derechos humanos que según
criterio expresado por el Procurador General de la Nación, Carlos
Gustavo Arrieta Padilla, colocan a Colombia en los linderos de la
barbarie y en contravía de los propósitos y preocupaciones de tres
centurias que han tenido en el hombre y sus valores la fuente política
y moral de su inspiración. A. NORMAS LEGALES VIGENTES RELACIONADAS CON LA LIBERTAD DE PENSAMIENTO Y EXPRESION
B. FORMAS COMO SE VE
AFECTADO ESTE DERECHO
En el escenario de estos graves conflictos, la Federación
Internacional de Periodistas denunció que el periodista colombiano es
objeto de persistentes agresiones al extremo de consumarse, en muchos
casos, su asesinato. Su función,
dirigida a informar y orientar sobre los problemas más agudos suscitados
en el país, tarea esencial y de primer orden en los actuales momentos, se
ve afectada porque frecuentemente es agredido por grupos de
narcotraficantes, de guerrilleros, de militares, y de paramilitares, que
aspiran a controlarlos. Todos
en general utilizan las prácticas extremas del homicidio.
Frente a esa situación, continúa la citada denuncia, se observa
con preocupación que el Estado colombiano actúa con timidez y de manera
poco responsable al preferir obviar la solución de los problemas que
gravemente aquejan a los periodistas.
Los periodistas están sumergidos en un conflicto donde su función
está enmarcada en el derecho a informar, pero los actores de violación
de derechos humanos insistentemente los atacan en forma desmedida.
A lo anterior debe agregarse, según los peticionarios, que el
Estado colombiano ha asumido, --excepción hecha de la prensa escrita--
una actitud restrictiva de la libertad de prensa, expresión y pensamiento,
colocando a los medios de comunicación y al periodista en una situación
tal que difícilmente pueden desarrollar este derecho de informar en todo
su rigor. El día 8 de
noviembre de 1992, el Gobierno declaró el estado de conmoción interior
en todo el territorio nacional y el 9 de ese mismo mes dictó el decreto
1812, por medio del cual, entre otras cosas, prohibió la difusión total
o parcial, por medios de radifusión sonora o audiovisual, de comunicados
que se atribuyan o provengan de grupos guerrilleros y demás
organizaciones vinculadas al narcotráfico y al terrorismo. Igualmente
prohibió la identificación y las entrevistas de testigos de hechos
violentos y de personas vinculadas a la guerrilla, al terrorismo o al
narcotráfico. De la misma
manera, se prohibió la transmisión en directo, desde el lugar de los
hechos, de actos de violencia.
Estas normas prohibitivas preocupan a la CIDH porque con ellas se
restringe el pleno derecho de informar y ser informado, restándole
posibilidad de ejercer libremente la profesión de periodista y
restringiendo el derecho que tiene toda sociedad de ser informada sobre la
realidad de los hechos.
Esas mismas prohibiciones se habían presentado en 1970 mediante el
decreto No 1134; en 1977 mediante el decreto No 2066
y en 1988 mediante el decreto No 2204; lo cual permite afirmar
que la política de restricción de la libertad de prensa y de expresión
había sido reiterada por parte del Estado colombiano.
La situación ha hecho crisis y la Federación Internacional de
Periodistas considera de gran importancia presentar ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, los informes obtenidos a través
de la Coordinación de Derechos Humanos de la Oficina Regional para América
Latina, con el objeto de que la Comisión incluya en esta visita a
Colombia el tema específico de los derechos humanos de los periodistas.
C.
DENUNCIAS RELATIVAS A ESTE DERECHO
La CIDH ha recibido información acerca de los siguientes casos
de asesinato contra periodistas en Colombia, sin obviar las otras
violaciones contra la integridad física:
1. Enero 25, 1991: La periodista DIANA TURBAY QUINTERO fue asesinada en el
momento en que era rescatada por la Policía en la finca "La
Bola", en jurisdicción de Copacabana, cerca de Medellín, donde
permanecía secuestrada. Se
formó un enfrentamiento entre los policías y los narcotraficantes y una
bala hirió mortalmente a la periodista ocasionándole la muerte.
Era directora de la Revista "Hoy por Hoy". El 21 de enero de 1992 la Procuraduría decidió destituir a
dos oficiales de la Fuerza Elite de la Policía Nacional, Coronel Lino
Pinzón Naranjo y Capitán Elmer Ezequiel Torres Vela, y sancionar a otros
dos funcionarios --Mayor Hugo Eliodoro Aguilar Naranjo y teniente Iván Díaz
Alvarez-- por haber actuado de manera irregular en el procedimiento de
rescate. El Procurador,
doctor Carlos Gustavo Arrieta Padilla, sostiene que los militares sí sabían
que en el sitio tomado por asalto se hallaba la periodista junto a varios
colegas. El periodista Richard Becerra, testigo de los disparos que
mataron a Diana Turbay, narró a los medios de comunicación social que
cuando él y Diana --ya mortalmente herida-- subieron al helicóptero de
la Policía, un hombre que se identificó como José Humberto Vásquez Muñoz
le dijo que lo mirara bien, que no tenía injerencia en el trágico
final de la operación. Le comentó a Becerra, según el periodista dijo, que era
parte del grupo de secuestradores pero había decidido delatarlos.
Vásquez Muñoz apareció después inexplicablemente muerto el 26
de enero en Girardota, Antioquia, después que lo dejaran en libertad.
El Director de la Policía Nacional, General Miguel Antonio Gómez
Padilla, negó que Vásquez Muñoz existiera y no figura en los informes
de la Policía. Además, expresó
que la Procuraduría estaba diciendo "verdades a medias". 2.
Febrero 13, 1991: EZEQUIEL
ARIAS LOPEZ, asesinado en Bogotá, según registro del Departamento
Administrativo de Seguridad, DAS. 3.
Marzo 11, 1991: LUIS FRANCISCO LORA DE PAULA, asesinado en Bogotá, según
registro del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS.
4. Marzo 18, 1991: CAMPO ELIAS GARCIA PINZON, asesinado en
Socha, Boyacá, según registro del Departamento Administrativo de
Seguridad, DAS. 5. Abril
23, 1991: El periodista ANTONIO MARIA ORTIZ GOMEZ es asesinado por
pistoleros no identificados en la ciudad de Cúcuta. Periodista del diario "La Opinión de Cúcuta".
6. Abril 14, 1991: periodistas
JULIO DANIEL CHAPARRO (29 años) y JORGE TORRES NAVAS, redactor y
reportero gráfico de El Espectador, fueron asesinados por cuatro hombres
que les dispararon ráfagas con armas automáticas en la calle de La Reina,
Segovia, Antioquia, cuando completaban una serie de reportajes sobre los
orígenes de la violencia en Colombia
(El Espectador, 5 de diciembre de 1991).
Eran periodistas de El Espectador desde hacía dos años.
La policía le atribuye el crimen a los traficantes de drogas del
cartel de Medellín. El 10 de
mayo la DIJIN informó que, de acuerdo con las investigaciones, la acción
fue cometida por las FARC. El
5 de diciembre El Espectador publicó en su página 12-A que unidades
militares de la XIV Brigada del Ejército capturaron a Ramiro Alfonso
Madrid Lezcano (23 años) y Joaquín Julián Lezcano Ortiz (40 años),
solicitados por un Juzgado de Orden Público de Medellín.
El diario argumenta que los dos detenidos están vinculados a
Milicias Populares, célula "José Antonio Galán", una fracción
urbana del Ejército de Liberación Nacional, ELN.
Los primos hermanos Lezcano, mineros, negaron su injerencia en el
hecho y hasta ahora no hay un pronunciamiento oficial acerca de su detención.
En abril de 1992 la Procuraduría General de la Nación concluyó
que los miembros de las FARC fueron los autores del doble crimen de CHAPARRO
y TORRES. El informe de
la Oficina de Investigaciones Especiales descartó "... la
participación de miembros del Ejército, la Policía Nacional u
organismos de seguridad del Estado en este crimen".
Sostiene que fueron asesinados por equivocación al confundirlos
con paramilitares. Atribuyeron
el doble asesinato al IV y XXVII Frente de las FARC y a las Milicias
Bolivarianas Populares "José Antonio Galán", del ELN.
7. Abril 24, 1991: JORGE TORRES NAVAS:
Ver punto anterior. 8.
Mayo 20, 1991: El periodista y dirigente liberal, JOSE LIBARDO MENDEZ
y CARLOS JULIO RODRIGUEZ, locutor de la Voz de la Selva, filial de
la Cadena Caracol, fueron asesinados por sicarios que se desplazaban en
una motocicleta en Florencia (Caquetá). En el atentado resultó herida JUDITH
ARISTIZABAL, esposa de MENDEZ, y locutora de la Voz de la Selva.
9. Mayo 20, 1991:
CARLOS JULIO RODRIGUEZ: Ver punto anterior.
10. Agosto 3, 1991:
El periodista HERNAN BLANCO fue asesinado por un desconocido
en el barrio Villa Javier, al suroriente de Bogotá.
Las causas del crimen se desconocen.
11. Agosto 16,
1991: HERNANDO HERNANDEZ, fue asesinado por desconocidos en
Arauca (Caldas). 12.
Agosto 25, 1991. JUAN SUAREZ FLORES, colaborador y auxiliar del diario El
Tiempo en Berlín (Alemania) fue asesinado por un celador en un sector
rural de Mosquera, Cundinamarca. Los
hechos son confusos. 13.
Septiembre 13, 1991: ARCENIO HOYOS LOZANO.
Director de la emisora "La Voz de Ariari" en Granada.
Asesinado por un sicario cerca de la emisora, en Villavicencio. Fue muerto de siete impactos de pistola.
14. Septiembre 13,
1991: JULIO SERRATO. Falleció
el 13 de septiembre en una clínica a consecuencia de las heridas de bala
recibidas la noche del miércoles 11 del mismo mes, mientras regresaba a
su casa en la ciudad de Manizales. La
policía informó que dos personas no identificadas son sospechosas de
asesinar al periodista de 33 años, quien además fue actor de teatro y
profesor de comunicación de la universidad en Manizales. 15. Octubre
4, 1991: JAVIER RAMOS ACEVEDO,
contador y narrador deportivo, fue asesinado a tiros en el barrio
Maracaibo, de Tuluá (Valle). 16.
Octubre 8, 1991: RODRIGO AHUMADA BADO, periodista y dirigente político,
murió a consecuencia de un atentado ocurrido el día 26 de septiembre en
el barrio El Pando, de Santa Marta, perpetrado por cuatro hombres. 17.
Octubre 20, 1991: RAFAEL
ANTONIO SOLANO BROCHERO (51), periodista de Santa Marta, asesinado de
cuatro balazos por dos pistoleros que lo atacaron delante de su casa, en
las Tablitas, de Santa Marta. Fue
corresponsal de El Tiempo y era propietario de una agencia de prensa y
publicidad en Fundación. Los
asesinos se dieron a la fuga y el móvil del crimen es desconocido.
18. Noviembre 14,
1991: ANTONIO RIOS, quien
fue secuestrado el segundo fin de semana del mes de noviembre (entre el 8
y el 10) y encontrado muerto el 14 del mismo mes en el departamento de
Antioquia. Se desconocen los
motivos del crimen y los autores. 19.
Diciembre 28, 1991: NESTOR
HENRY ROJAS: Corresponsal durante 14 años de El Tiempo en el
departamento del Arauca, asesinado por un sicario cuando entraba a su
casa, ubicada en la Avenida Olaya Herrera, a las 6:40 minutos de la tarde,
delante de su esposa e hijos. El homicida le descargó el arma, un revólver, e hirió con
tres disparos. Fue auxiliado
por su familia y falleció en el Hospital San Vicente.
La madre de Rojas Monje atribuye el crimen al dirigente político
MARCOS AYALA, aspirante a la gobernación, a quien un reportaje de El
Tiempo publicado en octubre, informó que hacía pactos secretos con jefes
guerrilleros. La Segunda
Brigada del Ejército, con sede en Bucaramanga, atribuyó el asesinato a
un comando de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC.
"Colegas suyos en Arauca dijeron que Rojas fue presionado y
amenazado por su inflexible postura antiguerrillera".
La Policía detuvo a un sospechoso, CESAR BASILIO TORRES.
El 13 de abril el diario "El Tiempo" publicó que la
Procuraduría General de la Nación producirá un informe que indica la
posible participación de militares y de algunos dirigentes políticos,
además de dos soldados que confesaron su participación directa en el
crimen. 20.
Enero 21, 1992: CARLOS ALBERTO LLANOS, asesinado en su residencia de Cali
por dos hombres que lo atacaron con cuchillos, de acuerdo a informaciones
emitidas por la Policía. Era
abogado, activista político y director del Noticiero Popular del Circuito
Toledar de Colombia. Fuentes
de la Policía atribuyen el crimen a venganzas personales, porque LLANOS
entró a su apartamento en compañía de los dos hombres que, suponen,
eran sus amigos y quienes lo asesinaron y huyeron en el automóvil de la víctima.
21. Febrero 1o.,
1992: JORGE ALBERTO BERMUDEZ
ZAMBRANO: Asesinado en
Santafé de Bogotá, en el cruce de la carrera 12 con calle 5a., por cinco
individuos quienes lo apuñalearon para supuestamente robarlo, cuando
caminaba acompañado de un amigo que afortunadamente corrió y se salvó.
Era reportero gráfico, ex-fotógrafo de la Presidencia de la República
y laboraba en Los Angeles, Estados Unidos.
Tenía 42 años y estaba de vacaciones en su tierra natal.
22. Febrero 14,
1992: FREDDY MARIO ERAZO:
Tenía 29 años de edad y era comentarista deportivo del programa
"El Combo Deportivo de Radio Super".
Fue encontrado acribillado de 40 balazos en el Anfiteatro de
Envigado, cerca a Medellín, por efectivos de la Policía Nacional.
La noche anterior curiosamente no durmió en su domicilio y se
trabaja sobre la hipótesis de que primero fue raptado y después
asesinado. También se cree
que los autores corresponden a una mafia.
Las autoridades están comenzando a investigar. Casado; dejó una hija de 9 años.
23. Marzo 27, 1992:
JOSE MIGUEL AMAYA ESPINOSA, de 38 años, asesinado por dos hombres que
le dispararon al parecer durante un asalto a una fuente de soda en el
centro de Cartago. 24.
Mayo 6, 1991: ISMAEL JAIMES, de 35 años, director del diario
"La Opinión", fue asesinado a las 7:30 a.m. en la ciudad de
Barrancabermeja, Magdalena Medio. Testigos
afirman que varios sicarios le dispararon justo cuando dejaba a sus dos niños
en el colegio. El hecho
ocurrió quince minutos antes de llegar a Barrancabermeja los miembros de
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los
Estados Americanos. Se
presume que los autores de este asesinato sean paramilitares.
JAIMES, a través del diario "La Opinión",
denunciaba las actuaciones de los grupos paramilitares, militares,
guerrilleros y narcotraficantes que se mantienen en conflicto.
El crimen de JAIMES fue interpretado como parte de la campaña
de terror instaurada en el Magdalena Medio contra los periodistas por
todos los sectores involucrados en el conflicto armado.
No obstante que la Comisión tiene competencia para conocer toda
clase de denuncias contra un Estado parte de la Convención, cualesquiera
que sea el grado de responsabilidad que pudiera corresponderle en
situaciones tan complejas como la contenida en la presente denuncia,
resultaría prácticamente imposible tramitar, como casos individuales o
colectivos, como se le solicita, los hechos que ella plantea, referidos
además exclusivamente a las violaciones al derecho a la vida de que son víctimas
los miembros de este gremio colombiano precisamente por ejercer la profesión
de periodistas. Casos como el que es materia de la presente consideración
no pueden ser tratados de conformidad con los procedimientos establecidos
en los artículos 48 a 51 de la Convención Americana y ponen en evidencia
cómo la magnitud de los hechos que ocurren en Colombia rebasan toda
previsión contemplada en los mecanismos de tramitación de denuncias
contemplados en la Convención, en el Estatuto y en el propio Reglamento
de la Comisión.
La CIDH incluye en este Informe Especial sobre la Situación de los
Derechos Humanos en Colombia la presente denuncia, entregada en forma
personal y corporativa por las viudas, hijos y demás familiares de las víctimas
y por los representantes de las aludidas asociaciones de periodistas, y se
permite hacer llegar a las autoridades colombianas su profunda preocupación
por estos graves hechos, que desde luego son de su conocimiento, a fin de
que los mismos sean especialmente investigados y sancionados y se
considere la forma de pagar una justa indemnización compensatoria a los
familiares de los periodistas asesinados, víctimas ellos también
inocentes de esta vorágine sin fin de violencia que vive la República de
Colombia.
D.
CONSIDERACIONES FINALES
La situación de indefensión que vive la población de Colombia
coloca a los periodistas a merced de quienes recurren a la cobarde práctica
del asesinato para amedrentarlos, coaccionarlos y vengarse de ellos.
Desde el año 1977 hasta mayo de 1991, las estadísticas que maneja
el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, arrojan el saldo de 82
periodistas asesinados. A las
mismas se suman 14 crímenes de periodistas desde mayo de 1991 hasta abril
de 1992, para un total de 96 casos de periodistas asesinados.
Estas cifras constituyen un balance demostrativo de la constante
agresión a la cual están sometidos los periodistas colombianos. De
acuerdo con la Federación Internacional de Periodistas, Colombia tiene el
más alto índice de periodistas asesinados en América Latina en los últimos
quince años. En el lapso de la declarada "guerra" de los grupos de narcotraficantes contra los periodistas, se produjeron 44 asesinatos, según estadísticas compiladas por el DAS. Las conclusiones del Centro de Investigación Popular, CINEP, indican que los periodistas ocupan el tercer lugar entre los profesionales objeto de violencia política y presuntamente política, al acumular 7 asesinatos, 9 secuestros, 6 heridos y 1 amenaza, en el año 1991. Esta situación de violación de derechos humanos, según el doctor Alfredo Vásquez Carrizosa, ex Canciller y Presidente del Comité Permanente de Defensa de los Derechos Humanos, "produce que los periodistas estén totalmente desprotegidos y sin una fuerza que los proteja". La Consejería de Derechos Humanos de la Presidencia de la República ubica al sector de los periodistas como uno de los más vulnerables, junto a campesinos y sindicalistas. |
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