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CAPITULO III

EL DERECHO A LA LIBERTAD,1 SEGURIDAD E INTEGRIDAD PESONALES

 

A. Consideraciones Generales

1. Entre los derechos esenciales consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos los que se refieren a la libertad, seguridad e integridad de la persona2 son aquellos sobre los que la CIDH ha recibido un mayor número de denuncias de alegadas violaciones.

2. El Artículo 6 de la Constitución boliviana de 1967 establece que, todo ser humano tiene personalidad y capacidad jurídica, goza de los derechos, libertades y garantías reconocidos por la Carta, consagrándose como deber primordial del Estado respetar y proteger la dignidad y la libertad de la persona las que son declaradas inviolables.

Asimismo, el Artículo 9 de la Carta Fundamental estipula que "nadie puede ser detenido, arrestado ni puesto en prisión sino en virtud de orden escrita de autoridad competente" y la "incomunicación no podrá imponerse sino en caso de notoria gravedad y de ningún modo por más de veinticuatro horas".

3. Por otra parte, el Artículo 112 del ordenamiento constitucional precisa que "las garantías" y los derechos que consagra esta Constitución no quedarán suspensos de hecho y en general con la sola declaratoria del Estado de sitio, pero podrá serlo respecto de señaladas personas fundadamente sindicadas de atentar contra el orden público. En tales casos la autoridad legítima podría expedir órdenes de comparencia o arresto según el caso, contra los sindicados, pero deberá en el plazo de 48 horas ponerlas a disposición del Juez competente.3

4. La detención sin formulación de cargos, sin proceso y sin derecho a la defensa será legalmente prohibida en virtud tanto de las normas internacionales de protección de los derechos humanos como las de la Carta Política de Bolivia señaladas anteriormente, y su comisión, constituye clara violación al derecho a la libertad y al debido proceso legal.

5. En relación con la seguridad e integridad personal, la Constitución boliviana garantiza este derecho. En su Artículo 12 prohibe toda especie de tortura, coacciones, exacciones o cualquier forma de violencia física o moral y en su Artículo 13 consagra que los atentados contra la seguridad personal hacen responsables a sus autores inmediatos, sin que pueda servirles de excusa el haberlos cometido por orden superior.

El Código penal en el Título I, Capítulo I de los Delitos contra la Libertad Individual, señala en su Artículo 295:

Será sancionado con privación de libertad de seis meses a dos años, el funcionario que vejare, ordenare o permitiere vejar a su detenido. La pena será de privación de libertad de 2 a 4 años, si le infligiere cualquier especie de tormentos o torturas. Si estas causaren lesiones, la pena será de privación de libertad de dos a seis años; y si causaren la muerte, se aplicará la pena de presidio de diez años.

6. La Comisión ha considerado pertinente presentar conjuntamente el análisis de los derechos señalados en los numerales anteriores, puesto que de los documentos y denuncias recibidas se desprende una vinculación íntima entre las detenciones, los apremios ilegales ocasionados generalmente inmediatamente después del arresto en los interrogatorios a que han sido sometidas las personas, las liberaciones de las víctimas, y su salida en la mayoría de los casos forzada del país o el confinamiento en determinada zona territorial.

7. En los testimonios y denuncias se da también cuenta de robos, saqueos y destrucciones de los domicilios durante los operativos de aprehensiones adelantas generalmente por grupos paramilitares o fuerzas de seguridad vestidas de civil que no presentaban la identificación apropiada, ni la orden de las autoridades competentes para su realización.

8. Como se señala en el capítulo referente al Derecho a la Vida, la Comisión ha venido tramitando, de conformidad con su Reglamento, las denuncias presentadas, transmitiendo al Gobierno boliviano las partes pertinentes y solicitando la información correspondiente, con el fin de determinar la veracidad de los hechos denunciados y conocer la actual situación jurídica de las personas presuntamente detenidas. En la casi totalidad de los casos, el Gobierno de Bolivia no ha respondido hasta la fecha tales solicitudes de información.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos deplora esta actitud del Gobierno de Bolivia que constituye una flagrante violación a las obligaciones internacionales contraidas como Estado Miembro de la OEA y como Estado parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

 

B. Detención Arbitraria y Apremios Ilegales

1. Según informaciones recibidas desde el golpe de estado del 17 de julio de 1980, miles de personas han sido detenidas sin el cumplimiento de los requisitos constitucionales como la orden de autoridad competente y la formulación de cargos. Las expresiones oficiales sobre el número de personas detenidas son contradictorias. Según el anterior Ministro del Interior, Coronel Luis Arce Gómez, este número no ascendió a 500 personas. Sin embargo, algunos días después de esta revelación, el Secretario del Presidente, Coronel Mario Escobar, declaró a la prensa que existieron no más de 2,500 detenciones. Subsiguientemente a su visita a Bolivia en noviembre de 1980, Amnesty International informó que existieron entre 1,000 y 2,000 prisioneros de conciencia. Las informaciones que posee la Comisión indican que la mayoría de los detenidos han sido liberados bajo la condición de salir del país. De lo anterior ha resultado que cientos de personas se vieron obligadas a tomar el camino del exilio voluntario y otras fueron expulsadas o residenciadas y algunas aún se encuentran privadas de su libertad.

2. En algunos casos se ha alegado la incomunicación de las personas detenidas. La Comisión ha establecido en informes anteriores que la incomunicación durante la detención no se conforma con las garantías constitucionales o las normas vigentes en materia de derechos humanos. Esta situación crea una atmósfera conducente a otras prácticas ilícitas particularmente la tortura, porque si los funcionarios encargados de los lugares de detención no necesitan presentar al detenido en un breve plazo, pueden con impunidad emplear medios brutales, ya sea con fines de interrogatorio o de intimidación.

3. La Comisión ha recibido informes, testimonio y declaraciones que indican la práctica de apremios ilegales y torturas en Bolivia, en contradicción con los ordenamientos constitucionales y legales y en violación flagrante de los derechos humanos. Los apremios ilegales se han llevado a cabo especialmente en los interrogatorios efectuados a los detenidos en los días que siguieron al golpe militar del 17 de julio de 1980, Se alega que las principales modalidades utilizadas son: golpizas a los prisioneros estando vendados; descargas eléctricas; intimidaciones al preso o a sus familiares; simulacros de fusilamientos, quemadura con cigarrillos; presiones psicológicas y abusos sexuales.

4. Estos atropellos, se señala, han ocurrido, entre otros lugares, en dependencias de los Servicios de Inteligencia del Ejército (Cuartel de Miraflores), en la sede del Departamento de Orden Político (DOP) y en oficinas del Ministerio del Interior.

 

C. Denuncias presentadas a la Comisión

A continuación se mencionarán algunas de las denuncias recibidas:

1. Caso 7459: Sacerdotes de la Orden Salesiana. El 23 de julio de 1980 se denunció la detención de los Padres Alejandro Chiera, Pedro Chicó y José Luis García, sacerdotes católicos de la orden de los Salesianos, quienes fueron apresados con posterioridad al golpe militar. Llevados al Regimiento Tarapacá fueron brutalmente golpeados y pateados; posteriormente fueron conducidos al gran cuartel de Miraflores donde los mantuvieron detenidos sin cargos ni procesos.

A pesar de las reiteradas solicitudes de información, el Gobierno no ha respondido a las notas de la CIDH, la cual continúa en consideración de este caso.

2. Caso 7460: Sacerdotes de la Compañía de Jesús. El 23 de julio de 1980, la Comisión recibió una denuncia acerca de la detención arbitraria de los Sacerdotes de la Compañía de Jesús, vinculados con la Radio FIDES: Padres Arbenz, Claudio Pou,4 Salvador Sánchez y Hermano José Marco.

El Gobierno no ha informado a la Comisión sobre los fundamentos de la detención, los cargos en contra de los sacerdotes y su actual situación legal. La CIDH continúa la consideración de este caso.

3. Caso 7461: Hugo Tijerino. El 23 de julio se denunció que el Reverendo Hugo Tijerino y su esposa, Ministro de la Methodist Church y ex-Director de los Servicios Sociales de la Iglesia Evangélica fue detenido en La Paz, en el mes de julio de 1980. Se desconocen hasta la fecha los motivos de su detención, si fue puesto a órdenes de las autoridades competentes y su actual situación jurídica.

El Gobierno de Bolivia no ha respondido a la Comisión, la cual continúa la consideración del caso.

4. Caso 7458

Las siguientes personas fueron detenidas el 17 de julio de 1980 en la sede de la Central Obrera de Bolivia (COB) en La Paz, donde fueron convocadas:

Guillermo Capobianco, uno de los tres líderes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

Oscar Eid, uno de los líderes del MIR. Segundo Secretario de Organización para CONADE, representante de la Unidad Democrática Popular (UDP) a la reunión.

Juan Lechín Oquendo, Presidente de la COB y de CONADE.

Simón Reyes, Presidente del Partido Comunista Boliviano (PCB); prominente líder de los trabajadores de minas y Secretario para los asuntos internacionales de la CONADE;

Oscar Sanjimes, Secretario General de COB, Presidente Alterno de CONADE.

La Comisión en nota del 25 de agosto de 1980 transmitió al Gobierno las partes pertinentes de la denuncia y solicitó la información pertinente. El 16 de diciembre del mismo año se reiteró el pedido de información. Hasta la fecha el Gobierno boliviano no ha respondido.

La CIDH ha podido verificar que los dirigentes Juan Lechín y Simón Reyes fueron obligados a abandonar el país en el mes de noviembre de 1980.

5. Caso 7470: Sacerdotes de la Orden Maryknoll

El día 8 de agosto se recibió la siguiente denuncia:

Dos sacerdotes de la "Orden Maryknoll" fueron detenidos en Riberalta el 5 de agosto de 1980, sus nombres son: Padre William Coy y Padre John Moynihan, se desconoce los cargos en su contra y su actual situación jurídica.

La Comisión no ha recibido información del Gobierno, continuando la consideración del caso.

6. Caso 7472: Julio Tumiri

El 14 de agosto de 1980 se denuncia que el Padre Julio Tumiri Javier, sacerdote de 69 años, Director del Fomento Cooperativo y Presidente Nacional de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos quien goza de gran prestigio y general estimación en todo el país por su tesonera y eficiente labor en el área de cooperativismo, así como por sus reconocidas cualidades humanas y sacerdotales, fue tomado prisionero el día 29 de julio por agentes civiles armados de metralletas. Después de identificarse, fue conducido a la Sección II del Estado Mayor del Ejército. Juntamente con él fue detenido un religioso que trabajó en el altiplano y que había legado a la oficina del Padre Tumiri para adquirir algunos folletos sobre la organización de las cooperativas.

El 15 de agosto de 1980, la CIDH se dirigió al Gobierno boliviano comunicando la denuncia. Posteriormente, mediante nota del 16 de diciembre de 1980, reiteró el pedido de información. Hasta la fecha no se ha recibido ninguna respuesta.

De acuerdo con informaciones que la Comisión ha podido obtener durante la detención arbitraria el Padre Tumiri, fue objeto de maltratos, intimidaciones y amenazas. Luego de más de tres meses de arresto, el Padre Tumiri fue trasladado a un monasterio cerca de Cochabamba en donde se encuentra confinado.

La Comisión desea señalar que en este caso no solamente por la edad avanzada del Padre Tumiri sino también por su estado de salud aparentemente deteriorado, el Gobierno de Bolivia por razones meramente humanitarias está en la obligación de dispensarle toda la asistencia médica requerida y definir con celeridad su situación legal.

7. Caso 7473: Floriano Unzueta

La Comisión recibió el 14 de agosto de 1980, la siguiente denuncia:

Se denuncia la detención arbitraria y tortura del señor Floriano Unzueta, abogado de Cochabamba y Presidente Nacional de la Organización "Junta Vecinal". Fue detenido el 18 de julio; le rompieron el brazo y le sacaron las uñas.

El 19 de agosto de 1980, se transmitieron al Gobierno de Bolivia las partes pertinentes de la denuncia, solicitando información sobre los hechos alegados. En nota del 16 de diciembre del mismo año la CIDH reiteró el pedido. Hasta la fecha no ha recibido ningún informe, continuando la consideración del caso.

8. Caso 7474: Germán Crespo

La Comisión recibió el 14 de agosto de 1980, la siguiente denuncia:

Se denuncia la detención arbitraria y maltratos a la persona de Germán Crespo, preso en la ciudad de La Paz a quien se le ha quitado toda su ropa, menos la interior. El señor Crespo es Ministro Metodista y trabajaba en favor de los derechos humanos.

La Comisión no ha recibido ninguna respuesta a los pedidos de información continuando la consideración del caso.

9. Caso 7477: Oscar Peña Franco y Fernando Salazar

El 23 de julio se recibió una denuncia acerca de la detención de los Secretarios de Prensa y de Integración del gabinete de la Presidenta Lidia Gueiler, Oscar Peña Franco y Fernando Salazar Paredes quienes fueron arrestados el 17 de julio de 1980 junto con 24 periodistas y detenidos en dependencias del Estado Mayor del Ejército ubicado en el residencial barrio de Miraflores.

A pesar de que el Gobierno boliviano no respondió a los pedidos de información, la CIDH ha recibido informes que indican que el señor Peña fue liberado y el señor Salazar abandonó Bolivia viajando a la República de Argentina.

10. Caso 7483: Mortimer Arias

El 28 de agosto de 1981, la Comisión recibió la siguiente denuncia:

El 26 de agosto de 1980, el Reverendo Mortimer Arias, Secretario General del Consejo de las Iglesias Metodistas Evangélicas en la América Latina fue arbitrariamente arrestado en su cosa en Cochabamba por un grupo de personas armadas vestidas de civil, después de regresar de una misión en Brasil donde visitó a las iglesias metodistas durante cuatro semanas. Está encarcelado en el cuartel de las Fuerzas Armadas en Cochabamba.

El Gobierno de Bolivia no ha respondido a la Comisión, la cual continúa la consideración reglamentaria del caso.

11. Caso 7530: Guillermina Soria

El 30 de octubre de 1980, la Comisión recibió la siguiente denuncia:

La Sra. Guillermina Soria, Directora del Centro al Servicio de la Integración Social de la Paz, fue detenida por un grupo de paramilitares del Servicio de Inteligencia del Estado, el día 22 de septiembre de 1980. fue interrogada en el Ministerio del Interior y luego en el Cuartel de Miraflores. A comienzos de octubre se encontraba incomunicada en la sede del DOP en la Plaza Murillo. Fue torturada hasta necesitar de la atención de un neurólogo, y de tiempo en tiempo vuelven a interrogarla en el Ministerio del Interior. Se ha dicho que se le enviará a una prisión en Viacha o posiblemente exiliada al Perú o al Paraguay. En este país su vida podría estar en peligro.

Por su carácter urgente la CIDH mediante cablegrama se dirigió al Gobierno solicitándole le suministrase la información pertinente. Hasta la fecha y pese a la reiteración de la solicitud, la Comisión no ha recibido respuesta, continuando su consideración.

12. Caso 7740: Gregorio Andrade

En el mes de enero de 1981, la CIDH recibió la siguiente denuncia:

El señor Gregorio Andrade, miembro del MIR, líder campesino y miembro de la Federación de Colonizadores, fue detenido el 15 de enero de 1981, temiéndose por su vida e integridad. El Sr. Andrade fue detenido en el Parque Uruguay a las 14 horas.

En las elecciones celebradas en junio de 1980, fue elegido diputado por la ciudad de La Paz. Se desconocen las causas y alegaciones en su contra.

La Comisión ha recibido confusos informes sobre este caso. Mientras algunos señalan que el señor Andrade fue detenido y se encuentra en dependencias oficiales, otros documentos indican que efectivamente estaba arrestado, pero no se conocía su paradero. Ante la negativa del Gobierno a suministrar información, la CIDH no ha podido efectivamente determinar los hechos en torno a la detención del Sr. Andrade, pero ha podido verificar que en el mes de marzo abandonó el país, viajando a Suecia.

13. Caso 7738: Gloria Ardaya

La Comisión recibió la siguiente denuncia:

Gloria Ardaya, de 35 años de edad, profesora de Sociología en la Universidad de San Andrés, diputada, miembro del MIR, fue detenida por fuerzas conjuntas de seguridad el día 15 de enero de 1981 mientras participaba en una reunión del MIR. En esos mismos actos murieron 9 personas y se presume que Gloria Ardaya se encuentre gravemente herida, sin conocer el lugar de su detención ni las condiciones en que se encuentra temiéndose por su vida.

La Comisión ha recibido informaciones en las cuales se indica que Gloria Ardaya abandonó el país. La CIDH aún no conoce los cargos que motivaron su detención, ni las circunstancias de su salida del país.

14. Caso 7469: Cayetano Llobet Tabolara

El 12 de agosto de 1980, se recibió la siguiente denuncia:

Se denuncia la detención arbitraria y la tortura el |7 de julio del Profesor Cayetano Llobet Tabolara. Se encuentra a las órdenes de la división de Orden Político sin cargos en su contra.

La Comisión solicitó los informes correspondientes sin haber recibido hasta la fecha la información del caso. Sin embargo, la CIDH ha sido notificada de que el señor Llobet fue liberado el 2 de noviembre de 1980 y abandonó el país.

 

D. Algunos testimonios de Personas Liberadas

La Comisión ha creído importante incluir esta sección en la cual algunos de los religiosos detenidos, que en ciertos casos han sido objeto de apremios ilegales, dan cuenta desde su exilio forzoso de las situaciones vividas. La CIDH presenta las partes más relevantes de los testimonios recibidos.

1. Testimonio del Padre Juan Envis, S. J.

El jueves 17 de julio de 1980, a la una y media del mediodía, estando a una cuadra del Colegio San Calixto, se encontró con el Padre Javier Corda que con abierto nerviosismo me dijo que lo acompañara al Arzobispado. Por el camino me contó que en aquellos momentos los paramilitares violentamente irrumpieron en el Colegio San Calixto y después de destrozar los aparatos de radio Fides secuestraron "a varios de los presentes".

Lamentablemente no encontramos al Señor Arzobispo en su casa, pero nos facilitaron poder comunicarnos por teléfono con el Sr. Nuncio Apostólico y con el embajador de España.

En esos momentos llegaron el P. Blajot, Provincial de los Jesuitas en Bolivia, acompañado de los Padres Jorge Trías y Javier Velasco, con la misma intención que habíamos llegado nosotros momentos antes.

Le sugerí al Padre Provincial que valiéndonos de la credencial que teníamos de Derecho Humanos –precisamente para visitar a todos los presos—podría hacer lo posible para ubicar donde se encontraban los jesuitas detenidos.

i) Ubicación de los detenidos

Acompañado por el Padre Jorge Trías nos dirigimos al DIN, --Dirección e Investigación Nacional—nos dijeron que los detenidos se encontraban en el Ministerio del Interior. En ese Ministerio nos aseguraron que no estaban detenidos allí; y que con seguridad los habían llevado al Cuartel General de Miraflores. Mi compañero no creyó conveniente que fuera él a ese cuartel porque no era mirada con simpatía la obra que llevaba de promoción humana y temía que le pudiera ocurrir algo. No vi conveniente que fuera yo sólo y con cierto temor me dirigí al Gran Cuartel de Mirafloes.

ii) Detención

Cuando pregunté sobre mis compañeros detenidos me negaron rotundamente que hubiera ningún detenido. Sin embargo, cuando dije que antes de ir allí había ido al DIC y de allí me hicieron ir al Ministerio del Interior donde me aseguraron que estaban en el Cuartel de Miraflores, entonces, me hicieron pasar dentro donde esperé un rato en el pórtico rodeado de veteranos soldados armados con metralletas.

Cuando llevaba unos quince minutos esperando, un civil, armado de un rifle automático, me llamaba burlonamente desde unos quince a veinte metros de distancia. Con fuertes y constantes insultos me dijo que estaba detenido y que me preparase porque me iban a sacar todo lo que sabía. Recorriendo el largo patio de unos cien metros, era yo el escarnio y la burla de todos los militares que me cruzaban en el camino. La causa de tantas burlas y amenazas era por ser sacerdote de Derechos Humanos.

iii) Primer interrogatorio

Me hicieron pasar a la planta baja de un edificio de dos pisos. El espectáculo era impresionante: unos treinta hombres, de todas las edades, se encontraban de pie, con la cara a la pared y las manos cruzadas sobre la nuca. No podía identificar a nadie porque no me permitían mirar. En el piso habían manchas de sangre. De repente me encontré de frente con un joven de unos veinte años, llorando y con el rostro hecho una lástima por los golpes. Al verme su mirada suplicante se clavó en mis ojos. Dos hombres, con cara de torturadores lo llevaban fuertemente agarrado por los brazos y le ordenaron bajar inmediatamente la cabeza.

Me hicieron entrar a una oficina donde los civiles me formulaban insistentes preguntas sobre la Asamblea de Derechos Humanos. Todas las preguntas iban acompañadas de afirmaciones calumniosas sobre Derechos Humanos. De su labor y de las ideas que la conformaban a todas las respuestas me salían con "no mientas, cura comunista" y con una sarta de insultos que no se pueden escribir.

Después de media hora de interrogatorios y de quitarme el carnet de identidad y la credencial de derechos humanos, llegaron cuatro civiles con cara de verdugos. Tuve miedo que empezaran a golpearme, pero sin tocarme me ordenaron que les acompañase a un nuevo interrogatorio.

iv) Tortura

En silencio recorrí otro gran patio, y de pronto me encontré ante una puerta abierta de un pequeño galpón sucio. En la puerta había 3 hombres enmascarados que brutalmente me ordenaron entrar. Me encontraba en la caballeriza. En cada uno de los apartamentos para los caballos estaban hacinadas las víctimas como si estuvieran muertas, todos. Todos tumbados sobre el estiércol, boca abajo con el cuerpo estirado y las manos cruzadas sobre la nuca. Se les obligaba así a tener la boca sumergida en el estiércol. En el primer apartamento estaban las mujeres y en los restantes hombres de todas las edades. Aunque me exigieron no mirar yo buscaba identificar a mis compañeros. Me pareció verlos, pero no pude fijarme mucho porque me amenazaban para que no mirase. Me quedé con la duda de sí estaban allí.

Me ordenaron detenerme, sacarme los zapatos y las gafas para echarme igual que los demás, sobre el estiércol, sólo que a mí, por no haber lugar en el montón grande me colocaron en la parte baja, donde había menos estiércol, casi en contacto directo con el piso frío de un cemento. Durante 16 horas tuve que estar en esa posición, sin moverme en lo más mínimo si no quería recibir patadas o culetazos de los guardias.

Una de las torturas, en esas horas, era la psicológica. Constantemente ordenaban mantener las manos en la nuca y no moverse nada. De vez en cuando pasaba uno que parecía ser un oficial, increpándonos a que fuéramos obedientes a avisos que continuamente nos daban. Al mismo tiempo ordenaban maltratarnos y aún matarnos si no obedecíamos.

A medida que pasaban las horas, el dolor en los brazos, la espalda y la nuca apenas se podía aguantar y casi sin poder evitarlo, nos movíamos para recibir de inmediato un duro puntapié, me sentí afortunado, comparado con otros compañeros de tortura, los cuales se paseaban los paramilitares hundiéndonos los tacos de sus botas en las espaldas. Cuando el dolor agudo les hacía quejarse eran golpeados más fuertemente. Otras veces les orinaban sobre sus cuerpos magullados, en medio de burlas y risotadas.

Al anochecer uno de los torturados pidió permiso para ir a orinar, la respuesta fue causa de insultos y la orden de orinarse en el pantalón. Muchos lo hicieron así. Los orines del grupo que estaba junto a mí, por estar en un lugar un poco más elevado fueron descendiendo hasta formar un charco precisamente en el lugar donde yo me encontraba. Pronto me sentí totalmente empapado, hasta mi misma boca.

Por estar una de las ventanas abiertas y estar una de ellas al frente, a medida que iba acercándose la noche, la temperatura iba descendiendo llegado a bajo cero en esta época del año. Este fue otro de los tormentos en esta triste noche. Llevaba yo ropa liviana cuando me detuvieron y ahora estaba empapado de orines, incrementándose así terriblemente el frío. Durante largas horas fue el frió el mayor tormento.

v) Cambio de Prisión

Por fin, a las 4:30 de la mañana nos dieron la orden de levantarnos y que saliéramos agachados –casi de cuclillas—con las manos en la nuca. Era una postura humillante que nos imposibilitaba de identificar al que teníamos a nuestro lado. Me pareció, por el color del pantalón que tenía a mi lado al hermano jesuita José Marcos. Después de recorrer unos cien metros a oscuras y tropezando varias veces, llegamos a unas ambulancias donde nos ordenaron echarnos en el coche estirados boca abajo. Era tal nuestra postura humillante que me obligaron a echarme sobre una de las tres personas que estaban en el piso del coche, estaba sobre el compañero jesuita y al lado del hermano José Marcos y a ninguno de los dos identifiqué y de ningún modo podía intentarlo porque detrás de mí había dos paramilitares con metralletas.

Después de un corto recorrido se detuvo nuestra ambulancia en una calle conocida, estábamos en el DOP nos hicieron bajar de cuclillas y en esta misma postura entrar en una sala, donde nos ordenaron colocar de cara a la pared y con las manos en la nuca. De ahí nos condujeron al P. Claudio Pou, al Hno. José Marcos y a mí, a una celda fría, sin ventanas y con una puerta de hierro con grandes aberturas que entraba frío por todas partes. Sentimos una gran alegría de vernos juntos; nos dimos un fuerte abrazo, al mismo tiempo que nos dimos la absolución por lo que podría pasar.

Al atardecer de aquel día tuvimos el mejor regalo de nuestro cautiverio: el Hno. Sánchez se nos unía y con ello nos sentimos más animados y tranquilos.

Los tres primeros días estuvimos descalzos, seguramente para que sintiéramos más el frío… El domingo empezó con mucho optimismo. Nos hicieron salir a formar a todos los detenidos al patio y a medida que no llamaban por nuestros nombres podíamos ir a escoger nuestros zapatos que estaban mezclados en un montón. Por primera vez nos dieron para desayuno. Al medio día nos dieron sopa y un segundo plato. Por la tarde una taza de té y por la noche otro plato. A raíz de esta mejora de trato empezamos abrigar esperanzas e salir pronto de nuestro cautiverio. Será el lunes. Este día por la noche hubo cambio de Comisario, al parecer más rígido que el anterior. Cuando nos vino a visitar a la celda, lo hizo con cierta petulancia y autosuficiencia "cristiana". Nos dijo: Ustedes son sacerdotes, yo también soy tanto o más cristiano que ustedes. No me van a hacer problemas y sufran como sufrió Cristo.

Llegó el martes y nos obligaron a salir los cuatro al patio. Ingenuamente creímos que era para darnos la libertad. Nos trasladaron a otra celda algo más cómoda, donde el piso era de mimbre y podíamos contar con unos sillones viejos y dos mesas. A los pocos días nos enteramos que ese lugar había sido donde habían torturado a otros detenidos para que declararan los que les convenía a los militares.

La primera noche en nuestra celda fue de un horrible frío. Era imposible dormir ni descansar. Era un constante sufrir de frío que penetraba hasta los huesos.

A media mañana pedimos a nuestros guardianes que deseábamos habla con el Comisario. Le planteamos la necesidad que teníamos de frazadas para evitar otra noche de tormento y para conseguirlas le pedíamos su permiso para escribir una nota a nuestros hermanos del Colegio San Calixto. Gracias a Dios recibimos ese día de nuestros hermanos más de lo que pedíamos y a partir de ese día hasta que nos dejaron libres, terminó nuestro tormento de frío.

vi) De nuevo al cuartel de Miraflores

El viernes primer de agosto se abre nuestra celda a media mañana y se nos da la orden de recoger rápidamente nuestras cosas. Pensábamos que al fin había llegado la ansiada libertad. Nos hicieron formar en el patio de dos en dos y luego en una fila de uno a uno. Después de estar un rato así se nos dice que de nuevo dejemos nuestras cosas en la celda y que salgamos al patio. Nos dimos cuenta que ese era el fin de nuestro cautiverio. en dos grupos nos hicieron salir a la calle para subir a dos movilidades, esta vez rumbo al cuartel de Miraflores. De nuevo dudas e inseguridad sobre nuestro futuro, aunque jamás tuvimos miedo porque nuestra conciencia estaba tranquila.

Nos hicieron ir a todos a una sala de la Sección Segunda del Ejército, situada en la planta baja, de nuevo rodeados de mercenarios paramilitares. Llegó uno de ellos con la orden de que le siguieran los tres salesianos. Nos quedamos los tres jesuitas y los pastores metodistas. Al poco rato llegaron dos militares, el de más graduación con amabilidad nos dijo que le siguiéramos. Después de cruzar un gran patio, entramos en un nuevo pabellón desconocido para nosotros hasta entonces. Estaba alfombrado y amoblado con lujo. Siempre con amabilidad el Coronel de la Naval nos condujo a un salón del primer piso. Lo que menos esperábamos, nos encontramos allí con el Sr. Nuncio, Mons. Mestre, nuestro Provincial el P. Plajot, acompañado de los Padres Fuster y José Magrina. También estaban el Provincial de los Salesianos acompañado por dos padres más. Con ellos se encontraban también el Director y Subdirector de toda aquella máquina del Servicio de Inteligencia Militar, los Coroneles Rico Toro y Fernández.

Después de saludarnos afectuosamente con nuestros compañeros y la jerarquía, se puede resumir así lo que allí se trató: Por una parte nuestros superiores y Jerarquía pedían la inmediata liberación y nada de exilio para nadie, mientras que los militares no sólo cuestionaban ambas cosas, sino que enfáticamente decían que unos serían puestos en libertad, mientras que oros saldrían al exilio y al siguiente domingo iban a dar los nombres de quienes irían a otro lugar.

Un episodio algo desagradable ocurrió en esos momentos cuando el Nuncio pidió a los militares que le concedieran poder llevar a todos los sacerdotes y religiosos a la Nunciatura. Como respuesta los militares decían poco menos, que nos encontrábamos en el paraíso y que nunca habíamos recibido ningún tipo de tortura. Me pareció tan grosera y fenomenal esa mentira que dudé un instante llevado del espíritu de conservación de callar por temor a las posibles represalias, pero al fin determiné correr un riesgo más y decir delante de todos, todo lo que nos habían hecho.

La reacción del Sr. Nuncio, Mons. Mestre y de los superiores que allí estaban fue de una seria indignación y protesta, que en modo alguno esperaban los jefes de los verdugos que atónitos nos miraban.

vii) Encuentro con Nuevos Detenidos

Ese día hubo un castigo al dejarnos sin comida al mediodía y del té por la tarde. No nos sorprendió ese castigo pues estábamos en el corazón mismo de las maquinaciones tortuosas. Contábamos con un paquete bastante grande de chocolates, que la delicadeza y generosidad del Señor Nuncio nos dejó junto con cajas de vitaminas.

Al final de la tarde tuve una gran tristeza cuando, al abrirse bruscamente la puerta aparece un ya tristemente conocido paramilitar vociferando víboras y amenazas en contra de un deprimido grupo de presos curas y monjas que entraban con él, para que se mantuvieran de cuclillas o sentados en el suelo y mirando al suelo. Nos prohibió, tanto a ellos como al grupo que estábamos allí, que nos comunicásemos. Debíamos estar todos en silencio, pues los que acababan de entrar eran "muy peligrosos…." me indignaba interiormente por tanta torpeza y mezquindad del conocido verdugo. Hasta cuando iban a tratar de ese modo tan bajo a personas tranquilas y pacíficas… Conocía muy bien a dos de las religiosas de la Caridad y como si fueran criminales por su profundo espíritu de sacrificio y entrega al servicio de los hermanos campesinos. Sentí lástima y pena por la vulgaridad de los altos jefes militares que dirigían aquella máquina represiva.

Después que terminaron de interrogar en particular a cada uno de los otros sacerdotes norteamericanos y a una de las dos religiosas, y mientras interrogaban a la religiosa que faltaba, nos llevaron a lo que debía ser nuestra última celda. Esta vez se incrementaba el número de los compañeros de celda con la llegada de los tres sacerdotes norteamericanos.

viii) Última Eucaristía Dominical

Como digno de mención merece recordarse la Eucaristía que tuvimos el domingo último a nuestro cautiverio. Un día antes vimos pasar frente a nuestra celda al P. Tumiri, caminando con dificultad, hacia los servicios higiénicos. Por ser Presidente Nacional de la Asamblea de Derechos Humanos, seguramente la debió pasar muy mal, a juzgar por su aspecto físico y la cojera que tenía…

La principal autoridad del lugar donde nos encontrábamos era el Cnel. Mena. Le pedimos que nos hiciera el favor de dejar asistir a la Eucaristía del siguiente día domingo al Padre Tumiri. Felizmente nos lo concedió. De común acuerdo con todos los compañeros decidíamos que fuera él quien dirigiera o presidiera la Eucaristía concelebrada, pero él prefirió que lo hiciera otro. Presidió el Padre David Raterman

ix) Nuestra Libertad

El lunes al anochecer me llamó el Coronel mena y acompañado por él nos dirigimos a las oficinas del Coronel Fernández. Cuando éste me vio saludó muy afectuosamente y me comunicó que al día siguiente saldríamos todos a la Nunciatura. Tuvieron una gran alegría nuestros compañeros, aunque empañada por cierta tristeza, Qué significaba nuestro traslado a la Nunciatura? nos dábamos cuenta de que no quedábamos libres sino que nos querían sacar del país.

Al día siguiente a media mañana nos visitó el coronel Mena portando una lista. Al primero en llamar fue a mí, luego al Hermano Salvador Sánchez y finalmente al Pastor metodista Germán Crespo. Nos fuimos con nuestras pertinencias a la oficina del Coronel mena donde nos entregó un formulario para que lo lleváramos y si estábamos de acuerdo lo firmáramos. Su contenido era un compromiso para no participar nada en política y presentarnos allí cuantas veces nos llamaran. Lo firmamos y después de entregárselo al Coronel, nos dijo: "Si se metieron en política, la experiencia de lo que han pasado tiene que servir para no volver a meterse en el futuro. Si nunca se metieron, disculpen…." T sin darnos siquiera unos segundos para objetar, siguió hablando, pero esta vez alzando la voz: "Se les advierte que si en el futuro se meten en política los agarraremos en cualquier lugar donde estén, y la represión será fatal, sin que los libre la iglesia o el mismo Papa en persona…" El mismo Coronel dio orden que nos dejaran a una cuadra de San Calixto. Al salir pedimos que nos devolvieran nuestras pertenencias que nos quitaron al detenernos: documentos de identidad, billetera, reloj, gafas, dinero, etc. A nadie le devolvieron nada, dejándonos con problemas serios porque actualmente, cuando menos lo esperas, en cualquier lugar de la ciudad te piden el carnet de identidad y no lo tenemos…

2. Testimonio del Padre Alvaro Puentes S.J.

El día viernes, 24 de septiembre, tenía una Eucaristía con alumnos pequeños del Colegio San Calixto a horas 11:50. No sé en que momento entraron algunos adultos que permanecieron al fondo de la Capilla hasta el final de la misa. En el momento en que terminé se acercaron tres de estos agentes y me pidieron que los acompañara "a la DIN", donde tenían que hacerme unas preguntas. Al salir de la Capilla pude avisar al P. Blajot que me llevaban. El les pidió documentación y me ordenó que me quedara. También vio que a la fuerza me sacaron de su habitación, a donde ya había subido un agente más.

Ya en la puerta del colegio, otro, que parecía mandar el grupo, me ordenó enseñarle mi habitación, donde quería ver los documentos que poseía. Subimos de nuevo hasta mi cuarto. Ahí revisaron todo lo que había y me permitieron que, mientras tanto, preparara un maletín con un poco de abrigo, los útiles de aseo y algo de cigarrillos. Se llevaron un cassette (gravado de la radio) sobre el P. Luis Espinal, 13 cassettes más (que querían revisar) de música clásica y folklórica, una libreta de teléfonos, mis documentos (libreta militar, pasaporte, etc.) y nos comentarios escritos de los alumnos de 4to. Medio del Colegio. Luego pasamos a mi oficina de Dirección del Colegio Nocturno. Ahí, revisaron también todo y se llevaron unas fotos de la fiesta de despedida del P. Oizumi. Con todo esto, eran las 12:45, me subieron a la cabina de una camioneta en la que fuimos al Gran Cuartel de Miraflores.

Poco tiempo después fui conducido al despacho del Cnel. Mena donde lo esperé cómodamente hasta las 14:30 o poco más.

Cuando el Cnel. Mena entraba fue llamado –como me dijo después- a ser informado de lo que decían los muchachos mayores del Colegio en los trabajos que habían tomado del cuarto. Entonces entró a su oficina visiblemente disgustado. Me dijo que "los curas extranjeros están meando fuera del tiesto". que nos fuéramos a nuestros países. Le dije que era boliviano e intenté explicarle que esos comentarios de los muchachos se referían a una clase en que comentábamos la Carta Pastoral de los Obispos, y la obligación que la Iglesia tiene de preocuparse por el hombre y por la justicia. Me contestó que todo era mentira, que no se había tocado a nadie, que me presentaría al P. Tumiri y a Juan Lechín, a quienes nadie había tocado, ya que fueron los que más se lo merecían. Todavía con muy buenos modos fui conducido a una habitación con una cama y una silla donde se me dijo que esperaría al Ministro del Interior.

Creo que fue entre 5 y 6 de la tarde cuando me llevaron a otro despacho donde esperaban reunidos el Cnel. Luis Arce y más o menos 10 personas entre militares y civiles. Me recibió a gritos. Me decía que era mal boliviano, demasiado influenciado por los sacerdotes extranjeros que me iban a matar. Tenía en la mano los trabajos de mis alumnos, ya subrayados en rojo. En estos trabajos algunos alumnos vertían sus propias opiniones sobre el ejército o sobre la situación que se vive en el país. Incluso algunos habían referencia a problemas vividos en su propia familia. Delante de mí dio la orden de detención de poco más de diez de estos jóvenes. Entonces tomó de la mesa otra hoja y me preguntó si conocía al joven Azurduy. Pedí más datos, pues no sabía a quien se refería. Lo hicieron llamar y reconocí a un muchacho para el que me habían pedido ayuda económica, ayuda que dio Mns. Mestre cuando le expliqué la situación por la que atravesaba. Buscaron una libreta de notas de este muchacho, Miguel Azurduy, donde figuraba mi nombre y dirección (pues tenía que venir a buscar los 2.000 bolívares que guardaba para él).

El Ministro después de una serie de insultos y amenazas de muerte, ordenó: "llamen a mis hombres para que los maten". Momentos después entraron cuatro o cinco que empezaron a golpearnos en la misma oficina y delate de todos los reunidos. Recibimos golpes con el puño, patadas y latigazos con un cable de acero en todo el cuerpo, desde las rodillas a la cabeza. Cuando algunos de nosotros caía, era levantada y continuaban los golpes, que se intercalaban con preguntas sobre nuestras relaciones, filiación política, etc. A mitad de la sesión entró un hombre mayor al que golpeaban con nosotros (creo recordar que era un zapatero, el Sr. Sevilla). Al final me vendaron los ojos. Así continuaron por un tiempo más los golpes. Cuando fui conducido a la celda (calculo que era entre 7 y 8 de la noche) me pusieron el caño de un arma en la sien e hicieron el movimiento de cargarla. Me tuvieron así unos segundos hasta que se retiraron diciendo que mejor la ejecución sería a las tres de la mañana.

Durante la noche fue imposible dormir por los dolores en las costillas y el estómago. Aquí en Buenos Aires, el médico me encontró fisura en algunas costillas, parte de los moretes visibles y del labio reventado. Con todo, tengo la sensación de que los otros dos sufrieron un castigo más duro que yo, teniendo además en cuenta que Miguel Azurduy subió allá con cicatrices y sangre en la cara.

A las diez de la mañana del sábado vinieron a buscarme. No me dijo nada. Llegamos al Ministerio del Interior. Esperé sentado en una de las oficinas de Migración. Entendí que esperaban algo para visar mi pasaporte. Más tarde ordenaron a dos empleados que me subieran al aeropuerto con el encargo de que no me dejaran hablar con nadie. Esperamos dentro de la movilidad en la misma pista. Cuando habían subido ya todos los pasajeros, me entregaron pasaje y pasaporte y me condujeron del brazo hasta la escalerilla del avión de Aerolíneas Argentinas. Era el momento en que se cumplían las 24 horas de mi detención en San Calixto.

3. Testimonio del Hermano Mario Sabato

El día martes 29 de julio a eso de las 11:30 de la mañana fui a la oficina de "Fomento Cooperativo", cuyo presidente es el Padre Julio Tumiri (P. Tumiri, sacerdote boliviano secular también es el presidente de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos en Bolivia). Esta oficina está ubicada en la calle Yanacocha 545, en pleno centro de la ciudad y yo fui para pedir un modelo de estatuto de "tiendas de consumo" para la comunidad de Titikachi. Con sorpresa vi al P. Julio Tumiri y le dije que se cuidara por los acontecimientos que estábamos viviendo. El estaba bastante apurado y había dado orden de cerrar la oficina hasta el día 10 de agosto por seguridad de todos. Yo le pregunté y qué de los "Derechos Humanos"- El me respondíó que luego hablaríamos. En realidad él había ido para arreglar la situación de los empleados de Fomento Cooperativo. Luego entró en su despacho. Después que yo recogí los estatutos de cooperativismo de consumo, vi que entraron en la oficina 4 hombres. Yo dije al emplado: "ahora estamos fritos", pues me di cuenta de las caras y actitudes. Uno se detuvo en la puerta, dos pasaron al despacho de P. Tumiri. Uno me pidió mi documentación. Contesté a este señor que se identificara y después yo le daría mis documentos. Me respondió que no era el caso de bromear porque la cosa era seria. Yo insistí que por favor se identificara. me dijo de esperar unos segundos y luego entraron con ametralladoras en la mano diciendo: "ahora sabe quiénes somos". Presenté mi carnet de identidad y me dijeron: "Tenía que ser Padre y peor todavía si es italiano". Con estas palabras nos sacaron afuera con la cabeza agachada y prohibiéndonos de mirar. Nos echaron en el piso de un jeep blanco sin placas y los paramilitares o militares vestidos de civiles, eran seis armados, más el chofer. Pregunté dónde nos estaban llevando y me contestaron a "una oficina". En el camino me dijeron de rezar el último Padre Nuestro si quería ir a ver a mi Dios, porque no tendría más tiempo. Respondí que no estaba rezando para mí, sino más bien para ellos. Llegamos al Estado Mayor y al bajar del jeep, pude contar 6 ambulancias, una al lado de la otra.

Entramos en un pasillo, donde había muchos civiles armados y varias personas con la cara vendada y las manos a la pared. A nosotros también nos pusieron en esta posición. Poco después nos hicieron entrar en un cuarto donde había tirados sobre colchones 5 personas. A nosotros dos nos prohibieron de hablar y un civil armado estaba custodiándonos hasta que sacaron al Padre Julio Tumiri, que era "el pez gordo" de la redada. Los que estaban allá me dijeron que si tenía algo de comprometedor de hacerlo desaparecer y de esconder mi bolsa bajo el colchón. que no sé por qué no me había quitado.

A cada rato entraban en nuestro cuarto gente armada y me decían que yo era un "cura extremista italiano", "que me iban a fusilar", "que había venido a Bolivia no como misionero, más bien enviado de un grupo extremista de Italia y que con el P. Tumiri estábamos preparando un plan subversivo para los campesinos", yo respondía que no era verdad y que no tenían pruebas. Me contestaban que estaban buscando mis antecedentes en Italia. Por supuesto que no había caso de intentar dialogar con ellos.

Esa primera tarde, estaba conmigo un campesino acusado de bloque de caminos. Le habían pegado en todo el cuerpo y tenía 61 años. Tenía el estómago hinchado y la cara llena de heridas por los puñetazos. Luego estaban dos muchachos hermano de un barrio popular, acusados de tener dinamita en casa de su madre y que servían para actos dinamiteros: Había un joven, acusado de saber dónde estaba su tío, que era dirigente fabril y oro joven acusado de sospechoso a causa de su barba y traje negro y de pertenecer a la UDP. Lo habían recogido mientras hacían un "operativo" en ambulancias en la zona fabril de Achachicala. Todos habían sido brutalmente pegados, a tal punto que no podían ni moverse del colchón. El cuerpo de uno de ellos a causa de los golpes tenía color negro, morado. Hacia las 10 de la noche, se llevaron a todos al DOP y no los volví a ver más. Media hora después trajeron 5 personas más. Habían estado vendados todo el día en el pasillo con las manos en la nuca, las piernas abiertas y a cada momento eran objeto de patadas, golpes y burlas de parte de todos. Antes de traerlos al cuarto, todos habían pasado por el interrogatorio, recibiendo su dosis de palos con hierro y patadas. Pegaban a la espalda, las nalgas y a los músculos de las piernas y puñetes en la barriga. A uno de los mineros le reventaron los dedos de un pie con la culata de la ametralladora y con la misma le dieron un golpe a la clavícula distorsionándola. Otro que estaba en malas condiciones era un muchacho, acusado de haber pegado en el mes de abril a un sargento en civil. Tenía la cabeza rota, la ceja del ojo izquierdo rota, a causa de una patada y una quemadura producida con hierro caliente en la parte anterior del antebrazo. A los otros dos mineros les pegaron menos, como también a un portero de la Escuela Normal.

La mañana siguiente trajeron 5 personas más de la localidad de Comanche, acusados de bloqueo de caminos. A éstos les pegaron muy poco. Se llevaron vendados a varios al interrogatorio y les pegaron. Sólo no pegaron a un minero que manifestó que el nuevo presidente había dado orden de "no tocar a los mineros" y que a él le habían hecho barbaridades y que si querían que de una vez o mataran antes de seguir castigándolos brutalmente". Al oír esto, lo trataron bien, en el interrogatorio le quitaron la venda y lo hicieron sentar. Contento vino a relatarme todo esto y después se lo llevaron al DOP con otros más, quienes regresaron el día después, pero él no. Por la noche trajeron 3 chicos de "Vanguardia Obrera", detenidos desde el 22 de julio. Habían pasado por el Ministerio del Interior, donde les habían pegado fuertemente, quitándoles todo. Luego los llevaron al Estado Mayor, donde les pegaron e interrogaron, luego al DOP donde no les pegaron y nuevamente al Estado Mayor, donde sí les pegaron fuertemente y tenían el terror de quedarse allí. Vinieron otros dos chicos más, otro portero de la Escuela Normal y un joven acusado de falsificar un memorándum del año pasado. Con este grupo de 12 personas, me quedé hasta el 5 de agosto, día en que fui liberado. El martes, miércoles y jueves (29, 30 y 31 de julio) los oficiales y civiles armados, continuamente nos asustaron, amenazándonos con frases, nos hacían levantar de noche, nos ponían con la boca al piso y las manos a la nuca o apagaban la luz interrogándonos, civiles enmascarados. Algunos apodos de estos civiles eran "el Argentino", "el Pelo Blanco", y "Fantomás". Dos oficiales hablaban bien italiano y alemán. El miércoles por la noche varios civiles armados pidieron las llaves de las ambulancias para llevárselas. Escuché muy bien porque para entrar en el cuarto de la radio y claves, se pasaba por nuestro cuarto. Las primeras dos noches no tuvimos frazadas y dormimos uno junto al otro. Nunca nos dieron desayuno y la comida, almuerzo y cena era demasiado poca. Por orden del Teniente Coronel Mena nos dieron unas frazadas a cada dos personas y nos permitieron ir al baño más a menudo.

Por la mañana venía una enfermera poniendo pomada a los que habían recibido golpes y dando píldoras contra el resfrío. Ella nos manifestó que los primeros días era terrible, que había visto barbaridades.

La suerte más grande fue la visita de la Cruz Roja Internacional. Desde ese día no pegaron a nadie y nos dejaron bastante tranquilos.

En el interrogatorio, las acusaciones en mi contra eran: que hacía parte de Derechos Humanos, que era de CONADE, que había venido con una organización extremista italiana, que con P. Julio estábamos preparando planes subversivos para el campo, que mi congregación en Suiza (donde estudiamos teología), estaba en contacto con Organizaciones Humanitarias y que yo había estudiado en la Universidad de Lovaina (donde nunca he puesto ni un pie) y que allí había sido preparado para venir a la América Latina. Añado que por las noches traían mucha gente, muchas personas borrachas, que recibían fuertes palizas. Tengo la impresión –viendo algunas listas- que en el sector donde estuvimos, había por lo menos 40 personas en varios cuartos. Algunas noches los oficiales y civiles se emborrachaban, fastidiándonos en otra forma.

Una vez que se formaron habían más o menos 80 civiles armados.

Quiero indicar que no recibí mal trato, fuera de las acusaciones e interrogatorios. Supongo por el hecho de ser religioso. Me liberaron después de haber firmado un compromiso con el Alto Mando Militar, junto a todos los sacerdotes y hermanas y ministros de la Iglesia Metodista, gracias a la mediación de la Nunciatura Apostólica de La Paz.

4. Testimonio del Padre Claudio Pou, S. J. (Caso 7450)

Claudio Pou-Viver, sacerdote de la Compañía de Jesús, residente en La Paz desde 1977. Mi anterior residencia fue Sucre. Llegué de España, mi país de nacimiento, a Bolivia en 1952: he estado ausente en diversas ocasiones por razones de estudio (Ecuador, Italia, España, USA). Actualmente mi trabajo es el siguiente: Administrador (Procurador de la Compañía de Jesús en Bolivia, Coordinador de Planificación de la Compañía de Jesús en Bolivia, actividad pastoral esporádica. Tesorero de la Conferencia Boliviana de Religiosas y Religiosos, miembro del Directorio de Radio Fides. En mis declaraciones a las autoridades en estos días pasados solamente hice constar como mi trabajo la actividad sacerdotal (pastoral) y la Administración (sin especificar que era a nivel de toda Bolivia). Escribo este informe desde mi asilo en la Nunciatura.

Detención.

Fui detenido por civiles armados (irregulares, paramilitares) en el patio del Colegio San Calixto el día 17 de julio último, aproximadamente a las 12:30 del mediodía. Al escuchar disparos y una explosión provenientes de Radio Fides, bajé a la portería con la intención de cerrar la puerta de la calle; me topé con un civil quien me amenazó con un fusil y me conminó a que me pusiera cara a la pared con las manos levantadas o dispararía (mi caso es similar en cuanto a los lugares de detención y tratamiento al del P. Juan Enviz y los Hnos. Salvador Sánchez y José Marco, también Jesuitas). Intenté dialogar con él pero fue inútil. También fue detenido en ese momento por el mismo individuo el H. Salvador Sánchez y luego tres empleados del colegio. Al poco rato bajaron tres paramilitares que acababan de destruir los estudios de Radio Fides y tenían detenido al H. José Marco. Nos golpearon ligeramente y me dieron un culatazo en la cabeza que me produjo una herida sangrante.

Los tres jesuitas fuimos llevados a una camioneta-vagoneta que estaba parqueada frente al colegio. Mucha gente estaba en la calle y en los balcones del frente en esos momentos. Creí que nos llevaban a matar. La camioneta se dirigió al Gran Cuartel de Miraflores donde se encuentre, entre otras dependencias, el Estado Mayor.

En el Estado Mayor

Llegados al Cuartel fuimos objeto de numerosos insultos, blasfemias y soeces. Nuestra condición de sacerdotes y religiosos era bien conocida por todos, pues a ella hacían referencia los insultos. Había en el patio principal el Cartel alrededor de un centenar de paramilitares armados y visiblemente enloquecidos, numerosos soldados y oficiales, tanque y otros vehículos, algunos de ellos ambulancias.

Nos llevaron al edificio del Departamento II (Inteligencia en cuyo hall había unas 15 personas, en su mayoría paramilitares. Nos pusieron cara a la pared, preguntaron nuestros nombres y, mientras nos insultaban a gritos y nos golpeaban a puñetazos y patadas, nos ordenaron entregar zapatos, cinturón y todas las pertenencias (yo no llevaba ningún documento de identidad ni prenda de valor, excepto reloj y llaves que ellos no vieron).

Luego salimos de nuevo al patio y nos llevaron hacia la caballería. En el camino un civil, desconocido por mí, me golpeó y pateó a su gusto sin que nadie intentara impedirlo. Llegados a la caballeriza vimos unas 30 a 40 personas tenidas en el paso y creí que nos iban a matar o torturar. Se nos obligó a echarnos, boca abajo y con las manos en la nuca, sobre el estiércol mezclado con paja que cubría gran parte del piso. El resto del día fueron trayendo más detenidos, entre ellos todos los periodistas que estaban cubriendo los acontecimientos del Palacio Presidencial, diputados, sindicalistas, universitarios, etc. Estuvimos en esas condiciones hasta aproximadamente las 4:30 de la madrugada siguiente. Durante todo ese tiempo los guardianes nos amenazaron continuamente con insultos, órdenes de no movernos, etc., acompañando lo anterior con algunas patadas y culetazos (los guardianes fueron primero paramilitares y luego soldados de uniforme; con frecuencia se hizo presente un individuo con claro acento argentino, que parecía diferente del escuchado anteriormente, quien se mostró especialmente bruto y cruel en sus insultos y golpes). Aproximadamente a la medianoche un soldado me robó el reloj. Hasta las 3:30 aproximadamente de la madrugada no pudimos levantarnos para orinar; a algunos que pedían hacerlo se les dijo que se orinaran encima.

Durante la última hora fuimos custodiados por un militar (que parecía oficial de grado capitán o mayor) que se portó humanitariamente; no amenazó, no insultó, no se opuso a que nos acomodáramos un poco mejor, nos permitió levantarnos para orinar en una pared de la caballeriza.

En el DOP (Dirección de Orden Político):

Alrededor de las 4:30 de la madrugada del viernes día 10 nos sacaron de la caballeriza descalzos, agachados, con las manos en la nuca, en fila de a dos y con algunos golpes. Nos hicieron entrar en unas ambulancias de la CNSS (Caja Nacional de Seguridad Social) de las que habían sacado las literas. Nos hicieron echar en el piso e la ambulancia, unas cuatro o cinco personas en cada ambulancia. Subieron a la ambulancia dos civiles armados de metralletas. Todo parecía indicar que nos llevaban a algún lugar solitario para matarnos. Las ambulancias recorrieron algunas calles de La Paz y al descender nos dimos cuenta de que estábamos frente a la cárcel del DOP, a unos cincuenta metros del Palacio Presidencial (desde que acabó la dictadura de Bánzer esos locales eran usados como oficinas de la Cámara de Diputados y se veía que se acababan de improvisar de nuevo para cárcel).

En el DOP nos pusieron de nuevo a la pared y preguntaron nuestros nombres. Un agente separó entonces a los religiosos y nos puso juntos en una celda: en ese momento éramos solamente tres, pues el cuarto jesuita fue traído a la celda por la tarde; lo habían sacado del Estado Mayor en el primer viaje. La celda era de 3 x 3 metros, con sólo la luz que entraba por las rendijas de la puerta y con piso de cemento; únicamente había para cubrirse una estera raída y llena de polvo. A las 7 de la mañana nos dieron un café caliente, primer alimento desde nuestra detención; luego, a mediodía a media tarde, nos dieron un plato de comida.

Estuvimos en una celda desde ese viernes 18 hasta ña mañana del martes 22m cuando nos trasladaron a otra celda que era en realidad una oficina con piso de madera habilitada para celda. Un anoche nos sacaron a la una para tomar nuestros datos personales básicos: nombre, edad, ocupación, lugar de detención. El domingo 20 nos devolvieron los zapatos.

Permanecimos en esa celda hasta el viernes 1 de agosto. El trato que recibimos en el DOP fue humanitario dadas las circunstancias: la comida no era abundante pero sí bien preparada; se nos permitió recibir frazadas, alimentos, vino para la Eucaristía, naipes, cigarrillos, etc.; no se nos maltrató. Sin embargo, sabemos con certeza que en esos días otros fueron maltratados por militares (ajenos al DOP) durante su interrogatorio. A los seis días de encarcelamiento el DIN (Dirección de Investigación Nacional) me tomó declaración sin ninguna clase de violencia; datos personales, ocupación, lugar y circunstancias de detención, datos sobre pertenencia a partidos políticos, reuniones políticas, posesión de armas, plan de lucha armada en el país y otras preguntas. Se me dio a leer la declaración y la firmé.

El lunes 28 trajeron a nuestra celda a tres salesianos, de cuya detención una semana antes no estábamos enterados. Al día siguiente trajeron a dos Pastores Metodistas, uno de La Paz y oro de Sapecha (Alto Beni); al de La Paz lo habíamos visto ya en días anteriores, pues fue detenido el mismo día que nosotros. Dos o tres noches pasamos momentos de angustia al oír y ver que sacaban prisioneros con destino desconocido o que llegaban nuevos detenidos. A lo largo de los días vimos a prisioneros, muchos de ellos menores de 20 años que habían sido golpeados con mayor o menor crueldad. Había seis mujeres de edades estimadas entre 20 y 50 años, detenidas en una celda frente a la nuestra. Un día recibimos la visita de un funcionario insolente del Ministerio del Interior acompañado de sus guardaespaldas con metralletas; entre otras insensateces nos dijo que nadie se interesaba por nosotros, cuando conocíamos ya por otros conductos los esfuerzos que se estaban desplegando por parte de la Iglesia.

Creo que fue el día 30 cuando el H. José Marco fue trasladado a la Clínica Copacabana (de la Policía) para ser atendido de síntomas de flebitis. En el resto de nosotros ya habían prácticamente desaparecido a mayoría de hematomas y señales de malos tratos. Fuimos visitados por un médico del DIN unas tres o cuatro veces. Durante toda nuestra permanencia en el DOP salimos al sol en tres ocasiones por un total de veinte minutos.

De nuevo en el Estado Mayor:

El viernes 8 de agosto, aproximadamente a las 11 de la mañana nos sacaron del DOP con rumbo desconocido para nosotros pero ya sin guardias armados. Fuimos conducidos al Estado Mayor. Más tarde fuimos llevados a una reunión en la Sala de Operaciones del Alto Mando, donde estaban presentes el Nuncio, dos Obispos, los superiores religiosos de salesianos y jesuitas y los tres jefes de Inteligencia de las Fuerzas Armadas. La reunión no fue muy cordial desde el momento en que, ante el intento de esos jefes por ocultar la verdad, explicamos claramente el trato recibido desde nuestra detención.

Fuimos devueltos al Departamento II, donde se nos reunieron más tarde tres sacerdotes y dos religiosas detenidos en sus lugares de residencia en el Altiplano Norte. No faltaron algunos insultos por parte de civiles y militares que al parecer procedían por propia iniciativa aprovechando el desorden reinante. Por la noche nos llevaron a los once varones a una oficina-celda. Nos dieron colchones y frazadas. El trato fue relativamente humanitario. La comida era insuficiente y con frecuencia fría. No salimos ni una vez al aire libre. Cinco tanquetas y tres tanques estaban estacionados en el patio al pie de nuestras ventanas que estaban cubiertas con periódicos. Con frecuencia nos visitaban algunos militares y paramilitares; el trato de algunos era cordial y el de otros prepotente o insultante. Nos consta de la descarada hipocresía de alguno de ellos con respecto a lo que nos decía a nosotros y a lo que hablaba luego a otros.

El día 4 de agosto supimos que al día siguiente iríamos todos a la Nunciatura. El día 5 fueron dejados libres siete, mientras los otros cuatro (los tres salesianos y yo) fuimos llevados a la Nunciatura. Al salir estaba en el patio del cuartel el acostumbrado grupo de unos cien paramilitares, armados y con aspecto de delincuentes.

En la Nunciatura

La intención de las Fueras Armadas es que nuestra estancia aquí sea el paso hacia el exilio, pero se nos ha comunicado que el Nuncio, los Obispos y nuestros superiores religiosos no están de acuerdo e intentarán evitarlo.

He conocido los cargos se me hacen: los considero estúpidos, injustos por falsos y no probados. Por lo tanto, considero injustificada e injusta mi detención. Igualmente injusto será mi exilio si llega a realizarse.

En la Nunciatura estamos en excelentes condiciones y, realmente en libertad completa dentro del edificio.

Hasta hoy, 12 de agosto, no sabemos si nos exiliarán o nos dejarán en libertad. Mi deseo es permanecer en Bolivia.

 

E. Otras formas de Restricción a la Libertad: Los Exiliados y Residenciados5

1. Por su íntima vinculación con el derecho a la libertad física la Comisión se referirá a continuación a la situación de los exiliados y residenciados, la que también afecta al derecho de circulación y de residencia, consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

2. La Constitución boliviana consagra en su Artículo 7, numeral g("el derecho de ingresar y permanecer, transitar y salir del territorio nacional". El mismo ordenamiento, en el Artículo 15 establece que los funcionarios públicos que, sin haberse dictado el Estado de Sitio tomen medidas de persecución, confinamiento o destierro de ciudadanos y las hagan ejecutar, estarán sujetos al pago de una indemnización de daños y perjuicios así como de las acciones penales que correspondan, comprobando que los hechos se adoptaron en violación de los derechos y garantís establecidas en la Constitución.

Por otra parte, como se señala anteriormente, durante la vigencia del Estado de Sitio su declaratoria autoriza al Ejecutivo a la suspensión de las garantías y derechos consagrados en la Constitución frente a señaladas personas fundadamente sindicadas en tramar contra el orden público. En tales casos además del arresto mediante orden de autoridad legítima, y si la conservación del orden público exigiese el alejamiento de los sindicados podrá ordenarse su confinamiento a una capital de departamento o de provincia que no sea malsana.6

Sin embargo, durante el Estado de Sitio, la Constitución prescribe el destierro por motivos políticos; pero al confinado, perseguido o arrestado por estos motivos, que pida pasaporte para el exterior, no podrá serle negado por causa alguna debiendo las autoridades otorgarle las garantías necesarias al efecto. Los ejecutores que violen eta disposición son responsables en cualquier tiempo, por violación de las garantías constitucionales.

3. Sobre la base de la legislación referida y de las denuncias e informes obtenidos se puede señalar que cientos de bolivianos, especialmente dirigentes políticos y sindicales se han visto obligados a exiliarse en diferentes países, ante las amenazas e intimidaciones recibidas de autoridades gubernamentales o como una condición indispensable para obtener su liberación; oras, han optado por el exilio voluntario o fueron expulsadas del país y un grupo menor han sido "residenciados", es decir, obligados a vivir en determinada zona del país debiendo presentarse periódicamente ante las autoridades. Estas medidas en opinión de la Comisión fueron ejecutadas sin atender ni respetar las exigencias constitucionales, y con el propósito de liquidar cualquier oposición política,7 así fuese pacífica, en abierta contravención con el texto y espíritu de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.8

4. Las personas que lograron asilarse9 en diferentes representaciones diplomáticas el día del golpe militar, o los días posteriores, obtuvieron luego de cerca de 3 meses de demora los salvoconductos respectivos. La CIDH desea reiterar su opinión de que la reclusión prolongada de personas en lugares, como las representaciones diplomáticas, tienen el privilegio de la inmunidad constituye también una violación a la libertad del asilado y se transforma en una pena. En el mes de noviembre de 1980, el Gobierno boliviano informó a la Comisión que todas las personas que se encontraban en representaciones diplomáticas se les había concedido el salvoconducto abandonando el país.10

5. La Comisión mediante notas del 3 al 30 de abril de 1981, solicitó al Gobierno boliviano la lista oficial de las personas exiliadas, asiladas, expulsadas del país y residenciadas, con el propósito de aclarar los diferentes informes que venían recibiendo. Hasta la fecha el Gobierno no ha respondido.

La Comisión ha recibido el documento GB/214/11/9 de la Sesión 214 del Comité para la Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo, en el cual se estudia el Caso No. 983 relativo a alegadas violaciones de ese derecho por el Gobierno de Bolivia. En el mencionado documento como Anexo II se presenta una lista de personas que han sido residenciadas, liberadas o exiliadas. Esta información fue suministrada por el propio Gobierno a la OIT el 10 de noviembre de 1980.11 Por la fuente, la CIDH ha considerado útil su inclusión, puesto que ella reafirma las denuncias de medidas arbitrarias que afectan la vigencia no solo de la libertad física de las personas, sino del Derecho de Circulación y Residencia contemplado en el Pacto de San José de Costa Rica.

La lista es la siguiente:

Juan Lechin Oquendo

residenciado

Simón Reyes Rivera

residenciado

Liber Porti

exiliado

Julio Tumuri

residenciado

Victor Sosa

residenciado

Max Toro B.

residenciado

Noel Vasquez

residenciado

Victor Lima

residenciado

Cayetano Llobet

liberado 2.11.80

Gladys Solon

liberada 9.10.80

Hernan Ludueña

liberado

Oscar Peña Franco

exiliado

Fernando Salazar

exiliado

Cosme Reyes Valverde

residenciado

Luis Aguilar Portillo

residenciado

Nicasio Choque Donaire

residenciado

Rufino Cossio Calle

residenciado

Luis Pozo Iñiquez

residenciado

Rafael Ortega Vaquera

residenciado

Miguel Ortiz Ruelas

residenciado

Carlos Soria Galvarro

residenciado

Agencio Quispe Quispe

residenciado

Isaac Mopales Quispe

residenciado

Walter Humeres Cortez

residenciado

Francisco Tintaya Calle

residenciado

Paulino Mendez Arosqueta

residenciado

Wilfredo Rua Bejarano

exiliado

Arturo Villanueva Imaña

residenciado

Walter Robles Bermudez

liberado

Julio A. Marquez

liberado

David Acevey

residenciado

Amador Villavicencio

liberado

Eduardo Dominguez Vert

residenciado

Alfredo Bonadona

liberado 30.10.80

Walter Retamozo Montaño

exiliado

Floduardo Ordoñez

residenciado

Raul González Almansa

residenciado

José Marquez

liberado

Freddy Justiniano

residenciado

Guillermo Dalence

residenciado

Vladimir Arusinaga

residenciado

Julio Marquez

liberado

Juan Carlos Orioles

residenciado

Adrian Camacho

liberado

Fernando Torrely Maria

liberado

Armando Porre

liberado

Corsino Pereyra

residenciado

7.    Dentro de las informaciones de exiliados que también hacen referencia a los apremios ilegales se pueden señalar los siguientes:

Caso 7823: Juan Antonio Solano, nacido el 27 de enero de 1955, en Llallagua, Bolivia. Estudiante universitario de Metalúrgica en la Universidad de Oruro, y miembro de la Federación Universitaria.

Detenido en el año de 1977 durante el gobierno de Banzer y nuevamente en 1980 después del golpe de estado. Se encuentra exiliado en Suiza desde el 22 de noviembre de 1980 cuando se vió obligado a abandonar el país.

Arrestado el 18 de julio de 1980 en el Comedor Universitario de la Universidad de Oruro por las Fuerzas Armadas y la policía, junto con 250 estudiantes más. Llevado detenido primero a un puesto militar en Vinto (Oruro), luego al DOP Oruro donde permaneció 43 días para ser trasladado luego al Ministerio del Interior en La Paz. Durante todo el tiempo de su detención fue maltratado y se le obligó a firmar declaraciones falsas. Los interrogatorios fueron llevados a cabo por agentes de Servicio de Inteligencia. Por considerársele "elemento peligroso" se le iba a enviar a la República Argentina. La intervención de la iglesia, CIME y Naciones Unidas impidió que presos políticos bolivianos fueran enviados a Argentina. Fue llevado a Viacha en donde funcionarios del CIME lo entrevistaron y facilitaron su exilio en Suiza.

Torturas y Maltratos

Inmediatamente después de su arresto junto con 259 estudiantes más fueron llevado a un puesto militar en Vinto (Oruro) en donde se les practicó un simulacro de enterramiento vivo obligándolos a meterse en una fosa a la cual rociaron con gases lacrimógenos y los cubrieron con tierra y agua. Después fueron golpeados con palos y sufrieron simulacros de fusilamiento. Fueron trasladados luego a DOP en Oruro en donde las condiciones carcelarias fueron muy malas. Bajo amenazas fueron obligados a firmar declaraciones. No había agua ni comida. Había entre 30 y 40 reclusos en celdas de 2 x 3 mts. Familiares de los detenidos llevaban comida. Como habían varios detenidos del Interior no tenían quien les llevara comida. En los 45 días de permanencia en DOP subsistió básicamente de la comida que otros detenidos compartían con él. El siguiente traslado fue al Ministerio del Interior en La Paz en donde había una gran cantidad de detenidos que serían más tarde llevados a los campos de concentración en el Oriente boliviano, (Madidi, San Joaquín, Puerto Rico, Exiamas). Los primeros días lo encerraron en una habitación pequeña de donde lo sacaban para interrogarlo a altas horas de la noche. En la primera fase de los interrogatorios no utilizaron violencia, pero al no confesar lo golpearon hasta que perdió el sentido. Fue dejado por dos días en un cuarto oscuro sin nada de comer ni beber y sacado luego para ser interrogado de nuevo. Fue nuevamente golpeado y llevado luego a una celda donde estaban todos sus otros compañeros, quienes se encontraban en las mismas condiciones físicas que él. En celdas de 3 x 4 mts. Había hasta 60 personas y no había servicio sanitario. Juan fue catalogado como "elemento peligroso" y junto con otros detenidos estaba en la lista de expulsados del país. El 25 de octubre se les dio salvoconductos para ser expulsados a la Argentina como pertenecientes a grupos de extrema izquierda. Cuando estaban en el aeropuerto recibieron noticias de que CIME, la iglesia y las Naciones Unidas intervenían para evitar que presos políticos fueron enviados a la Argentina, Chile y Paraguay. Fueron llevados a Viacha en donde funcionarios de CIME ayudaron a Juan a salir para Suiza.

Durante todo el tiempo de su detención, Juan no tuvo ninguna entrevista con su familia ni oportunidad de comunicarles como y donde se encontraba. Tuvo que abandonar Bolivia sin ponerse en contacto con nadie de su familia.

Caso 7824: Diego Morales Barrera, Pintor y Profesor de Artes Plásticas, nació en La Paz (Bolivia), el 12 de noviembre de 1946. Profesor de Artes Plásticas en la Escuela Superior de Bellas Artes durante 6 años. De 1976 a 1979 trabajó como escultor en el Museo de Etnografía y Folklore, allí fue Secretario de Prensa y Propaganda del Primer Sindicato de Empleados Públicos. En febrero de 1979 tuvo que retirarse del museo a causa de la presión impuesta por las fuerzas armadas.

Diego Morales Barrera no tiene ninguna filiación política pero su trabajo como pintor ha expresado su desaveniencia con los golpes militares, está en contra de los gobiernos de facto y sus tendencias son de izquierda.

El 26 de octubre de 180 fue detenido junto con su madre en La Paz, por agentes del SIE (Servicio de Inteligencia del Estado). La señora Morales fue dejada en libertad una hora después. Diego fue llevado al Ministerio del Interior en donde fue golpeado y su documentación confiscada. Luego fue llevado a la sección del DIC en Obrajes, suburbio de La Paz. Allí permaneció cuatro días, hasta el 20 de octubre, esposado de pies y manos, a oscuras, sin agua ni comida y sin servicio sanitario, debiendo hacer sus necesidades fisiológicas en un balde. El día 20 fue llevado al Ministerio del Interior. En este trayecto fue interrogado, golpeado en los testículos y quemado con cigarrillo en las manos. El interrogatorio continuó dentro de las oficinas del Ministerio del Interior. Basándose en fotografías tomadas de sus cuadros y acompañado de golpes en los oídos y en el cuerpo, le interrogaban sobre su filiación política quién había financiado su exposición de pinturas y si pertenecía al ELN.

Los que suministraban los golpes eran agentes mientras que los que supervisaban y hacían preguntas parecían militares de jerarquía superior. Entre insultos y golpes le atemorizaban diciendo que le iban a reventar los ojos, a cortar las manos o a imputar algún miembro. Esto duró más o menos desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche cuando tres tenientes del ejército perteneciente al SIE, le llevaron a una casa situada en la Ciudad Satélite de El alto de La Paz, ésta es una vecindad popular donde la mayoría de las viviendas pertenecen a obreros, fabriles y mineros. El personal de esta casa estaba vestido de civil pero eran soldados de Tarapacá, El jefe era un capitán y sus segundos eran tenientes, a uno de ellos le apodaban "Rommel". A pesar de que prepararon la "picana" y de las continuas amenazas; los interrogatorios no fueron completados con violencia.

El día 22 se le presentó la oportunidad de escapar, pues a pesar de que cuando estaba en la celda permanecía esposado, estaba tan delgado que podía quitárselas. El 22 de octubre en la noche, trajeron a un preso a quien torturaron salvajemente, poniéndole corriente en los testículos. En la mañana del 23 los tenientes dieron órdenes a los guardias de escribir a máquina la confesión del torturado y de arreglar las conexiones pues iban a continuar con Diego. Diego al escuchar esto decidió escapar y venciendo el dolor se libró de las esposas, saltó por la ventana que daba a un garaje con la ayuda de un vecino de la localidad y más tarde en la Cruz Roja y la Embajada de Suiza encontró refugio seguro hasta que con cooperación del CIME consiguió el salvoconducto para salir exiliado a Suiza.

 

F. Los Recursos de Habeas Corpus 13 y de Amparo14

1. El Gobierno Militar de Bolivia, no solo ha desconocido las normas constitucionales contempladas a situaciones anormales y las de protección internacional de derechos humanos sino que además las garantías judiciales para protección se han convertido en letra muerta.

2. Estos recursos la legislación boliviana son ordenamientos constitucionales que buscan proteger a las personas de las detenciones arbitrarias –Habeas Corpus-, y contra los actos ilegales o las omisiones indebidas de los funcionarios o particulares que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos y garantías de la persona reconocidas por la Constitución y las leyes (recurso de amparo).

3. A la luz de los antecedentes expuestos en este Capítulo y de todas las informaciones de las cuales ha tomado conocimiento la Comisión, especialmente aquellas que señalan la forma en que han procedido las autoridades en las detenciones individuales y masivas y de las circunstancias que han seguido a las mismas, debe concluirse que estas garantías jurisdiccionales del derecho a la vida, a la libertad e integridad física de los bolivianos se ha frustrado y convertido en una herramienta ineficaz para controlar los actos ilegales de las autoridades puesto que en la práctica su ejercicio no obtiene los resultados esperados, ante la negativa del Gobierno Militar a informar el lugar en que se encuentran los detenidos, las razones o cargos que existen y generalmente por la incomunicación e las víctimas y la prolongación de la privación de libertad por períodos más largos de los que permite la Constitución aún durante la vigencia del Estado de Sitio.

4. Otro factor que también guarda relación con lo señalado anteriormente son las detenciones masivas que se han llevado a cabo por el incumplimiento del Toque de Queda que sigue imperante en todo el país y en otros casos por no tener las personas durante redadas que adelantan fuerzas de seguridad la identificación pertinente. En estos casos las personas normalmente son liberadas en períodos cortos. Asimismo, la Comisión ha recibido informaciones de detenciones masivas en las poblaciones mineras de Siglo XX y Catavi durante la realización de un paro de labores efectuado el 12 de enero de 1981.

También se han puesto en conocimiento de la CIDH, algunas detenciones de opositores políticos y de oficiales militares disidentes durante los meses de mayo y junio de 1981, alegándose al mismo tiempo que las condiciones a que son sometidos los detenidos continúan siendo incompatibles con la dignidad humana.

5. La Comisión confía en que recientes declaraciones de diferentes autoridades bolivianas, en las cuales se afirmaba que no se permitiría que los funcionarios cometan abusos contra la ciudadanía y que se hace necesaria retornar a la plena juridicidad velando por un efectivo cumplimiento de la Constitución y las leyes y sometiendo a los responsables de las violaciones ante las autoridades judiciales competentes, abran el camino hacia la normalización y efectividad de estas básicas garantías judiciales.

 

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1  Convención Americana sobre Derechos Humanos. Artículo 7: 1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Parte o por las leyes dictadas conforme a ellas. 3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios. 4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella. 5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesto en libertad, sin perjuicio de que continué el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio. 6. Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente a fin de que ése decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. En los Estados Partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona. 7. Nadie será detenido por deudas. Este principio no limita los mandatos de autoridad judicial competente dictados por incumplimiento de deberes alimentarios.

2  Convención Americana sobre Derechos Humanos. Artículo 5: 1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 2. Nadie deber ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. 3. La pena no puede trascender de la persona del delincuente. 4. Los procesados deben estar separados de los condenados, salvo en circunstancias muy excepcionales y serán sometido a un tratamiento adecuado a su condición de personas no condenadas . 5. Cuando los menores puedan ser procesados, deben ser separados de los adultos y llevados ante tribunales especializados, con la mayor celeridad posible, para su tratamiento. 6. Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados.

3  Artículo 112, numeral 4 de la Constitución Política.

4  La Comisión pudo verificar que el Padre Pou, luego de su detención obtuvo asilo en la Nunciatura Apostólica.

5  Convención Americana sobre Derechos Humanos. Artículo 22: 1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tiene derecho a circular por el mismo y, a residir en él con sujeción a las disposiciones legales. 2. Toda persona tiene derecho a salir libremente de cualquier país, inclusive del propio. 3. El ejercicio de los derechos anteriores no puede ser restringido sino en virtud de una Ley, en la medida indispensable en una sociedad democrática, para prevenir infracciones penales o para proteger la seguridad nacional, la seguridad o el orden públicos, la moral o la salud públicas o los derechos y libertades de los demás. 4. El ejercicio de los derechos reconocidos en el inciso 1, puede asimismo ser restringido por la ley, en zonas determinadas, por razones de interés público. 5. Nadie puede ser expulsado del territorio del Estado del cual es nacional, ni ser privado del derecho a ingresar en el mismo. 6. En el extranjero que se halle legalmente en el territorio de un Estado Parte en la presente Convención sólo podrá ser expulsado de él en cumplimiento de una decisión adoptada conforme a la ley. 7. Toda persona tiene el derecho a buscar y recibir asilo en territorio extranjero en caso de persecución por delitos políticos o comunes conexos con los políticos y de acuerdo con la legislación de cada Estado o los convenios internacionales. 8. En ningún caso el extranjero puede ser expulsado o devuelto a otro país, sea o no de origen, donde su derecho a la vida o a la libertad personal está en riesgo de violación a causa de raza, nacionalidad, religión, condición social o de sus opiniones políticas. 9. Es prohibida la expulsión colectiva de extranjeros.

6  Artículo 112, numeral 4 de la Constitución Política.

7  Entre los dirigentes políticos que optaron por el exilio forzoso se encuentran Hernán Siles Suazo y Jaime Paz Zamora, quien habían resultado vencedores en los comicios presidenciales de 1980.

8  Según testimonios recibidos en un número considerable de casos, a los pasaportes de los asilados les fue estampado un sello con prohibición expresa de poder regresar al país.

9  El caso más representativo de asilados, es el de la ex-Presidenta Constitucional Lidya Gueiler, quien luego de los sucesos que rodearon el golpe militar, recibió asilo en la Nunciatura Apostólica en donde permaneció por espacio de 3 meses hasta que le fue permitido viajar a París.

10  Notas de prensa que la CIDH ha recibido del Boletín Informativo "Bolivia Semanal" y que recopila las informaciones de las principales agencias de noticias internacionales indicaban: En el boletín del 8 al 16 de noviembre de 1980, "El 8 de noviembre, el Ministro del Interior, Coronel Luis Arce Gómez, señala que la Comisión Intergubernamental para las Migraciones Europeas (CIME), le ha ofrecido financiar la salida de unas 20.000 personas de Bolivia, con lo cual el Gobierno podrá pagar los pasajes para expulsar del país "a todas las personas que perjudiquen el desarrollo del país". Sin embargo, aclara que, por ahora, sólo piensa desterrar de Bolivia a un total de 300 bolivianos. "Según testigos presenciales, los últimos 18 asilados en la Embajada de México en La Paz salieron hoy del país. En Lima, cinco desterrados llegaron de La Paz de paso hacia Suecia denuncian que han sido amenazados de muerte si regresan a Bolivia y dos de ellos revelan que estuvieron deportados durante varias semanas en el campo de concentración de Puerto Cabinas, donde aún permanecen un centenar de detenidos". El 22 de noviembre, fuente llegadas al Ministerio del Interior informan que dificultades surgidas a último momento en Caracas impidieron la llegada a La Paz de un avión militar venezolano encargado de recoger a más de cien detenidos políticos que debían salir hoy al exilio. El 13 de noviembre, el teniente coronel Javier Pammo Rodríguez, Prefecto de Cochabamba, anuncia que todos los detenidos políticos serán desterrados fuera de Bolivia o confinados en el interior del país hasta el próximo sábado, pero que es imposible precisar su número, "ya que la cantidad varía diariamente, porque algunos son libertados en tanto que se procede a nuevas detenciones". En el boletín del 17 al 23 de noviembre de 1980 expresaba: El 20 de noviembre el Ministro del Interior, dijo a la prensa luego de entregar a la Jurisdicción del Comité Internacional de Migraciones Europeas (CIME) a 47 detenidos políticos, que no existen más detenidos en Bolivia bajo responsabilidad de los Organismos de Seguridad. Sin embargo en el mes de enero se afirma: "Otra información indica que continúan los exilios en diversas formas: oficialmente por CIME, y clandestinamente, por parte del gobierno, utilizando aviones de la Fuerza Aérea, de modo similar a como había sucedido el 25 de diciembre en que un avión del TAM sacó del país a 36 detenidos, en su mayoría jóvenes, con rumbo a Paraguay". En el boletín del 18 al 24 de enero de 1981, indicaba: El 24 de enero de 1981 llegaron a Bogotá, Colombia, procedentes de las cárceles de La Paz, un numeroso grupo de campesinos exiliados entre los cuales se encuentran mujeres y niños. El grupo campesino dijo pertenecer a la Comunidad Chuquinuma Grande. El exilio de este nuevo contingente de ciudadanos bolivianos se produce inmediatamente después de que en las principales ciudades y centros mineros de Bolivia se vivió un clima de agitación y protesta".

11 Es indispensable aclarar que de acuerdo con las declaraciones de altos funcionarios bolivianos, la situación legal de algunas de las personas incluidas en la presente lista puede haber sufrido modificaciones desde el mes de noviembre de 1980. Es el caso, entre otros, de Juan Lechín y Simón Reyes.

12  CIME (Comité intergubernamental para las Migraciones Europeas).

13  Artículo 18 de la Constitución Política: Toda persona que creyere estar indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada o presa podrá ocurrir, por sí o por cualquiera a su nombre, con poder notariado o sin él, ante la Corte Superior del Distrito o ante cualquier Juez de Partido, a elección suya, en demanda de que se guarden las formalidades legales. en los lugares donde no hubiere Juez de Partido la demanda podrá interponerse ante un Juez Instructor…

14  Artículo 19 de la Constitución Política: Fuera del recurso de "Habeas Corpus" a que se refiere el artículo anterior, se establece el recurso de amparo contra los actos ilegales o las omisiones indebidas de los funcionarios o particulares que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos y garantías de las personas reconocidas por esta Constitución y las leyes. El recurso de amparo se interpondrá por la persona que se creyere agraviada o por otra a su nombre con poder suficiente, ante las Cortes Superiores en las capitales de Departamento y ante los jueces de Partido en las provincias tramitándoselo en forma sumarísima. El Ministerio Público podrá también interponer de oficio este recurso cuando no lo hiciere o no pudiere hacerlo la persona afectada. La autoridad o la persona demandada será citada en la forma prevista por el artículo anterior a objeto de que preste información y presente, en su caso los actuados concernientes al hecho denunciado, en el plazo máximo de 48 horas. La resolución final se pronunciará en audiencia pública inmediatamente de recibida la información del denunciado y, a falta de ella, lo hará sobre la base de la prueba que ofrezca el recurrente. La autoridad judicial examinará la competencia del funcionario o los actos del particular y, encontrando cierta y efectiva la denuncia, concederá el amparo solicitado siempre que no hubiere otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados, elevando de oficio su resolución ante la Corte Suprema de Justicia para su revisión, en el plazo de 24 horas. Las determinaciones previas de la autoridad judicial y la decisión final que conceda el amparo serán ejecutadas inmediatamente y sin observación, aplicándose, en caso de resistencia, lo dispuesto en el artículo anterior.