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HAITÍ*
INTRODUCCIÓN
1.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dentro del marco
de su competencia, establecida por la Convención Americana sobre Derechos
Humanos y demás instrumentos aplicables, ha continuado observando la
evolución de la situación de los derechos humanos en Haití.
La inclusión de Haití en esta sección del Informe Anual, se debe
a que la situación del país, durante 1997, reune los requisitos del
nuevo criterio establecido por la Comisión, el cual comprende situaciones
coyunturales o estructurales que se encuentran presentes en países, cuyos
gobiernos han sido electos democráticamente, pero que por diversas
razones, enfrentan situaciones que afectan gravemente el goce y disfrute
de los derechos fundamentales consagrados en la Convención Americana o en
la Declaración.
2.
Teniendo en cuenta que el Gobierno de Haití ha invitado a la
Comisión a llevar a cabo una visita in loco[1]
durante 1998, este informe tratará los temas más relevantes sobre
la situación de los derechos humanos, los cuales serán investigados por
la Comisión durante su próxima visita in loco.
Consecuentemente, este informe no contendrá conclusiones ni
recomendaciones, las cuales se incluirán con ocasión del Informe General
sobre la Situación de los Derechos Humanos en Haití, que elaborará con
posterioridad la Comisión.
INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA SITUACIÓN DE HAITÍ DURANTE 1997
3.
En lo que respecta a la situación política en Haití, ésta se
encuentra en una delicada crisis, la cual aunada a otros elementos ha
ocasionado se afecte la plena vigencia de los derechos humanos.
A pesar de los esfuerzos realizados por Haití para reforzar un
gobierno democrático, estos se vieron empañados por un clima de confusión
y disturbios. Las elecciones legislativas parciales del mes de abril fueron
muy cuestionadas. La
presencia en la votación fue muy baja, con graves irregularidades,
incluyendo denuncias de fraude en algunos circuitos electorales.
En consecuencia, no ha sido posible, hasta ahora, organizar una
segunda vuelta de las elecciones parciales.
4.
Por otra parte, la renuncia del Primer Ministro Rosny Smarth, en
junio de 1997, creó una situación de inseguridad e inestabilidad política.
Ante dicha situación, las Naciones Unidas prorrogaron el mandato
de las fuerzas de mantenimiento de la paz hasta el 30 de noviembre de
1997. Asimismo fue renovado
el mandato de la Misión Civil Internacional de Haití OEA/ONU (MICIVIH),
la cual permanecerá en Haití durante el año de 1998.
5.
De acuerdo con la información recibida por la Comisión, existe en
Haití una situación, desde el punto de vista socio económico, sumamente
preocupante, la cual tiene una incidencia cada vez más grave sobre los
derechos económicos de los haitianos.
6.
Las previsiones de un crecimiento económico del 4% para el
Ejercicio Presupuestario 1996-1997 no fueron alcanzadas, y el país conoció
solamente un crecimiento del 1.5%. La
inflación ha generado un encarecimiento de la vida, subiendo
exageradamente los precios de los productos de primera necesidad y la caída
de la moneda nacional "gourde". Lo anterior ha creado una
situación de inseguridad para las clases más desfavorecidas de la
sociedad haitiana, al igual que para la clase media formada por
profesionales liberales.
7.
Estos problemas socio-económicos han contribuido a exacerbar las
desigualdades sociales que se manifiestan en un sentimiento de
insatisfacción casi generalizado, y en una tensión social preocupante.
8.
En lo que respecta a la situación de los derechos humanos, existe
un consenso de que el Gobierno haitiano se ha mostrado respetuoso de los
mismos. Si bien existen
violaciones de derechos humanos, que se derivan en su mayoría de
problemas estructurales heredados del pasado, no se refleja un patrón
sistemático de violaciones proveniente del Gobierno.
9.
El Gobierno ha realizado un esfuerzo para llevar a cabo acciones
tendientes a mejorar diferentes estamentos.
Así por ejemplo, en el campo de la administración de justicia, y
a manera de aliviar el problema de la prolongación de las detenciones
preventivas, el Gobierno respondió con la creación de una Comisión
consultiva para contrarrestar la lentitud de la justicia.
10. Otro
avance importante de parte del Gobierno, fue la creación de la Oficina
del Inspector General, encargada de investigar los abusos de los agentes
policiales. En el mismo contexto de desarrollo positivo, se señalan: la
creación de la Escuela de la Magistratura, la designación de un
Ombudsman, y la Unidad Penal Nacional encargada de ayudar en los juicios
de derechos humanos.
11. Pese
a un innegable empeño del Gobierno por aliviar la situación de los
derechos humanos en Haití, subsiste el problema de la inseguridad
personal. La violencia de la
calle, el fenómeno de los "zenglendos"[2]
y los problemas sobre tierras. Este
último ha llevado a la ocupación ilegal de tierras del dominio privado y
del Estado. En todos estos
casos no ha habido una respuesta clara de parte del Gobierno.
12. La
impunidad con que se realizan estas violaciones, ha llevado a la sociedad
a vivir en un clima de temor y de tendencia a la denominada "justicia
popular" (por propia mano). Esto
ha dado también lugar a la organización de la auto defensa armada, la
cual se manifiesta cada vez más ampliamente.
La Comisión ha prestado especial atención a este tipo de acciones,
por el efecto que genera contra el estado de derecho.
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
13. Un
tema de preocupación para la Comisión, que será examinado durante su
visita in loco, es la situación de la administración de justicia.
En efecto, uno de los problemas identificados en la situación de
los derechos humanos en Haití, es la deficiencia en el funcionamiento del
Poder Judicial.
14. La
Comisión recibió información de que el sistema judicial haitiano, carecía
de personal judicial bien capacitado y dedicado, de la falta de medios
económicos y recursos logísticos.
15. La
Comisión también fue informada, de que en muchas zonas, los Tribunales
de Paz y Ministerios públicos cierran por tiempo indefinido por falta de
personal y de recursos. En
algunas ciudades con gran población, no se cuenta con un tribunal civil
ni con una cárcel. Muchos tribunales no tienen orden en los registros, lo que
impide el estudio de la evolución de los expedientes judiciales.
16. De
acuerdo con información presentada a la Comisión, el 80% de los
detenidos a nivel nacional se encuentran en espera de juicio, en tanto que
en la Cárcel Nacional de Port-au-Prince, esta cifra llega al 94%.
En la prisión Fort National, también de la capital, la MICIVIH
registró en octubre de 1996 la detención de 67 menores, de los cuales sólo
seis cumplían sentencia. En
marzo de 1997, 26 de los 67 habían sido liberados y uno había escapado.
No obstante, de los 26 liberados, sólo cuatro habían cumplido su
condena y, de los 40 que permanecían detenidos, sólo dos estaban
procesados. Un menor había
sido detenido en espera de juicio por más de dos años; otros diez, por más
de un año.
17. En
1997, los detenidos organizaron manifestaciones de protesta contra las
prolongadas detenciones, por lo menos en dos establecimientos.
En enero, los reclusos de Jérémie denunciaron que las promesas de
acelerar la comparecencia ante los tribunales, formuladas por las
autoridades judiciales y carcelarias tras la huelga de hambre de 1996, no
se habían cumplido. En
Mirebalais, una huelga de hambre efectuada en enero concluyó cuando se
permitió a los reclusos hablar con los periodistas; en marzo, organizaron
otra protesta.
18. De
acuerdo con fuentes no gubernamentales, la detención en espera de juicio
se prolonga por razones indebidas tales como: la falta de organización a
nivel del personal administrativo de los tribunales (la greffe); la
designación tardía de las autoridades judiciales y carcelarias; la falta
de seguimiento por los nuevos jueces de los casos pendientes; la pérdida
o el olvido de los expedientes por la carga de trabajo de los jueces; el
traslado de detenidos por razones disciplinarias; y la falta de un
registro adecuado en las prisiones. 19. En noviembre de 1996, el Gobierno respondió al problema de la prolongación de la detención preventiva con la creación de una Comisión Consultiva para ayudar con la lentitud de la Justicia (Commission consultative pour pallier la lenteur de la justice). Dicha Comisión recibió el mandato de examinar la condición jurídica de los detenidos y de presentar sus recomendaciones al Ministro de Justicia. Dada la gravedad de la situación en la Penitenciaría Nacional, la Comisión optó por concentrarse en dicho establecimiento. En su informe, presentado en enero de 1997, dicha Comisión señaló casos de arresto arbitrario, de sentencias desproporcionadas con los delitos y de pérdida de expedientes. El informe incluía recomendaciones a corto y largo plazo para mejorar los sistemas judicial y penitenciario.
20. A
fines de febrero de 1997, el Ministro distribuyó una circular exigiendo que
todos los Comisarios del Gobierno publicaran listas actualizadas de sus
casos y dieran notificación anticipada al Ministerio de Justicia, de la
serie de juicios penales para asignar fondos oportunamente.
En marzo, el Ministro distribuyó otras tres circulares: la primera
se refería a los Comisarios del Gobierno y examinaba las disposiciones jurídicas
de los proyectos de órdenes judiciales; la segunda recordaba a todos los
comisarios, jueces de paz, jueces de instrucción y decanos de su obligación
de visitar los centros de detención bajo su jurisdicción; y, por último,
la tercera, dirigida a los comisarios y decanos, establecía las normas jurídicas
para evitar las detenciones arbitrarias.
21. Sin
embargo, seis meses después de la presentación del informe de la Comisión
Consultiva, sus efectos siguen siendo escasos, como lo indican las estadísticas
recogidas en septiembre por la MICIVIH.
22. Otra
área de preocupación para la Comisión es la situación de los centros
penitenciarios en Haití. En
1995, la creación de la Administración Penitenciaria Nacional (APENA)
contribuyó al mejoramiento de las condiciones de detención. Sin embargo,
cabe señalar que esta institución, semi autónoma y dependiente del
Ministerio de Justicia, en un principio, ha pasado a ser en 1997, una simple
dirección de la Policía Nacional Haitiana, mostrando así un franco
menosprecio de las normas internacionales.
23. El
control de los centros penitenciarios en Haití se encuentra a cargo de la
Policía Nacional, y actualmente no existe ningún programa de entrenamiento
para las personas que trabajan en las cárceles.
24. La
Comisión tiene información de que la situación carcelaria sigue por
debajo de los niveles internacionales debido a problemas tales como la
superpoblación, la escasez de personal, la insuficiencia de las
instalaciones y la falta de atención médica y apoyo logístico.
25. La
Comisión también recibió información, en el sentido de que los
procesados no están separados de los detenidos en prisión preventiva.
Análogamente, debido a la superpoblación, los menores en general no
están separados de los adultos.[3]
26. En
1997 no existían pruebas de un abuso sistemático de los derechos humanos
de los detenidos. Sin embargo, varias denuncias de golpizas en las prisiones de
Fort Liberté, Port-de-Paix, Gonaives, Cap-Haitien llegaron a las
organizaciones no gubernamentales. En la mayoría de los casos se iniciaron
investigaciones.
POLICÍA NACIONAL HAITIANA
27. Otro
tema de gran importancia para la Comisión, que será también examinado
durante su visita in loco, es el papel desempeñado por la nueva
Policía Nacional Haitiana (PNH). Organizaciones
no gubernamentales han reconocido que la Policía Nacional adquirió
confianza y credibilidad en 1997, a la vez que redujo su dependencia de la
policía civil de las Naciones Unidas. La policía tiene ahora una mayor
presencia, está mejor equipada y entrenada[4].
Sin embargo, siguen existiendo problemas de derechos humanos.
28. La
Comisión fue informada que, entre enero y octubre de 1997 agentes de la PNH
dieron muerte a 46 personas y en la mitad de los casos parecía haber graves
violaciones de derechos humanos. Según
las mismas fuentes, el total de muertes desde el inicio del despliegue de la
PNH, en junio de 1995, asciende a 137 aproximadamente.[5]
29. Organismos
no gubernamentales registraron casos de uso excesivo de la fuerza durante
manifestaciones. En mayo, se
alega que un estudiante fue muerto por un disparo efectuado por un agente de
la PNH durante una manifestación en el Lycée Pétion.[6]
En enero, la MICIVIH deploró públicamente el uso de la fuerza por
parte de la Compañía de Intervención y Mantenimiento del Orden al
dispersar una manifestación pacífica de unos 150 miembros de
organizaciones populares.
30. Este
año aumentaron las denuncias de uso de castigos físicos por parte de la
PNH. En la cárcel de
Ouanaminthe, por ejemplo, 20 de 25 detenidos denunciaron haber sido
golpeados estando bajo custodia policial. También se denunciaron casos esporádicos de golpes en
Port-de Paix, Cap Haitien, Saint Marc, Pont Sondé y Gonaives. La Comisión también fue informada de la golpiza propinada a
Chena Pierre Martial, diputado de Trou-du-Nord.
Más tarde, la Oficina del Inspector General despidió a los siete
agentes responsables del hecho.[7]
31. En
1997, la Oficina del Inspector General inició investigaciones policiales
del abuso constante de autoridad. Tres
agentes de la PNH detenidos desde febrero por la ejecución sumaria de Jean
Bernard Charles en Port au Prince fueron puestos en libertad provisional en
septiembre, sin explicación del juez.
Poco después, la Oficina del Inspector General revocó sus
designaciones tras una investigación de los hechos.
En el caso de las cinco personas muertas en Delmas 81 en Puerto Príncipe,
en noviembre de 1996, una investigación interna concluyó que se había
tratado de una ejecución sumaria. Uno
de los presuntos responsables se encuentra detenido, en tanto que otros dos
fueron puestos bajo custodia policial y posteriormente liberados.
32. En
general, el empeño de las autoridades policiales por disciplinar a sus
subordinados es innegable; no obstante, cuando los casos llegan a los
tribunales, las autoridades judiciales casi siempre adoptan una actitud
condescendiente con los miembros de la policía.
En conjunto, la Oficina del Inspector General ha remitido 36 casos de
asesinatos policiales a los tribunales, pero ninguno mereció un
procesamiento cabal. De acuerdo
con ciertas fuentes, a fines de noviembre, 65 agentes de policía se
encontraban detenidos por delitos, en su mayoría de carácter penal.
33. La
MICIVIH señaló que la policía cada vez respeta menos el plazo
constitucional de 48 horas para llevar a los detenidos ante un juez.
En algunos casos, tienen "permisos" autorizados para
ampliar el plazo de 48 horas, lo que constituye una obvia violación de la
Constitución de Haití. Igualmente
se denunció a la Comisión, en enero de 1998, que se utilizan acusaciones
vagas para llenar el requisito de delito flagrante[8].
34. Asimismo,
la ausencia policial en las zonas rurales contribuye a que las funciones
policiales recaigan en los miembros del
Consejo de Administración de la Sección Comunal (CASEC), u otros
agentes del Estado. Según la MICIVIH, en l'Asile, Departamento de la Grand Anse,
miembros de la PNH y de CASEC crearon una red de "delegados"
voluntarios que ejecutan órdenes judiciales "de invitar a comparecer"
o de "llevar a comparecer". En
Anse-a-Veau, los agentes de la policía comunal realizan los arrestos. En
1997, salieron a la luz algunos informes de malos tratos y extorsión que señalan
a miembros de CASEC. En Jérémie,
por ejemplo, un miembro de CASEC fue procesado y condenado in absentia
a 11 meses y al pago de daños por cargos de arresto ilegal y malos tratos.
35. Como
medida para combatir la corrupción e imponer disciplina, el Alto Consejo de
la Policía Nacional adoptó en septiembre pasado una serie de medidas
internas, cuya efectividad será evaluada por la Comisión.
VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL RÉGIMEN DE FACTO
36. Un
tema de particular importancia para la Comisión es la observancia del
derecho a la protección judicial. Poco
se avanzó en 1997 hacia la obtención de justicia para las víctimas de
violaciones de los derechos humanos en la época del Gobierno de facto.
La Unidad Penal Nacional (Unité Pénale Nationale), creada por el
Ministerio de Justicia en noviembre de 1996 para ayudar en los juicios de
derechos humanos, no cuenta con recursos para cumplir debidamente su mandato.
La Unidad de Investigaciones Especiales, un equipo financiado
internacionalmente y encargado de investigar los asesinatos políticos, logró
escasos resultados.
37. Sólo
el International Lawyers Bureau pareció avanzar en la preparación de dos
casos para juicio: la matanza de diciembre de 1993 en Cité Soleil y la
matanza de 1994 de Raboteau. Pese
a ello, los casos no estuvieron listos para los juicios penales del año
pasado. A comienzos de los juicios penales de septiembre en Gonaives, el
fiscal del Gobierno se reunió con organizaciones no gubernamentales para
explicar que el caso de Raboteau requería más tiempo de preparación
debido al gran número de víctimas y testigos.
Hay más de veinte oficiales de las FAd"H detenidos en relación
con el mismo, incluido el conocido capitán Cenafils Castera y Norélus Mondélus.
Se siguen enviando órdenes de detención por la matanza de Raboteau.
En el mes de julio, dos antiguos integrantes de las Fuerzas Armadas
de Haití fueron arrestados en Port-au-Prince por su presunta participación
en la matanza.
38. De
acuerdo con Human Rights Watch, los casos de Cité Soleil y Raboteau se
estancaron debido a la falta de colaboración de las autoridades
estadounidenses. Por un lado, los Estados Unidos se negaron desde 1995 a
devolver a Haití miles de documentos tomados por las fuerzas
estadounidenses de las FAd"H y del grupo paramilitar FRAPH (Front pour
l"Avancement et le Progres d"Haiti).
Por otro, el Departamento de Estado de Estados Unidos se negó el año
pasado a entregar al International Lawyers Bureau material sobre las
investigaciones realizadas por la Embajada Americana en Haití, poco después
de las matanzas de Cité Soleil y Raboteau.
39. En
los juicios penales de Jacmel, dos importantes casos de derechos humanos
fueron llevados a juicio y resultaron en absoluciones.
La absolución de Thélusmé Jean-Gilles, acusado del asesinato en
octubre de 1993 de Marie Déléne Nicolas, una conocida "lavalassienne",
lo que provocó la irritación de la opinión pública.
Las organizaciones no gubernamentales sostienen que el veredicto se
explica por la incompetencia de la fiscalía, que no presentó elementos
esenciales para el caso. Pero
el juicio más cuestionable es el de Baguidy Calixte, antiguo Jefe de Sección
(chef de section) de Léogane, acusado de matar a Pachino Dord, colaborador
del Presidente Aristide, en 1994. Las autoridades judiciales no notificaron
a los familiares de la víctima, abogados y testigos del fiscal de que, pese
al día de duelo nacional por el hundimiento del ferry Fierté Gonavienne,
se llevarían adelante las actuaciones.
Ante su ausencia, el Juez de Instrucción anunció que no había
lugar a las acusaciones del fiscal.
40. Según
información presentada a la Comisión, en Saint Marc, Adrien Saint-Julien,
antiguo comandante de Marchand Dessalines, fue absuelto por los alegados
asesinatos cometidos en 1992 contra Loukens Pierre y Antoine Pauléus.
El juicio estuvo plagado de irregularidades.
La Comisión Justice et Paix de Gonaives señaló que los testigos
fundamentales nunca fueron citados a declarar y que se permitió el diálogo
entre el jurado y el defensor. Se
denunció además la negligencia del fiscal en la preparación del caso, en
base a la información disponible.
41. Como
un avance positivo, la Comisión fue informada que el Senado aprobó, en
julio de 1997, el proyecto sobre la Ley de Reforma Judicial, que permite la
creación de una Comisión Especial de Magistrados con el mandato de
procesar las violaciones de los derechos humanos cometidas durante el período
de facto. El proyecto de
ley especifica que la prescripción no se aplica a los delitos cometidos
durante el régimen de facto.
42. Cabe
mencionar además que el proyecto de Ley de Reforma Judicial, el cual no ha
sido aprobado por la otra cámara, está sujeto a numerosos cuestionamientos
de parte del Colegio de Abogados de Haití, de organismos de defensa de los
derechos humanos y de la opinión pública.
Se reprocha a este proyecto de ley, el no dirigirse a los problemas
fundamentales confrontados por la justicia haitiana, sino solamente a
cuestiones coyunturales, cuya solución no sería de utilidad para la
justicia misma.
43. Las
organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, han señalado que la
negligencia con que se realiza el procesamiento de los delincuentes exacerba
la recurrencia de la justicia popular.
Más de treinta personas, considerados "zenglendos"[9]
o brujos fueron muertos este año por muchedumbre enardecidas.
En un caso, una muchedumbre de Chantal mató a dos sospechosos de ser
"zenglendo" con machetes y palos, y luego quemaron sus cuerpos.
Organismos de derechos humanos informaron que, a mediados de
septiembre, Louinor Jean-Louis y Vesta Jeune fueron muertos a machetazos por
una gran muchedumbre, acusados de haber causado la muerte de un bebé.
Se informó de numerosos linchamientos en la comunidad de Tiburón,
que no cuenta con un puesto policial y donde el tribunal de paz es ineficaz.
En pocos casos la Policía Nacional de Haití efectuó arrestos.
44. Varias
figuras conocidas del régimen de facto serían procesadas este año:
Gros Carlo, "attaché" supuestamente implicado en el
asesinato de Antoine Izméry, arrestado en mayo y ahora bajo custodia en la
cárcel de Pétionville, y Onondie Paul, segundo en la cadena de mando en
Marchand Dessalines.
TRAMITACIÓN DEL INFORME
45. El
proyecto del presente informe sobre la situación general de los derechos
humanos en Haití fue aprobado por la Comisión en su 98º período de
sesiones. El día 13 de marzo
fue transmitido al Estado conforme a lo establecido en el artículo 63 (h)
del Reglamento de la Comisión, a fin de que presentara sus observaciones en
el plazo de un mes.
46. Expirado
el plazo el Estado haitiano se abstuvo de presentar observación alguna.
47. El
13 de abril de 1998, la Comisión aprobó el informe en forma definitiva, así
como su publicación en el capítulo V del presente Informe Anual. [
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*
El Comisionado Jean Joseph Exumé, de nacionalidad haitiana, no
participó en el debate ni en la votación de este informe, conforme al
artículo 19 del Reglamento de la Comisión.
[1]
Mediante comunicación JUR/97-406, del 29 de abril de 1997, el Sr. Fritz
Longchamps, Ministro de Relaciones Exteriores, invitó a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos a llevar a cabo una visita in loco
a Haití para observar la situación de los derechos humanos en el país.
[2]
En su mayoría, se trata de antiguos miembros de las Fuerzas Armadas de
Haití que se han convertido en asaltantes. |