INFORME Nº 21/94

CASO 10.804 (b)

GUATEMALA

22 de septiembre de 1994

         I.         DENUNCIA INICIAL

         1.      Con fecha 22 de marzo de 1991, el Sr. Harris H. Whitbeck Piñol presentó una denuncia contra el Estado de Guatemala, por violación de derechos políticos reconocidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, contra él y 69 candidatos al Parlamento Nacional y Centroamericano, al negárseles la inscripción como candidatos por el rechazo de la planilla presentada por varios partidos postulantes que llevaba como candidato a Presidente al Gral. José Efraín Ríos Montt.  Señalaba además que en el tratamiento de su queja ante las autoridades guatemaltecas se había negado su derecho a la defensa personal en proceso, y a juicio imparcial.

         2.      El reclamante expuso como actos violatorios los siguientes:

         a)      La resolución del Registro General de Ciudadanos del Tribunal Electoral por la que se niega la inscripción de su candidatura a Vicepresidente, como consecuencia del rechazo global de la planilla encabezada como candidato a Presidente por el Sr. Ríos Montt, a quien se consideró inelegible según el artículo 186 de la Constitución  ("Caudillo o jefe de movimientos que alteren el orden constitucional o quienes asuman la Jefatura del Estado como consecuencia de aquellos").[1]

         Alega el Sr. Whitbeck que esa decisión le privó del derecho de participar en la elección como candidato a Vicepresidente y desde luego a ser electo.  Que de igual forma privó a los partidos postulantes de su derecho a participar en las elecciones convocadas, así como a otros 69 candidatos a cargos de elección popular, y al electorado en cuanto a su derecho de elegirlos.

         b)      La resolución del Tribunal Supremo Electoral, por la que se negó a tramitar el recurso de nulidad por él interpuesto en contra de la resolución mencionada en inciso a), y negó el subsecuente recurso de revisión interpuesto.

         La resolución del Tribunal Supremo Electoral basó su negativa en que la Ley Electoral establece que la personería jurídica para discutir actos del proceso electoral[2] recae exclusivamente en los partidos políticos, y que no podía recibir quejas de personas individuales.

         Considera el recurrente que de esa manera se violó su derecho de defensa en juicio, en un caso en que se estaban afectando intereses de una persona que no había sido debidamente citada, oída y vencida en juicio, (artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 12 de la Constitución Política).

         c)      Las sentencias de la Corte de Constitucionalidad de fecha 19 de octubre de 1990, en procesos extraordinarios de amparo 280-90 y 281-90.

         La sentencia de la Corte de Constitucionalidad, que confirma la de la Corte Suprema al respecto, toma la misma posición que el Tribunal Supremo Electoral en el sentido que no son los candidatos en lo personal los que se inscriben como tales, sino que son los partidos políticos los que lo solicitan, por lo que a éstos corresponde el derecho de representar en juicio a sus candidatos, basándose en el artículo 250 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos.  Sostiene el recurrente que la misma y su aplicación violan los artículos 8.1 y 25 de la Convención.

         II.         TRAMITE POSTERIOR ANTE LA COMISION

         3.         Consolidación de la presente denuncia con la del señor Ríos Montt

         La Comisión, teniendo en cuenta que los hechos y personas alegados en esa denuncia y la presentada por el Sr. Ríos Montt eran los mismos, y a fin de evitar pronunciarse prematuramente sobre los méritos de los casos, procedió a consolidar el trámite de la denuncia antedicha con la presentada por el Sr. Ríos Montt, de acuerdo a lo señalado en el artículo 40.2 de su Reglamento, a lo cual tanto los recurrentes de ambas partes como el Estado expresaron su acuerdo.

         Sin embargo en el momento de avocarse a los méritos de las denuncias, consideró que las características de los casos los diferenciaban y a los efectos de las decisiones respectivas, la Comisión ha decidido separarlas y dar el número 10.804 (b) al caso presente referente al Sr. Whitbeck y los restantes candidatos.

         4.         Respuesta del Gobierno

         Con fecha 22 de abril de 1991, responde el Gobierno a las denuncias unificadas, confirmando los datos procesales y electorales que señalaban los recurrentes, e indicando los distintos recursos domésticos por ellos utilizados y señalando al respecto que:

las leyes aplicadas para resolver dichos procesos, así como los razonamientos hechos y conclusiones a que llegaron los mencionados tribunales en sus resoluciones finales, están claramente expresados en las sentencias respectivas.

         Señala igualmente que "...los argumentos que expone el ciudadano Harris Whitbeck ante la Comisión, son los mismos que planteó ante las autoridades guatemaltecas de distinto orden, y que "...el hecho que las resoluciones no le hayan sido favorables, no implica denegación de justicia".  Expresa el Gobierno que en todos estos actos no se produjo violación alguna a los derechos humanos, tanto a los reconocidos universalmente, como por la Constitución y por la Convención Americana.  Solicita finalmente la declaración de inadmisibilidad de la denuncia por ser infundada e improcedente.

         La respuesta del Gobierno fue transmitida a los recurrentes con fecha 21 de mayo de 1991.  Con posterioridad, el peticionante Sr. Whitbeck y sus letrados reiteraron y elaboraron sus argumentos escritos en audiencias realizadas en los sucesivos períodos de sesiones y solicitaron pronta resolución del caso.

         III.         CONSIDERANDO

         En cuanto a la admisibilidad:

         5.      Que la Comisión es competente para examinar la materia del caso por tratarse de violaciones de derechos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículos 2, 8 y 25 sobre Garantías Judiciales, y artículo 23 Derechos Políticos).

         6.      Que la reclamación reúne los requisitos formales de admisibilidad contenidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el Reglamento de la Comisión.

         En cuanto al mérito:

         7.      En primer lugar la Comisión se abocará al tema de la exclusividad de representación que la ley guatemalteca asigna a las organizaciones políticas para presentarse ante los Tribunales Electorales y las Cortes como participantes en los procesos electorales.

         8.      La Comisión ha opinado ya sobre el valor que asigna al papel de los partidos políticos como órganos legítimos para representar en el proceso electoral las individualidades que unifican su personería en esas entidades.  La Comisión sostuvo

en un caso anterior referido al mismo tema que los partidos son institutos necesarios en la democracia[3].  Comparte allí la Comisión la opinión de Linares Quintana que:   

La democracia moderna descansa, puede decirse, sobre los partidos políticos... En oportunidad de cada acto electoral, los partidos seleccionan a los candidatos entre los cuales el elector deberá optar al emitir su sufragio; con lo cual imponen el orden de la opinión pública, ya que si los ciudadanos votasen directamente, sin esta labor previa de las aseguraciones partidarias, sobrevendría el caos y la anarquía en los comicios, los votos se dispersarían desordenadamente y quienes resultasen elegidos carecerían de representatividad por el escaso número de sufragios que obtendrían.

         9.         Recuerda también la CIDH en esa resolución que:

En la generalidad de los países democráticos los candidatos "independientes" sólo pueden presentarse al proceso electoral avalados con ciertos requisitos ...reglamentando el derecho de elegir y ser elegido a través de postulación partidaria o promoción de candidatos por un grupo considerable de electores.[4]

         10.         Considera sin embargo la Comisión que debe quedar siempre abierta la vía administrativo-electoral o judicial para que el partido o los candidatos individuales puedan reclamar de una decisión que afecte a los otros candidatos.

         11.    Dice la Corte Suprema de Justicia que el tratamiento otorgado en este caso por las decisiones de los órganos electorales, "si bien los postulantes (Partidos) y postulados (candidatos) fueron tratados en forma desigual que los demás partidos y candidatos, esto se debió a que también tenían una situación desigual a la de ellos, por una causal de prohibición en su candidato presidencial".  (Expediente CSJ 280-90 página 24).

         12.    El artículo 190 de la Constitución de Guatemala establece que el Vicepresidente será electo en la misma planilla con el Presidente de la República.

LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,

RESUELVE:

         1.      En materia de candidaturas a Presidente y Vicepresidente, tales postulaciones constituyen una unidad indisoluble conocida más comúnmente como "fórmula presidencial".

         2.         Consecuentemente, el rechazo fundado en causa legal de uno de los integrantes de tal fórmula, sólo puede traducirse en la violación de los derechos políticos del otro componente, en la medida que la ley, o la interpretación que de ella hagan los órganos electorales prohíba o impida el reemplazo del candidato excluido.

         3.      La Comisión considera del caso recomendar al Gobierno de Guatemala proceda a perfeccionar su legislación electoral de modo que disponga expresamente que se otorgue la posibilidad de reemplazar candidatos que resulten excluidos, a fin de evitar interpretaciones desafortunadas de su texto actual que comporten violación de los derechos políticos consagrados en la Convención Americana.

         4.         Publicar el presente informe, en virtud de los artículos 48 del Reglamento de la Comisión y 51.3 de la Convención, toda vez que el Gobierno de Guatemala no adoptó las medidas para solucionar la situación denunciada, dentro de los plazos concedidos.