En el curso del presente informe, la Comisión Interamericana tratará nuevamente los diversos factores que vienen afectando negativamente la situación de los derechos humanos en Nicaragua.  Así, se tratará la situación de los desmovilizados (violencia rural y urbana e informes de la Comisión Tripartita), los problemas que confronta el ejercicio del derecho a la justicia, debido proceso, libertad individual y el derecho a la propiedad.  Por último, se analizarán los problemas institucionales relacionados con las Fuerzas Armadas y los Organos de la Seguridad del Estado.

De acuerdo con la información proporcionada por la Comisión Tripartita, sobre un total de 28 casos de homicidio de ex-miembros de la Resistencia Nicaragüense sólo 4 estuvieron debidamente investigados; el resto de casos tuvo una investigación oficial deficiente (tardía, irregular, insuficiente, incompleta, etc.).  Asimismo, del análisis realizado por la Comisión Tripartita se desprende un alto porcentaje de actos de encubrimiento o negligencia de parte de las autoridades encargadas de realizar las investigaciones de dichos crímenes.  Finalmente, los informes indican un alto índice de impunidad, ya que de 28 casos de homicidios de desmovilizados de la ex-Resistencia Nicaragüense, sólo existen dos detenidos.  Este último aspecto fue comentado por la Comisión Tripartita en su primer informe, así:

La impunidad es considerada por la Comisión como uno de los factores negativos más relevantes para una verdadera aplicación de justicia en Nicaragua.  Las recomendaciones de la Comisión Tripartita, en armonía con su mandato, deben ser interpretadas como una señal clara para toda la sociedad nicaragüense, altamente polarizada, de que no es permisible tomar justicia por las propias manos, y que es factible a través del debido recurso a los procedimientos establecidos en la ley, velar por la justicia y por el fortalecimiento de la reconciliación y de la paz.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos desea expresar su preocupación por los resultados de las investigaciones realizadas por la Comisión Tripartita; sin embargo, también debe manifestar su esperanza de que el Gobierno de Nicaragua resuelva satisfactoriamente las recomendaciones emanadas de dicha Comisión.

III. PROBLEMAS INSTITUCIONALES

A. FUERZAS ARMADAS

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha recibido información según la cual el 3 de septiembre de 1993, se produjo una nueva crisis política e institucional cuando la Presidente de Nicaragua, doña Violeta Barrios de Chamorro, anunció en un mensaje a la nación que cesaría el próximo año al Jefe del Ejército, General Humberto Ortega y que efectuaría otros cambios en las Fuerzas Armadas.  Dicho anuncio fue reiterado durante la conmemoración del XIV aniversario del Ejército Popular Sandinista, lo cual generó reacciones irrespetuosas de parte del ex-Presidente Daniel Ortega y su hermano Humberto --Jefe del Ejército Popular Sandinista--, en contra de doña Violeta Barrios de Chamorro.  En efecto, --según las informaciones proporcionadas-- el Gral. Ortega manifestó a la prensa que mientras no se apruebe la nueva Ley de Organización Militar, no se sabrá cuánto tiempo permanecerá al frente del Ejército.  Posteriormente, en compañía de su hermano Daniel, el General mantuvo un fuerte enfrentamiento verbal con la Presidente Chamorro, el mismo que fue presenciado por autoridades nicaragüenses y representantes del cuerpo diplomático.

A raíz de estos hechos, --según las informaciones recibidas-- el Gobierno remitió a la Asamblea Sandinista, máximo órgano del Frente Sandinista, una carta firmada por quince ministros para protestar por la inaceptable falta de respeto de Daniel Ortega a la Presidente de Nicaragua.  Por otro lado, el Consejo Militar del Ejército se reunió con carácter de urgente y, en ausencia del Gral. Ortega, aprobó una declaración rechazando el cese de su actual jefe, y negando cualquier plan de golpe de Estado o insubordinación al poder civil.  Por su parte, el Gobierno de Nicaragua solicitó al Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos una reunión extraordinaria a fin de exponerle la situación imperante y lograr un apoyo para el Gobierno Constitucional de doña Violeta Barrios de Chamorro.

Los hechos expuestos no hacen nada más que confirmar lo señalado en anteriores oportunidades por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en relación a la urgente necesidad de reformar la Ley de Organización Militar del Ejército Popular Sandinista, debido a que la vigencia de dicha ley concentra una serie de atribuciones en la Comandancia General del Ejército, funciones que le corresponden constitucionalmente al Presidente de la República.  De esta forma, no se ha definido claramente el papel del Ejército y su regulación de manera que esa estructura quede supeditada al poder civil.  La Comisión Interamericana de Derechos Humanos analizó dicha situación en su Informe Anual 1990-1991 de la siguiente forma:

....el poder que detentan los organismos de seguridad se origina en las atribuciones que la "Ley de Organización Militar del Ejército Popular Sandinista" le concede a miembros del Frente Sandinista.  La génesis de este instrumento legal es en sí misma original, ya que fue aprobada por el Presidente Ortega el 20 de diciembre de 1989, durante el receso de la Asamblea Legislativa, y publicada en el diario oficial La Gaceta del 23 de febrero de 1990, pero aparece en marzo de ese año.

La mencionada ley, de acuerdo con su articulado, concentra en la institución armada un conjunto de facultades que van en desmedro de las funciones que constitucionalmente corresponden al Presidente de la República.  Así, el Comandante en Jefe del Ejército Popular Sandinista  --que es designado por el Consejo Militar y el cargo corresponde al oficial más antiguo y de más alto rango-- dirige todos los aspectos significativos, incluyendo la designación de los oficiales y los cargos que ellos ocupan, el establecimiento de actividades de producción, abastecimiento y servicios vinculados a las actividades del Ejército, decide sobre el tránsito de tropas extranjeras por el territorio de Nicaragua, etc.  También corresponde al Comandante en Jefe disponer sobre la organización e integración de la unidad militar encargada de garantizar la seguridad del Presidente.

La Comisión Interamericana ha escuchado con preocupación serias alegaciones sobre la manera parcializada con que han venido procediendo las fuerzas de seguridad que, según se afirma, han tendido a convertirse en un Estado dentro del Estado, actuando a consuno con un partido político determinado y en desmedro de la autoridad civil del Gobierno constitucional democráticamente electo.

Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos encuentra pertinente transcribir el considerando de la Resolución AG/RES. 1044 (XX-0/90) de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos en la cual se indica:

Que el régimen de la democracia representativa es fundamental para el establecimiento de una sociedad política donde se puedan realizar plenamente los derechos humanos y que uno de los elementos esenciales de tal régimen es la efectiva subordinación del aparato militar al poder civil.

Se han recibido informaciones, asimismo, de que a raíz de la mencionada crisis institucional, el Gobierno de Nicaragua, la Unión Nacional Opositora (UNO), y el Frente Sandinista intentaron el 6 de septiembre de 1993 iniciar un diálogo con el objeto de lograr un "Acuerdo Nacional"; sin embargo, las negociaciones --que contaron con la participación del Secretario General de la Organización de los Estados Americanos-- fracasaron una semana después.  El principal punto de discordia de las negociaciones fue la exigencia de renuncia planteada por la Unión Nacional Opositora (UNO), de los 10 diputados del grupo de centro, quienes son disidentes de esa coalición y aliados del Poder Ejecutivo y del Frente Sandinista de Liberación Nacional.  Asimismo, la UNO solicitó reformas a la Constitución Política, reestructuración del gabinete ministerial, del tribunal electoral y judicial, así como asignación de funciones al Vicepresidente Virgilio Godoy, actualmente marginado del Gobierno de la Presidente Violeta Chamorro.

B. ORGANOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO

El Poder Ejecutivo, mediante el Decreto Presidencial No. 44-93, creó el 15 de octubre de 1993 la Dirección de Asuntos de Inteligencia.  Dicho organismo estará adscrito a la Presidencia y tendrá como misión fundamental la obtención de información y análisis sobre aspectos como la defensa del orden constitucional, la seguridad de la Nación, el mantenimiento de la paz y estabilidad en el país, tráfico ilegal de estupefacientes, contrabando, defraudación fiscal, subversión y terrorismo, tráfico ilegal de armas, de personas, etc.

Este organismo estará a cargo de un Director General Civil y contará con tres Sub-directores subordinados al mismo, siendo ellos: un Sub-Director por el Ministerio de Gobernación, cargo que ocupará un Delegado del Ministro de Gobernación; un Sub-Director Policial, cargo que ocupará un Segundo Jefe de la Policía Nacional; y un Sub-Director Militar, cargo que ocupará el Jefe Militar de la Dirección de Información para la Defensa (DID), que el Ejército designe.

La Comisión Interamericana ha recibido información según la cual los grupos de derechos humanos han manifestado su descontento por los mencionados cambios, ya que al crearse un nuevo organismo de seguridad del Estado, se ha debido desarticular la Dirección de Información para la Defensa, la cual según se ha señalado, ha estado vinculada a graves violaciones a los derechos humanos.  Se ha manifestado, asimismo, que al crearse una nueva estructura de inteligencia se caería en el riesgo de que quien la dirija carezca de los conocimientos necesarios sobre la materia, recayendo el mando, por lo tanto, en los expertos militares de la Policía y el Ejército que queden en el cargo de Subdirectores.

También durante el período cubierto por el presente Informe Anual, fue ascendido el Coronel Lenín Cerna Juárez a Inspector General del Ejército Popular Sandinista.  En efecto, según las informaciones proporcionadas, Lenín Cerna, ex-Jefe de la Dirección General de la Seguridad del Estado del Gobierno anterior, quien también ocupó similiares funciones en la Dirección de Información para la Defensa (DID) del actual Gobierno, fue ascendido a mediados del mes de octubre de 1993, en medio de severas críticas por parte de sectores defensores de los derechos humanos.  Los organismos de derechos humanos han acusado constantemente a Cerna de torturar a prisioneros políticos, incluso al recién fallecido Arístides Sánchez, antiguo miembro del directorio de la ya desmantelada Resistencia Nicaragüense.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue informada, asimismo, que el nombramiento de Cerna lo coloca como el tercero en importancia en la jefatura del Ejército Popular Sandinista, después del General Humberto Ortega, Jefe de las Fuerzas Armadas, y del Mayor General Joaquín Cuadra, Jefe del Estado Mayor castrense.  Se ha señalado también, que el nuevo cargo es incompatible con el pasado de Cerna, ya que de acuerdo con las nuevas atribuciones que le confiere la ley militar, "supervisará el cumplimiento de las órdenes y orientaciones de la Comandancia General del Ejército Popular Sandinista, las relaciones con la sociedad civil, y las comisiones de derechos humanos".

IV. DERECHO A LA JUSTICIA Y DEBIDO PROCESO

Otro aspecto que preocupa a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es la continua recepción de denuncias sobre la parcialización, politización y falta de celeridad del Poder Judicial, hechos que indudablemente afectan el ejercicio del derecho a la justicia y al debido proceso.  En efecto, los organismos de derechos humanos han señalado que gran cantidad de actos violatorios a los derechos humanos (homicidios, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, amenazas de muerte, y atentados contra activistas de derechos humanos) continúan sin ser esclarecidos y, por lo tanto, los responsables sin ser sancionados.  Se ha señalado que dicho fenómeno se produce, entre otras razones, porque los funcionarios a cargo de la investigación y/o administración de justicia dictaminan, a priori, la imposibilidad de iniciar un proceso de investigación.  Se ha afirmado, asimismo, que ello es el reflejo de la inexistencia de una carrera judicial y de las reformas aún no realizadas en el Poder Judicial.

Una evidencia de lo anteriormente señalado es la falta de esclarecimiento y sanción de graves crímenes cometidos durante el actual Gobierno.  Así, durante el período cubierto por el presente Informe Anual han continuado sin resolverse los asesinatos del joven Jean Paul Genie Lacayo (28.10.90), del ex-Jefe de la Resistencia Nicaragüense, Coronel Enrique Bermúdez (16.2.91) y del ex Presidente de la Asociación Nacional de Confiscados, Arges Sequeiras (23.11.92).

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos considera pertinente indicar al respecto que la Convención Americana es muy clara al establecer la obligación de los Estados partes de garantizar el libre y pleno goce de los derechos reconocidos en dicho instrumento internacional.  Asimismo, la Corte Interamericana, en sentencia de 29 de julio de 1988, en el caso Velásquez Rodríguez, ha señalado lo siguiente:

El Estado está, por otra parte, obligado a investigar toda situación en la que se hayan violado los derechos humanos protegidos por la Convención.  Si el aparato del Estado actúa de modo que tal violación quede impune y no se restablezca, en cuanto sea posible, a la víctima en la plenitud de sus derechos, puede afirmarse que ha incumplido el deber de garantizar su libre y pleno ejercicio a las personas sujetas a su jurisdicción.

La de investigar es, como la de prevenir, una obligación de medio o comportamiento que no es incumplida por el solo hecho de que la investigación no produzca un resultado satisfactorio.  Sin embargo, debe emprenderse con seriedad, y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa.  Debe tener un sentido y ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad.  (Corte Interamericana, sentencia de 29 de julio de 1988, Velásquez Rodríguez, pág. 72, 73, párrafos 176 y 177).

Dentro de ese contexto, los grupos de derechos humanos han manifestado su preocupación sobre los numerosos casos de graves violaciones al derecho a la vida e integridad personal y el peligro que significaría que quedaran sin ser esclarecidos, ya que se estaría generando un sistema de acción destinado a promover la impunidad y se estaría atentando, de esta forma, contra el objeto y fin de la Convención Americana sobre Derechos Humanos la que, además, forma parte del orden jurídico interno de Nicaragua.  En ese sentido, la Comisión Interamericana fue informada de que tanto las instituciones encargadas de velar por los derechos humanos como la Iglesia Católica, el Colegio de Abogados, y un gran sector político y nacional, se manifestaron en contra de una amnistía recientemente aprobada por el Congreso de la República, mediante la cual se beneficiará a todas las personas que hubiesen cometido delitos políticos y comunes conexos con los políticos hasta el 28 de agosto de 1993.

En efecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha recibido información según la cual la Asamblea Nacional aprobó el 17 de agosto de 1993 dicha ley de amnistía, con el respaldo solamente de 45 diputados sandinistas y del grupo de "centro", de los 92 que conforman la totalidad del Congreso de la República.  Según trascendió, en los momentos previos a la votación, la bancada de la Unión Nacional Opositora (UNO) se retiró del hemiciclo, reiterando su rechazo a la amnistía y su desconocimiento a la Junta Directiva, electa poco después de la toma policial del Parlamento en diciembre de 1992.  Finalmente, la mencionada ley fue promulgada por el Poder Ejecutivo el 9 de septiembre de 1993.

Asimismo, --siempre según las informaciones proporcionadas--,  el anteproyecto de dicha ley cubría inicialmente los delitos cometidos hasta el 12 de julio; sin embargo, se amplió esa fecha dos veces consecutivas para beneficiar a los grupos rearmados que tomaron la ciudad de Estelí y para beneficiar, finalmente, a los otros grupos irregulares que perpetraron los secuestros en el Municipio de Quilalí y en la sede de la Unión Nacional Opositora (UNO), en Managua.

Cabe señalar que desde el 25 de abril de 1990, fecha en que el Gobierno de doña Violeta Barrios de Chamorro asumió el poder, se han promulgado tres leyes de amnistía.  La primera ley fue publicada el 10 de mayo de 1990, y concedió una amnistía total a todos los nicaragüenses que hubiesen cometido delitos políticos o comunes conexos con los políticos hasta la fecha de publicación.  La segunda ley, en el mismo sentido, extendió el plazo hasta el 22 de diciembre de 1991, y la actual, la extiende hasta el 28 de agosto de 1993.

En ese sentido, la última ley de amnistía benefició al ex-Coronel retirado del Ejército Popular Sandinista, jefe de las "Fuerzas Punitivas de Izquierda" y responsable del asesinato del entonces Presidente de la Asociación Nacional de Confiscados, Arges Sequeiras.  En efecto, según las informaciones proporcionadas, Frank Ibarra Silva, Diego Javier Espinoza Herrera y Germán Lacayo Guerrero, responsables del mencionado crimen, se ampararon en la última amnistía decretada por el Gobierno y entregaron sus armas a la Brigada Especial de Desarme (BED), el 22 de septiembre de 1993, en la localidad de El Dorado, Departamento de Jinotega.  Posteriormente, el Juzgado Segundo del Distrito del Crimen que estaba ventilando la causa dictó sentencia el 24 de noviembre de 1993, condenando a 20 años de prisión a Frank Ibarra Silva por ser el autor del delito de homicidio en perjuicio del Dr. Arges Sequeiras; sin embargo, en la misma sentencia sobreseyó la causa en forma definitiva, al aplicar la última ley de amnistía decretada por el Poder Ejecutivo.  El Procurador General de Justicia, Dr. Denis Rueda Mendoza, interpuso recurso de apelación en contra de dicha sentencia.  La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene un caso en trámite al respecto, y adoptará una decisión oportunamente.

También durante el período cubierto por el presente Informe Anual, la Comisión Interamericana recibió informaciones de que a principios del mes de noviembre de 1993, dos altos oficiales de la Brigada Especial de Desarme (BED) cometieron serias irregularidades en la ciudad de Estelí al incluir en una lista de amnistiados a 72 reos comunes, a fin de obligar a un Juez Civil de dicha ciudad a liberarlos.  En efecto, según las informaciones proporcionadas, el Teniente Coronel Ramón Ernesto Sosa y el Mayor Marcos Arévalo, miembros de la Brigada Especial de Desarme (BED), exigieron al Juez Civil de Estelí, Alfredo Mairena, la liberación de los reos, entre los que figuran varios encausados que no cumplían los requisitos de la última Ley de Amnistía.  Se ha señalado, asimismo, que el mencionado Juez se opuso inicialmente a liberar a los procesados; sin embargo, un grupo de familiares junto a hombres armados ejercieron presión sobre dicho Juez, quien, finalmente, accedió a liberarlos.

Las informaciones recibidas también indicaron que un Magistrado de la Corte Suprema de Justicia aprobó la liberación de los reos y exigió al mencionado Juez el cumplimiento de las órdenes emanadas de los miembros de las Brigadas Especiales de Desarme.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos considera necesario reiterar lo señalado en anteriores oportunidades con respecto a la cuestión de las amnistías:

Considera la Comisión, que sólo los órganos democráticos apropiados --usualmente el Parlamento-- tras un debate con la participación de todos los sectores representativos, son los únicos llamados a determinar la procedencia de una amnistía o la extensión de ésta, sin que, por otra parte, puedan tener validez jurídica las amnistías decretadas previamente por los propios responsables de las violaciones.

Independientemente del problema de las eventuales responsabilidades --las que, en todo caso, deberán ser siempre individuales y establecidas después de un debido proceso por un tribunal preexistente que utilice para la sanción la ley existente al momento de la comisión del delito-- uno de los pocos asuntos que la Comisión no desea inhibirse de opinar en esta materia, es el de la necesidad de esclarecer las violaciones a los derechos humanos perpetradas con anterioridad al establecimiento del régimen democrático.

Toda la sociedad tiene el irrenunciable derecho de conocer la verdad de lo ocurrido, así como las razones y circunstancias en las que aberrantes delitos llegaron a cometerse, a fin de evitar que esos hechos vuelvan a ocurrir en el futuro.  A la vez, nada puede impedir a los familiares de las víctimas conocer lo que aconteció con sus seres más cercanos.  Tal acceso a la verdad supone no coartar la libertad de expresión, la que --claro está-- deberá ejercerse responsablemente; la formación de comisiones investigadoras cuya integración y competencia habrán de ser determinadas conforme al correspondiente derecho interno de cada país, o el otorgamiento de los medios necesarios para que sea el propio Poder Judicial el que pueda emprender las investigaciones que sean necesarias.

La Comisión considera que la observancia de principios como los indicados permitirá que sean las consideraciones de justicia, y no las de venganza, las que primen y de ese modo no llegue a arriesgarse ni la urgente necesidad de reconciliación nacional ni la consolidación del régimen democrático.[3]

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos desea poner de manifiesto, asimismo, que los acuerdos de carácter político celebrados entre las partes no pueden eximir de ningún modo al Estado de las obligaciones y responsabilidades que ha contraído con la ratificación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de otros instrumentos internacionales sobre la materia, aplicables al caso.

Dentro de ese contexto, debe tenerse presente que el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados prohibe que un Estado invoque la ley interna para no cumplir con las obligaciones impuestas por un tratado internacional.  Así, Nicaragua como Estado parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tiene "el deber jurídico de (...) investigar seriamente, con los medios a su alcance, las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los responsables, de imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada reparación".[4]

También durante el período cubierto por el presente Informe Anual, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha continuado recibiendo informaciones sobre otro de los problemas que confronta la administración de justicia en Nicaragua y que se relaciona con la falta de celeridad del Poder Judicial en la sustanciación de causas sobre violaciones a los derechos humanos.  La Comisión Interamericana de Derechos Humanos debe señalar al respecto que ha venido analizando en términos generales los serios obstáculos que el Poder Judicial, como institución, o los jueces mismos, están encontrando para ejercer una autónoma y eficiente administración de justicia en el hemisferio.

Estos obstáculos, en general, obedecen a diversos factores, "algunos de orden normativo, como la disminución o suspensión de las garantías constitucionales para una correcta administración de justicia o a la ausencia de normas que aseguren una verdadera autonomía jurídica, administrativa y económica al Poder Judicial; en otros casos se trata de la falta de apoyo del poder político o policial para que sus decisiones puedan ejecutarse o en la carencia de medidas de protección a los jueces contra actos de venganza o represión profesional por razón del ejercicio de sus funciones.  Todos esos factores, en conjunto, sumados a las demoras de los procesos debido a una anquilosada legislación y a la falta de esclarecimiento de muchos crímenes, han llevado en no pocos países a una disminución en la credibilidad en la justicia e incluso en el derecho mismo, lo cual, lamentablemente, también está afectando a la confianza en el régimen democrático mismo".[5]

La Comisión Interamericana agregó que "más allá de la necesidad de la vigencia plena del Estado de Derecho, que resguarda adecuadamente el principio de la separación de poderes, (...) la autonomía, independencia e integridad de los miembros del Poder Judicial apela a la adopción de medidas que aseguren el acceso irrestricto a la jurisdicción, la sustanciación de las causas conforme al debido proceso legal, y su conclusión en un plazo razonable mediante sentencias exhaustivas".[6]

En ese orden de ideas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estima oportuno reiterar algunas de los recomendaciones que formuló en un estudio sobre las medidas necesarias para hacer más efectiva la autonomía, independencia e integridad de los miembros del Poder Judicial.  Dicho estudio fue realizado a raíz de una recomendación formulada por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos.  Las recomendaciones se refieren esencialmente a las garantías que deben caracterizar a la administración de justicia, y cuya implementación y adecuación a las circunstancias particulares de cada Estado corresponde a sus autoridades:[7]

- garantizar la no intervención de los poderes ejecutivo y legislativo en los asuntos propios del Poder Judicial;

- dotar al Poder Judicial del apoyo político y de los medios necesarios para que cumpla su función de garante de los derechos humanos a plenitud;

- asegurar la exclusividad del ejercicio de la jurisdicción por parte de los miembros del Poder Judicial, derogando las jurisdicciones especiales;

- garantizar la inamovilidad de los jueces en tanto dure su buena conducta y la constitución de jurados de enjuiciamiento a los magistrados respecto de los cuales existan acusaciones de mal desempeño de sus funciones;

- mantener la vigencia del Estado de Derecho, y declarar estados de emergencia solamente cuando ello sea absolutamente necesario, en los términos de los artículos 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, estructurando adecuadamente dicho régimen, de modo que no afecte la independencia de los distintos órganos del poder;

- consagrar el acceso irrestricto a la jurisdicción e incorporar, cuando ello sea necesario, a la víctima en calidad de legitimada para el ejercicio de la acción punitiva;

- asegurar la efectividad de las garantías judiciales indispensables para la protección de los derechos humanos, removiendo los obstáculos que se oponen a su trámite rápido y adecuado;

- garantizar el debido proceso legal --acusación, defensa, prueba y sentencia-- mediante la sustanciación pública de los procesos;

- devolver a los jueces el derecho de disposición y control sobre las personas privadas de libertad;

- garantizar el conocimiento inmediato por los jueces de todos los hechos y situaciones en los que se restrinjan o suspendan los derechos humanos, con independencia de la condición jurídica de los imputados;

- remover los obstáculos procesales que dilatan el procedimiento, de manera que los juicios se sustancien en un plazo razonable y se concluyan mediante sentencias exhaustivas;

- garantizar la sustanciación independiente de las causas penales y de las civiles o contencioso-administrativas por indemnización de daños y perjuicios.

continua...

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