COMUNICADO DE PRENSA
La
Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha seguido con preocupación
la serie de graves actos terroristas que vienen ocurriendo nuevamente en
la República de Colombia, en diversos lugares de su territorio nacional,
los que además de mantener en zozobra de constante riesgo a toda su
población, afectan también directamente al derecho a la vida, a la
seguridad e integridad personal de sus habitantes.
A estos hechos, producto de la agresión del crimen organizado, se
suman también los de la violencia política, todo lo cual convierte a la
población colombiana en víctima de una de las más injustas y crueles
agresiones. Sobre este
particular, la Comisión ratifica sus conceptos en el sentido de que
ninguna persona, grupo o Estado puede actuar de manera que lleve a
lesionar los derechos reconocidos en la Declaración Americana de Derechos
y Deberes del Hombre y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
El día de ayer fueron colocados en zonas céntricas de la ciudad
de Santafé de Bogotá, precisamente a la hora de mayor actividad y
circulación de público, dos coches-bomba cargados aproximadamente con 50
kilos de explosivos cada uno, los que al ser activados y explotar causaron
como consecuencia, como era el propósito de sus autores, además de
enormes perjuicios materiales, también daños irreparables a los cientos
de indefensas personas que transitaban, habitaban o trabajaban en el área
donde tuvieron lugar las explosiones.
Este hecho, enluta otra vez a la sociedad colombiana y en
particular a los familiares de las víctimas, pero además, deja
nuevamente un doloroso saldo de personas heridas, mutiladas o
permanentemente incapacitadas. Además, por la proximidad a uno de los
locales de la administración de justicia, es evidente también su propósito
amedrentador en contra de esta institución y de sus miembros.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condena enérgicamente
éste y todos los demás hechos criminales que sumen en el dolor a los
colombianos y causan justificada indignación y protesta en la población
de dicho país y en la comunidad internacional, y considera que hechos
como éstos, que provienen de personas o de grupos armados irregulares al
servicio de los carteles de la droga, no deben quedar impunes. Asimismo
condena los hechos contra las
instituciones públicas tutelares de la justicia colombiana.
Además de condenar enérgicamente los hechos mencionados, la
Comisión exhorta al Gobierno de Colombia a brindar a la población de su
país las máximas seguridades y protección a la que tienen derecho y a
perseguir y sancionar, con todo el rigor de la ley, a los autores de los
mismos. Washington, 17 de febrero de 1993
COMUNICADO
DE PRENSA
En
el día de hoy fue elegida la nueva Mesa Directiva de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos. Fueron
electos como Presidente el Dr. Oscar Luján Fappiano, Primer
Vicepresidente el Profesor Michael Reisman y Segundo Vicepresidente el
Embajador Alvaro Tirado Mejía.
El Dr. Oscar Luján Fappiano, de nacionalidad argentina, es un
distinguido jurista, profesor universitario y ha tenido un ejercicio
activo en su profesión en los foros de la Capital Federal, Provincias de
Buenos Aires y Formosa. Ha
participado en diversos congresos y jornadas sobre derecho procesal en la
República Argentina y ha conformado diversas comisiones redactoras de
varias leyes sobre el menor, procedimiento laboral y sobre funcionarios y
magistrados judiciales. Se ha
desempeñado como consultor sobre varios proyectos de reformas legales.
El Dr. Luján Fappiano es asimismo autor de varios trabajos y artículos
sobre diversos temas relacionados con las leyes nacionales de su país, así
como con la cooperación internacional.
El Prof. Michael Reisman, de nacionalidad estadounidense, es un
destacado jurista en derecho internacional y ha participado en diversas
misiones, entre ellas miembro del Consejo de Derechos Humanos, Peshawar,
Pakistán, en 1987 y miembro del Equipo Observador de la OEA para las
elecciones de Suriname también en 1987.
El Profesor Reisman posee una amplia experiencia profesional y se
ha desempeñado como consultor. Ha
escrito varios libros, análisis y estudios sobre la problemática de
derechos humanos a nivel internacional.
El Prof. Reisman es miembro de la CIDH desde 1990.
Actualmente se desempeña como profesor de la Facultad de Derecho
de la Universidad de Yale.
El Embajador Alvaro Tirado Mejía, jurista de nacionalidad
colombiana, obtuvo un doctorado en historia en la Universidad de París en
1975. Ha sido miembro del
Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Colombia,
Presidente del Centro de Estudios de la Realidad Colombiana (CEREC),
Consejero Presidencial para la Defensa, Protección y Promoción de los
Derechos Humanos en Colombia (1987-1989), y ha sido delegado de Colombia a
diversos eventos internacionales organizados por las Naciones Unidas y
otros organismos. Periodista,
Profesor Universitario, ha colaborado en diversos periódicos y revistas
de Colombia y ha dictado conferencias en varias universidades de Europa y
de los Estados Unidos. Es
autor de varios libros y publicaciones, tales como "La Reforma
Constitucional de 1936" e "Introducción a la Historia Económica
de Colombia". Washington, D.C., 1º de marzo de 1993
COMUNICADO
DE PRENSA
La
Comisión Interamericana de Derechos Humanos ve con profunda preocupación
las sistemáticas violaciones a los derechos humanos, de la cuales continúan
siendo víctimas los ciudadanos haitianos y en particular expresa su enérgica
condena por los recientes hechos ocurridos frente a la Catedral de Puerto
Príncipe, el 25 de febrero de 1993.
La Comisión fue informada sobre las detenciones ilegales y los
malos tratos infligidos a las personas que participaban en la misa
celebrada, el 25 de febrero, en memoria de las víctimas del naufragio del
barco Neptuno. Según las denuncias, Monseñor Willy Romélus, Obispo de
Jeremie, fue golpeado y su sotana rasgada, por hombres armados al salir de
la Catedral. Entre los
detenidos se pudo identificar los nombres de Edride Jean, Julienne
Charles, miembros de las comunidades eclesiásticas de base (TKL) y
Pharnes Jan, quien fuera severamente golpeado y después conducido al
Centro Penitenciario Nacional. De
acuerdo con la información obtenida, como consecuencia de los golpes
recibidos, la salud del Sr. Pharnes Jan ameritaría urgente atención médica.
La señora Arlette Josué, periodista de "Signal FM" y de la Voz
de América fue también detenida junto con un seminarista, al salir de la
Catedral, y maltratada durante el interrogatorio en el Servicio de
Investigación Anti-Gang.
Igualmente, la Comisión ha tenido conocimiento de la represión
ejercida por los militares en Jeremie en los primeros días del mes de
marzo. Numerosos jóvenes
fueron detenidos y golpeados por los militares, según fuentes fidedignas,
sólo algunos fueron liberados. El
Sr. Patrick Bourdeau sufrió graves torturas durante su detención, al
grado de no poder caminar. Los detenidos se encuentran todavía en prisión,
contraviniendo así el plazo legal de 48 horas que marca la Constitución
haitiana con respecto a la detención preventiva.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos requiere a las
autoridades de facto la inmediata liberación de las personas que
se encuentran ilegalmente detenidas y respeten su integridad física.
Asimismo, reclama una vez más a las Fuerzas Armadas, de
conformidad con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cesen las
sistemáticas violaciones a los derechos humanos en contra de la población
haitiana y se respeten las garantías individuales contenidas en ese
acuerdo internacional, de la cual Haití es Estado Parte.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos continúa
firmemente decidida a trasladarse a Haití a fin de investigar sobre el
terreno las graves violaciones denunciadas. Washington, D.C., 5 de marzo de 1993
COMUNICADO
DE PRENSA
La
Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene la satisfacción de
informar que ha culminado exitosamente el procedimiento de solución
amistosa previsto por la Convención Americana sobre Derechos Humanos en
relación con los casos Nos. 10.288, 10.310, 10.436, 10.496, 10.631 y
10.771, cuyo trámite se realizó a partir de denuncias de graves
violaciones de derechos humanos que afectaron a las víctimas respectivas
y cuya responsabilidad fuera asignada al régimen militar que gobernó la
República Argentina entre 1976 y 1983. Las violaciones consistieron en la detención arbitraria de
personas bajo el decreto ley conocido como el Poder Ejecutivo Nacional
(PEN) que permitía los arrestos de personas por períodos indefinidos sin
ser procesadas.
La propuesta para que la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos actuara como órgano de solución amistosa fue realizada por los
reclamantes y aceptada por el Gobierno de la República Argentina.
En el curso del año 1990, el Gobierno adoptó diversas medidas
previstas en el ordenamiento constitucional argentino con miras a lograr
la adecuada compensación de las víctimas o sus familiares por los daños
derivados de las violaciones de sus derechos humanos que habían sufrido.
En el curso de 1991 y 1992, la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos y las partes realizaron un seguimiento respecto de las formas en
que se iban poniendo en práctica los compromisos asumidos.
Habiendo manifestado los peticionarios su conformidad con las
compensaciones recibidas por parte del Gobierno argentino y la solicitud
de ambas partes para que se considere culminado el procedimiento de solución
amistosa y se cierren los casos respectivos, la Comisión ha elaborado el
Informe de conformidad con el procedimiento previsto en la Convención
Americana sobre Derechos Humanos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos desea dejar expresa
constancia de su reconocimiento a la valiosa contribución realizada por
los peticionarios en estos casos y a la constructiva actitud del Gobierno
de la República Argentina que permitió emplear de manera creativa las
normas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos a fin de
responder al espíritu del sistema americano de protección y promoción
de los derechos humanos. Gracias
a esta actitud del Gobierno argentino ha sido posible compensar a quienes
habían sufrido situaciones de injusticia, o a sus familiares, y responder
a un deber moral ineludible. La
Comisión debe señalar, asimismo, que es esta la primera vez que culmina
exitosamente un procedimiento de solución amistosa y espera que este
antecedente sirva de estímulo para que tal procedimiento sea empleado con
más frecuencia, en beneficio de la plena vigencia de los derechos humanos
en el hemisferio. Washington, D.C., 10 de marzo de 1993
COMUNICADO DE PRENSA
El
12 de marzo de 1993 concluyó el 83º período de sesiones de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, en el que se eligió su nueva mesa
directiva, integrada por los siguientes miembros: doctor Oscar Luján
Fappiano, Presidente; Profesor Michael Reisman, Primer Vicepresidente, y
doctor Alvaro Tirado Mejía, Segundo Vicepresidente.
Forman asimismo parte de la Comisión el señor Oliver Jackman y
los doctores Marco Tulio Bruni Celli, Leo Valladares Lanza y Patrick
Robinson.
La Comisión consideró y aprobó el Informe Anual que será
presentado a la Asamblea General en su vigésimo tercer período ordinario
de sesiones.
En cumplimiento de recomendaciones de la Asamblea General, la
Comisión continuó con el análisis sobre la observancia de los derechos
económicos, sociales y culturales, y los derechos del menor en el
hemisferio. Dentro de este
contexto la CIDH inició, además, el estudio sobre los derechos de la
mujer, y de otros grupos en situación especial.
La Comisión aprobó un Informe Especial sobre la situación de los
derechos humanos en Haití en el cual señala que durante el último año
ha aumentado en forma considerable la violación de derechos humanos en
ese país. El Informe
menciona numerosas violaciones cometidas por las Fuerzas Armadas, tales
como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones de personas, detenciones
arbitrarias, malos tratos y torturas. El Informe señala asimismo que existen severas restricciones
a la libertad de expresión y de reunión.
Se emitió una Declaración sobre la situación de los refugiados
haitianos, mediante la cual se formula un llamado a los gobiernos de los
Estados miembros para que, en cumplimiento de las obligaciones
establecidas en la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del
Hombre o en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, según el
caso, así como en el Estatuto sobre refugiados y en los principios y
normas del derecho internacional humanitario, tomen las medidas de
emergencia que sean necesarias para evitar los peligros y el sufrimiento
de los haitianos que se ven obligados a huir de Haití ante la represión
y persecución de que son víctimas por parte de los agentes del Gobierno de
facto y que posteriormente han sido o están siendo repatriados.
Durante el curso de sus deliberaciones la Comisión recibió en
audiencia al Excelentísimo señor Presidente Constitucional de Haití,
Jean-Bertrand Aristide, quien se refirió a la violación de los derechos
humanos en que incurren los militares que usurpan ilegítimamente el poder
en su país. El Presidente
Aristide consideró que era necesaria la presencia de la CIDH en Haití y
solicitó a la Comisión que efectúe las gestiones pertinentes a
fin de obtener el apoyo de los Estados miembros para obligar al régimen
militar haitiano a que acepte la presencia de la Comisión en su país.
La Comisión recibió asimismo al Licenciado Dante Caputo, Enviado
Especial del Secretario General de las Naciones Unidas y del Secretario
General de la OEA para Haití quien se refirió, en forma pormenorizada, a
la situación haitiana.
Con relación al Perú se acordó publicar el Informe Especial
titulado "Situación de los Derechos Humanos en Perú:
Resumen a partir del 5 de abril de 1992", aprobado en su
82º período ordinario de sesiones y remitido al Gobierno del Perú en
noviembre de ese mismo año a
fin de que pudiese formular las observaciones que estime necesarias.
En vista que con posterioridad a la remisión del referido Informe
provisional han ocurrido nuevos hechos que la Comisión consideró
importantes, se acordó incluir una breve reseña al respecto en el Capítulo
IV del Informe Anual. La
Comisión acordó, asimismo, publicar el informe correspondiente al caso
Cayara cuya presentación a la Corte Interamericana de Derechos Humanos
fue declarada extemporánea por ese órgano jurisdiccional.
La Comisión recibió una invitación del Gobierno del Perú para
que se realice una visita a ese país la que en principio fue aceptada.
La Comisión oportunamente fijará la fecha y aprobará el programa
que cumplirá durante la visita.
La
Comisión consideró y aprobó un Informe Especial sobre la situación de
los derechos humanos en Guatemala. Este
Informe se remitirá al Gobierno de ese país.
La Comisión realizará una visita in loco a Guatemala con
el objeto de conocer la situación de las comunidades de poblaciones en
resistencia.
La Comisión aprobó el Informe Especial sobre la visita que
realizara a Colombia en mayo de 1992, el cual será transmitido en su
oportunidad al Gobierno de ese país.
La Comisión acordó, de acuerdo con la invitación que formuló el
Gobierno de El Salvador, realizar próximamente una visita in loco a ese
país.
La CIDH seguirá observando con atención la evolución de los
acontecimientos en El Salvador y confía en que las partes darán estricto
cumplimiento a lo que disponga el Informe de la Comisión de la Verdad,
que será dado a conocer el día 15 del corriente mes, así como a las
obligaciones que establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos
y los demás acuerdos que aún no se hubieren cumplido.
La Comisión se permite reiterar que los acuerdos de carácter político
celebrados entre las partes, no eximen, de ningún modo al Estado de las
obligaciones y responsabilidades que éste ha asumido en virtud de la
ratificación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y de
otros instrumentos internacionales sobre la materia.
Asimismo, la Presidencia de la Comisión recibió y aceptó una
invitación del Gobierno del Brasil para realizar una visita a ese país.
Durante este período de sesiones la Comisión recibió en
audiencia a representantes de gobiernos y de organizaciones no
gubernamentales interesadas en el tema de los derechos humanos.
Se escucharon testimonios tanto con relación a la situación
general de los derechos fundamentales en diferentes Estados, y con
referencia a casos individuales actualmente en trámite en la Comisión.
La Comisión recibió en audiencia al Vice-Ministro de Relaciones
Exteriores de Nicaragua, doctor Bernard Pallais, y al
Representante Permanente de ese Estado miembro, Embajador José
Antonio Tijerino. La CIDH tomó
nota de los avances registrados en materia de promoción y protección de
los derechos humanos en Nicaragua. Se
expresó, sin embargo, la preocupación de la CIDH por el deterioro de la
situación política y por la agudización de ciertas situaciones de
violencia en Nicaragua. La
Comisión consideró que la falta de esclarecimiento y sanción de graves
violaciones a los derechos humanos, así como la profundización de una
seria crisis institucional, contribuyen a ese deterioro.
Durante este período de sesiones la Comisión analizó con gran
preocupación la situación negativa de los derechos humanos que se
registra en Cuba, debido principalmente a las numerosas restricciones a
que son sometidas las personas que, de alguna manera, discrepan del régimen
político imperante en ese país. La
Comisió_ consideró que es urgente iniciar cambios muy profundos en Cuba
que permitan, en forma progresiva, la instauración de una auténtica
democracia representativa que no existe en la actualidad. Una vez más la
CIDH hace un llamado al Gobierno cubano a fin de que permita una auténtica
libertad de expresión y el pleno restablecimiento del estado de derecho.
La CIDH expresó su reconocimiento y satisfacción por el acuerdo
de solución amistosa concluído entre el Gobierno argentino y los
peticionarios de trece casos con relación a personas que habían sido
detenidas y puestas a disposición del Poder Ejecutivo durante el régimen
militar que, en 1976, derrocó al Gobierno Constitucional.
Mediante ese acuerdo el Gobierno argentino compensó
pecuniariamente a los peticionarios a entera satisfacción de éstos.
Cabe destacar, una vez más, que este es el primer acuerdo de
solución amistosa que se celebra desde que se estableció la Comisión en
1959.
La Comisión se dirigió al Gobierno argentino solicitándole
medidas cautelares con relación a menores nacidos en cautiverio durante
la última dictadura militar.
La Comisión aprobó un informe en el cual hace un llamado al
Gobierno de los Estados Unidos a fin de que reexamine, como cuestión
urgente, la práctica de interceptar en alta mar embarcaciones de
ciudadanos haitianos con destino a los Estados Unidos, quienes son
llevados de regreso a Haití sin tener oportunidad de demostrar si
califican como refugiados de acuerdo con el Protocolo sobre el Estatuto de
los Refugiados, o como asilados de conformidad con la Declaración
Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre.
La Comisión solicitó asimismo al Gobierno de los Estados Unidos
que no proceda a repatriar a los ciudadanos haitianos que ya se encuentran
en territorio estadounidense sin una determinación previa acerca de si
califican o no como refugiados de conformidad con el instrumento antes
mencionado.
La Comisión continuó la consideración
de algunos de los aspectos que se incluirían en el proyecto de
instrumento jurídico interamericano sobre los derechos de las poblaciones
indígenas. Con
referencia a este asunto se aprobó un documento que contiene un resumen
de los comentarios presentados por once Estados miembros y por varias
organizaciones intergubernamentales e indígenas, según el cuestionario
que elaboró la Comisión. La
CIDH ha iniciado la preparación del primer borrador sobre los derechos de
las poblaciones indígenas.
Finalmente la Comisión decidió celebrar su próximo período
ordinario de sesiones en octubre del corriente año. Washington, D.C. 12 de marzo de 1993 |