COMUNICADO DE PRENSA

 

 

Nº 8/92

 

            La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha tomado conocimiento con profunda consternación sobre el atentado ejecutado en el distrito de Miraflores, Lima, Perú, el 16 de julio pasado que ha dejado como saldo más de veinte muertos, muy numerosos heridos y cuantiosos daños materiales.  Según la información recibida por la Comisión, tal atentado habría sido acompañado de otros atentados en diversos sectores de las ciudades de Lima y Callao y también se habría ejecutado junto con ataques a puestos policiales, acciones que han continuado en los días posteriores.

 

            La Comisión se siente en la necesidad de reiterar nuevamente en esta ocasión, su más enérgica condena a este tipo de acciones criminales que siembran el sufrimiento y la destrucción entre la población y que provocan un estado de terror absolutamente inaceptable.  La Comisión Interamericana ratifica los conceptos vertidos en su comunicado de prensa del 31 de octubre de 1991 cuando señaló que ninguna persona, grupo o Estado puede actuar de manera que lleve a lesionar los derechos reconocidos en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

 

            La Comisión insiste, asimismo, en la invocación formulada por su Presidente, luego de su visita al Perú del 11 y 12 de mayo pasado, cuando señaló que encontraba imprescindible realizar el más enérgico de los llamados para que se termine con la violencia como forma de dirimir conflictos sociales y, de manera especial, que se elimine todo medio que pueda causar el terror y la intimidación, particularmente el uso de armas y explosivos que, por sus efectos indiscriminados, tienen un doloroso y gravísimo costo sobre toda la población, en especial la población civil.

 

    La Comisión Interamericana continuará observando con particular atención la forma en que evolucione la situación en el Perú en materia de derechos humanos y espera que los peruanos puedan superar las situaciones de violencia que los afectan y restaurar en el más breve plazo las instituciones de una auténtica democracia representativa que, como lo ha señalado repetidamente la Comisión, son la mejor garantía de la vigencia de los derechos humanos.

 

 

 

 

Washington, D.C., 22 de julio de 1992


  COMUNICADO DE PRENSA

 

 

Nº 9/92

 

            El 2 de octubre de 1992 concluyó el 82º período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el que participaron su Presidente, Marco Tulio Bruni Celli; el Primer Vicepresidente, Oscar Luján Fappiano; el Segundo Vicepresidente, Michael Reisman; y los miembros, Patrick Robinson, Oliver Jackman, Leo Valladares Lanza y Alvaro Tirado Mejía.

 

            En el curso de este período de sesiones, la Comisión recibió en audiencia a representantes de gobiernos y de organizaciones no gubernamentales interesadas en el tema de los derechos humanos, bien en relación con la situación general de los derechos fundamentales en diferentes Estados, así como con casos individuales actualmente en trámite ante la Comisión.

 

            En relación con Guatemala, la Comisión concedió audiencias a peticionarios en casos individuales; recibió a su Embajador Representante Permanente ante la OEA, quien proporcionó información general respecto a la compleja situación de los derechos humanos; decidió realizar una visita in loco del 2 al 6 de noviembre próximo y solicitó al Gobierno, de conformidad con el artículo 29 del Reglamento, que adopte medidas cautelares de carácter urgente tendientes a salvaguardar la vida, seguridad e integridad personal de parientes de la señora Maritza Urrutia.

 

            La CIDH examinó detenidamente las útlimas informaciones relativas a la situación de los derechos humanos en Haití y recibió la visita del Alcalde de Puerto Príncipe, señor Evans Paul, quien informó a la CIDH acerca de los últimos acontecimientos en su país.  Además la Comisión decidió solicitar a las autoridades la anuencia para visitar el país.  Se realizaría una primera visita en el mes de diciembre de 1992 con carácter exploratorio y posteriormente una visita in loco durante el mes de enero de 1993, a fin de observar la grave situación que viene confrontando Haití desde el golpe de Estado del 30 se septiembre de 1991 contra el Presidente Jean Bertrand Aristide.  Los resultados de esas acciones de la Comisión serán hechos públicos oportunamente y se podrán en conocimiento de los señores Ministros de Relaciones Exteriores, a través del Consejo Permanente, de acuerdo con la solicitud formulada en la Resolución MRE/RES. 3/92.

 

            La Comisión recibió y prestó especial consideración a los informes relativos a las visitas in loco a Nicaragua, Colombia y Perú, realizadas en el curso de este año.

 

            En cuanto a Nicaragua, la CIDH estudió el informe preparado por la Subcomisión que realizó una visita in loco a ese país en el mes de abril y también recibió en audiencia a representantes de organismos de derechos humanos, así como al señor Embajador Representante Permanente de Nicaragua ante la OEA, quienes proporcionaron información sobre la situación y sobre las medidas adoptadas por el Gobierno a fin de mejorar la situación de los derechos humanos, respectivamente.

 

            Por lo que se refiere a Perú, la Comisión consideró los resultados de las visitas realizadas en el curso del año por el Presidente y la Secretaría Ejecutiva de la CIDH.  Igualmente recibió el testimonio de personas e instituciones vinculadas con la situación de los derechos humanos y analizó el estado actual de tales derechos a la luz de los acontecimientos registrados desde el anterior período de sesiones.  La Comisión decidió dirigirse al Gobierno peruano haciéndole planteamientos específicos respecto a la situación de personas que consideran que sus derechos han sido vulnerados o puestos en situación de peligro.

 

            La Comisión recibió y estudió el informe sobre la visita in loco realizada a Colombia en el mes de mayo de 1992.  Con respecto a dicho país, la Comisión recibió al Consejero Presidencial para los Derechos Humanos y al Embajador Representante Permanente ante la OEA, quienes informaron detalladamente respecto a las medidas adoptadas por el Gobierno a fin de subsanar los problemas que confronta el país en esta materia.  Igualmente tuvo oportunidad de recibir testimonios de peticionarios y de organizaciones no gubernamentales sobre casos individuales en trámite y sobre la situación general de los derechos humanos en el país.

 

            La Comisión estudió la evolución de la situación política en El Salvador, a la luz de los históricos Acuerdos suscritos entre las partes en conflicto y decidió seguir observando con atención los resultados de la implementación de tales Acuerdos.  Especial interés se otorgó al análisis de los alcances del mandato y de los trabajos en curso que adelanta la Comisión de la Verdad.  La CIDH confía que, gracias a las manifestaciones de voluntad de las partes y del pueblo de El Salvador en general, en un futuro cercano se logre la consolidación de la paz y la democracia, dentro de un marco de respeto pleno a los derechos y garantías fundamentales de las personas.

 

            En este período de sesiones, la Comisión recibió a representantes del Gobierno de Honduras y de la Comisión Interinstitucional de Derechos Humanos, quienes proporcionaron información sobre la situación de los derechos humanos en ese país, así como elementos referidos a los distintos casos en trámite que cursan en la Comisión.

 

            Con respecto a la preparación del instrumento interamericano sobre derechos de los pueblos indígenas, la Comisión tomó conocimiento de respuestas a la primera consulta, en la que varios de los Gobiernos de los Estados miembros y entidades indígenas manifestaron su parecer sobre los derechos y enfoques que dicho instrumento debería considerar.  La Comisión está preparando una síntesis de todas las respuestas que reciba, que incluirá en su próximo Informe Anual.

 

            En el curso de este período de sesiones, la Comisión fue gratamente informada de la decisión del Gobierno de Brasil de ratificar la Convención Americana sobre Derechos Humanos.  El señor Ministro de Relaciones Exteriores de ese país, Dr. Celso Lafer, en representación de su Gobierno depositó el documento de adhesión, que constituye sin duda alguna, un importante aporte al fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos, y merece un especial reconocimiento.  La Comisión espera que el ejemplo de Brasil sea seguido por aquellos Estados que aún no han ratificado la Convención, y confía que en el mismo sentido se manifieste esa voluntad frente a los demás instrumentos interamericanos sobre la materia.

 

            Un hecho que merece especial mención, por la trascendencia que reviste para el desarrollo progresivo del sistema internacional de protección de los derechos humanos, es el acuerdo de solución amistosa a que se llegó entre el Gobierno de la República Argentina y los peticionarios, en los casos 10288, 10310, 10436, 10496 y 10771, relativos a la reparación patrimonial a los detenidos durante la dictadura militar.

 

            El día jueves 1º de octubre, la Comisión recibió la visita de cortesía del Canciller de la República de Venezuela, señor Fernando Ochoa Antich, quien estuvo acompañado en ese acto por el Embajador Representante Permanente ante la Organización de los Estados Americanos, y por el Director General Sectorial de Política Internacional.  El Canciller manifestó a la Comisión la voluntad de cooperación del Gobierno venezolano e informó sobre la situación general de los derechos humanos en su país.

 

            Finalmente, la Comisión decidió que su próximo período de sesiones tendrá lugar entre el 1 y el 12 de marzo de 1993, y el período previo de audiencias se realiza_á entre el 24 y el 26 de febrero.

 

 

Washington, D.C., 2 de octubre de 1992


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Nº 10/92

 

            La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha tomado conocimiento, con profunda preocupación, sobre la posibilidad de que el Perú proceda a denunciar la Convención Americana sobre Derechos Humanos.  La denuncia del Pacto de San José constituiría un hecho sin precedentes en el hemisferio ya que sería el primer Estado en adoptar tal medida que, en sí misma, es contradictoria con la corriente de consolidación del régimen democrático que se sustenta sobre la plena vigencia de los derechos civiles y políticos reconocidos por la Convención y que es uno de los postulados básicos en que se asienta el sistema interamericano.

 

            La Convención Americana sobre Derechos Humanos, asimismo, representa un importante avance realizado con miras a garantizar los derechos de los habitantes de América, que han sido a menudo vulnerados y, en ese sentido, debe ser fortalecido.  El reciente ejemplo de Estados democráticos del hemisferio que se han incorporado plenamente al régimen de la Convención Americana sobre Derechos Humanos constituye un aliciente para continuar trabajando en el fortalecimiento del sistema americano de protección de los derechos humanos y la Comisión Interamericana espera que tal empeño contará con la colaboración de todos los Estados partes en el Pacto de San José.

 

            La Comisión Interamericana de Derechos Humanos debe señalar que la denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos por parte de Perú no relevará a ese país de sus obligaciones en materia de derechos humanos ya que continuará sometido a la jurisdicción de la Comisión en virtud de los postulados de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre que son aplicables a todos los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos.

 

 

Washington, D.C., 27 de octubre de 1992


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Nº 11/92

 

            El lunes 2 de noviembre de 1992 se inicia la visita in loco, que por invitación del Gobierno de Guatemala realiza la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), a fin de observar la situación general de los derechos humanos en este país.  La visita se extenderá hasta el viernes 6 de noviembre y participan en ella el Dr. Marco Tulio Bruni Celli, Presidente de la Comisión, y los doctores Leo Valladares Lanza, Alvaro Tirado Mejía y Patrick L. Robinson.

            La Comisión estará asistida durante su visita por la Secretaria Ejecutiva de la Comisión, doctora Edith Márquez Rodríguez, el doctor David Padilla y el doctor Jorge Seall-Sasiain.  Asimismo, contará con el apoyo administrativo de las señoras María Julia Meyer y Rosario McIntyre.

 

            La Comisión estará alojada en el Hotel El Dorado de la Ciudad de Guatemala. Durante su observación in loco la CIDH se entrevistará con autoridades del Gobierno y de instituciones oficiales, con representantes de organismos de defensa y promoción de los derechos humanos, con personas y miembros de instituciones representativas y con quienes consideren que hayan sido afectados en sus derechos humanos y deseen presentar denuncias ante la Comisión.  Con el objeto de que estas personas puedan realizar dichas denuncias, la CIDH recibirá en el Hotel El Dorado los días martes 3 y miércoles 4 de 9:00 a 16:00 horas.

 

            La Comisión se trasladará al interior del país, para lo cual dos subcomisiones se desplazarán el día jueves 5 de noviembre.  Una observará in situ las Comunidades de Poblaciones en Resistencia (CPR) y el Municipio de San Pedro Jocopilas, en el Departamento de El Quiché, y la otra visitará Santiago Atitlán, en el Departamento de Sololá, Santa Cruz de El Quiché en el Departamento de El Quiché, y Aldea Guaxana, Municipio de Nentón en el Departamento de Huehuetenango.

 

            La visita de la CIDH se realiza en el marco de las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tratado internacional del cual es parte el Estado guatemalteco, y de conformidad con lo dispuesto por el Estatuto y Reglamento de la Comisión.  De acuerdo con dichos instrumentos, el Gobierno de Guatemala se ha comprometido a otorgar todas las garantías a las personas, grupos, entidades e instituciones que deseen entrevistarse con la Comisión, así como de prestar todas las facilidades que ésta requiera para cumplir con su tarea de observar la situación general de los derechos humanos en el país (artículos 58 y 59 del Reglamento de la Comisión).

 

            Al término de la visita, la Comisión convocará a una conferencia de prensa en el hotel El Dorado el día viernes 6 de noviembre en horas de la tarde.

 

Ciudad de Guatemala, 1º de noviembre de 1992


  COMUNICADO DE PRENSA

 

 

Nº 12/92

 

            El día de hoy, 6 de noviembre de 1992, finalizó la visita in loco que, con la anuencia del Gobierno de Guatemala, ha efectuado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), a fin de observar la situación general de los derechos humanos en este país.  Participaron en la visita el doctor Marco Tulio Bruni Celli,  Presidente de la Comisión, y los miembros de la misma, doctores  Leo Valladares Lanza, Patrick L. Robinson y Alvaro Tirado Mejía.  La Comisión estuvo asistida por la Secretaria Ejecutiva de la Comisión, doctora Edith Márquez Rodríguez, por el Secretario Ejecutivo Adjunto, doctor David Padilla y por el abogado doctor Jorge Seall-Sasiain.  Asimismo contó con el apoyo administrativo de las señoras María Julia Meyer y Rosario McIntyre.

 

            Durante la visita la Comisión Interamericana se reunió con el Ing. Jorge Serrano Elías, Presidente de la República; con el  Lic. Gonzalo Menéndez Park, Ministro de Relaciones Exteriores; con el Lic. Francisco Perdomo Sandoval, Ministro de Gobernación; con el General de División, José Domingo García Samayoa, Ministro de la Defensa; con el Lic. Edgar Tuna Valladares, Procurador General de la Nación en funciones y Jefe del Ministerio Público; con el Lic. Juan José Rodil Peralta, Presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Organismo Judicial; con el doctor Jorge Mario García Laguardia, Presidente de la Corte de Constitucionalidad; con el Lic. Ramiro de León Carpio, Procurador de Derechos Humanos y el Lic. César Alvarez Guadamuz, Procurador Adjunto; con el señor Bernardo Neumann, Presidente de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos (COPREDEH) y demás funcionarios de ese organismo; con el Lic. Manuel Conde Orellana, Presidente de la Comisión Negociadora de la Paz; con el Lic. Oliverio García Rodas, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República; con el Coronel Luis Felipe Miranda Trejo, Comandante de la Policía Militar Ambulante; con el Ing. Sergio Mollinedo, Director Ejecutivo de la Comisión Nacional para la Atención a Repatriados, Refugiados y Desplazados (CEAR), con la doctora Claudia Fuentes Serrano, Asesora de la Dirección Ejecutiva del Fondo Nacional para la Paz (FONAPAZ) y con Monseñor Rodolfo Quesada Toruño, Conciliador Nacional y Presidente de la Comisión Nacional de Reconciliación.

 

            La  Comisión  concedió audiencias a representantes de organizaciones no gubernamentales de defensa y promoción de los derechos humanos, tales como la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, Casa Alianza, CIEPRODEH, GAM, CONAVIGUA, CONFREGUA, Hermanos Maristas, Coordinadora de Organizaciones no Gubernamentales, Equipo Forense EAFG y CERJ.  Se concedieron audiencias a representantes de organizaciones indígenas, sindicales, estudiantiles y de prensa.  Asimismo visitó los centros penales de San José 371 ],C,]CK, El Pavón, El Pavoncito y el Centro Preventivo de la Zona 18, en los cuales se entrevistó con sus autoridades, recorrió los pabellones y recibió el testimonio de algunos detenidos.

 

            La Comisión conoció aspectos relevantes de la compleja y delicada situación de los derechos humanos en Guatemala y recogió valiosa información que le será muy útil para preparar su informe especial sobre los resultados de la visita.

 

            La Comisión expresa su preocupación ante denuncias recibidas y hechos observados que tienen que ver con la desaparición forzada de personas, con ejecuciones extrajudiciales, con fallas de la administración de justicia e impunidad en casos de violaciones de derechos humanos, y con la adjudicación de funciones policiales a cuerpos pertenecientes a las fuerzas armadas, como es el caso de la Policía Militar Ambulante.

 

            Igualmente expresa su preocupación por los problemas aún no totalmente resueltos de los refugiados, retornados y desplazados; por la inseguridad en que viven las poblaciones civiles en las zonas de conflicto; por los problemas relativos a la tenencia de la tierra y por la lentitud y las dificultades en la investigación de hechos denunciados que constituyen evidentes violaciones de derechos humanos.

 

            La Comisión recibió diversos testimonios en relación a la situación que viven las Comunidades de Población en Resistencia (CPR).  Dada la importancia de la problemática planteada, la Comisión decidió realizar una visita a las CPR de la Sierra y del Ixcán, para lo cual ya recibió la anuencia del Gobierno oficializada por el Ministro de Relaciones Exteriores en su entrevista con la Comisión.  Dicha visita se realizará a comienzos de 1993.

 

            Consideró con especial atención la existencia de los llamados Comités Voluntarios de Defensa Civil, cuya naturaleza conduce a la inseguridad de la población campesina, que por tales circunstancias se encuentra sometida a presiones de ambos sectores en conflicto.  En este sentido, cabe recordar que corresponde al Estado garantizar la seguridad y el ejercicio de los derechos de toda la población. 

 

            La Comisión ve con preocupación que aún continúan los reclutamientos irregulares, sobre todo a las poblaciones indígenas y campesinas y solicita a las autoridades que cesen estas prácticas.

 

            La Comisión recibió numerosas denuncias sobre la grave situación que vive un alto porcentaje de la población del país, del que las comunidades indígenas son la mayor parte.  La Comisión está convencida de que entre los esfuerzos para lograr la paz y la reconciliación, deben incluirse medidas orientadas especialmente a mejorar las condiciones sociales y económicas de esos numerosos sectores de la población.  De no adoptarse tales medidas subsistirían graves amenazas a la paz y a la reconciliación nacional.

 

            La Comisión conoció de abusos perpetrados contra niños de la calle, que por su situación carecen de medios de protección, aunque fue informada que ya hay algunas instituciones del Gobierno que con la colaboración de organizaciones no gubernamentales están realizando esfuerzos para mejorar su condición.  La Comisión recuerda al Estado que tiene el deber de asegurar los derechos del niño protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y por la Convención de los Derechos del Niño, de los cuales Guatemala es Estado parte.

 

            Se escucharon testimonios y se recogieron cifras estadísticas sobre los daños ocasionados a la estructura económica del país, así como a personas inocentes ajenas al conflicto por los grupos alzados en armas.  La Comisión en este sentido desea reiterar, como lo ha hecho en numerosas ocasiones, que quienes proceden de esta forma no pueden encontrar justificación en la lucha para superar la pobreza o construir un nuevo estado por medio de la violencia, así como tampoco es permitido a las autoridades para defender las instituciones, cometer actos en contra de la ley y mantener un régimen de impunidad.  Es el respeto por todos los grupos y por las autoridades de los derechos inalineables de la persona humana consagrados en los instrumentos internacionales, los que lograrán una base sólida para el ejercicio de la democracia y de la pacífica convivencia.

 

            La Comisión ha recibido con satisfacción información sobre las medidas adoptadas recientemente por el Gobierno que preside el Ing. Jorge Serrano, como la reorganización de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de los Derechos Humanos (COPREDEH), la creación de nuevos juzgados y otras medidas que demuestran voluntad para resolver los problemas de las violaciones a los derechos humanos. No obstante la defensa de los derechos humanos no será garantizada hasta que empiece a funcionar un poder judicial fuerte e independiente, dedicado a la investigación, al juicio y a la sanción de los que violan los derechos humanos; sin ello no se pondrá fin a la impunidad en el país.  Muy especialmente ha observado el funcionamiento de la Procuraduría de los Derechos Humanos, institución que se ha ganado la confianza de la ciudadanía y ha dado credibilidad a esfuerzos en favor de la protección de los derechos del pueblo.

 

            Se registra a nivel general una disminución de las violaciones a los derechos humanos, sin embargo, queda aún mucho por hacer porque las violaciones aún son muy numerosas.  Se ha visto que por primera vez en la historia se han llevado a los tribunales a miembros de las fuerzas armadas, de la Policía y funcionarios civiles.  Es indudable que con los gobiernos civiles se desarrolla un progresivo ambiente en favor de los derechos humanos.  La Comisión espera que el caso de la sociólogo Mirna Mack, así como los otros casos en trámite e investigación sean esclarecidos y se impongan las sanciones a los responsables.

 

            La Comisión comprende que la lucha por la vigencia de los derechos humanos es una tarea permanente y continuará cooperando con todas las instituciones y con el

Gobierno de Guatemala para lograr el avance y profundización de las medidas adoptadas en defensa de los derechos humanos.

 

            La Comisión desea expresar su reconocimiento al Gobierno de Guatemala por las facilidades brindadas para que la Comisión pudiese llevar a cabo las actividades que ha desarrollado.  También desea expresar en esta oportunidad su especial agradecimiento a las personas e instituciones que dedicaron su tiempo a presentar los problemas referidos al quehacer de la Comisión.

 

 

Guatemala, 6 de noviembre de 1992


  COMUNICADO DE PRENSA

 

 

Nº 1/93

 

            Desde hace más de tres meses, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha venido solicitando reiteradamente la anuencia del Gobierno de facto de Haití para visitar ese país y poder constatar in situ las numerosas denuncias recibidas de violaciones de derechos humanos atribuidas a las acciones represivas de las Fuerzas Armadas, de la Policía y de grupos de civiles auxiliares que operan bajo sus órdenes.  La CIDH transmitió al Gobierno su intención de realizar dos visitas: una primera exploratoria prevista para ser cumplida durante los días 13 al 15 de diciembre de 1992 y una visita in loco que debió llevarse a cabo durante los días 11 al 15 del corriente mes de enero.  El Gobierno de facto no ha otorgado aún la correspondiente anuencia.  Por el contrario, el 8 de diciembre, la CIDH recibió comunicación del Ministerio de Asuntos Exteriores de Haití, en la cual se informaba que la fecha para llevar a cabo dichas visitas sería comunicada en los días siguientes, sin embargo no fue hasta un mes más tarde que las autoridades de facto respondieron que "la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no le parecía necesaria al Gobierno haitiano".

 

            Las denuncias presentadas por las propias víctimas y las informaciones provenientes de fuentes fidedignas indican que numerosas personas han sido ejecutadas sumariamente, detenidas ilegalmente, maltratadas y torturadas por miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía.  En la mayoría de los casos las víctimas han sido partidarios del depuesto Presidente Jean Bertrand Aristide y en otros casos se trata de gente que simplemente se sospecha de apoyarlo.  Las manifestaciones y reuniones han sido suprimidas violentamente y no se ha permitido a los periodistas dar a conocer los hechos.   Muchas de las víctimas de estas violaciones son líderes o miembros de organizaciones populares y de derechos humanos, estudiantes, periodistas, comerciantes, campesinos y miembros de la Iglesia Católica.

 

            En las áreas rurales, la represión y la violencia se ha agravado con el restablecimiento de los "Jefes de Sección", quienes actúan con la aquiescencia de los militares y en completa impunidad.  Tanto en la capital del país, como en la provincia, la población es víctima de la corrupción ejercida por las autoridades de facto, así como de las extorsiones practicadas por los militares a los civiles, quienes les exigen sumas de dinero para evitar ser detenidos o maltratados, o simplemente para mejorar las condiciones en que se encuentran en los centros de detención y algunas veces hasta para obtener su libertad.

 

            El clima de temor y de inseguridad que existe en el país ha propiciado que una gran parte de la población, especialmente aquella que apoya el retorno del Presidente Aristide, se desplace buscando refugio hacia el interior del país, viéndose así obligada a abandonar sus hogares y a esconderse en forma permanente.  Esta situación ha forzado también a un gran número de haitianos a huir del país en inseguras embarcaciones para pedir asilo en los Estados Unidos.

 

            La práctica de la "represión preventiva" dirigida contra la población civil y la degradación de la situación política, han propiciado las continuadas violaciones a las garantías individuales, como el derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad individual, a la libertad de opinión y de expresión y a la libertad de reunión y de asociación; todas ellas protegidas por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la cual la República de Haití es Estado parte.

 

            La Comisión debe recordar, que independientemente de la situación política imperante en un Estado parte, continúa vigente la Convención Americana sobre Derechos Humanos.  En consecuencia, la Comisión enfatiza que quienes ejercen el poder en un Estado, aunque sea de facto, están obligados a respetar los derechos individuales reconocidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

 

            La Reunión Ad-hoc de Ministros de Relaciones Exteriores aprobó el día 13 de diciembre de 1992 la Resolución "Restablecimiento de la Democracia en Haití" (MRE/RES.4/92), mediante la cual decidió "Encomendar al Presidente de la Reunión Ad-hoc de Ministros de Relaciones Exteriores y al Secretario General de la OEA, que cooperen en las gestiones del Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, teniendo en cuenta las graves y persistentes violaciones a los derechos humanos en Haití, y ante la negativa de las actuales autoridades de facto, para que la Comisión pueda efectuar una visita "in loco" a la mayor brevedad."

 

            La Comisión Interamericana de Derechos Humanos continúa firmemente decidida a trasladarse a Haití a fin de investigar sobre el terreno las graves violaciones denunciadas, y ante la negativa del Gobierno de facto de cooperar con la Comisión, reitera su llamado a todos los organismos no gubernamentales de derechos humanos, particularmente los que operan en Haití, así como a las víctimas y sus familiares y en general a todos aquellos que con motivo de la crisis política hayan sufrido alguna violación a sus garantías individuales, para que tramiten sus denuncias ante la CIDH.

 

             La Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace un llamado al Gobierno de facto y especialmente a las Fuerzas Armadas para que cesen sus sistemáticas violaciones a los derechos humanos, de la que es víctima la población haitiana.

 

 

Washington, D.C., 8 de enero de 1993

 

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