INFORME ANUAL 1991
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En su informe
de 1990, Argentina señaló que el servicio de su deuda exterior
provocaba un empeoramiento evidente del disfrute de los derechos a la
alimentación, a la vivienda, al trabajo, a la salud y a la educación. Sin
embargo, frente a estos problemas el Gobierno tenía proyectos en la
esfera de la educación que consistían en elaborar un plan de enseñanza
que garantizase la formación de una sólida conciencia nacional y la
participación del pueblo en la edificación de la nación.
Los objetivos fundamentales en este ámbito perseguían el
desarrollo completo del ser humano y de la personalidad, la promoción
social del individuo, la solidaridad y la justicia social y el
fortalecimiento del papel de la familia y de la enseñanza. El
gobierno tenía asimismo la intención de organizar para las poblaciones
rurales, autóctonas y fronterizas modalidades de enseñanza integradas en
los planes de desarrollo locales, provinciales y nacionales. Además,
en lo referente a la formación continua, se adelantan programas de
educación permanente con el objeto de combatir el analfabetismo y elevar
el nivel cultural de la población. También
se estaban haciendo particulares esfuerzos para garantizar la igualdad y
ampliar el acceso al sistema de enseñanza, garantizar la igualdad de
oportunidades, organizar una administración escolar descentralizada que
tuviera en cuenta las particularidades regionales, provinciales y locales,
mejorar la calidad de la enseñanza, y crear bibliotecas, museos, centros
científicos y culturales y clubes para jóvenes. Se
señaló además, que el 11 por ciento del total de cooperación
extranjera que recibió Argentina para propósitos de desarrollo fue
asignado al sector de la educación y cultura. Se
indicó que se estableció un órgano competente de Derechos Humanos del
Ministerio del Interior para traer de vuelta al país a todos los niños
que habían sido llevados al extranjero.
El órgano de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones
Exteriores, según el informe, está constantemente dirigido a promover
los derechos humanos organizando seminarios que informen a la población
sobre los derechos establecidos en los instrumentos internacionales en
general y en los de derechos humanos en particular. Asimismo,
se informó que la educación de los derechos humanos se impartía
obligatoriamente desde los niveles pre-escolares hasta los niveles
universitarios, así como también a las fuerzas armadas y a las de policía.
Con
relación al caso de la extrema pobreza se implementó el "Plan
Alimentario Nacional" (PAN) con el cual cada 15 días se distribuía
alimentos a las personas más necesitadas y "bonos
alimentarios". En
lo referente a la educación se señaló que la libertad de enseñanza
estaba garantizada por la Constitución argentina y por Ley específica.
Además, los padres tienen libertad de impartir a sus hijos una educación
moral y religiosa de acuerdo a sus propias convicciones.
La educación primaria y secundaria son gratuitas, existen
bibliotecas públicas. Asimismo,
la educación universitaria era gratuita.
Se señaló que en el artículo 16 de su Constitución se establecía
la igualdad y no discriminación de ninguna persona por razones ideológicas,
políticas, raciales o religiosas. Se
indicó además que no existe ningún registro de casos llevado ante los
tribunales argentinos por razones de discriminación racial. Asimismo,
se hizo mención a un gran número de actividades controladas por la
Dirección Nacional de Antropología y Folklore en la Secretaría Nacional
de Cultura para realizar servicios de creación artística al interior del
país. En relación con la
educación impartida en las poblaciones indígenas, se indicó que en las
regiones donde éstas viven se enseña los tres primeros años de educación
primaria en la lengua materna de
los niños y que posteriormente ésta es bilingüe.
Además, se ofrecen programas de educación de adultos y programas
de alfabetización suplementados por cursos intensivos de entrenamiento
vocacional. Se
enfatizó que se goza de plena libertad tanto de prensa como de los otros
medios de comunicación. Asimismo, se señaló que es una obligación por parte del
Estado el asegurar a todos el disfrute de los beneficios del progreso
científico y sus aplicaciones. En
su informe de 1990, Colombia señaló que a pesar de las
dificultades económicas y sociales que había tenido que afrontar desde
varios años atrás, este país perseguía sus esfuerzos de desarrollo.
La prudencia de su gestión económica le había permitido hacer
frente al problema de la deuda externa y, gracias a una tasa de
crecimiento positiva, había podido hacer progresar su política social. Colombia
indicó asimismo que en 1986 el Gobierno diseñó un plan general de
economía social basado en tres planes sectoriales: el Plan Nacional de
Rehabilitación, el Plan para la Erradicación de la Pobreza Absoluta y el
Programa de Desarrollo Integral Campesino. Para ejecutar dichos planes, el Gobierno creó tres
organismos: la Consejería para el Desarrollo Social, la Consejería para
la Reconciliación y Rehabilitación, y la Consejería para la Defensa,
Protección y Promoción de los Derechos Humanos.
Los cuerpos gubernamentales recién citados estuvieron encargados
del fomento de la educación, salud y vivienda, entre otros campos que son
materia de los derechos económicos, sociales y culturales.
El
monto total de inversión social para los años 1989 y 1990 en Colombia
fue del 46 por ciento de la inversión pública total.
La política social del Gobierno se basó en el Plan Nacional de
Rehabilitación, ejecutado para combatir la extrema pobreza y la
reactivación de sectores menos favorecidos de la sociedad colombiana. Se indicó que los derechos económicos, sociales y
culturales en Colombia tienen base constitucional y legal.
Referente al disfrute que tienen las comunidades indígenas de los
derechos económicos, sociales y culturales, el Gobierno colombiano, a
través de la División para Asuntos Indígenas del Ministerio del
Interior, ha formulado una legislación específica para estas minorías. Se señaló que existía ya una legislación especializada
para preservar la identidad cultural de la población indígena anterior a
la promulgación de la nueva ley. En
el ámbito laboral, se resaltó que se habían ratificado los Convenios
Laborales de la OIT para hallar soluciones viables a las violaciones
contra la libertad sindical que había sufrido este país.
Se recibió información de que en 1986 de 2 a 3 millones de niños
habían estado trabajando en condiciones inaceptables, pero al mismo
tiempo se señala que existen leyes de Seguridad Social y que el 30 por
ciento de los trabajadores se hallan cubiertos por ésta.
Se estimó que entre el 30 o 40 por ciento de la fuerza laboral del
país se halla en el sector informal. Se
indicó que una de las causas del fenómeno de los "niños de la
calle" era el deterioro de la unidad familiar entre la población más
pobre del país pero que el Gobierno colombiano estaba implementando
programas para combatir la inestabilidad familiar y el abandono de niños,
vinculados con el desempleo imperante en las grandes ciudades.
La tasa de natalidad y mortalidad habían disminuido en Colombia así
como el crecimiento demográfico. En
lo referente al derecho de vivienda se estima que el 60 por ciento de la
población colombiana goza de viviendas adecuadas con suministro de agua
potable, electricidad y desagüe. Cinco es el número promedio de personas que habitan una
vivienda. Sin embargo, las
condiciones de vivienda tendían a ser mejores en el campo que en las
grandes ciudades, lo que se explica por el éxodo campo-ciudad. En
Colombia, como en otros países, el sistema de tributación está diseñado
para crear justicia social. La
expresión de "pobreza absoluta" se utiliza para personas con un
ingreso menor al salario mínimo y con difícil acceso a los servicios básicos. En
el caso de la salud se estableció que un promedio aproximado del número
de médicos por habitantes era de 10 por cada 10,000 habitantes.
Los servicios de salud están mayormente concentrados en las
grandes ciudades. Se No
obstante estos intentos, la diferencia entre el goce de servicios de salud
en las áreas urbanas y rurales continuaba siendo considerable, pero dicha
brecha se estaba estrechando. Se
estima que aún un 20 por ciento de la población, básicamente en las áreas
rurales, no goza de acceso regular a servicios de salud.
Los principales objetivos para la erradicación de los problemas de
salud en Colombia incluyen el incremento de la cantidad de médicos por
habitante y de los servicios de salud así como apropiados programas de
vacunación para infantes. Aparte
de la seguridad social, existen las agencias privadas conocidas como
"cajas de compensación familiar" que administran los fondos que
por ley se obliga a dar a las empresas para subsidiar a las familias de
sus propios empleados. La Seguridad Social provee servicio de cuidado
pre-natal a las madres gestantes. Se
indicó que el organismo colombiano encargado de velar por las
regulaciones referidas a la seguridad e higiene de los trabajadores era el
Ministerio de Salud, pero que a pesar de todos los esfuerzos de dicho
organismo no llegaba a cumplir su función a cabalidad.
Además, se resaltó que se estaba haciendo el mayor esfuerzo para
centralizar la administración de las actividades referidas a la campaña
contra el abuso de las drogas. Se
ha emitido recientemente un decreto supremo que obliga ya sea a los
centros de salud públicos o privados a aceptar en casos de emergencia a
pacientes que no puedan afrontar los gastos de curación por abuso de
drogas. Se indicó además
que se habían realizado progresos en el desarrollo de una vacuna sintética
contra la malaria pero que aún estaba en etapa experimental.
El aborto está prohibido por ley en Colombia, pero en casos
extremos se permitía el aborto por propósitos terapéuticos para evitar
los abortos clandestinos. La
partida de salud cuenta con un 15 a 20 por ciento del presupuesto
nacional. En
su informe de 1990, Jamaica
señaló que en ese país coexisten un gran número de religiones haciendo
constar la libertad de cultos que estaba garantizada por la Constitución.
Se indicó que el 95 por ciento de la población era de origen
africano y que no habían problemas raciales.
En cuanto a la estructura política se recordó que Jamaica formaba
parte del Commonwealth desde 1962. Las
principales actividades gubernamentales de Jamaica están destinadas a
asegurar a la población los servicios básicos en materia de sanidad y
educación. La
educación es gratuita hasta el nivel secundario.
Por otro lado, se señala que Jamaica no disponía de un rico
patrimonio cultural pero se esforzaba, en el marco de programa
pluridimensional, a favorecer la vida cultural, estimular los estudios
históricos y desarrollar el turismo.
En
lo referente al marco jurídico general que garantizaba la protección de
los derechos humanos, se señaló que aunque no todos los derechos económicos,
sociales y culturales estaban expresamente enunciados en su Constitución,
todos estaban reconocidos en su país por diversas disposiciones
legislativas para cada caso. Sin
embargo, en caso de violación de estos derechos, los particulares no
disponían de recursos similares a los previstos en la Constitución para
los derechos civiles y políticos. Se
señaló que a pesar de no estar recogido expresamente el derecho al
trabajo en una legislación especial, todo jamaiquino gozaba del derecho a
ganarse la vida ejerciendo un empleo libremente elegido por éste.
Se agregó que la tasa de desempleo de mujeres se elevaba al 28 por
ciento en febrero de 1989 y que las mujeres empleadas en trabajos domésticos
estaban incluidas en las estadísticas oficiales de la mano de obra.
El éxodo intelectual constituía un grave problema que el Gobierno
trataba de resolver aumentando la remuneración, mejorando las condiciones
de trabajo y procediendo a una reforma de la administración. Se
explicó que estaba garantizada la igualdad de remuneraciones entre
hombres y mujeres por ley desde 1975, la tasa de desempleo de la población
en edad de trabajar era en 1988 del 18.9 por ciento, incluidas las
personas que no solicitaban empleo. Se
indicó además que se estaba preparando un plan quinquenal de desarrollo
conjunto de la economía destinado, entre otras cosas, a mejorar la
situación del empleo, y que la ley preveía, para las personas que
perdieran su empleo por razones ajenas a su voluntad, subsidios que
variaban en función de los años de trabajo. El
Programa de Desarrollo de los Recursos Humanos tenía por objeto mejorar
la eficacia y la gestión de los servicios sociales, prestando especial
atención a los sectores sociales más desfavorecidos.
El Programa, cuyo costo se estimó en 381 millones de dólares para
el período 1989-1994, era de iniciativa pública y no había sido
objeto de consultas tripartitas. Se
indicó que las "zonas francas" jamaiquinas están administradas
por órganos públicos especialmente creados para ello.
Inspectores del Ministerio de Trabajo presentan informes
trimestrales sobre las condiciones de trabajo en las fábricas
establecidas en dichas zonas. Por
otra parte, los sueldos que se pagan en las zonas francas no son
inferiores a los vigentes en el resto del país. Agregó que los empleadores no sabían de antemano cuando se
iban a realizar las inspecciones trimestrales de los lugares de trabajo, y
que los trabajadores que estimasen que en su lugar de trabajo no se
respetaban las condiciones debidas de seguridad podían dirigirse, al
Ministerio de Trabajo, el cual adoptaba entonces las medidas pertinentes. Además,
el artículo 23 de la Constitución reconocía expresamente a los
trabajadores el derecho a hacerse representar mediante sindicatos.
Aunque En
general, no existen mecanismos especiales para asociar a los trabajadores
al proceso de adopción de decisiones, pero en una sociedad pluralista
como la jamaiquina los trabajadores disponían de los medios necesarios
para hacer prevalecer su punto de vista. Una comisión nacional consultiva, compuesta por
representantes de la administración, del sector privado y de los
sindicatos, estaba, por su parte, encargada de asesorar al ministro
competente sobre el modo de cálculo del salario mínimo. Al
referirse a los derechos sindicales se señaló que la Constitución como
la legislación jamaiquinas autorizaban a los trabajadores a afiliarse al
sindicato de su elección. Por
otra parte la legislación del trabajo preveía únicamente la libertad de
declararse en huelga, pero ningún trabajador de las zonas francas había
sido despedido o amenazado por haberlo hecho. En
cuanto al ejercicio del derecho de huelga, se explicó que los tribunales
jamaiquinos consideraban que si un asalariado, ejerciendo este derecho, se
abstenía a prestar los servicios que se había comprometido a realizar
con arreglo a su contrato de trabajo, su empleador estaba facultado para
dar terminación a dicho contrato por considerar este comportamiento como
causal suficiente. Esta
práctica debía ser interpretada en el contexto específico de Jamaica,
donde la práctica de las negociaciones colectivas estaba muy extendida y
los asalariados eran defendidos por organizaciones sindicales. En
lo pertinente al derecho a la seguridad social se indicó que el
porcentaje del PNB consagrado a la seguridad social era poco elevado
debido a la amplitud de la crisis económica que sufrió Jamaica en el
decenio de 1980. La
concertación de acuerdos con las instituciones financieras
internacionales había exigido una reducción de los gastos
presupuestarios y por ende, de los créditos destinados a los servicios
sociales. No
obstante, en el plan quinquenal de desarrollo se preveía la ampliación
del campo de aplicación y la mejora del sistema de afiliación a la
seguridad social. En 1987, el
7.3 por ciento de la población jamaiquina tenía más de 65 años, edad a
partir de la cual las mujeres pueden cobrar una pensión, mientras que los
hombres a los 67 años. En
la protección de la familia, las madres y los niños, se explicó que la
política demográfica del Gobierno tenía por objeto mejorar las
condiciones de existencia de la población, limitando al mismo tiempo el
crecimiento demográfico para asegurar un desarrollo económico y social
satisfactorio.
En
ese marco, los programas de planificación familiar estaban llamados a
desempeñar un importante papel, especialmente en materia de información
y de educación. El Consejo
Nacional de Planificación Familiar, además de sus actividades en esta última
esfera, estaba encargado de formar al personal destinado a asesorar a las
familias. En más de 370 clínicas,
repartidas por todo el país, se prestaba asistencia clínica y quirúrgica
necesaria, se distribuían anti-conceptivos y se impartía
asesoramiento médico. En
lo referente a la familia y al matrimonio se señaló que la unión libre
era un fenómeno muy extendido en Jamaica, pero que era imposible estimar
su importancia real, y que si esa unión no confería a los cónyuges los
mismos derechos de una unión legal, los hijos nacidos de ella
disfrutaban, en virtud de la ley sobre la condición jurídica de los niños,
de los mismos derechos que los concebidos dentro del matrimonio legal. Por
otra parte, la anulación del matrimonio debía ser pronunciada por el
Tribunal Supremo; la ruptura irremediable del vínculo conyugal, seguida
de una separación de un año por lo menos, constituía el único motivo
de divorcio, y la ley relativa al matrimonio civil era de aplicación
general. Dentro
del derecho a un nivel de vida adecuado se señaló que existen grupos de
pobladores que están muy afectados por las medidas de austeridad económica,
recordándose los objetivos del programa de desarrollo de los recursos
humanos, que eran el mejorar la eficacia y la gestión de los servicios
sociales, ampliar los programas alimentarios destinados a los grupos más
vulnerables, crear empleos, facilitar material educativo a los alumnos de
la enseñanza primaria, conceder créditos a las pequeñas explotaciones
agrícolas y solucionar los problemas de la vivienda. La
pobreza era mayor en el medio rural que en el urbano, gran parte de la
población sufría de malnutrición, por ello, el Programa de Ayuda
Alimentaria se extendía a un millón de personas:
600,000 recibían cupones para alimentación y 400,000 escolares se
beneficiaban del programa de alimentación especialmente destinado a
ellos. En
el campo del derecho a la vivienda se subrayó los graves problemas con
que había tropezado Jamaica. Así, en 1986, 121,000 viviendas no tenían ni agua potable
ni servicios sanitarios, mientras que 26,000 estaban demasiado
deteriorados para poder ser reparados.
Por otra parte, las viviendas existentes estaban super pobladas. Para hacer frente a estos problemas, ya en 1988 se habían
restaurado 2,803 viviendas en el marco de diversos programas, y el plan
quinquenal preveía la renovación de 3,000 viviendas cada año y la
instalación de 2,500 servicios sanitarios. La
política de gobierno en esta materia tenía por objeto, entre otras
cosas, crear condiciones de mercado adecuadas, orientar capitales al
sector vivienda para incentivar mayor oferta de éstas, y agilizar la
remodelación de las existentes, dándole prioridad a los grupos de
menores ingresos. Al
referirse a los efectos de las medidas de austeridad nacional propuestas
por el Gobierno en el programa de ayuda alimentaria, se señaló que la
pobreza estaba más extendida en las áreas rurales que en las urbanas,
pero que un sistema de familias extendidas mitigaba en cierta manera este
problema, al proveer alimentos y vivienda a sus parientes necesitados.
Por lo tanto, la cantidad total de ayuda para la alimentación no
fue el único indicador del estado nutricional de la población. En
el campo del derecho a la salud, Jamaica resaltó que se habían tomado
varias medidas para elevar el nivel y la calidad de los servicios de
salud, las cuales incluían la renovación o construcción de hospitales y
clínicas, el mejoramiento de los programas de servicios locales de salud,
en la distribución de medicinas, y el establecimiento de un fondo
nacional para administrar y mantener los bienes, edificios y equipos del
Ministerio de Salud. Además,
se implementaron proyectos prioritarios financiados por organizaciones de
beneficencia para suministrar el abastecimiento de agua potable en las
poblaciones rurales. Asimismo,
el Gobierno inició un programa de desarrollo de recursos humanos para
combatir la pobreza. Refiriéndose
al tema del SIDA, se explicó que se habían registrado 140 casos hasta
noviembre de 1989. Sin
embargo, las autoridades pertinentes no estaban contemplando la
posibilidad de la promulgación de leyes específicas en esta materia,
prefiriéndose informar a la población y solicitando la ayuda y comprensión
de ésta con los infectados con dicha enfermedad.
Además, no se había registrado ningún tipo de discriminación
contra las personas que sufrían de SIDA. Se
indicó que el "reggae" era un importante elemento dentro de la
cultura jamaiquina y que siempre ha sido una influencia extremadamente
positiva. Además, en una
sociedad donde se garantiza a todos la libertad de expresión, algunos
cantantes de este ritmo promovían personalmente el uso de drogas pero sin
perjuicio del firme compromiso de las autoridades y la población para combatir este mal. En
el campo de la educación, se expresó que la tasa de analfabetismo fue de
18.02 por ciento en 1987, los ratios más elevados se encuentran entre los
grupos de 50-54 y 60-64 años de edad. La
educación es obligatoria por ley, y durante el año académico de
1987/1988, 98 por ciento de los niños de 6 a 11 años de edad recibieron
educación primaria, 97.3 por ciento de ellos fueron a escuelas públicas.
Sin embargo, se enfatizó que no obstante los esfuerzos realizados
por el Gobierno y sus autoridades, en 1990 la cifra real de niños que
asistieron representó sólo el 78 por ciento del número total de
inscritos.
En
su informe de 1989, la República Dominicana señaló que a pesar
de las grandes esfuerzos realizados por su Gobierno, era difícil el
garantizar el goce de los derechos económicos, sociales y culturales en
algunas áreas debido a la debilidad de sus instituciones gubernamentales. Se
indicó que la Constitución dominicana incluye en sus disposiciones a los
derechos económicos, sociales y culturales.
Señaló que los extranjeros gozan de los mismos derechos y
privilegios que sus ciudadanos y que no existe xenofobia ni discriminación
por razones de raza, color o religión y que siempre se le ha conocido
como el país del exilio voluntario, y que las mujeres no sufren de
discriminación y que éstas juegan un activo papel en la vida económica
del país. En
lo referente al derecho al trabajo, se indicó que el salario mínimo
mensual era de 1,120 pesos (US$97.40 dólares)y que la tasa de desempleo
varió de 28.5 por ciento en 1986 a 20.8 por ciento en 1988.
Se hizo hincapié El
salario mínimo vital es establecido por el Comité Nacional de Salarios,
el cual está integrado por representantes de la administración pública,
empleadores y trabajadores. Los montos de los salarios mínimos son revisados por el
Comité cada tres años. No
hace ningún distingo entre las diversas ramas de la economía, pero puede
determinar distintos montos de salarios para las zonas urbanas y rurales,
de acuerdo con las necesidades del país. En
el derecho a la sindicalización, se indicó que existen muchas
organizaciones gremiales y sindicales en la República Dominicana y que se
ejercita libremente este derecho. Además,
los trabajadores pueden hacer uso del derecho a la huelga cuando lo
estimen conveniente, siempre y cuando se observe y respete lo prescrito
por el Código Laboral. Los
servidores civiles no tenían este derecho en casos en que estos servicios
públicos sean esenciales para el normal funcionamiento de la sociedad. En
lo concerniente a la protección de la familia, se señaló que el
matrimonio era la base legal de la familia dominicana.
La mujer embarazada empleada por el Estado o sus filiales, está
facultada a dejar de trabajar seis semanas antes a la fecha prevista para
el parto así como seis semanas posteriores a éste.
Durante el período de licencia la madre gestante trabajadora
mantiene su sueldo y su puesto, con todos los derechos y Se
indicó también que habían 94,165 niños entre las edades de 10 a 14 años
involucrados en la actividad productiva laboral, significando
aproximadamente el 17 por ciento de la población económicamente activa.
Tal porcentaje parecería elevado pero debía apreciarse dentro del
contexto del alto índice de desempleo de la República Dominicana.
Se informó sobre medidas legislativas para reducir el número de
niños abandonados y protección del menor contra la explotación.
Bajo la legislación pertinente, los padres son los responsables de
velar por sus menores hijos para el bien de la sociedad. Cualquier padre que no proveyese dicha manutención o se
negase a hacerlo podría ser llevado a prisión por un período de dos años.
Se adoptaron medidas especiales para la protección y educación de
niños "excepcionales" y minusválidos, y se crearon centros
para ayudar a la rehabilitación de delincuentes juveniles.
Las sanciones contra las regulaciones y abusos contra el trabajo de
mujeres y niños estaban establecidas en el Código Laboral y eran las
mismas que se aplicaban para los varones adultos. En
lo referente al derecho de un nivel de vida adecuado, se indicó que el
derecho a la vivienda y el derecho a una adecuada alimentación estaban
garantizados por la Constitución. Sin
embargo, existía una gran brecha entre las afirmaciones constitucionales
y la realidad práctica de su aplicación.
El Gobierno estaba haciendo su mayor esfuerzo para garantizar la
concretización de estos derechos recién señalados. La
tasa de construcción de viviendas para familias de bajos ingresos había
aumentado considerablemente a pesar de estar enfrentando este país un
alto índice de crecimiento demográfico. La legislación de Control de Alquileres fue adoptada en 1959
para proteger a los inquilinos de posibles abusos. En
el tema de derecho a una adecuada alimentación, varias agencias de las
Naciones Unidas, incluyendo la FAO, proveen asistencia técnica para la
agricultura dirigida principalmente a la producción de productos
alimenticios. A nivel
nacional, existe un instituto encargado de la estabilización de precios,
distribución de alimentos
para familias de pocos recursos económicos y actúa como agencia de
financiamiento y crédito agropecuario.
Se estaban haciendo esfuerzos para abastecer con servicios de
electricidad y agua potable a la totalidad del país. En
lo referente al derecho a la salud, se indicó que el órgano
gubernamental encargado de la promoción de la salud era la Secretaría de
Estado para la Salud y Seguro Nacional.
Esta tiene la tarea de velar por la salud de la población e
implementar programas de asistencia social para En
el campo de la educación, se señaló que la tasa de analfabetismo para
1983 fue del 1.33 por ciento, aunque el número de personas con problemas
de lectura y escritura era mucho mayor. La compra de textos educativos para la educación primaria
estaba subsidiada por el Estado, se incentivaba a los maestros de primaria
con aumentos salariales periódicos.
El número total de alumnos inscritos en la educación secundaria y
superior era de 1'884,300, de los cuales 1'297,000 en el primer ciclo,
463,000 en el segundo ciclo y 123,700 en el tercer ciclo. En
su informe de 1991, Costa Rica indicó que se había promulgado en
1990 un acta sobre la promoción de igualdad entre hombres y mujeres la
cual había ocasionado cambios significativos en el status de la mujer en
la sociedad costarricense. Esta
reforma legislativa había sido diseñada para establecer un programa de
acción con miras a eliminar cualquier forma de discriminación contra la
mujer en Costa Rica, especialmente dirigida a su participación en la vida
política del país, su acceso a diversos empleos, particularmente en el
servicio civil, igualdad en el matrimonio y en las condiciones de trabajo.
El acta señala el establecimiento de un departamento especial para
la protección de los derechos humanos cuya esfera de competencia incluye
la protección de los derechos de la mujer. Se
señala igualmente que el 4 de febrero de 1990, se organizaron las
elecciones generales, nacionales y locales --las décimas
desde 1953-- y se llevó a cabo la transferencia del poder sin
ninguna dificultad, confirmando una vez más su tradición democrática. El
espectro político, legal y socio-económico del país está
especialmente orientado al espíritu democrático, la libertad e
independencia. Varias
disposiciones legales garantizan la plena igualdad de todos ante la ley y
prohíbe toda forma de discriminación basada en raza, sexo, edad, religión,
situación familiar, opiniones políticas, origen social o situación económica.
Costa Rica tiene 2.6 millones de habitantes, incluyendo 9.5 por
ciento de origen africano y un grupo de 4,500 indígenas.
Las comunidades negras gozan de todos los derechos reconocidos por
la Constitución y la demás legislación nacional. En
relación a las comunidades indígenas se informa que viven en los parques
nacionales instalados por el Gobierno para la protección de la fauna Bajo
el programa del Gobierno para promover la creación de pequeñas empresas,
se le ofrecen préstamos bancarios a los indígenas, quienes originalmente
estaban renuentes a obtener sus tarjetas de identidad, pero que con dicho
incentivo estaban comenzando a reclamarlas voluntariamente. Dentro
del campo económico indicó que el peso de su deuda externa era un grave
factor limitante de su desarrollo. A
pesar de haber crecido su Producto Bruto Interno (PBI) aproximadamente en
un 3.5 por ciento en 1989, los principales problemas económicos eran la
causal del freno a su desarrollo. La
tasa de inflación fluctuó entre un 18 a un 20 por ciento. Los servicios
de la deuda externa sumaron un 27 por ciento del PBI, pero ésto no impidió
al Gobierno asignar la mitad del presupuesto nacional a programas
sociales. Sin embargo, el
gasto social per cápita declinó en los años recientes, debido al amplio
crecimiento demográfico, lo cual obligó a la adopción de muchas medidas
diseñadas a mejorar la educación, salud, alimentación, entrenamiento
vocacional y viviendas. En
relación a la tasa de desempleo se informó que disminuyó en el
quinquenio comprendido entre 1985-1990 a un 4.6 por ciento.
Costa Rica no tiene seguro de desempleo.
El Instituto Nacional de Aprendizaje y el Programa para la Educación
Superior por correspondencia provee entrenamiento técnico y vocacional
para adultos. En acción coordinada entre las autoridades gubernamentales y
la Universidad de Costa Rica se adelantan programas de asistencia para la
creación de empleos y entrenamiento técnico para beneficiar a personas
desempleadas. El Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social organizó programas de empleos comunales de
corta duración u otro trabajo para desempleados y personas minusválidas.
Además, se estaba tratando de reducir el índice de desempleo
mediante el incentivo a la inversión extranjera en Costa Rica.
Se implementaron altas instancias laborales para que los
trabajadores, amparados por el Código Laboral, presenten sus
reclamaciones en casos de abusos o violación de sus derechos. Se
indicó además, que el mecanismo utilizado para determinar los salarios mínimos
estaba encaminado a controlar el índice inflacionario y Se
reconoce el derecho a la sindicalización para los trabajadores, habiéndose
ratificado los tratados de la OIT sobre este derecho.
El derecho de huelga está reconocido por la legislación
costarricense, y los sindicatos tienen el derecho de agruparse en
federaciones y confederaciones. El porcentaje de fuerza activa de trabajo del sector público
que pertenece a un sindicato equivale a un 82 por ciento de los
trabajadores, y era de un 48 por ciento en el sector privado.
Sin embargo, se hizo hincapié que había habido una drástica
disminución, en Costa Rica, de personas que se estaban afiliando a
sindicatos desde 1985. En
el campo de la seguridad social, la legislación nacional establece que
los empleadores están obligados a proveer seguros individuales y
colectivos a todos sus trabajadores. En
lo referente a la protección de la familia, se indicó que la legislación
costarricense reconoce a la familia como unidad natural y base de la
sociedad recibiendo especial protección del Estado. Lo
concerniente al derecho a un adecuado nivel de vida es básicamente
controlado por la Oficina de Beneficencia Pública.
Este organismo gubernamental se encarga de mejorar el nivel de vida
y bienestar de las familias, madres solteras, niños, y coordinar
programas de asistencia para las familias y los menores.
Los programas de vivienda otorgan incentivos monetarios; desde 1978
hasta 1990 cerca de 200,000 familias se han beneficiado con los programas
de vivienda, y se espera que hasta 1994, entre 80,000 a 100,000 familias
adicionales sean beneficiadas. Por ello, la vivienda propia era cada día más accesible a
un número mayor de familias de bajos ingresos, y los alquileres eran
relativamente bajos. El Acta
de Alquileres de 1939, fue revisada últimamente, otorga protección
especial a los inquilinos y principalmente evitar la pérdida de su
vivienda. En
lo referente al derecho a la salud se resaltó que su sistema legal
contiene disposiciones que regulan la estructura y funcionamiento de la
asistencia médica y los esfuerzos relativos a combatir las enfermedades.
Casi la totalidad de enfermedades infecciosas --inclusive la
malaria, la lepra y la tuberculosis-- han sido erradicadas y
se ha establecido un programa para combatir el SIDA y otras enfermedades
contagiosas. La expectativa de vida fue de 73.7 años de edad en 1988,
siendo más alta que la registrada en 1965 que fue de sólo 65.6 años.
El
sistema de educación consiste de la educación básica general, cuenta
con educación primaria y los tres primeros años de educación
secundaria. Hasta este nivel es obligatoria y gratuita.
Asimismo, se enseñaban cursos de educación cívica a niños con
la finalidad de enseñarles los diversos instrumentos internacionales de
derechos humanos así como el funcionamiento legal e institucional que
existe en Costa Rica en esta materia. Se
señaló que existían cuatro grandes universidades en Costa Rica y que el
65 por ciento de los estudiantes contaban con becas. En
conclusión, luego de la información obtenida de los informes de los países
estudiados como muestra representativa del hemisferio, se puede apreciar
que no obstante los esfuerzos realizados por los Gobiernos del área por
implementar y asegurar el goce de los derechos económicos, sociales y
culturales a los pobladores de sus respectivos países, en la realidad de
los hechos, la situación del goce de estos derechos está bastante
restringida a las posibilidades que cada Estado miembro tiene para llevar
a cabo programas masivos de aplicación. Sin
embargo, los intentos continúan y se tuvo conocimiento que los días 12 y
13 de diciembre de 1991, se llevó a cabo la IX Cumbre de Presidentes
Centroamericanos en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras.
Producto de dicha reunión fue la "Declaración de
Tegucigalpa" en la cual se examinaron los desafíos políticos, económicos
y sociales que enfrenta la región centroamericana y las posibles formas
de solución en conjunto. La
situación económica y financiera que atraviesa el hemisferio hace muy
difícil que los Estados cumplan a cabalidad con lo establecido por los
instrumentos internacionales pertinentes.
Por ello, y no obstante las dificultades expresadas se insta a los
Estados miembros realicen mayores esfuerzos para poder alcanzar un nivel mínimo
de desarrollo. En muchos
casos se señala que la miseria es una fuente de conflictos político-sociales
rebasando su esfera meramente económica, de allí que ahora se reconoce,
internacionalmente, que "el nuevo nombre de la paz es
desarrollo". De
allí pues que la indivisibilidad del goce de los derechos humanos, tanto
los civiles y políticos como los económicos, sociales y culturales
resulte prioritario para la solución de los problemas que aquejan al
hemisferio. Por ello, como se señalase al inicio del presente informe preliminar, se recomienda y exhorta a los Estados miembros de la Organización que todavía no lo han hecho a que ratifiquen el Protocolo de San Salvador para así poder contar con un valioso instrumento que proteja nacional e internacionalmente los derechos económicos, sociales y culturales en el hemisferio. continua... |