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PARTE
I
INFORMACIONES
SUMINISTRADAS POR ALGUNOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA
ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS SOBRE “EL PROGRESO ALCANZADO EN
LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS SEÑALADOS EN LA DECLARACIÓN AMERICANA
DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE”
De
conformidad con el Artículo 9 bis de su Estatuto, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, entre otros deberes, tiene el de
rendir un informe anual a la Conferencia Interamericana (actualmente la
Asamblea General, Artículos 51 y 52 f de la Carta de la OEA) o a
la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, el que
deberá incluir entre otros asuntos:
“1)
Una exposición sobre el progreso alcanzado sobre la consecución
de los objetivos señalados en la Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre”.
En relación
a ello, la Comisión recibió de los Gobiernos de Brasil, Chile,
Guatemala, Honduras, Jamaica y Nicaragua las respuestas que se resumen a
continuación:
BRASIL
El Gobierno
brasileño, a través de la nota No. 181 del 25 de junio de 1979, se limitó
a expresar que “el ordenamiento jurídico brasileño consagra, de manera
amplia y afirmativa, la protección, observancia y disfrute efectivo de
los derechos humanos, de forma que la propia Constitución del país
dedica uno de sus capítulos a los Derechos y Garantías Individuales.
Así, durante los años de 1977 y 1978, no fue necesario promulgar
normas jurídicas ordinarias complementarias del texto constitucional,
referentes a la observancia y al disfrute de los derechos humanos"”
CHILE
Mediante
notas Nos. 514 y 550 de fechas 11 y 20 de junio de 1979, respectivamente,
el Gobierno de Chile suministró la información que más adelante se
resume, con respecto de las modificaciones legislativas promulgadas desde
diciembre de 1977, destacando que: “la
situación del país en materia de derechos humanos ha continuado
caracterizándose por una sostenida y constante normalización en todos
los rubros que comprende la materia” … y reseñando, a manera de síntesis
final de la situación actual, que, durante el año de 1978, no había
ocurrido ningún caso de a) condenados
a muerte o de muertes relacionadas con acontecimientos políticos;
b) de desaparecidos; c)
de expulsados del país o privados de la nacionalidad;
d) de detenidos sin
ser sometidos a proceso; ni e)
de denuncias o querellas formuladas ante la justicia chilena, por
malos tratos.
En el campo
legislativo, señalan las siguientes disposiciones, según los derechos
humanos con los que directamente se relacionan:
I.
Derecho a la vida e integridad de las
personas
El Decreto Ley No. 2460 (Diario Oficial de 1/24/79), contentivo de
la nueva “Ley Orgánica de Investigaciones”
(Policía Civil y Judicial del Estado) el cual incluye toda una
serie de medidas destinadas a garantizar la integridad física y los
derechos procesales de los detenidos.
A este
respecto el Gobierno destaca concretamente el Artículo 19, por el que se
prohibe y sanciona a los funcionarios de investigaciones “por ejecutar
cualquier acto de violencia destinado a obtener declaraciones de parte del
detenido" así como el Artículo 20 que dispone que “La Policía de
Investigaciones, inmediatamente que detenga a una persona, la pondrá a
disposición del juez competente” y establece el derecho del detenido a
ser examinado por un Médico legista y a la expedición del
correspondiente certificado de salud, para su posterior envío al Juez de
la causa y agregación a los autos.
II.
Derecho a la libertad personal
El Decreto
Ley No. 2185 (Diario Oficial de mayo de 1978) que, según destaca el
Gobierno chileno, modificó varias de las disposiciones del Código de
Procedimiento Penal para hacer más efectivo y expedito el derecho del
detenido y del preso para que se le otorgue la libertad provisional.
Tal derecho encuentra sus limitaciones en las excepciones
establecidas en el Artículo 1º, No. 6 literal d) del Acta Constitucional
No. 3 de 1976 y en el nuevo texto del Artículo 6 del propio Código
Procesal Penal, tal como quedó modificado por el mencionado Decreto Ley
No. 2185 más, sin embargo, en cualquier de tales casos excepcionales
“el Juez podrá conceder la excarcelación por resolución fundada y
siempre que existieran motivos muy calificados que así lo determinen”.
III.
Libertad de opinión y de expresión y difusión del
pensamiento
Al respecto,
el Gobierno relaciona particularmente el Bando No. 122, dictado por la
jefatura de la Plaza con fecha 20 de noviembre de 1978 y que derogó
expresamente el anterior Bando No. 107 del 11 de marzo de 1977; restableciéndose
así “una amplia libertad para la importación de libros, diarios,
revistas y de todo tipo de impresos”.
IV.
Derecho de reunión y asociación
En la
información remitida, el Gobierno chileno refiere particularmente los
progresos que relaciona, al ámbito laboral y sindical, destacando la
circunstancia de que “la inflación, aunque no dominada todavía, haya
regresado a niveles históricos del orden del 30%, con tendencia aún a
bajar, habilita la reapertura de la negociación colectiva, lo que a su
vez, implica una normalización de la vida sindical, paulatina, pero
efectiva”.
Así, señala
como un primer paso el Decreto Ley No. 2200 del 15 de junio de 1978 que a
su entender, contiene una innovación trascendental, cual es la terminación
de las diferencias entre obrero o trabajadores manuales y -empleados- o
–trabajadores intelectuales- bajo el imperio de la cual diferencia había
vivido Chile durante más de 50 años, acostumbrando así a la inmensa
mayoría de los obreros a un régimen propiamente opuesto a la verdadera
libertad sindical. Al
dictarse el mencionado Decreto Ley “se debía producir la terminación
automática de los sindicatos industriales y desaparecer la condición
diferencial socialmente peyorativa, de ‘obrero’.
En virtud de
lo dispuesto en el Decreto Ley No. 2376 (Diario Oficial del 10/28/78), se
fijaron las bases de la organización sindical de “primer grado”, optándose
por estimular sindicatos de empresa y no profesionales, conforme a la
experiencia chilena y, simultáneamente, se dispuso la unificación de los
“sindicatos industriales” y los ”sindicatos de empresa” de los
empleados particulares, en un solo tipo de sindicatos, llamados
“sindicatos de trabajadores”, estableciéndose que, en lo sucesivo,
podrían seguir separados o unificados; pero se regirían por normas
iguales, sin distinciones entre obreros y empleados y se aseguró la libre
afiliación o desafiliación sindical.
Conforme al
Decreto Supremo 159, también del 10/28/78, se dispuso llamar a elecciones
sindicales, por sufragio libre, secreto y uninominal, en todos los
referidos “sindicatos de empresa”.
Dentro
del mismo ámbito laboral, el Gobierno señala el Decreto Ley 2545 que
reglamenta el sistema de cotizaciones sindicales, sobre la base de la
obligatoriedad de los aportes para todos los asociados y de los descuentos
por planilla, si lo exige la mayoría de los afiliados y, en todo caso, si
un afiliado lo solicita; significando que igualmente, se establecieron
normas similares para las asociaciones de funcionarios públicos, cuyo
derecho de afiliación y desafiliación es expresamente reconocido.
Llama el Gobierno la atención, respecto a que el Decreto ley 2525,
atendiendo a la necesidad de fijar un tiempo prudencial para adecuarse al
nuevo ordenamiento jurídico, dispuso que transitoriamente seguirían
vigentes los sistemas de descuentos anteriormente establecidos, con lo
cual se corregía una grave omisión del Decreto ley 2376, que había
motivado molestias y reclamaciones.
Finalmente,
las autoridades chilenas relacionan que se han dictado otras disposiciones,
de alcance directo o indirecto en la vida laboral y en parta ya
modificadas por los Decretos leyes anteriormente mencionados.
Así señalan
los Decretos leyes No. 2345, 2346 y 2347, todos ellos de fecha 20 de
octubre de 1978, por los cuales, respectivamente, se otorga al Gobierno
facultades especiales para reorganizar la administración pública; se
disuelven siete Federaciones Sindicales que estiman contrarias al orden público
además de apartadas de la finalidad sindical; y se declaran contrarias al
orden público y la seguridad nacional las asociaciones o grupos que, sin
tener personería, asumen la representación de sectores laborales.
El propio Gobierno advierte que “estas tres normas han sido
motivo de libre, amplia y variada crítica” y que, actualmente, hay
algunos recursos judiciales y reclamos aún pendientes de solución; pero
afirma que también el Gobierno ha estado realizando modificaciones
racionales y correcciones a las mencionadas disposiciones, como por
ejemplo, ha dejado sin aplicación el Decreto Ley 2346, permitiendo el
libre funcionamiento y el derecho a federarse a los sindicatos que estaban
afiliados a las Federaciones disueltas y también ha quedado sin aplicación
el Decreto Ley 2347 mientras no se dicten las nuevas normas sobre el régimen
sindical.
VI.
Estado de emergencia
A
este respecto se informa por el Gobierno que el 1º de marzo de 1979 quedó
sin efecto el Decreto Ley 2326 de fecha 1º de septiembre de 1978, por el
cual se había declarado un Estado de Sitio, en el grado de simple Conmoción
Interior, al Departamento de El Lao, de la Segunda Región, “ por lo que
no existe actualmente ningún lugar del territorio nacional en dicho
estado” y que, por Decreto
No. 391 del Ministerio de Defensa, quedó suprimido el “toque de queda”,
con fecha del 10 de marzo de 1978.
No
obstante lo anterior, el propio Gobierno aclara que:
“Continúan en cambio las Zonas o Estados de Emergencia
contenidos en la ley 12927 de agosto de 1958" y, a renglón seguido
menciona los Artículos 31 al 36 de dicha Ley, el Artículo 10 de la Ley
13959 del 4 de julio de 1960, el Decreto Ley 1887 (Diario oficial del 13
de agosto de 1977), los Decretos Leyes No. 81 y 198 (Diario Oficial de 29
de diciembre de 1973) y el Artículo 1º del No. 100, el Artículo 6º del
Decreto Ley No. 640, de 1974, el Artículo 1º numeral 6 del Acta
Constitucional No. 3 y el Artículo 1º del Decreto Ley 1877, de rango
constitucional, a través de las cuales disposiciones legislativas se señalan
las causales para la declaración del Estado de Emergencia y del Estado de
Sitio, sus consecuencias o implicaciones legales, las atribuciones o
facultades extraordinarias que durante la vigencia de los mismos se otorga
al Jefe de Zona y al Presidente de la República y las sanciones,
prohibiciones y medidas restrictivas que resultan de aplicación mientras
subsistan dichas situaciones de emergencia.
Al
finalizar la información contenida en este acápite, el Gobierno señala
lo siguiente: “Como se
desprende de las disposiciones transcritas, la legislación de excepción
chilena se basa en la ocurrencia de situaciones que puedan poner en
peligro la seguridad del país o del estado de Derecho, y no en la mera
voluntad de la autoridad” y que dicha legislación “comprende recursos
procesales y administrativos que cautelan que las atribuciones dadas por
la legislación de excepción sean ejercidas dentro del más estricto
respeto a la ley que las origina y reglamenta”.
VII. Informaciones
generales
Bajo
este rubro, el Gobierno reporta:
Que
en el ámbito LEGAL a)
ha sido un paso importante en la normalización del país, la
promulgación del Decreto Ley 2191 del 19 de abril de 1978, contentivo de
la Ley de Amnistía, que favoreció a todos los condenados por Tribunales
Militares, entre el 11 de septiembre de 1973 y el 18 de abril de 1978,
incluyendo a los condenados por delitos contra la seguridad del Estado; y
b) que con fecha 23 de marzo de 1979 el Pleno de la Corte Suprema
de Justicia “dictó una Resolución designando Ministros en visita (Magistrados
de Tribunal Superior, Corte de Apelaciones, con facultades extraordinarias,
que deben avocarse a la substanciación del proceso respectivo en forma
preferente) para conocer de todas las denuncias y sus respectivos procesos
sobre presuntos desaparecidos dentro de la jurisdicción de las Cortes de
Apelaciones de Santiago, Concepción, Chillán, Rancagua y Temuco y que se
extiende asimismo a otros tribunales de justicia”, por lo que “la
investigación y resoluciones de término que recaigan en los procesos
aludidos están absolutamente fuera de la injerencia o responsabilidad del
Gobierno”.
En
el plano de la EDUCACIÓN, se señala que, en marzo de 1979, el Presidente
de la República impartió una directiva general comprendiendo medidas
educaciones tendientes a asegurar la libertad de enseñanza e incorporar
paulatinamente a los padres y a la comunidad en la gestión de los
servicios educacionales. Además
se relaciona la creación de la carrera del Magisterio y el aumento del
presupuesto anual de 400 a 600 millones de dólares.
En
el campo de la SALUD, el Gobierno destaca haberse producido “una rebaja
de los índices de mortalidad infantil, mortalidad general y demás índices
indicadores de acuerdo con estadísticas de los organismos especializados
sobre la materia” y la formulación de programas nutricionales.
En
el ámbito de los DERECHOS ECONÓMICO-SOCIALES, además del anteriormente
mencionado progreso de “haber regresado la inflación a niveles históricos
del orden del 30%, con tendencia aún a bajar” se relaciona también
“la rebaja del desempleo, que aún continúa siendo un problema grave y
objeto de atención preferente del Gobierno”;
“el aumento del poder adquisitivo de los salarios”; “superávit
en la balanza de pagos”; “presupuesto financiado”; “aumento de la
renta per capita y reservas ascendentes a 1,500 millones de dólares.
GUATEMALA
Por
nota No. 536-I-OEA-12, del 28 de junio de 1979, se obtuvo la siguiente
información del Gobierno guatemalteco: … que el Gobierno de la República no tiene necesidad de
enviar la información que se les solicita “ya que todas sus leyes y
fundamentalmente la Constitución de la República se adaptan totalmente a
la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre y a la Declaración
Universal de los Derechos Humanos e incluso la Constitución de la República
contiene regulados algunos de los Derechos Humanos en forma más amplia
que como figuran en las indicadas declaraciones”.
HONDURAS
El
Gobierno hondureño, por nota No. 29 del 11 de junio de 1979, acompañó
un documento en el cual se relacionan las providencias y distintas
acciones tomadas en varios campos en los que se reporta haber alcanzado
progresos, destacándose, entre otras, las siguientes:
En
el campo político, informa
que uno de los objetivos básicos que se trazó el actual Gobierno Militar
desde la fecha en que se hizo cargo del poder, “fue encaminar al país
hacia el restablecimiento del orden Constitucional, mediante la instauración
de un sistema jurídico que garantizase plenamente la participación
democrática del pueblo hondureño en la conducción de los asuntos públicos”.
En
la prosecución de tal objetivo, destaca el Gobierno haber adoptado las
disposiciones legales y medidas administrativas que se relacionan a
continuación:
1)
El Decreto No. 572 del 27 de diciembre de 1977 que promulgó la
“Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas”, la cual entró en
vigor el 1º de enero de 1978 y que, en relación a las disposiciones
anteriores sobre la materia, “introduce innovaciones sustanciales,
referentes a la efectividad de los Derechos Políticos”.
La
nueva Ley Electoral “incorpora, entre otras importantes disposiciones,
el principio de la representación proporcional y el de las candidaturas
independientes, estas últimas por primera vez reglamentadas formalmente
en la historia del país”.
De
acuerdo a lo previsto en dicha Ley –Artículo 1º-, la misma regirá el
procedimiento de elecciones para Diputados a una Asamblea Nacional
Constituyente que se encargará de reorganizar jurídicamente los Poderes
del Estado y la organización constitucional de Honduras.
El
nuevo ordenamiento legal electoral determinó la puesta en práctica de un
programa que compone las siguientes etapas:
a)
El 15 de agosto de 1978 se inició el período para la obtención
de la Cédula Electoral y la Inscripción en el Censo Nacional Electoral;
período que concluirá el 30 de agosto de 1979.
b)
El período para la Inscripción de los nuevos partidos políticos,
concluyó el 31 de diciembre de 1978.
c)
La convocatoria a elecciones generales de Diputados a la
Constituyente, se verificará el 1º de diciembre de 1979 y dichas
elecciones se llevarán a cabo el 3er domingo de abril de 1980.
La Declaración de elecciones sería a más tardar 30 días después
de la fecha de realizadas las mismas y los Diputados a la Constituyente
tomarían posesión de sus cargos dos meses después de la fecha de la
Declaratoria de Elecciones, iniciando las funciones legislativas para el
cumplimiento de su mandato.
La
Ley también establece organismos electorales permanentes.
En
lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, se
afirma en el documento que, del propio texto constitucional y de diversas
disposiciones legales, se establece, como obligación del Estado, la
promoción de los mismos; destacando entre las medidas legislativas
dictadas durante 1977 y 1978 para la promoción de tales derechos, las
siguientes.
I.
1) El Decreto No. 717 de 29 de
diciembre de 1978, aumentando el salario mínimo.
II.
2) El Decreto No. 592 de 6 de
mayo de 1978, por el cual se creó el Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola,
y
III.
3) El Decreto No. 623 de 19 de
mayo de 1978 que estableció la Comisión Nacional para la celebración
del Año internacional del Niño, concentrada en la promoción de la
protección integral del niño y la familia y del bienestar integral de la
niñez hondureña.
JAMAICA
El Gobierno jamaiquino, por nota No. OAS/40/2 del 12 de julio de
1979 suministró información sobre las medidas progresivas adoptadas en
los últimos dos años que se puede resumir en la siguiente forma:
I.
Derecho de igualdad ante la Ley
The Status of Children Act de 1976 básicamente abolió toda
distinción entre hijo legítimo y natural.
Antes de la entrada en vigencia de esta Ley, existió la presunción
general de que la palabra “hijo” en la legislación se refería
solamente a los hijos legítimos.
II.
Derecho al sufragio y participación en el gobierno
The
Parish Council (Amendment) Act
de 1977 reduce la edad para ser elegido a la Kingston St. Andrew
Corporation and Parish Council. La edad ha sido reducida de
veintiuno a dieciocho años, capacitando así a más personas para tomar
parte en el gobierno del país.
III.
Derecho a los beneficios de la cultura
The
Copyright Act de 1977 proporciona a las
personas que gocen de un derecho de propiedad literaria, dramática,
musical o artística un recurso civil frente a cualquier violación de su
derecho a dicha propiedad.
IV.
Derecho a la seguridad social
The
Pensions (Civil Service Family Benefits) Act
de 1977, entre otras cosas, toma en consideración la Ley sobre la condición
de los menores, para disponer que los niños nacidos fuera de matrimonio
son elegibles a las prestaciones.
V.
Derecho a proceso regular
The
Criminal Justice (Reform) Act de 1978
aumenta las opciones penales a disposición de los tribunales al tratar
con delincuentes convictos, inclusive, permitiendo a los reos prestar
servicios gratuitos a la comunidad. Asimismo, posibilita que los reos salgan durante el día a su
trabajo, regresando en las horas de la noche al lugar de detención.
The
Parole Act and Parole Rules de 1978 dispone
la excarcelación de los presos bajo libertad condicional, permitiéndoles
así cumplir parte de sus sentencias fuera de las instituciones penales.
The
Ombudsman Act de 1978 creó el cargo de
Ombudsman a quien puede el público elevar sus quejas, sujeto a ciertas
restricciones, donde se alegue agravios debido a actos administrativos del
Gobierno.
NICARAGUA
En
nota UP-RC-77 de 9 de junio de 1979, el Gobierno de Nicaragua suministró
la siguiente
información
resumida, destacando que: “en su país se respetan y promueven los derechos humanos,
y que el Gobierno constitucional de la República sabe enfrentarse con
medidas constitucionales a la política agresiva del Comunismo
Internacional, que no cesa en su afán de apoderarse de nuestro Continente”.
Así,
en el campo político, se relacionan las disposiciones legales siguientes:
1. El Decreto Ejecutivo No.
40, de 19 de septiembre de 1977, por el cual, superado el estado de
excepción, se restablecieron plenamente las Garantías constitucionales,
cuyo ejercicio había sido restringido por el Decreto No. 5 de 28 de
diciembre de 1974, a raíz de las actividades terroristas del F.S.L.N. que
culminaron con el asesinato del exMinistro Dr. José María Castillo Quant,
y el secuestro de varios funcionarios gubernamentales y diplomáticos
extranjeros.
2. A iniciativa del Poder
Ejecutivo, se aprobó, por el Congreso Nacional, el 12 de julio de 1978,
el Decreto No. 708 (con carácter de ley de la República) por el cual se
reformó, parcialmente, la Constitución Política; así quedaron
modificados el Artículo 74, para hacer realidad el principio del
pluralismo político, en cumplimiento de la promesa hecha por el
Presidente de la República el 26 de febrero de 1978; el Artículo 330,
por el que se dejó la regulación del ejercicio del voto a la "Ley
Electoral", sacándolo de la rigidez constitucional, al objeto de que
los distintos partidos reconocidos pudieron participar en la modificación
de la legislación electoral y en la composición de los tribunales
asesores de los procesos eleccionarios y el Artículo 331, que elevó la
“Ley de Amparo” y la “Ley Marcial” al rango de normas
Constitucionales.
3. En virtud de las
disposiciones del Decreto Ejecutivo No. 59 de 7 de diciembre de 1978,
dictado por el Presidente de la República, en Consejo de Ministros, se
dejó sin efecto el Decreto No. 58 del 12 de octubre de 1978 –por el que
se habían suspendido parcial y temporalmente las garantías establecidas
en los Artículos 39, 40, 41, 46, 49, 58, 73 y 75 de la Constitución,
hasta el 30 de abril de 1979—restableciéndose plenamente las Garantías
Constitucionales, en todo el territorio nacional.
4. Con fecha 3 de diciembre de
1978, el Congreso Nacional aprobó la Ley No. 743, concediendo amplia e
incondicional Amnistía a civiles y militares, convictos o acusados de
delitos políticos comunes conexos, y ordenando a los Cónsules de
Nicaragua en el extranjero el visado inmediato de los pasaportes de los
exiliados que decidieron retornar al país acogiéndose a la gracia
decretada. La amnistía cubría
a todos los inculpados desde el Decreto de gracia anterior (promulgado
desde el 3 de marzo de 1976) hasta el 11 de diciembre de 1978 y el
Gobierno reportó que, en virtud de esta medida de clemencia fueron
puestos en libertad numerosos detenidos.
5. En cuanto a los aspectos
laborales, se destacó que:
a) Por el Decreto No. 790 de 2
de abril de 1979, el Congreso Nacional aprobó las reformas a los Artículos
188 al 209 del Titulo IV del Código del Trabajo, consagrándose así la
plena libertad de asociación sindical de los trabajadores y obreros; y
b) Por el Decreto No. 202, del
23 de abril de 1979, se procedió a reformar la Ley Orgánica del
Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, para extender sus beneficios
–hasta entonces limitados a ciertos núcleos urbanos—al trabajador del
campo y a los empleados del servicio doméstico.
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