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2.
CUBA Casos 1604, 1721 y 1726 Con respecto a estos casos la Comisión acordó, en su
vigesimonoveno período de sesiones (octubre de 1972) hacer las
observaciones que estimaran apropiadas sobre cada uno de ellos en el
informe anual a la Asamblea
General de la Organización. En cumplimiento de su acuerdo la Comisión aprobó, en
su trigésimo período de sesiones (abril de 1973) las resoluciones
respectivas que incluyen las observaciones apropiadas para consideración
de la Asamblea General. Dichas resoluciones son las siguientes: a.
Caso 1604 (OEA/Ser,L/V/II.30, doc.4 rev.2 de 2 de abril de
1973): CONSIDERANDO:
Que mediante comunicación de 14 de octubre de 1965 se denunció lo
siguiente:
“Informes indican que Pedro Luis Boitel, ex Presidente de la
Asociación de Estudiantes de Ingeniería de la Universidad de la Habana
quien en 1959 aspiró a la Presidencia de la Federación Estudiantil
Universitaria, se encuentra al borde de la muerte.
Suplicamos a usted realice gestiones cerca de los Representantes
del Gobierno de la Habana para conseguir que Pedro Luis Boitel sea
incluido entre los cubanos enfermos que sean autorizados a abandonar a
Cuba”.
Que, de acuerdo con la facultad que le confiere el Artículo 9 (bis)
de su Estatuto, esta Comisión solicitó del Gobierno de Cuba, en nota de
28 de abril de 1966, la información correspondiente, transmitiéndole las
partes pertinentes de la mencionada comunicación, en la forma establecida
en los Artículos 42 (1) y 44 de su Reglamento.
Que el Gobierno de Cuba no dio respuesta a dicha solicitud, no
obstante la urgencia y gravedad de los hechos articulados en la denuncia.
Que, en su vigésimo período
de sesiones (diciembre de 1968), la Comisión observó que el
Gobierno de Cuba no había suministrado todavía los informes requeridos
y, en vista de haber transcurrido el plazo de 180 días del Artículo 51
del Reglamento, acordó al tenor del inciso 1) del propio artículo,
presumir verdaderos los hechos denunciados.
Que, en nota de 14 de febrero de 1969, se hizo del conocimiento del
Gobierno de Cuba el acuerdo adoptado en el vigésimo período de sesiones,
manifestándole, asimismo, que la Comisión asumía las autoridades
correspondientes de ese gobierno y hubiera tomado la medida del caso para
que cesaran las condiciones en que se encontraba el señor Pedro Luis
Boitel, por ser violatorios de la Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre.
Que tampoco el Gobierno de Cuba dio respuesta a dicha nota.
Que, en vista de que se continuó recibiendo comunicaciones o
reclamaciones de personas y entidades, incluso del propio señor Pedro
Luis Boitel, en las cuales se ponía a de presente las penosas condiciones
en que él y otros presos políticos continuaban recluidos en Cuba, La
Comisión acordó, en su vigesimosegundo período de sesiones (noviembre
de 1969) reabrir el examen de éste y otros casos, y dirigirse, en nota de
22 de noviembre de 1969, al entonces Consejo de la Organización de los
Estados Americanos, para manifestarle que:
“En estos momentos, la Comisión, a través de numerosas
denuncias y de variadas testimonios a los cuales atribuye valor, ha sido
informada acerca de la gravísima situación que se había creado a los
presos políticos en dicho país, los cuales se cuentan por decenas de
miles.
Que, como consignó en la referida nota:
“Según tales denuncias y testimonios, a raíz de la aplicación
a dichos presos, especialmente en el presidio “La Cabaña”, de tratos
crueles, inhumanos y degradantes, se produjo hace pocos meses una huelga
de hambre durante 36 días, que terminó con la vida de algunos de ellos y
puso en gravísimo riesgo la de muchos más. En desesperada reacción de
los presos políticos, iniciada en la “La Cabaña” bajo el lema de
“deportación o muerte” (atendiendo al hecho de que el Gobierno de los
Estados Unidos de América habría manifestado su buena voluntad para
recibir a quienes fueran expulsadas de la Isla), provocó movimientos
similares en otros presidios. La
respuesta del Gobierno cubano habría sido, según los informes que posee
la Comisión, la acentuación
hasta limites intolerables del inhumano tratamiento a que tiene sometidos
a estos ciudadanos. Se nos ha
denunciado, además, la supresión de asistencia médica y del suministro
de medicamentos, la privación de ropa adecuada y de la alimentación mínima
indispensable, la imposición de trabajos formados y de todo género de
torturas físicas y morales, llegando estas últimas a la simulación de
fusilamientos, etc. Pero no
solamente se habría impuesto estos tratamientos inadmisibles a los
prisioneros políticos, sino que sus madres y esposas también habrían
sido sometidas a toda clase de vejámenes y de torturas morales, imponiéndoles
exámenes físicos vejatorios, impidiéndoles toda comunicación con sus
parientes presos y llegando, durante la huelga de hambre, al extremo de
crueldad de anunciar periódicamente a las mujeres reunidas frente a “La
Cabaña” las nuevas muertes ocurridas, pero sin dar nombres de los
presos fallecidos”.
Que, asimismo, se dejó constancia en la comunicación de 22 de
noviembre de 1969 de que:
“Según las noticias de que dispone la Comisión, actualmente
continúa este proceso de agravamiento de las condiciones en que se
encuentran los presos políticos cubanos, con inminente peligro de muerte
para muchos de ellos. Específicamente
en relación con los hechos a que se refiere esta nota, la Comisión se
dirigió en solicitud de información al gobierno de Cuba por cablegramas
de 18 y 23 de octubre de 1969 que hasta la fecha no han merecido respuesta”.
Que, finalmente, en dicha nota se expresó al entonces Consejo de
la Organización que:
“Movida por profundas consideraciones de humanidad, la Comisión
ha estimado necesario informara con urgencia al Consejo de la Organización
acerca de esto gravísimas hechos, tanto para que ellos sean conocidos por
todos los Estados miembros, como en la esperanza de que el Consejo,
disponiendo de más amplios y variados medios de acción, así como los
gobiernos que en él están representados, pueda arbitrar fórmulas
eficaces para la protección de tantos seres humanos cometidos a inminente
riesgo de muerte.
Que, con fecha 15 de mayo de 1972, se denunció a la Comisión que
el señor Pedro Luis Boitel, aun preso en el llamado Castillo de “El Príncipe”,
en La habana, se encontraba en grave estado de salud a consecuencia de los
maltratos y torturas a que continuaba siendo sometido.
Que nuevamente la comisión, en ejercicio de la facultad que le
otorga el Artículo 9 (bis) de su Estatuto, solicitó del Gobierno de
Cuba, en nota de 24 de mayo de 1972, la información correspondiente,
transmitiéndole las partes pertinentes de la mencionada comunicación,
en la forma prescrita en los Artículos 42 (1) y 44 de su Reglamento.
Que el 28 del mismo mes y año la Comisión recibió una comunicación
en la cual se informaba que el señor Pedro Luis Boitel habría muerto en
prisión, después de once años de reclusión, a causa de los maltratos
recibidos.
Que también en esta oportunidad y conforme a su Reglamento, la
Comisión se dirigió en nota de 6 de junio de 1972 al Gobierno de Cuba en
el sentido de reiterarle el envío de la información que estimara
oportuna sobre este caso.
Que la Comisión, en su vigesimonoveno periódo de sesiones (octubre de 1972), en aplicación del Artículo 9 (bis) c) de
su Estatuto, acordó hacer las observaciones que considere apropiadas
respecto de este caso en el informe anual que deberá rendir a la Asamblea
General de la Organización.
Que ni la formulación de tales observaciones ni, en general, la
competencia de eta Comisión para conocer de las denuncias sobre
violaciones de derechos humanos cometidas en el territorio de Cuba, hallan
impedimento en las medidas adoptadas por la Organización de los Estados
Americanos en funcionamiento el mecanismo de denuncia previsto en el Artículo
148 de la Carta de la Organización, por cuyo motivo esta Comisión tiene
él deber de seguir conociendo de esas denuncias.
Que dado el sistemático silencio adoptado por el actual Gobierno
de Cuba frente a las numerosas comunicaciones recibidas de esta Comisión,
carecería de objeto práctico hacerle recomendaciones del tipo de las que
contemplan los Artículos 9, inciso b) y 9 (bis), inciso d) del Estatuto. Ello no obsta, empero, a que la
Comisión haga conocer a la Asamblea la calificación que le
merecen los hechos denunciados. RESUELVE:
1.
Hacer saber a la Asamblea que los hechos denunciados en la
comunicación 1604, imputable al Gobierno de Cuba, constituyen un caso
gravísimo de violación del derecho a la vida, a la libertad, a la
seguridad e integridad de la persona, consagrado en el Artículo I de la
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. 2.
Transmitir el texto de la
presente resolución de la Asamblea, al Gobierno de Cuba y a los
reclamantes.
b.
Caso 1721 (OEA/Ser.L/V/II.30, doc.5 rev.2, de 27 de abril de
1973); LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, CONSIDERANDO:
Que en comunicación de 5 de agosto de
1971, se denunció lo siguiente:
“En el Castillo del El Príncipe, en la Sección Sexta, hay un
grupo de 10 hombres, presos políticos, aislados totalmente dl resto de la
población penal, desde el día
19 de diciembre de 1970.
“Sus nombres son: Eloy Gutiérrez Menoyo, Hubert Matos, Pedro
Luis Boitel, César Paez, T. Lamas, A. Gamis, L. Blanco, J. Pujal, J.
Valls y O. Figueroa.
“Estos 10 hombres en su mayoría se encontraban en la Prisión de
Guanajay y, el día 18 de diciembre, fueron notificados para que
recogieran sus míseras y escasas pertenencias e incomunicados totalmente
hasta el día siguiente, que fueron trasladados al Castillo de El Príncipe
y confinados en la Sección Sexta.
“Desde esa fecha (exactamente 7 meses y medio), el único
contacto de esos hombres con otras personas, es el día de la visita, una
vez al mes, con uno o dos familiares a quienes se permite la entrada.
La visita, de una o dos horas, se efectúa en privado (no en el
lugar destinado a visitas) y nadie más puede verlos, ni ellos pueden ver
a nadie.
“Disponen de un diminuto patio de 3 x 10 metros aproximadamente,
cerrado por cuatro inmensas paredes pintadas de cal blanca y que, pese a
su altura, permite la entrada de algunos rayos de sol que ellos aprovechan
de 12 a 3 de la tarde”.
Que, de acuerdo con la facultad que le confiere el Artículo 9 (bis)
de su Estatuto, la Comisión solicitó del Gobierno de Cuba, mediante nota
de 17 de noviembre de 1971, la información correspondiente, trasmitiéndole
las partes pertinentes de la mencionada comunicación en la forma
prescrita en los Artículos 42 (1) y 44 de su Reglamento.
Que en su vigesimonoveno período de sesiones (octubre de 1972) la
Comisión observó que el gobierno de cuba no había suministrado todavía
las informaciones solicitadas y que había transcurrido el plazo de 180 días
previsto en el Artículo 51 de su Reglamento.
Que el Artículo 51 del Reglamento reza como sigue: 1.
Se presumirán verdaderos los hechos sobre los cuales se ha
solicitado información si en el plazo de ciento ochenta días desde la
fecha en que se solicitó la información correspondiente al Gobierno
aludido, éste no suministrare la información correspondiente, siempre y
cuando la improcedencia de los hechos denunciados no resultare de otros
elementos de convicción. 2.
La Comisión podrá prorrogar el plazo de ciento ochenta días en
los casos en que lo encontrare justificado.
Que la Comisión, en el propio período de sesiones (octubre de
1972), en aplicación del Artículo 9 (bis) c) de su Estatuto,
acordó hacer las observaciones que considere apropiadas respecto
de este caso en el informe anual que deberá rendir a la Asamblea General
de la Organización.
Que ni la formulación de tales observaciones, ni, en general, la
competencia de esta Comisión para conocer de las denuncias sobre
violaciones de derechos humanas cometidos en el territorio de Cuba, hallan
impedimento en las medidas adoptadas por la Organización de los Estados
Americanos respecto del actual gobierno de ese país, toda vez que el
mismo no ha puesto en funcionamiento el mecanismo de denuncia previsto en
el Artículo 148 de la Carta de la Organización, por cuyo motivo esta
Comisión tiene él deber de seguir conociendo de esas denuncias.
Que dado el sistemático silencio adoptado por el actual Gobierno
de Cuba frente a las numerosas comunicaciones recibidas de esta Comisión,
carecería de objeto práctico hacerle recomendaciones del tipo de las que
contemplan los Artículos 9, inciso b) y 9 (bis) de su Estatuto.
Ello no obsta, empero, a que la Comisión haga conocer a la
Asamblea la calificación que le merecen los hechos denunciados. RESUELVE:
1.
Considerar que por aplicación del mencionado Artículo 51 del
Reglamento están probados los hechos que se denunciaron en la comunicación
de 5 de agosto de 1971.
2.
Hacer saber a la Asamblea que esos hechos constituyen un caso gravísimo
de violación de los derechos a la libertad, seguridad e integridad de la
persona humana, consagrada en el Artículo I de la Declaración Americana
de los Derechos y Deberes del Hombre, y que son imputables al Gobierno de
Cuba.
3.
Transmitir el texto de la resolución al Gobierno de Cuba y a los
denunciantes.
c.
Caso 1726 (OEA/Ser.L/V/II.30,
doc.6 rev.2 de 27 de abril de 1973) LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, CONSIDERANDO:
Que en comunicación de 10 de octubre de 1971, se denunció que en
la cárcel de la población de Manacas, Provincia de las villas, Cuba, había
sido asesinado en su celda, por miembros de la guardia, el 5 de agosto de
1971, el señor Oriol Acosta y García, preso político, y que otros
presos habían sido heridos.
Que de acuerdo con la facultad que le confiere el Artículo 9 (bis)
de su Estatuto, esta Comisión solicitó del Gobierno de Cuba, mediante
nota de 26 de marzo de 1972, la información correspondiente, transmitiéndole
las partes pertinentes de la mencionada comunicación, en forma prescrita
en los Artículos 42 (1) y 44 de su Reglamento.
Que en su vigésimo período de sesiones (octubre de 1972) la
comisión observó que el Gobierno de Cuba no había suministrado todavía
las informaciones solicitadas y que había transcurrido ya el plazo de 180
días previsto en el Artículo 51 de su Reglamento.
Que el Artículo 51 del Reglamento reza como sigue: 1.
Se presumirán verdaderos los hechos sobre los cuales se ha
solicitado información si en el plazo de ciento ochenta días desde la
fecha en que se solicitó la información correspondiente al Gobierno
aludido, éste no suministrara la información correspondiente, siempre y
cuando la improcedencia de los hechos denunciados no resultare de otros
elementos de convicción. 2.
La Comisión podrá prorrogar el plazo de ciento ochenta días en
los casos en que lo encontrare justificado. Que la Comisión, en el propio período de sesiones (octubre
de 1972), en aplicación del Artículo 9 (bis) c) de su Estatuto, acordó
hacer las observaciones que deberá rendir a la Asamblea General de la
Organización.
Que ni la formulación de tales observaciones, ni, en general, la
competencia de esta Comisión para conocer de las denuncias sobre
violaciones de derechos humanos cometidas en el territorio de Cuba, hallan
impedimento en las medidas adoptadas por la Organización de los Estados
Americanos respecto del actual gobierno de ese país, toda vez que el
mismo no ha puesto en funcionamiento en mecanismo de denuncias previsto en
el Artículo 179 de la Carta de la Organización, por cuyo motivo esta
Comisión tiene él deber de seguir conociendo de esas denuncias.
Que dado el sistema silencio adoptado
por el actual Gobierno de Cuba frente a las numerosas comunicaciones
recibidas de esa Comisión, carecería de objeto práctico hacerle
recomendaciones del tipo de las que contemplan los artículos 9, inciso
b), y 9 (bis) inciso b) del
Estatuto. Ello no obsta,
empero, a que la Comisión haga conocer a la Asamblea la calificación que
le merecen los hechos denunciados. RESUELVE:
1.
Considerar que por aplicación del Artículo 51 del Reglamento están
probados los hechos que se denunciaron en la comunicación de 10 de
octubre de 1971, y que son imputables al Gobierno de Cuba.
2.
Hacer saber a la Asamblea que los hechos materia de la comunicación
1726, constituyen un caso gravísimo de violación del derecho a la vida,
a la libertad, a la seguridad e integridad de la persona, consagrado en el
Artículo I de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre.
3.
Transmitir el texto de la presente resolución al Gobierno de Cuba
y a los denunciantes.
Estas resoluciones fueron transmitidas al Gobierno de Cuba con nota
de 15 de junio de 1973.
El Gobierno de Cuba no ha dado respuesta.
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